Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

En general, la economía de Estados Unidos es una economía abierta al comercio y a la inversión exteriores.

El régimen de importación es libre, con escasas excepciones. No obstante, existen barreras no arancelarias y numerosas normas y disposiciones de carácter técnico y jurídico para productos agroalimentarios, farmacéuticos y sanitarios.

En el área de las contrataciones públicas existen no pocas medidas de carácter proteccionista en el ámbito federal, que ofrecen preferencia a los suministradores y/o productos estadounidenses, con respecto a productos de origen extranjero. Estas restricciones se basan fundamentalmente en dos disposiciones legales conocidas como Buy America (aplicable a las compras dentro del sector transporte que gocen de alguna subvención federal) y Buy American (aplicable a todo tipo de contrataciones públicas de bienes o servicios que gocen de subvención federal).

Por lo que se refiere a la inversión extranjera, la economía de Estados Unidos es abierta y tradicionalmente favorable, ofreciendo al inversor extranjero un tratamiento nacional.

Sin embargo, existen dos tipos principales de excepciones a este principio de apertura: a) restricciones similares a las que adoptan la mayoría de países desarrollados por razones de seguridad nacional en un número limitado de sectores como banca, defensa, comunicaciones, transporte aéreo o energía nuclear, y b) restricciones originadas por la legislación Exon-Florio, que otorgan al Presidente la facultad de bloquear operaciones de compra de compañías estadounidenses por parte de compañías extranjeras.

Estados Unidos no impone, como norma general, control de cambios, pudiendo los inversores extranjeros repatriar capitales, préstamos y beneficios. Existen incentivos a la inversión, principalmente a escala estatal y local, como beneficios fiscales o condiciones favorables de financiación.

Respecto del sistema fiscal, hay impuestos federales, estatales y locales. Las principales figuras impositivas son el impuesto sobre la renta de las personas físicas (income tax), el impuesto de sociedades (corporate tax), el impuesto sobre las ventas (sales tax, que sustituye al IVA existente en Europa) y el impuesto sobre bienes inmuebles (property tax).

El mercado laboral es muy flexible.  Se caracteriza por la alta flexibilidad en la contratación, los bajos costes en el despido, la preponderancia de las negociaciones a nivel de empresa y la escasa o nula conflictividad laboral. Los extranjeros necesitan visado para para poder trabajar, actuar como empresario o invertir en los Estados Unidos. La sindicación es  voluntaria y bastante baja (no más del 7% en el sector privado, a escala nacional). Las prestaciones de la Seguridad Social de Estados Unidos son bastante más reducidas que la Seguridad Social europea, y suponen principalmente el programa federal de pensiones y de seguro por desempleo.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

La Constitución de EE.UU. otorga a la Administración Federal la potestad de contratar los bienes y servicios que sean necesarios para la defensa y bienestar general de la nación. Sin embargo, en otro artículo se establece que cualquier retirada de fondos del Tesoro Público deberá estar justificada por la pertinente ley de apropiación (appropiation bill). Por lo tanto, la Administración Federal sólo podrá realizar aquellas compras de bienes y servicios para las cuales el Congreso haya aprobado los fondos correspondientes. Además, el Congreso generalmente establece restricciones o condiciones para dichas apropiaciones de fondos, que son las causantes de la mayoría de las particularidades de la legislación contractual federal, ya que en el desarrollo de dichas leyes se establecen regulaciones donde se plasmarán los mandamientos del Congreso.

La Federal Acquisition Regulation (FAR), aprobada en 1984, constituye la normativa básica que regula las contrataciones de bienes y servicios por parte de la Administración Federal de EE.UU. La FAR, conjuntamente con los suplementos desarrollados para cada una de las agencias, substituye la antigua legislación compuesta por los Federal Procurement Regulations, Defense Acquisition Regulation y la NASA Procurement Regulations.

En 1985, entró en vigor la Competition in Contract Act (CICA), ley que exigía a la Administración realizar sus compras a través de concursos públicos y abiertos (full and open competition), a no ser que concurriera alguna de las excepciones previstas por el artículo 6.302 de la FAR,  que afecta al procedimiento a través del cual la Administración Federal lleva a cabo sus compras.  La CICA exige que los concursos para la adquisición de bienes y servicios se realicen de forma abierta y pública siempre que superen el umbral de importe establecido para el procedimiento simplificado.

Por otro lado, en 1994 fue aprobada la Federal Acquisition Streamlining Act, por la cual se procedía a la simplificación del sistema de contrataciones federales y cuyas innovaciones más importantes fueron las siguientes:

Establecimiento de un sistema de adquisición simplificada para todas las compras inferiores a 100.000 dólares, reservándose todos los contratos por cuantías entre 2.500 y 100.000 dólares a pequeñas empresas, según definición contenida en el Code of Federal Regulations, en su Título 13, Parte 121. Requerimiento a la Administración de adquirir productos tecnológicos comerciales siempre que fuera posible, a diferencia de programas hechos a medida para el comprador.Encargar el diseño del Federal Acquisition Computer Network al Office of Federal Procurement Policy (OFPP), consistente en un sistema electrónico de compras a través del cual las empresas interesadas pudiesen consultar los concursos, someter ofertas, recibir contratos y cobrar a través de sistemas informáticos.

Posteriormente, el Congreso aprobó en 1996 la Federal Acquisition Reform Act (FARA) y la Information Technology Management Reform Act (ITMRA). Por la primera ley, se matizaba el requerimiento a las agencias federales de proceder a través de concursos públicos y abiertos, establecido por la CICA, supeditándolo a la consecución de las necesidades de la Administración de forma eficiente (efficiently fullfill the government’s requirements). Gracias a esta reforma, las agencias federales pueden realizar a través del sistema de adquisición simplificado compras de productos comerciales por valor de hasta 5.000.000 dólares. Una nueva redacción de la FAR, Part 25, mucho más llana y comprensible, fue aprobada. El nuevo texto se publicó en la Federal Acquisition Circular del 27 de diciembre de 1999 (FAC 97-15), que puede consultarse en la siguiente dirección:

http://www.acquisition.gov/far/.

Limitaciones a la adquisición de productos extranjeros

En EE.UU. existen múltiples leyes que restringen la capacidad de la Administración para la compra de bienes y servicios procedentes del extranjero, a menos que ello sea considerado “in government’s best interest”. De todos modos, la definición realizada por el Congreso de este concepto es bastante compleja, desincentivando a muchas empresas a ofertar tales productos.

