Resumen del marco jurídico para los negocios

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

Detalle del APPRI con España

Otros incentivos a la inversión

Barreras de entrada a la inversión extranjera

Zonas francas y ZEE

Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Brasil cuenta con un gran mercado de compras públicas que actualmente se cifra en torno a los 160.000 millones de dólares al año, considerando todos los niveles de la Administración y las empresas públicas. Sin embargo, cabe señalar que no es signatario del Acuerdo de Compras Públicas (ACP).

De acuerdo con el “Trade Policy Review Report” de la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Brasil ha dado pasos para incrementar la transparencia en su régimen de contratación pública. Con todo, en la práctica, más del 40% de la contratación se produce bajo algún tipo de excepción a los principios generales.

Aunque con carácter general se concede trato nacional a las empresas extranjeras establecidas o representadas legalmente en el país, existe la posibilidad de otorgar preferencia a bienes o servicios producidos en Brasil en caso de igual precio. Además, en 2006 se introdujo un margen de preferencia de hasta el 10% para pymes. En julio de 2010, el gobierno publicó una Medida Provisoria (MP nº 495, de 19 de julio), aprobada posteriormente como ley, ampliando hasta un 25% el margen de preferencia de bienes y servicios nacionales, pudiendo llegar, en algunos casos, a superar ese porcentaje. Unidades administrativas y empresas públicas pueden llevar a cabo sus propias actividades de compras públicas de forma independiente. No obstante, las entidades directa o indirectamente administradas por el Gobierno Federal están sujetas a las normas generales de contratación pública establecidas por el Ministerio de Planificación. La principal norma que regula las compras públicas es la Ley 8666, de 12 de junio de 1993, y sus posteriores modificaciones (Ley 8883/94, Ley 9648/98 y Ley 9854/99). Las compras de equipos de telecomunicaciones, productos electrónicos digitales, ordenadores, software y servicios conexos están exentas de la Ley 8666; se rigen por la Ley 8248 de 1991 y la Ley 10176, de 11 de enero de 2001. Todas las agencias municipales, estaduales y federales, así como empresas públicas, incluidas aquellas con participación privada, están sometidas a la Ley 8666.

De acuerdo con la Constitución brasileña, las compras públicas deben regularse por una ley específica y, con la excepción de los casos especificados en la ley, las obras públicas, servicios, y compras deben contratarse a través de procedimientos de oferta pública que garantice iguales condiciones a todos los participantes, con cláusulas que establezcan los requisitos económicos y técnicos exigidos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. El texto constitucional también establece que las concesiones y licencias para suministrar servicios públicos requieren concurso.

De acuerdo con la Ley 8666, los factores determinantes para la adjudicación de un concurso son el menor precio, la mejor oferta técnica y la mejor oferta técnica y menor precio. En los últimos tiempos se está utilizando cada vez más la llamada “inversión de fases”, consistente en analizar en primer lugar las ofertas de precios, y sólo analizar los documentos de habilitación del vencedor, y no de todos de los participantes, agilizando de este modo el proceso licitatorio.

La reforma constitucional 06/95 eliminó discriminación entre empresas constituidas conforme a la normativa brasileña en función del porcentaje de capital extranjero en las mismas, con la excepción del sector tecnológico. No obstante, la nacionalidad de los participantes puede utilizarse como criterio de desempate.

Hasta 2010, podía otorgarse preferencia a bienes y servicios producidos en Brasil en tres casos:

  • Como criterio para decidir entre ofertas idénticas;
  • En el sector de tecnologías de la información, incluyendo telecomunicaciones y productos informáticos, en caso de empate;
  • Desde 2006, para pymes.

A los casos citados hay que añadir ahora los establecidos en la MP nº 495 de julio de 2010, que se comenta con detalle más adelante.

Los suministradores deben estar legalmente constituidos o representados en Brasil para calificarse en contratos del gobierno. Las empresas extranjeras sin actividad en el país participantes en licitaciones internacionales necesitan representación en Brasil, o bien estar asociadas a una empresa brasileña (con al menos el 51% del capital brasileño y controlada por nacionales brasileños). Las licitaciones financiadas por Instituciones Financieras Internacionales (IFI) son licitaciones abiertas sujetas a las reglas de la institución correspondiente. En este sentido, en la Ley 8666 también se indica que los consorcios entre empresas extranjeras y brasileñas que se presenten a licitaciones deberán estar siempre liderados por la empresa brasileña.

Los procedimientos de licitación utilizados en Brasil son los siguientes: licitación abierta (concorrencia); licitación selectiva, que incluye cuotas de precios o información de precios de empresas oficialmente registradas (tomada de preços, normalmente para compras a pymes); licitación limitada o por invitación a suministradores que cumplan determinados requisitos (convite); concurso, para trabajos técnicos o artísticos; mejor precio siempre que se cumplan requisitos mínimos establecidos; subasta (leilao) para bienes específicos; subasta inversa para bienes y servicios, con independencia del valor (pregao). La normativa no establece preferencia por alguno de los procedimientos indicados.

La Ley 8666 prevé tres situaciones en las que la obligación de licitación puede dispensarse:

  1. Por el bajo valor de la compra.
  2. Por razones de emergencia, desastre público, guerra, etc.
  3. En caso de compra o alquiler de inmuebles, que por alguna razón específica (i.e. localización geográfica) hagan inviable la licitación.

Como se ha dicho, las empresas públicas deben cumplir la ley general de licitaciones (Ley 8666). No obstante, algunas empresas estatales, como la petrolífera PETROBRAS cuenta con una regulación propia. En efecto, PETROBRAS tiene un sistema de compras “cerrado”, por el que el puede elegir e invitar tres compañías para participar en cada licitación. Las compañías sin participación de control estatal no están obligadas a seguir la normativa citada.

Como ya se ha comentado, en 2010 el Ministro de Hacienda brasileño anunció una serie de medidas de diverso alcance, tendentes, supuestamente, a aumentar la competitividad de las empresas brasileñas. Entre dichas medidas, cabe destacar las relativas a compras públicas, que otorgan a las autoridades federales la posibilidad de conceder un margen mayor a los bienes y servicios locales en compras públicas. Esa preferencia no podrá exceder al 25% del precio del producto similar importado. El margen será definido reglamentariamente en cada caso, por productos o por actividad. Los márgenes de preferencia deberán ser justificados con base en el cálculo del impacto de las compras gubernamentales sobre el empleo, renta, recaudación y desarrollo tecnológico. Podrá aplicarse esta preferencia a productos desarrollados con tecnología nacional.

El origen de esta medida se encuentra en la preocupación del gobierno ante la creciente competitividad de productos de China en las licitaciones públicas, especialmente en los ministerios de Salud y Defensa.

Manufacturas y servicios con innovaciones y avances tecnológicos desarrollados en el país podrán ser beneficiados con márgenes de preferencia superiores al 25%. Además, el gobierno podrá definir como “estratégicos” los bienes y servicios de TICs, que solo podrán ser ofrecidos por empresas que desarrollen en el país la tecnología a proveer, como ya se hace en otros países, como los EE.UU., con los pedidos del Pentágono.

Otra novedad de la Medida Provisoria es la autorización dada a instituciones de enseñanza superior federal y centros tecnológicos para que contraten obras y compren sin licitación, por medio de fundaciones de apoyo a la investigación, equipamientos, materiales y otros insumos. Las compras tendrán que destinarse a laboratorios para actividades de innovación e investigación científica y tecnológica.

El margen de preferencia del 25% podrá ser extensible a los bienes y servicios originados por los Estados miembros del Mercosur, después de la ratificación del Protocolo de Contrataciones Públicas de Mercosur, celebrado el 20 de julio de 2006, y podrá ser extensible también, total o parcialmente, a los bienes y servicios originarios de otros países, con los que Brasil firme acuerdos sobre compras gubernamentales.

En 2011 el gobierno introdujo el Régimen Diferenciado de Contratación (RDC), para agilizar y abaratar el procedimiento de licitación de proyectos relacionados con la Copa del Mundo aplicándolo en las 12 ciudades sede del Mundial y sus alrededores. Se trata de un sistema que pretende acortar plazos, al licitar al mismo tiempo todas las fases del proyecto (proyecto básico, ejecutivo y obras), y no hace público un coste estimado, lo que supuestamente debería traducirse en menores precios. Después de un año en vigor - y un uso especialmente intenso por parte de la Empresa Brasileña de Infraestructuras Aeroportuarias (INFRAERO) - se observa que si bien el coste de los proyectos no se habría reducido de forma significativa (en torno al 15%), sí se habrían logrado resultados notables en la reducción de plazos. Por eso el gobierno estudia la posibilidad de extender la aplicación del RDC a todos los proyectos del PAC.

Régimen de inversiones

En Brasil no existe una ley principal que regule las inversiones extranjeras. Éstas están sometidas a diversas leyes del gobierno federal y del Banco Central de Brasil que, en su conjunto, conforman el marco normativo por el que se rigen las inversiones extranjeras. En este sentido, conviene mencionar las leyes nº 4.131, de 3 de septiembre de 1962 (Ley de capitales extranjeros) y nº 4.390, de 29 de agosto de 1964, desarrolladas ambas por el Decreto nº 55.762 de 17 de febrero de 1965. Por otra parte, es frecuente que existan reglas específicas para las inversiones en un sector determinado, por ejemplo, el de las telecomunicaciones, banca, seguros, etc.

Los capitales extranjeros, de acuerdo con la definición legal, serían los bienes, máquinas y equipos que entran en el país sin dispendio inicial de divisas, y que se destinan a la producción de bienes o servicios; así como los recursos financieros o monetarios traídos a Brasil para su aplicación en actividades económicas, siempre que pertenezcan a personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas o con sede en el exterior. Con carácter general, la inversión extranjera en Brasil se acoge a un régimen legal equiparable al de otros países, como España, de inspiración legal latina. Sin embargo, en el detalle de sus características y en la práctica de su ejecución, el contexto legal brasileño presenta, para el inversor extranjero, diversas particularidades que merecen su atención:

  • La existencia de un registro de inversiones en el Banco Central de Brasil.
  • Limitaciones para el ejercicio de la administración de sociedades por no residentes. Se exige que el/los administrador/es de la sociedad brasileña dispongan de residencia permanente en Brasil si bien no necesariamente nacionalidad brasileña.
  • Complejidad de sistema fiscal y laboral.
  • Lentitud del sistema judicial.
  • No adhesión a algunos de los convenios internacionales más utilizados en la práctica internacional de los negocios como el caso de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI).

