Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

APPRI: En 1995 España firmó un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Colombia, que no llegó a entrar en vigor porque la Corte Constitucional lo declaró incompatible con la Constitución colombiana. Después de varios intentos fallidos se relanzaron las negociaciones en el mes de noviembre de 2004, y el 31 de marzo de 2005 se firmó el acuerdo con motivo de la visita de Estado del Presidente del Gobierno a Colombia. Es la primera vez que Colombia firma un acuerdo de estas características. El acuerdo fue ratificado en España por el Senado el 27 de octubre de 2005. Entró en vigor el 1 de octubre de 2007 tras pronunciarse favorablemente la Corte Constitucional de Colombia. El principal objetivo de Colombia en este Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de inversiones fue establecer un marco jurídico justo y transparente que promueva la inversión a través de la creación de un ambiente estable y previsible que proteja al inversionista, su inversión y los flujos relacionados, sin crear obstáculos innecesarios a las inversiones provenientes.

Convenio para evitar la Doble Imposición: El interés de ambos países en la firma se materializó el 31 de marzo de 2005 en Bogotá. Este acuerdo también fue ratificado por España (27 de septiembre de 2005) y entró en vigor el 22 de octubre de 2008.

 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

PROCOLOMBIA

PROCOLOMBIA es la organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas, el turismo internacional y la Inversión Extranjera en Colombia. Es una entidad dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.A través de una red nacional e internacional de oficinas, brindan apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales e internacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de sus estrategias de internacionalización, buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios.

Fomenta la realización de negocios internacionales a través de:

  • Identificación de oportunidades de mercado.
  • Diseño de estrategias de penetración de mercados.
  • Internacionalización de las empresas.
  • Acompañamiento en el diseño de planes de acción.
  • Contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y turismo internacional.
  • Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o en invertir en Colombia.
  • Alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas empresariales y promover el desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios.

Con el fin de incentivar mayores flujos de inversión extranjera directa hacia Colombia, el Gobierno Nacional otorgó competencias a PROCOLOMBIA para asumir funciones de promoción de inversión extranjera directa. Con este objetivo, PROCOLOMBIA cuenta con un departamento específico que se encarga de la gestión de los programas de atracción de la inversión exterior.

A través de su portal www.inviertaencolombia.com, prestan diversos servicios al inversionista, fomentando especialmente determinados sectores:

  • Información a la medida.
  • Contactos con el sector público y privado.
  • Agendas: organización y acompañamiento cuando visite Colombia.
  • Atención al inversionista instalado.
  • Gratis y Confidencial: todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
  •  
  • DATOS DE CONTACTO

PROCOLOMBIA Colombia

Dirección: Calle 28 No. 13A – 15 Pisos 35 y 36 Bogotá (COLOMBIA)
Tel.: (571) 560 01 00
Fax: (571) 560 01 36
E-mail: info@procolombia.co
Web: www.procolombia.co

PROCOLOMBIA Madrid

Director: Marcela Astudillo Palomino
Correo Electrónico: madrid@procolombia.co
Dirección: Calle Lagasca 88 6 piso 6 puerta. Madrid – España, código postal 28001.
Tel: +34 (91) 577 6708
Fax: +34 (91) 577 9736
Horario de Atención: 10:00 AM - 7:00 PM / Verano: 9:00 AM – 5:00 PM UTC -1

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN (ACI MEDELLÍN)


ACI es la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, y fue creada por la Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, Empresas Varias y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Su objetivo fundamental es incrementar los flujos de inversión, negocios y cooperación internacional hacia Medellín y la región mediante acciones puntuales desarrolladas con líderes, instituciones, países y organismos multilaterales.
Fomentan el aumento de los niveles de comercio e inversión internacional en la región metropolitana de Medellín a través de:

  • Asesoramiento sobre el entorno político, económico y legal colombiano.
  • Apoyo a ferias y eventos de carácter internacional hechos en Medellín y que se relacionen con los sectores estratégicos de la ciudad.
  • Organización de la visita de misiones comerciales a la ciudad.
  • Hacer de Medellín una ciudad bilingüe a través de MEDELLÍN CITY para mejorar así el acceso a los mercados internacionales.
  • Trabajo conjunto con los sectores estratégicos (Clusters): Textil y Confección, Energía, Construcción, Cirugía y Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones.
  • Servicios de consultoría estratégica personalizada para cada empresa.
  • Asesoramiento sobre el sector específico de su interés.

DATOS DE CONTACTO
Agencia de Cooperación e Inversión de Calle 41 No. 55 – 80, Plaza Mayor, Of. 303
Medellín y el Área Metropolitana – ACI Medellín – Colombia
Tel.: (574) 381 10 00
Fax: (574) 381 31 48
E-mail: jvalderrama@acimedellin.org
Web: www.acimedellin.org

PROBARRANQUILLA


PROBARRANQUILLA es la agencia de promoción de inversiones de Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Es una organización privada sin ánimo de lucro, con el propósito de promover el desarrollo económico sostenible de la región. Actualmente, ProBarranquilla trabaja para incentivar a las empresas nacionales y extranjeras para que inviertan en el Departamento del Atlántico.
ProBarranquilla ha sido clave para el establecimiento de más de 100 empresas en los pasados cinco años en el Departamento del Atlántico, trayendo más de 800 millones de dólares en inversiones.
ProBarranquilla ofrece asistencia gratuita y confidencial a inversionistas frente a la:

  • Agilización de trámites ante entes públicos y privados
  • Conformación de agendas
  • Búsqueda de lotes, locales, bodegas y apartamentos, entre otros.
  • Apoyo logístico
  • Relaciones comerciales
  • Búsqueda de hojas de vida
  • Lobby
  • Búsqueda de información sobre:

