Sistema financiero

Sistema financiero

Los agentes institucionales que operan en el sistema financiero de Estados Unidos pueden agruparse en cuatro amplios grupos:

Instituciones del mercado de valores: bancos de inversión, brokers y dealers y mercados organizados. Instituciones de inversión: fondos mutuos y sociedades de financiación. Instituciones de ahorro contractual: compañías de seguros y fondos de pensiones. Instituciones de depósito: bancos comerciales, asociaciones de préstamo y ahorro, bancos de ahorro mutuo y cooperativas de crédito.

Ranking de los principales bancos comerciales

PRINCIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS
PosiciónNombreCiudadEstado
1J.P. MORGAN CHASE & CO.NEW YORKNY
2BANK OF AMERICA CORPORATIONCHARLOTTENC
3CITIGROUP INC.NEW YORKNY
4WELLS FARGO & COMPANYSAN FRANCISCOCA
5U.S. BANCORPMINNEAPOLISMN
6PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.,PITTSBURGHPA
7BANK OF NY MELLONNEW YORKNY
8STATE STREET CORPORATIONBOSTONMA
9CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONMCLEANVA
10CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.PROVIDENCERI
11CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONMCLEANVA
12TD BANK CORP.WILMINGTONDE
13HSBC NORTH AMERICA HOLDINGSMCLEANVA
14SUNTRUST BANKATLANTAGA
15BB&T CORPORATIONWINSTON-SALEMNC

Fuente: Federal Reserve System.

http://www.ffiec.gov/nicpubweb/nicweb/HCSGreaterThan10B.aspx

Supervisión de los mercados: Securities and Exchange Commission (SEC). Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

Los mercados de valores y sus agentes, principalmente los bancos de inversión, se encuentran bajo la supervisión de la Securities and Exchange Commission (SEC).

La SEC es una agencia federal independiente, creada en 1934 por la "Securities Exchange Act", que busca garantizar unas condiciones mínimas de transparencia en los mercados de valores, a fin de que los inversores dispongan de información suficiente sobre los activos que toman. La SEC está dirigida por un Consejo de cinco vocales, que son nominados por el Presidente y ratificados por el Senado.

La regulación de los bancos de inversión se centra en el suministro de información y la prevención del fraude. Aunque la supervisión corresponde en teoría en exclusiva a la SEC, en la práctica los Estados, a través de sus fiscalías, también intervienen.

Por otra parte, las emisiones públicas en Estados Unidos deben registrarse en la SEC. Las empresas emisoras han de elaborar un folleto con toda la información económica y financiera requerida para que la SEC le dé publicidad.

En los mercados secundarios, brokers y dealers reúnen a vendedores y compradores de valores. La SEC los regula estrictamente para garantizar el suministro de información correcta, evitar el fraude e impedir el uso de información privilegiada. Hasta 1975, la SEC regulaba también las comisiones de los brokers, práctica que se suprimió a partir de esa fecha debido a la reducción de las mismas que produjo la competencia creciente.

Los valores pueden comerciarse de dos maneras: a través de mercados organizados (bolsas) o en mercados over the counter. Los dos mercados organizados más conocidos de EE.UU. son la “New York Stock Exchange “ (NYSE) y la “American Stock Exchange” (AMEX), ambas en Nueva York. Existen, además, mercados regionales. Las propias Bolsas y la SEC regulan las prácticas comerciales y evitan el uso de información privilegiada. En los mercados over the counter, el comercio tiene lugar por teléfono y ordenador fuera de los mercados organizados. Tras la Securities Amendment Act of 1975, la SEC promovió el desarrollo de un Sistema de Mercado Nacional. Los brokers y dealers que en él participan se regulan a sí mismos a través de la National Association of Securities Dealers. El Sistema de Mercado Nacional suministra cotizaciones por ordenador a través del sistema de la National Association of Securities Dealers’Automated Quotation (NASDAQ), desarrollado en 1971.

