Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

El factor más citado por inversionistas españoles, para cualquier inversión que pretenda hacerse en Ecuador, es la falta de seguridad jurídica, mayor en la medida en que el sector de inversión sea un sector sometido a regulación del Estado. Las actividades económicas en sectores privados se desarrollan con mayor seguridad y previsibilidad.

Según el “Índice de Competitividad Global (ICG)” publicado por Foro Económico Mundial (FEM), para el año 2015-2016 Ecuador está en el puesto 76 del ranking de competitividad mundial, de los 142 países analizados, habiendo empeorado su situación, ya que en el año 2014 estaba en el puesto 71. El ICG ofrece un panorama del estado de competitividad en cada país, entendiéndose como el conjunto de instituciones, políticas y factores  que determina el nivel de productividad de un país, así como también la viabilidad que tiene un Estado para recibir inversión privada que fomente su desarrollo económico.

Según el mismo reporte, los factores más problemáticos apara hacer negocios en Ecuador son: las regulaciones laborales restrictivas, las tasas impositivas, las complejas regulaciones tributarias, burocracia ineficiente y las dificultades para acceder a financiamiento.

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Régimen de inversiones

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones es el marco legal que regula la inversión extranjera en el Ecuador. Este Código de 2010 sustituyó a la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, de diciembre de 1997, así como a otras 13 leyes que anteriormente regulaban la inversión extranjera. Dentro de los fines del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, destacan en lo referente a la inversión los literales g y h:

g) “Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividadesproductivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;

h) Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo…”

La inversión extranjera se define como la inversión que es de propiedad o que se encuentra controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el extranjero, o que implique capital que no se hubiere generado en el Ecuador. A partir de la vigencia del Código de la Producción, se recoge el principio constitucional de la no discriminación, estableciendo que los inversores nacionales y extranjeros gozarán de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias, gozando los inversores extranjeros de protección y seguridades plenas, de tal manera que tendrán la misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio nacional. Se establecen además los denominados “derechos del inversionista”, entre los cuales se destaca la libertad de producción y comercialización, el acceso a los procedimientos administrativo y acciones de control que establezca el Estado para evitar prácticas de competencia desleal, la libertad de importación y exportación de bienes y servicios, así como la libre transferencia al exterior de las divisas generadas.

Naturalmente estas inversiones son consecuentes con la política del Estado ecuatoriano de priorizar la inversión social y ambientalmente sustentable, es decir que genere empleo y no ocasione daños.

Dicho lo anterior, aunque la República del Ecuador garantiza la libertad de inversión en el país, la Constitución de Montecristi (aprobada por plebiscito popular el 28 de septiembre de 2008), en materia de inversiones extranjeras, en sus art. 313 y sucesivos, prohíbe la participación de inversores extranjeros en determinados sectores que se definen como estratégicos: producción y distribución de electricidad, de agua, de recolección y transformación de residuos, de construcción y gestión de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc. Sin embargo, en el art. 316, la Constitución establece también que El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionarial. La delegación estará sujeta al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico.

Además, según la misma norma citada, el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de actividades en sectores estratégicos, en los casos que establezca la ley. Finalmente, hay que subrayar como la Constitución (art. 339) da preeminencia absoluta a la inversión estatal, considerando la inversión extranjera como complementaria a la inversión del Estado. La Constitución ecuatoriana, en el artículo 422 dispone que “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. En virtud de este artículo, el 6 de junio de 2009 Ecuador denunció el Convenio de Washington por el que se creó el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Dicha denuncia se hizo efectiva el 7 de enero de 2010. Esto significa que Ecuador ya no se someterá al arbitraje del CIADI por las controversias jurídicas que se registren en los contratos firmados con entidades privadas internacionales.

En aplicación del mismo artículo de la Constitución, en 2010, Ecuador inició el proceso de denuncia de los tratados de inversión bilaterales (APPRIs) con otros países para, entre otras cosas, evitar que los tribunales de arbitraje internacionales actuales juzguen los litigios que involucren a Ecuador. Es oportuno describir cómo funciona el proceso de denuncia de tratados internacionales. Según lo dispuesto por el art. 419 de la Constitución, el Presidente de la República tiene que obtener la aprobación previa de la Asamblea Nacional para poder llevar a cabo la denuncia del tratado.

