ICEX Instituto Español de Comercio Exterior

La gestión, administración, seguimiento y evaluación del FAD corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. La Comisión Interministerial del FAD examina todas las propuestas de operaciones realizadas con cargo al FAD y eleva, a través del Ministerio correspondiente, las propuestas para su aprobación en el Consejo de Ministros. Esta Comisión está, en la actualidad, presidida por el Secretario de Estado de Turismo y Comercio. La Vicepresidencia la comparten representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores e Industria, Turismo y Comercio y sus miembros son representantes de distintos departamentos ministeriales y organismos públicos, siendo el Secretario un empleado del Instituto de Crédito Oficial.

Los proyectos financiados por el FAD son contratados exclusivamente por el país beneficiario, según sus normas y procedimientos. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica los anuncios de licitación en su página web (www.comercio.es), en el área de comercio exterior, apartado de noticias y proyectos.

Al tratarse de un instrumento de cooperación financiera de Estado a Estado, la financiación con cargo al FAD deberá contar con la prioridad y la garantía soberana de las autoridades del país beneficiario.

Aunque la solicitud oficial la deben realizar las autoridades de un país en desarrollo, las empresas españolas pueden presentar sus consultas en la Dirección General de Comercio e Inversiones.

Los créditos FAD son créditos concesionales otorgados a países en desarrollo para la financiación de proyectos de exportación y que permiten:

• La penetración de empresas españolas en nuevos mercados y el conocimiento de sus productos, otorgando para sus proyectos unas condiciones de financiación muy ventajosas, que hacen su oferta más competitiva.
• Que los países en desarrollo accedan a unas condiciones financieras concesionales o más favorables a las de mercado, porque incorporan un elemento de liberalidad o una donación implícita determinada, para la adquisición de bienes y servicios necesarios para su desarrollo.
  

El FAD se nutre de las dotaciones que se le asignan anualmente en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Otra fuente de financiación del FAD son los ingresos que éste obtiene de los reembolsos del principal de los préstamos, así como de los intereses y comisiones generados por los créditos.

Según la normativa del Consenso OCDE sólo podrán recibir ayuda ligada aquellos países cuya renta per cápita les permita acceder a la financiación a 17 años del Banco Mundial, esto es, que para 2007 tengan una renta per cápita inferior a 3.465 USD. La relación actualizada de países que pueden recibir este tipo de financiación se puede obtener en www.comercio.es.

También según la normativa internacional, no se permite la concesión de ayuda ligada a proyectos comercialmente viables. Dos factores demuestran la no viabilidad comercial, que son:

• El proyecto no genera un flujo de efectivo (cash flow), valorado aplicando una adecuada política de precios, suficiente para cubrir los costes del servicio de la deuda de un crédito comercial.
• No existen otras fuentes alternativas de financiación en condiciones de mercado o del Consenso OCDE.

Existen varias excepciones en las que no es necesario cumplir las exigencias de elegibilidad antes expuestas, que son:

• Que el crédito comporte un grado de liberalidad del 80% o superior.
• Que el proyecto tenga un importe inferior a 2 millones de dólares USA de Derechos Especiales de Giro (D.E.G.).

Los conceptos financiables considerados para la formalización de un FAD son:

• El importe de los bienes de equipo y servicios exportados de origen español, en cuya valoración se incluyen el flete y el seguro de transporte contratados por el exportador con una compañía española, así como la prima del seguro del crédito a la exportación, si el servicio lo presta una compañía española.
• Importe de los bienes y servicios extranjeros incorporados a la exportación española, con el límite del 15% del importe total de los bienes y servicios exportados (tanto españoles como extranjeros).
• Gastos locales, con el límite del 15%, sobre el total de los bienes y servicios exportados.
  

Cabe señalar que, caso a caso, se analizará la conveniencia de permitir un límite conjunto del 30% sobre los bienes y servicios exportados para gasto local y material extranjero.

En ocasiones, el crédito FAD no financia el 100% del proyecto, siendo completado en la mayoría de los casos por un crédito comercial, que cuenta con apoyo oficial a través de la cobertura por CESCE de los riesgos políticos y comerciales y del seguro de tipo de interés cubierto por el ICO con el sistema CARI. Esto es lo que se conoce como créditos mixtos.

El solicitante de un crédito FAD, por exigencia de la normativa reguladora española, ha de ser el propio Estado del país adquiriente o instituciones públicas o empresas residentes en dicho país. No obstante, cuando el prestatario es una institución pública o una empresa residente es necesario que cuente con la garantía del Estado (La normativa española prevé también la posibilidad de que no exista garantía soberana siempre que se trate de operaciones de préstamo a administraciones subnacionales o empresas públicas según los criterios establecidos por la Comisión Interministerial del FAD y su importe no supere anualmente, en su conjunto, el 5% del importe máximo de aprobaciones por el Consejo de Ministros.).

Para la tramitación de las solicitudes, el exportador deberá presentar la solicitud en la Dirección General de Comercio e Inversiones, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, debiéndose cumplimentar el cuestionario facilitado por esa Dirección.

De acuerdo con la designación del Consejo de Ministros, el Instituto de Crédito Oficial actúa como agente financiero español, en nombre y representación del Gobierno de la Nación y como tal, negocia, firma, gestiona y administra los créditos FAD.

El país receptor del crédito debe nombrar, asimismo, un Agente Financiero para negociar el texto del Convenio con el ICO, procediendo ambos a firmar, una vez consensuado el texto, el Convenio de Crédito, que es el documento que recogerá las condiciones de concesión del crédito establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros (prestatario, cuantía, destino del crédito, condiciones financieras y agente financiero español), así como otros aspectos básicos a negociar, como el diseño de la forma de disposición de los fondos, condicionantes para la entrada en vigor, penalizaciones por incumplimientos, etc..

La tramitación de un crédito FAD pasa por las siguientes fases:

• Presentación de la solicitud ante la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
• Estudio de la solicitud por un grupo de trabajo de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. En el supuesto de proyectos de desarrollo social básico, las solicitudes son estudiadas por un Grupo compuesto por representantes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Asuntos Exteriores.
• Análisis de las propuestas por la Comisión Interministerial del FAD y, en su caso, aprobación de su elevación a Consejo de Ministros.
• Aceptación del Gobierno receptor de las condiciones y finalidad del crédito.
  
• Aprobación por el Consejo de Ministros español de la concesión del crédito y sus condiciones.
• Comunicación de la aprobación al Gobierno del Estado destinatario.
• Negociación de los términos del Convenio de Crédito con el agente financiero del país receptor.
• Firma y puesta en vigor del Convenio de Crédito.
• Imputación por la Dirección General de Comercio e Inversiones de la operación comercial a financiar.
• Disposición de los fondos (pago directo al exportador), a medida que se acredita el cumplimiento de los hitos del contrato comercial.
• Devolución del crédito y pago de intereses.

Una vez puesto en vigor el Convenio de Crédito e imputada la operación comercial, el crédito es desembolsado. El desembolso es realizado de acuerdo con los hitos establecidos en el Contrato Comercial. Así pues, el exportador español cobra directamente del ICO, a medida que va justificando documentalmente el cumplimiento del Contrato Comercial. La constatación ante el ICO de dicho cumplimiento corresponde a una entidad financiera (denominada banco pagador) que previamente ha sido seleccionada por el prestatario y que cuenta con el visto bueno del ICO.

Para ampliar información, pueden dirigirse a:

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: 902.446.006
http://www.comercio.es