- Régimen de Inversión
- Instalación de empresas
- Régimen tributario
- Legislación laboral
- Regulaciones de importaciones y exportaciones
- Servicios públicos

DATOS DE CONTACTO
PROBARRANQUILLA
Calle 77B No. 57-141 Of. 305
Centro Empresarial Las Américas
Barranquilla - Colombia
Tel.: (0057 5) 356 1435
Fax: (0057 5) 356 5551
E-mail: info@probarranquilla.org
Web: www.probarranquilla.org

INVEST IN BOGOTA


INVEST IN BOGOTA es la agencia de promoción de inversión para Bogotá y Cundinamarca, una iniciativa público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá, el Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca. Su propósito es apoyar a inversores que deseen ubicarse en Bogotá y su región.
Ofrece de forma gratuita y de manera confidencial servicios orientados a satisfacer las necesidades en cada paso del proceso de inversión.


Durante la fase de exploración:
_ Información general, sectorial y a la medida.
_ Preparación de agendas y acompañamiento in situ.
_ Reuniones con autoridades públicas y regulatorias.
_ Visitas a inversionistas instalados.
_ Reuniones con proveedores de servicios profesionales, incluyendo abogados, contadores, consultores en talento humano y agentes inmobiliarios.
_ Reuniones con universidades y centros de capacitación.

Durante la fase de instalación:
_ Orientación general para la puesta en marcha de operaciones.
_ Asistencia con trámites y regulaciones.
_ Contactos con proveedores de bienes y servicios.
_ Contactos con empresas locales.
_ Desarrollo de programas de capacitación con entidades educativas.

Durante la fase de operación:
_ Seguimiento a la evolución de su negocio.
_ Acompañamiento en la expansión de sus operaciones.
_ Encadenamiento con otras empresas.
_ Acciones para la mejora continua del clima de negocios.

DATOS DE CONTACTO
INVEST IN BOGOTA
Carrera 7ª No. 71 - 21 Torre B, Oficina 901
Bogotá D.C. - Colombia
Tel.: (571) 7423030
E-mail: info@investinbogota.org
Web: www.investinbogota.com

INVEST IN PEREIRA


La agencia para la promoción y facilitación de la Inversión en Pereira y Risaralda es una institución de carácter mixto, cuyo objetivo es el de generar riqueza para los habitantes y las empresas de la ciudad y el departamento mediante la alianza de planeación gestión y ejecución entre el sector productivo, la academia, la sociedad civil, los institutos tecnológicos y de investigación, los gremios y el gobierno.
Esta agencia de promoción ha sido creada por la Alcaldía de Pereira y gobernación de Risaralda, la cámara de comercio de Pereira, Procolombia y la zona Franca internacional de Pereira.

DATOS DE CONTACTO
INVEST IN PEREIRA
Cra 8 No 23-09 Of. 706
Pereira - Risaralda - Colombia
Tel: +57 6 3387861
E-mail: info@investinpereira.com
Web: www.investinpereira.org


INVEST VALLE DEL PACÍFICO


INVEST PACIFIC, la Agencia de Promoción de Inversiones del Valle del Cauca, fue creada en Noviembre 10 de 2010 como una corporación mixta sin ánimo de lucro con participación de la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle, las Zonas Francas y un selecto grupo de entidades regionales y empresas privadas. Nació como una iniciativa de la Cámara de Comercio de Cali, que desde el año 2008 comenzó a trabajar en nuestro diseño técnico y en la socialización con diversos actores regionales.
Servicios:
En la fase de Pre-establecimiento (exploración):

  • Información sectorial o general del país o la región.
  • Agendas de visitas y reuniones.
  • Reuniones con proveedores de servicios y otras empresas instaladas en el departamento.
  • Potenciales socios y entidades de apoyo para cada proyecto.
  • Reuniones con autoridades públicas y regulatorias.

Durante la fase de Establecimiento (instalación):

  • Asesoría básica para la creación de empresas.
  • Trámites y regulaciones.
  • Contacto con empresas y proveedores locales.
  • Selección del personal.
  • Información sobre traslado de ejecutivos.
  • Trámites migratorios.

En la fase de Post-establecimiento (operación) e inversionista instalado:

  • Información económica regional.
  • Expansión de operaciones.
  • Normatividad.
  • Puente de comunicación con el gobierno local y el nacional.
  • Seguimiento periódico a las operaciones para identificar problemas o nuevos proyectos.

DATOS DE CONTACTO
INVEST VALLE DEL PACÍFICO
Tel: +57 8937882
E-mail: areyes@investpacific.org
Web: www.ccc.org.co/agencia-de-promocion-deinversion

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Zonas francas y ZEE

Las Zonas Francas consisten en un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones.
No tienen por qué situarse en un punto geográfico definido, pero no puede declararse la existencia de Zonas Francas Permanentes a las áreas geográficas del Territorio Nacional aptas para la exploración, explotación o extracción de los recursos naturales no renovables definidos en el Código de Minas y Petróleos.
Tampoco podrán ampararse bajo el régimen de Zonas Francas Permanentes la presta-ción de servicios financieros, las actividades en el marco de contratos estatales de concesión y los servicios públicos domiciliarios, salvo que se trate de generadoras de energía o de nuevas empresas prestadoras del servicio de telefonía pública de larga distancia internacional.
Beneficios:
• Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%
• No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y arancel) en las importaciones a ZF
• Posibilidad de exportación desde Zona Franca a terceros países y al mercado na-cional
• Las exportaciones desde Zona Franca se benefician de acuerdos comerciales in-ternacionales.

