Marco jurídico

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

La entidad clave es indiscutiblemente la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), que tiene entre sus competencias el impulso de la inversión privada en el país. Esto incluye la promoción en el mundo de Perú como plaza receptora de inversión extranjera, la orientación al inversor privado y la gestión de los convenios de estabilidad jurídica (ver más adelante).
 
PROINVERSION también promueve la participación del capital privado en los proyectos de inversión de interés público. Así, se encarga de la gestión y adjudicación de las licitaciones de proyectos públicos cuando adopten la forma de asociaciones público-privadas, y también del procesamiento y decisión última sobre las iniciativas privadas presentadas por inversores; siempre que los proyectos sean de alcance nacional y alcancen cierto tamaño –en caso contrario, el organismo competente será el ministerio correspondiente (proyectos nacionales), o las entidades regionales/ municipales equivalentes. Algunos gobiernos regionales y la Municipalidad de Lima tienen organismos especializados para promover la inversión privada en sus territorios respectivos.
 
 
1.1 Promoción de la Inversión Privada en obras públicas de infraestructura, servicios públicos, activos, empresas y otros proyectos del Estado
 
Desde hace dos décadas, Perú es un Estado muy abierto a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Durante ese periodo, los sucesivos gobiernos peruanos han sido respetuosos con los derechos del inversor extranjero, a quien la Constitución peruana reconoce un mismo status legal que al peruano. Una parte importante de esta política pro-inversión privada ha sido el impulso a la participación privada en la inversión pública, las llamadas Asociaciones Público-Privadas (APPs): en efecto, el Gobierno peruano reconoce a la empresa privada un papel no sólo como contratista en la ejecución de proyectos, sino también en la gestión de infraestructura de titularidad pública (concesiones) e incluso la propia identificación de proyectos (iniciativas privadas).
 
Tras las recientes reformas legales, el marco normativo que regula la participación del capital privado en los procesos de inversión de interés público queda constituido por el Decreto Legislativo No. 1224 y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 410-2015-EF).
 
La nueva normativa legal contempla como razón de ser de las APPs la incorporación de la experiencia, conocimiento, equipos y tecnología privados. Asimismo, alcanzar una adecuada distribución de riesgos, que deben ser asignados a la parte (pública o privada) con mayor capacidad para asumirlos y administrarlos. El principio rector capital es el de “valor por dinero”, buscando la mejor combinación de calidad y coste para el usuario (teniendo en cuenta el eventual elemento de subvención que pueda concurrir). La APP puede comprender bajo su ámbito infraestructura pública (entendida en sentido amplio) o servicios ligados a ella.
 
Las modalidades de APPs son básicamente dos:
 
-       Iniciativas estatales (Asociaciones Público-Privadas [APPs] Tradicionales): proyectos promovidos por el sector público, cuya construcción y explotación se cede (vía licitación) a una empresa privada, normalmente en forma de concesión.
 
-       Iniciativas Privadas (IPs): proyectos de interés público promovidos por una empresa privada sobre bienes o activos de titularidad pública, generalmente para su explotación temporal previa rehabilitación o adecuación. El proyecto se presenta a la Administración, que certifica su interés público y lo somete a licitación otorgando ciertas ventajas a la empresa proponente.
 
Desde otro punto de vista, las APPs pueden clasificarse también en:
 
-       Autofinanciadas: tienen capacidad propia de generación de ingresos, y por tanto no requieren apoyo financiero del sector público, ni el otorgamiento de garantías públicas, financieras o no financieras, que tengan probabilidades significativas de materializarse.
 
-       Cofinanciadas: no tienen capacidad de generar ingresos suficientes para llevar adelante el proyecto, por tanto requieren de apoyo público, directo o vía garantías.
 
Las fases en la tramitación de una APP son las siguientes:
 
-       Planeamiento y programación: los proyectos se gestan como otros de inversión pública, pudiendo estar pre-identificados o no como proyectos a ejecutar bajo APP. En el caso de las iniciativas privadas, el régimen es distinto, puesto que la identificación del proyecto es realizada por el propio sector privado.
-       Formulación: diseño del proyecto (perfil y expediente técnico) y/o evaluación del mismo. Puede ser desarrollado por el sector público (normalmente apoyándose en una consultora) o por el sector privado (iniciativas privadas).
-       Estructuración: el proyecto recibe la forma de APP, contemplando el régimen económico-financiero, mecanismo de retribución, reparto de riesgos y redacción del contrato. Todo ello es realizado por el Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) correspondiente[1], en coordinación con el Ministerio sectorial competente (o entidad subnacional equivalente), el organismo regulador en su ámbito de competencia, y en todo caso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En particular, la versión final del contrato debe contar con el visto bueno de esos tres organismos.
-       Transacción: el proyecto se abre al mercado para su adjudicación al mejor postor a través de un mecanismo competitivo (normalmente licitación pública, pero pueden caber otros como el concurso de proyectos integrales).
-       Ejecución contractual: generalmente construcción y explotación, durante la vigencia del contrato de APP; incluye la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa privada por distintos organismos públicos (particularmente, los reguladores sectoriales).
 
En relación con este último punto, durante la ejecución contractual debe resaltarse el papel crucial de los reguladores de cada sector: OSINERGMIN (energía y minas), OSITRAN (transportes), OSIPTEL (telecomunicaciones) y SUNASS (agua). A ellos les corresponde supervisar el cumplimiento por parte de la empresa privada (y en ocasiones también pública) de las obligaciones asumidas por ésta en la prestación de servicios públicos en los citados sectores, incluyendo las asumidas a través de contratos APP. Los reguladores son independientes del poder ejecutivo y desarrollan su actividad con criterios exclusivamente técnicos, teniendo en la práctica una esfera amplia de autonomía.
 
Según la Ley y Reglamento citados, se establece un plazo máximo (con posibilidad de ser reducido en casos concretos) de sesenta años para los contratos de APP y se consagra la vía arbitral como principal cauce de resolución de disputas. Por otra parte, se establece que los compromisos de pago (en firme o contingentes) asumidos por el sector público peruano, no podrán (en valor presente) superar el 12% del PIB del país en ningún momento; esto responde a la preocupación por la eventual acumulación de deudas implícitas de este tipo, que formalmente no son considerados deuda pública.
 
1.1.1 Iniciativas Estatales
 
Las iniciativas estatales (o APPs)parten del llamado Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas, documento emitido por cada Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local (en adelante, y de manera conjunta, “autoridades sectoriales”) detallando los proyectos que emprenderán bajo esa modalidad en los próximos tres años. Para ello, deben tenerse en cuenta los compromisos financieros en firme que generarán para la autoridad sectorial los citados proyectos, caso de no ser autofinanciados.
 
En cuanto a la formulación, presenta algunas diferencias en función del tipo de Iniciativa Estatal de que se trate:
 
-       Las co-financiadas están sujetas al régimen ordinario del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), puesto que involucran el uso de recursos públicos cuya utilidad debe asegurarse mediante análisis coste-beneficio
-       Las autofinanciadas tienen un régimen más sencillo, basado en la evaluación técnica, económica y financiera del proyecto, especialmente su rentabilidad económica y social
 
La formulación es realizada siempre por la autoridad sectorial, con el apoyo (caso de ser solicitado) de PROINVERSION en el caso de las subnacionales. Posteriormente, dicha autoridad elabora un Informe de Evaluación, donde se valora la deseabilidad de desarrollar el proyecto bajo fórmula APP, teniendo en cuenta el principio del valor por dinero y el reparto previsto de riesgos (el informe puede ser realizado por PROINVERSION, por encargo expreso de la autoridad sectorial).
 
En ese momento, el protagonismo pasa al OPIP competente. Este será PROINVERSION para todos los proyectos de ámbito nacional que superen cierto tamaño (superior a 15.000 Unidades Impositivas Tributarias - UITs), aproximadamente 59 millones de Soles o 17 millones de Euros, según el cambio actual) o que tengan alcance multisectorial. Los demás proyectos de ámbito nacional, son manejados por los Comités de Inversiones de los ministerios (en su condición de OPIP sectorial), que son unidades diferenciadas de las que en cada ministerio promueven proyectos. Los de alcance regional o local son gestionados por los OPIP de la Administración correspondiente, según lo ya dicho. En todos los casos citados cabe la encomienda a PROINVERSION para que sea este organismo quien conduzca el proceso.
 
El OPIP supervisa el Informe de Evaluación remitido por la autoridad sectorial y en su caso propone cambios, que deberán recibir conformidad de la citada autoridad (si PROINVERSION había elaborado el informe, debe recibir también conformidad de la autoridad sectorial). Valorando toda la información mencionada en los párrafos anteriores, el OPIP emite opinión técnica dando conformidad a los estudios y al Informe de Evaluación, y remitiendo toda la documentación al MEF. El MEF, a su vez, valora la documentación a la luz de los criterios de elegibilidad, que él mismo emite con carácter general, y que detallan la deseabilidad relativa de las APPs frente a la contratación pública ordinaria según los costos y calidad del servicio, distribución de riesgos, costes de tramitación y limitaciones de la obra pública tradicional; también valora los compromisos financieros futuros que pueda estar asumiendo el Estado (iniciativas estatales cofinanciadas, contingencias de distinto tipo).
 
Con la opinión favorable del MEF, el OPIP elabora el llamado Plan de Promoción del proyecto, que contiene sus características básicas: esquema general de la APP (características técnicas del proyecto y económico financieras de la estructura de colaboración público-privada), mecanismo de selección (licitación pública, concurso integral de proyectos u otro) y cronograma del proyecto. Dicho Plan debe ser refrendado también por la autoridad sectorial.
 
A partir de este momento, el protagonismo corresponde íntegramente al OPIP, que debe estructurar el proyecto, desarrollar su promoción como APP y redactar el borrador de contrato. Durante esta fase, la capacidad de decisión es exclusivamente suya, aunque pueda consultar con las autoridades sectoriales, organismos reguladores o el propio MEF.
 
Transcurrida la fase de Estructuración, se pasa a la de Transacción, que comprende básicamente la licitación y adjudicación del proyecto APP. Para ello, se elaboran las bases del proceso y se somete a comentarios de los postores el borrador de contrato. La versión final del contrato debe recibir conformidad de las autoridades sectoriales, el organismo regulador competente y el MEF (las llamadas “opiniones previas”). También la Contraloría General de la República, en su ámbito de competencias, puede emitir opinión, que sin embargo no será vinculante.
 
Las ofertas o propuestas de los distintos postores son evaluadas por un Comité Especial, que determinará quién debe recibir la adjudicación (“buena pro”). La normativa faculta al Comité para rechazar todas las ofertas presentadas, por razones de interés público y sin que los postores tengan derecho a indemnización.
 
Se prevé un procedimiento simplificado para aquellos proyectos destinados al desarrollo de servicios públicos o vinculados a la infraestructura pública, y, en general, para los que no tengan componente de inversión; esto también rige para los proyectos de innovación tecnológica o investigación aplicada. En ambos casos, se requiere que los proyectos no superen las 50.000 UITs (aproximadamente 197 millones de Soles o 53 millones de Euros, según el cambio actual) De manera más general, el procedimiento simplificado se aplica a cualquier proyecto de iniciativa estatal que no supere las 15.000 UITs (aproximadamente 59 millones de Soles o 16 millones de Euros, según el cambio actual). El procedimiento simplificado se deriva básicamente de no existir componente importante de inversión, lo cual limita el papel del MEF en lo esencial al análisis de la capacidad de pago futuro de la entidad pública que promueve el proyecto (APPs cofinanciadas).
 
Existe también un régimen especial aplicable a los llamados Proyectos en Activos, es decir, proyectos de APPs que giran sobre activos de titularidad pública. En este caso, los trámites son también más reducidos, si bien se hace especial hincapié en asegurar que el proyecto no compromete recursos públicos futuros ni traslada al sector público riesgos que debería asumir la empresa privada.
 
1.1.2 Iniciativas Privadas
 
Las Iniciativas Privadas tienen algunas peculiaridades importantes respecto a las estatales, relacionadas con las salvaguardas adicionales necesarias al tratarse de un proyecto gestado fuera del sector público. Particularmente, las Iniciativas Privadas Cofinanciadas, de aparición reciente (2013), son tratadas con gran cautela por el legislador por su posible impacto en el presupuesto público.
 
Una manifestación de esa cautela es que las IPCs, sean del ámbito que sean, deben presentarse siempre ante el organismo PROINVERSION, que también recibe las peticiones de IP autofinanciadas cuando tengan ámbito nacional (PROINVERSION tiene reputación de ser el organismo institucionalmente más sólido dentro del panorama de la inversión pública peruana). Por tanto, los OPIPs subnacionales sólo pueden revisar IPs autofinanciadas de ámbito regional/municipal.
 
Las IPs presentadas constituyen desde el punto de vista legal “peticiones de gracia” al Gobierno, quien en virtud de lo anterior no está sujeto a las obligaciones habituales de los actos administrativos ordinarios (justificación, silencio positivo, etc.) más allá de las obligaciones de plazos de respuesta fijadas por la propia normativa de APPs. Las IPs sólo entran en la esfera del derecho administrativo ordinario cuando se produce la Declaratoria de Interés, momento en el cual los proyectos pasan a ser tratados básicamente como cualquier otro proyecto del sector público.
 
Los OPIPs y todos los restantes organismos públicos involucrados en la revisión de las IPs, están obligados a respetar la confidencialidad de las IPs presentadas hasta el momento en que se produzca la Declaratoria de Interés (ver más adelante); no obstante, es habitual que el propio promotor de la IP la dé a conocer al público, de manera que esa confidencialidad suele estar bastante matizada en la práctica.
 
Las IPs autofinanciadas deben presentarse, según lo indicado, ante el OPIP correspondiente según el ámbito geográfico del proyecto presentado – PROINVERSION o el organismo equivalente en la Administración Regional o Local. La documentación presentada debe incluir una descripción detallada del proyecto, incluyendo todos los aspectos técnicos, económicos y financieros relevantes, así como una justificación del interés público que concurre; también debe formar parte de ella, la declaración jurada de gastos incurridos, el sustento de la capacidad técnica y financiera del proponente y la propuesta de cláusulas principales del contrato.
 
La admisión a trámite de la IP estará supeditada al cumplimiento de los requisitos formales (con capacidad de subsanación en algunos casos), y a la valoración favorable por parte del OPIP que la recibe, además de la capacidad técnica y financiera del proponente para llevar adelante el proyecto. El OPIP también deberá cerciorarse de que la solicitud no afecta a proyectos sujetos a Plan de Promoción (esto es, de que no va a distorsionar otros proyectos de APP en marcha, en cualquiera de sus modalidades).
 