En resumen, la inversión extranjera en Brasil se caracteriza por lo siguiente:

  • Las inversiones extranjeras pueden efectuarse libremente, por medio de filiales o de joint ventures.
  • No requieren autorización previa si bien sí registro declaratorio en el Banco Central.
  • Con carácter general, existe igualdad de condiciones para el capital nacional y el extranjero.
  • Hay libertad de repatriación de capitales y de envío de remesas de intereses y dividendos al exterior (siempre que la inversión se haya registrado en el Banco Central).

Al margen de estos aspectos de carácter general, cabe destacar las siguientes novedades:

  • Las transferencias financieras desde y hacia el exterior, en moneda nacional o extranjera, relativas a los flujos de capitales extranjeros a los que se refiere la Resoluçao nº 3844, pasan a seguir las reglas generales aplicables al mercado de cambio brasileño. En este sentido, las transferencias deben respetar los principios de legalidad, fundamento económico y respaldo documental.
  • Se elimina la necesidad de autorizaciones específicas o manifestaciones previas del Banco Central.
  • Los agentes implicados quedan dispensados de proporcionar al Banco Central informaciones que la institución pueda obtener por medio de otras fuentes y/o mecanismos internos.
  • Entrada en vigor a comienzos de 2012 de la normativa EIRELI que permite la creación de empresas individuales de responsabilidad limitada.
  • El 29 de mayo de 2012 entró en vigor la nueva Ley de Competencia que simplifica la estructura del sistema de competencia brasileño y somete las operaciones a un mayor control del Cade.

Propiedad inmobiliaria

Finalmente, cabe destacar las restricciones a la adquisición de tierras por parte de capital extranjero. De acuerdo con las normas de limitación de área, en el caso de inmuebles rurales de 3 a 50 módulos fiscales, la adquisición dependerá de una autorización del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). La extensión de un módulo fiscal varía mucho entre Estados pudiendo abarcar entre 5 y 100 hectáreas de terreno. Esta información está disponible actualizada en el INCRA (www.incra.gov.br). La adquisición de inmuebles de hasta 3 módulos será libre excepto en el caso de inmueble en área fronteriza. Para inmuebles con más de 50 módulos los extranjeros sólo podrán realizar la compra mediante autorización del Congreso Nacional. Los parlamentarios también deberán aprobar la compra de inmuebles superiores a 100 módulos fiscales en caso de persona jurídica extranjera. Además de los mencionados límites, la suma de las áreas pertenecientes o arrendadas a personas extranjeras (físicas, jurídicas u otras equivalentes) no podrá sobrepasar el 25% de la superficie territorial del municipio de localización del inmueble que se pretende comprar. Las personas de la misma nacionalidad no podrán ser propietarias o arrendatarias, en cada municipio, de más del 10% de la su superficie territorial. Están excluidas de estas restricciones las personas extranjeras casadas con brasileños en régimen de comunidad de bienes o que tengan un hijo brasileño. Si bien recientemente se han observado pasos tendentes a la flexibilización de esta situación, la normativa en vigor continúa estableciendo estas firmes restricciones para determinados sectores como la minería, reactores nucleares o las actividades realizadas en zonas protegidas como la selva amazónica, el bosque atlántico, la Serra do Mar, el Pantanal del estado de Mato Grosso o la Zona Costera. 

Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

La información sobre los incentivos existentes puede ser obtenida a través de la Red Nacional de Informaciones sobre Inversión (RENAI), ente creado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior que se encarga del suministro de información a potenciales inversores, del apoyo al desarrollo de actividades llevadas a cabo por organismos federales o de los distintos Estados para la promoción de inversiones productivas, y de la articulación de medidas que faciliten la inversión en Brasil. La Receita Federal, perteneciente al Ministerio de Hacienda, también ofrece información sobre los incentivos fiscales a empresas; mientras que los incentivos financieros federales existentes pueden ser consultados en el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Como regla general el inversor local y el extranjero reciben el mismo tratamiento a efectos de incentivos a la inversión. Así, a mayoría de esos incentivos están disponibles tanto para las empresas nacionales como para las empresas bajo control extranjero, si bien existen algunos restringidos solamente a empresas nacionales. 

En Brasil, como norma general, no se establecen incentivos fiscales a nivel federal para atraer la inversión extranjera. No obstante, las autoridades estatales y locales establecen ciertos incentivos a la inversión a través de reducciones en su imposición indirecta. También se encuentran concesiones fiscales en las regiones pobres del nordeste así como en el Amazonas, incluyendo en determinadas ocasiones, reducciones en impuestos federales sobre la renta. Asimismo, también hay incentivos para promocionar las exportaciones.

A continuación se realizará un repaso de los principales incentivos en vigor actualmente.