Se distingue entre Zona Franca Permanente (ZFP) y Zona Franca Uniempresarial:
Zona Franca Permanente (ZFP)
Se entiende por Zona Franca Permanente el área delimitada del territorio nacional en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero es-pecial.
Se puede formar parte de una ZFP como usuario operador o usuario industrial. El usuario operador es la empresa que solicita el reconocimiento para desarrollar y administrar la ZFP. Para la creación de una nueva ZFP los usuarios operadores deben cumplir los siguientes requisitos:
• Constituir una nueva persona jurídica.
• Acreditar patrimonio líquido mínimo de 23.000 SMMLV (Salario Mensual Mínimo Legal Vigente), que corresponde aproximadamente a 5,6 millones de euros.
• Tener como mínimo, al finalizar el quinto año contado desde la declaratoria de existencia de la ZFP, 5 usuarios industriales de bienes y/o servicios vinculados.
• El usuario operador o los usuarios industriales de bienes y/o servicios deben haber realizado una nueva inversión que sumada sea igual o superior a 46.000 SMMLV, aproximadamente USD unos 11,2 millones de euros.
Las empresas que quieran instalarse como usuarios industriales para producir bienes, prestar servicios o realizar actividades comerciales dentro de la Zona Franca Permanente deberán cumplir con los siguientes requisitos según los activos totales de la empresa:

Activos totales (EUR) Monto de inversión (Mi-llones de euros) Empleos directos
0 -122.766,00 0 0
122.766,00-1,2 millones 0 20
1,2 millones-7,4 millones 7,4 30
Más de 7,4 millones 2,8 50

Zona Franca Uniempresarial (ZFU)

La Zona Franca Uniempresarial o Zona Franca Permanente Especial consiste en un régi-men especial que permite el reconocimiento de zona franca para una nueva persona jurídica, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión de alto impacto económico y social para el país. La empresa que pretenda ser calificada como ZFU debe constituir una nueva persona jurídica y cumplir con determinados requisitos de inversión y de generación de empleo.
Además, debe contar con un componente de reconversión industrial, de transferencia de tecnología o de servicios y realizar un cerramiento del 100% del área que pretende ser declarada, antes del inicio de las operaciones.
Existen varias modalidades:
Zona Franca Permanente Especial o ZFU de Bienes
Para su declaratoria, se debe realizar una nueva inversión de mínimo US$ 29.8 millones (23 millos de euros) y generar 150 empleos directos. Por cada US$ 4.6 millones (3,5 millones de euros) adicionales a la inversión mínima requerida, se podrá reducir en 15 el número de empleos a generar. En ningún caso el proyecto podrá emplear menos de 50 personas.
Zona Franca Permanente Especial o ZFU de Servicios
Para su declaratoria, se requiere cumplir con cualquiera de los siguientes rangos de inversión y empleo:


Rangos de inversión (en Millones de dólares) Empleos directos a generar
Entre US$ 2 y US $ 9.1 500 500
Entre US$ 9.1 y US$ 18.3 350 350
Superior a US$ 18.3 150 150

Si el proyecto se desarrolla en diferentes áreas geográficas, excepcionalmente se podrá solicitar la declaratoria de ZFPE o ZFU para las mismas.
Zona Franca Permanente Especial o ZFU de Agroindustria
Para su declaratoria, se debe realizar una nueva inversión de mínimo US$ 14.9 millones o generar 500 empleos directos o vinculados. Los proyectos deben acreditar su vinculación con las áreas de cultivo y materias primas nacionales.
Zona Franca Permanente Especial o ZFU de Sociedad Portuaria
Para su declaratoria, se debe realizar una nueva inversión de mínimo US$ 29.8 millones y generar 20 empleos directos y 50 vinculados.
Zona Franca Permanente Especial o ZFU para Inversiones Preexistentes
Para su declaratoria, el inversionista debe cumplir con los siguientes tres requisitos:
a. Patrimonio líquido superior a US$ 29.8 millones.
b. Realizar nueva inversión dentro de los cinco (5) años siguientes a la declaratoria, supe-rior a US$ 137.5 millones.
c. Duplicar la renta líquida gravable, determinada a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de declaratoria.

Clases de usuarios

- Usuario Operador: Persona jurídica encargada de la dirección, administración de la Zona Franca y de la calificación de los usuarios que se instalen en ellas. Debe ser diferente del usuario industrial y sin vinculación económica o de sociedad con éste, y dedicarse exclusivamente a las actividades propias de dichos usuarios, quienes tendrán los tratamientos especiales y beneficios tributarios, una vez sean autorizados como tal. Debe tener conocimiento o experiencia en actividades que se van a desarrollar en la Zona Franca, experiencia en comercio exterior y aduanas, además de capacidad operativa y financiera.
- Usuario Industrial de Bienes: Fabrica, produce, transforma o ensambla bienes dentro de la respectiva Zona Franca.
- Usuario Industrial de Servicios: Presta servicios dentro o desde el área declarada de la Zona Franca para desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: logística, transporte, distribución, telecomunicaciones, investigación científica y tecnológica, asistencia médica, odontológica y en general de salud, turismo, soporte técnico, equipos de naves y aeronaves, consultoría o similares.
- Usuario Comercial: Almacena, mercadea, conserva y comercializa dentro de la respectiva Zona Franca. Puede ocupar hasta el 5% del área total de la Zona Franca.