Las principales leyes que regulan la adquisición de productos y servicios extranjeros por parte de la Administración Federal son: Buy America Act y Balance of Payments Program, en función de si los productos y servicios van a consumirse dentro o fuera del territorio de EE.UU.

Buy America Act (BAA) 

La BAA establece las normas básicas para la adquisición de bienes, servicios y materiales de construcción procedentes del extranjero por parte de la Administración Federal. En principio, la BAA limita la adquisición de suministros a lo que se denominan productos finales nacionales (domestic end products), que deben haber sido manufacturados en Estados Unidos y con un coste de componentes americanos superior al 50%. Esta preferencia a los productos nacionales se aplica dentro de ciertos márgenes. En realidad, supone una penalización en el precio de los productos extranjeros de entre 6% y 12% según se compare con una oferta de una pequeña o de una gran  empresa.  Por ejemplo, un producto extranjero cuyo precio sea de 150.000 dólares será descartado frente a una oferta de producto nacional no superior a 159.000 dólares (150.000 + 6%), si el oferente es una gran empresa o frente a una oferta de hasta 168.000 dólares (150.000 + 12%) si es ofertado por una empresa pequeña.

Es importante destacar en este punto que la BAA no se aplica en aquellas licitaciones cubiertas por el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC, del que son parte EE.UU. y la Unión Europea, por lo que una oferta realizada por una empresa española no se vería afectada por la BAA.  El Acuerdo de Contratación Pública de la OMC incluye también las compras de algunas de las entidades públicas de 37 de los 50 Estados de la Unión.

Una vez dicho esto, debe señalarse también que la BAA tiene un fuerte impacto en la contratación que realizan los Estados en proyectos de infraestructuras que reciben fondos federales (quedan incluidos los de autopistas y carreteras, transporte urbano y aeropuertos) pues en estos casos todas las adquisiciones de bienes y servicios relacionados deben tener un importante componente de productos nacionales y pueden obligar a que productos como el hierro y el acero sean en su totalidad de origen y fabricación estadounidense.

Se facilitan los siguientes enlaces electrónicos (obtenidos del portal de la OMC) donde se detalla el compromiso de Estados Unidos en el Acuerdo de Contratación Pública. 

Administración Federal: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/usa1.doc   Estados: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/usa2.doc  Otros entes públicos de EEUU:

  http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/usa3.doc  

Small Business Act (SBA). La ley data de 1953 y se modifica normalmente con el Proyecto de Presupuesto federal. Reserva una parte del mercado de contratación pública, aproximadamente el 30% del total, para las PYMES. Para más información se puede consultar la siguiente web:  http://www.sba.gov/

Balance of Payments Program (BPP). Las contrataciones federales de bienes, servicios y materiales de construcción cuyo uso o consumo vaya a realizarse fuera de Estados Unidos están reguladas por el BPP. Las restricciones impuestas tienen por objeto minimizar el efecto del gasto público en la balanza de pagos. Se exige que los bienes y servicios adquiridos por entidades federales cuyo uso o consumo vayan a realizarse en el extranjero sean nacionales salvo que su coste supere en más de un 50% al que tendrían de adquirirse en el extranjero.

Este criterio se aplica también a los contratistas que vayan a desarrollar obras de construcción, reparación o mantenimiento en propiedades de la Administración de EE.UU. en el extranjero. Deberán utilizar materiales de construcción americanos a menos que su coste exceda en más de un 50% al coste de los materiales de construcción extranjeros.

Del total del importe de fondos federales destinados a la adquisición de bienes y servicios, las dos terceras partes corresponden al Departamento de Defensa. España tiene suscrito con Estados Unidos un Convenio de Cooperación Industrial para la Defensa. Este Convenio ofrece a las empresas españolas la posibilidad de contratar con el Departamento de Defensa de EE.UU. obviando las limitaciones establecidas en la Buy America Act, aunque, a pesar de esta oportunidad para nuestras empresas, debe indicarse que existen ciertas prohibiciones para las adquisiciones por parte de Defensa a los proveedores extranjeros, cuyo exclusión se justifica bajo motivos de “seguridad nacional”.

La Administración Federal publica todas las licitaciones, por encima de los 25.000 dólares, incluyendo todos sus Departamentos, en la siguiente y única dirección electrónica: http://www.fedbizopps.gov/ . Los portales de los Estados también tienen información relativa a las licitaciones propias de cada uno de ellos.

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Régimen de inversiones

La economía de Estados Unidos es abierta y tradicionalmente favorable a la Inversión Extranjera Directa, ofreciendo al inversor extranjero un tratamiento nacional.

Sin embargo, existen dos tipos principales de excepciones a este principio de apertura: a) restricciones similares a las que adoptan la mayoría de países desarrollados por razones de seguridad nacional en un número limitado de sectores como banca, defensa, comunicaciones, transporte aéreo o energía nuclear, y b) restricciones originadas por la legislación Exon-Florio, que otorgan al presidente la facultad de bloquear operaciones de compra de compañías estadounidenses por parte de compañías extranjeras.

Con el fin de facilitar el conocimiento de este tipo de excepciones, los países miembros de la OCDE están obligados a notificar las restricciones que afectan al tratamiento nacional, publicando periódicamente un listado con dichas medidas: List of measures reported as exceptions to national treatment (http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/NTItransparencyENG.pdf). En el caso de Estados Unidos (páginas 104-112 del informe), dicho listado incluye medidas adoptadas tanto a nivel federal como a nivel estatal.

A continuación se citan las principales restricciones a la Inversión Directa Extranjera en Estados Unidos. En todo caso, conviene recordar que existen mecanismos para superar este tipo de restricciones como por ejemplo, la asociación con una empresa local.

Restricciones específicas por sectores:

La participación extranjera está sometida a mayores controles y limitaciones en los siguientes sectores:

 Banca y Seguros

Las operaciones bancarias por parte de entidades extranjeras en Estados Unidos se encuentran reguladas principalmente por la International Banking Act (IBA) de 1978, la Foreign Bank Supervision Enhancement Act (FBSEA) de 1991 y la Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act de 1994, así como por la legislación estatal. La normativa federal surge ante la necesidad de mantener un control federal en la regulación y supervisión de las entidades bancarias extranjeras que operan en el país, incluyendo las siguientes restricciones: límites en el número máximo de sucursales por estado y en la adquisición de acciones con derecho a voto, exigencia de depósitos como medida de seguridad, obligación de proporcionar información sobre las actividades del banco dentro y fuera del país, y registro ante el Secretary of the Treasury. Las aseguradoras extranjeras, además de licencias generales, están sometidas a requisitos adicionales como la presentación de un depósito a modo de garantía junto con una declaración de sus activos y deudas. Algunos estados exigen requisitos de capital superiores a los establecidos para las compañías locales. A pesar de las restricciones, el 25% de la Banca Comercial de EE. UU. está controlada por instituciones financieras extranjeras.