Para hacer frente a los escándalos corporativos de fraude contable aparecidos durante 2001, que afectaron a numerosas compañías consideradas -hasta entonces- como emblemáticas (Enron, Worldcom, Tyco, Qwest...), se promulgó en agosto 2001 la “Sarbanes-Oxley Act”, en la que se establecieron mayores controles, exigiendo nuevas responsabilidades a auditores, abogados, ejecutivos y miembros de los Consejos de Administración de las compañías que cotizan públicamente. La aplicación reglamentaria de esta norma corresponde a la SEC.

La ley Sarbanes-Oxley también creó un nuevo organismo de control, la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), cuyo Consejo de dirección de cinco miembros es propuesto por la SEC, y que se ocupa de supervisar la labor de las empresas auditoras en las compañías que cotizan en bolsa. La PCAOB es una institución privada sin ánimo de lucro, que se financia con las comisiones pagadas por las compañías de auditoría y las compañías que cotizan en bolsa. Su principal tarea es mantener un registro con todas las compañías de auditoría habilitadas para auditar las cuentas de las empresas que cotizan en bolsa en EE.UU. También se ocupa de supervisar la elaboración de dichas auditorías, a fin de asegurar que cumplen unos estándares mínimos de calidad y transparencia.

El 21 de julio de 2010 el Presidente Obama firmó la Ley de reforma de la Regulación Financiera, referida como la Ley Dodd-Frank, después de que se debatiera durante meses en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Esta reforma introdujo los cambios más significativos al sector financiero desde la reglamentación que fue introducida al acabar la Gran Depresión, en los años 30. La reforma pretende proteger a los usuarios de servicios financieros, mejorar la supervisión sobre el sistema financiero, así como reducir el riesgo sistémico. Estas son algunas de las principales medidas que afectan directamente al sector bancario:

 

  • Rediseño del marco institucional: Se ha tratado de rediseñar las competencias de las distintas agencias reguladoras y supervisoras, para que se identifique claramente cuáles son los organismos responsables de materias como la estabilidad financiera, o la protección al consumidor. Así, se han creado dos nuevos organismos, el Consejo de Estabilidad Financiera, y la Agencia de Protección al Consumidor, mientras que ha desaparecido la Agencia de Supervisión de Ahorros (OTS). Además, se definen y se reorganizan claramente las competencias de las otras instituciones que ya existían.

 

  • Reserva Federal: Mantiene y amplía las competencias que tenía anteriormente. Se incluye en su organigrama la Agencia de Protección al consumidor, aunque este gozará de un alto grado de autonomía. Se reduce el grado de discrecionalidad de la Reserva Federal y la FDIC para dar financiación extraordinaria a una entidad o proveer garantía en una situación de crisis. Por último también se modifica el sistema de elección de los presidentes de las Reservas Federales Estatales, que ya no serán elegidos por representantes de la industria bancaria.

 

  • Limitación de riesgos y entidades sistémicas: Esta reforma aborda también unas medidas destinadas a limitar los riesgos que pueden incurrir las entidades bancarias y minimizar el coste que pueda suponer una quiebra de estas para los contribuyentes. A este respecto, uno de los aspectos más destacados es la creación de un nuevo procedimiento de resolución para evitar que existan circunstancias en las que una entidad tuviese que ser rescatada porque su liquidación mediante la legislación general de quiebras (procedimiento habitual) provocaría riesgos para la estabilidad financiera, de esta manera la FDIC y la Federal Reserve podrán intervenir bajo designación del Tesoro con competencias similares a las que ya tienen en la resolución de entidades bancarias. Otro punto importante son las medidas desarrolladas para contener los incentivos que tienen las entidades que se consideran sistémicas para acumular riesgos excesivos. En el caso de instituciones no financieras, será el Consejo de Estabilidad Financiera quien determine el carácter sistémico. En el caso de las instituciones financieras, serán consideradas sistémicas aquellas cuyos activos totales superen los 50MM de dólares.