El siguiente paso es la Declaración de Relevancia, que realiza la autoridad sectorial (Ministerio competente, Gobierno Regional o Gobierno Local según los casos). En ella se analiza si la propuesta es consistente con las prioridades gubernamentales, y se evalúa de forma preliminar su viabilidad técnica, identificándose además posibles problemas de saneamiento físico o legal en relación con los activos públicos involucrados. Esta declaración debe ser emitida en un plazo de 90 días. Durante ese plazo, se pueden remitir consultas o requerir información adicional al proponente, caso en el cual el plazo se amplía en 20 días (única prórroga posible). También se le pueden sugerir cambios, que el proponente podrá aceptar o no (en este último caso, la Iniciativa decae).
 
Emitida la Declaración de Relevancia, el OPIP redacta su Informe de Evaluación, utilizando la información entregada por el proponente y los inputs remitidos por la autoridad sectorial en la citada Declaración; el contenido es similar al indicado para las Iniciativas Estatales. Posteriormente, el OPIP pasa a estructurar el proyecto como APP. En esta fase, también se pueden presentar propuestas de modificación del proyecto, previa opinión técnica de la autoridad sectorial; nuevamente, el proponente puede aceptarlas o rechazarlas, caso este último en que la Iniciativa decae. El paso final es la elaboración de un borrador (o proyecto) de contrato.
 
Se contempla también la eventualidad de que varias propuestas giren sobre los mismos activos públicos, caso en que:
 
-       Si las propuestas tienen un objetivo similar (p.ej., si se pretende usar los activos para cubrir la misma necesidad pública), entonces se tratan por orden cronológico (la segunda no se tramita hasta que se rechaza o decae la primera, etc.)
-       Si tienen un objetivo distinto, el OPIP deberá consultar a la autoridad sectorial para que diga cuál de las propuestas prefiere.
 
En cuanto a las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPCs), el régimen hasta el momento de la Estructuración es diferente: al tratarse de operaciones con incidencia directa en el presupuesto público se hacen necesarias precauciones adicionales. De ello se derivan unos trámites procedimentales más amplios, que llevan a que se exija asimismo un tamaño mínimo del proyecto, que justifique todos los costes de tramitación que asume el sector público: un mínimo de 15.000 UITs (equivalente aproximadamente a 59 millones de Soles o 16 millones de Euros, según el cambio actual), y un plazo contractual mínimo de diez años. En las IPCs, como ya se dijo, el OPIP relevante es siempre PROINVERSION.
 
En lo relativo a las IPCs de alcance nacional, se prevé que a través de Decreto Supremo el Gobierno peruano dé a conocer el tipo de proyectos o sectores donde se pretende inducir la presentación de IPCs, de manera compatible con sus planes de inversión generales, y sus dotaciones presupuestarias para el año corriente y siguiente. En el citado Decreto se fijará el plazo para la presentación de propuestas. En el caso de IPCs de ámbito regional o municipal, el proceso es similar – cada gobierno subnacional declara sus necesidades a ser cubiertas mediante IPCs, previa conformidad del MEF en función de sus disponibilidades presupuestarias corrientes y en el medio plazo; en este caso, la “ventana” para presentar proyectos son los primeros 45 días calendario del año.
 
La solicitud es similar a las de las IPs autofinanciadas, con la particularidad de que se añade el cofinanciamiento que se exigirá al Estado. La admisión a trámite se rige también por criterios similares; las IPCs de ámbito regional y local admitidas a trámite son acumuladas por PROINVERSION y se remiten a los gobiernos correspondientes una vez revisadas. La fase de Declaración de Relevancia es también similar.
 
Sin embargo, en la formulación del proyecto se presenta una diferencia importante: al tratarse de un proyecto cofinanciado, se debe asegurar el buen uso de los recursos públicos a través del análisis coste-beneficio del SNIP. Por tanto, el proyecto debe pasar por el SNIP y ser declarado viable para que la IPC siga adelante. Culminado ese proceso, PROINVERSION emite el Informe de Evaluación y estructura el proyecto como APP.
 
A partir de ese momento, los trámites son exactamente iguales para ambos tipos de Iniciativas Privadas: el OPIP emite la Declaratoria de Interés, que describe el proyecto, y detalla las especificidades del mecanismo de adjudicación que se seguirá (requisitos precalificación, factor de competencia, fianza), incluyendo asimismo el borrador de contrato. Con carácter previo, el promotor de la IP deberá haber presentado su propia fianza que asegure la suscripción del contrato.
 
Los posibles competidores cuentan con un plazo de 150 días calendario para concurrir, transcurrido el cual sin que ninguna empresa se haya manifestado, el proyecto se adjudicaría de manera directa. En caso contrario, el proceso de selección se desarrollará según las normas fijadas en la Declaratoria de Interés. Si el adjudicatario final no fuese el promotor de la IP, a este último le serán reintegrados los gastos incurridos en la preparación de la propuesta (con un límite máximo del 2% del coste total del proyecto).
 
Consideraciones prácticas sobre las IPs y las IPCs
 
Como se indicó anteriormente, las IPCs no se dejan al libre albedrío del promotor privado sino que están previamente “orientadas” desde el sector público. Por tanto, pese a tratarse teóricamente de Iniciativas Privadas, en realidad las IPCs son de iniciativa cuasi-pública y constituyen vías para que los proyectos se puedan no sólo ejecutar sino también diseñar desde el sector privado, superando las limitaciones y regulaciones burocráticas de la Administración peruana en la fase de diseño. Otro aspecto práctico importante es que muchas de estos proyectos “orientados” desde el sector público peruano para que se diseñen y ejecuten como IPCs, plantean simplemente la construcción y mantenimiento, pero no la explotación de los activos públicos involucrados, lo que aleja todavía más a este instrumento de las IPs tradicionales, donde la explotación solía ser un componente fundamental. Otra diferencia importante es que en la mayoría de las IPCs no existe una contraprestación privada para el adjudicatario, sino que la mayoría o la totalidad son ingresos provenientes de la Administración. Por tanto, en muchos casos la IPC se plantea como cuasi-obra pública que integra en su caso un contrato de servicios de mantenimiento.
 
Debe tenerse en cuenta también la problemática registrada en relación con las Iniciativas Privadas (particularmente las Cofinanciadas) durante los últimos dos años. En 2014 las IPCs parecieron convertirse en el cauce para que se sacasen al mercado proyectos largamente postergados por las trabas existentes en los procesos de diseño y licitación de los proyectos de obra pública en Perú. Desde distintos ministerios se resaltó ante los empresarios que se vería con muy buenos ojos la presentación de IPCs en determinados ámbitos, y la empresa privada (peruana y extranjera) respondió con más de 200 propuestas. Desde entonces, y por motivos aparentemente de índole interna (presupuestaria y administrativa), la inmensa mayoría de esas IPCs están detenidas en su tramitación, sin que exista claridad respecto a su devenir futuro. El nuevo marco normativo aclara notablemente el panorama, pero en principio no es de aplicación a este gran número de IPCs ya presentadas.
 
1.1.3 Obras por Impuestos (OxI)
 
El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) consiste esencialmente en que una empresa privada asume – de acuerdo con la Entidad Pública[2] correspondiente - la ejecución de un determinado proyecto público, cuyo coste soporta inicialmente para que luego este monto le sea descontado en sus pagos del Impuesto a la Renta. Terminado el proyecto, la empresa privada entrega la obra a la Entidad para que ésta se encargue de su gestión. A través de este mecanismo, el Estado peruano logra acoger estos proyectos a un régimen de licitación privada, en general mucho más ágil, rápido y transparente que el de la licitación pública, además de disminuir considerablemente la  litigiosidad del proceso. Se trata de una forma particular de asociación público-privada, si bien dadas sus especificidades se trata en un apartado distinto.
 
Aunque los proyectos que se han desarrollado bajo el mecanismo de OxI tradicionalmente han sido de infraestructuras, los últimos cambios normativos han incluido también como actividades elegibles la prestación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura (construida bajo OxI o no); en todo caso, la explotación del activo como tal nunca es parte de los proyectos OxI. El importe de cada proyecto a ejecutar bajo el mecanismo de OxI no puede superar las 15.000 UITs (unos 59 millones de soles o 16 millones de euros), sin incluir los costes de mantenimiento. El límite no aplica a entidades del Gobierno Nacional ni a proyectos de ejecución conjunta; con ello se pretende incentivar que los proyectos importantes a nivel regional y local sean co-ejecutados con el Gobierno Nacional.
 
A pesar de la ralentización en el flujo de proyectos durante el año 2015, el mecanismo parece tener un notable potencial futuro, particularmente tras las flexibilizaciones normativas registradas desde 2014. La base normativa está integrada por la Ley Nº 29230, recientemente modificada por el Decreto Legislativo 1238, y el Reglamento (Decreto Supremo 409-2015-EF).
 
Existe una amplia lista de Entidades Públicas que pueden promover proyectos mediante el mecanismo de OxI: entidades del Gobierno Nacional[3], Gobiernos Regionales y Locales, Universidades e incluso Mancomunidades Regionales y Municipales. Cada entidad interesada en hacer uso de este mecanismo debe elaborar una lista de proyectos priorizados para ejecución bajo OxI y publicar dicha lista en el portal de PROINVERSION, actualizándola al menos una vez al año. El MEF está encargado de comprobar que cada entidad disponga de capacidad presupuestal suficiente para realizar los proyectos indicados. En la práctica, la priorización suele responder a conversaciones previas con una empresa privada interesada en ejecutar el proyecto en cuestión.
 
Alternativamente, la empresa privada puede proponer un proyecto a la Entidad Pública de que se trate, siempre y cuando el proyecto no coincida con un proyecto público ya en formulación, declarado viable o en ejecución. La propuesta del proyecto debe incluir las características básicas del mismo (incluyendo plazo y coste del proyecto en sí y de su formulación). Una vez recibida dicha propuesta, si la Entidad Pública está de acuerdo con ella, la empresa desarrollará el estudio de preinversión de acuerdo a las normas del SNIP y se lo presentará a la Entidad Pública, la cual lo someterá a análisis en el propio SNIP con objeto de declararlo viable. Cumplido el paso anterior, el proyecto se incluye en la lista de proyectos priorizados. Esto asegura a la empresa privada la recuperación de lo invertido en el estudio de pre-inversión[4], bien por reembolso del adjudicatario o de la Entidad Pública (vía certificados compensables contra cuota fiscal [CIPRL y CIPGN, ver más adelante] o de manera directa, si finalmente la Entidad Pública decide ejecutar el proyecto bajo otra modalidad).
 
Tras la priorización del proyecto por una de estas dos vías, cualquier empresa privada puede dirigirse a la Entidad Pública correspondiente para mostrar interés por la ejecución del mismo. Esto pone en marcha el proceso de selección, que será llevado a cabo por un Comité Especial, integrado por tres representantes de la Entidad Pública. Alternativamente, la Entidad Pública puede encomendar el proceso a PROINVERSIÓN, que designaría a tres funcionarios para este mismo propósito. El Comité Especial selecciona también a la empresa privada que supervisará el proyecto.
 
Una cuestión importante a tener en cuenta es que la empresa privada elegida para la ejecución del proyecto no necesariamente tiene que ser una empresa dedicada a ese sector: la gran mayoría de los proyectos son de infraestructura, y sin embargo, como puede verse en la tabla siguiente, los adjudicatarios de proyectos bajo el formato OxI son principalmente bancos, mineras, operadores de telecomunicaciones o empresas eléctricas. De cara a presentar la oferta técnica, estas empresas se apoyan en empresas de construcción o ingeniería, que les ceden el personal necesario y les facilitan el cumplimiento de otros requisitos técnicos. De facto, son estas constructoras/ingenierías las que ejecutan realmente el proyecto; sin embargo, la responsabilidad del buen fin de la obra ante la Entidad Pública es asumida por la empresa adjudicataria.
 
Proyectos OxI – Ranking de Empresas por Monto de Inversión 2009-2015
 
RankingEmpresaSector

(mil soles)

Monto de Inversión en OxI

1Banco de Crédito del Perú (BCP)Banca y Finanzas584,8
2Southern Peru Copper CorporationMinería491,6
3Volcan Compañía Minera, SAAMinería107,1
4InterbankBanca y Finanzas106,4
5Compañía Minera Antamina, SAMinería88,0
6Telefónica del Perú, SAATelecomunicaciones83,3
7Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, SAA (BACKUS)Alimentación77,7
8Cementos PacasmayoConstrucción49,6
9Minera Barrick Misquichilca, SAMinería33,0
10Minera Gold Fields Peru, SAMinería18,5
Fuente: PROINVERSIÓN, Elaboración propia.
 
El factor principal que impulsa a la empresa privada a participar en el proceso de desarrollar un proyecto a través del mecanismo de OxI es el beneficio en términos de imagen que puede obtener, particularmente en proyectos sensibles que estén localizados en áreas de especial importancia para la empresa; téngase en cuenta que en muchos casos puede tratarse de proyectos que, por las complejidades de las licitaciones públicas peruanas, pueden llevar un largo periodo de tiempo parados o sujetos a otro tipo de problemática. El mecanismo de OxI genera también una notable cercanía con el Gobierno Regional o Local involucrado (también con las Entidades del Gobierno Nacional que puedan estarlo), lo que puede representar un atractivo adicional para la empresa.
 
El proceso de selección es similar al de la contratación pública ordinaria, con la peculiaridad de que los plazos son muchos más perentorios y se impone un mínimo de 60% para la valoración de la oferta técnica. Todo ello tiende a favorecer a la empresa más directamente involucrada en la gestación del proyecto. Cabe mencionar que es muy infrecuente que se presenten varios postores, y más infrecuente aún que no resulte adjudicataria la empresa que promovió el proyecto desde el primer momento.
 
La supervisión del proyecto corre a cargo de una empresa privada, elegida por la Entidad Pública (que será su cliente a todos los efectos) pero pagada por la Empresa Privada que financia o ejecuta el proyecto (ese importe se añade al total recuperable posteriormente). Las actividades de mantenimiento, mucho más prolongadas en el tiempo, en principio serán directamente supervisadas por la Entidad Pública (aunque se prevé también la posibilidad de que ésta contrate a una empresa privada para tal fin).
 
