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Portugal promulga un Nuevo Código de Contratación Pública

Octubre - 2017 | O Jornal Económico (OJE) | Comentarios (0)

El Nuevo Código de Contratación Pública (CCP), que entrará en vigor el 1 de enero, simplificará este tipo de procedimientos y fomentará la competencia, facilitando la participación de las pequeñas y medias empresas en estos procesos.

La directiva europea, de 2014, debería haberse transpuesto al derecho portugués antes de abril de 2016, por lo que el Nuevo Código de Contratación Pública empezará a regir con un año y medio de retraso, aunque es justificable por tratarse de una materia muy compleja y también porque el cambio de Gobierno a finales de 2015 produjo una demora en el plano legislativo, informa el diario ‘O Jornal Económico’.

El CCP parece ser más equilibrado y los especialistas que han podido analizarlo indican que se trata de una “revisión bien lograda”, en general, con algunas novedades positivas que van a simplificar la contratación pública.

Gran peso en el PIB
En este contexto, destacan que la contratación pública (aquel procedimiento por el cual un ente del sector público selecciona a la persona física o jurídica que tiene que ejecutar una obra, prestar un servicio o suministrar un bien, para satisfacer una finalidad pública) representa un 16% del PIB de la Unión Europea; por lo tanto, se trata de un sector importante para la economía nacional.

En Portugal, en 2012, un año de plena crisis, se lanzaron concursos valorados en 6.000 millones de euros y, de éstos, se contrataron 3.500 millones, casi el 2% del PIB. En 2015, en un escenario de cierta recuperación económica, se publicaron licitaciones valoradas en 9.000 millones de euros, formalizándose contratos por importe de 4.500 millones, el equivalente al 2,5% del Producto Interior Bruto.

Portugal tiene un promedio de contratación pública inferior a la media europea, debido al valor de las adjudicaciones. Hay países que, por ejemplo, efectúan grandes compras de material militar. En el mercado luso, a pesar de esta diferencia frente al promedio comunitario, la economía depende en gran medida de la inversión pública.

Novedades
El Nuevo CCP reduce sustancialmente el valor de la adjudicación directa de contratos, que ahora será de 30.000 euros para contratas de obras públicas (antes, 150.000 euros) y hasta 20.000 euros para la compra de bienes y servicios (frente a los 75.000 euros contemplados en la legislación de 2008).

Todas las entidades adjudicadoras buscan realizar el procedimiento por ajuste directo, por ser la modalidad menos compleja. Los valores anteriores ya eran aceptables y la bajada del listón genera más competencia, al tiempo que podría retrasar procesos de contratación que no justificaban tanta formalidad.

El problema del antiguo código no era los ajustes directos, ya que hay un control muy exhaustivo por parte de los demás competidores y del Tribunal de Cuentas. El Nuevo CCP destaca, en primer lugar, la cuestión de los Precios Anormalmente Bajos (PAB), que ha sido un problema para la contratación pública en todos los sectores y prevé una desviación porcentual de la media de los precios presentados. Las entidades públicas pueden establecer que se trata de un PAB por debajo del 5% de ese valor, siendo necesaria una justificación. Esta medida es positiva y asegura una mayor calidad en la contratación.

Por otro lado, también hay cambios en las propuestas excluidas por cuestiones formales, como por ejemplo la falta de un documento. Pequeños descuidos que provocaban exclusiones y litigios ante los tribunales. El Nuevo CCP permite un plazo de tres días para que los candidatos puedan corregir sus propuestas y subsanar estas eventualidades.

También hay que destacar otra novedad positiva: la adjudicación por lotes, raramente utilizada hasta la fecha. Ahora se favorecerá este tipo de concesiones, ya que en los contratos de obras públicas superiores a medio millón de euros y en el caso de los bienes y servicios por encima de 135.000 euros, la entidad adjudicadora debe justificar el motivo por el que no instrumenta la adjudicación por lotes. Las pymes se verán beneficiadas: con anterioridad no podían competir en licitaciones relevantes por carecer de escala; con la nueva norma, la indicación del Estado apunta a que las entidades adjudicadoras deberán favorecer la atribución por lotes.

Por otro lado, las garantías, que antes eran del 5% del valor del contrato, pasan ahora a ser de hasta el 5% de dicho coste. Esta variación, que a priori podría parecer de poca importancia, hace que pequeñas y medias empresas puedan entrar en liza.

Cabe destacar, asimismo, la modificación en los plazos mínimos de los contratos públicos. Por ejemplo, el plazo mínimo de un concurso internacional se reduce de 47 a 30 días, facilitando, de este modo, la contratación.

Igualmente, la disposición normativa altera los criterios de adjudicación. El código de 2008 contempla dos: la oferta económicamente más ventajosa para la entidad adjudicadora y el precio más bajo. La mayoría de las instituciones licitadoras prefería el segundo aspecto, ya que su evaluación apenas da trabajo. Ahora regirá la llamada ‘propuesta económicamente más ventajosa’, teniéndose en cuenta, además, otros criterios, como –por ejemplo- la sustentabilidad ambiental.

Por último, el anterior texto legal permitía que, para determinados contratos –entre ellos, la concesión de obras de servicios públicos, que son los más complejos-, se celebrase un procedimiento de negociación previo a la presentación de la oferta final. Ahora se consiente que para contratas de valor inferior a cinco millones de euros y para la compra de bienes y servicios por importe menor a 135.000 euros pueda tener lugar una fase final de negociaciones.

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