Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Son varias las estructuras formales de implantación que la legislación rusa ofrece al inversor extranjero. En el presente punto, se analizan con detalle las peculiaridades de cada una de ellas.

Las estructuras están ordenadas por nivel creciente de complejidad desde el punto de vista formal y normativo, por lo que se parte del empresario individual y se va evolucionando hasta llegar a la sociedad anónima. Finalmente, se tratará el régimen de las franquicias.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

La entrada en vigor de la Ley Federal 44-FZ el 5 de abril de 2013, sobre el sistema de contratación para la adquisición de productos, trabajos y servicios para el cumplimiento de las necesidades de las administraciones públicas estatales y municipales obliga a la Federación Rusa a suprimir las restricciones a la participación de proveedores extranjeros en la contratación estatal. Concretamente, el artículo 14 de dicha Ley establece que se deberá ofrecer trato nacional a las mercancías originarias de un estado extranjero en igualdad de condiciones que los bienes de origen ruso.

Por lo tanto, según la legislación vigente, el tratamiento nacional a las empresas extranjeras que decidan participar en licitaciones en la Federación Rusa se otorgará en caso de que haya un tratado internacional que así lo diga y del que Rusia forme parte. A este respecto, las autoridades rusas publican periódicamente la lista de países a los que se concede el tratamiento nacional en los procedimientos de contratación pública.
No obstante, y pese a lo anteriormente mencionado, en la práctica hay ciertos criterios de admisión para la adquisición de productos extranjeros con el fin de proteger el mercado interno y el desarrollo de la economía nacional (Ley federal 44-FZ, artículo 14).

Por ejemplo, según el artículo 14.3 de la Ley, el Gobierno de la Federación Rusa está autorizado para decidir qué productos, obras o servicios deben ser adquiridos dando prioridad a que su procedencia sea de origen ruso.

Esto es, el Gobierno podrá restringir la adquisición en concursos públicos de productos y servicios de empresas extranjeras provenientes de ciertos países atendiendo a una serie de razones de interés general, tales como la defensa del mercado interior, el desarrollo de la economía nacional, el apoyo a los productores rusos o el ahorro estatal por razones de localización de la producción de las empresas.

Hasta la fecha, los productos de origen extranjero que el Gobierno de la Federación Rusa ha restringido específicamente en compras públicas han sido la maquinaria de construcción (como excavadoras, elevadores o autogrúas), los vehículos de automoción (como autobuses, camiones, ambulancias o tranvías), ciertos bienes de consumo (como el textil, el calzado o las maletas) y determinados productos médicos (incluyendo equipos médicos, prótesis, antisépticos e incluso desinfectantes). Por lo tanto, los compradores estatales a partir de ahora se verán en algunos casos obligados a rechazar las ofertas presentadas por empresas extranjeras si existen ofertas competidoras de productores rusos, armenios, bielorrusos y kazajos.

Toda esta restricción de productos de origen extranjero lleva aparejada consigo una tendencia general hacia la sustitución de importaciones que, desde la entrada en vigor de las sanciones económicas entre Occidente y la Federación Rusa a raíz del conflicto en Ucrania, no ha hecho sino ganar aceptación entre las empresas y productores nacionales.

No obstante, cabe señalar también que antes de la introducción de estas medidas, las posibilidades de que una empresa extranjera resultase adjudicataria de un concurso sin asociarse con una empresa rusa seguían siendo en cualquier caso escasas.

Recientemente, el Gobierno ruso ha hecho público un decreto en virtud del cual se concede prioridad a los proveedores nacionales de bienes y servicios en todas las adquisiciones públicas. El Decreto Nº 925, de 16 de septiembre de 2016, supone la culminación de toda una serie de medidas restrictivas de las compras públicas de bienes y servicios extranjeros. Su entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de enero de 2017. Hasta la fecha, sin embargo, todas estas acciones para favorecer a las empresas locales habían tenido un carácter sectorial, fijando las autoridades rusas una serie de industrias prioritarias en las que se imponían las preferencias nacionales. La nueva normativa es, por el contrario, de carácter general e introduce una rebaja “nominal” (sólo para la ponderación de la autoridad contratante) del 15% frente a los bienes o servicios de origen foráneo. El Ejecutivo de la Federación Rusa enmarca esta disposición normativa dentro de su política de sustitución de importaciones y apoyo a la industria local.