Una vez comenzada la ejecución del proyecto, se prevé la posibilidad de que se realicen modificados (“mayores trabajos de obra”), en las mismas condiciones que en cualquier proyecto de obra pública. Sin embargo, si exceden en más de un 50% del monto de los componentes de obra inicialmente considerado, ese exceso no podrá ser asumido por la Entidad Pública (por tanto, debería ser soportado por la Empresa Privada que está llevando a cabo la ejecución).
 
El cumplimiento de los distintos hitos del proyecto va generando para la Empresa ejecutora derechos de cobro (en realidad, derechos compensables contra el pago futuro de impuestos) frente a la Hacienda Pública peruana; salvo para proyectos muy cortos (menos de cinco meses), la periodicidad de recepción de estos derechos de cobro es trimestral. Para recibirlos, el paso previo es que la Entidad Pública y el supervisor den su conformidad a la calidad de los avances de obra realizados, y el coste incurrido en el proceso por el ejecutor (“valorizaciones”, equivalente a las certificaciones de obra). Todos los costes asumidos por la empresa en la formulación del proyecto se reconocerán en la primera valorización del proyecto. En el caso del mantenimiento, se da una conformidad a las tareas de mantenimiento realizadas en el periodo anterior.
 
En cuanto se otorgan las conformidades, la empresa recibe un documento que reconoce su derecho a resarcirse frente al Estado peruano por el importe correspondiente: el Certificado de Inversión Pública Regional o Local o CIPRL; si la Entidad Pública está en el ámbito de la Administración Central, el documento pasa a denominarse Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional o CIPGN. Como ya se indicó, estos certificados pueden utilizarse para cubrir la cuota impositiva del Impuesto a la Renta (equivalente al Impuesto sobre Sociedades en España), con un límite anual del 50% del importe total de la citada cuota impositiva. Además, el certificado devenga intereses (2% anual), puede ser fraccionado, y es negociable, salvo cuando la Empresa Privada esté ejecutando directamente el proyecto (caso infrecuente como ya se dijo).
 
El plazo de vigencia de los CIPRL/CIPGN es de diez años. Sin embargo, incluso si la empresa no genera obligaciones impositivas suficientes durante ese periodo, la recuperación está garantizada: transcurridos los diez años, los importes pendientes de compensación serían devueltos por la Hacienda Pública peruana. Por otra parte, existe un límite a los CIPRL o CIPGN que la Entidad Pública puede emitir, en función de sus disponibilidades financieras (dado que desde el punto de vista financiero los proyectos OxI son una forma implícita de endeudamiento).
 
El círculo se cierra cuando el MEF compensa los importes soportados (dejados de ingresar) en su recaudación fiscal por CIPRL o CIPGN, minorando en el importe necesario las transferencias a la Entidad Pública que promovió el proyecto.
 
Dada la gran complejidad de la licitación pública en Perú, el mecanismo OxI se ha convertido en una vía práctica para llevar a cabo determinados proyectos públicos, apoyándose en la mayor eficiencia, rapidez y flexibilidad del sector privado. Por ese motivo, como puede verse en la siguiente tabla, la actividad ha ido aumentando con rapidez en años recientes. En los últimos meses de 2015 y primeros de 2016, se aprecia sin embargo una notable ralentización, probablemente atribuible a la curva de aprendizaje que experimentaron las nuevas autoridades, regionales y locales, elegidas en octubre 2014, y a la fuerte caída de los beneficios y capacidad inversora del sector minero (las empresas mineras están entre las principales empresas privadas que hacen uso de este régimen); además de trabas burocráticas pendientes de resolución entre los tres niveles de la administración pública peruana.
 
Proyectos OxI – Total de Inversión Ejecutada y/o Comprometida 2009-2015
 
AñoTotal Proyectos AdjudicadosTotal Inversión Ejecutada y/o Comprometida (millones Nuevos Soles S/.)
200926
2010510,3
20117287,7
201219181,3
201335486,2
201486651,4
201542296,8
TOTAL:1961919,7

Fuente: PROINVERSIÓN, Elaboración propia.

Interés comercial del instrumento Obras por Impuestos

Este mecanismo puede tener un interés comercial notable para empresas españolas, en el papel de asesoras/ejecutoras de proyectos de infraestructura o servicios para las empresas privadas que tradicionalmente los impulsan –empresas que como se dijo no suelen tener experiencia en la ejecución de obra. En primer lugar, porque supone la sustitución de las licitaciones públicas por privadas, lo que permite evitar los problemas de las primeras (litigiosidad, lentitud y problemas en el diálogo con el cliente especialmente). Asimismo, los proyectos a través del régimen de OxI suelen tener gran relevancia social en el ámbito (nacional, regional o local) en que se realizan, por lo que la calidad y rapidez suele ser un factor fundamental y las eventuales diferencias de criterio entre ejecutor y cliente suelen encauzarse de manera mucho más rápida y constructiva que en las licitaciones públicas. Por último, suelen ser proyectos valorados en el presupuesto base inicial (sin bajas adicionales) y donde la confianza con el cliente (entendido siempre como la Empresa Privada promotora) es fundamental.


[1] PROINVERSION en el caso de proyectos para el Gobierno Central y los correspondientes organismos regionales o municipales para otros escalones administrativos.
[2] Administración nacional, regional o local, además de universidades públicas
[3] En el caso de las entidades del gobierno nacional, solamente los ministerios encargados de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad.
[4] El coste del estudio no puede superar el 2% del monto referencial del proyecto si se trata de estudios a nivel de perfil, o el 5% en el caso de estudios de factibilidad.

 

 

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Detalle del APPRI con España

El Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y España contiene el clausulado habitual en este tipo de convenios, incluyendo las definiciones legales y los compromisos de promover la inversión recíproca. Dado que ambos países (en el caso español, como miembro de la UE) aplican a la inversión extranjera un elevado estándar de protección, la principal virtualidad del convenio es ofrecer a las empresas inversoras un foro arbitral internacional de resolución de disputas, así como "blindar" esos principios en caso de modificaciones de la legislación local; en todo caso esas modificaciones no son previsibles (téngase en cuenta que algunas de estas disposiciones tienen en Perú rango constitucional).

El Acuerdo prevé un régimen liberal de tratamiento a la inversión extranjera, incluyendo la concesión de las autorizaciones necesarias para la inversión (ambas partes ya consagran este principio en sus legislaciones respectivas y lo aplican a todo el resto de países). Se estipula asimismo un tratamiento justo y equitativo al inversor, así como la aplicación de la cláusula de "nación más favorecida", principios que -de nuevo- en el caso de España y Perú ya se aplican erga omnes a todos los inversores extranjeros, independientemente de su lugar de residencia. Lo mismo puede decirse de la libre repatriación (una vez cumplidas las obligaciones fiscales) del capital invertido y las rentas generadas por éste, ya contemplada por las normas comunitarias y las peruanas.

En el artículo 8, los países firmantes se comprometen a reconocer la subrogación del otro Estado en las compensaciones que procedan para el inversor, cuando ese Estado haya otorgado al inversor garantías financieras sobre riesgos no comerciales. Esta cláusula es de interés potencial en relación con la actividad de CESCE en la cobertura de riesgo de inversión.

Las disputas entre inversores de un país firmante, y el otro Estado firmante, se resuelven con remisión a tres posibles foros: los tribunales nacionales, el tribunal UNCITRAL y el tribunal CIADI. Perú, dada su condición de país receptor de inversión extranjera, tiene un cierto número de contenciosos internacionales abiertos, normalmente dirimidos en el CIADI de Washington.

Las disputas entre ambos países por cuestiones interpretativas del convenio se remiten a un tribunal arbitral ad hoc, con tres árbitros (uno nombrado por cada país, y el Presidente del tribunal nombrado de común acuerdo entre los dos árbitros anteriores).

El convenio, tras su vigencia inicial de quince años (hasta 2009), puede ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación de doce meses. En todo caso, las inversiones realizadas antes del momento de la denuncia gozan de la protección del Acuerdo durante quince años adicionales.

 

 

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Zonas francas y ZEE

3.2.1. Zonas especiales
 
Las zonas especiales peruanas están aún en una fase de desarrollo muy incipiente, sin que por el momento hayan conseguido convertirse en polos de desarrollo del país como se pretendía.
 
a.    Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios-CETICOS
 
Los CETICOS son zonas primarias aduaneras de trato especial, destinadas a generar polos de desarrollo a través de actividades industriales de maquila o ensamblaje, así como de almacenamiento. Los CETICOS activos se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani, y en ellos se pueden desarrollar actividades agroindustriales y de agroexportación. En Tumbes y Loreto el régimen CETICOS está todavía en proceso de implantación.
 
Beneficios tributarios
 
§ Las empresas que se constituyan o establezcan en los CETICOS, están exoneradas hasta el 31 de Diciembre de 2022 del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, así como de todo impuesto, tasa, aportación o contribución, tanto del Gobierno Nacional como Municipal, incluso de aquellos que requieran de norma de exoneración expresa, excepto las aportaciones a ESSALUD.
 
§ El ingreso de mercancías a los CETICOS, desembarcadas por los puertos de Ilo, Matarani, o de Paita, no está afecto al pago de derechos arancelarios, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, y de cualquier otro tributo que grave su importación.
 
§ El ingreso de mercancías nacionales y la prestación de servicios provenientes del resto del territorio nacional hacia los CETICOS, se considerarán como una exportación. Si esta tiene el carácter definitivo, le será aplicable las normas referidas a la restitución simplificada de los derechos arancelarios y del Impuesto General a las Ventas así como de cualquier otra norma que en materia tributaria se dicte vinculada a las exportaciones.
 
§ Se permite el ingreso de mercancías del exterior por cualquiera de las Aduanas de la República con destino a los CETICOS, para su nacionalización, reexpedición al exterior, o de mercancías extranjeras que siendo transformadas en los CETICOS sean exportadas al exterior. Dicho ingreso se efectuará bajo el Régimen Aduanero de Tránsito.
 
§ Los productos fabricados en los CETICOS podrán ingresar al resto del territorio nacional bajo los Regímenes de Admisión Temporal, Importación Temporal y Reposición de Mercancías en Franquicia.
 
§ Los ingresos que se obtengan por la reexpedición al exterior de mercancías extranjeras, están exonerados del Impuesto a la Renta
 
El ingreso de mercancías al resto del territorio nacional proveniente de los CETICOS estará sujeto a los derechos arancelarios, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, y demás tributos de importación, según corresponda.
 
b. Zona Franca de Tacna – ZOFRATACNA
 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del Departamento de Tacna, se ha creado la Zona Franca de Tacna –ZOFRATACNA, en la que se podrán desarrollar actividades industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios. En los servicios se incluyen aquellos de almacenamiento, distribución, desembalaje, embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición, clasificación de mercancías, servicios de call center y servicios de desarrollo de software; así como la reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, de conformidad con la lista aprobada por el Ministerio de la Producción en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y que es susceptible de ser ampliada.
 
Zona Industrial de Tacna
 
La Zona Franca de Tacna es un recinto cerrado de 390 hectáreas, de las cuales 120 están habilitadas para el desarrollo de actividades.
 
Beneficios tributarios para la Zona Industrial
 
Los usuarios que se constituyan o establezcan en la ZOFRATACNA para la realización de las actividades antes descritas, estarán exoneradas del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, así como de todo tributo, tanto del Gobierno Nacional, Regional y Municipal, creado y por crearse, inclusive aquellos que necesiten una norma que expresamente exonere, excepto las aportaciones a ESSALUD y las tasas.
 
§ Las operaciones efectuadas entre los usuarios señalados anteriormente y dentro de la Zona Franca, previamente autorizados por la Administración de ZOFRATACNA, están exoneradas del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal.
 
§ Las mercancías provenientes del exterior que ingresen a la ZOFRATACNA a través de los puertos de Ilo y Matarani, Aeropuerto de Tacna y el Muelle Peruano en Arica, podrán ingresar a la Zona Comercial de Tacna, siempre que provengan de los Depósitos Francos ubicados en la ZOFRATACNA, pagando únicamente un Arancel Especial.
 
§ El ingreso definitivo de bienes de producción nacional y la prestación de servicios provenientes del resto del territorio nacional hacia ZOFRATACNA, se considerará como una exportación.
 
§ La importación de mermas, residuos, desperdicios y/o subproductos con valor comercial resultante de mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo no está afecto al pago de tributo alguno.
 
§ Los usuarios de la ZOFRATACNA, podrán ingresar maquinarias y equipos, herramientas y repuestos de origen extranjero a la ZOFRATACNA gozarán de un régimen especial de suspensión del pago de derechos e impuestos de aduanas y demás tributos que gravan la importación.
 
Zona Comercial de Tacna
 
Conectada con la Zona Franca de Tacna, puede mencionarse la zona comercial de Tacna, que comprende el distrito de Tacna y parte del distrito del Alto de la Alianza. En dicha área se pueden ingresar, provenientes de los Depósitos Francos de la Zona Franca, diversas mercancías pagando un Arancel Especial del 6 % sobre el valor CIF o sobre el valor de adquisición de los bienes por el usuario de la Zona Comercial de Tacna, el que resulte mayor. En la Zona Comercial existen muchos centros comerciales donde se puede comprar una gran variedad de productos que están liberados de los impuestos de importación a precios altamente atractivos. Para poder gozar de los precios que se ofrecen en la Zona Comercial de Tacna se debe visitar la ciudad en calidad de turista. El turista, al finalizar sus compras en la mencionada Zona Comercial, debe efectuar la "Declaración Jurada de Equipaje" en el Terminal Terrestre o Aeropuerto de Tacna, para garantizar que sus productos adquiridos lleguen a su destino, sin problemas y con la seguridad del caso.
 
c. Zona Económica Especial de Puno - ZEEDEPUNO
 
Al igual que ZOFRATACNA, es un área que goza de presunción de extraterritorialidad aduanera, donde se aplica un régimen especial en materia tributaria que supone no sólo la exención de los tributos a la importación de bienes que ingresen en dicha zona, sino que además se prevé la exoneración de Impuesto de la Renta, el Impuesto General de Ventas, El Impuesto Selectivo al Consumo, el Impuesto de Promoción Municipal, así como de todo tributo del gobierno central, regional y municipal, creado o por crearse, incluso de aquellos que requieren una exoneración expresa; siempre y cuando los usuarios realicen las actividades autorizadas, tales como industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios de almacenamiento, distribución, desembalaje, envasado y otras, dentro de dicha zona.
 
