Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

El marco jurídico que contempla la realización de negocios en Irán no está claramente definido, por lo que resulta conveniente contar con un socio local y asesor jurídico para abordar con éxito cualquier plan de inversión.

La forma de inscribir una empresa en Irán es similar a la española, pero la tramitación se lleva a cabo en el idioma farsi y requiere un tiempo superior.

Es aconsejable que todos los acuerdos de negocios se plasmen por escrito, contando con la firma de las partes involucradas.

 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

El organismo estatal de apoyo a la inversión extranjera es la OIETAI (Organization for Investment, Economical and Technical Assistance of Iran). Esta organización depende del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dirección: 15th of Khordad Sq., Opposite the Justice Palace, Next to Bank Melli, Shahid Ebrahimi Bldg, Teherán, Irán.

Teléfono: 0098 21 3396 7075

Fax: 0098 21 3396 7075

Web: www.investiniran.ir

E-mail: info@investiniran.ir

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

Organismos estatales de apoyo a la inversión

Organismo Datos de contacto
OIETAI (Organization for Investment, Economical and Technical Assistance of Iran). 15th of Khordad Sq., Opposite the Justice Palace, Next to Bank Melli, Shahid Ebrahimi Bldg, Teherán, Irán.

Tel: 0098 21 3396 7075
Fax: 0098 21 3396 7075
Web: www.investiniran.ir

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Detalle del APPRI con España

Los APPRI son tratados bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado Parte en el territorio del otro Estado Parte.

Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior.

La noción de riesgo político es un elemento clave para el inversor, en particular en aquellos sectores que requieren la realización de importantes inversiones. Suscritos principalmente con países no OCDE, su objetivo es precisamente minimizar los riesgos políticos y proporcionar una mayor seguridad jurídica al inversor mediante el reconocimiento, por los dos países signatarios, de determinadas obligaciones y garantías a las inversiones efectuadas en ambos sentidos. La cobertura de protección otorgada por los APPRI se aplica a la fase del post-establecimiento de la inversión, una vez que la misma se ha realizado de conformidad con la legislación del país receptor.

Los APPRI constituyen, junto con otras medidas de índole financiero y fiscal, un instrumento básico de la acción institucional de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo en el contexto de los planes de apoyo a la internacionalización de la empresa española.

CONTENIDO

Definidos el ámbito de aplicación material (definición de inversión) y personal (definición de inversor), se recogen los estándares obligatorios de tratamiento y protección que ambos Estados deberán cumplir respecto a las inversiones realizadas en su territorio por los inversores del otro Estado. Las disposiciones y cláusulas habitualmente contenidas en un APPRI son:

  • tratamiento justo y equitativo de conformidad con el derecho internacional
  • plena protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias
  • no discriminación: tratamiento nacional (TN) y de nación más favorecida (NMF). En términos generales, con la excepción de los privilegios concedidos a terceros a través de procesos de integración económica regional, de los convenios para evitar la doble imposición y de la legislación fiscal interna, la inversión española recibirá un trato no menos favorable que la del inversor local o que la de los inversores de un tercer país
  • las medidas de expropiación, nacionalización u otras, cuyos efectos sean similares a la expropiación, sólo podrán adoptarse de manera no discriminatoria, por razones de interés público y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva
  • TN y NMF respecto a cualesquiera compensaciones por pérdidas en la inversión debidas a guerra, revolución o conflictos similares
  • derecho a la libre transferencia del capital, beneficios y de otros pagos relacionados con la inversión
  • cumplimiento de obligaciones contractuales contraidas con el inversor por el Estado receptor de la inversión
  • mecanismos para resolver, mediante arbitraje internacional, las posibles controversias que pudieran surgir:

- entre los dos Estados Parte en un APPRI sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo y

- entre el inversor y el Estado receptor de la inversión respecto al incumplimiento por parte de este último de las obligaciones contenidas en el Acuerdo. Dos suelen ser las opciones de arbitraje internacional ofrecidas al inversor:

- la ad hoc, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (http://www.uncitral.org), y

- la institucional, siendo dos, asimismo, las posibles modalidades arbitrales incluidas en la mayoría de los acuerdos, la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) (http://www.iccwbo.org) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington (CIADI) (http://www.worldbank.org/icsid).

DURACIÓN Y TERMINACIÓN

En los APPRI firmados por España, la formula comúnmente utilizada es prever que, después del intercambio de notificaciones entre ambos Estados comunicándose la ratificación del Acuerdo, éste entre en vigor y se mantenga vigente por un período inicial de diez años, generalmente renovable por períodos consecutivos de dos años a menos que sea denunciado por cualquiera de los dos Estados con un preaviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso.

Algunos APPRI se apartan de la formula de renovación antes mencionada y disponen que, transcurrido el periodo inicial de validez, el Acuerdo continuará en vigor indefinidamente a menos que se denuncie con un preaviso de seis meses.

Adicionalmente, todos los APPRI contienen una “cláusula de remanencia” por la que, durante los diez años posteriores a la denuncia del Acuerdo, sus disposiciones continuarán aplicándose a las inversiones que se hayan efectuado antes de la denuncia.

 

 

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Otros incentivos a la inversión

Otros incentivos a la Inversión pueden ser decretados por las Administración Central o local de Irán, pero no responden a un planteamiento sistematizado y perdurable.

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Zonas francas y ZEE

Irán cuenta con dos tipos de zonas que promueven la ayuda a la inversión: Las Zonas de Libre Comercio (ZLC) y las Zonas Económicas Especiales (ZEE). De acuerdo con su definición legal, las ZLC y las ZEE son aquellas partes del territorio iraní que están reguladas por unas leyes especiales en lugar de por las leyes generales del país. Estas zonas se excluyen del dominio de las autoridades aduaneras y disfrutan de libertad de entrada y salida de mercancías. Se encuentran en zonas geográficas estratégicas y poseen unas infraestructuras adecuadas que, junto a los incentivos que se ofrecen, tratan de atraer inversión extranjera.

La diferencia básica es que las ZLC tienen su propio régimen legal mientras que las ZEE están sujetas a las leyes del territorio continental iraní, suavizadas por una serie de incentivos y excepciones a las normas generales. Las ZLC son independientes y no aplican el régimen legal general del país. Sus principales reclamos son las buenas infraestructuras, una administración rápida y poco burocratizada y una regulación estable muy favorable, aunque algunas de estas características deben todavía mejorar para competir con otras zonas francas cercanas.

Estas zonas nacieron a imitación de otras zonas de libre comercio que se habían establecido con éxito en la región, como la de Jebel Ali, en Dubai, las cuales actúan como un centro de exportación y re-exportación además de cómo una forma de atraer inversión extranjera. Con estas medidas se trató de resolver dos de los mayores problemas de la economía iraní: la diversificación de exportaciones más allá del petróleo y gas, y la atracción de inversión extranjera directa. Pero la realidad es que estas zonas no han cumplido los objetivos propuestos y se han convertido principalmente en centros de importación de productos de consumo a Irán. 

ZONAS DE LIBRE COMERCIO

Estas zonas presentan como incentivos a la inversión:

  • Vacaciones fiscales de 30 años en todos los impuestos aplicables.
  • No se aplican límites al porcentaje de participación extranjera a la hora de crear una joint venture: dentro del “mainland”, estas actividades se regulan por la ley de inversiones extranjeras (FIPPA), cuya aplicación es más restrictiva en lo que se refiere a la participación de socios extranjeros en las sociedades iraníes. En las ZLC no es necesaria ninguna participación local, pudiendo crearse empresas con propiedad 100% extranjera, lo que es teóricamente posible en el marco de la FIPPA, aunque la aplicación práctica de la ley lo haya impedido en la mayoría de los casos.
  • Las inversiones extranjeras están garantizadas. En caso de nacionalización, cada una de las Autoridades de las ZLC deberá pagar una compensación. También previsto en la FIPPA (Art. 9).
  • Libre repatriación de capital y beneficios, también previsto en la FIPPA (capítulo 5). Las empresas constituidas en las ZLC pueden constituir sucursales en territorio iraní bajo el mismo régimen que una empresa local.

 

Las Zonas de Libre Comercio en Irán son: 

  • Isla de Kish: La Isla de Kish es la ZLC más conocida y desarrollada de Irán. Se encuentra en el Golfo Pérsico, cuenta con una superficie de 91 kilómetros cuadrados y está separada del “mainland” por 18 kilómetros. Las facilidades e infraestructuras de esta zona son las más desarrolladas de todas las ZLC de Irán, siendo la zona que mayor inversión ha atraído desde su creación, fundamentalmente centrada en el turismo. Debido al atractivo del sector del petróleo y sus derivados en el Golfo Pérsico, se está potenciando esta isla como un centro logístico para dicha industria.
  • Isla de Qeshm: La Isla de Qeshm se sitúa como la segunda ZLC de Irán en desarrollo y actividad. Situada dentro del Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, se encuentra muy próxima (2 kilómetros) a las cosas del “mainland” iraní y a 20 kilómetros de Bandar Abbas, el principal puerto de Irán en el Golfo Pérsico. Se promocionan en esta isla todo tipo de industrias, ya sean contaminantes o no, y de cualquier tamaño, aunque con preferencia por aquellas relacionadas con el sector petrolífero y sus derivados, industrias marinas e industrias pesqueras. Los principales proyectos pertenecen a sectores como la industria química, electrónica y maquinaria.
  • Chabahar: se presenta como la ZLC más oriental de Irán, situada en el Mar de Omán, cerca de la frontera con Pakistán. Cubre un área de 140 kilómetros cuadrados. Debido a su situación, esta zona podría ser interesante como zona de re-exportación a Afganistán y las ex -repúblicas rusas, siendo un punto intermedio entre India y el Golfo Pérsico. De hecho, en Chabahar se comercializa preferentemente entre empresas indias y existen diversas iniciativas para que el gobierno indio participe en el desarrollo de sus infraestructuras.
  • Arvand: Anteriormente era una ZEE. Se encuentra aún en una fase muy temprana de desarrollo y cubre dos grandes ciudades industriales como son Abadan (donde se encuentra una de las grandes refinerías de Irán) y Khoramshahr. Se encuentra en el Golfo Pérsico, cerca de la frontera de Irak y cerca también de Kuwait, por lo que los mercados objetivo de esta zona son los países del Golfo Pérsico, como Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes.
  • Aras: La ZLC de Aras se encuentra en la frontera de Irán con Azerbaiján, en el noroeste de Irán. Una distancia de 110 kilómetros la separan de Tabriz, la capital de región más cercana. Las principales prioridades de inversión en esta ZLC se centran en la agricultura, minería, automoción e industrias textiles. Ofrece escasas facilidades.
  • Anzali: La última de las ZLC de Irán fue establecida en el puerto de Anzali, el más importante de Irán situado en el Mar Caspio. El potencial de esta zona se dirige hacia los mercados de Asia Central, fundamentalmente los países costeros del Mar Caspio, principalmente Rusia, Turkmenistán, Kazajstán y Azerbaiyán. No existe ningún proyecto reseñable realizado por empresas extranjeras y las facilidades que ofrece son escasas, a excepción del puerto.

 

 

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

A pesar de que existe un marco regulatorio, no existe, sin embargo, una legislación específica de las ZEE, por lo que cada una ofrece unas condiciones muy parecidas pero no similares, siempre dentro de este marco. A continuación se desglosan los principales incentivos de las ZEE:

  • Vacaciones fiscales de entre 4 a 12 años en el Impuesto sobre Sociedades.
  • Libre repatriación de capital y beneficios.
  • Todos los productos y mercancías importados están exentos de cualquier tipo de aranceles o cargas aduaneras, de la misma manera que en las ZLC.
  • Libre re-exportación de productos a terceros países. Las mercancías y productos fabricados en estas Zonas están exentas del pago de derechos aduaneros en la proporción equivalente al valor añadido en ellas cuando sean exportadas al territorio iraní.

 

Las Zonas económicas especiales en Irán son:

  • Pars Special Economic Energy Zone: Establecida en 1998, cuenta con un total de 10.000 hectáreas de terreno y su misión principal gira en torno a la explotación del yacimiento de gas más grande del mundo (8% del gas total mundial), el South Pars, compartido con Qatar. De esta manera, todas las actividades de esta zona pertenecen a los sectores de petróleo, gas y petroquímica.
  • Petrochemical Special Economic Zone (petzone): Esta es otra de las ZEE con más actividad dentro del país, enfocada principalmente hacia el sector petroquímico. Situada en el sur de Irán, en  uno de los principales puertos del país en el Golfo Pérsico, Bandar Imam Khomeini.
  • Sirjan Special Economic Zone: Fundada En 1993, la ZEE de Sirjan es uno de los focos de industrialización más importantes de la provincia de Kermán. Posee cerca de 1.400 metros cuadrados que recogen en la actualidad cerca de 140 actividades productivas. Ésta ha sido una de las ZEE que más crecimiento ha experimentado desde su creación en todo el país, aparte de las dos zonas comentadas anteriormente. A diferencia de las anteriores, en esta zona se realizan actividades de muy diversos sectores.
  • Sarakhs Special Economic Zone: Se encuentra a 165 kilómetros de Mashhad, justo en la frontera con Turkmenistán, y fue establecida con motivo de la construcción de la línea ferroviaria de Mashhad-Sarakhs-Tajan, que une ambos países.
  • Salafchegan Special Economic Zone: Es una de las ZEE más cercanas a Teherán, a unos 180 kilómetros de distancia, cerca de la ciudad de Qom, hecho que le otorga una importancia especial. La principal ventaja de esta zona es que está adecuadamente conectada con las principales rutas terrestres de transporte de mercancías y la mayoría de las principales zonas industriales de Irán (Teherán, Karaj, Arak, Sabe, Qom e Ispahán) se encuentran en un radio de 250 kilómetros.
  • Yazd Economic Textile Zone: Situada en la ciudad de Yazd, a 700 kilómetros de Teherán, cubre un área de 570 hectáreas. Es una de las ZEE especializadas en un sector concreto, como es el de los textiles.
  • Isoico Special Economic Zone: Esta es una zona regida por la compañía estatal de fabricación y reparación de buques denominada ISOICO (Iran Shipbuilding & Offshore Industries Complex), que es una filial del Ministerio de Industria y Minas. Situada en el puerto de Bandar Abbas, posee 120.000 metros cuadrados y da empleo a unas 2.500 personas.

 

CONCLUSIONES

  • La FIPPA mejora claramente a su antecedente de 1995: se reducen las restricciones y aumentan las garantías. Los reglamentos posteriores de desarrollo van en la línea de fomentar la inversión extranjera en Irán.
  • La inversión extranjera en Irán continúa estando altamente regulada y la autoridad económica mantiene un elevado grado de discrecionalidad en su tratamiento.
  • Existen grandes incertidumbres sobre la agilidad con que las distintas instituciones relacionadas con la inversión extranjera van a otorgar los múltiples permisos necesarios para que éstos se establezcan en el país y desarrollen actividades económicas.
  • El mecanismo de aprobación de inversiones parece un tanto contradictorio, en el sentido en que requiere fijar a priori compromisos o parámetros que, sólo cuando la inversión se realiza, pueden conocerse con una mínima certeza.
  • La normativa contiene aún muchos puntos oscuros, en particular sobre las grandes operaciones con esquemas BOT y similares.
  • No se hace referencia a ningún marco específico en el que el inversor pueda ejercer el derecho a recurso por vía administrativa. La FIPPA establece que las disputas deberán resolverse en los tribunales iraníes, salvo que el APPRI (acuerdo bilateral de protección reciproca de inversiones) establezca otra cosa. En el caso de España, el artículo 11 del APPRI establece la posibilidad de recurso a la Cámara de Comercio Internacional, ó al Centro Internacional de Arreglo de  diferencias, en virtud del Convenio de Washington de 1965 – si ambas partes pertenecen al mismo – a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de Naciones Unidas.
  • Aunque no viene impuesta por la FIPPA, la intervención de un socio local es prácticamente imprescindible. Aparte de la complejidad de los trámites y negociaciones impuestas por la Ley que se desarrollan en farsi, las autoridades esperan que las inversiones se produzcan en régimen de Joint-Venture y no a través de inversiones con participación 100% extranjera.
  • En general, la normativa parece reflejar una desconfianza todavía muy extendida hacia el inversor extranjero y un cierto temor de que su establecimiento en Irán comprometa la supervivencia de una industria local poco competitiva.

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

El Gobierno iraní está obligado a utilizar el procedimiento de concurso público para toda adquisición o proyecto que supere el millón de Dólares. Las normas que regulan las compras públicas en Irán discriminan en contra de los contratistas, consultores de ingeniería y suministradores extranjeros y están lejos de cumplir con los principios generales de transparencia y no discriminación que guían el acuerdo plurilateral de Public Procurement de la OMC.
 
Las normas básicas que regulan la contratación pública están contenidas en la Ley de Maximización de las Capacidades Tecnológicas y Productivas de Irán (Ley MAX) del 23/4/97 y sus normas de desarrollo, y en el Reglamento de Asignación de Contratos publicado en fecha 13/3/03.
 
La Ley MAX está referida a las adjudicaciones de contratos realizadas por las empresas estatales (mencionadas en las leyes como adscritas a instituciones oficiales o departamentos ministeriales) o públicas (que perteneces mayoritariamente al Gobierno o a las empresas estatales).
 
La Ley persigue expresamente la maximización del contenido local de todos los contratos públicos y en esencia, dispone lo siguiente:
  • Sólo las empresas iraníes o las sociedades mixtas creadas por empresas iraníes y empresas extranjeras serán elegibles como adjudicatarias de cualquier proyecto a realizar por todas las instituciones, organismos o empresas del sector público iraní.
  • Al menos el 51% de las acciones del adjudicatario deben ser propiedad de empresas locales.
  • Al menos el 51% del valor total del contrato debe ser ejecutado por empresas locales.
  • Cuando por razones técnicas o de capacidad productiva local, no sea posible cumplir con el porcentaje anterior, el proyecto deberá ser aprobado por el Consejo Supremo de Economía (High Economic Council).
  • En la evaluación de las ofertas se aplica un margen de preferencia del 20% para el componente local de la oferta.
  • Se establece una penalización (10% de los incumplimientos) para aquellos adjudicatarios que no cumplen con sus compromisos de fabricación local.
El Reglamento de Asignación de Contratos, está exclusivamente referido a los contratos públicos. Fija los procedimientos de convocatoria y adjudicación de estos contratos. Impone al convocante la obligación de contratar a un consultor – que prestará asesoría técnica a lo largo de todo el proceso de adjudicación- y trata de asegurar una mínima competencia en los procesos de adjudicación por lista corta.
 
Un efecto muy concreto de esta legislación es la introducción de fuertes incentivos para la constitución en Irán de sociedades mixtas que produzcan los equipos necesarios para la ejecución de contratos públicos. Al aumentar el contenido local de los proyectos y beneficiarse de los márgenes de preferencia establecidos, los equipos y accesorios producidos por esas sociedades tienen muchas mayores posibilidades de venta. Por este motivo, los suministradores extranjeros deben estar preparados para recibir frecuentes propuestas de realizar en Irán una cierta proporción de las actividades necesarias para la fabricación de sus productos.
 
En la práctica, este impulso hacia la maximización del componente local en la ejecución de proyectos públicos – es decir, de la casi totalidad de los proyectos de cierta envergadura en Irán- ha venido acompañado por una marcada preferencia hacia contratistas, o ingenierías, también públicos, a menudo vinculados al cliente final. Los adjudicatarios locales, además de asegurar hasta donde sean posibles las compras de equipos producidos localmente, subcontratan después a ingenierías internacionales los trabajos de ingeniería que están técnicamente incapacitadas para llevar a cabo. En casi todos los casos, la construcción es realizada por una empresa local. Obviamente, los márgenes de beneficio de las ingenierías extranjeras se ven muy reducidos por este esquema de participación como meros subcontratistas.
 
En cualquier caso, la complejidad técnica y los requerimientos financieros de las grandes plantas industriales, en particular las petroquímicas y otras instalaciones auxiliares del sector energético, exigen la participación de empresas internacionales de primer nivel con un alto grado de compromiso. Las modalidades de contratación de esos grandes proyectos han ido adaptándose a esta realidad.
 
Originalmente, el sistema de contratación era EP+C (Engineering, Procurement, Construction). Los proyectos se dividían en dos contratos: la primera parte – es decir, el EP, ingeniería y adquisición y suministro de equipos- era asumido por un consorcio o empresa mixta formada por contratistas extranjeros e ingenierías locales, mientras que la construcción era objeto de un contrato aparte entre el cliente y una constructora local. Los socios extranjeros eran usualmente quienes asumían los trabajos más complejos y su contribución en la captación de financiación era más importante. Las actividades de recepción y puesta en marcha (commissioning) eran realizadas por el cliente, con asistencia del contratista EP.
 
El sistema tenía un fuerte componente de apoyo al desarrollo de capacidades locales en todos los ámbitos del proyecto y, de hecho, ha dado lugar a la aparición de un tejido relativamente importante de contratistas, ingenierías y empresas constructoras iraníes, en un contexto de intensa actividad; en el sector petroquímico el volumen de proyectos realizados desde 2000 ha sido muy importante, absorbiendo cada año inversiones cerca de US$ 2.000 millones.
 
Los principales problemas aparecieron en el aseguramiento de la financiación para las porciones locales de los contratos, en la coordinación de actividades entre los distintos partícipes, en la insuficiente definición del mandato y las responsabilidades de los Project Management Consultants (PMC) designados por los clientes y en la falta de capacidad y experiencia del staff del cliente, que se ponía especialmente de manifiesto en la fase de puesta en marcha.
 
La experiencia ha demostrado también que los socios internacionales se veían con frecuencia obligados a asumir trabajos que en principio y según los acuerdos del consorcio correspondía al socio local. En otros casos, cuando el liderazgo del consorcio era asumido por empresas internacionales, el cliente imponía directamente al consorcio la presencia de consultoras locales.
 
Posteriormente, fue imponiéndose un sistema más puro de adjudicación “llave en mano” a consorcios con participación de empresas internacionales, que asumen la realización todos los componentes de EPC; a cambio de un mayor control del proyecto, las empresas extranjeras deben asumir el 100% de la responsabilidad del proyecto (joint and severed liability) y captar el 100% de su financiación, incluida la construcción.
 
En la actualidad viene reforzándose la tendencia a designar a compañías locales como contratistas principales, algo que no es siempre compatible con las exigencias tecnológicas de los proyectos y los volúmenes de financiación requeridos. Por ello luego se abren buenas oportunidades de negocio para empresas extranjeras a través de la subcontratación o suministro directo a las empresas locales ganadoras de las licitaciones.
 
En todos estos esquemas de contratación, los grandes proyectos industriales – en particular en los sectores de petróleo, gas y petroquímica- pueden ser liderados por tres tipos de clientes, que serán los que contraten el suministro de los accesorios y equipos necesarios:
 
-        Grandes empresas públicas iraníes, ya sean las que operan como cabeceras en cada sector o sus principales afiliadas
-        Grandes contratistas e ingenierías internacionales, y
-        En menor medida, contratistas o consultoras locales, públicas o privadas.
 
Las empresas públicas son tal vez los clientes más importantes, sobre todo en el sector energético. Es indispensable registrar los productos a exportar en los Departamentos de Compras de estas empresas, o en las filiales que cumplen dichas funciones. También resulta muy conveniente darse a conocer entre las consultoras locales, públicas y privadas, que tienen cierta influencia en la inclusión de fabricantes extranjeros en la lista final de proveedores aceptados por los grandes clientes públicos para cada proyecto.
 
Actualmente, siempre el grupo ganador en las licitaciones es un consorcio formado por empresas nacionales, que después de la adjudicación, busca a la ingeniería extranjera, para ser asesorado y poder completar el proyecto.

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Régimen de inversiones

Las normas aplicables a la inversión extranjera en Irán son la ley de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera (FIPPA), de 2 de junio 2002, y el reglamento de aplicación, publicado el 15 de octubre de 2002, así como algunos reglamentos posteriores. La FIPPA mejora claramente a su antecedente de 1995: se reducen las restricciones y aumentan las garantías. Los reglamentos posteriores de desarrollo van en la línea de fomentar la inversión extranjera en Irán.
 
Los APPRI son tratados bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado Parte en el territorio del otro Estado Parte. Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión, que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior.
 
En la Web corporativa de Oficinas Comerciales puede consultarse la detallada guía sobre el marco regulatorio iraní para los inversores extranjeros, actualizada para 2015, que lleva el título de Guía de Organismos de apoyo a la inversión en Irán.
 
La noción de riesgo político es un elemento clave para el inversor, en particular en aquellos sectores que requieren la realización de importantes inversiones. Suscritos principalmente con países no OCDE, su objetivo es precisamente minimizar los riesgos políticos y proporcionar una mayor seguridad jurídica al inversor mediante el reconocimiento, por los dos países signatarios, de determinadas obligaciones y garantías a las inversiones efectuadas en ambos sentidos. La cobertura de protección otorgada por los APPRI se aplica a la fase del post-establecimiento de la inversión, una vez que la misma se ha realizado de conformidad con la legislación del país receptor.
 
Los APPRI constituyen, junto con otras medidas de índole financiera y fiscal, un instrumento básico de la acción institucional de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo en el contexto de los planes de apoyo a la internacionalización de la empresa española.
Definidos el ámbito de aplicación material (definición de inversión) y personal (definición de inversor), se recogen los estándares obligatorios de tratamiento y protección que ambos Estados deberán cumplir respecto a las inversiones realizadas en su territorio por los inversores del otro Estado. Las disposiciones y cláusulas habitualmente contenidas en un APPRI son:
  • tratamiento justo y equitativo de conformidad con el derecho internacional;
  • plena protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias;
  • no discriminación: tratamiento nacional (TN) y de nación más favorecida (NMF). En términos generales, con la excepción de los privilegios concedidos a terceros a través de procesos de integración económica regional, de los convenios para evitar la doble imposición y de la legislación fiscal interna, la inversión española recibirá un trato no menos favorable que la del inversor local o que la de los inversores de un tercer país;
  • las medidas de expropiación, nacionalización u otras, cuyos efectos sean similares a la expropiación, sólo podrán adoptarse de manera no discriminatoria, por razones de interés público y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva;
  • TN y NMF respecto a cualesquiera compensaciones por pérdidas en la inversión, debidas a guerra, revolución o conflictos similares;
  • derecho a la libre transferencia del capital, beneficios y de otros pagos relacionados con la inversión;
  • cumplimiento de obligaciones contractuales contraídas con el inversor por el Estado receptor de la inversión;
  • mecanismos para resolver, mediante arbitraje internacional, las posibles controversias que pudieran surgir:
-         entre los dos Estados Parte en un APPRI sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo; y
-         entre el inversor y el Estado receptor de la inversión respecto al incumplimiento por parte de este último de las obligaciones contenidas en el Acuerdo.
Dos suelen ser las opciones de arbitraje internacional ofrecidas al inversor:
-         la ad hoc, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (http://www.uncitral.org), y
-         la institucional, siendo dos, asimismo, las posibles modalidades arbitrales incluidas en la mayoría de los acuerdos, la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) (http://www.iccwbo.org) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington (CIADI) (http://www.worldbank.org/icsid).
En los APPRI firmados por España, la formula comúnmente utilizada es prever que, después del intercambio de notificaciones entre ambos Estados comunicándose la ratificación del Acuerdo, éste entre en vigor y se mantenga vigente por un período inicial de diez años, generalmente renovable por períodos consecutivos de dos años, a menos que sea denunciado por cualquiera de los dos Estados con un preaviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso.
 
Algunos APPRI se apartan de la fórmula de renovación antes mencionada y disponen que, transcurrido el periodo inicial de validez, el Acuerdo continuará en vigor indefinidamente a menos que se denuncie con un preaviso de seis meses.
 
Adicionalmente, todos los APPRI contienen una “cláusula de remanencia” por la que, durante los diez años posteriores a la denuncia del Acuerdo, sus disposiciones continuarán aplicándose a las inversiones que se hayan efectuado antes de la denuncia. 
 
Irán y España firmaron un Convenio de Doble Imposición  (CDI) el 19 de julio de 2003, entrando en vigor en febrero de 2006.
 
La red de acuerdos de Evitación de Doble Imposición firmados por Irán es incompleta y no obedece a un esquema claro. Irán tiene en vigor acuerdos de este tipo con una quincena de países, entre ellos Alemania, Francia, Austria, Turquía y Rusia.
 
El Convenio de Doble Imposición (CDI) entre Irán y España comprende los siguientes impuestos:
En el caso de España:
  • Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas;
  • Impuesto sobre Sociedades;
  • Impuesto sobre la Renta de No Residentes;
  • Impuesto sobre el Patrimonio;
  • Los impuestos locales sobre la renta  y sobre el patrimonio.
En el caso de Irán:
  • Impuestos directos sobre los ingresos (incluye personas físicas y sociedades);
  • Impuestos indirectos, excluido el impuesto de sucesiones.
Además hay que añadir que el CDI se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes de Irán y España (los Estados Contratantes) deben comunicarse mutuamente, dentro de un plazo razonable, las modificaciones relevantes que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.
 
La mayoría de las legislaciones tributarias de los países de la OCDE disponen que cualquier operación entre entidades vinculadas sea valorada, a efectos tributarios, conforme a precios de mercado. Sin embargo, los “Precios de Transferencia entre empresas vinculadas” no están regulados por la legislación iraní ni tampoco se contemplan en el CDI.
 
A los efectos del CDI, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa de un Estado Contratante realiza la totalidad o una parte de su actividad en el otro Estado Contratante. La expresión “establecimiento permanente” comprenderá, en particular:
  • las sedes de dirección;
  • las sucursales;
  • las oficinas;
  • las fábricas;
  • los talleres, y
  • las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de prospección, explotación o extracción de recursos naturales.
Hay una serie de normas sobre la tributación de sociedades aplicables a las empresas extranjeras que no se mencionan en el CDI y, por tanto, continúan vigentes:
  • Matrices y sucursales: A efectos fiscales, son la misma cosa. La existencia o no de una sucursal no afectará a la carga fiscal soportada por la empresa extranjera. La disquisición sobre la existencia o no de un establecimiento permanente es irrelevante en la legislación iraní.
  • Consorcios y Uniones Temporales de Empresas: No tienen status legal en Irán. La tributación de sus integrantes se determina de forma independiente, en función de su residencia y su participación en los beneficios del proyecto.
  • Sucursales y Oficinas de Representación: La actual normativa relativa a transferencias a Sucursales u Oficinas de Representación señala que cuando estas Oficinas se dedican a labores de marketing y recopilación de información y no realizan actividades de lucro – es decir, no perciben comisiones por su trabajo – las transferencias que reciben de sus matrices para cubrir sus gastos operativos en Irán están exentas de tributación.
  • Impuesto de Sociedades: La normativa iraní actual sobre el Impuesto de Sociedades (reformada la nueva Ley de Imposición Directa que entró en vigor el 21 de marzo de 2002) no incluye ninguna disposición específica relativa a la tributación de no residentes.
  • Residencia: El CDI trata de clarificar el concepto de residente en un Estado Contratante (Irán o España). Se entiende por residente toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su residencia, domicilio, sede de dirección efectiva o cualquier otro criterio de naturaleza análoga incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.
  • Cánones: El término “cánones” o regalías se refiere a las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y las películas, cintas o cualquier otro medio de reproducción de la imagen o del sonido, patentes, marcas, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
Régimen actual: los ingresos percibidos por personas físicas o jurídicas extranjeras en concepto de royalties, cánones de uso (marcas, tecnología, etc.) y derechos audiovisuales cedidos en Irán estarán sujetos a tributación a un tipo del 12%. La base imponible se estima, dependiendo del caso, entre el 20 y el 40% del monto de los ingresos percibidos, lo que al tipo general implica un tipo efectivo entre el 5 y el 10%.
Régimen establecido en el CDI. Los cánones o regalías procedentes de Irán cuyo beneficiario efectivo sea un residente en España podrán someterse a imposición en nuestro país. Y a la inversa si los cánones proceden de España y el beneficiario es un residente en Irán.
 
Dichos cánones o regalías podrán también someterse a imposición en el Estado Contratante (España o Irán) del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el perceptor es el beneficiario efectivo de los cánones o regalías el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los cánones o regalías.
 
Sin embargo, el CDI introduce una cautela general, utilizada también en la tributación por otros conceptos, para evitar la elusión de la tributación que correspondería cuando existe un establecimiento permanente. En virtud de ella, lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no se aplicará si el beneficiario efectivo de los cánones o regalías residente de un Estado Contratante realiza en el otro Estado Contratante del que proceden los cánones o regalías, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en el mismo, o presta servicios personales independientes en ese otro Estado Contratante por medio de una base fija y el derecho o bien por el que se pagan los cánones o regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso se aplicaría, según proceda, lo dispuesto sobre “beneficios empresariales” o sobre “servicios personales independientes”, según se menciona más adelante.
  • Dividendos: A efectos del CDI, el término “dividendos” significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado del que sea residente la sociedad que los distribuya.
Régimen actual: El actual Impuesto de Sociedades vigente en Irán establece un tipo impositivo fijo del 25%, aplicable, indistintamente, a empresas iraníes y extranjeras implantadas en el país, incluidas las sucursales. El tipo impositivo del 25% constituye el único gravamen sobre el beneficio, distribuido o no, de las sociedades; los dividendos percibidos por los accionistas quedan exentos de cualquier carga adicional.
 
Régimen del CDI: los dividendos pagados por una sociedad residente en Irán o España a un residente del otro Estado Contratante (respectivamente España o Irán) podrán someterse a imposición en ese otro Estado.
 
Dichos dividendos podrán someterse también a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos según la legislación de ese Estado;  en este caso, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
 
a)      5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las sociedades de personas) que posea directamente al menos el 20% del capital de la sociedad que paga los dividendos;
b)      10% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. Lo dispuesto en este apartado no afectará a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos.
 
De nuevo se introduce la cautela general frente a establecimientos permanentes: estas disposiciones no serán aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí o presta en ese otro Estado Contratante servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí  y la participación por la que se pagan los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso serán aplicables (al igual que ocurría en el apartado referido a los cánones) las disposiciones apuntadas en el presente escrito sobre “beneficios empresariales” o sobre “servicios personales independientes”.
 
Asimismo, hay que indicar que cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado Contratante o la participación por la que se paguen los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro Estado Contratante.
 
Tampoco podrá, el Estado Contratante del que provengan las rentas, someter a impuesto los beneficios no distribuidos de la sociedad aunque los dividendos pagados o los impuestos no distribuidos consistan total o parcialmente en beneficios o rentas generados en ese otro Estado Contratante.
  • Beneficios empresariales: Según el CDI los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solo serán sometidos a imposición en el otro Estado a no ser que dicha empresa realice su actividad en este otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado en él.
En caso de que efectivamente la empresa realice su actividad de dicha manera sus beneficios pueden someterse a imposición en el Estado en que el establecimiento permanente se encuentre situado, si bien sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente. En este supuesto, la legislación fiscal aplicable será la del Estado donde se encuentre situado el establecimiento permanente
En la determinación del beneficio del establecimiento permanente se pueden deducir los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente (se incluyen los gastos de dirección y los gastos generales de administración).
No se atribuyen beneficios a un establecimiento permanente por razón de la simple compra por ese establecimiento de bienes o mercancías para la empresa. Además los beneficios imputables al establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método (salvo que existiesen motivos válidos para adoptar otra forma).
  • Servicios personales dependientes: 
Régimen actual: Los trabajadores no iraníes están sujetos a tributación por las rentas percibidas en Irán. La determinación de la base imponible se realiza por estimación de la autoridad fiscal. 
Las normas tributarias no especifican el período mínimo que un trabajador extranjero debe permanecer en Irán para estar sujeto a tributación por rentas de trabajo. Esta indefinición plantea dificultades para identificar las obligaciones fiscales de empleados extranjeros que se desplazan a Irán para realizar labores de instalación o montaje en proyectos realizados por empresas extranjeras, o incluso de consultores por cuenta propia con estancias en Irán de corta duración. La interpretación de la autoridad fiscal resulta muy casuística. Usualmente, el tratamiento se define en función del tipo de visado obtenido y su duración. Visados de trabajo de duración superior a tres meses conllevan por lo general la obligación de tributar en Irán por rendimientos de trabajo sobre los salarios mensuales preestablecidos para los directivos o empleados extranjeros  fijados en tablas de manera uniforme.
 
Régimen del CDI: Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo sólo podrán someterse a imposición en el otro Estado cuando el empleo se ejerza en este otro Estado Contratante.
 
Este sometimiento a tributación tiene unos límites concretos: no se gravarán en  Irán las rentas obtenidas por un no residente español (o viceversa) que esté realizando una actividad remunerada cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:
 
a)      El perceptor de la renta no residente permanezca en Irán durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado.
b)      Las remuneraciones se paguen por, o en nombre de, un empleador que no sea residente de Irán ni tenga en Irán un establecimiento permanente o base fija que soporte esas remuneraciones.
  • Servicios personales independientes:Se consideran “servicios profesionales” en el CDI las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o docente, así como las actividades independientes de médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, odontólogos y contables.
El CDI establece que las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente a personas o empresas del otro
 
Estado sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado cuando el prestador del servicio disponga de manera habitual de un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante para realizar sus actividades. Si dispone de establecimiento permanente las rentas podrán someterse a imposición en el otro Estado Contratante, pero sólo en la medida en que sean imputables a dicho establecimiento. 
Los cambios más significativos que el CDI introduce con respecto a la legislación fiscal iraní son los siguientes:
  • El Convenio clarifica determinados términos que en la legislación iraní actual eran confusos o poco precisos tales como establecimiento permanente, canon, dividendo, beneficios empresariales, residente, no residente, prestación de servicios dependientes, prestación de servicios independientes, etc.
  • Con respecto a los cánones podrán ser sometidos a imposición en el Estado del que procedan y limita el impuesto al 5% del importe bruto de los cánones si el perceptor es el beneficiario efectivo de los cánones.
  • Se establece un límite efectivo a la tributación por dividendos a satisfacer en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos. Si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto exigido no puede exceder del 5% o del 10% dependiendo si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea o no al menos el 20% del capital de la sociedad que paga los dividendos.
  • Limita la tributación por los trabajos realizados en Irán por residentes españoles por cuenta de una empresa española siempre que la estancia en Irán no supere los 183 días.
  • Exime de tributación a las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante en el otro Estado Contratante por los servicios personales independientes prestados si el mismo no dispone de un establecimiento permanente en el Estado donde obtuvo las rentas por dichos servicios.
 ASPECTOS DE LAS INVERSIONES EN IRÁN
 
 
La economía iraní está muy regulada, lo que resulta en ocasiones un desincentivo para el inversor extranjero. La economía iraní está muy intervenida y el elevado número de permisos, autorizaciones y controles necesarios para emprender cualquier actividad económica configura un “clima de negocios” complejo para el desarrollo del sector privado, tanto local como extranjero. Precisamente estas circunstancias hacen recomendable contar con asistencia de expertos en el mercado a la hora de entrar en el mismo.
 
El peso de las empresas públicas es también muy importante – se estima en no menos de un 50% el PIB actualmente –   y las posiciones cuasi-monopolísticas de algunas de ellas son muy notorias. Hasta hace poco, la legislación no es sensible a estos problemas y la participación de empresas extranjeras en la economía del país quedaba sometida a un grado de control incluso más elevado que el que se aplica a los operadores locales.
 
Esfuerzo de coordinación interna en la Administración iraní. El actual régimen político de Irán se caracteriza por la existencia de múltiples centros de poder en el seno de las distintas instituciones del Estado. La FIPPA fue propuesta por el Ejecutivo, liderado por los sectores reformistas del Presidente Khatami. La Ley fue intensamente debatida en muy diversas instancias y se aprobó con algunas modificaciones. Es pues el resultado de un difícil compromiso entre muy diversos enfoques de la gestión adecuada para el país. En este sentido, es importante entender que el entramado institucional creado para gestionar las inversiones extranjeras constituyó un esfuerzo del gobierno de la época para implicar a todas las instituciones relacionadas con las regulaciones económicas que afectan a la actividad empresarial.
A continuación se comentan las disposiciones concretas que se aplican a la Inversión Extranjera en Irán:
 
ASPECTOS INSTITUCIONALES
 
Las normas especifican las competencias de dos organismos directamente relacionados con la Inversión Extranjera:
 
- Organization for Investment, Economical and Technical Assistance of Iran (OIETAI), dependiente Del Ministerio de Economía. Es competente en la promoción de inversiones. Es también la primera ventanilla para la presentación de solicitudes de inversión. Todos los organismos públicos relacionados con las ID (Ministerio de Trabajo, Banco Central, Aduanas, Registro de la Propiedad, Ministerios sectoriales, etc.) deben nombrar un representante plenamente autorizado ante OIETAI. Se definen a sí mismos, entre otras formas, como una “screening agency”, un primer filtro de las solicitudes de inversión. En la OIETAI hay que distinguir entre:
 
- Foreign Investment Board (FIB): Comité interministerial presidido por el Presidente de OIETAI, que es a la vez Viceministro de Economía. Todos sus miembros tienen rango de Viceministro. Además del Presidente, los otros tres miembros permanentes del FIB son el Viceministro de Asuntos Exteriores, el Vicegobernador del Banco Central de Irán y el Vicepresidente del Management & Planning Organisation (MPO). El FIB es, quien aprueba la concesión de la “Licencia de Inversor”. Desde que se presenta toda la documentación para la solicitud de la licencia, el FIB dispone de un mes para tomar la decisión.
- Center for Foreign Investment Services (CFIS): su función es de ventanilla única para los inversores extranjeros, “facilitando y acelerando el cumplimiento de las obligaciones legales de OIETAI en materia de promoción admisión y protección de las inversiones extranjeras”. En particular, el CFIS ayuda al inversor extranjero a obtener todo tipo de permisos y licencias de otros organismos públicos necesarios previamente a la obtención de la licencia de inversor. Se trata de una unidad interministerial en la que están destinados funcionarios de los diferentes departamentos concernidos, tales como el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, La Agencia Tributaria, La Aduana, el Banco Central, la Dirección General de Registro de Empresas y protección de la Propiedad Intelectual, y la Organización de protección del Medio Ambiente. También facilitan al inversor extranjero la gestión administrativa de permisos y autorizaciones que se requieran con posterioridad a la concesión de la licencia de inversión.
 
- Iran’s Foreign Investment Holding Company (IFIHC), compañía de capital público, creada en enero 2004, afiliada al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objetivo principal es atraer inversión extranjera. Su presidente es el Ministro de Economía y Finanzas, y en sus reuniones generales participan los de Asuntos Exteriores, Comercio, Industrias y Minas y el Presidente del Management & Planning Organisation (MPO). El artículo 4º de sus Estatutos le permite invertir en Irán junto con operadores extranjeros y el artículo 5º le confiere una enorme discrecionalidad de actuación.
 
 
CONCEPTO DE INVERSOR EXTRANJERO
 
Incluye a personas físicas y jurídicas. Está vinculado a la aportación de inversión extranjera que puede ser tanto en forma de capital como de aportación tecnológica, incluida la maquinaria, patentes y marcas.
 
CONCEPTO DE INVERSIÓN EXTRANJERA
 
Incluye la creación de nuevas empresas (greenfield) o la compra de las ya existentes, cuando se traducen en “un incremento de valor añadido” (Art. 7 del reglamento). También se contemplan las transmisiones entre no residentes, previa aprobación del FIB (Art. 10 de la FIPPA). La FIPPA no contemplaba, aunque tampoco excluía, la inversión en cartera. La inversión extranjera en cartera fue aprobada por el artículo 15 c del 4º Plan de Desarrollo y desarrollada por un reglamento ad hoc aprobado por el Consejo de Ministros en junio 2005. La inversión extranjera incluida en la FIPPA está clasificada (Art. 3) en dos modalidades:
Inversión Directa (FDI) propiamente dicha Inversiones “Contractuales”, lo que incluye expresamente:
 
- Contratos Buy-Back, muy comunes en los sectores petrolífero y minero. (Con respecto al sector petrolífero, este tipo de contratos están en proceso de sustitución por el IPC – Iran Petroleum Contract- que es más favorable para las empresas extranjeras).
 
- BOTs. Se tratan en capítulo aparte al final de esta Nota.
 
- “Civil Partnerships”, que incluyen toda clase de acuerdos entre un socio iraní y un inversor extranjero que no requieren la creación de una empresa mixta, pero que implican aportación de capital extranjero y reparto de beneficios. Los préstamos a largo plazo y los préstamos participativos no se mencionan expresamente como inversión, si bien gozan de algunas garantías en cuanto a la repatriación de intereses; conceptualmente, podrían incluirse en esta rúbrica, aunque está por ver si el FIB otorgaría una licencia de inversión independiente a este tipo de operaciones.
 
ADMISIÓN: APROBACIÓN CASO POR CASO
 
Cada operación de inversión extranjera debe ser autorizada expresamente para beneficiarse de la protección de la ley. De no hacerlo, el inversor estaría sometido al Régimen General de Control de Cambios – que impide la transferencia de capital o beneficios al exterior y obliga a ceder al mercado de divisas los ingresos derivados de la exportación de bienes y servicios – además de no beneficiarse de las garantías frente  las decisiones de la Administración pública (nacionalización, prohibición de exportaciones, etc.).
 
La OIETAI debe emitir una recomendación al FIB. La definitiva licencia de inversión debe ser aprobada por el FIB y firmada por el Ministro de Economía. Para inversiones productivas de carácter industrial, además debe obtenerse un permiso del ministerio sectorial correspondiente (movafeghat osooli) que es independiente de la licencia de inversión.
 
En la FIPPA (Art. 2) se especifican los criterios para la aprobación de la inversión extranjera, que son muy generales, dejando un gran margen de discrecionalidad a las autoridades locales:
La inversión no debe ser perjudicial para los la seguridad e intereses nacionales, la producción doméstica y el medio ambiente.
 
La inversión no puede suponer una concesión del Gobierno a inversores extranjeros, aclarando que una concesión significa un derecho especial que situaría a dicho inversor en una situación monopolística.
La inversión extranjera no debe superar el 25% de la inversión total en ningún sector económico, ni el 35% de la inversión en cada subsector.
 
La inversión debe contribuir al crecimiento de la economía iraní. Por tanto, a medida que las autoridades iraníes avancen en la política de privatizaciones, será necesario modificar la FIPPA en lo que a concesiones administrativas se refiere.
 
LIMITACIONES A LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA
 
El inversor extranjero puede, teóricamente, tomar el 100% del capital de una empresa en Irán. En el desarrollo de la FIPPA de 9 de febrero de 2005, se especifica que este porcentaje se determinará en función de los efectos de la inversión en el mercado doméstico, aunque se insiste en la viabilidad de inversiones sin socio iraní. En realidad, la aplicación práctica no ha seguido este criterio y por ello, y tras varias consultas internas de la Administración, las autoridades han vuelto a precisar en 2008 que la legislación permite a un inversor extranjero detentar el 100% de una empresa iraní.
En ocasiones, la limitación en la práctica a la toma de participación extranjera, se ha basado en la Ley de Maximización de la Capacidad Productiva y de Ingeniería Local, que exige que todo proyecto realizado por una empresa pública tenga, en conjunto, un contenido local superior al 51%. En lo que se refiere a la inversión en cartera el límite es el del 10%.
 
LIMITACIONES A LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD INMOBILIARIA
 
La nota del artículo 2 de la FIPPA establece claramente que no está autorizada la propiedad del suelo a los extranjeros en el marco de esta ley, al mismo tiempo que señala que sigue en vigor la ley de 1921 respecto a propiedad del suelo por parte de extranjeros.
 
VISADOS
 
El Art. 20 de la FIPPA y el Art. 35 del reglamento del año 2002 detallan las obligaciones de algunas las instituciones implicadas en la concesión de visados y permisos de trabajo (MAE, Ministerio de Trabajo, Policía), que son objetivamente uno de los elementos más restrictivos para la actividad económica de ciudadanos extranjeros en Irán.
 
Es importante señalar la ambigüedad jurídica que supone listar una serie de organismos precisando que solo son algunas de las competentes en la materia. La Nota al Art. 20 de la Ley establece que las diferencias entre las distintas instancias oficiales serán resueltas por el Ministro de Economía. En 2005 se modificó el Art. 35 del reglamento del 2002, y se amplió a tres años la duración posible de los permisos de residencia para el personal extranjero en el marco de una inversión extranjera y sus familias, tras certificar la OIETAI la sujeción de la inversión a la FIPPA. Esto es una gran mejora legal, porque si se obtiene ese permiso de residencia de tres años, durante ese periodo dicho personal extranjero podrá entrar y salir libremente de Irán sin estar sometido a una visado de salida que es el que más incertidumbre crea entre la colonia de expatriados. Hay que tener en cuenta que esto es posible solo para el personal extranjero de una empresa mixta, no para todos los expatriados.
 
CONDICIONADO DE LA LICENCIA DE INVERSIÓN
 
El artículo 11 de la FIPPA y los capítulos 5 y 6 del reglamento del 2002 especifican dos cuestiones muy importantes:
Las modalidades de aportación de la inversión, y la vía que se utilizará para la repatriación de capital (principal y plusvalías).
Los pagos exteriores por cualquier concepto pueden realizarse apelando al mercado de cambios interno si los ingresos están previstos en moneda local, o utilizando ingresos por exportaciones, para lo cual la Licencia debe especificar la autorización para repatriar los ingresos en divisas generados por la actividad exportadora de la empresa.
 
VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES EN ESPECIE
 
El artículo 11 de la ley contempla expresamente las aportaciones en especie. No obstante, existe alguna ambigüedad en su valoración, pues no basta con el acuerdo entre los socios, sino que la valoración debe ser refrendada por las autoridades.
 
 En el caso de las mercancías prevalece la valoración realizada por las Aduanas iraní (Art. 21, b, 1 del reglamento).
 
En el caso de servicios (patentes, marcas, licencias de fabricación, etc.) la normativa, contenida en el Art. 21, b, 2 del reglamento, es muy vaga: la aportación será aprobada por el FIB, en el marco de una Directiva que el propio FIB deberá aprobar. Dicha aprobación deberá ser precedida por un informe favorable que OIETAI debe emitir certificando “el cumplimiento de todos los compromisos contractuales asumidos por el inversor extranjero”.
 
IMPUESTOS
 
El reglamento de 2004 establece que el tipo impositivo a aplicar a los beneficios es del 25% tanto para inversores nacionales como extranjeros. Las exenciones se aplican igualmente según un criterio de no discriminación. Las compañías privadas manufactureras o mineras estarán exentas de pagar impuestos por el 80% de sus beneficios durante los cuatro primeros años desde la puesta en marcha de la planta. En el caso de fábricas instaladas en las regiones menos dinámicas del país, la exención se amplía al 100% y a diez años. Las industrias instaladas a menos de 120 Km. de Teherán, 50km de Esfahán o 30 Km. de ciudades de más de 300.000 habitantes (exceptuando núcleos industriales) no gozarán de ninguna exención.
 
 
 
REPATRIACIÓN DE CAPITALES, BENEFICIOS Y OTROS PAGOS EXTERIORES
 
Todo el capítulo 6º del reglamento de 2002 está dedicado a esta cuestión. La FIPPA establece que son transferibles no sólo los capitales y beneficios – después de impuestos del inversor extranjero – sino también (Art. 15) el principal y los intereses de los préstamos, y los derechos derivados de cesión de patentes, asistencia técnica, etc. realizados en el marco de la inversión extranjera.
En todos los casos, además de la autorización del FIB, debe producirse una confirmación del Ministro de Economía. Según el Art. 22 del reglamento del 2002, las solicitudes de remuneración del inversor deben estar fundamentadas en un informe emitido por una firma auditora miembro de la Asociación de Auditores de Irán (Iran Association ot Certified Accountants). Los montos estarán limitados a la cantidad establecida por el auditor, después de descontar todos los impuestos y otras obligaciones legales del inversor.
El FIB debe aprobar las cantidades a percibir por el inversor, tanto si se obtienen en el mercado de divisas local como si se trata de divisas generadas por exportaciones y no repatriadas. (El Art. 24 del reglamento del 2002 prevé un mecanismo de escrow accounts en este último caso). El inversor dispone de un plazo de seis meses desde la aprobación del FIB para transferir los fondos desde el sistema bancario iraní. Vencido ese plazo – que es prorrogable por el FIB – los fondos dejarán de estar cubiertos por la FIPPA, lo que en principio implica que estarían sometidos al régimen general de control de cambios y no serían, por tanto, transferibles. Se prevé la utilización de beneficios para realizar nuevas inversiones en Irán, siguiendo el procedimiento general de obtención de nuevas Licencias.
 
GARANTÍAS
 
La inversión extranjera realizada al amparo de la FIPPA contará con las mismas garantías y protecciones que la inversión local. El Art. 9 de la FIPPA y su desarrollo de 2005 establecen que la inversión extranjera no será objeto de expropiación, ni nacionalización, excepto por motivo de interés público, en cuyo caso las medidas de expropiación y nacionalización sólo se aplicarán de acuerdo con los procesos legales establecidos y en forma no discriminatoria y, en todo caso, contemplarán el pago de una indemnización en función del valor inmediatamente antes de la expropiación.
Además se contemplan indemnizaciones por perjuicios derivados de cambios legislativos. El Gobierno también ofrece compensación económica – limitada y sometida a la aprobación del Consejo de Ministros – cuando a causa de la aplicación de legislación adoptada por el Gobierno, la empresa con participación extranjera viera prohibida o limitada la actividad exportadora prevista en la Licencia de Inversión como su fuente de ingresos (Nota 2 del Art. 17 de la FIPPA y Art. 30 del reglamento de 2002).
 
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y ARBITRAJE
 
El Art. 19 de la FIPPA establece el sometimiento de las diferencias entre el Gobierno iraní y los inversores extranjeros a los tribunales locales, “a no ser que la Ley que ratifique el correspondiente Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones especifique otro método de resolución de disputas”. El acuerdo bilateral firmado con España recoge explícitamente el derecho del inversor español a recurrir directamente al arbitraje internacional. Este texto entró en vigor en julio de 2004 y fue publicado en el BOE de 10 de agosto de 2004.
 
INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MERCADO DE VALORES
 
La FIPPA no contemplaba explícitamente la inversión extranjera en cartera. El artículo 15. c) del 4º Plan de Desarrollo recogía explícitamente tal posibilidad, que fue desarrollada por un reglamento ad hoc aprobado por el Consejo de Ministros en junio 2005. Posteriormente, la Ley del Mercado de Valores del 2006 creo el Consejo de Bolsa y Valores para supervisar el mercado.
Según el artículo 9 del reglamento de junio 2005, los inversores extranjeros pueden adquirir en la Bolsa de Teherán hasta el 10% de las participaciones de compañías iraníes. La venta de los títulos así adquiridos solo puede realizarse tres años después de la adquisición de los mismos, aunque los dividendos obtenidos pueden ser repatriados anualmente (artículo 12). Para poder invertir en la Bolsa de Teherán la OIETAI debe de emitir la correspondiente licencia, siguiendo un proceso muy parecido al de la licencia de inversor en el marco de la FIPPA (artículo 2 del reglamento). 

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Propiedad inmobiliaria

La propiedad inmobiliaria está muy extendida en Irán. La tradición “obliga” a la compra, por parte de la familia del eventual marido, de un piso o casa para el futuro matrimonio.
Se trata de un activo muy caro en Irán, especialmente en el Norte de Teherán, así como en las zonas nobles de las ciudades más importantes del país; el precio del metro cuadrado puede ser más alto que en lugares semejantes de las capitales españolas.

La compra de bienes inmuebles no está permitida a los extranjeros.  

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

 
Las normas aplicables a la inversión extranjera en Irán son la ley de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera (FIPPA), de 2 de junio 2002, y el reglamento de aplicación, publicado el 15 de octubre de 2002, así como algunos reglamentos posteriores.
 
Existen varios incentivos fiscales, como la reducción del impuesto sobre el beneficio desde la base del 25% hasta un 65%, además de una serie de vacaciones fiscales. Las principales vacaciones fiscales son:

ACTIVIDAD
NIVEL DE EXENCIÓN
DURACIÓN DE LA EXENCIÓN
Agricultura
100%
Sin límite de tiempo
Industria y Minería
80%
4 Años
Industria y Minería en zonas menos desarrolladas.
100%
10 Años
Turismo
50%
Sin límite de tiempo
Exportaciones
100%
Sin límite de tiempo

En principio no existen limitaciones sectoriales. El inversor extranjero puede operar en todas las áreas abiertas al sector privado iraní. El reglamento del año 2002 contiene una lista muy amplia de sectores expresamente autorizados. Existe una limitación agregada a la participación extranjera en un sector económico (25%) ó subsector (35%).
 
Ver Zonas Francas o Zonas Económicas Especiales.

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Representación y agencia

La empresa extranjera que desee abrir una oficina de representación o sucursal (branch office) en Irán debe acreditar que es una empresa legalmente reconocida en su país de origen, además de justificar que su presencia en Irán persigue algunos de los objetivos expresamente recogidos en el “Reglamento de la Ley de Apertura de Sucursales y Representaciones de Empresas Extranjeras”: prestación de servicios postventa, ejecución de contratos cerrados entre empresas iraníes y empresas extranjeras, preparación de eventuales inversiones directas, incremento de las exportaciones no petrolíferas de Irán, transferencia tecnológica y de know how a empresas locales, etc.
 
El artículo 2 de dicho reglamento considera a la sucursal como una unidad local, subordinada a la matriz, carente de personalidad jurídica propia. En consecuencia, se entenderá que actúa siempre en nombre de la empresa matriz y bajo su responsabilidad.
 
La solicitud de apertura por parte de la empresa extranjera debe incluir la siguiente documentación:
  • Solicitud de inscripción, por escrito, dirigida a la Oficina de la Propiedad Industrial de Irán.
  • Escritura de constitución, estatutos y últimos cambios registrales de la sociedad no iraní que pretende crear la sucursal u oficina de representación.
  • Cuentas auditadas de la empresa extranjera en el último ejercicio.
  • Informe descriptivo de las actividades de la compañía solicitante, razones para la creación de una sucursal en Irán, tipo de actividades a desarrollar por la nueva entidad, personal iraní a contratar (si procede), e inversión estimada en el proyecto.
Cuando la representación de la compañía extranjera recae sobre una persona física o jurídica iraní, debe presentarse adicionalmente:
  • Copia del contrato por el que el sujeto iraní se convierte en el representante de la empresa extranjera.
  • Documentos identificativos del representante.
  • Antecedentes o currículum vitae (según el tipo de persona).
  • Informe sobre las razones por las que la persona iraní, física o jurídica, asume la representación.
El reglamento exige además, en sus artículos 7 y 8, la presentación anual de información financiera auditada de la matriz y la sucursal, así como un informe explicativo de la actividad del ejercicio.
El artículo 9 establece, con carácter obligatorio, que la persona responsable de la sucursal u oficina de representación fije su residencia en Irán.
 
Las sucursales y las oficinas de representación no están sujetas a tributación en Irán si no generan rentas en el país. Si las generan – por actuar como contratistas – deberán tributar exclusivamente por esas actividades, pero estarán, en principio, exentas de tributar por las transferencias que reciban por parte de sus casas matrices para cubrir los costes operativos.
El Ministerio de Comercio exige, desde marzo de 2003, que todas las empresas que comercialicen en Irán bienes o servicios extranjeros actúen a través de agente oficial registrado.
La representación comercial está regulada, de forma muy general, en el Código de Comercio, de modo que, con salvedades menores, las partes pueden pactar las condiciones que deseen.
 
Deben tenerse en cuenta los derechos y obligaciones de los agentes, tal como están definidos en el Código. En particular, debe recordarse que, en ausencia de acuerdo específico, según el artículo 369 del Código de Comercio, el agente tiene derecho a recibir una compensación por el trabajo realizado si la transacción no se perfecciona por motivos no imputables a su actuación. Por lo demás, el agente tiene derecho a recibir su comisión después de que un negocio haya sido completado.
 
El principal mandante es responsable de las actuaciones de su agente realizadas en el ámbito aparente de su representación. El principal puede, por otra parte, nombrar tantos agentes como desee (sin representación exclusiva) y puede autorizarles a actuar conjunta o separadamente para regiones determinadas o para el conjunto del país. La utilización de varios agentes puede ser recomendable cuando la empresa extranjera actúe en varios sectores diferenciados. Sin embargo, cuando se trate de productos destinados al consumo humano, deberán obtener un Registro ante el Ministerio de Salud, y el agente deberá serlo en exclusividad.
 
Las partes contratantes son libres de elegir la ley que lo gobierne. Sin embargo, si se desea evitar la jurisdicción iraní, el contrato deberá firmarse fuera de Irán, ya que según el artículo 968 del Código Civil iraní, los contratos están sujetos a las leyes del lugar donde se concluye el contrato.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

El inversor extranjero puede, teóricamente, tomar el 100% del capital de la empresa. Generalmente, como la autorización es discrecional, no suelen las autoridades iraníes aprobar fácilmente ese tipo de propiedad. E incluso no sería aconsejable, pues siempre es mejor contar con un buen socio iraní, que facilitará los contactos con las autoridades locales. Son muchas las empresas locales que ven en la constitución de una Joint-venture una gran oportunidad para desarrollar su estructura, creando lazos con una empresa extranjera. Ejemplos en Irán:

KERABEN CERAMIC TABRIZ
KERABEN GRUPO S.A.
Cerámica
KHERAD SABZ IRRIGATION COMPANYTEHRAN AZUD
SISTEMA AZUD S.A.
Equipamiento de riego
PARS SARRALLE
SARRALLE S.L.
Maquinaria para acería y fundición de metalurgia
CEROCUARENTA
CEROCUARENTA
Cerámica
GH GRÚAS
GH GRÚAS
Grúas
BLUE LOTKA
CONDEMINAS- BERGÉ SHIPPING
Transporte Marítimo
TAIM WESER IRAN (Filial)
TAIM WESER
Grúas
TUBOS REUNIDOS (Filial)
TUBOS REUNIDOS
Equipos de manipulación de fluidos

 

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Tipos de sociedades

La regulación mercantil iraní permite la creación de hasta siete tipos de sociedades:
  • Joint Stock Company (Sherkat-è Sahami), más o menos asimilable a la sociedad anónima española.
  • Limited Liability Co. (Sherkat ba Massouliat Mahdoud), sociedad de responsabilidad limitada cuyo capital no se distribuye en acciones.
  • General partnership (Sherkat-e Tazamoni), sociedad de responsabilidad ilimitada. Un socio no puede transferir sus acciones sin el consentimiento de los otros socios.
  • Otras formas societarias menos extendidas, diferenciadas entre sí por la combinación de criterios, como la responsabilidad de los socios, los derechos políticos derivados de las aportaciones de capital realizadas o las obligaciones y atribuciones de los Órganos de Gobierno de la sociedad y de sus gestores.
Una Joint Stock Company, o sociedad anónima, en Irán puede ser, en sentido de derecho sajón, pública (Sherkat-è Sahami Aam) ó privada (Sherkat-è Sahami Khass), en función de que sus acciones o títulos de deuda se comercialicen o no entre inversores externos, distintos a los socios de la empresa.
 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS S.A. IRANÍES:
  • Las acciones pueden ser nominativas o al portador.
  • Las acciones pueden ser también ordinarias o preferentes.
  • Se admite la limitación de los derechos políticos de algunas acciones, en particular en lo que se refiere a la limitación del derecho de voto.
  • Los estatutos de la sociedad pueden incluir limitaciones a la transferibilidad de las acciones.
  • El capital suscrito mínimo es de 1 millón de Riales para la S.A. privadas y de 5 millones para las públicas.
  • El capital desembolsado puede limitarse al 35% del capital suscrito cuando las aportaciones son en efectivo. Si son en especie, debe suscribirse el 100%.
  • Existe una reserva legal mínima equivalente al 10% del capital suscrito. Hasta que se alcance esa proporción, deben retenerse al menos el 5% de los beneficios de cada ejercicio.
  • Los derechos de suscripción preferente de nuevas acciones que corresponden a los accionistas de la sociedad pueden ser anulados con un voto de dos tercios del capital en una Asamblea General Ordinaria.
  • La sociedad debe ser inscrita en la Oficina de Registro de Empresas.
  • La sociedad debe nombrar como Inspector Legal a un Auditor, miembro de la Asociation of Certified Public Accountants de Irán. El auditor debe informar las cuentas anuales de la compañía ante la Asamblea General Ordinaria que ha de aprobarlas, certificando el cumplimiento de las normas contables y financieras aplicables y dando su opinión sobre las transacciones de los Consejeros con la propia sociedad.
  • Las cuentas presentadas ante las autoridades fiscales (State Tax Organisation) cuatro meses después del cierre de cada ejercicio fiscal deben estar aprobadas por un auditor.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES: FORMALIDADES, COSTES, RESTRICCIONES A LA PROPIEDAD EXTRANJERA
Para la constitución de una filial es necesario desembolsar en el acto de registro el 1 por 1000 del capital total de la empresa. En el caso de las sociedades anónimas, los fundadores deben desembolsar al menos el 35% del capital suscrito, y el resto debe ser satisfecho en un plazo de 5 años. El capital desembolsado, ya sea el 35% o el 100%, debe depositarse en un banco y el resguardo del banco debe adjuntarse a la instancia. El proceso suele durar unos 6-7 meses entre el Registro de Sociedades y el Alta de Actividad.
 
Para la constitución de una sucursal se deben pagar 175 euros (como registro de sociedades). Conforme al Artículo 3 de la Ley de Sociedades una sociedad extranjera que desee hacer negocios en Irán debe inscribir su sucursal u oficina de representación (ambas tienen el mismo significado en la legislación iraní) en el Departamento de Registro de Sociedades.
 
El inversor extranjero puede, teóricamente, tomar el 100% del capital de la empresa. Generalmente, como la autorización es discrecional, no suelen las autoridades iraníes aprobar fácilmente ese tipo de propiedad. E incluso no sería aconsejable, pues siempre es mejor contar con un buen socio iraní, que facilitará los contactos con las autoridades locales. Son muchas las empresas locales que ven en la constitución de una Joint-venture una gran oportunidad para desarrollar su estructura, creando lazos con una empresa extranjera.  
 
La legislación acerca de este tipo de contratos está regulada por la FIPPA y está disponible para su consulta en la página Web: www.oficinascomerciales.es/Asia/Iran
 
En Irán no existe ninguna definición legal sobre la franquicia y, en consecuencia, tampoco existen normativas que regulen su régimen legal. De ahí que la única opción factible sea contemplar este tipo de contratos bajo el artículo 10 del Código Civil de Irán, que ampara la libertad de contratación privada. Bajo este planteamiento, la franquicia sería u tipo de contrato de carácter necesario, consentido, indefinido, continuo y sustituible.

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Régimen de Franquicias

En Irán no existe ninguna definición legal sobre la franquicia y, en consecuencia, tampoco existen normativas que regulen su régimen legal.  