El Presidente, antes de remitir la denuncia al Parlamento ecuatoriano, tiene que solicitar la emisión de un dictamen previo y vinculante a la Corte Constitucional. Una vez que el Presidente haya obtenido el dictamen favorable de la Corte, remite a la Asamblea la denuncia junto con el dictamen de constitucionalidad. El análisis de la denuncia presidencial pasa primero por una comisión especializada de la Asamblea, que recomienda la decisión a tomar al Pleno. En caso de obtener el voto favorable por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República procede a la notificación de la denuncia al Estado u organismo internacional involucrado en el tratado.

La notificación por parte de Presidente no está sometida a un plazo obligatorio, sino que constituye decisión discrecional del mandatario. En relación con la Unión Europea la situación de los APPRIs es la siguiente: la Asamblea ecuatoriana aprobó en 2010 la denuncia de los tratados con Reino Unido, Alemania, Irlanda, Finlandia, Francia y Suecia; mientras que con Países Bajos no logró reunir los votos necesarios.

De ellos, el único que ha sido suspendido finalmente es el de Finlandia; con el resto se continúa en trámites. En 2013, España entró también en la lista de países denunciados. La Comisión especializada de la Asamblea remitió su recomendación el 8 de julio de 2013, proponiendo al Pleno que se aprobara la denuncia presidencial. El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador todavía no ha votado la denuncia del APPRI con el Reino de España. En todo caso, el APPRI entre España y Ecuador establece (art. XXII) que a partir de que se notifique la denuncia del Tratado a uno de los dos estados firmantes, la protección del APPRI para las empresas que hayan invertido en Ecuador o en España, con anterioridad a la denuncia, se mantendrá durante 10 años.

Hay que señalar que el Gobierno ecuatoriano ha sugerido a la Unión Europea la posibilidad de firmar un único tratado APPRI para el conjunto de todos los países de la Unión Europea. El art. 422 de la Constitución continúa con lo siguiente: “se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia”. Es gracias a esta norma que el Gobierno ecuatoriano reconoce, a día de hoy, los laudos emitidos por los tribunales arbitrales con sede en Latinoamérica (la mayoría en Santiago del Chile), aceptando que los arbitrajes se realicen siguiendo las normas UNCITRAL o de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Sigue siendo un tema de debate dentro del Gobierno ecuatoriano, la sustitución de los APPRIs bilaterales por otros instrumentos de protección de la inversión extranjera.

 En este sentido, se habla de la posibilidad de crear un modelo de APPRI común para todos los países de la Comunidad Andina (CAN), al que a veces se llama “Acuerdo de Inversión para el Desarrollo”. Otras veces, se pretende crear un modelo exclusivo para Ecuador que se trataría de imponer a los inversores en el país, y en otras, se acepta la idea de un APPRI único para la Unión Europea.

Organismos reguladores: El Consejo Sectorial de la Producción es quien define la política de inversiones en el país, organismo adscrito al Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. El Consejo Sectorial de la Producción sustituye al COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) en la determinación de las políticas de inversión directa y en la expedición de las normas necesarias para su ejecución.

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Propiedad inmobiliaria

Compañías de Actividad Inmobiliaria

Normativa

Las compañías cuyo objeto social contempla la actividad inmobiliaria en cualquiera de sus fases: promoción, construcción y comercialización, y que además reciban dinero de sus clientes en forma anticipada a la entrega de las viviendas y edificaciones, para el desarrollo y ejecución de los proyectos inmobiliarios que ofrecen, deberán cumplir con las normas detalladas a continuación.

Obligaciones

1. Ser propietaria del terreno en el cual se desarrollará el proyecto o titular de los derechos fiduciarios del fideicomiso que sea propietario del terreno, lo que se acreditará con el testimonio de la escritura pública contentiva del título traslaticio de dominio y el certificado correspondiente del Registro de la Propiedad.

En caso de no cumplir con lo anterior, será necesario que en las respectivas escrituras públicas de promesa de compraventa y compraventa definitiva, según el caso, comparezca y se obligue la persona natural o jurídica propietaria del terreno.

2. Contar con el presupuesto detallado de cada proyecto, que deberá estar aprobado por la Junta General de Accionistas o Socios o el Directorio de la compañía, e incluirá la proyección de los ingresos necesarios y sus fuentes, incluido el financiamiento, así como los costos y gastos que genere el proyecto inmobiliario.

3. Suscribir a través de su representante legal y en calidad de promitente vendedora, las escrituras públicas de promesa de compraventa con los promitentes compradores de las unidades inmobiliarias.