Condiciones de los usuarios

• El Usuario Operador no puede ostentar simultáneamente otra calidad ni tener vinculación económica o societaria con los demás usuarios.
• Los Usuarios Industriales de Bienes y Usuarios Industriales de Servicios, pueden ostentar simultáneamente las dos calidades.
• Los Usuarios Industriales de Bienes y Usuarios Industriales de Servicios, sólo podrán estar domiciliados al interior de las Zonas Francas y no podrán tener sucursales ni agencias en ningún otro lugar del territorio nacional.
• Quien solicite declaratoria de ZFU será reconocido como único Usuario Industrial de la misma.
• El Usuario Comercial no podrá tener simultáneamente otra calificación; sin embargo, podrá tener negocios en el resto del territorio nacional.
• Dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) - “Uniempresariales” no podrán calificarse ni reconocerse usuarios comerciales.
• Los usuarios de ZFP son calificados por el Usuario Operador.

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Por regla general, todas las entidades estatales, se rigen por la normatividad de la Contratación Estatal. Existía una cierta complejidad legislativa, donde la Ley 80 de 1993 era la ley básica y había sido modificada numerosas veces (la ley 361 de 1997, 816 de 2003, 905 de 2005, 996 de 2005, 1150 de 2007, 1450 de 2011 y 1474 de 2011, entre otras). Esta complejidad se resolvió en 2012 a través del Decreto 0734 / 2012 llamado Decreto Único de Contratación (epígrafe 5.2).

Contratista: Puede ser otra entidad estatal, una persona natural o jurídica nacional o extranjera, o un grupo de personas unidas mediante figuras similares al “Joint Venture” como el Consorcio y la Unión Temporal, o una promesa de sociedad futura.

Registro Único de proponentes (RUP): Registro obligatorio que tienen que efectuar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales. Debe tramitarse en la Cámara de Comercio del domicilio principal del interesado, que se encargará de efectuar las verificaciones pertinentes, de tal forma que expida una certificación que determinará la capacidad de contratación de un contratista para participar en un proceso de selección contractual con las entidades estatales.

Principios básicos de la contratación en Colombia:

- El principio de selección objetiva, que busca seleccionar el ofrecimiento más favorable para la entidad y para los fines que ella busca, sin considerar factores de afecto, interés o motivaciones subjetivas.

- El principio de reciprocidad, que implica que los extranjeros podrán participar en los procesos de selección para contratar con entidades estatales en Colombia en las mismas condiciones que un colombiano podría participar en un proceso de selección contractual en su país de origen.

- El derecho al debido proceso en la contratación estatal, que implica que cuando las entidades estatales deseen hacer uso de su facultad de imponer multas o declarar el incumplimiento del contrato, tienen que garantizar el derecho de defensa del contratista.

Modalidades de selección: Son la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa. Por regla general, la elección del contratista se debe efectuar mediante una licitación pública y en los casos expresamente establecidos en la ley se escogerá el contratista por cualquier otra de las modalidades de selección.

Publicación de procesos contractuales: Todos los procesos de cualquier entidad deben publicarse obligatoriamente en el Portal Único de Contratación (SECOP):http://www.contratos.gov.co

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Régimen de inversiones

El Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior está reglamentado en el Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones posteriores. Todas las disposiciones en materia de inversión extranjera están determinadas por este decreto y en él se define la inversión extranjera como las inversiones de capital del exterior en territorio colombiano incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas (físicas y jurídicas) no residentes en Colombia. La excepción a esta regla son las personas físicas y jurídicas pertenecientes a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que son consideradas como inversionistas nacionales.

Igualmente, existen otras normas relacionadas con la inversión extranjera:

·         Ley 45/1990 por la que se dictan normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora y otras disposiciones

·         Decreto Ley 663/1993 que modifica el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

·         Decretos 1844/2003, 4210/ 2004 y 4474/2005 por los que se modifica el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior

·         Resolución 8 del Banco de la República, que compendia el régimen de cambios internacionales

·         Ley 963/2005 por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia.

La inversión extranjera es bienvenida en todos los sectores de la economía, salvo en las actividades de defensa y seguridad nacional, el procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas no producidas en el país, las sociedades concesionarias de servicios de televisión abierta, las cuales no pueden tener inversión extranjera superior al 40% del total del capital social de la concesionaria y las actividades sensibles al lavado de activos (finca raíz).

Por otro lado, y de acuerdo con las normas que regulan el sector financiero y asegurador, tanto los inversores nacionales como los extranjeros deben obtener una autorización previa de la Superintendencia Financiera en los casos de adquisición de determinados porcentajes de acciones suscritas de entidades sometidas a la supervisión del organismo anterior, adquisición de acciones de entidades financieras estatales en proceso de privatización, y para este último tipo, al adquirir más del 5% de acciones con derecho a voto.

Además, existe una normativa especial para las inversiones de capital exterior en los sectores de hidrocarburos y minería. En el sector de la televisión, un inversor extranjero no puede poseer más del 40% de un canal.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Tradicionalmente Colombia no ha utilizado regímenes de incentivos exclusivos para atraer inversión extranjera.

Sin embargo, el país ofrece un paquete de incentivos que se aplican a la inversión en general y se incluyen los siguientes:

Zonas Francas: Área geográfica establecida para promover el procesamiento industrial de bienes y servicios, específicamente para exportaciones. Ofrecen incentivos tributarios y de procedimiento, y beneficios en comercio exterior.

Zonas Francas Uniempresariales: las empresas no requieren establecerse en zonas francas predeterminadas para aplicar al régimen de Zonas Francas, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos de inversión o contratación de personal.

Contratos de Estabilidad Jurídica: asegura a los inversores que lo suscriban que, si durante la vigencia de éste se les modifica en forma adversa alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo.

Descuento en el impuesto sobre la renta por inversión en activos fijos: deducción del impuesto sobre la renta del 40% del valor de las inversiones efectivamente realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos. Esta deducción se calcula sobre el coste de adquisición del bien concreto en el momento de realizar la inversión, y se debe solicitarse en la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión.

