Marco Jurídico para los negocios

Resumen del marco jurídico para los negocios

 

Para entender como es el clima de negocios de Angola, se puede referir la última evaluación de calidad crediticia otorgada por la agencia Moody's, en la que le asignan una nota Ba2, una nota similar a la que tiene Portugal.

Asimismo, las perspectivas son positivas, pues la agencia considera que existe una previsión económica fuerte a medio plazo y que las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno están dando sus frutos; a pesar de la poca diversificación que tiene la economía angoleña, que basa sus exportaciones en los hidrocarburos.

Las cuentas públicas muestran un ratio de deuda bajo en relación con el PIB, uno de los menores ratios de accesibilidad de la deuda y un ratio de deudas en relación con los ingresos, muy bajo también. Así, la media en el superávit presupuestario desde 2010, está en el 7%, reduciendo la deuda pública en relación el PIB del 27% en 2010 al 23% en 2013.

A pesar de ello, el índice Doing Business sitúa al país en el puesto 179/189, debido a los problemas existentes a la hora de abrir un negocio y tener acceso a la electricidad, con el pago de impuestos, el comercio transfronterizo, el cumplimiento de contratos y la resolución de las insolvencias. No obstante, año tras año, se observan mejorías en los apartados estudiados por el informe.

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

1.1.   ANIP - Agencia Nacional para o Investimento Privado

 

La ANIP es la institución administrativa encargada de ejecutar las políticas gubernamentales en el ámbito de la inversión privada. Sus tareas concretas son:

  • Coordinar, guiar y supervisar la inversión privada (nacional y extranjera) en Angola.
  • Analizar las propuestas extranjeras de inversión y/o los acuerdos de transferencia de tecnología, y proporcionar las necesarias autorizaciones legales.
  • Asesorar y guiar a los inversores en la fase en establecimiento, particularmente en el contacto con otras entidades locales.
  • Apoyar la ejecución de contratos y/o acuerdos de transferencia de tecnología.
  • Mantener un registro actualizado de:

- Empresas angoleñas con capital extranjero.

- Operaciones de inversión extranjera.

- Operaciones de capital en empresas angoleñas.

  • Intervenir en el análisis, negociación y seguimiento de los acuerdos de inversión bilaterales.
  • Promocionar la participación del país en organizaciones internacionales similares y en foros y reuniones sobre inversión exterior y transferencia de tecnología.
  • Ejecutar acciones de promoción tanto en el extranjero como en Angola para atraer las inversiones exteriores más beneficiosas para la economía del país.

Todo inversor español interesado en invertir en Angola debe presentar su propuesta de inversión a la ANIP. Tras la aprobación del proyecto, la ANIP emitiría el “Certificado de Registro de Investimento Privado” (CRIP).

El CRIP es el documento comprobante de adquisición de los derechos y asunción de los deberes de inversor privado recogidos en la legislación sobre inversiones. Además, es la base para todas las operaciones de inversión, acceso a incentivos, obtención de licencias y registros y solución de litigios.

Este es un proceso no exento de complicación, y para el que se recomienda la contratación de un abogado local con experiencia.

 

1.2. BDA – Banco de Desenvolvimento de Angola

 

Fundado en julio de 2006, el BDA es una institución financiera pública creada con el objetivo de contribuir al desarrollo y crecimiento de la economía del país mediante el financiamiento de proyectos de inversión privada.

Los proyectos financiables deben encuadrarse en las cadenas productivas priorizadas por el gobierno en el “Programa de Desenvolvimento Económico e Social do Governo” y en la “Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Longo Prazo”.

Únicamente personas o colectivos de nacionalidad angoleña pueden acceder a financiación del BDA, por lo tanto, el inversor extranjero solo podrá beneficiarse de ella cuando tenga una participación minoritaria en una empresa de capital angoleño.

El BDA se financia principalmente mediante la gestión del “Fundo Nacional de Desenvolvimento” (FND), formado por el 5% y el 2% de los ingresos estatales provenientes del petróleo y los diamantes respectivamente.