 

  • Límites al tamaño y Ley Volcker: En cuanto a la posibilidad de limitar el tamaño de las entidades no se trata de reducir el tamaño de las entidades actuales, pero si trata de condicionar los procesos de adquisición que se puedan llevar a cabo en el futuro. Se establece la obligatoriedad de notificar a la Reserva Federal con suficiente antelación la adquisición de entidades con más de 10MM de dólares en activos. En cuanto a la denominada Volcker Rule, el objetivo es limitar que las entidades puedan utilizar la protección que tienen por el hecho de ser entidades de depósito6 para incrementar el nivel de riesgo en el que incurren con objeto de obtener mayor rentabilidad para sus gestores y accionistas. Para evitar estas prácticas, se establece que las entidades bancarias no puedan realizar operaciones por cuenta propia (propietary trading) ni apadrinar hedge funds o fondos de capital-riesgo. Las entidades financieras no bancarias consideradas como sistémicas no están sujetas a esta limitación, si bien, en su caso, la Reserva Federal deberá establecer requisitos regulatorios más exigentes e imponer ciertos límites para las operaciones de este tipo que realicen.

Otros cambios importantes introducidos con esta Ley afectan a los mercados de titulización, las agencias de rating, y los mercados de derivados. En cuanto a los mercados de titulización el objetivo fue corregir los fallos en estos y devolver la confianza en los mismos. Para las agencias de rating, muy criticados durante la crisis, se estableció una mayor supervisión por parte de la SEC, que emitirá nuevas normas para estas. En los mercados de derivados, se implementará un mayor y estricto control sobre estos para evitar situaciones de elevado riesgo sistémico. La SEC (Securities Exchange Commission) y la CFTC (Commodities Futures Trading Commission) serán las instituciones encargadas de regular estos mercados. Estas agencias, además de auditar y exigir información a los agentes que intervienen en estos mercados, les requerirán el cumplimiento de unos requisitos mínimos de capital y de depósito de fondos para cubrir las posiciones que tengan abiertas en cada momento.

 

Instituciones financieras públicas

La Administración de EE.UU. interviene en la intermediación financiera directamente, a través de instituciones financieras por él patrocinadas, e indirectamente, garantizando préstamos que hacen los intermediarios financieros privados. Las agencias federales de crédito son instituciones financieras públicas que se dedican a la concesión de ciertos préstamos por razones de política económica y social. Los tres sectores principales en los que intervienen son el crédito agrícola, la financiación de la vivienda y los préstamos a estudiantes.

El sistema de Crédito Agrícola (Farm Credit System) emite bonos y papel comercial en los mercados financieros para conceder a los agricultores préstamos hipotecarios para la adquisición de equipo y préstamos de campaña. El sistema de Crédito Agrícola está formado por cinco bancos regionales (cuatro Farm Credit Banks y un Agricultural Credit Bank).

La participación de la Administración en la financiación de la vivienda es la más importante de las actividades de financiación pública. De hecho, es sorprendente el grado de intervención pública existente en el mercado hipotecario, que es posiblemente el más elevado de los países desarrollados. La Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), y la Federal Home Loan Mortgage Company (Freddy Mac), fueron agencias públicas hasta que se privatizaron en 1968 y 1970 respectivamente, aunque siempre se consideró que seguían contando con una garantía implícita de la Administración. Con la crisis hipotecaria esta garantía se hizo explícita, puesto que la Administración intervino ambas empresas y tuvo que inyectar capital público para evitar su quiebra. Aunque posteriormente ambas agencias han vuelto a registrar beneficios considerables que se han transferido al Tesoro, su régimen sigue siendo objeto de debate. Aunque ha habido varias iniciativas en el Congreso para volverlas a privatizar no ha sido posible alcanzar un acuerdo. La Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) permanece como una agencia federal, y se ocupa de emitir bonos en los mercados financieros para suministrar fondos al mercado hipotecario.