El plazo de vigencia de las exoneraciones concedidas termina en 2027, con excepción del Impuesto a la Renta, que concluye el 31 de diciembre de 2028.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Entre los aspectos más destacados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento podemos señalar los siguientes:

-  Cada entidad debe formular un Plan Anual de Contrataciones, el cual debe incluir las contrataciones de bienes, servicios y obras previstas para el año fiscal. Este plan será publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

-  Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores – RNP (http://portal.osce.gob.pe/rnp/). Este requisito es de obligatorio cumplimiento. Bajo el RNP existen los siguientes subregistros:

     ·    Registro para proveedores de bienes

     ·    Registro para proveedores de servicios

     ·    Registro para consultores de obras

     ·    Registro para ejecutores de obras

-  El registro en el RNP tiene validez de un año, a partir del día siguiente de su aprobación. El proceso de renovación puede empezarse 60 días antes de su vencimiento.

-  Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones del Estado.

-  Las bases del proceso de selección deberán incluir, como las especificaciones técnicas requeridas, el cronograma del proceso de selección, los precios referenciales, el método de evaluación y calificación de propuestas, además de la proforma del contrato señalando las condiciones de la contratación.

-  Los postores podrán adquirir las correspondientes bases hasta un día antes de la presentación de propuestas. Dichas bases deberán estar a disposición de los interesados para su consulta. El precio de las bases no podrá exceder el costo directo de reproducción.

-  Los documentos emitidos en el extranjero deberán estar legalizados por el Consulado peruano en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o con la Apostilla de La Haya. 

-  El plazo mínimo entre la convocatoria y la presentación de las propuestas deberá ser no menor a veintidós (22) días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en SEACE.

-  En caso de financiación externa deberá cumplirse lo establecido en la Ley de endeudamiento externo y la Ley de equilibrio financiero.

-  Se utilizará el sistema de suma alzada cuando las magnitudes y calidad de la prestación esté totalmente definida. En caso contrario se utilizará el sistema de precios unitarios.

-  La calificación final de una propuesta se calculará asignando puntuaciones a la propuesta técnica y a la económica. La suma de ambos será cien puntos y los asignados a la propuesta económica deberá ser al menos de cincuenta puntos, excepto en el caso de contratos de consultoría. Dicha asignación de puntaje deberá estar expresada en las bases.

Anualmente, en la “Ley de Presupuesto del Sector Público”, se señalarán los montos según los que se definirán los distintos procesos de selección: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y menor cuantía. Estas cantidades diferirán dependiendo del tipo de contratación que se lleve a cabo:

     ·    Contratación de obras

     ·    Adquisición de bienes y de suministros

     ·    Contratación de servicios (tales como prestaciones de empresas de servicios, compañías de seguros y contratos de arrendamiento no financieros, así como investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, auditorías, asesorías y peritajes)

Los montos para el 2016 se describen a continuación (1 Unidad Impositiva Tributaria-UIT = S/ 3.950): 

Proceso de Selección Bienes Servicio Obras
Licitación Pública >= 101 UIT   >= 456 UIT
Concurso Público   >= 101 UIT  
Adjudicación Simplificada

< 101 UIT

> 8 UIT

< 101 UIT

> 8 UIT

< 456 UIT

> 8 UIT
Selección de Consultores Individuales  

<25

> 8 UIT
 
Comparación de Precios

< 10 UIT

> 8 UIT

< 10 UIT

> 8 UIT
 
Subasta Inversa Electrónica > 8 UIT > 8 UIT  
Contratación Directa > 8 UIT > 8 UIT > 8 UIT

Fuente: OSCE, elaboración propia

-  Para el caso de licitaciones y concursos públicos la entidad correspondiente debe constituir un Comité Especial encargado del proceso. El Comité Especial estará conformado por tres o cinco integrantes titulares con igual número de suplentes. Cualquiera que sea el número de integrantes del Comité Especial, uno deberá pertenecer a la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones de la entidad convocante, y otro al área usuaria. Necesariamente, uno de los miembros deberá tener conocimiento técnico sobre el objeto de la convocatoria.

-  En el reglamento se señalan las normas generales de contratación, así como las de resolución de conflictos, en los que se da preferencia a la resolución por medio de arbitraje, que se señala de carácter obligatorio.

-  El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, es el órgano encargado del cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el Reglamento, designando árbitros en caso de controversias, administrando el Registro Nacional de Proveedores (RNP), resolviendo consultas y aplicando sanciones.

Pese a la flexibilidad de la normativa, en la práctica las licitaciones públicas tienen una notable complejidad, variable según los sectores y organismos licitadores.

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Régimen de inversiones

Perú tiene un régimen receptivo a la inversión extranjera, a la que se asegura trato nacional y libre repatriación de divisas. Asimismo, los inversionistas extranjeros pueden suscribir Convenios de Estabilidad Jurídica con el Estado, con el objeto de que éste les garantice, por el periodo de vigencia del Convenio, estabilidad en el régimen tributario vigente al momento de su suscripción.

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Propiedad inmobiliaria

No hay especiales restricciones a la compra o tenencia de activos inmobiliarios, más que en las cercanías de las fronteras del país. Se recomienda especial cautela a la hora de efectuar estas compras, dados los enormes problemas de titulación de tierras que existen todavía en el país.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Perú es un país que apoya la inversión mediante la estabilidad macroeconómica y jurídica, pero no con una política de subsidios o incentivos fiscales a la inversión (con algunas excepciones muy tasadas –ver más adelante).

4.3.1 CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA

Entre las vías para salvaguardar la estabilidad del marco legal, destacan los convenios de estabilidad jurídica. Se trata de contratos firmados con el Estado Peruano, a través de los cuales se otorgan garantías de estabilidad jurídica a inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y a las empresas receptoras de la inversión que los suscriben.

Estas garantías son aplicables tanto en el caso de constitución de nuevas empresas como en la ampliación del capital social de empresas ya establecidas. Los convenios de estabilidad jurídica solo pueden ser modificados con el consentimiento de ambas partes, y su periodo de vigencia es de diez años exceptuando el caso de las concesiones, en el cual el periodo de vigencia coincide con el de la concesión.

En la siguiente tabla se resumen las principales condiciones y características de los convenios de estabilidad jurídica:

Características Contratos Leyes con carácter civil y no administrativo. Se rigen según el Código Civil.
Posibles suscriptores Inversionistas nacionales y/o extranjeros y las empresas receptoras de la inversión.
Garantías aplicables a los inversionistas Estabilidad del derecho a la no discriminación, del Régimen del Impuesto a la Renta, aplicable a inversionistas; de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesas de utilidades, dividendos y regalías, aplicable a capitales extranjeros.
Garantías aplicables a las empresas receptoras de la inversión. Estabilidad del Régimen del impuesto a la Renta, de los regímenes de contratación de trabajadores y de los regímenes de promoción de exportaciones, siempre que los utilice la empresa al momento de solicitarlos.
Requisitos Aporte dinerario mínimo de 10 millones de USD para los sectores de minería e hidrocarburos; y de 5 millones de USD para las demás actividades económicas. Este aporte se deberá realizar a través del Sistema Financiero Nacional.
Modalidades Los aportes pueden realizarse al capital de una empresa establecida o por establecerse, asimismo, pueden efectuarse en inversiones de riesgo que formalicen con terceros, en inversiones en empresas titulares de contratos de concesión y finalmente, en inversiones que requieran adquirir más del 50% de acciones de propiedad de una empresa del Estado, en proceso de privatización.
Vigencia Diez años excepto en el caso de las concesiones donde coincide con el periodo de vigencia de la concesión.
Solución de Controversias Mediante Tribunales arbitrales, de acuerdo a la legislación peruana aplicable sobre la materia.

Fuente: ProInversión, Elaboración propia.

Los contratos de estabilidad jurídica son importantes en sí mismos (hay un notable número de inversores extranjeros y nacionales acogidos a él), pero también por lo que denotan sobre el apego de las autoridades peruanas a la estabilidad del marco legal de la inversión.

4.3.2 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES PÚBLICAS (ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS)

El Estado peruano reconoce un amplio papel al sector privado en l los proyectos de interés público del país. No sólo en su ejecución (en calidad de contratista) sino también en la gestión de los activos públicos y en la propia identificación de proyectos.

Tras las recientes reformas legales, el marco normativo de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) queda constituido por el Decreto Legislativo No. 1224 y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 410-2015-EF).

La nueva normativa legal contempla como razón de ser de las APPs la incorporación de la experiencia, conocimiento, equipos y tecnología privados. Asimismo, alcanzar una adecuada distribución de riesgos, que deben ser asignados a la parte (pública o privada) con mayor capacidad para asumirlos y administrarlos. El principio rector capital es el de “valor por dinero”, buscando la mejor combinación de calidad y coste para el usuario (teniendo en cuenta el eventual elemento de subvención que pueda concurrir). La APP puede comprender bajo su ámbito infraestructura pública (entendida en sentido amplio) o servicios ligados a ella.

Las modalidades de APPs son básicamente dos:

-       Iniciativas estatales (Asociaciones Público-Privadas [APPs] Tradicionales): proyectos, promovidos por el sector público, cuya construcción y explotación se cede (vía licitación) a una empresa privada, normalmente en forma de concesión.

-       Iniciativas Privadas (IPs): proyectos de interés público promovidos por una empresa privada. El proyecto se presenta a la Administración, que certifica su interés público y lo somete a licitación otorgando ciertas ventajas a la empresa proponente.

Desde otro punto de vista, las APPs pueden clasificarse también en:

-       Autofinanciadas: tienen capacidad propia de generación de ingresos, y por tanto no requieren apoyo financiero del sector público, ni el otorgamiento de garantías públicas, financieras o no financieras, que tengan probabilidades significativas de materializarse.

-       Cofinanciadas: no tienen capacidad de generar ingresos suficientes para llevar adelante el proyecto, por tanto requieren de apoyo público, directo o vía garantías (estas sólo se consideran si tienen probabilidades significativas de materializarse).

Las fases en la tramitación de una APP son las siguientes:

-       Planeamiento y programación: los proyectos se gestan como otros de inversión pública, pudiendo estar pre-identificados o no como proyectos a ejecutar bajo APP. En el caso de las iniciativas privadas, el régimen es distinto, puesto que la identificación del proyecto es realizada por el propio sector privado.

-       Formulación: diseño del proyecto (perfil y expediente técnico) y/o evaluación del mismo. Puede ser desarrollado por el sector público (normalmente apoyándose en una consultora) o por el sector privado (iniciativas privadas).

-       Estructuración: el proyecto recibe la forma de APP, contemplando el régimen económico-financiero, mecanismo de retribución, reparto de riesgos y redacción del contrato. Todo ello es realizado por el Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) correspondiente[1], en coordinación con el Ministerio sectorial correspondiente (o entidad subnacional equivalente), el organismo regulador en su ámbito de competencia, y en todo caso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En particular, la versión final del contrato debe contar con el visto bueno de esos tres organismos.

-       Transacción: el proyecto se abre al mercado para su adjudicación al mejor postor a través de un mecanismo competitivo (normalmente licitación pública, pero pueden caber otros como el concurso de proyectos integrales).

-       Ejecución contractual: generalmente construcción y explotación, durante la vigencia del contrato de APPs; incluye la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa privada por distintos organismos públicos (particularmente, los reguladores sectoriales).

En relación con este último punto, durante la ejecución contractual debe resaltarse el papel crucial de los reguladores sectoriales: OSINERGMIN (sector energía y minas), OSITRAN (transportes), OSIPTEL (telecomunicaciones) y SUNASS (agua). A ellos les corresponde supervisar el cumplimiento por parte de la empresa privada (y en ocasiones también pública) de las obligaciones asumidas por ésta en la prestación de servicios públicos en los citados sectores, incluyendo las asumidas a través de contratos APP. Los reguladores son independientes del poder ejecutivo y desarrollan su actividad con criterios exclusivamente técnicos, teniendo en la práctica una esfera amplia de autonomía.

Según la Ley y Reglamento citados, se establece un plazo máximo (con posibilidad de ser reducido en casos concretos) de sesenta años para los contratos de APP y se consagra la vía arbitral como principal cauce de resolución de disputas. Por otra parte, se establece que los compromisos de pago (en firme o contingentes) asumidos por el sector público peruano, no podrán (en valor presente) superar el 12% del PIB del país en ningún momento; esto responde a la preocupación por la eventual acumulación de compromisos de este tipo, que pueden no computar como deuda pública.

Iniciativas Estatales

Las iniciativas estatales (o APPs) parten del llamado Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas, documento emitido por cada Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local (en adelante, y de manera conjunta, “autoridades sectoriales”) detallando los proyectos que emprenderán bajo esa modalidad en los próximos tres años. Para ello, deben tenerse en cuenta los compromisos financieros en firme que generarán para la autoridad sectorial los citados proyectos, caso de no ser autofinanciados.

En cuanto a la formulación, presenta algunas diferencias en función del tipo de Iniciativa Estatal de que se trate:

-       Las co-financiadas están sujetas al régimen ordinario del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), puesto que involucran el uso de recursos públicos cuya utilidad debe asegurarse mediante análisis coste-beneficio

-       Las autofinanciadas tienen un régimen más sencillo, basado en la evaluación técnica, económica y financiera del proyecto, especialmente su rentabilidad económica y social

La formulación es realizada siempre por la autoridad sectorial, con el apoyo (caso de ser solicitado) de PROINVERSION en el caso de las subnacionales. Posteriormente, dicha autoridad elabora un Informe de Evaluación, donde se valora la deseabilidad de desarrollar el proyecto bajo fórmula APP, teniendo en cuenta el principio del valor por dinero y el reparto previsto de riesgos (el informe puede ser realizado por PROINVERSION, por encargo expreso de la autoridad sectorial).

En ese momento, el protagonismo pasa al OPIP competente. Este será PROINVERSION para todos los proyectos de ámbito nacional que superen cierto tamaño (superior a 15.000 Unidades Impositivas Tributarias - UITs), aproximadamente 59 millones de Soles o 17 millones de Euros, según el cambio actual) o que tengan alcance multisectorial. Los demás proyectos de ámbito nacional, son manejados por los Comités de Inversiones de los ministerios (en su condición de OPIP sectorial). Los de alcance regional o local son gestionados por los OPIP de la Administración correspondiente. En todos los casos citados cabe la encomienda a PROINVERSION para que sea este organismo quien conduzca el proceso.