Incentivos del Gobierno Federal

En general, el gobierno federal ofrece incentivos a las empresas que invierten en zonas menos desarrolladas o en sectores considerados prioritarios. Estos incentivos pueden referirse a la financiación subvencionada por los bancos públicos de desarrollo o a la reducción de tipos impositivos, créditos, deducciones y exenciones fiscales. La exportación temporal de productos para la participación en ferias, exposiciones u otros certámenes análogos, conlleva un registro de exportación y goza de la exención del Impuesto de Productos Industrializados (IPI) y del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS), éste último siempre que verifique los plazos establecidos por la regulación del Estado para el retorno de los productos.

En el caso de micro y pequeñas empresas, éstas gozan de un tratamiento fiscal diferenciado, pudiendo someterse al supersimples, un régimen unificado para la declaración de impuestos y contribuciones, con simplificación de las obligaciones fiscales accesorias.

Existen incentivos fiscales para las actividades artísticas y culturales. Concretadamente son objeto de estos incentivos las donaciones o patrocinios en los siguientes ámbitos:

  • Artes escénicas.
  • Libros de valor artístico, literario o humanístico
  • Música clásica o instrumental.
  • Difusión de exposiciones de artes plásticas.
  • Donaciones de acervos para bibliotecas públicas y museos.

Asimismo, existen incentivos a la innovación tecnológica para aquellas empresas que realicen actividades de investigación, desarrollo e innovación y que consisten básicamente en la concesión de subvenciones para la contratación de personal investigador y en incentivos fiscales como: deducciones de la Contribución Social sobre el Beneficio Líquido de gastos en actividades de I+D; reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados en la adquisición de máquinas y equipos destinados a I+D; depreciación acelerada de estos bienes; amortización acelerada de bienes intangibles; reducción del Impuesto sobre la Renta retenido en la fuente que incide sobre las remesas al exterior derivadas de contractos de transferencia tecnológica; exención del mencionado Impuesto sobre la Renta retenido en la fuente, en las remesas al exterior destinadas al registro y mantenimiento de marcas y patentes.

Existen, igualmente, incentivos fiscales para las empresas turísticas, las cuales pueden beneficiarse de reducciones en el tipo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para algunos productos, como cierres electrónicos, y de la depreciación acelerada de muebles, utensilios y máquinas utilizados por el sector hotelero, con la correspondiente reducción en la cantidad a liquidar del Impuesto sobre la Renta.

Las empresas que desarrollan su actividad en los sectores de calzado y productos de cuero, textil, de confección y muebles de madera pueden descontar los créditos obtenidos de la contribución al PIS/PASEP (Programa de Integración Social y Formación del Patrimonio del Servidor Público) y a la COFINS (Contribución para la Financiación de la Seguridad Social) de forma inmediata tras la adquisición de máquinas y equipos.

La legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas IRPJ prevé la reducción del 75% (incluso de porcentajes mayores) de este impuesto durante diez años para las empresas con proyectos de implantación aprobados (antes del 31 de diciembre de 2013) por la extinta Superintendencia del Desarrollo del Nordeste (SUDENE), reemplazada por la Agencia de Desarrollo del Nordeste (ADENE). Esta reducción en el Impuesto sobre la Renta y adicionales no restituibles también está prevista, con igual tipo y límite temporal (año 2013), para las empresas con proyectos de implantación, modernización o diversificación aprobados por la Agencia de Desarrollo de la Amazonia (ADA) (antiguamente denominada SUDAM), y destinados a sectores considerados prioritarios para el desarrollo regional en el área de actuación de dicha Agencia (Amazonia Legal). Además de esta reducción del IRPJ como incentivo al desarrollo regional, también se prevé en la regulación de dicho impuesto una serie de deducciones como los incentivos a la participación de la empresa en programas orientados al trabajador (Programas de Alimentación del Trabajador).

También está prevista la exención del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para muchos de los bienes de capital (máquinas y equipos) utilizados por las empresas industriales, y para materiales de construcción empleados en el sector de construcción civil.

Asimismo, existen una serie de Regimenes Especiales de Tributación como el REPES (Régimen Especial de Tributación para Plataformas de Exportación de Servicios de Tecnología), el REDI (Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de la Infraestructura) o el RECAP (Régimen Especial de Adquisición de Bienes de Capital para Empresas Exportadoras), que prevén suspensiones en la contribución al PIS/PASEP y a la COFINS. También contarán con beneficios fiscales las empresas asimiladas a los programas PADIS (Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de Semiconductores) y PATVD (Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de Equipos para la Televisión Digital), ambos encuadrados en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).

Por último, en relación con el Impuesto de Importación, las empresas industriales y prestadoras de servicios se podrán acoger a una reducción del 14% para el 2% del tipo impositivo aplicable a la adquisición de bienes de capital, de informática y de telecomunicaciones que no se produzcan en Brasil (Régimen de Ex Tarifarios). También contarán con una reducción en este impuesto sobre las importaciones, las empresas que pretendan introducir en el país unidades o líneas de producción usadas que no cuenten con similar nacional.

Incentivos de los Gobiernos Estatales

Los gobiernos de los Estados que integran la República Federal de Brasil tienen competencia en materia de incentivos para atraer inversiones a sus respectivos territorios, atendiendo a criterios de política económica y social. Los apoyos que cada estado ofrece a los inversores pueden esquematizarse de la siguiente manera:

  • Apoyos fiscales (variables dependiendo del Estado de que se trate)

- Exención del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS) para nuevas empresas pertenecientes a sectores considerados estratégicos.