Asimismo, merece una especial mención señalar que pese a que Rusia es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el 22 de agosto de 2012, no ha suscrito todavía el Acuerdo sobre compras públicas (GPA).

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Régimen de inversiones

La regulación básica está contenida en la Ley de Inversiones Extranjeras en la Federación Rusa (LIE) de 1999, que contiene las siguientes garantías:

- Los inversores extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales

- La nacionalización y la expropiación sólo son admisibles en los casos establecidos por la ley y siempre con una compensación por el valor de la propiedad, aunque no se indica plazo, método de valoración ni medio de pago y ha desaparecido el principio de compensación "rápida, adecuada y efectiva" contenido en la LIE de 1991.

- Los inversores extranjeros deben ser indemnizados por cualquier perjuicio que les fuera causado por las autoridades rusas.

- El inversor puede disponer libremente de los beneficios para su repatriación, una vez cumplidas las obligaciones fiscales.

- Los inversores extranjeros pueden participar en las privatizaciones, de conformidad con la normativa correspondiente

- Adquisición de derechos sobre terrenos, otros recursos naturales, edificios y otros activos inmovilizados, en los límites establecidos por las leyes de la Federación Rusa y de los sujetos de la Federación.

La LIE define la inversión directa extranjera como:

•        Adquisición de al menos el 10% del capital de una entidad rusa.

•        Inversión en activos fijos de una filial de empresa extranjera.

•        Operación de leasing con un valor en aduana de al menos 1 millón de rublos.

La principal novedad de esta LIE con respecto a la anterior es la llamada cláusula "Grandfather", recogida en el artículo 9, que otorga cierta protección al inversor frente a modificaciones legislativas, principalmente en el ámbito fiscal, que supongan un empeoramiento de las condiciones iniciales de la inversión. Solamente pueden acogerse a esta protección, por un plazo máximo de 7 años, los proyectos de inversión de carácter prioritario y las empresas en que al menos el 25% del capital sea propiedad de una persona física o jurídica extranjera. La cláusula no protege al inversor de variaciones en los derechos de aduana establecidos en defensa de los intereses económicos nacionales, en los impuestos de accisa e IVA sobre artículos fabricados en Rusia y en las aportaciones obligatorias al Fondo de Pensiones.

Hay varios aspectos cuya interpretación queda a discreción de las autoridades. Así, es el Gobierno quien debe definir y valorar qué es lo que se considera un empeoramiento en las condiciones legales. Asimismo, el Gobierno puede extender el plazo de 7 años para las inversiones que se consideren prioritarias en la industria, transporte o infraestructura y que cuenten con un volumen de inversión extranjera de al menos 1.000 millones de rublos, pero no menos de 41 millones de dólares USA. En la práctica, la aplicación de la norma es un tanto confusa y con frecuencia rechazada por las administraciones aduaneras y tributarias, de forma que como incentivo a la inversión extranjera, su impacto ha sido muy limitado.

En abril de 2008 se aprobó la Ley sobre inversión extranjera en sectores estratégicos para la defensa y seguridad del estado, que relaciona 42 sectores en los que se establecen diversas restricciones a la inversión extranjera. Estos sectores incluyen, entre otros, exploración geológica, aviación, actividades espaciales, armamento y material militar, explosivos, criptografía, prensa, editorial, radio y TV.

Las restricciones, más estrictas en el caso de inversor público, varían según el tipo de inversión y el sector, con objeto de evitar que el inversor extranjero pueda ejercer un control efectivo sobre las decisiones de la empresa afectada. Las solicitudes de inversión en los sectores incluidos en la ley son examinadas por una comisión gubernamental presidida por el Primer Ministro.

En julio de 2010 se aprobó un decreto presidencial que recortó drásticamente la lista de empresas estratégicas (no susceptibles de privatización); concretamente, el número de sociedades por acciones que figuraban en dicha lista se ha reducido de 208 a 41 y el de "empresas federales unitarias" de 230 a 159. El decreto añade también a la lista un pequeño número de empresas e instituciones, principalmente de los sectores de aviación, químico y construcción naval. Las empresas excluidas son aquéllas en las que la participación del estado no es suficiente para ejercer el control efectivo, más otras que se encuentran prácticamente en quiebra o en proceso de liquidación por falta de actividad. Por ello, en términos reales la desclasificación como "estratégicas" afecta a paquetes accionariales de control en 15 aeropuertos y empresas de telecomunicaciones, además de algunos puertos marítimos y fluviales, compañías de navegación y entidades de investigación relacionadas.