 Defensa

La mayoría de las restricciones en el sector de defensa tienen su origen en el Defense Industrial Security Program del Departamento de Defensa, desarrollado a través de la International Security Act de 1947 y la Executive Order No. 10865. Dichas leyes establecen la necesidad de obtener una autorización conocida como “security clearance” para poder acceder a información clasificada como secreta y a la contratación con el Departamento de Defensa. Esta autorización no se otorga a compañías bajo control o influencia extranjera (casos de “excessive foreign ownership, control or influence”).

 Comunicaciones

La Federal Communications Commission (FCC) mediante la Federal Communications Act de 1934,  posteriormente modificada por la Telecommunications Act de 1996, exige la obtención de una licencia para la transmisión de energía, comunicaciones o señales de radio. Dicha licencia no se otorga a compañías con una participación extranjera superior al 25%, salvo casos de interés nacional.

 Transporte aéreo

La Federal Aviation Act de 1958 establece que el espacio aéreo estadounidense es de soberanía nacional exclusiva. Todas las compañías que se dedican a la operación de aeronaves han de estar registradas ante la Federal Aviation Administration. Según normativa estadounidense y tratados internacionales, las compañías extranjeras pueden obtener un permiso para el transporte aéreo ante el Department of Transportation. Sin embargo, la presencia extranjera no puede representar más del 25% de las acciones con derecho a voto (… at least 75 percent of the voting interest is owned or controlled by persons that are citizens of the United State…). Además, las fusiones y adquisiciones de compañías aéreas están sujetas a la aprobación de la Civil Aeronautics Board.

 Transporte marítimo

La Shipping Act of 1916, más conocida como Jones Act, y la Merchant Marine Act de 1920 prohíben, salvo excepciones, el transporte de cabotaje de pasajeros o mercancías dentro de Estados Unidos a bordo de buques extranjeros. Otras restricciones establecen la necesidad de registro en el país, restringen la venta o traspaso de naves y delimitan las zonas de pesca.

 Energía

Los recursos energéticos están regulados mediante leyes federales y estatales y en muchos casos la participación de entes extranjeros está restringida debido a sus implicaciones en la defensa y economía nacional. Las leyes federales, concretamente la Atomic Energy Act de 1954 y la Federal Power Act de 1920, regulan la energía nuclear e hidroeléctrica, el gas natural, la electricidad y sus importaciones. La mayoría de los acuerdos siguen el principio de reciprocidad, en base a las restricciones a las que están sometidas los estadounidenses en países terceros.

 Minas

Conforme a la Deep Seabed Hard Mineral Resources Act de 1980 (The Mineral Leasing Act of 1920) únicamente los ciudadanos estadounidenses pueden obtener una licencia o permiso para la explotación comercial de los recursos minerales.

Restricciones basadas en la normativa: Exon-Florio, Enmienda Byrd y FINSA

Además de las restricciones previstas tradicionalmente para sectores especialmente sensibles como son defensa o comunicaciones, se ha aprobado, con carácter más reciente, un conjunto de normas que ha suscitado gran preocupación entre los inversores extranjeros y un significativo debate en el Congreso estadounidense debido a que otorgan al Presidente la facultad de bloquear operaciones de compañías extranjeras en Estados Unidos. Con el fin de evitar cualquier problema de este tipo, las empresas con grandes proyectos han adoptado una práctica de prenotificar sus operaciones a la administración estadounidense para poder negociar con anterioridad soluciones alternativas. Esta notificación no se considera necesaria en el caso de pequeñas operaciones.

Marco Jurídico

En 1988, bajo un clima de preocupación motivado por ciertas adquisiciones de firmas estadounidenses por parte de compañías japonesas, el Congreso aprueba la  Sección 721 de la Defense production Act de 1950, conocida como Enmienda Exon-Florio. Esta disposición otorga al Presidente la facultad de investigar y bloquear adquisiciones de empresas estadounidenses por parte de compañías extranjeras, siempre y cuando haya clara evidencia de que dicha operación pueda poner en peligro la seguridad nacional y la legislación nacional no sea suficiente para su protección. Posteriormente, el Presidente delega la facultad de investigar las inversiones extranjeras y valorar sus efectos sobre la seguridad en el Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

En noviembre de 1991, el Departamento del Tesoro publica los reglamentos que desarrollan la disposición de Exon-Florio, estableciendo un sistema voluntario de notificación por parte de las partes implicadas en la adquisición. La mayoría de las compañías cumple con esta notificación voluntariamente debido a que en su ausencia el presidente tiene la capacidad de paralizar la operación indefinidamente y someterla a un mayor escrutinio.

En 1992, el Congreso introduce la Enmienda 837(a) del National Defense Authorization Act para el año fiscal 1993. Esta sección, conocida como Enmienda Byrd, establece que toda adquisición controlada por un Estado extranjero, que conlleve el control de una persona implicada en el comercio entre estados y que pueda afectar a la seguridad nacional, deberá ser investigada.

En 2007, el Presidente Bush firma la Foreign Investment and National Security Act of 2007, P.L. 110-49 de 2007 (FINSA) cuyo objetivo es reformar la Sección 721 de la Defense Production Act  y el funcionamiento de CFIUS.

El 21 de noviembre de 2008, el Treasury Department publica en el Federal Register el Reglamento de Desarrollo de la Foreign Investment and National Security Act (FINSA) de 2007, ley que regula el proceso de revisión que lleva a cabo el Comité. Posteriormente, el Tesoro publicó una Guía informativa con información adicional.

El Comité

El Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), es un comité compuesto por representantes de varias agencias federales (Tesoro, Justicia, Seguridad Nacional, Comercio, Defensa, Interior, Energía, Ciencia y Tecnología), que se ocupa de la revisión y control de las adquisiciones o fusiones de empresas estadounidenses por parte de una entidad extranjera que pueden poner en peligro la seguridad nacional.

La notificación de una operación a CFIUS tiene carácter voluntario. Sin embargo, y debido a que el concepto de seguridad nacional es muy amplio puede ser recomendable notificarlo desde el primer momento para evitar problemas en fases más avanzadas del proyecto de inversión. La Guía Informativa ofrece ejemplos y factores que CFIUS analiza con especial atención para comprobar si la seguridad nacional puede verse afectada y en los que el Comité considera conveniente la notificación previa. Además, el Reglamento exige la aportación de información muy detallada: objetivo y naturaleza de la operación, datos completos de los inversores extranjeros, las entidades estadounidenses implicadas, la empresa matriz, fechas y plazos de la operación, instituciones financieras implicadas, bienes o servicios comercializados, contratos firmados con otras agencias federales, medidas para garantizar la seguridad, etc. El análisis de la operación (review) se completa en el 80% de los casos en un plazo de 30 días. En determinados supuestos, se abre una segunda fase de análisis o investigación, con una duración de 45 días adicionales.

La administración estadounidense ha señalado en repetidas ocasiones que el objetivo de CFIUS no es impedir la inversión extranjera o prohibir las adquisiciones de empresas estadounidenses por parte de empresas extranjeras sino garantizar la seguridad nacional; hasta el momento el Presidente sólo ha prohibido una operación. Sin embargo existe preocupación por las dificultades que estas revisiones e investigaciones pueden crear a los operadores comunitarios (costes económicos y legales, pérdida de confidencialidad, etc.) y que pueden suponer un obstáculo a la entrada de inversión extranjera en el país.

El Reglamento de 2008 se aprobó, en parte, como respuesta a las críticas planteadas por la complejidad y falta de claridad del proceso que lleva a cabo el Comité, ofreciendo información más detallada sobre las actividades de CFIUS y estableciendo la obligación de elaborar un informe anual para el Congreso que incluye un análisis de todos los casos estudiados.

La Oficina Económica y Comercial de Washington ha elaborado una nota que incluye este análisis.

Otras medidas

Algunos Estados establecen restricciones adicionales y limitaciones en la compra de terrenos agrícolas por parte de ciudadanos o empresas extranjeras (California, Illinois, Kansas, Nevada, Dakota del Norte, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York y Carolina del Norte).

En el área de la contratación pública existen medidas de carácter proteccionista (a escala federal y estatal), que ofrecen preferencia a los suministradores y/o productos estadounidenses, con respecto a productos de origen extranjero. Estas restricciones se basan fundamentalmente en dos disposiciones legales conocidas como Buy America (aplicable a las compras dentro del sector transporte que gocen de alguna subvención federal) y Buy American (aplicable a todas las contrataciones públicas de bienes que gocen de subvención federal).

Desde finales de los años 90, la legislación norteamericana permitía al Presidente estadounidense actuar contra empresas extranjeras con inversiones en el sector energético de Irán. Ante el incumplimiento por parte de Irán de las Resoluciones adoptadas por Naciones Unidas y el descubrimiento de una planta secreta de enriquecimiento de uranio, EE UU endureció su posición y amplió el alcance de las sanciones, incluyendo cualquier operación que contribuya al desarrollo de los recursos petrolíferos en Irán así como su producción o exportación. Además del sector energético, también se introdujeron sanciones contra las entidades que facilitan financiación a la República Islámica de Irán. En 2015 el Consejo Permanente de Naciones Unidas, la UE e Irán alcanzaron un acuerdo para eliminar la mayoría de las sanciones impuestas a cambio del establecimiento de condiciones en los programas nucleares de Irán. Las sanciones se suspendieron en enero de 2016.

Por último, hay que añadir que el mundo empresarial encuentra escasas limitaciones en las agencias federales encargadas de controlar diversos aspectos de la actividad empresarial del país. Agencias federales encargadas de velar por el orden fiscal, la ausencia de monopolios, la regularización de productos químico-farmacéuticos, alimentos, o cuestiones medioambientales pueden imponer límites específicos a un tipo de actividad empresarial concreta o a la producción, manipulación o venta de un producto específico, pero dichos límites son del mismo tipo que los que se pueden encontrar en España o en otros países desarrollados.

Existen sectores que pueden estar regulados por agencias federales o estatales (de la misma manera que en España hay competencias exclusivas del estado central y otras compartidas o transferidas totalmente a las diferentes Comunidades Autónomas), como el energético, la banca o los seguros. En ningún caso se pueden considerar dichas regulaciones como restrictivas para la inversión extranjera o el comercio en general.

Además de las licencias y permisos de cada estado y municipio, los inversores extranjeros también necesitan licencias federales para las siguientes actividades económicas:

ACTIVIDADES Y AGENCIAS FEDERALES DE ESTADOS UNIDOS
Actividades EconómicasAgencias Federales
Radio y Televisión (emisoras)Federal Trade Commission (FTC)
Fabricación y comercio de armas de fuegoBureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Dept. of Justice
Fabricación de bebidas alcohólicas y tabacoAlcohol and Tobacco Tax Trade Bureau (TTB). Dep. of Treasury
Preparación de carnesFood and  Drug Administration (FDA)
Transportes urbanosFederal Transit Administration (FTA)
Operaciones y asesoramiento bursátilesSecurities and  Exchange Commission (SEC)

 

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Propiedad inmobiliaria

Propiedad inmobiliaria

No hay restricciones a la inversión inmobiliaria por parte de extranjeros. Aunque en algunos casos pueden verse afectados por normas fiscales más duras.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Los principales programas de incentivos se encuentran en el ámbito estatal y local, aspecto importante en la decisión sobre el emplazamiento de una empresa extranjera. Estos incentivos consisten en beneficios fiscales y condiciones favorables para la financiación de la inversión, incentivos por la creación de empleo y la formación profesional, etc. Los principales beneficiarios de estos incentivos son las inversiones en plantas productivas y/o filiales que conlleven la contratación de un alto número de empleados.

Para mayor información sobre los incentivos específicos que se ofrecen en cada Estado pueden consultar las Guías de Estado publicadas por las Oficinas Económicas y Comerciales: http://www.oficinascomerciales.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/index.html. Una vez en la página de ICEX, escribir en su buscador: “guía estado + [el nombre del estado]”.

Casi todos los Estados, y en muchos casos los condados e incluso los municipios, tienen agencias dedicadas exclusivamente a la promoción de dichas zonas geográficas como destino de la inversión. El Departamento de Comercio, a través de la Economic Development Administration (EDA), ofrece un Directorio de las agencias de desarrollo económico estatales y de sus ayudas: http://www.eda.gov/resources/.

Asimismo, el Departamento de Comercio ha puesto en marcha recientemente la iniciativa Select USA (http://selectusa.commerce.gov/) que complementa las iniciativas estatales y regionales. Select USA es el punto de contacto a nivel nacional de la administración estadounidense para las empresas que quieren implantarse o aumentar su negocio en EEUU. Ofrecen apoyo a inversores extranjeros a través de diferentes herramientas, información, identificación de programas federales, aclaración de dudas sobre leyes y normas federales así como búsqueda de socios y recursos. También han elaborado un mapa muy útil para consultar y comparar los incentivos existentes en cada estado (http://selectusa.stateincentives.org/?referrer=selectusa) y organizan anualmente un seminario en Washington, DC dirigido a empresas extranjeras interesadas en invertir en Estados Unidos (https://www.selectusa.gov/selectusa-Summit).