Sin embargo, de forma previa a la suscripción de la escritura de promesa de compraventa, se podrán recibir valores de los interesados, a título de reserva, siempre que éstos no superen el dos por ciento del valor total y se entregue un soporte documental. Los valores entregados como reserva se imputarán al precio final que se pacte por la unidad habitacional.

4. Construir, dentro de los plazos establecidos, los proyectos inmobiliarios aprobados y autorizados por los organismos competentes en materia de uso de suelo y construcciones, de conformidad con los contratos de promesa de compraventa celebrados con los promitentes compradores de los inmuebles.

5. Suscribir a través de su representante legal las escrituras públicas de compraventa definitiva de transferencia de dominio a favor de los promitentes compradores, de los bienes inmuebles que fueron prometidos en venta.

6. Atender los requerimientos de información que formule la Superintendencia de Compañías y Valores, así como de los organismos públicos que tienen competencias legales en materia de vivienda.

7. Cumplir las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Valores, encaminadas a corregir situaciones que pudieren causar perjuicios a los clientes de la compañía, dentro de los términos o plazos que el organismo de control establezca.

Las compañías que realicen actividad inmobiliaria a través de un fideicomiso mercantil en el que ostenten la calidad de constituyentes, constituyentes adherentes o beneficiarios deberán, además, cumplir con las regulaciones dictadas por el Consejo Nacional de Valores.

Limitaciones

Las compañías que realicen actividad inmobiliaria deben abstenerse de realizar lo siguiente:

a. Ofrecer al público la realización de proyectos en terrenos que no sean de su propiedad o en terrenos que sean de propiedad de fideicomisos respecto de los cuales no sean titulares de los derechos fiduciarios, excepto en los casos en que cuenten con el compromiso por parte de la persona natural o jurídica propietaria del terreno de comparecer y obligarse en las respectivas escrituras públicas de promesa de compraventa y compraventa definitiva.

b. Promover proyectos inmobiliarios que no tengan el presupuesto detallado.

c. Recibir u ordenar cuotas o anticipos en especie o en dinero, sin contar con la autorización prevista en los artículos 470 y 477 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

d. Suscribir contratos de promesa de compraventa por instrumento privado.

e. Suscribir promesas de compraventa respecto de bienes que han sido prometidos en venta.

f. Destinar el dinero de promitentes compradores participantes de un determinado proyecto inmobiliario o etapa del mismo, a otros proyectos inmobiliarios o etapas que desarrolle la compañía, así como desviarlos a fines distintos al objeto específico para el cual fueron entregados. Sin embargo, tal dinero sí podrá destinarse a la ejecución de las obras comunes de un mismo proyecto inmobiliario.

Solo en caso de contar efectivamente con los valores suficientes para concluir la ejecución de una etapa, la compañía podrá destinar el excedente recibido o por recibir, a la ejecución de otra etapa del mismo proyecto.

Contratos

Los contratos que las compañías inmobiliarias utilicen para vender los bienes inmuebles que comercialicen, deberán observar las disposiciones que sobre la materia constan en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y las normas contenidas en el Constitución de la República.

Si en los contratos de promesas de compraventa y de compraventa definitivas se estipularen cláusulas discriminatorias e inequitativas entre las partes, aun cuando se reputan no escritas, podrá denunciarse tal hecho a la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia de Compañías y Valores, además de las acciones judiciales que puedan deducir los promitentes compradores.

Intervención, Disolución y Liquidación

De oficio o a petición de parte, la Superintendencia de Compañías y Valores podrá realizar en cualquier momento inspecciones para verificar que las compañías, en forma previa a la construcción y comercialización de sus proyectos inmobiliarios, han cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente. Si de los informes de inspección se generaren observaciones, la Superintendencia de Compañías y Valores notificará al representante legal de la compañía concediéndole un término de hasta treinta días, para que efectúe los descargos de los que se crea asistido. Vencido el término, se evaluarán los descargos presentados y se resolverá si la compañía se encuentra incursa en una o más de las causales de intervención, y si fuere el caso, procederá a declarar el estado de intervención de la compañía, designando uno o más interventores.

Si las exigencias de la Superintendencia de Compañías y Valores para que la compañía aplique correctivos que permitan superar una situación general negativa que comporte riesgo para sus clientes, no son acatadas dentro de los términos o plazos que el organismo de control conceda para tal efecto, la compañía podrá ser declarada disuelta, en la forma contemplada en los artículos 361 y siguientes de la Ley de Compañías.