En diciembre de 2011 se aprobaron modificaciones a la ley de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, dando un paso más hacia una mayor liberalización. Concretamente, se ha suprimido el requisito de autorización previa para las inversiones en las que participen IFI de las que Rusia es miembro y, en el caso de yacimientos de importancia federal, para inversiones extranjeras que no superen 25% (antes 10%) del capital de la empresa.

Dentro de la política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso ha ido cobrando importancia en los dos últimos años la figura de los contratos especiales de inversión, pensada para estimular la creación/implantación de nuevas industrias (Decreto Nº 708, de 16 de julio de 2015).

Los contratos especiales de inversión (SPIC, según sus siglas en inglés) son acuerdos de derecho civil entre el Estado y un inversor, en virtud de los cuales el inversor se compromete a crear o a modernizar determinadas instalaciones productivas en Rusia y el Estado se compromete a conceder determinados incentivos durante el tiempo de vigencia del acuerdo (que no puede ser superior a los diez años). Es importante señalar que, dado que los contratos especiales están diseñados para incentivar la inversión industrial, la creación o modernización de actividades ha de producirse con posterioridad a la firma de aquellos.

La firma de estos contratos es posible cuando se trata de proyectos que superen los 750 millones de rublos (12 millones de euros al tipo de cambio actual). En principio son posibles los contratos especiales de inversión entre un inversor privado y las regiones y ayuntamientos rusos: en estos casos el límite mínimo de inversión es menor.

La utilización de esta figura está abierta a los inversores extranjeros: la única limitación es que no sean sociedades cuya sede se halle en paraísos fiscales.

Las autoridades responsables de la consideración y tramitación de los contratos especiales de inversión es el Fondo para el Desarrollo Industrial y el Ministerio de Industria y Comercio.

Los incentivos para la nueva instalación industrial son negociados caso por caso, pero típicamente incluyen:

  La garantía de no modificación de las condiciones iniciales de inversión desde el punto de vista fiscal

  Reducciones en el impuesto sobre beneficios

  Amortización acelerada de los activos fijos

  Consideración de la producción como “rusa”, a efectos de la política de sustitución de importaciones

El marco jurídico actual proporciona a las Administraciones Regionales un importante margen de maniobra para aplicar incentivos que atraigan a los inversores extranjeros y normalmente consisten en eximir temporalmente del pago de su parte del impuesto de sociedades, la supresión del Property Tax, que se aplica sobre el valor catastral de los bienes inmuebles o en la cesión de terrenos en condiciones ventajosas. Hay mucha diferencia entre los incentivos aplicados por unas regiones y otras, por lo que es importante que el inversor haga un estudio comparativo. 

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

 

El artículo 9 de la Ley de Inversiones Extranjeras recoge la garantía de la conservación en el tiempo (la llamada Grandfather clause) de las condiciones (fiscales, etc.) en las que tuvo lugar la inversión inicial. La cláusula del artículo 9 se aplica en caso de proyectos de inversión prioritarios en los que el inversor extranjero posea al menos el 25% del capital de la empresa rusa. Los proyectos de inversión prioritarios son aprobados por el Gobierno y, en ellos, son precisas inversiones totales de más de 20M€ (1000M de rublos) o inversiones extranjeras de más de 2M€ (100M de rublos).

En los últimos diez años, Rusia ha hecho amplio uso de las zonas económicas especiales para la atracción de inversiones a ciertas regiones de interés nacional. En la actualidad existen 17 de estas zonas (de ámbito industrial, tecnológico o logístico) que ofrecen toda una variedad de facilidades de inversión y privilegios fiscales y aduaneros.

Además, las regiones rusas tienen cierta capacidad legislativa en el ámbito de la atracción de inversiones, existiendo de hecho grandes diferencias por clima inversor entre unas regiones y otras.