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Representación y agencia

Las formas más económicas y menos comprometidas de canalizar la distribución en los Estados Unidos son la venta directa y el contrato de agencia o representación. Los contratos de agencia están regulados por leyes estatales, no federales, por ello es importante conocer la normativa local.

El agente nacional será nuestro representante en Estados Unidos, pudiendo también encargarse de los trámites de importación. Al principio exigirá una cantidad fija más comisiones, para pasar probablemente más tarde a percibir únicamente comisiones. El agente nacional incrementará el precio del producto entre un 10% y un 12%, lo que en inglés se denomina “mark-up” o “marcar” en jerga comercial (si el volumen es muy grande bajará hasta un 5%). Dentro de este margen se negocian los servicios que el agente va a prestar.

La propiedad del producto mientras está en el almacén es todavía del fabricante español. Cuando el agente genera una venta al distribuidor o al minorista, la propiedad de la mercancía pasa directamente del fabricante a estos.

El agente nacional llevará un territorio y ciertas grandes cuentas y contará con el apoyo de brokers regionales para los territorios que no pueda abarcar. Agents National Association (http://www.manaonline.org/  ).

A la hora de seleccionar un representante es conveniente valorar los siguientes factores, en función del sector que estemos tratando: su experiencia y credibilidad en ventas del sector, formación técnica en tecnología del sector, así como experiencia en el mercado, contactos con las personas que toman las decisiones en las empresas en el ámbito local o regional, referencias, clientes importantes e influyentes dentro del sector, que mantenga relaciones comerciales estables desde hace al menos 5 años con alguna empresa instalada en el mercado, que se comprometa a dedicar esfuerzo a la promoción y ventas de nuestros productos, que disponga de una oficina permanente en el área con adecuado personal técnico, que posea la capacidad para proporcionar información sobre el mercado a los directores de ventas y marketing de la empresa española, y la posibilidad de tener al menos una persona disponible para su formación en profundidad sobre la empresa española y sus productos.

Existen muchas fuentes para la localización de representantes. A modo de ejemplo se puede consultar el Manufacturers’

Los representantes o agentes generalmente se encuentran con dificultades para introducir un nuevo producto ya que esto requiere una gran inversión en tiempo y energía, y los beneficios derivados de tal esfuerzo pueden dilatarse en el tiempo. Este esfuerzo inicial es considerablemente mayor cuando la empresa española que está intentando entrar en el mercado es una pequeña empresa que quizá no sea capaz de apoyar las ventas realizando un esfuerzo de marketing suficiente para facilitar la labor de captura de clientes y por tanto, de ventas.

Por otro lado, este medio de distribución resulta habitualmente problemático en este mercado ya que el comprador americano suele ser bastante reticente a realizar los trámites de importación y además, en productos técnicos es prácticamente imprescindible ofrecer un sistema de servicio posventa de calidad. Según los casos, se valora mucho el servicio de reparación de 24 horas, así como el préstamo de equipamiento en caso de avería, por lo que las empresas que lo ofrezcan podrán vender su equipamiento a unos precios más altos. Se recomienda pues, al exportador español que siempre que sea necesario se trate de buscar un distribuidor o agente con un buen servicio posventa.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

También es importante destacar, aunque no sea un tipo de entidad mercantil, la figura de la Joint Venture. Se trata de una empresa entre dos socios/partes para participar en los beneficios de un proyecto común particular. La gran mayoría de las Joint Venture estadounidenses van a suponer la formación de una nueva corporación en la que dos o más personas o compañías norteamericanas y españolas son accionistas. En otros casos, se establecen como General partnership, en la que la compañía estadounidense y la filial estadounidense de una española son socios.

Se puede también formar Joint Ventures con socios que no sean estadounidenses. Esta fórmula ha sido muy utilizada por empresas españolas que se han asociado con compañías distribuidoras de productos similares para aprovechar la red de distribución de la compañía norteamericana.

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Tipos de sociedades

La apertura de una sociedad mercantil se encuentra sujeta a las leyes y normas del Estado en el que se establezca, ya que en EEUU no existen leyes de carácter federal que regulen las sociedades. En todo caso, y aunque puedan existir diferencias entre las leyes aplicables en los distintos Estados, las estructuras empresariales y los procedimientos para el establecimiento de las mismas son básicamente los mismos en todo el país.

Una vez constituida la empresa en cualquiera de los 50 Estados de la Unión y/o en el Distrito de Columbia, ésta puede desarrollar su actividad en más de un Estado, e incluso tener su sede central fuera del Estado en el que se constituyó legalmente. No obstante, todas las operaciones estarían sujetas a las leyes de sociedades y a los impuestos del Estado de constitución.

Para operar en un Estado distinto al de origen, la empresa tiene que presentar ante la oficina del Secretario de Estado del Estado correspondiente entre otros documentos, su Documento de Constitución ("Certificate of Incorporation") y pagar una tasa anual.

Existen tres tipos principales de sociedades:

Sole propietorship: el tipo societario más simple. El propietario y su negocio son la misma entidad jurídica por lo que el propietario o empresario es personalmente responsable de todas las obligaciones del negocio. Partnership: cuando dos o más individuos son propietarios del negocio. La responsabilidad ante las obligaciones puede ser limitada o ilimitada. Corporation: entidad jurídica independiente de sus accionistas.

Estos tipos además se dividen en otros subtipos:

Sociedad Anónima (Corporation C ) Sociedad Anónima (Corporation S) Sociedad Colectiva (General Partnership) Sociedad Comanditaria (Limited Partnership) Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company (LLC)) Propietario individual (Sole Proprietorship) Sucursal de una empresa extranjera (Branch) Joint Venture

Lo más importante a la hora de decidir el tipo societario es buscar el equilibrio entre la responsabilidad y la carga fiscal.

Principales diferencias con el modelo español

La creación de una entidad mercantil en los Estados Unidos difiere sensiblemente del proceso a seguir en España. En general, se puede decir que el procedimiento es más rápido y fácil en los Estados Unidos y que los requisitos fundacionales son menores. Las principales diferencias son:

No existe un capital mínimo para la constitución de ningún tipo de entidad. Su constitución se realiza ante una serie de instituciones en cada Estado federal y municipio, sin intervención de una figura como la del notario público en España. La intervención de un abogado no es necesaria aunque sí conveniente. Todos los trámites pueden llevarse a cabo sin la presencia de un letrado, pero existen detalles en el proceso a seguir, en la configuración de los estatutos de la sociedad (by-laws), y otros que pueden resultar confusos o complicados sin la participación de un abogado.