- Exención o reducción del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS) para pequeñas empresas.

- Reducción y diferimiento de tipos del ICMS para productos y casos concretos.

- Prórroga de los plazos para el pago del ICMS.

- Mecanismo del pago retrasado del ICMS.

- Utilización del crédito presumido del ICMS.

  • Financiación con cargo a líneas de los bancos estaduales para los siguientes fines

- Implantación, expansión, modernización y relocalización de inversiones industriales

- Adquisición de activos fijos y financiación del activo circulante asociado.

- Adquisición de materias primas, insumos y mercancías.

  • Apoyos en infraestructura

- Reducción de los precios de terrenos o naves industriales.

- Alquileres por plazos definidos de naves y terrenos.

- Donación de terrenos industriales.

  • Otros apoyos

- Simplificación del proceso de registro de la empresa.

- Simplificación de procesos de licitación para facilitar el acceso a los concursos a las pequeñas empresas.

- Asistencia técnica para la elaboración de proyectos.

- Programas de formación y capacitación de la mano de obra.

Incentivos Municipales

Al igual que sucede en el caso de los estados federados, también los municipios disponen de la potestad para exonerar de ciertos impuestos al inversor interesado. Rara vez los municipios brasileños disponen de reglas fijas para los incentivos fiscales, a lo sumo disponen de una normativa marco que fija los límites de las ayudas que pueden ser concedidas. Por ello la empresa que desea algún tipo de beneficio fiscal debe negociar las condiciones con el municipio. Los incentivos que los municipios ofrecen a los inversores no se limitan a la exoneración de impuestos y tasas de su competencia, sino que también pueden consistir en la donación de terrenos, instalaciones o en la gratuidad de ciertos suministros por un período determinado.

 

Representación y agencia

Las empresas españolas pueden vender sus productos en Brasil, de forma general, a través de un representante o un distribuidor. La Representación Comercial en Brasil está regulada por las Leyes nº 4.886, de 9 de diciembre de 1965, y nº 8.420, de mayo de 1992, y más recientemente por el Nuevo Código Civil, donde recibió la denominación de Agencia. De acuerdo con estas leyes, la agencia es una actividad de intermediación, realizada de forma permanente, por cualquier persona física o jurídica (el representante comercial o agente) encargada de actuar en el mercado para la intermediación de los productos y servicios de una única o de varias empresas (en función de la existencia o no de la cláusula de exclusividad), a cambio de una comisión acordada contractualmente. Según la Ley nº 8.420, dicho contrato debe ser por escrito y contener una serie de cláusulas y condiciones especificadas en el Art. 27.

El artículo 1° de la Ley n°4.886, por su parte, regula los derechos laborales de los representantes comerciales, si son personas físicas. En cualquier caso, es aconsejable que el representante sea una empresa, siendo importante que la empresa representada incluya una serie de restricciones en el contrato de representación comercial, para evitar reclamaciones laborales, estableciéndose que el representante comercial debe ser una empresa formada por un mínimo de dos socios y que la empresa representada debe evitar las órdenes directas a las personas de la empresa representante y dichas órdenes deben restringirse al desempeño de las obligaciones del representante, previstas en el contrato y amparadas por las Leyes nº 4.886 y nº 8.420.

La legislación también obliga a que todo representante comercial esté registrado en el Conselho de Representantes Comerciais del estado donde ejerza sus actividades. Dichos Consejos ostentan el poder regulador de la profesión. No obstante, si se trata de una persona jurídica, la que presta el servicio de agencia, el acto de constitución de la sociedad debe registrarse en la Junta Comercial, al igual que para el caso de personas físicas, que deben registrarse también en dicha Junta Comercial como empresarios.

Formación de "joint ventures". Socios locales

La legislación brasileña no regula específicamente las asociaciones de empresas. En la actividad empresarial brasileña, la asociación se define como la empresa que se origina del acuerdo de dos o más partes con el objeto del desarrollo conjunto de un emprendimiento económico. Ese objetivo se puede alcanzar bien por la formación de una nueva sociedad o por la suscripción o adquisición de acciones o cuotas de una sociedad existente. La asociación puede tomar la forma de cualquier organización societaria establecida por las leyes brasileñas.

En relación con los consorcios, de acuerdo con la legislación sobre sociedades anónimas, estos constituyen un tipo de asociación de empresas con la finalidad de desarrollar un determinado proyecto empresarial, manteniéndose la personalidad jurídica y autonomía de las empresas que integran el consorcio. Por tanto, el contrato de consorcio no supone la creación de ninguna persona jurídica y tampoco existe la presunción de solidaridad por parte de las empresas asociadas, quienes han de aprobar dicho contrato en asamblea general, cuando se trate de sociedades anónimas, o por los respectivos órganos competentes, en otro caso. No obstante, deberá realizarse el archivo del contrato en la Junta Comercial de la localidad donde radique la sede del consorcio, con publicación del certificado de archivo en el órgano oficial de la Unión o del Estado y en un periódico de gran circulación.