Otros incentivos a la inversión

3.3.1. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

 

La Ley 30/11 crea un marco normativo propio para microempresas y PYMES. Las mismas se benefician de un proceso de simplificación de las prácticas administrativas así como de ciertos incentivos a la inversión y otras facilidades a conceder por el Estado dirigidos a las mismas.

 

  • El artículo 5 de la Ley 30/11 establece los criterios identificativos de las microempresas y PYMES: el número de trabajadores efectivos y el volumen de facturación bruta anual siendo este último criterio el que prevalece. Se clasifican en micros, pequeñas y medianas empresas de la siguiente forma:
  • Microempresas son aquellas con hasta 10 trabajadores y/o con una facturación brutal anual no superior al equivalente en kwanzas a 250.000 dólares americanos.
  • Pequeñas empresas son aquellas que empleen a más de 10 trabajadores y hasta 100 y/o con una facturación brutal anual superior al equivalente en kwanzas a 250.000 USD e inferior al equivalente en kwanzas a 3.000.000 dólares americanos.
  • Medianas empresas son aquellas que empleen a más de 100 trabajadores y hasta 200 y/o con una facturación brutal anual superior al equivalente en kwanzas a 3.000.000 USD e inferior al equivalente en kwanzas a 10.000.000 dólares americanos.

Debe destacarse que no son consideradas micros, pequeñas o medianas empresas las siguientes entidades de acuerdo al artículo 7 de la Ley 30/11:

 

  • Aquellas que sean participadas por el Estado excepto las participadas Universidades o Centros de Investigación siempre que estos no detenten más del 25% del capital social de la empresa.
  • Aquellas participadas por otra empresa que no sea micro, pequeña o mediana empresa.
  • Aquellas que sean filial o sucursal en Angola de una empresa con sede en el extranjero.
  • Aquellas que ejerzan su actividad en el sector financiero bancario o no bancario.
  • Aquellas que reunirían los requisitos para ser clasificadas como micro, pequeña o mediana empresas pero en las que su socio mayoritario detente participaciones en otras empresas que tengan una facturación bruta anual superior al equivalente en kwanzas a 10.000.000 dólares americanos.

Sólo las empresas constituidas bajo las formas societarias de sociedad en nombre colectivo y de sociedad por cuotas pueden ser consideradas como micro, pequeñas y medianas empresas (artículo 4 de la Ley 30/11 y artículo 1 del Reglamento de desarrollo de dicha Ley). Por tanto, las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada no pueden acogerse al régimen especial de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a los incentivos a la inversión y otras facilidades a conceder por el Estado a las micros, pequeñas y medianas empresas pueden destacarse las siguientes:

 