Para promover los préstamos a los estudiantes, la Administración creó la Student Loan Market Association (Sallie Mae), que compra bajo la garantía del Estado Federal los préstamos concedidos por intermediarios financieros privados a estudiantes.

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Régimen de cobros y pagos al exterior. Control de cambios

Estados Unidos no impone, como norma general, control de cambios, pudiendo los inversores extranjeros repatriar capitales, préstamos e ingresos. Algunos pagos, como dividendos, intereses y servicios de ingresos pueden estar sujetos a retención de impuestos. Todas las transacciones de más de 10.000 dólares deben notificarse a Hacienda (Internal Revenue Service, http://www.irs.gov ). Las personas que entren o salgan del país con más de 10.000 dólares en efectivo, ya sea en dólares o en moneda extranjera, deben efectuar una declaración ante Aduanas en el puerto de entrada o salida.

La Administración de Estados Unidos aplica una política activa de sanciones económicas a ciertos países que tienen reflejo en algunas o en todas las actividades de carácter económico y comercial con dichos países. Compete al Departamento del Tesoro administrar los programas de sanciones económicas relacionadas directa o indirectamente con transacciones financieras o comerciales con Cuba, Irán, Corea del Norte y Sudán, grupos terroristas que dificultan el proceso de paz en el Medio Oriente, organizaciones terroristas internacionales (Estado Islámico, Al Qaeda y grupos semejantes), y grupos narcotraficantes con sede en Colombia, así como las cuentas bancarias de esas personas o grupos que han sido bloqueadas en Estados Unidos.

Se encuentran prohibidas las nuevas inversiones americanas en Myanmar, así como las donaciones o las transferencias procedentes de los Estados de Siria y Sudán a grupos que puedan aumentar el peligro de acciones terroristas en los Estados Unidos. Las importaciones de bienes y servicios procedentes de Cuba, Irán, Corea del Norte y Sudán, así como algunos productos procedentes de Angola están prohibidas. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 han supuesto una intensificación de estas medidas comerciales y su extensión a un contexto internacional. La congelación de activos terroristas en territorio nacional y extranjero ha constituido una de las primeras medidas para la lucha anti-terrorista.

La Patriot Act es el resultado de la revisión y refuerzo de diferentes leyes estadounidenses que se produjo como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre. Esta Ley, aprobada el 26 de octubre de 2001, establece la base legal para que las autoridades puedan combatir desde dentro a las personas, grupos u organizaciones que pudieran intentar perpetrar acciones terroristas contra los Estados Unidos, sus instituciones o sus ciudadanos.

La Ley persigue tres objetivos principales: identificar y rastrear a los potenciales terroristas; identificar y eliminar sus posibles fuentes de financiación; y detectar y prevenir la importación de cualquier arma o material peligroso que pudieran ser empleados en atentados.

La puesta en marcha de la Patriot Act y la reglamentación que la desarrolla han impuesto responsabilidades adicionales a los bufetes jurídicos y profesionales del derecho que actúan en los ámbitos relacionados con el sector financiero, las leyes de inmigración, el derecho internacional, el comercio interior o el derecho aduanero a la hora de aconsejar a sus clientes respecto a la maraña de nuevas disposiciones legales o de determinar si sus prácticas mercantiles se ajustan o no a las referidas provisiones legales o incluso a la hora ayudar a los nuevos negocios a adaptarse a las mismas.

El Export-Import Bank de Estados Unidos (ExImBank) (http://www.exim.gov) - agencia crediticia oficial para la promoción de las exportaciones de Estados Unidos, respalda la adquisición de bienes y servicios estadounidenses por parte de compradores internacionales solventes que no pueden obtener créditos a través de fuentes tradicionales de comercialización y financiación estructurada. 