Fuente: Boletín Jurídico de la Cámara de Comercio de Quito

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

En el año 2010 se aprueba la Ley conocida como Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en la que se contemplan, entre otras cosas, una serie de incentivos de carácter fiscal  para las nuevas inversiones -fuera de Quito y Guayaquil- en los sectores priorizados por el Gobierno y cuya finalidad es cambiar la matriz productiva y emprender un proceso progresivo de sustitución de importaciones.

Principales incentivos del COPCI:

- Trato Nacional: no hay requisitos mínimos de un % de inversión domestica o necesidad de joint ventures.

- Reducción de 3 puntos del Impuesto a la Renta (IR) de sociedades (progresivo). En el año 2015 el IR será de 22%. 

- Reducción de 10 puntos al IR por reinversión de utilidades en activos productivos.

- Modificación de la base de cálculo del anticipo al IR por generación de empleo y compra de activos productivos.

- Deducción de la compensación adicional para el pago del salario digno al IR.

- Diferir los pagos del IR hasta por 5 años por apertura de capital social de las empresas a los trabajadores.

- Exoneración del anticipo al IR por 5 años para toda inversión nueva (empresas nuevas luego de la creación del COPCI) .

- No pago del ISD (5%) para capital e intereses en préstamos del exterior.

- Sectores priorizados para nuevas inversiones: Metalmecánica; Petroquímica; Turismo, Farmacéutica; Energías renovables; Servicios Logísticos; Cadena agroforestal y productos elaborados; Alimentos frescos, congelados e industrializados; Biotecnología y software aplicado.

- Arbitraje Nacional/Internacional: Ecuador no reconoce arbitraje del CIADI, pero en el COPCI se contempla arbitrajes bajo normas UNCITRAL.

- No se contemplan confiscaciones ni nacionalizaciones.

Contrato de Inversión que garantiza la seguridad jurídica y previsibilidad

Gracias a este tipo de contratos de inversión “garantizados”, los inversionistas podrán solicitar la suscripción de un Contrato de Inversión con el Estado  para estabilizar los Incentivos establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) por una vigencia de hasta 15 años a partir de la firma del mismo, plazo que puede ser renovado hasta por 15 años adicionales previa autorización del Consejo Sectorial de la Producción. Hay experiencia de unos 10 o 12 proyectos, en general pequeños, de  entre 5 y 10 millones de dólares cada uno:

Podrán solicitar un Contrato de Inversión aquellos inversionistas cuyo proyecto contemple una inversión mínima de USD 250.000 el primer año, y que el proyecto total sea a partir de USD 1.000.000.

Para acceder a los incentivos establecidos en el  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones no es necesario que el inversionista firme un Contrato de Inversión, ya que puede beneficiarse de los incentivos sin tener este contrato. Sin embargo, la única manera de obtener estabilidad en el tiempo de dichos incentivos es a través de la suscripción de este instrumento. Tampoco hay requisitos mínimos de un porcentaje de inversión domestica o necesidad  de joint ventures.

Algunos de los beneficios de este contrato son:

  • Arbitraje Internacional para Inversión Extranjera (Procedimientos Corte de la Haya -Sede Chile)
  • Garantías otorgadas por el Código Orgánico de la Producción
  • Reducción y diferimiento los pagos del Impuesto a la Renta
  • Reducción de 10 puntos de la tarifa del Impuesto a la Renta por reinversión en activos productivos.
  • Exoneración de pago del Anticipo Mínimo del Impuesto a la Renta por 5 años, para las nuevas empresas que se constituyan en el país.
  • Exoneración del pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para los pagos al exterior por créditos externos, con un plazo mayor a un año y con una tasa no superior a la autorizada por el Banco Central del Ecuador.

Ley de Incentivos a la producción y control del fraude fiscal de Diciembre de 2014

Se trata de  incentivos especiales para las inversiones de más de 100 millones de dólares (principalmente para la industria básica y el sector minero). Incluye la posibilidad de mantener las condiciones pactadas por 15 años.

 Decreto 582 – Reglamento de Colaboración Público Privada de Febrero 2015

Aunque este decreto no pretende regular la inversión extranjera, es un instrumento que facilita este tipo de inversión ya que las empresas extranjeras son susceptibles de participar en un régimen de colaboración público-privado, y, de hecho, atraer la inversión extranjera es uno de los principales objetivos de este Decreto Presidencial.

Si bien la publicación de este Reglamento constituyó una primera puerta para la participación privada a sectores estratégicos, infraestructuras, obra pública y servicios públicos, actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional (Parlamento ecuatoriano) un proyecto de Ley de Alianza Público Privada, que pretende dar mayor cobertura y seguridad a este tipo de operaciones. El proyecto, calificado de "económico urgente", contempla incentivos y beneficios de carácter fiscal que permitan atraer mayor inversion privada nacional y foránea.

Guía legal para Inversiones Ecuador 2014

El Gobierno de Ecuador publicó una guía donde se especifican los trámites legales para los inversionistas extranjeros en Ecuador.

 

 

 

 

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Representación y agencia

Si el representante fuese un ciudadano extranjero deberá tener en Ecuador la calidad de residente, teniendo que inscribirse como agente de su compañía extranjera en la Cámara de Comercio  del domicilio  principal de sus negocios. Toda compañía extranjera que opere en el Ecuador está sometida a las leyes de la República en cuanto a los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse o surtir efectos en el territorio nacional.

Está vigente la Ley nº 22, publicada en el Registro Oficial nº 156 de 19 septiembre de 1997, que derogó la anterior legislación. Dicha derogatoria tuvo como objetivo el garantizar la igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros y adecuar las relaciones mercantiles entre los representantes, agentes y distribuidores locales con sus principales extranjeros a lo estipulado en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (CATS), del Tratado de Adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Constitución ecuatoriana de 2008 en vigor, garantiza, también, este derecho de igualdad.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

En Ecuador las joint ventures son bastante comunes cuando se trata de empresas extranjeras que van a llevar a cabo un proyecto para entidades del Gobierno. Las joint ventures en el sector privado normalmente dan lugar a la formación de corporaciones y asociaciones o consorcios de empresas. Suele ser habitual que para participar en las licitaciones públicas que cuentan con financiación multilateral y en las que no hay restricciones para la participación de empresas extranjeras, éstas conformen con firmas locales un "Compromiso de Asociación o Consorcio" y que en caso de resultar adjudicatarios de dicha licitación, el Consorcio debe ser formalizado de acuerdo con la normativa vigente .

 

 

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Tipos de sociedades

Las operaciones de negocios en Ecuador están reguladas por las leyes que rigen el comercio y las empresas, así como por el Código Civil. Las principales formas de entidades legales que pueden hacer negocios en el Ecuador son:

Corporaciones, también llamadas Sociedades Anónimas. Compañías de Responsabilidad Limitada (S.L.). Sucursales de Corporaciones Extranjeras. Compañía en Nombre Colectivo. Compañía en Comandita Simple. Compañías de Economía Mixta. Compañía Holding o tenedora de acciones.

 

Constitución de sociedades. Formalidades.

Las corporaciones extranjeras pueden establecer sucursales, tras haber cumplido con los procedimientos y solicitudes especiales de domicilio de sucursales, siendo esto necesario para que la empresa pueda ejercer habitualmente sus actividades en Ecuador.

Todos los tipos de empresas de negocios están sujetos a los reglamentos de la Superintendencia de Compañías, la cual revisa los estados financieros anuales y asegura el cumplimiento de las regulaciones existentes. Todas las instituciones financieras están reguladas por la Superintendencia de Bancos.

Para que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador es necesario:

Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo con la Ley del país en el que se hubiere organizado. Comprobar que conforme a dicha Ley y a sus estatutos puede acordar la creación de sucursales y tiene facultad para negociar en el exterior, y que ha sido válidamente adoptada la decisión pertinente. Tener permanentemente en Ecuador, cuando menos, un representante con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas. Igual obligación tendrán las empresas extranjeras que, no siendo compañías, ejerzan actividades lucrativas en el Ecuador. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar. Su reducción sólo podrá hacerse observando las normas de ésta Ley para la reducción del capital.

Para justificar estos requisitos se presentarán a la Superintendencia de Compañías los documentos constitutivos y los estatutos de la compañía, un certificado expedido por el Cónsul de Ecuador que acredite que está constituida y autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad para negociar en el exterior. Deberá también presentar el poder otorgado al representante y una certificación en la que consten la resolución de la compañía de operar en el Ecuador y el capital asignado para el efecto, capital que no podrá ser menor de dos mil dólares, sin perjuicio de las normas especiales que rijan en materia de inversión extranjera.