Por otra parte, y en el marco de la política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso, el Ministerio de Industria utiliza la figura de los contratos especiales de inversión (специальный инвестиционный контракт – special investment contract), pensada para estimular la creación/implantación de nuevas industrias (Decreto Nº 708, de 16 de julio de 2015). En los contratos especiales de inversión participan de un lado los inversores y, de otro, las autoridades públicas rusas. Pueden firmar estos contratos tanto el Gobierno federal como las regiones y los entes locales. Por parte del Gobierno federal, la agencia encargada de la tramitación de los proyectos es el Fondo para el desarrollo de la industria. El contrato especial de inversión puede tener una duración máxima de diez años, implica una inversión mínima de 750 millones de rublos y su firma lleva aparejada la concesión de importantes beneficios fiscales.

Estos contratos especiales de inversión podrían contravenir disposiciones de la OMC, en concreto, disposiciones del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC o TRIMS, según el acrónimo inglés) y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (“Acuerdo SMC”) . En consecuencia, la Unión Europea recomienda cautela a las empresas a la hora de plantearse suscribirlos.

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Representación y agencia

Oficinas de representación

Es el primer paso que las empresas de pequeño o mediano tamaño suelen dar en el proceso de implantación en la Federación Rusa debido a que las formalidades para su establecimiento no son demasiadas y, en la práctica, las representaciones en este país pueden llevar a cabo una amplia gama de actividades que van desde la mera recopilación de información sobre el mercado ruso hasta la conclusión de contratos en nombre de la matriz, en ciertas circunstancias.

La oficina de representación no tiene personalidad jurídica y funciona en el marco de los estatutos de la sociedad extranjera, siendo ésta la responsable de la totalidad de las obligaciones contraídas por la oficina en Rusia.

Puede tener hasta cinco empleados extranjeros, acreditados por un periodo de uno a tres años renovables, que es el plazo que se concede a la representación.

Las ventajas de la oficina de representación frente a fórmulas societarias más complejas son las siguientes:

Tiene menos obligaciones administrativas, fiscales y contables. Así, está obligada a presentar informes semestrales, en lugar de mensuales, sobre ciertas actividades (entre ellas, algunos pagos de impuestos), no está obligada a llevar una contabilidad exhaustiva y se le facilita también la obtención de visados de negocios.

A efectos fiscales y de control de cambios, la oficina de representación no es residente en Rusia, puesto que no es considerada un establecimiento permanente de la sociedad matriz y, por ello, no tributa por sus actividades siempre que se limiten a la mera representación, almacén, exposición o entrega de mercancías.

Aunque teóricamente la oficina de representación no puede llevar a cabo actividad comercial alguna, en la práctica no es así, resultando difusa la diferencia entre una sucursal y una oficina de representación. Por ello, han proliferado en Rusia las oficinas de representación comerciales que realizan actividades de intermediación comercial y concluyen contratos. En este caso, la oficina de representación, al desarrollar actividad comercial en sentido estricto en contra de lo establecido en el artículo antes mencionado, podría verse obligada a tributar por el Impuesto sobre Sociedades por los ingresos obtenidos.

Agentes

El Código Civil regula en los artículos 23 y siguientes el régimen jurídico de las personas físicas que desempeñan una actividad profesional independiente. Es equivalente al régimen de autónomos en España, pensado especialmente para los pequeños negocios, que suelen tener esta forma jurídica.

En Rusia no existe un Colegio de Agentes como en España y su actividad no se encuentra organizada en el ámbito privado. 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La mayoría de las inversiones españolas en Rusia se llevan a cabo sin socio local o con una participación mínima. A la vista de algunas experiencias negativas es recomendable una participación mayoritaria y mayor de dos tercios para evitar así minorías de bloqueo.

En el caso concreto de implantaciones a través de Joint Ventures de tipo comercial sí resulta interesante la existencia del socio local.

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Tipos de sociedades

El Código Civil de la Federación Rusa reconoce en su capítulo cuarto diversos tipos de personas jurídicas comerciales entre las que se destacarían por su importancia las sociedades anónimas (S.A.) y las sociedades de responsabilidad limitada (S.L.).

La forma más utilizada para constituir una sociedad extranjera en Rusia suele ser la de una Sociedad de Responsabilidad Limitada o Obschestvo s organichennoy otvetstvennostyu (OOO) según la legislación rusa, ya que es la forma jurídica más fácil de establecer, mantener y financiar. Además, esta fórmula ofrece más flexibilidad al empresario en su gestión empresarial y no exige la obligación de registrar las acciones de la compañía (al contrario de lo que sucedería en el caso de una Sociedad Anónima).