Sociedad Anónima (Corporation C)

Se trata de una organización empresarial con entidad jurídica separada y distinta de la sus accionistas, que son sus propietarios o shareholders. Esta figura coincide, casi completamente, con lo que en España se conoce como Sociedad Anónima, con las excepciones de que la Corporation C no requiere un capital social mínimo para su constitución y los requisitos para su formación son menores. Las Corporations C deben pagar impuestos federales sobre las ganancias corporativas y, si una Corporation C distribuye dividendos ya sea en dinero o especie a sus accionistas, éstos deben de pagar también impuestos sobre beneficios.

Corporation S

Esta variación de la Corporation C difiere principalmente en el tratamiento fiscal, ya que no paga impuestos sobre las ganancias corporativas. Se considera que las ganancias y las pérdidas se transmiten a los accionistas, de modo que son ellos los que pagan impuestos sobre los beneficios que hayan obtenido de la corporación hayan o no recibido dividendos de la misma. Una Corporation S percibe ventajas impositivas sólo si está integrada por 75 o menos accionistas, ninguno de los cuales puede ser extranjero no residente en el país ni otra corporación, y, con algunas limitaciones, un fideicomiso. Todos los accionistas deben estar de acuerdo en constituirse en una Corporation S y la entidad no puede emitir más de un tipo de acciones.

Sociedad Colectiva (General Partnership)

Es el equivalente a lo que conocemos por sociedad colectiva. Resulta de la asociación de dos o más personas o entidades, cuya principal característica es que todos los socios tienen responsabilidad ilimitada, aunque no contribuyan de forma igual al capital de la empresa (responsabilidad solidaria). No se requiere un mínimo de capital suscrito por los socios. Es aconsejable que los socios celebren un convenio por escrito, llamado convenio de asociación (partnership agreement) para definir los derechos y obligaciones de cada uno.

Sociedad Comanditaria (Limited Partnership)

Consiste en uno o más socios con responsabilidad ilimitada (general partners) y uno o más socios con responsabilidad limitada (limited partners) a sus respectivas contribuciones de capital. Los socios pueden ser personas físicas o jurídicas (otros partnerships, corporations, etc.). Equivaldría a una sociedad comanditaria española.

Los socios de responsabilidad ilimitada son personalmente responsables de las deudas y obligaciones de la sociedad. El socio de responsabilidad limitada no puede participar activamente en la gestión de la sociedad.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company (LLC))

Este tipo de sociedad es una forma nueva de organización que se estableció en la mayoría de los estados a partir de la década de los 90. Las LLC son similares a las sociedades españolas de responsabilidad limitada. Son estructuras empresariales muy flexibles, en cuya organización se incurren en mayores gastos, pero que combinan las ventajas de una Corporation C (la responsabilidad de los propietarios es limitada), con las ventajas impositivas de la General Partnership (se evita la doble imposición asociada con la Corporation C al no estar sujeta al impuesto de sociedades, y los propietarios pueden deducir las pérdidas de sus declaraciones de renta por ingresos personales)

Propietario individual (Sole Proprietorship)

Es el tipo de sociedad básico y el más recomendable para el inicio de una actividad empresarial a pequeña escala. El propietario individual o empresario autónomo es responsable personalmente de todas las obligaciones inherentes a la explotación de su negocio o actividad profesional, incluidas las fiscales.

Sucursal de una empresa extranjera (Branch)

La sucursal no tiene personalidad jurídica propia (no es titular de derechos y obligaciones), es una extensión de una compañía extranjera y depende completamente de la sociedad matriz que responde legalmente de todas las obligaciones que pudiera contraer. Al no ser una sociedad constituida en los EE.UU. no tiene que cumplir con todas las formalidades legales que conlleva la constitución de una corporación (elimina los trámites de su constitución jurídica pero limita las posibilidades de operar). El establecimiento es mucho más sencillo debiéndose únicamente gestionar la obtención de una autorización para operar en el estado en que vaya a establecerse.

No se exige ningún mínimo o máximo de capital que provenga de la empresa matriz. No hay requerimientos para una auditoría estatutaria. Sin embargo, se exige que se lleven los libros y registros adecuadamente para reflejar con claridad los ingresos impositivos de la sucursal.

La sucursal más simple consiste en un agente que actúa en nombre ajeno con inventario o instalación permanente registrados a su nombre, siendo los gastos de organización mínimos, al no ser necesario crear una nueva entidad en EE.UU.. En el caso de que la empresa española decida operar a través de una sucursal, esta debería serlo de una compañía de nueva constitución y no de la casa matriz, pues de lo contrario, los activos mundiales de la matriz quedarían expuestos a la fiscalidad de EE.UU. y sujetos a cualquier responsabilidad legal (por ejemplo, responsabilidad civil de los productos)

La siguiente tabla resume las principales diferencias entre los distintos tipos de entidades mercantiles, así como sus equivalentes españolas:

Principales diferencias entre tipos de entidades mercantiles y sus equivalentes españolas

Equivalente españolDenominación en EE.UU.Personalidad Jurídica PropiaCapital mínimo
Sociedad AnónimaCorporation No se requiere
Sociedad ColectivaGeneral Partnership No se requiere
Sociedad ComanditariaLimited Partnership No se requiere
Joint VentureJoint Venture No se requiere
Empresario IndividualSole Propietorship NoNo se requiere
SucursalBranch NoNo se requiere

 

 

Equivalente españolResponsabilidadConstitución y actuación
Sociedad AnónimaLimitadaRequiere cierta formalidad
Sociedad ColectivaIlimitadaRelativamente simple, informal, pero es deseable realizar el acuerdo por escrito entre los socios
Sociedad ComanditariaIlimitada para General Partners y limitada para Limited PartnersSu constitución es más compleja y costosa que la del General Partnership
Joint VentureDepende del tipo de sociedad que se constituyaDepende del tipo de sociedad que se constituya
Empresario IndividualIlimitadaTiene la forma más simple de constitución y actuación
SucursalEs la sociedad matriz quien respondeDepende del tipo de sociedad que sea la sociedad matriz

Constitución de sociedades (formalidades, costes, restricciones a la propiedad extranjera)

Como ya se ha indicado, es recomendable, desde el primer momento, ponerse en contacto con un abogado (o despacho de abogados) estadounidense con experiencia local que gestione todo el proceso ya que es necesario seguir las normas específicas del Estado de constitución. Para información sobre los requisitos específicos de cada Estado se pueden consultar las Guías de Estado publicadas por las Oficinas Económicas y Comerciales: http://www.oficinascomerciales.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/index.html. Una vez en la página de ICEX, escribir en su buscador: “guía estado + [el nombre del estado]”.

