Barreras de entrada para inversores españoles

Varias empresas han manifestado su descontento por la excesiva burocracia o poca transparencia de la administración. Denuncian, por un lado, un marco legal poco desarrollado (p.e. servicios municipales) que fomenta la inseguridad jurídica, la aplicación discrecional de las normas y la descoordinación entre diferentes instancias administrativas. También hay sectores sobre-regulados, como el de seguros, o reservados o restringidos para la inversión extranjera, como energía o telecomunicaciones, aunque este último se abrirá casi por completo una vez se reforme la Ley de Inversiones Extranjeras en virtud de la reciente reforma de telecomunicaciones. Además, algunas empresas han denunciado la intensificación en los medios de comunicación de mensajes y comentarios desfavorables sobre la presencia española en México.

Régimen de franquicias

Aunque no existe una regulación específica en México sobre las franquicias, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 142, 142-bis, 142-bis1, 142-bis2 y 143-bis 3 hace referencia expresa a estos modelos de negocio y a los elementos que debe contener un contrato en esta modalidad. (Ley Propiedad Industrial http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf y su reglamento http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPI.pdf).

Así, la ley establece que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

En relación con el contrato, el artículo 142-bis identifica los elementos que como mínimo deben recogerse en el mismo, entre otros:

 I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;

 II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;

 III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;

 IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;

 V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

 VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

 VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

 VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;

 IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;

 X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;

 XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y

 XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante, en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario. Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

 En definitiva, el contrato de franquicia debe estar hecho a la medida de cada empresa considerando el producto o servicio que se vaya a comercializar y deberá establecer claramente sus obligaciones así como los riesgos que asuma cada una de las partes.

 En la página de la Asociación Mexicana de Franquicias se puede encontrar información de interés sobre el sector.

 http://franquiciasdemexico.org/

Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La propiedad industrial se configura como uno de los activos más importantes de la empresa por lo que es vital, antes de introducirse en un nuevo mercado, asegurar su correcta protección.

Marco legal

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) de 1991 y su reglamento, y la institución creada por dicha Ley, y encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (www.impi.gob.mx)De acuerdo con la LPI, el IMPI tiene entre otras atribuciones la de fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a las creaciones o innovaciones de aplicación industrial y comercial que realizan individuos o empresas para diferenciar sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. En México esta protección es válida sólo en el territorio nacional y su duración depende de la figura jurídica para la que se solicite.

Las modalidades de propiedad industrial existentes en México confieren su protección por medio de:

- Otorgamiento de patentes de invención.

- Registro de modelos de utilidad.

- Registro de diseños industriales.

- Registro de marcas.

- Registro de marcas colectivas

- Registro de avisos comerciales.

- Publicación de nombres comerciales.

- Declaración de protección de denominaciones de origen.

- Regulación de secretos industriales.

En general, las solicitudes de inscripción pueden presentarse en el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los diferentes Estados de la República. Las solicitudes deberán presentarse escritas a máquina o letra legible, y redactadas en idioma español. El procedimiento suele tomar aproximadamente 6 meses, si los documentos anexados a la solicitud son correctos y si por parte del IMPI no se plantea alguna objeción. Por ello es recomendable, antes de iniciar los trámites, solicitar una “búsqueda de anterioridades” con el fin de verificar en la Base de Datos del IMPI si existen antecedentes similares o que puedan llevar a confusión.

Tratándose de los procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, e infracción, su substanciación o tramitación se regirá por el Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA)  y de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) , que es un ordenamiento que la misma LPI señala como de aplicación supletoria; esto es, a falta de disposición legal expresa de la LPI (en cuanto a tramitación de los procedimientos: términos o plazos, desahogo de pruebas, etc.), podrá ser aplicado el CFPC.

Por tratarse de problemas jurídicos que pueden afectar a los derechos de los particulares, es recomendable que las solicitudes y gestiones relacionadas con este asunto sean elaboradas por un especialista en derecho de la propiedad industrial.

México forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha suscrito el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, en el marco de la OMC. En lo que atañe a las patentes, es miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Por lo que se refiere a las marcas, ha suscrito el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). También forma parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Marcas

Concepto y clases

En México no rige el principio registral y el registro de la marca no es obligatorio para comercializar productos ni prestar servicios. Los derechos de la marca se inician con el uso de la misma, pero obviamente es muy recomendable proceder al registro, que otorga a su titular derecho a su uso exclusivo así como protección en caso de uso no autorizado por un tercero.

Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Existen cuatro tipos de marcas:

Nominativas: son aquéllas que identifican el producto o servicio mediante una palabra o conjunto de palabras.

Innominadas: son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

Mixtas: son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

Tridimensionales: son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

Además, dentro del régimen administrativo de los signos distintivos, existen también otras formas de protección:

  • Marcas colectivas: Pueden registrarse como tales los signos distintivos que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.
  • Nombre comercial: Cualquier denominación que sirva para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida la clientela efectiva. Tanto el nombre comercial como su uso están protegidos en la zona en cuestión sin necesidad de registro, si bien puede solicitarse al IMPI su publicación en la Gaceta, lo cual tiene por efecto establecer la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre.
  • Aviso comercial: Podrán registrarse como tales las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público productos, servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente.