El OPIP supervisa el Informe de Evaluación remitido por la autoridad sectorial y en su caso propone cambios, que deberán recibir conformidad de la citada autoridad (si PROINVERSION había elaborado el informe, debe recibir también conformidad de la autoridad sectorial). Valorando toda la información mencionada en los párrafos anteriores, el OPIP emite opinión técnica dando conformidad a los estudios y al Informe de Evaluación, remitiendo toda la documentación al MEF. El MEF, a su vez, valora la documentación a la luz de los criterios de elegibilidad, que él mismo emite con carácter general, y que detallan la deseabilidad relativa de las APPs frente a la contratación pública ordinaria según los costos y calidad del servicio, distribución de riesgos, costes de tramitación y limitaciones de la obra pública tradicional; también valora los compromisos financieros futuros que pueda estar asumiendo el Estado (iniciativas estatales cofinanciadas).

Con la opinión favorable del MEF, el OPIP elabora el llamado Plan de Promoción del proyecto, que contiene sus características básicas: esquema general de la APP (características técnicas del proyecto y económico financieras de la estructura de colaboración público-privada), mecanismo de selección (licitación pública, concurso integral de proyectos u otro) y cronograma del proyecto. Dicho Plan debe ser refrendado también por la autoridad sectorial.

A partir de este momento, el protagonismo corresponde íntegramente al OPIP, que debe estructurar el proyecto, desarrollar su promoción como APP y redactar el borrador de contrato. Durante esta fase, la capacidad de decisión es exclusivamente suya, aunque pueda consultar con las autoridades sectoriales, organismos reguladores o el propio MEF.

Transcurrida la fase de Estructuración, se pasa a la de Transacción que es la adjudicación del proyecto APP. Para ello, se elaboran las bases del proceso y se somete a comentarios de los postores el borrador de contrato. La versión final del contrato debe recibir conformidad de las autoridades sectoriales, el organismo regulador competente y el MEF (las llamadas “opiniones previas”). También la Contraloría General de la República, en su ámbito de competencias, puede emitir opinión, que sin embargo no será vinculante.

Las ofertas o propuestas de los distintos postores son evaluadas por un Comité Especial, que determinará quién debe recibir la adjudicación (“buena pro”). La normativa faculta al Comité para rechazar todas las ofertas presentadas, por razones de interés público y sin que los postores tengan derecho a indemnización.

Se prevé un procedimiento simplificado para aquellos proyectos destinados al desarrollo de servicios públicos o vinculados a la infraestructura pública, y, en general, para los que no tengan componente de inversión; esto también rige para los proyectos de innovación tecnológica o investigación aplicada. En ambos casos, se requiere que los proyectos no superen las 50.000 UITs (aproximadamente 197 millones de Soles o 53 millones de Euros, según el cambio actual) De manera más general, el procedimiento simplificado se aplica a cualquier proyecto de iniciativa estatal que no supere las 15.000 UITs (aproximadamente 59 millones de Soles o 16 millones de Euros, según el cambio actual). El procedimiento simplificado se deriva básicamente de no existir componente importante de inversión, lo cual limita el papel del MEF en lo esencial al análisis de la capacidad de pago futuro de la entidad pública que promueve el proyecto.

Existe también un régimen especial aplicable a los llamados Proyectos en Activos, es decir, proyectos de APPs que giran sobre activos de titularidad pública. En este caso, los trámites son también más reducidos, si bien se hace especial hincapié en asegurar que el proyecto no compromete recursos públicos futuros ni traslada al sector público riesgos que debería asumir la empresa privada.

Según datos facilitados por PROINVERSION, en el 2014 esta entidad adjudicó proyectos bajo la modalidad de APP por valor de US$ 9.979 millones.

Iniciativas Privadas

Las IPs tienen algunas peculiaridades importantes respecto a las estatales, relacionadas con las salvaguardas adicionales necesarias al tratarse de un proyecto gestado fuera del sector público, y con impacto potencial sobre el presupuesto del Estado (Iniciativas Privadas Cofinanciadas o IPCs). Particularmente, las IPCs, que constituyen una innovación reciente (2013), son tratadas con gran cautela por el legislador.

Una manifestación de esa cautela es que las IPCs, sean del ámbito que sean, deben presentarse siempre ante el organismo PROINVERSION, que también recibe las peticiones de IP autofinanciadas cuando tengan ámbito nacional (PROINVERSION tiene reputación de ser el organismo institucionalmente más sólido dentro del panorama de la inversión pública peruana). Por tanto, los OPIPs subnacionales sólo pueden revisar IPs autofinanciadas de ámbito regional/municipal.

Las IPs presentadas constituyen desde el punto de vista legal “peticiones de gracia” al Gobierno, quien en virtud de lo anterior no está sujeto a las obligaciones habituales de los actos administrativos ordinarios (justificación, silencio positivo, etc.) más allá de las obligaciones de plazos de respuesta fijadas por la propia normativa de APPs. Las IPs sólo entran en la esfera del derecho administrativo ordinario cuando se produce la Declaratoria de Interés, momento en el cual los proyectos pasan a ser tratados básicamente como proyectos ordinarios del sector público.

Los OPIPs y todos los restantes organismos públicos involucrados en la revisión de las IPs, están obligados a respetar la confidencialidad de las IPs presentadas hasta el momento en que se produzca la Declaratoria de Interés (ver más adelante); no obstante, es habitual que el propio promotor de la IP la dé a conocer al público, de manera que esa confidencialidad suele estar bastante matizada en la práctica.

Las IPs autofinanciadas deben presentarse, según lo indicado, ante el OPIP correspondiente según el ámbito geográfico del proyecto presentado – PROINVERSION o el organismo equivalente en la Administración Regional o Local. La documentación presentada debe incluir una descripción detallada del proyecto, incluyendo todos los aspectos técnicos, económicos y financieros relevantes, así como una justificación del interés público que concurre; también debe formar parte de ella, la declaración jurada de gastos incurridos, el sustento de la capacidad técnica y financiera del proponente y la propuesta de cláusulas principales del contrato.

La admisión a trámite de la IP estará supeditada al cumplimiento de los requisitos formales (con capacidad de subsanación en algunos casos), y a la valoración favorable por parte del OPIP que la recibe, además de la capacidad técnica y financiera del proponente para llevar adelante el proyecto. El OPIP también deberá cerciorarse de que la solicitud no afecta a proyectos sujetos a Plan de Promoción (esto es, de que no va a distorsionar otros proyectos de APP en marcha, en cualquiera de sus modalidades).

El siguiente paso es la Declaración de Relevancia, que realiza la autoridad sectorial (Ministerio competente, Gobierno Regional o Gobierno Local según los casos). En ella se analiza si la propuesta es consistente con las prioridades gubernamentales, y se evalúa de forma preliminar su viabilidad técnica, identificándose además posibles problemas de saneamiento físico o legal en relación con los activos públicos involucrados. Esta declaración debe ser emitida en un plazo de 90 días. Durante ese plazo, se pueden remitir consultas o requerir información adicional al proponente, caso en el cual el plazo se amplía en 20 días (única prórroga posible). También se le pueden sugerir cambios, que el proponente podrá aceptar o no (en este último caso, la Iniciativa decae).

Emitida la Declaración de Relevancia, el OPIP redacta su Informe de Evaluación, utilizando la información entregada por el proponente y los “inputs” remitidos por la autoridad sectorial en la citada Declaración; el contenido es similar al indicado para las Iniciativas Estatales. Posteriormente, el OPIP pasa a estructurar el proyecto como APP. En esta fase, también se pueden presentar propuestas de modificación del proyecto, previa opinión técnica de la autoridad sectorial; nuevamente, el proponente puede aceptarlas o rechazarlas, caso este último en que la Iniciativa decae. El paso final es la elaboración de un borrador (o proyecto) de contrato.

Se contempla también la eventualidad de que varias propuestas giren sobre los mismos activos públicos, caso en que:

-       Si las propuestas tienen un objetivo similar (p.ej., si se pretende usar los activos para cubrir la misma necesidad pública), entonces se tratan por orden cronológico (la segunda no se tramita hasta que se rechaza o decae la primera, etc.)

-       Si tienen un objetivo distinto, el OPIP deberá consultar a la autoridad sectorial para que diga cuál de las propuestas prefiere.

En cuanto a las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPCs), el régimen hasta el momento de la Estructuración es diferente: al tratarse de operaciones con incidencia directa en el presupuesto público se hacen necesarias precauciones adicionales. De ello se derivan unos trámites procedimentales más amplios, que llevan a que se exija asimismo un tamaño mínimo del proyecto, que justifique todos los costes de tramitación que asume el sector público: un mínimo de 15.000 UITs (equivalente aproximadamente a 59 millones de Soles o 16 millones de Euros, según el cambio actual), y un plazo contractual mínimo de diez años. En las IPCs, como ya se dijo, el OPIP relevante es siempre PROINVERSION.

En lo relativo a las IPCs de alcance nacional, se prevé que a través de Decreto Supremo el Gobierno peruano dé a conocer el tipo de proyectos o sectores donde se pretende inducir la presentación de IPCs, de manera compatible con sus planes de inversión generales, y sus dotaciones presupuestarias para el año corriente y siguiente. En el citado Decreto se fijará el plazo para la presentación de propuestas. En el caso de IPCs de ámbito regional o municipal, el proceso es similar – cada gobierno subnacional declara sus necesidades a ser cubiertas mediante IPCs, previa conformidad del MEF en función de sus disponibilidades presupuestarias corrientes y en el medio plazo; en este caso, la “ventana” para presentar proyectos son los primeros 45 días calendario del año.

La solicitud es similar a las de las IPs autofinanciadas, con la particularidad de que se añade el cofinanciamiento que se exigirá al Estado. La admisión a trámite se rige también por criterios similares; las IPCs de ámbito regional y local admitidas a trámite son acumuladas por PROINVERSION y se remiten a los gobiernos correspondientes una vez revisadas. La fase de Declaración de Relevancia es también similar.

Sin embargo, en la formulación del proyecto se presenta una diferencia importante: al tratarse de un proyecto cofinanciado, se debe asegurar el buen uso de los recursos públicos a través del análisis coste-beneficio del SNIP. Por tanto, el proyecto debe pasar por el SNIP y ser declarado viable para que la IPC siga adelante. Culminado ese proceso, PROINVERSION emite el Informe de Evaluación y estructura el proyecto como APP.

A partir de ese momento, los trámites son exactamente iguales para ambos tipos de Iniciativas Privadas: el OPIP emite la Declaratoria de Interés, que describe el proyecto, y detalla las especificidades del mecanismo de adjudicación que se seguirá (requisitos precalificación, factor de competencia, fianza), incluyendo asimismo el borrador de contrato. Con carácter previo, el promotor de la IP deberá haber presentado su propia fianza que asegure la suscripción del contrato.

Los posibles competidores cuentan con un plazo de 150 días calendario para concurrir, transcurrido el cual sin que ninguna empresa se haya manifestado, el proyecto se adjudicaría de manera directa. En caso contrario, el proceso de selección se desarrollará según las normas fijadas en la Declaratoria de Interés. Si el adjudicatario final no fuese el promotor de la IP, a este último le serán reintegrados los gastos incurridos en la preparación de la propuesta (con un límite máximo del 2% del coste total del proyecto).

Consideraciones prácticas sobre las IPs y las IPCs

Como se indicó anteriormente, las IPCs no se dejan al libre albedrío del promotor privado sino que están previamente “orientadas” desde el sector público. Por tanto, pese a tratarse teóricamente de Iniciativas Privadas, en realidad las IPCs son de iniciativa cuasi-pública y constituyen vías para que los proyectos se puedan no sólo ejecutar sino también diseñar desde el sector privado, superando las limitaciones y regulaciones burocráticas de la Administración peruana en la fase de diseño. Otro aspecto práctico importante es que muchas de estos proyectos “orientados” desde el sector público peruano para que se diseñen y ejecuten como IPCs, plantean simplemente la construcción y mantenimiento, pero no la explotación de los activos públicos involucrados, lo que aleja todavía más a este instrumento de las IPs tradicionales, donde la explotación solía ser un componente fundamental. Otra diferencia importante es que en la mayoría de las IPCs no existe una contraprestación privada para el adjudicatario, sino que la mayoría o la totalidad son ingresos provenientes de la Administración. Por tanto, en muchos casos la IPC se plantea como cuasi-obra pública que integra un contrato de servicios de mantenimiento.

Debe tenerse en cuenta también la problemática registrada en relación con las Iniciativas Privadas (particularmente las Cofinanciadas) durante los últimos dos años. En 2014 las IPCs parecieron convertirse en el cauce para que se sacasen al mercado proyectos largamente postergados por las trabas existentes en los procesos de diseño y licitación de los proyectos de obra pública en Perú. Desde distintos ministerios se resaltó ante los empresarios que se vería con muy buenos ojos la presentación de IPCs en determinados ámbitos, y la empresa privada (peruana y extranjera) respondió con más de 200 propuestas. Desde entonces, y por motivos aparentemente de índole interna (presupuestaria y administrativa), la inmensa mayoría de esas IPCs están detenidas en su tramitación, sin que exista claridad respecto a su devenir futuro. El nuevo marco normativo aclara notablemente el panorama, pero en principio no es de aplicación a este gran número de IPCs ya presentadas.

4.3.3 OBRAS POR IMPUESTOS (OXI)

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) consiste esencialmente en que una empresa privada asume – de acuerdo con la Entidad Pública[2] correspondiente - la ejecución de un determinado proyecto público, cuyo coste soporta inicialmente para que luego este monto le sea descontado en sus pagos del Impuesto a la Renta. Terminado el proyecto, la empresa privada entrega la obra a la Entidad para que ésta se encargue de su gestión. A través de este mecanismo, el Estado peruano logra acoger estos proyectos a un régimen de licitación privada, en general mucho más ágil, rápido y transparente que el de la licitación pública, además de disminuir considerablemente la  litigiosidad del proceso. Se trata de una forma particular de asociación público-privada, sin bien dadas sus especificidades se trata en un apartado distinto.

