Régimen arancelario y reglamentación

Régimen de comercio exterior.Tramitación de las importaciones

Hasta la entrada de China en la OMC (diciembre de 2001), las operaciones de comercio exterior sólo se llevaban a cabo por empresas e instituciones que tuvieran autorización oficial. Tenían derecho de importación y exportación las Corporaciones de Comercio Exterior dependientes del Ministerio de Comercio (MOFCOM), de los gobiernos provinciales y de los distintos Ministerios del Consejo de Estado. Asimismo, algunas grandes empresas tenían derecho a importar los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo su producción, las empresas mixtas y de capital 100% extranjero tenían derecho a importar los insumos necesarios para la producción y exportación de sus productos y los grandes centros de investigación tenían derecho a realizar las importaciones y exportaciones necesarias para llevar a cabo su actividad. También se modificó el sistema de valoración de aduana pasando a “valor de transacción”. 

La nueva Ley de Comercio Exterior, en vigor desde el 1 de julio de 2004, abrió la posibilidad de operar en el comercio exterior a las personas físicas, no solamente a las empresas. Eliminó la necesidad de autorización a los operadores, aunque se mantiene el requisito del registro. El Estado puede restringir el comercio de importación o exportación por razones de seguridad nacional, escasez, interés público o moral, problemas sanitarios, así como imponer cuotas o contingentes arancelarios. Se contempla, por primera vez, la protección de los derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, en virtud de la nueva Ley, las empresas extranjeras gozan de mayor libertad a la hora de importar, exportar, y, principalmente, distribuir y comercializar sus productos dentro de China (tanto en grandes superficies como en pequeños centros de venta). 

En general, el importador chino (agente, distribuidor o socio de Joint Venture) gestiona la documentación requerida. Ésta incluye documento de transporte, factura, pedido realizado, contrato de compraventa, certificado de cuotas a la importación (en su caso), licencia de importación (en su caso), certificado de inspección otorgado por AQSIQ (Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena) o su buró local CIQ, póliza de seguro y formulario de declaración en aduanas. 

La importación de ciertos productos está sujeta a inspección y certificación de cumplimiento de estándares obligatorios de carácter nacional para el comercio doméstico o por obligación contractual. Una vez obtenido el certificado de calidad, se prosigue con el etiquetado de seguridad. 

La Norma General de etiquetado de alimentos exige que todos los alimentos empaquetados (excepto al por mayor), ya sean locales o de importación, porten un etiquetado en chino indicando el nombre del alimento, lista de ingredientes, cantidad de ingrediente, contenido neto y escurrido, fecha de producción y duración mínima, nombre y dirección del fabricante o distribuidor, y país de origen. La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena (en adelante, AQSIQ) es el organismo encargado de la inspección de las importaciones y exportaciones de alimentos a China. A partir del 1 de Junio de 2009, entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Alimentaria. 

China continúa simplificando su sistema de tránsito, despacho y declaración aduanera, si bien los procedimientos aduaneros y requerimientos previos al embarque no han registrado cambios sustanciales. Los importadores (y exportadores) deben registrarse en MOFCOM antes de registrar sus declaraciones de aduanas. Las declaraciones deben hacerse en papel y formato electrónico en persona o por una empresa autorizada, y deben estar en la aduana del puerto de entrada en los 14 días previos a la llegada de los bienes. Los requerimientos de inspección previa al embarque establecidos en 2005 no han cambiado. Se exige la inspección previa para bienes que afectan a la seguridad nacional, de alto valor o compleja tecnología, de dimensiones o peso que exceden ciertos paremos, etc. China ha designado ciertas entidades extranjeras para realizar las inspecciones previas al embarque y emitir certificados. 

El valor en aduana se determina por el valor de la transacción que incluye el coste de transporte, seguro y otros. Si es imposible determinar el valor, se recurre secuencialmente al valor de transacción de bienes idénticos, al de bienes similares, a un valor deducido o a un valor determinado sobre bases razonables. 

China ocupó en 2009 la posición número 38 en el Índice de Opacidad de un total de 48 países, que mide la medida en que los países cuentan con prácticas claras, precisas, discernibles y ampliamente aceptadas para gobernar la relación entre sus administraciones y las empresas. De acuerdo con el Índice de Corrupción, China en 2008 tenía una percepción de 3,8 sobre 10. Ambos índices son citados en el Informe del Mecanismo de Revisión de Política Comercial de China del Secretariado de la OMC en 2010. Aunque se han hecho avances significativos en materia de difusión de las leyes, consulta previa, etc., aún no existe un diario oficial único donde se publiquen todas las normas, regulaciones, circulares y estándares que afecten al comercio de bienes y servicios. Tampoco existe una aplicación geográficamente homogénea de las normas entre provincias o diferentes puntos de despacho aduanero, por ejemplo.