De ahí que la única opción factible sea contemplar este tipo de contratos bajo el artículo 10 del Código Civil de Irán, que ampara la libertad de contratación privada. Bajo este planteamiento, la franquicia sería u tipo de contrato de carácter necesario, consentido, indefinido, continuo y sustituible.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Irán pertenece a la Convención de París para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial desde 1959 y es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Ha suscrito además la Convención de WIPO (marzo 2002), el Acuerdo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas (diciembre 2003) y el Acuerdo de Madrid sobre Represión de Indicaciones Falsas o Engañosas sobre el Origen de los Bienes (junio de 2004).
 
El registro de patentes o marcas tiene un coste de 135 euros y tarda unos 3 meses en hacerse efectivo.
La propiedad industrial está regulada en Irán por la Ley de Registro de Patentes, Marcas y Diseños Industriales de 2008. La protección de patentes y marcas en Irán queda garantizada a través del correspondiente registro e inscripción en la Oficina de Registro para la Propiedad Industrial.
 
El principal órgano resolutorio judicial en materia de propiedad industrial en Irán es el Industrial Property Tribunal Public Court of Tehran que es la única instancia disponible para casos de violación de derechos de Propiedad industrial e intelectual. También existe un Tribunal de defensa del Copyright que está subordinado al Tribunal de Propiedad Industrial.
Las empresas extranjeras tienen derecho al registro de sus marcas en Irán y a todos los derechos que de este registro se derivan. La Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Convención de París) establece en su Art. 2 el principio de trato nacional equivalente para todos los nacionales de los países miembros de la Convención. Y es el Art. 4 de la Ley de Patentes y Marcas el que lo articula en la legislación iraní.
 
Procedimiento: Las solicitudes se pueden realizar en persona o por medio de abogado en la Oficina de Registro para la Propiedad Industrial, ubicada en Teherán. Tras el período de publicación, se realiza el examen de la solicitud. En caso de rechazo de la solicitud, se puede acudir a los tribunales. La protección del registro tiene una validez de diez años desde la entrega de la solicitud, prorrogable por similares periodos de tiempo.
 
Medios de protección: El propietario, ante una vulneración de sus derechos de uso exclusivo, tiene dos vías:
1. Emprender acciones civiles o realizar las quejas oportunas destinadas a evitar que terceros infrinjan el derecho de propiedad intelectual, con el objeto de solicitar el pago de indemnizaciones o el establecimiento de medidas para evitar violaciones futuras de su derecho.
2. Abrir la vía penal. El Código Penal Iraní establece una pena de prisión de hasta dos años, además de quedar abierta la posibilidad de indemnización por vía civil.
En cuanto a las patentes, no existe limitación por razón de la nacionalidad en relación con el acceso al registro, si se está domiciliado en Irán, y sólo se recurrirá a los tratados internacionales suscritos por Irán en caso que falte este requisito (Art. 44 de la Ley).
 
El procedimiento en cuanto al periodo de publicación y posibles enmiendas es similar al de las marcas. Además es necesaria la aprobación de un organismo formado por el Ministerio de Industria antes de que el registro sea aceptado. Dicha aprobación no es necesaria cuando se trate de una patente ya registrada fuera de Irán.
 
El periodo máximo de validez de una patente son 20 años (Art. 33 de la Ley). Si la patente ya había sido registrada fuera de Irán, entonces su protección será válida únicamente por el periodo restante de validez de la patente internacional (Art. 30 de la Ley).
 
Medios de protección: Quedan igualmente abiertas tanto la vía civil como la penal para exigir la pertinente indemnización por daños y perjuicios, pudiendo exigir tanto el lucro cesante como el daño emergente.
 
No son objeto de patente en Irán los siguientes bienes:
-         Los planes financieros.
-         Fórmulas o composiciones farmacéuticas.
-         Cualquier invento o mejora que vaya en contra del orden público o pueda ser considerada contra la salud o el orden público.
 
La norma de referencia para los derechos de autor es la Ley de Protección de Derechos de Autor, Compositores y Artistas de 1970, complementada por Ley de Protección de los Derechos de Autor de Programas Informáticos, aprobada en enero de 2002.
 
La regulación del copyright en Irán, fijada por las dos leyes mencionadas, presenta el problema fundamental de que no ampara a las personas físicas o jurídicas extranjeras.
 
La ley Iraní sobre Protección de los Derechos de Autor de Programas Informáticos garantiza al creador de programas informáticos el derecho a publicar, distribuir y utilizar los programas, así como el registro de marcas asociadas a los mismos (artículo 3 de la Ley). La duración del derecho económico sobre el software registrado es de 30 años desde su creación (artículo 1 de la Ley de Protección de los Derechos sobre Software Informático), no existiendo limitación temporal para los derechos morales.
 
En conclusión, los principales aspectos del régimen de propiedad intelectual en Irán son:
 
1. Existe una importante laguna en la protección de los derechos de autor, incluidos los programas informáticos, que no ampara a los propietarios extranjeros.
2. La legislación iraní no recoge algunos conceptos y derechos de gran importancia, como los derechos de diseño, las importaciones paralelas (importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante) o el trade dress (presentación del producto).
3. El reconocimiento del derecho de defensa de la propiedad intelectual en todas sus variantes se ha venido imponiendo en Irán en los últimos años y algunas empresas extranjeras han podido ejercitarlo ante los tribunales iraníes. No obstante, ciertas lagunas legislativas, la inexperiencia de los tribunales en estas cuestiones y el tradicional sesgo de esos tribunales a favor de los litigantes locales hacen que la protección de la propiedad industrial diste todavía bastante de ser una realidad plena, dotada de garantías tales como imparcialidad y funcionalidad que lo hagan verdaderamente efectivo.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Irán es uno de los mercados más importantes de Oriente Medio. No solo por su población, 78 millones de habitantes, sino también por la existencia de un significativo sector de la población con un alto poder adquisitivo y además, el 40% de la población tiene menos de treinta años.

El pueblo iraní, cuyo índice de alfabetización es del 96,6% para el segmento de la población de entre 6 y 29 años, ama el conocimiento y los negocios.

El PIB per capita de Irán, en 2014, se situaba en los 5.950 dólares.

En la República Islámica, la salud y la educación responden al patrón occidental y a amabilidad y la generosidad forman parte de la idiosincrasia del pueblo iraní.

Irán es el país más industrializado de Oriente Medio y sus exportaciones, en 2014,  alcanzaron los 96.000 millones de dólares.

El momento actual de Irán es crítico debido a los paquetes de sanciones impuestos al país por las Naciones Unidas, EEUU. y la Unión Europea, que reducen sustancialmente el comercio de crudo iraní y bloquean los canales financieros.

Aún así, en 2014, 1.100 empresas españolas exportaron mercancías a Irán y un 35 por ciento de las mismas podían catalogarse como suministradores habituales.

La entrada en vigor del Acuerdo Interino entre Irán y las Potencias Mundiales, en noviembre de 2013, y el correspondiente levantamiento parcial de algunas medidas restrictivas aplicadas al comercio con Irán, abrieron una expectativa de progresiva normalización del comercio de Irán con el mundo.

Irán y España han suscrito tanto el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones como el Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional.

Argumentos para invertir en Irán:

- Bajos costes laborales, tanto de trabajos poco cualificados como de los que requieren una gran formación.

- Bajos costes energéticos, por la abundancia de gas y petróleo.

- País semiindustrializado, con una gran cantidad y variedad de materias primas, (metales y piedras) y con una importante infraestructura.

-Importante demanda interna con una población muy propensa al consumo.

 El marco legal sobre la inversión extranjera data de 2002, aunque no fue completando hasta 2008. El Gobierno iraní intenta atraer la inversión extranjera mediante una política activa de seminarios y presentaciones en el exterior. Irán muestra un elevado interés en atraer tecnología occidental.

Los sectores más importantes, aparte del petróleo, gas y petroquímico, actualmente sometidos a sanciones, son la  automoción (el país produce 1,6 millones de coches anuales); metro y ferrocarriles, minería, materiales de construcción, agricultura y alimentación.

La parte extranjera puede tener una participación del 100% en el proyecto. No es común ni fácil alcanzar el mencionado porcentaje, ya que las autoridades prefieren que se cuente con un socio iraní conocedor de la idiosincrasia del país.

Las bonificaciones fiscales son muy altas si la inversión va destinada al mercado exterior, a la agricultura y a la industria y minería, en áreas poco desarrolladas.

Existen también Zonas Especiales en las que los beneficios fiscales son muy generosos.

 

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Barreras de entrada para inversores españoles

 Desde el punto de vista legal no hay grandes barreras a la inversión en Irán.  La única dificultad realmente existente es la falta de financiación bancaria para este tipo de operaciones. La ley de Inversiones Extranjeras (FIPPA) tiene un carácter intervencionista, que implica la autorización, caso por caso, de cada proyecto de inversión.
 
La OIETAI (acrónimo de Organización para la inversión económica y Asistencia Técnica de Irán), dependiente del Ministerio de Economía, es el organismo competente en la tramitación de las inversiones extranjeras. La FIPPA no impone limitaciones a la participación extranjera en inversiones de hasta el 100% (en sectores estratégicos). Sin embargo, la OIETAI tiene una marcada tendencia a favorecer la participación mayoritaria local. Factores como la aportación de tecnología y la generación de exportaciones son determinantes para obtener la aprobación de una mayor participación extranjera. La obtención del Permiso de Trabajo para extranjeros –con independencia de que la empresa contratante tenga o no participación extranjera- es difícil y casuística, ya que el Código Laboral (Sec 121) pone la condición de que no exista personal iraní capacitado. Los extranjeros amparados por un permiso de trabajo deben obtener un visado de salida, que sólo se otorga si el empleador garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales del trabajador y de la empresa. Este visado es una fuente permanente de conflictos con las empresas extranjeras.

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