Además, el 15 de mayo de 2009, el Gobierno modificó algunos artículos de la Ley de Compañías para conseguir una mayor transparencia en el conocimiento de los socios. Para ello la Superintendencia de Compañías deberá recibir por parte de la empresa una lista de todos los socios (personas naturales o jurídicas) de la compañía extranjera; la lista deberá ser suscrita y certificada, ante Notario Público, por el secretario, administrador o funcionario de la compañía extranjera que tuviera autorización para hacerlo. Adicionalmente si las sociedades extranjeras, que son accionistas de una Compañía Anónima ecuatoriana, estuvieran registradas en alguna Bolsa de Valores extranjera, ésta no deberá presentar la lista completa de sus socios accionistas o miembros, sino que deberá presentar una declaración jurada de tal registro, en donde deberá constar que la totalidad de su capital está representado en acciones o participaciones nominativas.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

El Gobierno de Ecuador ha adecuado la legislación interna a los mecanismos internacionales. Se reconoce que las decisiones de la Comunidad Andina y los Convenios Internacionales vigentes en Ecuador, como normas directas de aplicación de los derechos sobre la materia. No hay distinción alguna entre nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.

El primer paso dado por Ecuador para lograr este objetivo, fue adherirse a la Organización Mundial del Comercio, suscribir una serie de acuerdos internacionales y aprobar proyectos como la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada el 19 de Mayo de 1998 y que incluye marcas, patentes, derechos de autor, variedades vegetales, transferencia de tecnología y represión de la competencia desleal. Esta ley reconoce al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) como organismo administrativo competente para promover y proteger, en nombre del Estado, los derechos de propiedad intelectual (www.propiedadintelectual.gob.ec).

Actualmente, según el Código de la Producción, el inversor cuenta con medidas de protección que antes no estaban especificadas en la legislación, como por ejemplo, normas sobre  “competencia desleal”,  “medidas cautelares civiles, penales y aduaneras”,  “solución de conflictos a través del arbitraje nacional o internacional”; otorgando menor protección a los distribuidores locales, y permitiendo así que el inversionista extranjero pueda establecer los parámetros de su inversión a través de una libre negociación acorde con la legislación internacional.

Sin embargo, Ecuador está empeñado en seguir trabajando para mejorar los niveles actuales y alcanzar una total y efectiva protección industrial. Este punto fue uno de los temas que generó mayor dificultad en el Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la UE, cuyas negociaciones terminaron en julio de 2014 y que se espera que entre en vigor en julio/agosto de 2016. La legislación ecuatoriana en materia de propiedad intelectual e industrial al completo, puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=EC

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Barreras de entrada para inversores españoles

 

 

Hay importantes barreras de entrada, que explican el bajo nivel de la inversión extranjera en el país. Algunas de ellas son las siguientes:

·         Limitaciones a la inversión privada, especialmente la extranjera, en los Sectores Estratégicos, que se establecen en la Constitución ecuatoriana de 2008 como de control y manejo exclusivo del Estado: energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y aquellos que determine la ley.

Esta limitación se han relativizado con la Ley de APPs.

·         Denuncia generalizada de los APPRIs[1] y frecuentes declaraciones al más alto nivel de que Ecuador no tiene intención de someterse a las decisiones de los tribunales de arbitraje internacionales. Perduran también  en la memoria de los inversores, las expropiaciones de la primera época del periodo de Correa y el no reconocimiento de las sentencias de indemnización emitidas por tribunales internacionales

·         Inestabilidad del marco jurídico, falta de seguridad jurídica. Cambios continuos de normas (fundamentalmente en materia tributaria) y de criterios en la interpretación y aplicación de la Ley, y escasa confianza el sistema judicial que se percibe como excesivamente dependiente del poder ejecutivo.

·         Política muy estricta y exigente con los inversores extranjeros en materia fiscal

·         Prácticas discriminatorias contra las empresas extranjeras en las licitaciones y compras públicas (situación susceptible de mejora con la entrada en vigor del acuerdo Comercial con la UE, en el que no obstante, Ecuador mantiene algunas reservas para pymes locales).



[1] El de España fue denunciado junto con los de otros 15 países el 19 de mayo de 2017.

 

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  • Movilidad Internacional
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