Regímenes especiales de comercio para promover y apoyar compañías centradas en el comercio exterior. Los incentivos en esta área incluyen un sistema especial de importación – exportación (Plan Vallejo), importaciones temporales, grandes Usuarios (Altex) y leasing internacional.

También hay regímenes tributarios especiales para la inversión localizada en ciertas áreas que hayan sido afectadas por desastres naturales, y que les brinda a los inversores nacionales y extranjeros incentivos tales como exención en el impuesto sobre la renta, importaciones sin tener que pagar impuestos de aduana y exenciones tributarias municipales.

Ley Páez: régimen especial que otorga una exención del impuesto sobre la renta y complementarios por un período de 10 años a las nuevas empresas agrícolas, ganaderas, microempresas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos, compañías exportadoras y mineras que demuestren incrementos sustanciales en la generación de empleo (esta exención requiere que la actividad no se relacione con la exploración y explotación de hidrocarburos y aquellas que existieren antes del 21 de julio de 1994). Este régimen se aplica a las empresas que se instalen o se encuentren localizadas en ciertos municipios de los departamentos de Huila y Cauca.

Ley Quimbaya: exención de impuestos sobre la renta y municipal por un periodo de 10 años para nuevas compañías establecidas en la zona cafetera, con una reducción gradual durante el periodo dependiendo de la ubicación. Reembolso del IVA pagado sobre la importación o compra de bienes de capital. Exención de arancel sobre bienes de capital importados durante el primer año de operación.

Zonas económicas especiales de exportación: regímenes especiales para nuevos empresarios exportadores. El Estado concedió este nuevo status, por un período de 50 años prorrogables, a las ciudades fronterizas de Buenaventura (Valle del Cauca), Valledupar (Cesar), Ipiales y Tumaco (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander), con el objetivo de que éstas se beneficien de un crecimiento económico importante gracias a su ubicación estratégica dentro de Colombia. Las ventajas de las ZEEE son principalmente laborales y fiscales.

Incentivos Tributarios:

Exención de Impuesto a las ventas IVA

Para la importación de maquinaria pesada para las industrias básicas.

Para la importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país.

Exención Impuesto de renta

En la venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.

En la prestación del servicio de transporte fluvial

En servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles.

En servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen.

En los servicios de ecoturismo.

En aprovechamiento de plantaciones forestales.

En la producción de software y nuevos producto medicinales.

En la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública.

En servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos.

En los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra, de inmuebles construidos para vivienda.

En empresas editoriales.

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Representación y agencia

En este apartado se indicarán las principales formas contractuales y/o asociativas que puede revestir la inversión extranjera, señalando sus características principales, así como algunos aspectos a tener en cuenta en su negociación.

En primer lugar se revisarán los contratos en los que puede celebrarse una alianza estratégica por el inversor, que no necesariamente implican una inversión financiera.

Contrato de distribución

En este contrato se establece un acuerdo por parte del inversor y el empresario local en virtud del cual se asumen unas obligaciones generalmente respecto a la obligación de uno o de otro o de ambos de colocar productos en una zona determinada o en unos canales de distribución específicos. En este contrato es importante exigir unos estándares adecuados de calidad, coste y oportunidad para poder llevar a cabo una adecuada distribución.

También es importante definir expresamente los términos del contrato durante su negociación, pues dadas sus características podría llegar a confundirse o equipararse con el contrato de agencia comercial, teniendo en este último caso unas implicaciones jurídicas bien diferentes, como podría ser el pago de las prestaciones a la finalización de la operación.

Por ello es necesario dejar claro que en virtud del contrato de distribución el distribuidor adquiere unas mercancías del productor para después revenderlas en su nombre propio, de tal forma que no existe una representación por el distribuidor del productor, como tampoco el encargo de generar, mantener o ampliar el mercado para los productos del productor, siendo este último el rasgo característico de la agencia mercantil.

Debido a lo indicado, y puesto que es un contrato atípico en la medida en que no está regulado en la ley, conviene dejar bien en claro sus términos y alcance durante su negociación a efectos de evitar ulteriores confusiones.

Agencia comercial

Este contrato permite a los empresarios e inversores valerse de comerciantes experimentados para la promoción o explotación de sus negocios y en general para la conquista de un mercado específico.

Es un contrato típico regulado en la legislación colombiana, estableciéndose una serie prerrogativas particulares, entre las que se encuentran algunas prestaciones al agente a la terminación del contrato que pueden tornar éste muy oneroso.

Por ello, en la consideración de la figura de agencia hay que analizar todos sus elementos y tener claro los mismos durante su negociación, pues no hay que olvidar que podría llegar a configurarse “la agencia de hecho” al concurrir elementos de este tipo de contrato en otro ya negociado o frente a cierta situación fáctica, dando por ello lugar a la aplicación de las disposiciones de la agencia mercantil, circunstancia ésta que amerita tener cuidado en la negociación de contratos o negocios que conlleven la conquista de mercados para productos o servicios de un empresario.

Contratos de transferencia de tecnología o de know how

Este tipo de contratos obedecen a la necesidad de las empresas de adecuarse a los cambios tecnológicos constantes que se suceden en un contexto globalizado con miras al crecimiento económico y desarrollo de la competitividad.

Así, resulta conveniente diferenciar los contratos de licencia de los de transferencia de tecnología, pues los primeros versan sobre conocimientos técnicos patentados, mientras que los segundos lo hacen sobre conocimientos técnicos no patentados, patentables o no.

Por ello conviene tener en cuenta en la negociación de este tipo de contratos si se va a transmitir el bien inmaterial objeto de la patente o solo el conocimiento técnico o know how, pues según la modalidad el tipo de contrato es diferente.