Una Sociedad de Responsabilidad Limitada (OOO) puede ser establecida en Rusia por una o más personas físicas o jurídicas, con un límite máximo de 50 participantes, en cuyo caso debería reordenarse como una Sociedad Anónima o una cooperativa de producción.

El proceso de apertura de una OOO en sí mismo no es complejo ni excesivamente costoso. Una vez reunidos y presentados todos los documentos, la sociedad puede estar creada en un plazo de 5 días laborales (7 naturales) y por una cantidad media de 500 euros aproximadamente.

El capital social de la compañía deberá ser desembolsado en su totalidad. La cantidad mínima exigible es de 10.000 rublos y deberá ser abonada en metálico. El resto de las contribuciones al capital social de la compañía podrán realizarse mediante activos, acciones de otras entidades comerciales, bonos estatales o derechos de propiedad intelectual (derechos exclusivos y licencias).

La legislación rusa no establece límites a la participación de extranjeros, por lo que una empresa puede poseer capital social 100% de origen extranjero. Además, tampoco tiene por qué contar obligatoriamente con al menos un socio que sea residente en la Federación Rusa. El único requisito obligatorio que se exige en términos de nacionalidad es que el director general de la nueva entidad cuente con permiso de residencia en el país.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

 

La legislación básica sobre protección de la propiedad industrial e intelectual en Rusia está contenida en el Código Civil, en concreto en la parte IV del mismo. Cualquier entidad extranjera puede obtener protección de sus derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la legislación rusa. La Federación Rusa es parte de la inmensa mayoría de los convenios internacionales vigentes sobre la materia.
Los problemas en este ámbito desde el punto de los potenciales inversores extranjeros no tienen que ver tanto con el marco normativo de tutela de los derechos de propiedad intelectual como con la falta de persecución de las violaciones de esos derechos que tiene lugar en la práctica. En los últimos tiempos las autoridades rusas han tratado de corregir este problema, mejorando la legislación e incrementando el esfuerzo por aplicarla, aumentando por ejemplo las sanciones por violaciones de los derechos de propiedad intelectual y creando un órgano judicial especializado para este ámbito jurídico.
Patentes: la legislación rusa concede protección a las patentes si suponen una innovación real aplicable industrialmente. La duración máxima de la protección es de veinte años, contada desde la fecha de presentación de la solicitud y siempre que se abonen las correspondientes anualidades. En el caso de medicinas, pesticidas o productos agroquímicos, cuyo uso está condicionado a una autorización de comercialización, el plazo de protección puede ser extendido, a petición del titular de la patente, un máximo de cinco años adicionales. La solicitud ha de registrarse ante el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual, las Patentes y las Marcas Comerciales (Rospatent).
Modelos de utilidad: la protección otorgada en Rusia a los modelos de utilidad es similar a la de las patentes, con ciertas restricciones y limitaciones. La duración máxima de la protección de los modelos de utilidad es de diez años, contada desde la fecha de presentación de la solicitud y siempre que se abonen las correspondientes anualidades. Cabe la extensión de este plazo por un período máximo de tres años. Cada solicitud debe corresponder con un único modelo.
Diseños industriales: en el caso de los diseños industriales, se concede una protección de 15 años para aquellos registrados antes del 1 de enero de 2015 (con la posibilidad de una extensión adicional de diez años). Par los registrados después del 1 de enero de 2015, se prevé un plazo inicial de cinco años, extensible por periodos de cinco años hasta un máximo de cuatro (25 años en total). En ambos casos, siempre que se abonen las correspondientes anualidades.
Merece la pena recordar que en Rusia conviven dos sistemas de protección de la propiedad industrial: el que opera en el ámbito nacional y el que opera en el ámbito de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Este último sistema se rige por lo dispuesto en la Convención firmada en 1995 por los ocho Estados miembros de la CEI. Una invención, por tanto, podría obtener protección en Rusia tanto utilizando el sistema establecido en esa Convención como en el marco únicamente nacional ruso. Hay que mencionar sin embargo que la Convención no cubre los modelos de utilidad ni los diseños industriales, que tendrían que ser protegidos, en su caso, aplicando exclusivamente la legislación rusa.
Marcas: la protección de las marcas está recogida en la legislación rusa siempre que medie su registro en Rospatent o en virtud de los acuerdos internacionales de los que Rusia sea parte. Las marcas gozan de protección por un plazo de diez años, ampliable por otro diez años. Es importante recordar que es posible pedir la cancelación de un registro ante el Tribunal de la Propiedad Intelectual en el caso de marcas que no hayan tenido uso en Rusia por un periodo consecutivo de tres años. Por otro lado, pueden gozar de protección marcas no registradas pero que se reconozcan de modo generalizado en el uso comercial.
Denominaciones de origen: las denominaciones de origen disfrutan de protección legal si han sido registradas ante Rospatent. El registro de la denominación de origen puede hacerse en nombre de dos o más personas. La protección se extiende por un periodo de diez años, prorrogable por otros diez años adicionales.