Aunque los proyectos que se han desarrollado bajo el mecanismo de OxI tradicionalmente han sido de infraestructuras, los últimos cambios normativos han incluido también como actividades elegibles la prestación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura (construida bajo OxI o no). El importe de cada proyecto a ejecutar bajo el mecanismo de OxI no puede superar las 15.000 UITs (unos 59 millones de soles o 16 millones de euros), sin incluir los costes de mantenimiento. El límite no aplica a entidades del Gobierno Nacional ni a proyectos de ejecución conjunta; con ello se pretende incentivar que los proyectos importantes a nivel regional y local sean co-ejecutados con el Gobierno Nacional.

A pesar del parón de proyectos del año 2015, el mecanismo parece tener un notable potencial futuro, particularmente tras las flexibilizaciones normativas registradas desde 2014. La base normativa está integrada por la Ley Nº 29230, recientemente modificada por el Decreto Legislativo 1238, y el Reglamento (Decreto Supremo 409-2015-EF).

Existe una amplia lista de Entidades Públicas que pueden promover proyectos mediante el mecanismo de OxI: entidades del Gobierno Nacional[3], Gobiernos Regionales y Locales, Universidades e incluso Mancomunidades Regionales y Municipales. Cada entidad interesada en hacer uso de este mecanismo debe elaborar una lista de proyectos priorizados para ejecución bajo OxI y publicar dicha lista en el portal de PROINVERSION, actualizándola al menos una vez al año. El MEF está encargado de comprobar que cada entidad disponga de capacidad presupuestal suficiente para realizar los proyectos indicados. En la práctica, la priorización suele responder a conversaciones previas con una empresa privada interesada en ejecutar el proyecto en cuestión.

Alternativamente, la empresa privada puede proponer un proyecto a la Entidad Pública de que se trate, siempre y cuando el proyecto no coincida con un proyecto público ya en formulación, declarado viable o en ejecución. La propuesta del proyecto debe incluir las características básicas del mismo (incluyendo plazo y coste del proyecto en sí y de su formulación). Una vez recibida dicha propuesta, si la Entidad Pública está de acuerdo con ella, la empresa desarrollará el estudio de preinversión de acuerdo a las normas del SNIP y se lo presentará a la Entidad Pública, la cual lo someterá a análisis en el propio SNIP con objeto de declararlo viable. Cumplido el paso anterior, el proyecto se incluye en la lista de proyectos priorizados. Esto asegura a la empresa privada la recuperación de lo invertido en el estudio de pre-inversión[4], bien por reembolso del adjudicatario o de la Entidad Pública (vía certificados compensables contra cuota fiscal [CIPRL y CIPGN, ver más adelante] o de manera directa, si finalmente la Entidad Pública decide ejecutar el proyecto bajo otra modalidad).

Tras la priorización del proyecto por una de estas dos vías, cualquier empresa privada puede dirigirse a la Entidad Pública correspondiente para mostrar interés por la ejecución del mismo. Esto pone en marcha el proceso de selección, que será llevado a cabo por un Comité Especial, integrado por tres representantes de la Entidad Pública. Alternativamente, la Entidad Pública puede encomendar el proceso a PROINVERSIÓN, que designaría a tres funcionarios para este mismo propósito. El Comité Especial selecciona también a la empresa privada que supervisará el proyecto.

Una cuestión importante a tener en cuenta es que la empresa privada elegida para la ejecución del proyecto no necesariamente tiene que ser una empresa dedicada a ese sector: la gran mayoría de los proyectos son de infraestructura, y sin embargo, como puede verse en la tabla siguiente, los adjudicatarios de proyectos bajo el formato OxI son principalmente bancos, mineras, operadores de telecomunicaciones o empresas eléctricas. De cara a presentar la oferta técnica, estas empresas se apoyan en empresas de construcción o ingeniería, que les ceden el personal necesario y les facilitan el cumplimiento de otros requisitos técnicos. De facto, son estas constructoras/ingenierías las que ejecutan realmente el proyecto; sin embargo, la responsabilidad del buen fin de la obra ante la Entidad Pública es asumida por la empresa adjudicataria, y no es delegable.

Proyectos OxI – Ranking de Empresas por Monto de Inversión 2009-2015

Ranking Empresa Sector (mil soles) Monto de Inversión en OxI
1 Banco de Crédito del Perú (BCP) Banca y Finanzas 584,8
2 Southern Peru Copper Corporation Minería 491,6
3 Volcan Compañía Minera, SAA Minería 107,1
4 Interbank Banca y Finanzas 106,4
5 Compañía Minera Antamina, SA Minería 88,0
6 Telefónica del Perú, SAA Telecomunicaciones 83,3
7 Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, SAA (BACKUS) Alimentación 77,7
8 Cementos Pacasmayo Construcción 49,6
9 Minera Barrick Misquichilca, SA Minería 33,0
10 Minera Gold Fields Peru, SA Minería 18,5

Fuente: ProInversión, Elaboración propia.

El factor principal que impulsa a la empresa privada a participar en el proceso de desarrollar un proyecto a través del mecanismo de OxI es el beneficio en términos de imagen que puede obtener, particularmente en proyectos sensibles que estén localizados en áreas de especial importancia para la empresa; téngase en cuenta que en muchos casos puede tratarse de proyectos que, por las complejidades de las licitaciones públicas peruanas, pueden llevar un largo periodo de tiempo parados o sujetos a otro tipo de problemática. El mecanismo de OxI genera también una notable cercanía con el Gobierno Regional o Local involucrado (también con las Entidades del Gobierno Nacional que puedan estarlo), lo que puede representar un atractivo adicional para la empresa.

El proceso de selección es similar al de la contratación pública ordinaria, con la peculiaridad de que los plazos son muchos más perentorios y se impone un mínimo de 60% para la valoración de la oferta técnica. Todo ello tiende a favorecer a la empresa más directamente involucrada en la gestación del proyecto. Cabe mencionar que es muy infrecuente que se presenten varios postores, y más infrecuente aún que no resulte adjudicataria la empresa que promovió el proyecto desde el primer momento.

La supervisión del proyecto corre a cargo de una empresa privada, elegida por la Entidad Pública (que será su cliente a todos los efectos) pero pagada por la Empresa Privada que financia o ejecuta el proyecto (ese importe se añade al total recuperable posteriormente). Las actividades de mantenimiento, mucho más prolongadas en el tiempo, en principio serán directamente supervisadas por la Entidad Pública (aunque se prevé también la posibilidad de que ésta contrate a una empresa privada para tal fin).

Una vez comenzada la ejecución del proyecto, se prevé la posibilidad de que se realicen modificados (“mayores trabajos de obra”), en las mismas condiciones que en cualquier proyecto de obra pública. Sin embargo, si exceden en más de un 50% del monto de los componentes de obra inicialmente considerado, ese exceso no podrá ser asumido por la Entidad Pública (por tanto, debería ser soportado por la Empresa Privada que está llevando a cabo la ejecución).

El cumplimiento de los distintos hitos del proyecto va generando para la Empresa ejecutora derechos de cobro (en realidad, derechos compensables contra el pago futuro de impuestos) frente a la Hacienda Pública peruana; salvo para proyectos muy cortos (menos de cinco meses), la periodicidad de recepción de estos derechos de cobro es trimestral. Para recibirlos, el paso previo es que la Entidad Pública y el supervisor den su conformidad a la calidad de los avances de obra realizados, y el coste incurrido en el proceso por el ejecutor (“valorizaciones”, equivalente a las certificaciones de obra). Todos los costes asumidos por la empresa en la formulación del proyecto se reconocerán en la primera valorización del proyecto. En el caso del mantenimiento, se da una conformidad a las tareas de mantenimiento realizadas en el periodo anterior.

En cuanto se otorgan las conformidades, la empresa recibe un documento que reconoce su derecho a resarcirse frente al Estado peruano por el importe correspondiente: el Certificado de Inversión Pública Regional o Local o CIPRL; si la Entidad Pública está en el ámbito de la Administración Central, el documento pasa a denominarse Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional o CIPGN. Como ya se indicó, estos certificados pueden utilizarse para cubrir la cuota impositiva del Impuesto a la Renta (equivalente al Impuesto sobre Sociedades en España), con un límite anual del 50% del importe total de la citada cuota impositiva. Además, el certificado devenga intereses (2% anual), puede ser fraccionado, y es negociable, salvo cuando la Empresa Privada esté ejecutando directamente el proyecto (caso infrecuente como ya se dijo).

El plazo de vigencia de los CIPRL/CIPGN es de diez años. Sin embargo, incluso si la empresa no genera obligaciones impositivas suficientes durante ese periodo, la recuperación está garantizada: transcurridos los diez años, los importes pendientes de compensación serían devueltos por la Hacienda Pública peruana. Por otra parte, existe un límite a los CIPRL o CIPGN que la Entidad Pública puede emitir, en función de sus disponibilidades financieras (dado que desde el punto de vista financiero los proyectos OxI son una forma implícita de endeudamiento).

El círculo se cierra cuando el MEF compensa los importes soportados (dejados de ingresar) en su recaudación fiscal por CIPRL o CIPGN, minorando en el importe necesario las transferencias a la Entidad Pública que promovió el proyecto.

Dada la gran complejidad de la licitación pública en Perú, el mecanismo OxI se ha convertido en una vía práctica para llevar a cabo determinados proyectos públicos, apoyándose en la mayor eficiencia, rapidez y flexibilidad del sector privado. Por ese motivo, como puede verse en la siguiente tabla, la actividad ha ido aumentando con rapidez en años recientes. En los últimos meses de 2015 y primeros de 2016, se aprecia sin embargo una notable ralentización, probablemente atribuible a la curva de aprendizaje que experimentaron las nuevas autoridades, regionales y locales, elegidas en octubre 2014, y a la fuerte caída de los beneficios y capacidad inversora del sector minero (las empresas mineras están entre las principales empresas privadas que hacen uso de este régimen); además de trabas burocráticas pendientes de resolución entre los tres niveles de la administración pública peruana.

Proyectos OxI – Total de Inversión Ejecutada y/o Comprometida 2009-2015

Año Total Proyectos Adjudicados Total Inversión Ejecutada y/o Comprometida (millones Nuevos Soles S/.)
2009 2 6
2010 5 10,3
2011 7 287,7
2012 19 181,3
2013 35 486,2
2014 86 651,4
2015 42 296,8
TOTAL: 196 1919,7

Fuente: ProInversión, Elaboración propia.

Interés comercial del instrumento Obras por Impuestos

Este mecanismo puede tener un interés comercial notable para empresas españolas, en el papel de asesoras/ejecutoras de proyectos de infraestructura o servicios para las empresas privadas que tradicionalmente los impulsan –empresas que como se dijo no suelen tener experiencia en la ejecución de obra. En primer lugar, porque supone la sustitución de las licitaciones públicas por privadas, lo que permite evitar los problemas de las primeras (litigiosidad, lentitud y problemas en el diálogo con el cliente especialmente). Asimismo, los proyectos a través del régimen de OxI suelen tener gran relevancia social en el ámbito (nacional, regional o local) en que se realizan, por lo que la calidad y rapidez suele ser un factor fundamental y las eventuales diferencias de criterio entre ejecutor y cliente suelen encauzarse de manera mucho más rápida y constructiva que en las licitaciones públicas. Por último, suelen ser proyectos valorados en el presupuesto base inicial (sin bajas adicionales) y donde la confianza con el cliente (entendido siempre como la Empresa Privada promotora) es fundamental.

4.3.4 RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

Mediante el Decreto Legislativo Nº 973, se estable este régimen especial consistente en la devolución del IGV que gravase las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, efectuados en la etapa previa a la producción. Estos bienes o servicios deberán ser empleados por los beneficiarios del Régimen para la ejecución de los proyectos previstos en los Contratos de Inversión en operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.

Acogimiento al Régimen

Se pueden acoger todas las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad económica que generen renta de tercera categoría (empresas) y cumplan con los siguientes requisitos:

-  Suscripción de un Contrato de Inversión con ProInversión y el sector correspondiente, en representación del Estado, comprometiéndose a realizar inversiones durante la etapa previa del proyecto por una cantidad igual o superior a cinco millones de dólares (diez en el sector minero), sin incluir el IGV. Esta inversión mínima no se aplicará a proyectos agrarios.

-  Que el proyecto requiera de una etapa pre productiva igual o superior a dos años, a partir de la fecha del inicio de las inversiones fijad en el Contrato de Inversión.

-  Obtención de la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el titular del sector correspondiente, la cual aprueba las personas, bienes, servicios y contratos de construcción aptas para acogerse a este régimen.

4.3.5 REINTEGRO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

La Ley Nº 28754 de 2007 estableció el reintegro del impuesto trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construcción durante la etapa pre-operativa de la obra pública, que debe ser de infraestructura y servicio público. Los bienes y servicios deben destinarse a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecución de los proyectos de inversión en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. El régimen se aplicará a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Inversión respectivo.

4.3.6 INCENTIVOS A LA AGRICULTURA

El Gobierno peruano ha declarado de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario, estableciendo incentivos que son aplicables a las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal. Asimismo, son beneficiarias las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, producidos directamente o adquiridos de personas que desarrollen cultivo y/o crianzas, en áreas donde se producen dichos productos fuera de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao. No están incluidas las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.

Beneficios Tributarios

-  El impuesto a la renta se determinará aplicando la tasa del 15% sobre la renta neta (frente al 28% aplicado en otros sectores).

-  Las personas jurídicas podrán depreciar, a razón del 20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego.

-  Durante la etapa pre productiva y durante un plazo máximo de 5 años, las personas naturales o jurídicas, podrán recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, pagado por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción.

-  Los beneficios tributarios se aplican hasta el 31 de diciembre del año 2021.

Régimen laboral y de la Seguridad Social

Los empresarios agrarios podrán contratar a su personal por un período indeterminado o finito. En este último caso, la duración de los contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar, pudiendo establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza especial de las labores, siempre y cuando el número de horas trabajadas durante el plazo del contrato no sobrepase en promedio los límites máximos previstos por la Ley. En caso de excederse se deberán pagar las horas extraordinarias trabajadas.

Se ha establecido un régimen laboral y de seguridad social especial, que entre otras cuenta con las siguientes características: jornada laboral de 4 horas diarias, descanso vacacional de 15 días naturales e indemnización equivalente a 15 remuneraciones diarias por cada año trabajado, con un máximo de 180 remuneraciones. El aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador, será del 4% del salario mensual unitario (frente al 9% aplicable en otras actividades).