En los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial no se recomienda la transmisión definitiva de la titularidad de los derechos, sino la concesión para su utilización de manera total o parcial, por un periodo limitado y a cambio de una contraprestación. Para la transferencia de tecnología o know how se utilizan figuras como el contrato de licencia de know how, en virtud del cual se transmite el conocimiento y se permite su utilización temporal a cambio de una contraprestación.

Es importante dejar claro las obligaciones de las partes en la etapa de negociación, particularmente las referidas a la utilización de la información, el compromiso de no divulgarla y su mantenimiento en secreto.

Igualmente, conviene tener presente que las figuras mencionadas no son las únicas posibles para realizar este tipo de negocios, pues son contratos atípicos regulados por la voluntad de las partes, siendo éstas quienes deciden qué figura se adapta con mayor facilidad a sus necesidades.

También resulta pertinente tener presente en la negociación las prestaciones adicionales que de éstas se derivan, como puede ser el entrenamiento de personal, entrega de material y asistencia técnica, entre otras, que se considera forman parte del contrato y que como tal deben ser valoradas en su negociación.

En la negociación se puede preveer la posibilidad de que una de las partes mejore los conocimientos técnicos, en cuyo caso las partes se obligan a comunicarse recíprocamente tales adelantos. También debe negociarse si la transferencia se hace o no con exclusividad, pues ello implicaría una limitante para quien transfiere la tecnología en el sentido de no poder usarla o no poder transmitirla a otras personas, según el caso, y a su vez conlleva una obligación correlativa para el receptor de la tecnología en el sentido de mantener en secreto la información.

Finalmente, se pueden presentar para el inversor o aliado estratégico figuras que no necesariamente implican una inversión, como el contrato de franquicia o los acuerdos para el suministro de materias primas e insumos, con o sin transferencia de tecnología, que pueden ser considerados como alternativas por los contratantes al momento de negociar un contrato, según las particularidades del mismo.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

Otra forma de canalizar la inversión extranjera es a través de las figuras de colaboración empresarial (I.e. Joint Ventures), a través de las cuales dos o más personas acuerdan aportar recursos (económicos y técnicos, entre otros), para el desarrollo de un proyecto en común, sin constituirse por ello una persona jurídica independiente de los participantes.

Este tipo de contratos son atípicos al no estar regulados en la ley colombiana. Por tanto serán las partes quienes acuerden su régimen durante la negociación de los mismos, para lo que se deberán delimitar específicamente las aportaciones y el alcance del proyecto. En materia de contratación estatal, por ejemplo, se establece que los integrantes de un consorcio o unión temporal (como figuras típicas utilizadas en materia de colaboración empresarial) responden solidaria e ilimitadamente por todas las actuaciones del mismo.

Este tipo de esquemas se constituyen en alternativas interesantes en materia de inversión extranjera, pues permiten la vinculación de capital nacional y extranjero, presentando ventajas, entre las que destacan:

  • Permite a los socios emprender proyectos sin estar limitados por su aptitud y capacidad técnica.
  • Frente al participante extranjero facilita el acceso al mercado pudiendo contar con mayores conocimientos del ambiente cultural, político y de negocios del país donde se desarrollará el proyecto.
  • La empresa local se beneficia de la capacidad tecnológica y financiera de la empresa extranjera.
  • Agiliza la realización de proyectos, dada la simplicidad de trámites para su celebración.

Estos son algunos de los aspectos que se recomienda tener en cuenta en la negociación de un contrato, así como algunas de las principales modalidades que estos pueden revestir, existiendo en todo caso libertad de los interesados frente a su selección y negociación.

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Tipos de sociedades

El contrato de sociedad es la principal herramienta utilizada por empresarios para la creación de empresa y se puede definir como aquel por el cual dos o más personas, nacionales o extranjeros, se obligan a aportar capital, en trabajo u otros bienes apreciables en dinero, con la finalidad de repartirse entre sí los beneficios obtenidos en la empresa o actividad social.

En la legislación colombiana se regulan cinco tipos de sociedades para el establecimiento de empresa en el país.

 

TIPO SOCIAL

CONSTITUCIÓN Y SOCIOS

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

TRANSMISIÓN DE ACCIONES/

PARTICIPACIONES

ADMINISTRACION

Sociedad Limitada (Ltda.)

Escritura pública. Objeto social y duración determinados (puede prorrogarse)

Mínimo: 2 socios
Máximo: 25 socios.

El capital debe desembolsarse en la constitución.

Los socios responden hasta el monto de sus aportaciones salvo para que se pacte responsabilidad mayor o incumplimiento de obligaciones o sobrevaloración de aportaciones no dinerarias.

Requiere reforma de estatutos y escritura pública.

Junta directiva opcional.
No requiere revisor fiscal salvo activos > 5.000 SMLMV o facturación > 3.000 SMLMV..

Sociedad Anónima (S.A.)

Escritura pública. Objeto social y duración determinados (puede prorrogarse)

Mínimo 5 accionistas. Sin límite máximo. Prohibido que un socio tenga el 95% o más del capital.

En la constitución debe suscribirse al menos el 50% del capital y desembolsarse al menos 1/3.

Limitada a la cantidad aportada salvo que se haya aportado garantía específica. Si es filial, la matriz puede responder en caso de actuaciones ocasionadas por ella.

Libremente transmisibles por endoso, aunque los estatutos pueden establecer restricciones.

La junta directiva es un órgano obligatorio.

Obligatorio revisor fiscal.

Sociedad por acciones simplificada (S.A.S.)

Documento privado. Objeto social y duración pueden ser indeterminados.

Mínimo un accionista, no existe un límite máximo.