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Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

China no es signataria del Acuerdo de Compras Públicas ni del de Comercio de Aeronaves Civiles (del que es observador) de la OMC. Es miembro desde abril de 2003 del Acuerdo sobre Tecnologías de la Información y no es parte del Acuerdo Farmacéutico. 

Desde 1992, el arancel chino se basa en el Sistema Armonizado. Tras el ingreso en la OMC, los aranceles NMF no pueden ser incrementados por encima del nivel ya consolidado y fijado para cada uno de los productos. 

China ha reducido considerablemente sus aranceles: su arancel medio NMF pasó de casi 60% a principios de los 80 a 15,6% en 2001 y a 9,5% en 2009, año en que los aranceles apenas representaron 2,5% del total de ingresos fiscales, apenas tres puntos más que el arancel medio europeo. Es interesante señalar que esta reducción se ha logrado en apenas 20 años, la mitad del tiempo que llevó a la UE hacer un recorrido equivalente. 

Por otra parte, las cuotas de importación se eliminaron en 2005 y el régimen a la exportación se ha simplificado, si bien continúan usándose complejas medidas para gestionar determinadas exportaciones. La suma de exportaciones e importaciones en relación al PIB ascendió a 51,6% en 2011 frente a menos de 10% en 1978. 

Las tarifas arancelarias sobre la importación de bienes en China van de 0% a 65% en función de las relaciones comerciales con el país exportador y el grado de incentivo que el Gobierno chino adjudique a determinados tipos de productos. Por ejemplo, debido al creciente superávit en la balanza comercial china y con el objetivo de fomentar el consumo interno, el MOFCOM ha relajado el arancel de muchos productos y ha otorgado un trato preferente a la importación de productos de alta tecnología y materias primas. 

China cuenta con 15 zonas de libre comercio y almacén de mercancías. Por su volumen de operaciones, destacan la zona de libre comercio de Waigaoqiao, situada desde 1990 en el área de Pudong (Shanghái), la de Tianjin y la de Shenzhen. Al ser zonas francas, quedan exentos de obligaciones arancelarias todos los bienes relacionados con la producción, es decir, la maquinaria de planta (incluida la maquinaria de segunda mano), las instalaciones de oficinas (incluido aire acondicionado) y los materiales de decoración y construcción. 

China tiene también 57 zonas de procesamiento de exportaciones de escasa superficie con un régimen aduanero de importaciones privilegiado que comenzó como proyecto piloto en las ciudades de Pekín y Dalian. La diferencia de éstas con las zonas de libre comercio es que no son espacios por donde transitan los artículos sino donde se fabrican. 

El régimen de perfeccionamiento activo, que se regula por la ley de impuestos de aduana para la importación y para exportación, permite la exención aduanera a la importación de materiales para el procesamiento o ensamblaje (materias primas, componentes, partes, accesorios y materiales de empaquetado) destinado a la exportación, o, en su caso, pago provisional de los aranceles y devolución en base a la cantidad finalmente procesada para la reexportación. 

En los supuestos de importación temporal de muestras comerciales, exhibiciones, equipos de construcción, vehículos de ingeniería, embarcaciones, instrumentos y equipos de instalación, aparatos de cine y televisión, la administración no aplicará el impuesto de aduanas siempre que se importen o exporten los productos determinados de manera temporal con un plazo máximo de seis meses. En estos casos, la administración obliga a la entrega de un depósito provisional a las autoridades por el monto total a pagar en caso de que se importasen las mercaderías de un modo tradicional.

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Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

La Administración China de Normalización (SAC,) creada en 2001, representa a China frente a la Organización Internacional de Normalización (ISO) y a la Comisión Electrónica Internacional (IEC). En este sentido, se encarga de implementar los proyectos de cooperación internacional y elabora gran cantidad de normas técnicas sobre productos agrícolas e industriales. 

Por otra parte, la Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China (CNCA) se ocupa de definir los requisitos para la certificación de productos. De manera creciente, y a partir de la incorporación de China a la OMC, estos requisitos tienen que ser iguales para importaciones o producción nacional, como es el caso del sistema CCC (China Compulsory Certificate), que ya afecta a un número cada vez mayor de productos, fundamentalmente industriales. 