Tipos de sociedades. Formalidades de constitución

A la hora de implantarse en cualquier mercado exterior, una empresa española puede optar por:

  • Establecer una sucursal que carece de personalidad jurídica propia diferenciada de la matriz (en portugués, filial)
  • Establecer una filial, con personalidad jurídica propia (en portugués, subsidiária)

Para que las sucursales puedan actuar en Brasil es necesario que la empresa extranjera presente una solicitud al gobierno brasileño, que deberá aprobarla por decreto presidencial. El certificado del decreto presidencial y los demás documentos pertinentes serán publicados en el Diario Oficial, y una copia será archivada en la Junta Comercial competente. Solamente tras cumplimentar todas las formalidades la sucursal estará en condiciones de iniciar sus actividades. Dado que el proceso para obtener esta autorización es largo y su coste es superior a la constitución de una empresa brasileña, no se suele recomendar el establecimiento de una sucursal en Brasil, salvo en casos especiales como el de las compañías aéreas.

Por ello, la forma habitual que siguen las empresas para desarrollar sus actividades en Brasil es la constitución de una sociedad filial según las normas del derecho mercantil brasileño.

Aunque existan diversas formas de constituir una sociedad en Brasil, los dos tipos más utilizados son la Sociedad Limitada y la Sociedad por Acciones (Sociedad Anónima). Asimismo, con base en la nueva ley nº 12.441/2011 se establece la posibilidad de constituir sociedades individuales de responsabilidad limitada (EIRELI). Por otro lado, en 2012 se lanzó el Portal Emprendedor, que facilita las gestiones burocráticas a microempresas (http://www.portaldoempreendedor.gov.br/apertura-negocio-brasil, información en español)

Sociedad Limitada: la Sociedad Comercial por Cuotas de Responsabilidad (LTDA), regulada por los artículos 1.052 al 1.087 del Código Civil, tiene las siguientes características:

- Simplicidad en su constitución.

- La responsabilidad de sus socios es limitada a la cuantía del capital suscrito, si bien los bienes particulares de los socios podrán ser ejecutados contra las deudas de la sociedad, después de la ejecución de los bienes sociales, si éstos son insuficientes y se demuestra que hubo mala fe o incumplimiento de la ley en la administración de los negocios.

- El capital social está dividido en cuotas. Los socios deben desembolsar las cuotas a que se obligan, en los plazos y forma estipulados en el contrato. El desembolso del capital, ya sea en dinero o en especie, puede ser total o parcial, de acuerdo con la libre decisión de los socios. No existe la obligación de publicar los documentos societarios y los estados contables (con excepción de los actos que impliquen reducción de capital, fusión, escisión de la sociedad o incorporación).

- La administración de la sociedad puede estar a cargo de uno o más socios y de terceros no socios. No es necesario que los administradores sean brasileños, aunque sí han de tener residencia permanente en Brasil.

- Es posible la distribución de beneficios acumulados entre los socios. Las remesas de beneficios a los socios residentes o con domicilio en el exterior, ya sean personas físicas o jurídicas, son sometidos a registro y análisis previo por parte del Banco Central, pudiendo ser distribuidos en la misma proporción en que la inversión inicial fue aportada y registrada.

Sociedad Anónima: la Sociedad Anónima está caracterizada por el artículo 1.088 del Código Civil y regulada por la Ley nº 6.404, del 15 de diciembre de 1976, parcialmente modificada por la Ley nº 9457 del 15 de junio de 1997, y por la Ley nº 10.303, del 31 de octubre de 2001. Se caracteriza por los siguientes requisitos:

- Para la constitución de una empresa bajo esta forma jurídica son necesarios al menos dos accionistas, cuya responsabilidad queda limitada al precio de emisión de las acciones suscritas o adquiridas.

- El capital social de la empresa, que debe necesariamente tener fines de lucro, se divide en acciones

- Se considera siempre sociedad mercantil, con independencia de su objeto.

- Para su apertura es necesaria la presentación de un estudio de viabilidad económica y financiera de la empresa, un proyecto de estatuto social y un prospecto con informaciones sobre las bases de la compañía y las razones para su éxito.

- El capital social puede estar formado por dinero o por bienes susceptibles de valorización. Al menos un 10% debe ser desembolsado, en dinero, en el acto de constitución de la sociedad.

- El reparto de dividendos a los accionistas se hará de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable y considerando también el origen y naturaleza de los fondos. Si el accionista, persona física o jurídica, es residente o domiciliado en el exterior, los dividendos remitidos serán registrados en el Banco Central de Brasil.

Dado el gran número de formalidades y el mayor coste que la S. A. exige para su constitución y funcionamiento, suele ser más aconsejable la constitución de la S.L.

La sociedad puede transformase de un tipo de sociedad a otro sin necesidad de disolución o liquidación previa, por lo que una S. A. se puede transformar en S. L. y viceversa. Para ello la aprobación de los accionistas debe ser unánime, salvo que se prevea otro quórum en los estatutos. Por otro lado, hay que destacar que se permite a los accionistas disidentes retirarse de la sociedad. Dada esta posibilidad de transformación es aconsejable, y ventajoso, constituir inicialmente una sociedad limitada, cuyo proceso de constitución es más simple y menos oneroso, y posteriormente transformarse en sociedad anónima, si así se desea.

