Page 20 - Guía Legal de compliance Colombia

20 2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Como respuesta a los estándares anticorrupción y antisoborno de la OCDE, Colombia adopta la Ley 1474 de 2011 la cual es denominada Estatuto Antico- rrupción.
En el mismo, se establecen sanciones penales y administrativas a los indivi- duos por conductas referidas al soborno y la corrupción. Sin embargo, en la fase 2 se seguimiento realizada por la OCDE, se estableció que la iniciativa legislativa no era suficiente, proporcionada y disuasoria en relación con la con- ducta de soborno transnacional.
Como respuesta a las observaciones establecidas por la OCDE, en el año 2012 Colombia ratifica por medio de la Ley 1573 de 2012 la Convención para Com- batir Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comer- ciales Internacionales de la OCDE de 1997. La cual, brinda lineamientos a los países para que adopten medidas penales y/o administrativas para las em- presas en casos de soborno transnacional. Así, el país reguló por medio de la Ley 1778 de 2016 la responsabilidad administrativa de las empresas por actos de soborno transnacional y le otorgó competencias sancionatorias en dicha materia a la Superintendencia de Sociedades como órgano de supervisión de las empresas domiciliadas y constituidas en Colombia, sin importar si está o no bajo su vigilancia.
Por lo tanto, en Colombia no hay responsabilidad penal de las personas jurí- dicas, pero sí se constituyen responsabilidades administrativas o civiles con ocasión a su actuar, como se verá más adelante.
Las empresas como sujetos no punibles penalmente en Colombia
Como se enunció en líneas anteriores, en la actualidad la ley penal colombiana no consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico existen normas que permiten imponer sanciones no penales a las personas jurídicas que hayan sido utilizadas o se hayan benefi- ciado de conductas delictivas.
Para permitir un mayor entendimiento de la normatividad colombiana, se plantea a continuación una tabla comparativa que permitirá hacer paralelo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas desarrollada en España y la responsabilidad administrativa en Colombia. Lo siguiente, permitirá esclarecer los puntos de convergencia y las diferencias entre los dos países.