Libertad de pactos para pago y suscripción de capital (máximo 2 años).

Limitada a la cantidad aportada, aunque puede haber responsabilidad solidaria en determinados casos. Si es filial, la matriz puede responder en caso de actuaciones ocasionadas por ella.

Libremente transmisibles por endoso, aunque pueden establecerse restricciones.

Junta directiva opcional.
No requiere revisor fiscal salvo activos > 5.000 SMLMV o facturación > 3.000 SMLMV..

Sucursal de sociedad extranjera

Resolución de apertura de la matriz que debe elevarse a público. El capital asignado debe desembolsarse inmediatamente. Objeto social y duración determinados (puede prorrogarse)

 

La sociedad extranjera es responsable, por lo que si el capital asignado a la sucursal no es suficiente, la responsabilidad se extiende a la matriz.

N/A

Obligatorio revisor fiscal.

 

Pasos para el registro de una sociedad:

  1. Acto notarial: se deben elaborar unos estatutos para la sociedad, los cuales se deberán elevar a escritura pública.
  2. Legalización de los estatutos: para que tengan validez en Colombia los documentos otorgados en el exterior, éstos deberán cumplir con el procedimiento de la Apostilla de La Haya o realizar dicho trámite ante el Cónsul colombiano en el exterior o de una nación amiga de no existir en anterior y presentarlos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
  3. Presentación documentos en la Cámara: en la Cámara de Comercio local, se presenta la escritura, el formato de asignación del Registro Único Tributario (RUT) y el formulario para el registro de la matrícula mercantil.
  4. Pago de los derechos de registro de matrícula de establecimiento, sucursales y agencias: una vez presentados los documentos para el registro en Cámara y Comercio, el inversor deberá proceder a cancelar los derechos de registro los cuáles tienen un coste dependiendo el nivel de activos vinculados.
  5. Registro de la inversión ante el Banco de la República: En el evento en que la inversión proceda del exterior se deberá proceder al registro de la misma ante el Banco de la República.

 

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La protección de la propiedad industrial en Colombia incluye las marcas de fábrica y de servicios, las marcas colectivas, marcas de certificación, lemas comerciales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, modelos y diseños industriales, modelos de utilidad, secretos empresariales, variedades vegetales, nombres y enseñas comerciales y denominaciones de origen.

En el campo de la propiedad intelectual se protegen los derechos de autor, que incluyen obras artísticas, literarias, científicas y los programas de ordenador (software).

Las entidades encargadas de regular estas materias son la Superintendencia de Industria y Comercio, que regula los temas de propiedad industrial, y la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que regula la propiedad intelectual. Además, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encarga de aprobar y registrar los contratos que involucran transferencia de tecnología con respecto a intangibles.

Las Decisiones 486 y 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigentes para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, son los principales cuerpos normativos que regulan la propiedad industrial e intelectual en estos países. Las principales normas sobre derechos de autor en Colombia están reguladas en las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993.

Marca

Marca es cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Deberá ser perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica para poder ser registrada.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

  • Las palabras o combinación de palabras
  • Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos
  • Los sonidos y olores
  • Las letras y los números
  • Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores
  • La forma de sus productos, envases o envoltorios

En la Comunidad Andina el registro es atributivo de propiedad, el uso de una marca sin registro no confiere derechos, sino que sólo la marca registrada tiene derecho a la protección legal.

El registro de la marca tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y se puede renovar por períodos sucesivos de diez años. El titular del registro o quien tenga legítimo interés deberá solicitar su renovación dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tenga legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, mediante el pago de una tasa adicional. Para obtener la renovación no se exige prueba de uso de la marca.

La primera solicitud de marca válidamente presentada en un país miembro de la Comunidad Andina o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el país miembro de la Comunidad Andina esté vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad conferirá al interesado este derecho, con los alcances previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

La solicitud de prioridad deberá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

No son registrables como marcas los signos que:

  • carezcan de distintividad
  • consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases;
  • las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
  • consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
  • consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación;
  • consistan en algo común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
  • consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
  • puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
  • reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
  • reproduzcan, o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados;
  • sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo anterior, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Las marcas no registrables en relación a terceros cuando:

  • sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
  • sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
  • sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
  • consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante;
  • consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
  • consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
  • constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
  • cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se podrá denegar dicho registro.

Los requisitos que debe cumplir una solicitud de registro de marca son:

  • Nombre y domicilio del solicitante y de su apoderado
  • Reproducción de la marca
  • Indicación de los productos o servicios amparados y clase correspondiente
  • Pago de la tasa de presentación

Otros requisitos de la solicitud son:

  • Existencia y representación de la persona jurídica solicitante
  • Copia certificada y autenticada por Cónsul del registro extranjero cuya prioridad se solicita. Si proviene de un país miembro de la Convención de la Haya, se requiere copia notarial y con el sello de la Apostilla
  • El diseño de la marca si ésta es gráfica.

La Oficina de Marcas examinará dentro de los 15 días contados desde la fecha de presentación de la solicitud si cumple con los requisitos de forma. Si tras el examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos, se otorgarán 60 días para completarlos. Si a la expiración del plazo el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, se ordenará la publicación.

Dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Las oposiciones son el mecanismo legal para objetar la solicitud de registro de una marca, que sea idéntica o similar de manera que lleve a confusión con una marca previamente solicitada o registrada por un tercero, para distinguir productos o servicios de la misma clase o de clases vinculadas. Por medio de las oposiciones también se pueden objetar las solicitudes de marcas cuando se considere que su registro, sin afectar derechos específicos de un tercero, puede afectar los intereses del público consumidor en general, como en el caso de las marcas genéricas, descriptivas, engañosas, o cuando se pretende registrar como marca una denominación de origen protegida, entre otras.