4.3.7 LEY DE LA AMAZONÍA

Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se han establecido unas condiciones tributarias especiales para favorecer la inversión privada:

-  Se aplicará una tasa del 5% al 10% en el Impuesto de la Renta, según la localización geográfica, a los contribuyentes ubicados en la Amazonía cuya actividad principal sea la agropecuaria, acuicultura, pesca, o el turismo. Es aplicable también a quienes se dediquen a las actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos provenientes de las actividades antes indicadas y a la transformación forestal, siempre que sean producidos en la zona; así como, a las actividades de extracción forestal.

-  Estarán exonerados del Impuesto de la Renta los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agrarias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivo nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca.

-  En el caso de la palma aceitera, el café y el cacao, la exoneración antes referida sólo será de aplicación a la producción agrícola. Las empresas de transformación o de procesamiento de estos productos aplicarán por concepto del Impuesto de la Renta la tasa del 5% al 10% según su localización geográfica.

-  Las empresas dedicadas a la actividad de comercio en la Amazonía que reinviertan no menos del 30% de su renta neta en Proyectos de Inversión podrán aplicar a efectos del Impuesto a la Renta una tasa del 5% al 10% según su localización geográfica.

Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios están exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos.

4.3.8. ZONAS ESPECIALES

Las zonas especiales peruanas están aún en una fase de desarrollo muy incipiente, sin que por el momento hayan conseguido convertirse en polos de desarrollo del país como se pretendía.

a.    Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios-CETICOS

Los CETICOS constituyen son zonas primarias aduaneras de trato especial, destinadas a generar polos de desarrollo a través de actividades industriales de maquila o ensamblaje, así como de almacenamiento. Los CETICOS activos se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani, y en ellos se pueden desarrollar actividades agroindustriales y de agroexportación. En Tumbes y Loreto el régimen CETICOS está todavía en proceso de implantación.

Beneficios tributarios

-  Las empresas que se constituyan o establezcan en los CETICOS, están exonerados hasta el 31 de Diciembre de 2022 del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, así como de todo impuesto, tasa, aportación o contribución, tanto del Gobierno Nacional como Municipal, incluso de aquellos que requieran de norma de exoneración expresa, excepto las aportaciones a ESSALUD.

-  El ingreso de mercancías a los CETICOS, desembarcadas por los puertos de Ilo, Matarani, o de Paita, no está afecto al pago de derechos arancelarios, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, y de cualquier otro tributo que grave su importación.

-  El ingreso de mercancías nacionales y la prestación de servicios provenientes del resto del territorio nacional hacia los CETICOS, se considerarán como una exportación. Si esta tiene el carácter definitivo, le será aplicable las normas referidas a la restitución simplificada de los derechos arancelarios y del Impuesto General a las Ventas así como de cualquier otra norma que en materia tributaria se dicte vinculada a las exportaciones.

-  Se permite el ingreso de mercancías del exterior por cualquiera de las Aduanas de la República con destino a los CETICOS, para su nacionalización, reexpedición al exterior, o de mercancías extranjeras que siendo transformadas en los CETICOS sean exportadas al exterior. Dicho ingreso se efectuará bajo el Régimen Aduanero de Tránsito.

-  Los productos fabricados en los CETICOS podrán ingresar al resto del territorio nacional bajo los Regímenes de Admisión Temporal, Importación Temporal y Reposición de Mercancías en Franquicia.

-  Los ingresos que se obtengan por la reexpedición al exterior de mercancías extranjeras, están exonerados del Impuesto a la Renta

El ingreso de mercancías al resto del territorio nacional proveniente de los CETICOS estará sujeto a los derechos arancelarios, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, y demás tributos de importación, según corresponda.

b. Zona Franca de Tacna – ZOFRATACNA

Con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del Departamento de Tacna, se ha creado la Zona Franca de Tacna –ZOFRATACNA, en la que se podrán desarrollar actividades industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios. En los servicios se incluyen aquellos de almacenamiento, distribución, desembalaje, embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición, clasificación de mercancías, servicios de call center y servicios de desarrollo de software; así como la reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, de conformidad con la lista aprobada por el Ministerio de la Producción en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y que es susceptible de ser ampliada.

Zona Industrial de Tacna

La Zona Franca de Tacna es un recinto cerrado de 390 hectáreas, de las cuales 120 están habilitadas para el desarrollo de actividades.

Beneficios tributarios para la Zona Industrial

Los usuarios que se constituyan o establezcan en la ZOFRATACNA para la realización de las actividades antes descritas, estarán exoneradas del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, así como de todo tributo, tanto del Gobierno Nacional, Regional y Municipal, creado y por crearse, inclusive aquellos que necesiten una norma que expresamente exonere, excepto las aportaciones a ESSALUD y las tasas.

-  Las operaciones efectuadas entre los usuarios señalados anteriormente y dentro de la Zona Franca, previamente autorizados por la Administración de ZOFRATACNA, están exoneradas del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal.

-  Las mercancías provenientes del exterior que ingresen a la ZOFRATACNA a través de los puertos de Ilo y Matarani, Aeropuerto de Tacna y el Muelle Peruano en Arica, podrán ingresar a la Zona Comercial de Tacna, siempre que provengan de los Depósitos Francos ubicados en la ZOFRATACNA, pagando únicamente un Arancel Especial.

-  El ingreso definitivo de bienes de producción nacional y la prestación de servicios provenientes del resto del territorio nacional hacia ZOFRATACNA, se considerará como una exportación.

-  La importación de mermas, residuos, desperdicios y/o subproductos con valor comercial resultante de mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo no está afecto al pago de tributo alguno.

-  Los usuarios de la ZOFRATACNA, podrán ingresar maquinarias y equipos, herramientas y repuestos de origen extranjero a la ZOFRATACNA gozarán de un régimen especial de suspensión del pago de derechos e impuestos de aduanas y demás tributos que gravan la importación.

Zona Comercial de Tacna

Es un área comercial que comprende el distrito de Tacna y parte del distrito del Alto de la Alianza, ubicada en el extremo sur del Perú. En dicha área se pueden ingresar, provenientes de los Depósitos Francos de la Zona Franca, diversas mercancías pagando un Arancel Especial del 6 % sobre el valor CIF o sobre el valor de adquisición de los bienes por el usuario de la Zona Comercial de Tacna, el que resulte mayor. En la Zona Comercial existen muchos centros comerciales donde se puede comprar una gran variedad de productos que están liberados de los impuestos de importación a precios altamente atractivos. Para poder gozar de los precios que se ofrecen en la Zona Comercial de Tacna se debe visitar la ciudad en calidad de turista. El turista, al finalizar sus compras en la mencionada Zona Comercial, debe efectuar la "Declaración Jurada de Equipaje" en el Terminal Terrestre o Aeropuerto de Tacna, para garantizar que sus productos adquiridos lleguen a su destino, sin problemas y con la seguridad del caso.

c. Zona Económica Especial de Puno - ZEEDEPUNO

Al igual que ZOFRATACNA, es un área que goza de presunción de extraterritorialidad aduanera, donde se aplica un régimen especial en materia tributaria que supone no sólo la exención de los tributos a la importación de bienes que ingresen en dicha zona, sino que además se prevé la exoneración de Impuesto de la Renta, el Impuesto General de Ventas, El Impuesto Selectivo al Consumo, el Impuesto de Promoción Municipal, así como de todo tributo del gobierno central, regional y municipal, creado o por crearse, incluso de aquellos que requieren una exoneración expresa; siempre y cuando los usuarios realicen las actividades autorizadas, tales como industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios de almacenamiento, distribución, desembalaje, envasado y otras, dentro de dicha zona.

El plazo de vigencia de las exoneraciones concedidas termina en 2027, con excepción del Impuesto a la Renta, que concluye el 31 de diciembre de 2028.

4.3.9 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y DE LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA

En obras públicas de infraestructura, servicios públicos, activos, empresas y otros proyectos del Estado

El Estado promueve la participación de la inversión privada en el desarrollo de obras públicas de infraestructura, servicios públicos, activos, empresas y otros proyectos del Estado, por medio de diversos mecanismos, y ya sea a través de iniciativas estatales o iniciativas privadas. Las principales normas que regulan estos procesos de promoción de inversión privada son el Decreto Legislativo N° 1012 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 146-2008-EF, el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 060-96-PCM y el Decreto Legislativo N° 674 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 070-92-PCM.

PROINVERSION como organismo promotor de la inversión privada del Gobierno Nacional promueve los proyectos de inversiones que le son asignados en función a su relevancia nacional y de acuerdo a las normas sobre la materia; de manera más general, también se ocupan de fomentar en el resto del mundo la inversión en Perú. A nivel regional o local, los propios Gobiernos Regionales o Municipales son competentes para promover proyectos de inversión dentro de sus jurisdicciones. Los procesos de promoción de inversión privada se llevan a cabo siguiendo los procedimientos y condiciones establecidos en las normas indicadas en el párrafo precedente.

Asimismo, PROINVERSION recibe, y evalúa en coordinación con las entidades competentes, las iniciativas privadas en los ámbitos de su competencia, según lo ya indicado.

El Estado puede promover la inversión privada bajo distintas modalidades, tales como concesión, venta de activos, asociación en participación, contrato de gerencia, contratos de usufructo, entre otras permitidas por ley. La modalidad más frecuente en la práctica es la concesión.

Las concesiones se otorgan a través de Licitaciones Públicas Especiales o Concursos de Proyectos Integrales y se formalizan con la firma de un contrato. El contrato de concesión otorga al concesionario la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo determinado. El contrato de concesión establecerá, en su caso, los mecanismos que aseguren al concesionario la percepción de los ingresos por tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones, de acuerdo con la naturaleza de la concesión. El concesionario no podrá establecer exenciones en favor de usuario alguno.

Las concesiones podrán otorgarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades:

-  A título oneroso (el concesionario realizará una contribución en dinero u otorgará una participación sobre sus beneficios a favor del Estado).

-  A título gratuito. Cofinanciada por el Estado (con entregas durante la etapa de construcción o de explotación, reintegrables o no).

-  Mixta, cuando concurran más de una de las modalidades antes señaladas

El concesionario percibirá como compensación por las obras y servicios que explote:

-  La tarifa, precio, peaje u otro sistema de recuperación de la inversión establecido. Los beneficios adicionales expresamente convenidos en el contrato, tales como concesiones para servicios turísticos, autoservicios, publicidad y otros.

-  El plazo de vigencia de las concesiones es aquel que se indique en el contrato, el que en ningún caso excederá de sesenta años.

La vigencia se contará a partir de la fecha de celebración del contrato respectivo. Asimismo, los concesionarios podrán contratar dentro o fuera del país seguros que cubran sus inversiones contra riesgos comerciales y no comerciales.

Marco legal para la inversión descentralizada

Mediante la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, promulgada en el año 2002, se da inicio a la primera etapa del proceso de descentralización en el país y se desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre descentralización, que regula la estructura y organización del Estado de forma democrática, descentralizada y desconcentrada repartida en los diferentes órganos y niveles de gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Asimismo, se definieron las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. De otro lado, la norma antes citada regula la conformación de las regiones (en esta primera etapa se establecen los Gobiernos Regionales que se constituyen sobre la jurisdicción territorial de los departamentos del Perú) y de las municipalidades; fija las competencias exclusivas, compartidas y delegables de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles.

La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que los Gobiernos Regionales ejercen determinadas funciones generales con sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución, la Ley de Bases de Descentralización y demás leyes de la República. Además, desarrollan también funciones específicas, sobre la base de las políticas regionales, las cuales se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia.

En virtud de esta ley, de lo Establecido en la Ley N° 28059 y el Decreto Legislativo N° 1012, los Gobiernos Regionales son organismos promotores de inversión privada y se encuentran facultados para promover proyectos de inversión privada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias. Para tal efecto, pueden otorgar concesiones y celebrar toda clase de contratos que busquen promover inversión privada sobre recursos, activos y proyectos regionales. Para tales efectos, la ley establece la posibilidad que los gobiernos regionales soliciten asistencia técnica a entidades especializadas como el caso de ProInversión.

Mediante la Ley N° 27972, que aprueba la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley N° 28059 y el Decreto Legislativo N° 1012 se establece que los gobiernos locales pueden llevar adelante sus propios procesos de promoción de la inversión privada tanto en lo que se refiere a venta de activos, arrendamiento o modalidades similares, como en lo que respecta a la entrega de concesiones de obras públicas de infraestructura y servicios públicos. Esto quiere decir, que cada municipalidad se encuentra facultada legalmente para que de acuerdo a sus competencias y funciones, promueva la ejecución de proyectos de inversión privada, sea de manera directa o con la asistencia técnica de ProInversión, de ser ésta solicitada.

a) Promoción de la inversión descentralizada

Mediante la Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 013-2007-PCM, complementado por el Decreto Legislativo Nº 1012 y por su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 146-2008-EF, han establecido el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región, en alianza estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil.

La normativa contempla también para las entidades regionales y locales posibles áreas de colaboración público-privada, en las distintas modalidades antes comentadas (APPs tradicionales, iniciativas privadas, obras por impuestos).


[1] PROINVERSION en el caso de de proyectos para el Gobierno Central y los correspondientes organismos regionales o municipales para otros escalones administrativos.

[2] Administración nacional, regional o local, además de universidades públicas

[3] En el caso de las entidades del gobierno nacional, solamente los ministerios encargados de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad.

[4] El coste del estudio no puede superar el 2% del monto referencial del proyecto si se trata de estudios a nivel de perfil, o el 5% en el caso de estudios de factibilidad.

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Representación y agencia

El contrato de representación o agencia es un tipo de contrato de intermediación comercial en el que una de las partes, el agente, queda encargada de promocionar, distribuir o comercializar los productos o servicios de la otra (normalmente el empresario). 

En Perú no existe un reglamento legal que de manera expresa norme las relaciones entre los agentes o representantes de firmas extranjeras y el empresario, por lo que son de aplicación las normas de mandato y comisión mercantil en cuanto estas resulten pertinentes. 

Características habituales de los contratos de agencia o representación en Perú: 

a) Promoción y mediación: 

Esta actividad tiene lugar cuando el agente consigue ofertas de negocios con terceros y se las comunica al empresario, para que éste decida sobre el negocio y él mismo lo celebre; o para que lo perfeccione el agente, cuando tenga el poder de representarlo. 

El contrato de agencia no tiene por qué enmarcar necesariamente la representación del agenciado, puesto que para la actividad de promoción no es indispensable que el agente realice actos jurídicos en nombre de éste. La representación es una posibilidad, y la falta de ella no afecta el contrato de agencia. 