Con carácter general estos son los pasos a seguir:

Establecimiento de una Corporation

Las etapas para la constitución de una corporación se detallan a continuación, teniendo en cuenta que puede haber variaciones entre los Estados:

1.- Nombre de la corporación. A pesar de no ser obligatorio, se puede solicitar, previo al registro de la sociedad, una verificación de que el nombre bajo el cual va a operar la sociedad se encuentra disponible. Esta consulta se debe hacer a través del “Secretary of State” – “Department of Business Service”.

2.- Certificado de “Incorporation” (“Articles of Incorporation”). A la hora de cumplimentar el registro de formación, es de obligado cumplimiento facilitar la siguiente información:

Nombre de la futura corporación: debe contener la palabra “corporation”, “company”, “incorporated” o cualquiera de sus abreviaciones. Objetivos y propósito de la corporación. Nombre de un Agente (“Registered Agent”) y dirección de una Oficina (“Registered Office”), necesarias ambas para toda correspondencia con el “Secretary of State”. En el caso del Agente, éste debe residir en el Estado y puede desempeñar la función de “Incorporator”, director o empleado de la corporación. Número de Acciones: el “Business Corporation Act” no establece ningún tipo de limitación en lo que se refiere al número de acciones que la futura empresa desee emitir. Se deberá sin embargo estipular si las acciones tendrán un precio mínimo de venta ("Par Value"), número de acciones autorizadas (“Authorized Shares”) y el número de acciones emitidas (“Shares Proposed to be Issued”) A este respecto hay que decir que no todas las acciones autorizadas han de ser emitidas, aunque es obligatorio, para el comienzo del funcionamiento de la corporación, que "unas cuantas" sean. Por último en el impreso se debe especificar el precio a pagar a la empresa por la compra de las acciones emitidas, aunque este precio no será en ningún caso inferior al total del “par value”, en caso de que éste hubiese sido especificado. Si no se especifica lo contrario en el impreso/formulario, la fecha de comienzo de las operaciones será la de entrega de dicho formulario.

3.- Libro corporativo. Obtención por parte del abogado de un libro corporativo (“corporate record book”), sello y certificados de las acciones de la corporación.

4.- Preparación y firma de documentos. Se han de preparar los siguientes documentos:

Los “By–Laws”, documentos equivalentes a los estatutos sociales. Incluyen el funcionamiento interno y regulación de la sociedad (pago de dividendos, etc.) y no es documento público. La declaración del incorporador (persona que ha constituido la empresa en EEUU) Las actas de la primera reunión del Consejo de Administración, o en su lugar un consentimiento por escrito. Oferta y aceptación de suscripciones al capital social de la nueva corporación, elección de los ejecutivos, año fiscal, regulación de la sociedad a efectos fiscales, etc. Registro de la corporación en los Estados en los que realizará operaciones. Apertura de cuentas bancarias en los EEUU.

5.- Registros con otras oficinas: Una vez que la empresa ha cumplimentado todas las formalidades especificadas en los “Articles of Incorporation” y ha recibido de la Secretaría de Estado el correspondiente Certificado de Incorporación (“Certificate of Incorporation”), la empresa tiene un plazo de quince días para registrarse en el “Office of the Recorder Deeds del County” (condado) donde desea implantarse. Por otro lado, aunque la empresa esté autorizada por los “Articles of Incorporation” a emitir acciones, no podrá venderlas hasta que éstas estén registradas en el “Securities Department” del “Secretary of State”.

Establecimiento de una fábrica

Con muy pocas excepciones, una compañía española debe tratar que el propietario y gestor de la fábrica sea una corporación filial constituida en los EEUU. Esta filial en los EEUU, no tendrá necesidad de estar ubicada en el mismo Estado que la fábrica; aunque sí deberá estar registrada en el Estado de la fábrica.

Para establecer una fábrica es importante tener en cuenta los siguientes factores:

Localización de la misma (basándose en factores tales como: incentivos, proximidad de los mercados más importantes, de las materias primas, medios de transporte, disponibilidad y coste de mano de obra, calidad y coste de vida, regulaciones de medio ambiente, disponibilidad de carburante, energía, agua, y otros servicios, etc.) Registrar las patentes, marcas y derechos de autor estadounidenses en relación con los artículos que van a ser producidos y vendidos. Estudiar restricciones locales y normativas locales sobre zonas y edificios y sobre medio ambiente, seguridad y protección al consumidor. Tener en cuenta la legislación sobre la igualdad de oportunidades. Tipos de financiación. Negociar las subvenciones con las autoridades estatales y locales.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

El organismo federal encargado del registro y administración de la normativa de patentes y marcas en EEUU es la Patent & Trademark Office (PTO), cuya web es: www.uspto.gov. La legislación federal sobre propiedad intelectual se recoge en el Título 37 del CFR y se puede consultar directamente en la siguiente página web: www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/37cfrv1_06.html#101.

Patentes

Según la define la ley estadounidense, una patente es la concesión por parte de la Administración al inventor, o a las personas que éste autorice, de la titularidad del derecho sobre un invento en EEUU, incluyendo la restricción de la importación. La duración de la patente es de 20 años computables a partir de la solicitud de la misma. La ley establece que, salvo excepciones, solamente el inventor o inventores podrán solicitar la patente. La persona que simplemente haya aportado fondos para financiar la invención, en ningún caso será considerada como inventor.

Una patente extranjera que haya sido previamente registrada en otro país podrá registrarse en EEUU siempre y cuando se haga dentro de los doce meses (seis si se trata de una patente de diseño) desde la fecha en que fue registrada en el extranjero por primera vez.

Si bien legalmente los inventores pueden registrarse sin necesidad de los servicios de un abogado, en la práctica resulta difícil. La PTO recomienda contratar los servicios de un profesional. 

Marcas

De acuerdo con la legislación estadounidense, una marca es una palabra, frase, símbolo o diseño, que identifica y distingue el origen de un producto o servicio del mismo.

Los derechos de las marcas se originan mediante el uso real de la marca, o rellenando una solicitud para registrar la marca ante la PTO. Esta segunda opción es más recomendable, ya que si bien cualquier operador económico que reclame derechos sobre una marca puede usar los símbolos TM (trademark) o SM (servicemark) con el fin de alertar sobre su derecho, el símbolo de copyright (®) solamente puede ser utilizado cuando la marca está registrada ante la PTO.

Existen tres maneras de solicitar el registro de marcas ante la PTO:

• Solicitud de uso, si ya se está usando la marca comercialmente.

• Solicitud de intención de uso, si no se está utilizando la marca, pero existe ”buena intención” de usarla comercialmente.

• Si la marca está inscrita en el registro de otro país, según ciertos acuerdos internacionales.

La presentación de solicitud debe hacerse en nombre del propietario de la marca; normalmente, una persona, empresa o sociedad. Las personas que no residan en EEUU deben designar, por escrito, el nombre y la dirección de un representante local. Puede ser útil hacer una investigación de “conflicto” con otras marcas antes del registro.

La duración de una marca registrada ante la PTO es de diez años, prorrogables por otros diez años. A diferencia de los derechos de autor y de las patentes, los derechos de una marca prevalecen indefinidamente si el propietario sigue utilizando la marca para identificar sus productos o servicios.

Es recomendable que las empresas y ciudadanos españoles se dirijan a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y a una empresa especializada en propiedad industrial para obtener recomendaciones sobre registro de marcas en España y las opciones de registro en EE.UU.

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Barreras de entrada para inversores españoles

En EE.UU. hay un clima favorable en términos generales para la inversión extranjera. Sin embargo, existen dos tipos principales de excepciones a este principio de apertura: a) restricciones similares a las que adoptan la mayoría de países desarrollados por razones de seguridad nacional en un número limitado de sectores como banca, defensa, comunicaciones, transporte aéreo, navegación de cabotaje interior y exterior o energía, y b) restricciones originadas por la legislación Exon-Florio, más tarde modificada por la Ley FINSA, que otorgan al Presidente la facultad de bloquear operaciones de compra de compañías estadounidenses por parte de compañías extranjeras.

En 2007, el Presidente Bush firmó la Foreign Investment and National Security Act (FINSA), cuyo objetivo era reformar la Sección 721 de la Defense Production Act (conocida como Enmienda Exon-Florio) y el funcionamiento de CFIUS, la comisión interministerial encargada del control de las inversiones extranjeras directas en Estados Unidos. Esta norma autoriza al Presidente de EEUU a prohibir cualquier adquisición u operación que pueda poner en peligro la seguridad nacional del país. Preocupan aspectos como los costes económicos y legales asociados a la necesidad de aportar información muy detallada desde el inicio de una operación así como la confidencialidad de dicha información. En 2017 se ha introducido una propuesta de ley solicitando la inclusión de representantes del Departamento de Agricultura y la FDA como miembros permanentes de la Comisión, motivada por las últimas operaciones de compras de empresas del sector de la alimentación.

Ley Helms Burton: (Ley de Solidaridad Democrática y de Libertad en Cuba). Concede a los ciudadanos norteamericanos, cuya propiedad fue expropiada por el Gobierno de Cuba, la posibilidad de llevar a los Tribunales de EEUU a empresas extranjeras que operen en este país y que desarrollan actividades económicas en la isla del Caribe con dichas propiedades (Título III). Contempla también la posibilidad de denegar la entrada en EEUU a ejecutivos de las empresas implicadas (Título IV). La Administración Clinton llegó a un Entendimiento con la U.E. en 1998 suspendiendo la aplicación del Título III (requiere ser renovado semestralmente). El último waiver se aprobó el 5 de enero de 2017 y cubre el periodo de 6 meses a partir del 1 de febrero de 2017. El 17 de diciembre de 2014 el Presidente Obama anunció cambios en la política estadounidense hacia Cuba con el objetivo de restablecer las relaciones con el pueblo cubano simplificando el proceso para viajar a la isla, permitiendo determinadas exportaciones e importaciones y facilitando las transacciones financieras y las remesas. Sin embargo, el Congreso mantiene el control sobre las sanciones económicas y la propia Ley Helms-Burton establece que el embargo solo puede terminar mediante acción del Congreso. Por ello, a pesar de las últimas acciones adoptadas por la administración Obama, los cambios introducidos son aún muy pequeños y la ley Helms-Burton sigue en vigor con su aplicación extraterritorial.

 ILSA (Iran Libya Sanctions Act e Iran Freedom Support Act). Desde finales de los años 90, la legislación norteamericana permite al presidente estadounidense actuar contra empresas extranjeras que inviertan en el sector energético de Irán (las sanciones contra Libia han sido eliminadas), autorizando la imposición de sanciones. Varios organismos privados y públicos han elaborado listas negras de empresas con negocios e inversiones en Irán. En el caso español las empresas listadas son: Cesce, Cepsa, Dragados, Repsol y Técnicas Reunidas. Tras el acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado en junio 2015 entre dicho país y varias potencias internacionales, EE.UU. inició a comienzos de 2016 el levantamiento de las sanciones que se tomaron por aquel motivo. Concretamente, las medidas que se aplicaban contra personas o entidades no estadounidenses que se involucrasen en determinadas actividades con Irán como las transacciones bancarias y financieras con determinados actores iraníes. Además, EEUU levantó también las sanciones secundarias que afectaban al sector de la energía, petroquímico, naviero, de construcción naval y automoción, así como al comercio de oro y metales preciosos, entre otros. No obstante, siguen vigentes las sanciones por el programa de misiles, contra el apoyo iraní a organizaciones terroristas y las debidas a su vulneración repetida de los derechos humanos en su propio país. Además de las leyes federales, existen limitaciones impuestas por los propios Estados. por ejemplo, según un informe del United States Government Accountability office (GAO), 28 Estados cuentan con leyes que limitan el control sobre compañías aseguradoras por parte de Administraciones extranjeras y muchos Estados mantienen límites a la inversión extranjeras en el sector inmobiliario.

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU en enero de 2017, la política inmigratoria se ha convertido en un elemento central de la administración americana. El Presidente ha firmado varias Órdenes Ejecutivas que representan el mayor endurecimiento en la política inmigratoria estadounidense en décadas. La norma que más problemas puede plantear para las empresas españolas es un borrador, que aún no ha entrado en vigor, dirigido a limitar la inmigración ilegal, y que introduciría limitaciones a los visados tipo H-1B, utilizados para la contratación de trabajadores altamente cualificados. Se augura que durante esta administración se producirán importantes reformas en la materia, un endurecimiento en la aplicación de las normas y un aumento en las auditorías e inspecciones administrativas por parte del Departament of Homeland Security.

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