Ex-Im Bank no compite con entidades crediticias del sector privado sino que proporciona productos que cubren las lagunas en el área de comercialización y financiación estructurada. EximBank asume el riesgo país y el riesgo crediticio que el sector privado no puede o no quiere aceptar y ayuda a equiparar las condiciones para los exportadores de Estados Unidos igualando la financiación que otros Estados brindan a sus exportadores.

Ex-Im Bank apoya la adquisición de bienes de capital y servicios relacionados de EE.UU. garantizando o asegurando los préstamos a compradores internacionales. En algunos casos, también proporciona préstamos directos a los compradores. Hay financiación a corto, mediano y largo plazo.

Instituciones Financieras

En primer lugar cabe destacar que el Tesoro (concretamente el “Financial Crimes Enforcement Network”, también conocido como “FinCen”) dispone legalmente de amplios poderes a la hora de investigar potenciales actividades terroristas.

La Patriot Act también modificó y complementó la Bank Secrecy Act y otras reglamentaciones federales, a la vez que establece de forma pormenorizada nuevos requisitos operativos de obligado cumplimiento por las instituciones financieras.

En este sentido, las instituciones financieras han desarrollado y puesto en marcha programas contra el blanqueo de dinero; han obtenido y verificado nueva información sobre nuevos y antiguos depositantes; y han procedido a documentar, actualizar y archivar dichos datos.

La Ley exige además que las entidades financieras lleven a cabo investigaciones adicionales relativas a sus clientes con el fin de detectar y en su caso dar parte de aquellos casos de blanqueo de dinero así como de identificar y proporcionar al Departamento del Tesoro información sobre cuentas corrientes de riesgo a partir de la información disponible en las nuevas o actualizadas bases de datos.

Programas contra el blanqueo de dinero

La Patriot Act otorga la consideración de crimen al blanqueo de dinero conforme lo establecido en el código penal (el United States Code) y establece que las organizaciones financieras deberán establecer programas anti-blanqueo de capitales. Estos programas se añaden al ya existente “know your customer ” y a los requisitos del “enhanced due diligence”.

Sin embargo, una de las novedades de la Ley a estos efectos es que extiende el concepto de entidad financiera a otras figuras distintas tradicionalmente de aquellas. Así, por entidad financiera deberá entenderse una institución o banco asegurado, banco de depósitos, banco comercial, compañía de seguros, las figuras del broker/dealer, la joyería, la agencia de viaje, o el prestamista.

Al respecto, la Ley establece que dichos programas anti-blanqueo deberán establecer y poner en marcha políticas internas, procedimientos y controles, designar personas responsables de su ejecución, impartir programas de formación a los empleados en medidas contra el blanqueo de capitales y crear y administrar un cuerpo independiente de auditoría responsable de controlar y regular el programa contra el blanqueo de capitales. Cabe señalar que dichas actuaciones deben ajustarse caso a caso a cada institución, no siendo de utilidad los programas de carácter genérico. Incluso, expertos del sector recomiendan acudir a consultores externos que evalúen el grado de conformidad de sus programas con la Ley con el fin de evitar las posibles sanciones y multas previstas en la misma.

Exigencia de informaciones adicionales

La Ley (Patriot Act) confiere al Secretario del Tesoro, a través del FinCen, la potestad de reclamar a las instituciones y agencias financieras nacionales la adopción de medidas especiales, si existen evidencias razonables, para determinar si una entidad puede estar involucrada en operaciones de blanqueo de capitales.

Las decisiones del FinCen se basarán en normas de carácter objetivo pero tienen la capacidad de afectar a las relaciones de las instituciones financieras con sus clientes. Estos últimos se ven obligados a responder a las exigencias y prerrequisitos que marca la Ley.