  • Exención del imposto do selo a las microempresas (artículo 28 de la Ley 30/11)
  • Reducción del imposto industrial durante los primeros 5 años en la Zona A (provincias de Cabinda, Zaire, Uíge, Bengo, Cuanza-Norte, Malanje, Cuando Cubango, Cunene y Namibe) durante 3 años en la Zona B (provincias de Cuanza-Sul, Huambo y Bié) y durante 2 años en las Zonas C (provincia de Benguela a excepción de los municipios de Lobito y de Benguela y la provincia de Huíla a excepción del municipio de Lubango) y D (provincia de Luanda y los municipios de Benguela, Lobito y Lubango). A las microempresas se les aplicará una tasa del imposto industrial del 2% independientemente de la Zona en la que operen y a las pequeñas y medianas empresas que operen en la Zona A se les aplicará una tasa del imposto industrial del 17.5%, a las que operen en la Zona B se les aplicará una tasa del imposto industrial del 22.75%, a las que operen en la Zona C se les aplicará una tasa del imposto industrial del 28% y a las que operen en la Zona D se les aplicará una tasa del imposto industrial del 31.5%.
  • Creación de líneas de crédito bonificadas, políticas de leasing y otros mecanismos financieros (artículo 11.3, artículo 18 y artículo 22 de la Ley 30/11).
  • Participación y contratación exclusiva de microempresas en determinados concursos públicos (artículo 27 de la Ley 30/11).
  • El Estado y las demás entidades públicas deben destinar, como mínimo el 25% de su presupuesto, para la adquisición de bienes y servicios suministrados por las micro, pequeñas y medianas empresas (artículo 15.1 de la Ley 30/11).
  • Las empresas privadas de gran dimensión, en los contratos de prestación de bienes y servicios al Estado obtenidos por medio de concursos públicos, deben reservar como mínimo el 10% del valor de los contratos para las micro, pequeñas y medianas empresas a ser adjudicados en régimen de concurso público bajo la supervisión del adjudicatario (artículo 15.2 de la Ley 30/11).
  • En caso de empate en concursos públicos y de subcontratación, debe darse preferencia a las micro, pequeñas y medianas empresas (artículo 16.1 de la Ley 30/11). Por empate deben entenderse aquellas situaciones en las que las propuestas presentadas por las micro, pequeñas y medianas empresas sean iguales o hasta un 10% superiores a la propuesta mejor calificada de las empresas privadas de gran dimensión. (artículo 16.2 de la Ley 30/11).
  • Los pagos a efectuar por el Estado o cualquier entidad pública a las micro, pequeñas y medianas empresas por los bienes y servicios prestados deben ser realizados en el plazo máximo de 45 días desde la recepción de la factura (artículo 17.1 de la Ley 30/11). Si se superase este plazo, debe ser indemnizada la micro, pequeña y mediana empresa con el montante resultante de la aplicación del interés legal (artículo 17.2 de la Ley 30/11).

El Instituto Nacional de Apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas (INAPEM) requiere la siguiente documentación para la certificación de las mismas:

 

  • Formulario de certificación de micros, pequeñas y medianas empresas debidamente cumplimentado.
  • Firma de los términos de responsabilidad de micros, pequeñas y medianas empresas.
  • Copia de los estatutos sociales.
  • Copia del documento relativo al número de contribuyente.
  • Copia del Alvará comercial o del documento que verifique la petición del mismo (Alvará provisional).
  • Declaración de la empresa informando del número de trabajadores efectivos (conforme a la minuta del INAPEM).
  • Documento justificativo del pago del imposto sobre o rendimento do trabalho del mes anterior con la folha salarial para probar el número de colaboradores (el documento debe estar validado por la Dirección Nacional de Impuestos -aplicable sólo para empresas ya activas-).
  • Documento entregado a Finanzas para el pago del Imposto Industrial con datos del volumen de facturación del período anterior (copia del documento entregado debe estar debidamente firmado y sellado por Finanzas):

-Modelo 1 entregado por las empresas de categoría A y B.

-En los casos de empresas iniciando su actividad debe ser utilizado como referencia para la facturación la tabla de los lucros mínimos definido en el Decreto Ejecutivo nº 15/09.

 

  • Documento justificativo de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la entidad (aplicable sólo para empresas ya activas).

3.3.2. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPRESARIADO PRIVADO ANGOLEÑO (LEY 18/03)

 

A través de la Ley 18/03 se establecen reglas, principios y medidas de apoyo a las empresas privadas nacionales, por tanto, se trata de un mecanismo dirigido al emprendimiento angoleño.

Pueden beneficiarse de las formas de apoyo y promoción establecidas en la ley 18/03 las empresas consideradas como angoleñas. A estos efectos, entiéndese como empresa angoleña toda aquella entidad con sede en Angola en la que, al menos, el 51% del capital social sea propiedad de ciudadanos angoleños o empresas angoleñas exclusiva o conjuntamente. (Artículo 19 de la Ley 18/03).

La Ley 18/03 provee diversos tipos de incentivos a conceder por el Estado y otros promotores públicos:

 

  • Incentivos fiscales (artículo 23 de la Ley 18/03).
  • Apoyos financieros (del artículo 24 al artículo 29 de la Ley 18/03).
  • Apoyo técnico (artículo 30 de la Ley 18/03).
  • Derechos privilegios y garantías patrimoniales especiales (artículo 31 y 32 de la Ley 18/03).

  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex