Resumen del marco jurídico para los negocios

La constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades comerciales están sustancialmente regulados por la Ley de Sociedades Comerciales (Ley Nº 19.550) y por las normas emitidas por las entidades de control societario.

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

Detalle del APPRI con España

Otros incentivos a la inversión

Barreras de entrada a la inversión extranjera

Zonas francas y ZEE

Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Los organismos públicos argentinos pueden adquirir bienes y servicios mediante adjudicaciones directas, concesiones y licitaciones. Se realizará una licitación cuando los criterios de evaluación sean fundamentalmente factores económicos, mientras que en otro caso el procedimiento será por concurso. Las licitaciones pueden ser nacionales o internacionales, ya que aunque Argentina no es signataria del Acuerdo sobre Contrataciones Públicas de la OMC, muchas veces las empresas extranjeras pueden participar en concursos de la Administración. Habitualmente se recurre a licitaciones internacionales para los proyectos más complejos. Asimismo los procesos de adjudicación pueden ser públicos o privados: según el Régimen de Contratación Pública del Estado Nacional, se adjudicará mediante trámite simplificado cuando la cuantía ascienda hasta los 10.000 pesos, adjudicación directa hasta los 75.000 pesos, licitación o concurso privado hasta los 300.000 pesos y licitación o concurso público a partir de los 300.000 pesos.

Los proyectos financiados por organismos internacionales se rigen por las normas de dichos organismos, que normalmente exigen que con independencia del tipo de licitación (nacional o internacional), puedan participar empresas de todos los países miembros de dichas organismos. Es una situación bastante frecuente, pues Argentina recibe bastante financiación de entidades como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

Las licitaciones pueden ser convocadas por el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales, Municipalidades, Organismos Públicos, empresas y sociedades del Estado y empresas privadas prestadoras de servicios públicos. Las convocadas por el Gobierno Nacional, sus organismos o empresas, se articulan por el Decreto Delegado Nº 1023/2001 de Régimen de Contrataciones del Estado Nacional y por el Decreto Nº 436/2000 que aprueba el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, mientras que las correspondientes a Gobiernos Provinciales y Municipales se rigen por legislaciones específicas, aunque también pueden voluntariamente aplicar el sistema.

Preferencia nacional

En todo caso, es importante tener presente el régimen de “Compre Trabajo Argentino”. En Argentina existe una Ley que da ventaja a las empresas nacionales sobre las extranjeras. Es la Ley 25.551 (noviembre 2001), reglamentada por el Decreto 1.600/2002, que recoge el régimen conocido como "Compre Trabajo Argentino". Esta Ley obliga al licitador público a adjudicar el contrato a las empresas argentinas si son hasta un 5% (7% para PYMEs) más caras que las extranjeras. La aplicación se hace automáticamente en todas las licitaciones de la Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y de las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras de servicios públicos y sus subcontratantes, en cualquier lugar donde éstas se efectúen.

Se entiende por oferta nacional en materia de adquisición de bienes, aquella integrada por bienes que han sido producidos en el país y no incorporan un coste importado mayor a un 40% de su valor bruto de producción, independientemente de la condición de extranjero o nacional del fabricante.

En materia de prestación de servicios, la legislación no es del todo clara, pero en la práctica viene a limitar en gran medida la participación de empresas sin domicilio en el país.

En muchas ocasiones se exige que las empresas que participen en un concurso o licitación pública estén dadas de alta en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO). Para ello es necesario que la empresa tenga domicilio en Argentina, por lo que las empresas que estén radicadas en otro país y no tengan presencia aquí no podrán presentarse a estos procesos.

Régimen de inversiones

La Ley de Inversiones Extranjeras (Ley N° 21.382) promulgada en 1993, define el marco legal que rige para la inversión extranjera. La Ley tiene como destinatarios a los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país, en cualquiera de las formas establecidas en la ley, destinados a la realización de actividades de índole económica, o la ampliación o perfeccionamiento de las actividades existentes; y determina que dichos inversores tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes establecen a los inversores nacionales.

En el marco de un clima de notoria desaceleración de las inversiones extranjeras, en abril 2008 se promulgó la Ley 26.360, de Promoción de Inversiones, que establece un régimen de incentivos fiscales que determina beneficios y condiciones con el objetivo de promocionar la inversión.

El régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, tal como lo denomina la norma, está destinado a promocionar la inversión en bienes de capital nuevos –excepto automóviles- destinados a la actividad industrial, así como las obras de infraestructura -excluidas las civiles- relacionadas con alguna de las siguientes actividades:

- Generación, transporte y/o distribución de energía eléctrica;

- Producción, transporte y/o distribución de hidrocarburos;

- Exploración y/o explotación minera, obras hídricas, viales, ferroviarias, portuarias o de las vías navegables.

Para ello, contempla medidas como la devolución del IVA de las operaciones mencionadas, su compensación como crédito fiscal ante otros impuestos, o la amortización acelerada de estos bienes de capital ante determinados tipos de impuestos.

Propiedad inmobiliaria

Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

En Argentina existen distintos organismos de apoyo a la inversión:

  • Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial: se trata de un organismo público descentralizado creado en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Su misión es atraer inversión extranjera productiva y generadora de empleo, apoyar el proceso de internacionalización de las empresas nacionales y promover el incremento y la diversificación de las exportaciones argentinas.
  • Consejo Federal de Inversiones (CFI): un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta sus acciones son el federalismo y el desarrollo regional. Opera como un organismo permanente e investigación, coordinación y asesoramiento.
  • Red Federal de Desarrollo de Inversiones: Los organismos de apoyo a la inversión de las provincias argentinas que encuentran agrupados a través de la Red Federal de Desarrollo de Inversiones, que fortalece las sinergias entre el gobierno central y las provincias. Este organismo cuenta con entes provinciales de desarrollo de inversión.

Los incentivos que ofrece Argentina a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, se pueden agrupar en tres tipos:

Aquellos que promueven una región o localidad en particular. Aquellos que promocionan un sector o actividad económica. Aquellos cuyos beneficios pueden ser aplicados en cualquier región y/o sector (instrumentos horizontales).

Promoción regional

En todas las provincias argentinas existen regímenes de promoción que favorecen la radicación de nuevos emprendimientos productivos. Si bien dichos regímenes difieren en cuanto a los plazos de vigencia de los beneficios y los sectores promocionados, la mayoría contempla exenciones temporales de impuestos, reducción de tarifas de servicios públicos, apoyo para la realización de obras de infraestructura y adquisición de equipamiento, facilidades para la compra y locación o comodato de bienes de dominio del Estado, prioridad en la adjudicación de licitaciones que efectúe el Estado Provincial, reducción del arancel de tasas correspondientes a protocolización y escritura de venta o transferencia del Estado Provincial y otras facilidades. Una de las regiones que mas incentivos ofrece es Tierra de Fuego que además es una Área Aduanera Especial.

Zonas Francas

En las zonas francas, por ser un territorio extra aduanero, las mercancías no están sometidas al control aduanero, ni deben pagar tributos a su introducción o extracción (salvo tasas retributivas por servicios), ni son alcanzadas por prohibiciones de carácter económico. La legislación argentina admite el establecimiento de 27 zonas franca una por provincia, y cuatro adicionales.

En la actualidad hay 9 zonas francas operativas y que se encuentran en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Luís y Tucumán.

Promoción sectorial

Argentina cuenta con otra una de incentivos sectoriales como reducción del IVA, mecanismos especiales de depreciación, exención de aranceles, exención de impuestos, doble deducción de gastos y programas fiscales especiales.

Los distintos sectores o regimenes especiales a los que en la actualidad se les aplica una o varias de estas medidas son:

  • Obras de infraestructura pública: Tienen como objeto de promover la participación privada en obras de infraestructura.
  • Régimen de Promoción Minera.
  • Régimen Forestal.
  • Régimen de Promoción de la Industria del Software.
  • Régimen de Promoción de Biocombustibles.
  • Programa de Incentivos a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
  • Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna.
  • Régimen de Promoción de la industria Automotriz y de Autopartes.
  • Régimen de Promoción de la industria de Motocicletas y Motopartes.

Instrumentos horizontales

Argentina cuenta con diversos programas de incentivos a nivel nacional y provincial, con el objetivo de promover la inversión (nacional y extranjera), la competitividad y las exportaciones. Estos incluyen programas horizontales y sectoriales destinados a estimular la inversión en bienes de capital y la innovación tecnológica, promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa (PYMES), planes de empleo y facilitar el acceso al crédito a tasas de interés preferenciales o fijas. Algunos de estos programas requieren la adquisición de bienes nacionales como contrapartida. Además, existen incentivos para fomentar la inversión en determinados sectores de la economía. La Argentina también cuenta con incentivos que se otorgan de acuerdo con la localización geográfica y al establecerse en las zonas francas.

  •  Incentivos a la inversión en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura :
    • Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura: establece un régimen de incentivo a la inversión en bienes de capital y obras de infraestructura que establece la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y/o la devolución anticipada del IVA.
    • Reducción del IVA: Se aplica un porcentaje reducido del 10,5% (el tipo general es el 21%) a la venta e importación de bienes de capital terminados y de bienes de informática y telecomunicaciones.
    • Importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión: permite reducir el coste de la inversión mediante la reducción al 0% de los aranceles de los bienes de capital importados que integren una línea completa y autónoma
    • Importación temporal de bienes de capital: se pueden ingresar bienes de capital con exención del pago de derechos de importación por un plazo de hasta tres años.
    • Incentivo a la producción de bienes de capital, informática, telecomunicaciones y maquinaria agrícola: Se establece un régimen de incentivo a la inversión y producción nacional de bienes de capital y maquinaria agrícola, que establece un reintegro de 14% del valor de los bienes producidos localmente.
    • Líneas de producción usadas: Los bienes importados bajo este régimen tributan en concepto de Derecho de Importación un 6% y se encuentran exentos del pago de Tasa de Estadística y Tasa de Comprobación de Destino.

 

  • Incentivos a la innovación y el desarrollo tecnológico:
    • Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software- FONSOFT: financia principalmente proyectos de creación, diseño, desarrollo, producción e implementación de sistemas de software.
    • Fondo Tecnológico Argentino- FONTAR: apoya proyectos dirigidos a mejorar la productividad del sector privado a partir de la innovación tecnológica
    • Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica- FONCYT: apoya proyectos de investigación cuya finalidad sea la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.
    • Consejo Federal de Ciencia y Tecnología- COFECYT: promueve el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en Argentina.
    • Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica: el Gobierno fija anualmente un cupo de créditos fiscales que podrán imputarse al pago de impuestos nacionales en un monto no superior al 50% del total del proyecto que tenga por objeto mejorar la actividad productiva y comercial a través de la innovación y desarrollo.

 

  • Líneas de crédito
    • Banco de la Nación Argentina: otorga créditos a empresas que incluyen financiación de importaciones, financiación de proyectos turísticos y servicios de leasing y factoring.
    • Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE): cuenta con varias líneas de financiación en pesos y dólares que incluyen proyectos de reconversión y modernización productiva.
    • Consejo Federal de Inversiones: destinado a asistir mediante el crédito al sector privado en la puesta en marcha de proyectos o programas específicos en los niveles de preinversión e inversión, a fin de promover el desarrollo de las provincias y regiones argentinas.

Representación y agencia

El contrato de agencia no está regulado en la legislación argentina, se trata de un contrato atípico. Tampoco existe un Colegio de Agentes Comerciales como en España. Pese a esto, la figura del representante es muy utilizada sobre todo para productos industriales.

Formación de "joint ventures". Socios locales

La utilización de joint ventures en Argentina se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años, ya que este tipo de alianzas estratégicas permite compartir costes y riesgos. Son más comunes en aquellos negocios en los que se requiere una gran inversión inicial. A menudo, empresas argentinas aportan el know-how y buscan un aliado extranjero que aporte el capital.

No existen requisitos sobre la forma en que deben actuar las empresas conjuntamente. Éstas pueden crear una sociedad participada por ambas (poco común), firmar un contrato de colaboración o conformar una UTE. Las Uniones Temporales de Empresas son bastante habituales entre empresas que participan en proyectos de gran envergadura como por ejemplo la construcción.

Tipos de sociedades. Formalidades de constitución

Los tipos de sociedades establecidos en la ley son los siguientes:

Sociedad anónima Abierta Cerrada Sociedad de responsabilidad limitada Sociedad con participación estatal mayoritaria Sociedad en comandita Por acciones Simple Sociedad colectiva Sociedad cooperativa Sociedad de capital e industria

Los tipos más utilizados en Argentina son las Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada y las sucursales de empresas extranjeras.

Todas las sociedades son objeto de supervisión y control por parte de entidades gubernamentales. En todos los casos es obligatorio para las compañías extranjeras mantener registros contables separados para sus operaciones en el país y nombrar representantes legalmente responsables y residentes en Argentina.

Sociedad Anónima (S.A.)

Las características principales de las sociedades anónimas son las siguientes:

Debe haber como mínimo dos accionistas. El capital está representado por acciones. La responsabilidad de los accionistas se limita al capital aportado, salvo supuestos de infracapitalización. Capital mínimo inicial de 100.000 pesos argentinos.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

Poseen muchas de las características de las sociedades anónimas, excepto por:

No pueden cotizar en Bolsa.

La cantidad de socios no puede exceder los cincuenta. Una Sociedad Anónima argentina no puede ser socia. Está limitada la transmisión de las participaciones sociales.

Sucursales de Empresas Extranjeras

Las sucursales no son personas jurídicas independientes de la casa matriz, sino que se encuentran dentro de su estructura, luego operarán de conformidad con los estatutos de la casa central y ésta será responsable de los actos de la sucursal. Sin embargo, según normativa argentina, deben llevar cuentas separadas de las de la casa matriz y presentar estados contables ante el organismo de control societario.

Cooperativas

Las cooperativas se rigen por la Ley 20.337. El número mínimo de miembros es de 10, menos en las Cooperativas de Provisión de Servicios Rurales y de Trabajo que es de 6. Existe un organismo estatal encargado del control de este tipo de sociedades, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Contratos de Colaboración entre Empresas

Tanto para las Agrupaciones de Colaboración, como para las Uniones Temporales de Empresas (UTE.), la legislación establece en forma expresa que no se crea una persona jurídica nueva. Existe una mera asociación con un fin y esta relación está regulada por un contrato celebrado entre las partes respectivas. Dichos contratos deben inscribirse en el Registro Público de Comercio.

Constitución de sociedades

Para constituir una sociedad o abrir una sucursal, en primer lugar hay que demostrar la existencia de la casa matriz y acreditar su constitución de acuerdo con las leyes de sus respectivos países. Para ello es necesario inscribir el acta constitutiva y estatutos de la oficina principal y la decisión de la autoridad societaria que corresponda ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Las sociedades extranjeras que deseen establecerse en Argentina deben informar de si hay restricciones legales que les impidan desarrollar su actividad en el país de origen y probar que la sociedad cumple con uno de los siguientes requisitos:

Han registrado más agencias o sucursales en el exterior. Participan en sociedades constituidas en el exterior. Son propietarios de activos fijos en el lugar de origen.

Los documentos para inscribir la sucursal o empresa extranjera son:

Copia certificada del acta de constitución y de los estatutos de la sociedad española. Copia certificada del acta de nombramiento de los administradores o certificado emitido por el Registro Mercantil de los administradores inscritos. Certificado del Registro Mercantil de que la empresa no se encuentra en concurso de acreedores u otro proceso legal que limite su actividad. Copia certificada del acta en la que se establece la decisión de establecer la sucursal en Argentina, así como el capital asignado, si lo hubiere. Poder de representación. Constancia de que la sociedad es titular de activos fuera de Argentina por un valor que exceda la inversión en el país. Certificado de identificación de los accionistas.

La documentación proveniente del extranjero debe presentarse con las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Republica Argentina según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto.

Tras la constitución de la sociedad, será necesario darse de alta ante las autoridades fiscales (tanto nacionales como locales) y laborales correspondientes.

Pasos para la apertura de una filial:

Solicitar “Reserva de nombre o denominación” en la IGJ Abono de la Tasa Constitutiva o la Tasa Retributiva en el Banco de la Nación Argentina. Publicación de Edicto: la ley argentina establece que las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día un aviso en el diario de publicaciones legales. Depósito inicial del 25% del capital integrado en efectivo. Para ello, el banco requiere copia de la presentación de la documentación en la IGJ. 

Los tipos de sociedades establecidos en la ley son los siguientes:

Sociedad anónima Abierta Cerrada Sociedad de responsabilidad limitada Sociedad con participación estatal mayoritaria Sociedad en comandita Por acciones Simple Sociedad colectiva Sociedad cooperativa Sociedad de capital e industria

Los tipos más utilizados en Argentina son las Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada y las sucursales de empresas extranjeras.

Todas las sociedades son objeto de supervisión y control por parte de entidades gubernamentales. En todos los casos es obligatorio para las compañías extranjeras mantener registros contables separados para sus operaciones en el país y nombrar representantes legalmente responsables y residentes en Argentina.

Sociedad Anónima (S.A.)

Las características principales de las sociedades anónimas son las siguientes:

Debe haber como mínimo dos accionistas. El capital está representado por acciones. La responsabilidad de los accionistas se limita al capital aportado, salvo supuestos de infracapitalización. Capital mínimo inicial de 100.000 pesos argentinos.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

Poseen muchas de las características de las sociedades anónimas, excepto por:

No pueden cotizar en Bolsa.

La cantidad de socios no puede exceder los cincuenta. Una Sociedad Anónima argentina no puede ser socia. Está limitada la transmisión de las participaciones sociales.

Sucursales de Empresas Extranjeras

Las sucursales no son personas jurídicas independientes de la casa matriz, sino que se encuentran dentro de su estructura, luego operarán de conformidad con los estatutos de la casa central y ésta será responsable de los actos de la sucursal. Sin embargo, según normativa argentina, deben llevar cuentas separadas de las de la casa matriz y presentar estados contables ante el organismo de control societario.

Cooperativas

Las cooperativas se rigen por la Ley 20.337. El número mínimo de miembros es de 10, menos en las Cooperativas de Provisión de Servicios Rurales y de Trabajo que es de 6. Existe un organismo estatal encargado del control de este tipo de sociedades, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Contratos de Colaboración entre Empresas

Tanto para las Agrupaciones de Colaboración, como para las Uniones Temporales de Empresas (UTE.), la legislación establece en forma expresa que no se crea una persona jurídica nueva. Existe una mera asociación con un fin y esta relación está regulada por un contrato celebrado entre las partes respectivas. Dichos contratos deben inscribirse en el Registro Público de Comercio.

Constitución de sociedades

Para constituir una sociedad o abrir una sucursal, en primer lugar hay que demostrar la existencia de la casa matriz y acreditar su constitución de acuerdo con las leyes de sus respectivos países. Para ello es necesario inscribir el acta constitutiva y estatutos de la oficina principal y la decisión de la autoridad societaria que corresponda ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Las sociedades extranjeras que deseen establecerse en Argentina deben informar de si hay restricciones legales que les impidan desarrollar su actividad en el país de origen y probar que la sociedad cumple con uno de los siguientes requisitos:

Han registrado más agencias o sucursales en el exterior. Participan en sociedades constituidas en el exterior. Son propietarios de activos fijos en el lugar de origen.

Los documentos para inscribir la sucursal o empresa extranjera son:

Copia certificada del acta de constitución y de los estatutos de la sociedad española. Copia certificada del acta de nombramiento de los administradores o certificado emitido por el Registro Mercantil de los administradores inscritos. Certificado del Registro Mercantil de que la empresa no se encuentra en concurso de acreedores u otro proceso legal que limite su actividad. Copia certificada del acta en la que se establece la decisión de establecer la sucursal en Argentina, así como el capital asignado, si lo hubiere. Poder de representación. Constancia de que la sociedad es titular de activos fuera de Argentina por un valor que exceda la inversión en el país. Certificado de identificación de los accionistas.

La documentación proveniente del extranjero debe presentarse con las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Republica Argentina según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto.

Tras la constitución de la sociedad, será necesario darse de alta ante las autoridades fiscales (tanto nacionales como locales) y laborales correspondientes.

Pasos para la apertura de una filial:

Solicitar “Reserva de nombre o denominación” en la IGJ Abono de la Tasa Constitutiva o la Tasa Retributiva en el Banco de la Nación Argentina. Publicación de Edicto: la ley argentina establece que las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día un aviso en el diario de publicaciones legales. Depósito inicial del 25% del capital integrado en efectivo. Para ello, el banco requiere copia de la presentación de la documentación en la IGJ.

Desglose de las distintas formas de empresas societarias y no societarias

Régimen de franquicias

Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La disciplina de patentes fue reformada por la ley           de 1996. Ésta distingue entre patentes de invención y certificados de modelo de utilidad. La última modificación de esta ley es del 8 de Enero de 2004, mediante el la Ley 25.859.

Para obtener una patente o un certificado de modelo de utilidad es preciso presentar una solicitud escrita ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y pagar un arancel. Podrán obtener los títulos de propiedad industrial mencionados, las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan domicilio real o constituido en el país. La divulgación previa de la invención no perjudica el valor novedoso de la misma si el inventor, en el año precedente la presentación de la solicitud, ha dado a conocer la invención o la ha exhibido en una exposición nacional o internacional.

La ley excluye la patentabilidad de descubrimientos o teorías científicas y matemáticas; obras literarias o artísticas; planes para el juego o el desarrollo de actividad intelectual o económico-comercial o informáticos; formas de presentación de la información; métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico y toda clase de materia viva o sustancia preexistente en la naturaleza. Se puede negar el patentamiento por razones de orden público y de protección de la salud, de la moralidad y del ambiente, y no son patentables los sistemas genéticos o reproductivos.

El derecho a la patente o al certificado pertenecerá al inventor o a sus causahabientes, quienes ostentarán el derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito o concertar contratos de licencia.

Las invenciones o modelos de utilidad desarrollados en el ámbito de la relación laboral conllevan para el trabajador el derecho a una remuneración suplementaria, si exceden el contenido de dicha relación laboral, pero pertenecen al empleador.

La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de otorgamiento; en el certificado de modelo de utilidad el plazo se reduce a 10 años.

Si el titular de la patente, transcurridos tres años desde su concesión o cuatro desde la presentación de la solicitud, no la explota debidamente, o si la explotación se interrumpe por más de un año, cualquier tercero tiene derecho a pedir autorización para utilizar la patente sin autorización del titular. La práctica anticompetitiva por parte del titular de la patente tiene el mismo efecto de la no explotación.

Las patentes y certificados de modelos de utilidad caducaran: al vencimiento de su vigencia; por renuncia del titular; por no cubrir el pago de la tasa anual de mantenimiento a la que se encuentran sujetas; y cuando concedido su uso a un tercero, no se explotara la invención en un plazo de 2 años por causas imputables al titular de la patente.

La innovación más importante de la ley 24.481 es la inclusión, en el ámbito de los descubrimientos patentables, de los medicamentos y procesos farmacéuticos (a partir del año 2000) y la previsión del otorgamiento de licencias obligatorias para las patentes que no sean explotadas.

Asimismo, es importante señalar que Argentina ha ratificado la Convención de París (Acta de Lisboa).

Modelos y Diseños Industriales

El régimen legal aplicable a los modelos y diseños industriales es el Decreto-Ley 6673/63. Se protegen las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran carácter ornamental.

La protección que la ley reconoce tiene una vigencia inicial de cinco años, pudiendo efectuarse hasta dos renovaciones por el mismo período de tiempo, llevando la duración máxima a quince años contados desde la fecha en que se efectuó el primer depósito.

Las características más salientes del régimen legal vigente son:

  • Se exige la novedad absoluta.
  • La solicitud se debe presentar en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
  • La solicitud de renovación de los modelos y diseños deben ser presentadas entre seis y nueve meses antes de los vencimientos.

Marcas de Productos y Servicios

La legislación en materia de marcas (Ley 22.362) contempla la protección de todos aquellos signos con capacidad distintiva aplicables a productos o servicios. Para solicitar una marca la ley requiere que el solicitante tenga "interés legítimo". La solicitud de registro debe ser presentada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, abonando los aranceles correspondientes.

Los registros de marcas son concedidos por diez años, pudiendo ser renovados en forma indefinida por períodos iguales, siempre que la marca esté en uso en los cinco años previos al momento de solicitar la renovación.

Las marcas registradas por quien al momento de la solicitud conocía o debía conocer que pertenecían a un tercero, son nulas. Una marca no usada dentro de los cinco años contados desde la fecha de su registro, está sujeta a caducidad en caso que cualquier tercero con interés legítimo así lo solicite ante los Tribunales Federales correspondientes.

Derechos de autor

Si bien el derecho de autor nace con el acto de crear su obra, la ley argentina impone la obligación de su registro, como condición para ejercer los derechos patrimoniales reconocidos por la legislación vigente que es la ley 11.723, Ley de la Propiedad Intelectual. La duración del derecho se extiende durante toda la vida del autor y hasta 50 años después de su muerte.

La República Argentina ha suscrito la Convención de Berna (y sus modificaciones posteriores, incluyendo el Acuerdo de París de 1971), la Convención Interamericana de Washington de 1946 y la Convención de Ginebra de 1952.

Vale la pena destacar que los programas de computación -software- están actualmente protegidos por la Ley de Derecho de Autor (decreto 165/94), si bien se está considerando la sanción de un régimen legal propio, dado que ya se han producido fallos judiciales que no reconocen que efectivamente la mencionada ley sea de aplicación al software.

Desglose de los sectores más importantes para la inversión española

Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Barreras de entrada para inversores españoles

- Grandes dificultades financieras de empresas que prestan servicios públicos por la dificultad de renegociar globalmente sus contratos, consecuencia del default y la devaluación de 2001.

- Falta de estabilidad jurídica y legislativa, y de normas claras y equitativas para valorar las inversiones.

- Además la intervención creciente del Estado dificulta la inversión en sectores que considera estratégicos, como los servicios públicos.

- Dificultades para el despacho aduanero de equipamientos requeridos por la inversión, recargando los costes de transporte y almacenamiento.

- Desde finales de 2011 Argentina no está autorizando, por razones de balanza de pagos, la libre repatriación de dividendos y recomienda su reinversión en el país. Además, las aseguradoras argentinas han sido obligadas a repatriar sus inversiones en el exterior y a invertir en infraestructuras en Argentina. No se autoriza el pago de cánones, regalías, derechos de autor, servicios, etc.