EIRELI: Tras ser aprobada en junio de 2011 y sancionada por la presidencia el 11 de julio, el 9 de enero de 2012 entró en vigor la ley nº 12.441/2011 que regula la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRELI). Sus principales características son las siguientes:

- Permite la constitución de una entidad por un solo titular garantizando la distinción entre el patrimonio social de la empresa y el personal del empresario, reduciendo así de forma significativa los riesgos del emprendedor.

- El capital mínimo de la EIRELI es el equivalente a cien salarios mínimos (el salario mínimo actual es de 678 reales brasileños, por tanto, el capital mínimo de la EIRELI para 2013 sería de 67.800 reales brasileños) y las reglas que rigen el tipo societario son equivalentes a las aplicadas para las sociedades limitadas.

- La denominación social deberá necesariamente contener la expresión “Eireli” quedando restringido para el empresario individual figurar en más de una empresa de la misma modalidad.

El mayor avance de esta normativa es la introducción de la diferenciación entre patrimonio personal del empresario y el patrimonio social para responder por cuenta de la sociedad. Además, este tipo societario también aporta la posibilidad de crear una sociedad sin necesidad de contar con un mínimo de dos socios contribuyendo todo ello a la formalización de microempresarios antes reticentes a constituir una empresa.

Constitución de sociedades

La constitución de una sociedad debe seguir un determinado procedimiento, que se inicia con el nombramiento de un representante (o más de uno), para actuar en nombre de los socios que quieran formar una sociedad, y culmina con la creación de la personalidad jurídica de la empresa. Además, como Brasil no es signatario del Convenio de La Haya de 1961, sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros (“Apostilla de la Haya”), en este procedimiento de constitución de la sociedad será necesaria la legalización de todos los documentos exigidos, que hayan sido expedidos por organismos oficiales españoles.

No es necesario que los socios se trasladen a Brasil para constituir la referida sociedad. Se requiere solamente que nombren un representante legal en Brasil. Este tendrá potestad para constituir la sociedad, esto es, definir el nombre de la misma y su objeto social, establecer el capital social (su composición), recibir las comunicaciones judiciales en nombre de los socios y nombrar a un administrador. Estas facultades han de estar recogidas en unos poderes que deberán otorgarse en España ante notario público y después acudir al Consulado de Brasil que corresponda según el domicilio social o físico (en caso de que los socios sean personas físicas), para que legalice las firmas. Normalmente el representante legal será un abogado perteneciente a un despacho con el que se haya contactado previamente. El representante legal así nombrado en Brasil procederá a obtener la traducción jurada de los poderes y a su depósito en el cartório (institución brasileña equivalente a las notarías españolas).

Después del nombramiento del representante legal, que en el caso de ciudadanos extranjeros sigue el procedimiento anteriormente citado, se debe redactar el contrato social en las sociedades limitadas, o los estatutos en las sociedades anónimas, y proceder a la inscripción de la sociedad ante determinados organismos públicos. La cantidad de organismos públicos en que ha de registrarse la sociedad depende del tipo de actividad que vaya a ejercer. Necesariamente, debe inscribirse en:

  • Junta Comercial. En São Paulo, en la JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo”)
  • Ofício do Registro Civil de Pessoas Jurídicas
  • Receita Federal (CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, equivalente al CIF español)
  • Prefeitura - Intendencia (CCM)
  • Secretaria da Fazenda (DECA) de la localidad sede de la empresa (además de la Inscrição Estadual e Inscrição Municipal)

Si el capital empleado en la constitución de la empresa es extranjero, se debe efectuar su registro en el Banco Central de Brasil mediante SISBACEN, y para proceder a la exportación / importación de productos la sociedad debe estar registrada en el Registro de Exportadores/ Importadores, o REI.

Además, también es importante determinar la conveniencia de registro de los derechos de Propiedad Industrial en el país.

En cuanto a los costes en los que se ha de incurrir para la constitución de una empresa en Brasil, el registro de la nueva sociedad en el Registro Mercantil, incluyendo los gastos notariales, cuesta entre 600 y 1.400 euros; sin considerar los gastos de traducción de documentos, que pueden situarse entre 22 y 38 euros por página, y otros gastos de tramitación y servicios accesorios.

Desglose de las distintas formas de empresas societarias y no societarias

Régimen de franquicias

Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La propiedad industrial está regulada mediante la Ley n º 9.279 (Ley de Propiedad Industrial) de 14 de mayo de 1996, en vigor desde el 15 de mayo de 1997, que abarca inventos, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fabricantes, marcas comerciales y de servicio que sean distintivos y que demuestren el origen y fuente de los productos. Algunas de las disposiciones de esta Ley fueron alteradas por la Ley nº 10.196, promulgada el 14 de febrero de 2001. Esta norma condiciona la concesión de patentes para productos y procesos farmacéuticos a la previa anuencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

En cuanto a normativa debe asimismo mencionarse:

- La ley nº 9.609/98 sobre la protección de propiedad intelectual de programas de computador y su comercialización en Brasil.

- La ley nº 9.610/98, de derechos de autor.