Normalmente se distingue entre dos tipos de contrato de agencia: 

Promotor de negocios: se ocupará de promocionar activamente en el mercado los bienes y servicios cuya gestión se le haya encomendado, quedando obligado a transmitir al empresario los pedidos que obtenga, al efecto de que este tome la decisión de aceptar o rechazar cada uno de los negocios propuestos. 

Con poderes de contratación: además de encargarse de las tareas propias de un promotor de negocio, tendrá la facultad de celebrar por sí mismo los negocios como representante del empresario. 

Así tenemos que el agente podrá en nombre propio celebrar un contrato de publicidad para el producto cuya venta quiera estimularse, o meramente limitarse a visitar a los clientes para fomentar las ofertas. 

En Perú ambas fórmulas se dan, dependiendo de la naturaleza del producto o servicio a promocionar y de la vinculación entre las partes la adopción o no de un contrato de representación. 

b) Independencia del agenciado: 

Este es generalmente un requisito indispensable. 

El objetivo del agente es el de obtener para el empresario los beneficios de un negocio. En este supuesto, la independencia del agente implica que este, por su propia cuenta, deberá de realizar, bajo su propio riesgo, aquellas gestiones necesarias para la adopción de acuerdos en beneficio del empresario. 

c) Estabilidad o permanencia: 

Es recomendable buscar la permanencia y continuidad en el vínculo del agente con la empresa, así como la coordinación con otros agentes en el caso los hubiese. Esta recomendación viene dada por diversos factores. Por una parte, existe la necesidad de adaptarse a las necesidades del cliente y a los cambios de la competencia, lo que solo se consigue con una estabilidad y permanencia en las relaciones contractuales. 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que normalmente los agentes en Perú están especializados en un determinado tipo de producto o servicio, lo que le permite tener una mejor visión global del sector y valiosos contactos con potenciales socios o clientes. Es por esto que es recomendable buscar con ellos relaciones a medio y largo plazo, de manera que el producto o servicio a promocionar pueda ser lo suficientemente promocionados y dados a conocer en el mercado. 

d) Independencia: 

El agente en los contratos de agencia y representación realiza su trabajo en forma autónoma, es titular de su propia empresa y la prestación de su servicio no la realiza de manera subordinada, no suele estar ligado al empresario laboralmente; pudiendo operar para éste con exclusividad, como agente único o compartiendo la representación con otros agentes. 

e) Remuneración del agente: 

La remuneración puede ser fija (independiente de la concreción o no de negocios) y variable (directamente ligada al volumen de los negocios cerrados por intermediación del agente). 

Normalmente los agentes en Perú reciben, en una primera etapa, únicamente remuneraciones variables. Sin embargo, cuando el agente ya ha podido cerrar negocios de interés para el empresario, es habitual que este intente asegurarse una fuente de remuneración regular, creciente a medida que los resultados de su actividad vayan siendo mayores. 

f) Zonas de actuación: 

Es habitual que a cada agente se le asigne una zona geográfica en exclusividad. En el caso de Perú, al ser éste un país con una importante concentración de su actividad económica en su capital, lo normal es que la exclusiva sea para todo el país o, en algunos casos, para toda el área Andina. 

g) Exclusividad 

En Perú es muy habitual que los contratos de agencia incluyan la exclusividad a un único agente para la promoción de todos los productos de la empresa. 

Por lo contrario, en el país se asume como normal que un mismo agente pueda representar productos similares de otro fabricante. En este punto conviene asegurarse de que la exclusividad sea mutua; es decir, que el empresario dé la exclusividad de sus productos al agente y que el agente se comprometa a no promocionar o representar productos que pudiesen competir con los del empresario. 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

Los contratos asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Estos contratos se encuentran regulados por la Ley General de Sociedades y como regla general no generan una persona jurídica, deben constar por escrito y no están sujetos a inscripción en el Registro.

Existen dos formas de contratos asociativos: el contrato de Asociación en Participación y el Consorcio o “Joint Venture”.

Contratos de asociación en participación: según el artículo 441 de la Ley General de Sociedades la gestión del negocio o empresas corresponderá únicamente al asociante, no existiendo relación jurídica entre los terceros y los asociados. La responsabilidad ante terceros recaerá, también, exclusivamente sobre el asociante. El contrato podrá determinar la forma de fiscalización o control que puede ejercer el asociado sobre dicho negocio o empresa.

El asociado, además, tiene derecho a la rendición de cuentas al término del negocio realizado o de cada ejercicio.

Contrato de consorcio o “Joint Venture”: según el artículo 445 de la misma ley el Contrato de Consorcio es aquel por el cual, dos o más personas se asocian para participar de forma activa en el desarrollo de un negocio o empresa exponiéndose todas ellas frente a los terceros.

En esta modalidad de contrato cada una de las partes mantiene su propia autonomía y corresponderá a cada miembro del consorcio realizar las actividades a las que se ha comprometido. Cuando el consorcio contrate con terceros la responsabilidad será solidaria entre los miembros el consorcio, sólo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley. 

Los recursos destinados a los contratos serán considerados como inversión extranjera directa cuando se otorgue al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que ello suponga aporte de capital y que corresponda a operaciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la referida empresa receptora.

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Tipos de sociedades

Existen diversos modelos societarios para establecer una empresa en Perú, aunque para todas ellas se requiere de un representante legal que cuente con la residencia peruana. Las formas más utilizadas por los inversionistas extranjeros en el país son las siguientes:

Sociedades Anónimas (S.A.)

Requieren un mínimo de dos accionistas. En caso de existir accionistas no domiciliados, estos deberán elegir un representante para firmar los estatutos. El capital para la inversión inicial, que puede ser en moneda nacional o extranjera, debe ser depositado en un banco local. No hay un importe mínimo exigido por ley, sin embargo, las instituciones financieras suelen exigir un capital inicial de 1.000 soles (aproximadamente 289 euros al cambio, a fecha de mayo 2015).

Características:

-  Responsabilidad limitada: la responsabilidad de los accionistas está limitada al valor de las acciones que poseen.

-  Continuidad: La disolución de la sociedad no resultará como consecuencia de la muerte, enfermedad, bancarrota, retiro y/o retirada de los accionistas.

-  Los socios pueden ser personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C.)

Mantiene la responsabilidad limitada de sus socios, debe contar con un mínimo de dos y un máximo de 20 socios y sus acciones no pueden cotizar en bolsa.

Características:

-  Transferencia de acciones: los accionistas tienen el derecho de adquisición preferente en el caso que se transfieran las mismas a un tercero.

-  Los órganos de administración y dirección de la empresa son la Junta General de Accionistas (que puede ser celebrada sin la presencia física de los accionistas) y el Gerente General. El Directorio es opcional.

En la práctica es la forma societaria más frecuente, equivalente en alguna medida a la SL española.

Sociedades Anónimas Abiertas (S.A.A.)

Este tipo societario está dirigido a compañías con un gran número de accionistas (más de 750) o para aquellas a las que se haya hecho una oferta pública primaria de acciones o tengan obligaciones convertibles en acciones. Deben estar inscritas en el Registro de Sociedades que cotizan en bolsa.

Características:

-  Administración centralizada: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerente General.

-  Supervisión: están sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

-  Transferencia de acciones: libre, sin restricción o limitación alguna.

Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L.)

Deben estar conformadas por un mínimo de 2 y un máximo de 20 socios. Este tipo societario no emite acciones. Los requisitos para su constitución son los mismos exigidos a las demás sociedades.

Características:

-  Responsabilidad limitada: los socios no son solidariamente responsables con la sociedad.

-  Administración centralizada: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerente General.

-  Transferencia de participaciones: la transferencia de participaciones a terceros está sujeta a la autorización previa de los socios existentes (el derecho de adquisición preferente es mandatorio) y debe ser inscrita en el Registro Público de Sociedades.

-  Continuidad: No será motivo para la disolución de la sociedad la muerte, enfermedad, bancarrota, retiro y/o resignación de los accionistas.

Todas las formas societarias mencionadas anteriormente deberán tener sus cuentas debidamente inscritas en el Registro Mercantil.

Sucursales

La sucursal es un establecimiento secundario dotado de representación permanente y cierta autonomía de gestión a través del cual se desarrollan, total o parcialmente, las actividades de la sociedad matriz. A diferencia de una filial, la sucursal comparte personalidad jurídica con la empresa matriz, por lo que cuenta con la solvencia técnica y financiera de ésta. Este factor hace de la sucursal la opción más utilizada, a la hora de implantarse en mercados exteriores, por aquellas empresas que deseen licitar proyectos con el sector público y para ello necesiten incorporar a su unidad en el país la experiencia y solvencia de su casa matriz.

La sociedad matriz, para constituir una sucursal, deberá legalizar el acuerdo en el consulado peruano y certificarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú, o en su defecto, deberá ser apostillado en el país de donde proceda, antes de ser elevado a escritura pública e inscribirse en Registros Públicos. Adicionalmente, se requiere un certificado de vigencia de la sociedad matriz.

De acuerdo con la Ley General de Sociedades (LGS), las sucursales de sociedades extranjeras se pueden transformar en una sociedad constituida en el Perú bajo cualquier tipo societario regulado por la Ley General de Sociedades.

Cuadro comparativo de las distintas modalidades empresariales

  Características Denominación Órganos Capital Social Duración
E.I.R.L. Persona jurídica constituida por una sola persona. Tendrá una denominación seguida de las palabras "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o de las Siglas "E.I.R.L." - Titular
- Gerencia
En dinero o bienes muebles o inmuebles.  
S.C.R.L De dos a veinte socios. Tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas "S.R.L." - Junta General de Socios
- Gerencia
El capital es representado por participaciones y deberá estar pagada cada participación por lo menos en un 25%. Indeter
minada
S.A.C. De dos a veinte accionistas. El accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe Tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima Cerrada, o de las siglas "S.A.C." - Junta General de Accionistas
- Directorio (opcional)
- Gerencia
Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnológicas intangibles.
El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente y cada acción pagada por lo menos comunicarlo a la sociedad y solicitar la aprobación de la misma. en un 25%.
Determi
nada o
indeter
minada
S.A. Mínimo de dos socios. Tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima", o de las Siglas "S.A." - Junta General de Accionistas
- Directorio
- Gerencia
Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnológicas intangibles.
El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente y cada acción pagada por lo menos en un 25%.
Determi
nada o
indeter
minada

Fuente: ProInversión. Elaboración propia.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

A continuación se presentan los pasos a seguir para todo aquel que quiera establecer una empresa en Perú:

1) Elección del tipo de sociedad

Las principales formas empresariales previstas son las citadas anteriormente. Las gestiones pueden ser realizadas de manera directa o a través de un representante. Éste deberá tener en su poder los siguientes documentos que acrediten su calidad como tal:

·      Poder otorgado por la persona jurídica en el exterior, designando a la persona en cuestión como su representante. Es importante señalar que Perú ha suscrito el Convenio de la Apostilla de la Haya por lo que el poder podrá apostillarse en un Colegio Notarial o ante un notario en quien deleguen. El poder deberá ser traducido al español en caso de haber sido otorgado en lengua extranjera.

·      En caso de que el representante sea un ciudadano extranjero, éste necesitará, para poder ejercer como tal, una visa de negocios y/o carnet de extranjería que acredite su residencia en el país.

2) Preparación de la Minuta de Constitución

La Minuta es el contrato social de la empresa. Deberá contener la información detallada de la empresa que se va a establecer (identificación de los socios fundadores, objeto social, estatutos, descripción de los cargos de los directivos). Deberá estar firmada por un abogado colegiado en Perú.

3) Apertura de una cuenta corriente a nombre de la empresa en un banco local

4) Inscripción de la sociedad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)

La Minuta se presenta ante un notario público quien la elevará a Escritura Pública y preparará los documentos para su inscripción ante la SUNARP.
 

5) Obtención del Registro del Contribuyente (RUC)

Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administrador de tributos en el Perú. Los requisitos son los siguientes:

·      Testimonio de Constitución Social, debidamente inscrito ante la SUNARP.

·      Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

·      Formulario de solicitud de inscripción del RUC de la SUNAT.

·      Documento de identidad del representante legal.

·      Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde se realizará la actividad comercial

6) Apertura y legalización de los Libros de Sociedad y Libros Contables Los requisitos para este trámite son los siguientes:

·      Copia del formulario del RUC

·      Libro a legalizar

·      Pago por derecho a trámite

7) Autorización del Libro de Planillas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social Requisitos:

·      Solicitud de autorización por Libro de Planillas o Libro de hojas sueltas debidamente numeradas

·      Copia del RUC

·      Nombre o Razón Social del empleador

·      Nombre del representante legal y su número de DNI

·      Dirección del centro de trabajo

·      Pago por derecho de trámite

8) Obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento en la municipalidad (distrito o barrio) que corresponda. (Ley Nº 27972)

9) Registro de Inversión Extranjera Directa

Aunque existe la obligatoriedad de registrar, no hay establecido un plazo específico.

Actividades que requieren autorizaciones especiales

En algunos casos, y después de la inscripción ante el RUC, se requiere el cumplimiento de algunos requisitos especiales. A continuación se enumeran algunas actividades -sin que dicha enumeración sea excluyente, total o limitativa- que están sujetas a los requisitos especiales antes indicados:

·      La producción de algunos bienes tales como: armas, municiones o explosivos; prendas de uso militar o policial; y, productos e insumos químicos que se encuentran fiscalizados por dispositivos especiales.

·      La comercialización de productos e insumos químicos que se encuentran fiscalizados por dispositivos especiales.

·      Actividades turísticas tales como casinos, ciertos restaurantes, agencias de viajes o establecimientos de hospedaje.

·      Servicios de transporte terrestre interprovincial e internacional

·      Ciertas actividades agroindustriales como la producción de plaguicidas o el procesamiento de fauna y flora silvestre.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La normativa sobre propiedad industrial es en general homologable a la del resto del mundo, por mor de los Acuerdos internacionales de los que Perú es partícipe. Sin embargo, el grado de cumplimiento efectivo es limitado y la piratería en sus distintas vertientes es habitual en el país.

El organismo competente en materia de propiedad industrial es INDECOPI, que maneja el registro de la propiedad intelectual y dirime en primera y segunda instancia administrativa los conflictos que en torno a ella puedan surgir.

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Barreras de entrada para inversores españoles

En Perú se aplica el principio de trato nacional a la inversión extranjera por lo que no se conoce la existencia de barreras a la inversión.

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