De esta manera, el Secretario del Tesoro puede exigir que las organizaciones financieras:

Diseñen y pongan en marcha un sistema de mantenimiento de datos y de traslado de la información requerida. Obtengan y conserven la información relativa al propietario beneficiado de los fondos en cuestión. Prohíban o impongan condiciones respecto a la apertura y mantenimiento de cuentas corrientes.

La Ley también exige que las instituciones financieras pongan en marcha procedimientos para verificar la identidad de los clientes que soliciten abrir cuentas corrientes y para mantener información que permitan la verificación de la identidad del cliente.

Además, las entidades financieras deberán consultar las listas proporcionadas por las diferentes agencias estatales de conocidos sospechosos o de organizaciones terroristas. Asimismo, las referidas entidades tienen prohibida la gestión financiera de cuentas en EE.UU. de entidades financieras internacionales que no tengan una clara sede social.

Diligencias adicionales

La Patriot Act exige además que las instituciones financieras que administren cuentas bancarias o cuentas de correspondencia en EE.UU. de personas no estadounidenses establezcan políticas, procedimientos y controles apropiados, específicos y, cuando sean necesarios, reforzados destinados a detectar y comunicar casos de blanqueo de capitales a través de dichas cuentas.

Actuaciones adicionales de esta naturaleza serán de aplicación para el caso de cuentas propiedad de inversores individuales con un saldo de más de 1 millón de dólares.

En resumidas cuentas, las instituciones financieras deberán:

Verificar quiénes son los propietarios de las cuentas y de dónde proceden los fondos. Informar de las transacciones sospechosas. Controlar especialmente las cuentas de personalidades políticas extranjeras relevantes y de sus familiares.

La ley también contempla normas adicionales que, además de facilitar legalmente la revelación de información sobre cuentas y personas, incrementen la colaboración entre las instituciones financieras y el Departamento del Tesoro. Estas normas exigirán que las instituciones financieras designen empleados encargados de recibir información, de hacer el seguimiento de cuentas o de identificar a personas o entidades y posteriormente a compartir dicha información con el Departamento del Tesoro y otros organismos financieros.

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Repatriación de capital/control de cambios

Estados Unidos no aplica, por norma general, control de cambios, y los inversores extranjeros pueden repatriar libremente capitales, préstamos y beneficios. Algunos pagos, como dividendos e intereses, pueden estar sujetos a retención fiscal. Todas las transacciones al contado de más de 10.000 dólares deben notificarse al IRS, la Hacienda federal. Las personas que entren o salgan del país con más de 10.000 dólares en efectivo, ya sea en dólares o en moneda extranjera, deben efectuar una declaración ante Aduanas al respecto, en el punto de entrada o salida.

La Administración de EEUU aplica una política activa de sanciones económicas. El Departamento del Tesoro es el órgano competente en la administración de los programas de sanciones económicas relacionadas directa o indirectamente con transacciones financieras o comerciales con Cuba, Irán, Corea del Norte y Sudán, grupos terroristas que dificultan el proceso de paz en Oriente Medio, organizaciones terroristas internacionales (Al Qaeda y grupos afines), y grupos narcotraficantes con sede en Colombia, así como con las cuentas bancarias de esas personas o grupos, que han sido bloqueadas en EEUU.

Están prohibidas nuevas inversiones americanas en Myanmar, así como las donaciones o las transferencias procedentes de los Estados de Siria y Sudán que puedan redundar en un incremento del peligro de acciones terroristas en EEUU. Las importaciones de bienes y servicios procedentes de Cuba, Irán, Iraq, Corea del Norte y Sudán, así como algunos productos procedentes de Angola, están prohibidas. Los atentados del 11-S han supuesto una intensificación de estas medidas comerciales. La congelación de activos terroristas en territorio nacional y extranjero ha constituido una de las primeras medidas adoptadas con carácter general para la lucha antiterrorista.

Para obtener más información, puede consultarse la página web de Hacienda (Internal Revenue Service, IRS) en www.irs.gov  y buscar “money laundering” (blanqueo de dinero).

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