Nombres de dominio: el Código Civil ruso no menciona los dominios de internet como posibles objetos de la protección a la propiedad intelectual. Un dominio registrado no es suficiente para impedir el registro de una marca ante Rospatent, a no ser que, en el momento de la solicitud, la página web sea lo suficientemente conocida como para inducir a los consumidores a confusión. Es importante recordar que los dominios .ru son otorgados por orden de presentación y que no hay una comprobación previa del posible uso ilegítimo de una marca registrada. De acuerdo con lo dispuesto en la parte IV del Código Civil, el titular legítimo de una marca registrada podría emprender acciones legales para impedir el uso de la misma en un dominio de internet. Sin embargo, la práctica judicial rusa tiende a respetar el uso de un determinado dominio de internet si el titular del mismo lo adquirió y lo usa de buena fe y si los bienes y servicios afectados no coinciden con los del titular de la marca registrada.
Obras literarias, artísticas, científicas y programas informáticos (y derechos adyacentes): el plazo de protección para este tipo de derechos, incluido el software y las bases de datos, es el de la vida del autor y 70 años después de su muerte. El Código Civil permite la cesión de los derechos de autor de forma exclusiva o no exclusiva. La violación de los derechos de autor puede llevar aparejada responsabilidad civil, penal y administrativa.
Franquicias: los acuerdos de franquicia, en lo que tienen de cesión de derechos de propiedad intelectual, deben ser registrados ante Rospatent para su validez. En principio, la solicitud de registro debe ser presentada conjuntamente por el franquiciador y por el franquiciado. Cabe someter el régimen de funcionamiento de la franquicia a un derecho que no sea el ruso, pero debe tenerse en cuenta que determinadas disposiciones de la legislación rusa serán en cualquier caso aplicables.
Aplicación de la legislación rusa sobre propiedad intelectual e industrial: las autoridades rusas han realizado un esfuerzo considerable en los últimos años para mejorar la aplicación de las normas que protegen los derechos de propiedad industrial e intelectual. Ésta se logra por las vías civil, administrativa y penal.
Las acciones administrativas y penales pueden ser iniciadas por la policía, por el Servicio federal de aduanas, por el Servicio federal antimonopolio o por el propio interesado mediante denuncia. La vía penal se abre en caso de que se produzca un daño sustancial para los titulares de los derechos infringidos o para los consumidores. En cualquier caso, la investigación acaba ante un juzgado, que es el que dicta la correspondiente sentencia. Las sentencias en primera instancia pueden ser recurridas en apelación y, después, en casación. Es importante recordar que así como las personas jurídicas, de acuerdo con la legislación rusa, no pueden ser responsable penales, sus acciones sí pueden acarrear responsabilidad administrativa, que puede llegar a la liquidación de la misma en caso de repetición de las violaciones de derechos de propiedad industrial e intelectual.
Por lo que se refiere a la vía civil, están a disposición de los titulares de este tipo de derechos los clásicos remedios de declaración, prohibición, indemnización, así como de embargo de los productos puestos en el mercado en violación de los derechos de propiedad intelectual o industrial.
Merece la pena señalar que, desde 2013, está en funcionamiento el Tribunal para los Derechos de Propiedad Intelectual, que actúa como corte de casación en el caso de los asuntos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, y como tribunal de primera instancia en los recursos frente actos de las autoridades federales con competencias en la materia.
Hay que señalar, por último, que en 2013 Rusia aprobó la normativa para permitir el bloqueo de páginas web que ofrezcan contenido audiovisual sin la autorización de los titulares legales del mismo (la conocida como Ley antipiratería).
A raíz de la adhesión a la OMC, Rusia firmó una acuerdo bilateral con la UE en virtud del cual asumió la obligación de compensar mediante cuotas de importación libres de aranceles a los fabricantes europeos de componentes para automoción, por la reducción de las importaciones rusas como consecuencia de la iniciativa del Gobierno ruso de promocionar la localización del el sector de la automoción en Rusia. Según esta iniciativa, regulada en los decretos 166 (de 29 de marzo de 2005) y 566 (de 16 de septiembre de 2006), los inversores extranjeros deben aplicar gradualmente umbrales de producción local que utilicen una proporción definida de contenidos locales. La adhesión de Rusia a la OMC implica el compromiso por parte del Gobierno ruso de abandonar estas medidas progresivamente hasta 2018, reduciendo también progresivamente a los aranceles a los coches importados. Por lo que respecta a los componentes fabricados en países de la Unión Europea, la compensación se desencadena si el volumen de componentes importados desde Europa desciende un 3% anual con respecto al nivel de 2010. Dicha compensación se articula bajo la forma de contingente arancelario (los detalles se pueden ver en el Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el comercio de piezas y componentes de vehículos automóviles entre la Unión Europea y la Federación de Rusia).