China, a través del Acuerdo sobre barreras arancelarias al comercio de la OMC, TBT, se comprometió a no adoptar estándares que se contrapongan con las disposiciones de los estándares internacionales. AQSIQ es el punto de investigación en el marco de los acuerdos TBT y SPS de la OMC. 

A pesar de lo anterior, la Cámara de Comercio Europea en China, en sus últimos manifiestos, advierte que en la práctica algunos de los estándares chinos, como es el caso del mencionado CCC, incrementan la complejidad y el coste que tienen que asumir algunas compañías europeas y locales para tramitar todos los certificados de homologación necesarios, sin tener en cuenta el nivel de riesgo que plantea el producto, ralentizando el comercio más de lo necesario en numerosas ocasiones. 

La publicación y la comprobación de conformidad de los productos importados la realiza la Administración Nacional de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena, AQSIQ. En algunos casos también pueden intervenir otros organismos, como el Ministerio de Salud para el registro de cosméticos. A este respecto, es preciso señalar que este proceso de unificación y renovación de los requisitos de certificación determina el que muchos de estos requisitos estén cambiando en la actualidad. Los diferentes grupos de trabajo de la Cámara de Comercio Europea en China siguen insistiendo en la necesidad de homogeneizar los certificados sanitarios exigidos a los productos. Adicionalmente, recomiendan que en lo sucesivo se agilice el sistema de expedición de certificados, que los certificados tengan validez en toda China, y se mejoren las condiciones de almacenamiento de las mercancías. 

China tiene cuatro tipos de estándar: nacional, profesional, local y de empresa. En 2007 (último año con cifras disponibles), 14,5% de los estándares nacionales, 15% de los profesionales y 19% de los locales eran obligatorios. Los estándares voluntarios, sin embargo, pueden hacerse obligatorios si se referencian como tales en procedimientos de evaluación de conformidad obligatoria sobre cuyo aviso previo al Comité TBT hay dudas. 

En enero de 2009, SAC anunció que las empresas de capital extranjero en China podrían votar en los comités técnicos responsables de la promulgación de normas nacionales. En 2007, 46,5% de las normas nacionales eran equivalentes a las internacionales.

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Barreras comerciales a bienes y servicios españoles

En China, existen importantes barreras de acceso al comercio en muchos sectores, lo que supone uno de los mayores problemas a la relación económica bilateral. A modo ilustrativo, se señalan las siguientes:

  • SPS (Protocolos sanitarios y fitosanitarios): no existe un tratamiento recíproco. La UE permite un acceso flexible de los productos chinos mediante el procedimiento de prelistado que, China, a su vez, no concede a las empresas de la UE. Además, la Comisión demanda que los protocolos SPS que China negocia con un Estado Miembro sean extensibles a los demás, siempre que tengan una situación fitosanitaria equivalente.
  • Certificación C.C.C.: afecta principalmente a productos industriales. Se trata de un sistema de aseguramiento y certificación de la calidad de productos supuestamente más acorde con las prácticas y estándares internacionales. Plantea problemas como la sujeción o no de partes y piezas incorporados a equipos ya certificados, las diferencias frente a estándares internacionales y la necesidad de inspección física en origen por parte de un inspector chino.
  • Actividades de construcción y concesiones: no existe un marco normativo nacional que regule el PPP. Aunque esté permitida la constitución de empresas constructoras de capital 100% extranjero, la normativa restringe notablemente el alcance de sus actividades y el reconocimiento de referencias internacionales cuando se concursa a proyectos por parte de filiales de grandes empresas. Las licencias de actividad de empresas locales de construcción e ingeniería se reevalúan en caso de fusiones o adquisiciones con empresas extranjeras.
  • Servicios financieros: tras obtener una licencia para operar en moneda extranjera, una sucursal de un banco extranjero necesita operar durante tres años, siendo rentable al menos los dos últimos, antes de solicitar la licencia para operar en RMB, y 30% del capital de la sucursal debe depositarse en un banco local, pese a que sus depósitos estén plenamente garantizados por sus matrices. Además, las normas que regulan la propiedad extranjera de bancos domésticos no son concluyentes en cuanto a si un banco en esas circunstancias sería clasificado como doméstico o extranjero y, por tanto, a qué restricciones estaría sujeto. En seguros, también hay restricciones a la apertura simultánea de múltiples sucursales (hoy en día, las autorizaciones son consecutivas con un máximo de dos sucursales al año, restricción a la que no están sujetas las aseguradoras locales), limitaciones de acceso de aseguradoras extranjeras al mercado del seguro obligatorio de vehículos a terceros (el seguro de vehículos representa más de 2/3 de las primas de seguros no de vida y es la vía habitual por la que el cliente entra en contacto, por vez primera, con los seguros no de vida) y al capital extranjero en las aseguradoras chinas (la participación del capital extranjero está limitada a 25% en conjunto y a 20% por cada inversor extranjero, como en banca).
  • Telecomunicaciones: cabe destacar la imposición de requisitos de capital excesivos (para servicios básicos: 2.000 millones de RMB), la reclasificación de servicios de valor añadido como básicos y, por tanto, las obligaciones de capitalización superiores, la liberalización de los servicios básicos, más lenta que la de los de valor añadido, y la lentitud en la concesión de licencias, entre otros aspectos.
  • Energía: cabe destacar la exigencia de mayoría de capital chino para poder registrar proyectos que puedan disfrutar del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, la exclusión de las adjudicaciones de promoción de nueva potencia instalada por parte del gobierno central a las empresas extranjeras y la política industrial claramente tendente a la consolidación de campeones industriales nacionales, entre otros aspectos.
  • Servicios legales: los despachos de abogados extranjeros se enfrentan a significativas restricciones operativas. Hay prolongados y complejos procedimientos para obtener las autorizaciones. Además, se impide que profesionales locales puedan ofrecer servicios legales de acuerdo con la legislación china si trabajan para despachos extranjeros.
  • Sistemas informatizados de reserva de billetes (Computer Reserve Systems): suministradores extranjeros como Galileo o Amadeus tienen acceso muy limitado al mercado chino (solo para reservas de aerolíneas extranjeras que operen vuelos de China hacia el extranjero y que representa un 5% del mercado chino) que, de facto, es un monopolio del operador local Travelsky, cuyo sistema no es compatible con los internacionales.
  • Compras públicas: la contratación pública en China es compleja y poco transparente. China solicitó su adhesión al Acuerdo de Compras Públicas (GPA) de la OMC el 28 de diciembre de 2007 y presentó su oferta inicial para las negociaciones de adhesión el 7 de enero de 2008. Desde entonces China ha presentado 5 ofertas revisadas, la última el 23 de diciembre de 2014, que se discutió en los Comités de febrero y junio de 2015. Esta oferta contenía varios avances importantes respecto a la de 2013: el aumento de la cobertura de entidades solicitantes (se incluyen 5 provincias adicionales a las 10 provincias y 4 municipalidades, incluidas en la oferta de 2013 - una cobertura total de entidades supondría incluir 22 provincias, 4 municipalidades y 5 regiones autónomas - ), la reducción de umbrales (aspecto más significativo de la nueva oferta) y la inclusión de un mayor número de Empresas Estatales (China Post Group, o China Agricultural Development Bank o China Central Depositary and Clearing Group). Pero ya en su momento esta oferta fue considerada insuficiente por todas las Partes del Acuerdo.
  • Derechos de propiedad intelectual: China ha avanzado en la protección de los derechos de propiedad intelectual, según recoge el Acuerdo TRIPs, pero es difícil garantizar un cumplimiento de la normativa existente. A pesar de esto, se sigue trabajando en mejorar en este campo, segunda mayor causa de preocupación en posibles inversores interesados en invertir en China. Se ha llevado a cabo la instauración de 84 medidas que persiguen 8 objetivos recogidos en el “Plan de Promoción a la Implementación de Propiedad Intelectual en China 2013” y que se dio a conocer el 20 de marzo de 2013.

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Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación

En China, existen importantes barreras de acceso al comercio en muchos sectores, lo que supone uno de los mayores problemas a la relación económica bilateral. A modo ilustrativo, se señalan las siguientes:

  • SPS (Protocolos sanitarios y fitosanitarios): no existe un tratamiento recíproco. La UE permite un acceso flexible de los productos chinos mediante el procedimiento de prelistado que, China, a su vez, no concede a las empresas de la UE. Además, la Comisión demanda que los protocolos SPS que China negocia con un Estado Miembro sean extensibles a los demás, siempre que tengan una situación fitosanitaria equivalente.
  • Certificación C.C.C.: afecta principalmente a productos industriales. Se trata de un sistema de aseguramiento y certificación de la calidad de productos supuestamente más acorde con las prácticas y estándares internacionales. Plantea problemas como la sujeción o no de partes y piezas incorporados a equipos ya certificados, las diferencias frente a estándares internacionales y la necesidad de inspección física en origen por parte de un inspector chino.
  • Actividades de construcción y concesiones: no existe un marco normativo nacional que regule el PPP. Aunque esté permitida la constitución de empresas constructoras de capital 100% extranjero, la normativa restringe notablemente el alcance de sus actividades y el reconocimiento de referencias internacionales cuando se concursa a proyectos por parte de filiales de grandes empresas. Las licencias de actividad de empresas locales de construcción e ingeniería se reevalúan en caso de fusiones o adquisiciones con empresas extranjeras.
  • Servicios financieros: tras obtener una licencia para operar en moneda extranjera, una sucursal de un banco extranjero necesita operar durante tres años, siendo rentable al menos los dos últimos, antes de solicitar la licencia para operar en RMB, y 30% del capital de la sucursal debe depositarse en un banco local, pese a que sus depósitos estén plenamente garantizados por sus matrices. Además, las normas que regulan la propiedad extranjera de bancos domésticos no son concluyentes en cuanto a si un banco en esas circunstancias sería clasificado como doméstico o extranjero y, por tanto, a qué restricciones estaría sujeto. En seguros, también hay restricciones a la apertura simultánea de múltiples sucursales (hoy en día, las autorizaciones son consecutivas con un máximo de dos sucursales al año, restricción a la que no están sujetas las aseguradoras locales), limitaciones de acceso de aseguradoras extranjeras al mercado del seguro obligatorio de vehículos a terceros (el seguro de vehículos representa más de 2/3 de las primas de seguros no de vida y es la vía habitual por la que el cliente entra en contacto, por vez primera, con los seguros no de vida) y al capital extranjero en las aseguradoras chinas (la participación del capital extranjero está limitada a 25% en conjunto y a 20% por cada inversor extranjero, como en banca).
  • Telecomunicaciones: cabe destacar la imposición de requisitos de capital excesivos (para servicios básicos: 2.000 millones de RMB), la reclasificación de servicios de valor añadido como básicos y, por tanto, las obligaciones de capitalización superiores, la liberalización de los servicios básicos, más lenta que la de los de valor añadido, y la lentitud en la concesión de licencias, entro otros aspectos.
  • Energía: cabe destacar la exigencia de mayoría de capital chino para poder registrar proyectos que puedan disfrutar del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, la exclusión de las adjudicaciones de promoción de nueva potencia instalada por parte del gobierno central a las empresas extranjeras y la política industrial claramente tendente a la consolidación de campeones industriales nacionales, entro otros aspectos.
  • Servicios legales: los despachos de abogados extranjeros se enfrentan a significativas restricciones operativas. Hay prolongados y complejos procedimientos para obtener las autorizaciones. Además, se impide que profesionales locales puedan ofrecer servicios legales de acuerdo con la legislación china si trabajan para despachos extranjeros.
  • Sistemas informatizados de reserva de billetes (Computer Reserve Systems): suministradores extranjeros como Galileo o Amadeus no tienen acceso al mercado chino que, de facto, es un monopolio del operador local Travelsky, cuyo sistema no es compatible con los internacionales.
  • Compras públicas: la contratación pública en China es compleja y poco transparente. A finales de 2007, China realizó una pobre oferta para iniciar las negociaciones de adhesión al Acuerdo de Compras Públicas (ACP) de la OMC. A mediados de julio de 2010, hizo una nueva oferta revisada que sigue siendo insuficiente: los umbrales siguen siendo elevados, si bien se han rebajado respecto a la oferta anterior; los periodos transitorios siguen siendo altos (cinco años), aunque se han mejorado en relación a los 15 años de la oferta inicial; se sigue observando la ausencia de entidades provinciales o locales; y, por último, la oferta presentada relativa a los sectores de utilities y servicios de construcción no es equiparable a la oferta de la UE en el GPA. En noviembre de 2011, presentó una tercera propuesta de adhesión que contenía notables avances respecto a la anterior pero que fue, no obstante, calificada de insuficiente por la OMC y finalmente rechazada.
  • Derechos de propiedad intelectual: China ha avanzado en la protección de los derechos de propiedad intelectual, según recoge el Acuerdo TRIPs, pero es difícil garantizar un cumplimiento de la normativa existente.

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