Se encuentra vigente la Clasificación Internacional de artículos y de servicios del Arreglo de Niza, que tiene 45 clases. La Décima edición de la Clasificación de Niza que introduce varias modificaciones respecto de la edición precedente, entró en vigor el 1 de enero de 2012. No obstante, en Colombia se seguirá aplicando la novena edición hasta que no se publique la décima edición en español en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Oficina de Marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de la persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiere utilizado en al menos uno de los países miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Puede pedirse ante el Consejo de Estado (Tribunal Administrativo) la nulidad de una marca registrada en perjuicio de derechos de terceros dentro de los cinco años siguientes a la fecha de concesión del registro, o en cualquier tiempo, si se trata de una marca registrada violando las causales absolutas de registro.

Quien sufra una infracción a sus derechos podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: el cese de los actos que constituyen la infracción; la indemnización de daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; la prohibición de la importación o de la exportación de los productos y, en general, la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos.

Nombre comercial

Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Pueden registrarse en la misma forma que se registran las marcas y tienen una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro, renovables por períodos iguales.

No pueden usarse, depositarse ni registrarse aquellos nombres contrarios a las buenas costumbres, al orden público o que puedan engañar a terceros sobre la naturaleza de las actividades que se desarrollan con el nombre comercial. Se aplican las causales de no registro de marcas. El nombre comercial podrá ser objeto de licencia.

Lema comercial

La palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. La solicitud de registro deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Los lemas comerciales están sujetos a las normas sobre marcas y la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial.

Denominación de origen

Se entiende como tal la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce.

No podrán ser declaradas como tales las indicaciones que puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Para que las denominaciones de origen estén protegidas es necesario que la oficina nacional competente las declare como tales, previa solicitud presentada por persona que tenga interés jurídico.

La declaración de denominación dura diez años y puede ser renovada por períodos iguales. Éstas son protegidas mientras subsiste la protección en el país de origen, por convenio internacional, o cuando se conceda reciprocidad de trato.

La principal diferencia entre la marca y la denominación de origen es que para registrar una marca no se necesita que ésta haya sido usada o que haya alcanzo algún estatus especial, por lo que su derecho nace a partir del registro. Sin embargo, la declaración de protección de la denominación de origen es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico que ostenta unas calidades, gracias a su origen geográfico y sus factores humanos, y que han sido sostenidas y controladas a lo largo del tiempo.

Patentes

En los países de la Comunidad Andina se otorgarán patentes para las invenciones, tanto de producto como de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

No serán patentables:

  • Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral y la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente;
  • Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
  • Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

No se considerarán invenciones:

  • Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
  • El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
  • Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
  • Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
  • Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
  • Las formas de presentar información.

El solicitante de la patente puede ser el inventor o su cesionario y la patente tendrá una duración de 20 años desde la fecha de su solicitud.

La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma. Si no los contiene, notificará al solicitante para que los complete dentro del plazo de dos meses siguientes, plazo que será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Si los completa, la solicitud se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de transcurridos 18 contados desde la fecha de su presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

Si se hubiere presentado oposición, se notificará al solicitante para que dentro de los 60 días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente, si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegará.

Para el orden y clasificación de las patentes se utiliza la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes.

La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca válidamente presentada en otro país miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el país miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante un derecho de prioridad para solicitar en el país miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.

El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los doce meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

  • El objeto de la patente no constituya una invención;
  • La invención no cumpla con los requisitos de patentabilidad;
  • La patente no divulgue la invención;
  • Las reivindicaciones incluidas en la patente no estén enteramente sustentadas por la descripción;
  • La patente concedida contenga una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implique una ampliación de la protección;
  • De ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso;
  • De ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los países miembros;
  • Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afecten alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda. La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Los vicios de los actos administrativos que no lleguen a producir la nulidad absoluta, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión de la patente.

Los jueces otorgan protección a las patentes en la forma de medidas cautelares que pueden consistir en una fianza para garantizar el cese de los actos violatorios; en un embargo de los artículos que violaren la patente, o los de su propaganda, o de la maquinaria para su manufactura; u otras medidas similares. Pueden también reclamarse perjuicios independientemente de las medidas cautelares.

Para mantener en vigencia la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse tasas anuales por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Sin embargo, una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

Colombia ha ratificado el PCT o Patent Cooperation Treaty que rige a partir del 28 de febrero de 2001 y que permite, mediante la presentación de una solicitud de patente "internacional", que se obtenga protección para una invención en todos aquellos países miembros del tratado que hayan sido designados en la solicitud. En la solicitud de patente internacional la persona interesada debe indicar, entre todos los Estados contratantes del PCT, aquellos en que desea que surta efectos su solicitud internacional (los "Estados designados"), para que, posteriormente, se adelante en cada uno de ellos la segunda etapa del procedimiento denominada la "Fase nacional".

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Barreras de entrada para inversores españoles

Como ya se ha destacado en las barreras comerciales, el tema de los índices financieros, la exigencia de cupo de crédito y la experiencia exigida para empresas constructoras principalmente que quieran presentarse a concesiones. Asimismo se está exigiendo en licitaciones públicas, para acreditar la experiencia de los profesionales de las empresas que se presentan a las mismas, que sus titulaciones estén homologadas en Colombia. Además, varias entidades están dando un puntaje adicional en las licitaciones a aquellas empresas que presenten la totalidad de su personal de nacionalidad colombiana.  Por último, cabe destacar el reducido tiempo existente entre la publicación de pliegos y la presentación de ofertas que dificulta la presentación de la documentación por parte de los extranjeros. 

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