 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Con carácter general,  se pueden señalar las siguientes barreras:

  • Inseguridad jurídica: sigue siendo un problema de capital importancia. Asimismo, existe un vacío entre las reformas legales y su puesta en marcha, ya que no se ha conseguido modernizar y agilizar la Administración pública.
  • Barreras administrativas y las normativas de todo tipo (contra incendios, de seguridad, licencias...). Éstas son extremadamente estrictas y su cumplimiento resulta muy complejo, lo cual, unido a los bajos salarios de los funcionarios públicos y la ambigüedad legal, provoca cierta arbitrariedad en las constantes inspecciones que sufren las empresas.
  • Elevados costes de financiación.
  • Corrupción. 

La barrera más específica es la Ley sobre inversión extranjera en sectores estratégicos para la defensa y seguridad del estado, aprobada en abril de 2008, que relaciona 42 sectores en los que se establecen diversas restricciones a la inversión extranjera. Estos sectores incluyen, entre otros, exploración geológica, aviación, actividades espaciales, armamento y material militar, explosivos, criptografía, prensa, editorial, radio y TV.

Las restricciones, más estrictas en el caso de inversor público, varían según el tipo de inversión y el sector, con objeto de evitar que el inversor extranjero pueda ejercer un control efectivo sobre las decisiones de la empresa afectada. Las solicitudes de inversión en los sectores incluidos en la ley son examinadas por una comisión gubernamental presidida por el Primer Ministro.

Por otra parte, y en el marco de la política de sustitución de importaciones del Gobierno Ruso, el Ministerio de Industria y Comercio concede ventajas fiscales y de otro tipo a las empresas que suscriban los Contratos Especiales de Inversión (special investment contract), lo que implica discriminar a aquellas empresas inversoras que no acceden a este tipo de "contratos". No es fácil acceder a sus beneficios, porque se exige el complimiento de numerosos indicadores en términos de inversión mínima (750 millones de rublos), creación de puestos de trabajo, componente tecnológico, además de requerirse una perfecta  coordinación entre la administración federal y la local. Además, estos contratos tienen una duración máxima de 10 años. Los contratos especiales de inversión, se sustenta legalmente en el Decreto Nº 708, de 16 de julio de 2015 y  podrían contravenir disposiciones de la OMC, en concreto, disposiciones del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC o TRIMS, según el acrónimo inglés) y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (“Acuerdo SMC”). Por ello, la COM recomienda cautela a las empresas a la hora de plantearse suscribirlos. Pueden firmar estos contratos tanto el Gobierno Federal como las Administraciones locales. Por parte del Gobierno Federal, la agencia encargada de la tramitación de los proyectos es el Fondo para el desarrollo de la industria. Se sabe que solo 6 compañías europeas han suscrito hasta la fecha un Contrato Especial de Inversión con las autoridades federales rusas.

Cabe mencionar también el Decreto  1209, de 28 Septiembre 2015, que establece 4 categorías de empresas según su impacto ambiental y la forma en la que se aplica esta norma complica la vida de las empresas inversoras extranjeras.

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