- La ley nº 10.695/03, que altera disposiciones en materia penal en lo relativo a la tipificación del crimen de violación del derecho de autor.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) (www.inpi.gov.br) es el órgano gubernamental encargado de los derechos de propiedad industrial, del examen formal de los pedidos de registro de marca, de la concesión de patentes y del registro de marcas y diseños industriales. En septiembre de 2007, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) le concedió el estatus de Autoridad Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar de Patentes (ISA/IPEA, en sus siglas en inglés) con lo que en la actualidad el INPI pretende aumentar el número de patentes brasileñas en el exterior, ya que las solicitudes internacionales de patentes que se realicen en Brasil serán más simples y tendrán un coste menor.

Con relación a la protección internacional de propiedad industrial, merece destacar que Brasil es signatario de la Convención de París (para la protección de la propiedad industrial-CUP, revisión de Estocolmo) del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y del Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de ropiedad Intelectual relacionados con el comercio (TRIPS) de la OMC.

Marcas

El sistema brasileño de protección de marcas es el atributivo de la propiedad, por el cual todos los derechos resultan del registro de la marca en Brasil. Tanto es así que no se confiere ninguna protección a los titulares sin registro, aunque hayan hecho uso de la marca durante años.

No obstante, si el titular extranjero de la marca sin registro en Brasil fuese capaz de comprobar que su marca es notoriamente conocida, será posible reivindicar la protección internacional concedida por el Art.6 bis de la Convención de París, por el cual los países signatarios deben recusar las peticiones de registro o cancelar registros de marca que reproduzcan una marca notoriamente conocida o registrada en otro país signatario. Al mismo tiempo, el titular de la marca deberá solicitar el registro de su marca en Brasil para gozar de este beneficio previsto por la Convención de París.

Se puede requerir el registro de la marca como extranjera o brasileña. Las marcas extranjeras son aquellas registradas en los términos de la Convención de París, que establece un período de prioridad exclusiva de seis meses, a contar desde la fecha de solicitud en el país de origen, para que su titular requiera el registro de la misma marca en otros países signatarios de la Convención. Para el depósito de tal solicitud es necesario presentar al INPI una copia autenticada de la solicitud de marca en el país de origen o del certificado del registro.

El registro de marca en Brasil podrá ser solicitado por empresas brasileñas o extranjeras. En caso de que sea una empresa extranjera, sin reivindicación de la prioridad prevista en la Convención de París, la marca en cuestión será considerada brasileña, lo que no conlleva, por tanto, los beneficios establecidos en la citada Convención.

Hay que destacar, por otro lado, que la legislación brasileña exige que el ramo de actividad del titular de la marca en Brasil esté relacionado con los bienes o servicios cubiertos por la marca. Para solicitar el registro de la marca en Brasil, será necesario presentar una declaración jurada de que la solicitante es una sociedad debidamente constituida, según las leyes de su país de origen, para operar dentro del correspondiente ramo de actividad.

El registro de marca es concedido por un plazo de diez años desde la fecha de su concesión, prorrogable por períodos iguales y sucesivos; siendo que el período de prórroga deberá ser solicitado durante el último año de vigencia del registro.

El acceso a los formularios de solicitud de registro de marcas puede hacerse por Internet a través del formulario e-MARCAS del INPI (www.inpi.gov.br).

Patentes

Las patentes pueden ser concedidas en lo referente a la protección de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. De acuerdo con el Art. 8 de la Ley de Propiedad Industrial, las condiciones esenciales para la concesión de patentes en Brasil son:

  • Novedad absoluta
  • Aplicación industrial
  • Actividad inventiva.

Una patente se considera nueva cuando su objeto no está comprendido en el “estado de la técnica”. Se entiende por estado de la técnica “todo aquello que se haga accesible al público, sea por una descripción escrita u oral, sea por uso o por cualquier medio, inclusive el contenido de patentes en Brasil y en el extranjero, antes del depósito de la solicitud de patente”. Se exceptúa el caso en que la garantía de prioridad hubiera sido solicitada antes o que la reivindicación de prioridad hubiera sido comprobada según los términos de la Convención de París.

La solicitud de patente depositada en un país miembro de la Convención de París podrá ser depositada en Brasil, en los plazos previstos por la Ley de Propiedad Industrial: un año para patentes de invención y modelos de utilidad, y seis meses para patentes de diseños industriales.

Respecto al plazo de duración de la patente, éste es de 20 años para las patentes de invención, 15 años para los modelos de utilidad y 10 años, prorrogables por tres períodos sucesivos de 5 años, para los diseños industriales; contándose estos períodos desde la fecha de depósito.

Desglose de los sectores más importantes para la inversión española

Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Barreras de entrada para inversores españoles

Existen una serie de sectores en los que la inversión extranjera está prohibida o limitada. Destacan las limitaciones para la prestación de servicios de abogados, arquitectos e ingenieros, dada la imposibilidad de reconocimiento de su titulación y las importantes barreras que imponen los colegios profesionales para reservar el mercado a los profesionales y empresas brasileñas. El acceso a la financiación del BNDES por parte de empresas brasileñas de capital extranjero también está limitado a ciertos sectores (los considerados de interés nacional).