Es importante resaltar que el registro de la marca es nacional, y que no se permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.

Vigencia de la marca

Las marcas deben usarse tal y como fueron registradas. La vigencia de los registros de una marca o un aviso comercial, así como de la publicación en la Gacetade un nombre comercial, es de diez años a partir de la fecha en que se dio por presentada la solicitud.

Las marcas, avisos y nombres comerciales pueden renovarse por períodos iguales indefinidamente. El plazo de solicitud de renovación es dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

Caducidad y nulidad

La marca caducará si no se solicita la renovación dentro del plazo establecido, o cuando la marca no sea usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

La marca será anulada en los siguientes casos:

  • Cuando se haya otorgado contraviniendo la LPI.
  • Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
  • Cuando el registro se hubiera otorgado sobre la base de datos falsos en la solicitud.
  • Cuando el registro fue concedido por error y existe otra marca igual o semejante.
  • Cuando una marca ya registrada en el extranjero sea registrada en México sin el consentimiento expreso de su titular.  
  • La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación

Transmisión de derechos y licencias

Los derechos derivados de marcas registradas pueden ser transmitidos, si bien para que ello produzca efectos frente a terceros la transmisión ha de ser inscrita en el IMPI. La solicitud de inscripción podrá ser presentada por el titular cedente o por el cesionario.

La concesión de licencia a un tercero para autorizar el uso de una marca a dos o más personas, deberá inscribirse en el IMPI.

Patentes y modelos de utilidad

Patentes de Invención

Las solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad y diseños industriales se pueden presentar ante el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, en los diferentes Estados de la República. Todas las solicitudes deben presentarse por escrito y en idioma español.

Se considera “invención” toda creación intelectual que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial. Para la expedición del Certificado Oficial de los Derechos de la Propiedad Industrial en Materia de Invenciones como patente, se requiere que la invención cumpla los siguientes requisitos:

  • Novedad: Se considera nuevo a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, es decir, en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.
  • Actividad Inventiva: Es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.
  • Aplicación Industrial: Es la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la actividad económica.

La vigencia del derecho exclusivo de explotación, a partir de la fecha de solicitud, es de 20 años.

La invención sólo está protegida contra el uso no autorizado por su titular en México. La protección jurídica de los derechos de propiedad industrial únicamente se otorga en el país en el que es solicitada y concedida. Si se desea la misma protección jurídica en el extranjero, se puede presentar una solicitud internacional en el contexto del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) del que México es miembro desde 1995 (también España es miembro). El PCT permite, principalmente, unificar el trámite inicial de presentación de las solicitudes con la finalidad de economizar y facilitar la concesión.

Modelos de utilidad

Se entiende por “modelo de utilidad”cualquier objeto, utensilio, aparato o herramienta que, como resultado de una modificación en su configuración, su forma o estructura, o de la disposición de sus elementos o partes, permita realizar una función diferente o presente ventajas en cuanto a su utilidad. Para obtener el Certificado de Registro de Modelo de Utilidad, se requiere lo siguiente:

  • La estructura, forma o disposición de las partes del objeto, utensilio, aparato, herramienta debe ser nueva, es decir, anteriormente desconocida (novedad mundial).
  • El objeto, utensilio, herramienta o aparato debe ser utilizado o producido en la industria (explotación industrial).

La vigencia del derecho exclusivo de explotación, a partir de la fecha de solicitud, es de 10 años.

El diseño industrial: dibujo y modelo

Los diseños industriales comprenden:

- Dibujo Industrial es toda disposición de líneas y/o colores "aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados".

- El Modelo Industrial protege formas tridimensionales en tanto que el Dibujo Industrial protege formas bidimensionales.

Para poder registrarse, el dibujo o modelo debe ser "nuevo" u "original", es decir no debe tenerse conocimiento de que haya existido anteriormente un dibujo o modelo idéntico o muy similar. El plazo de protección es de 15 años (Artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial). Por lo general, la protección de los dibujos o modelos industriales se limita al país que concede la protección. De conformidad con el Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, existe un procedimiento para realizar una solicitud internacional. Un solicitante puede presentar una única solicitud internacional ante la OMPI o la Oficina nacional de un país que sea parte en el tratado en cuyo caso, el dibujo o modelo industrial estará protegido en tantos estados parte del tratado como desee.

Las solicitudes de registro de diseño industrial en México se pueden presentar ante el IMPI en las Oficinas Centrales o Regionales o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía (SE) en los diferentes Estados de la República. Toda solicitud debe presentarse en forma escrita y redactada en idioma español.

Las solicitudes de registro de diseño industrial pueden ser solicitadas por el inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. Además, en ambos casos pueden ser solicitadas a través de un representante legal (apoderado o mandatario).

Los documentos básicos para la presentación de solicitudes son:

1. Solicitud debidamente llenada y firmada en triplicado.

2. Comprobante del pago de la tarifa

3. Descripción del diseño y reivindicación por triplicado.

4. Dibujo (s) o fotografías (s) por triplicado.

5. Carta Poder original, en caso de que la solicitud sea presentada por medio de un representante legal

Denominaciones de origen

Es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto obtenido en la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio natural y humano.

En México existe, al igual que en España, un mecanismo de protección de denominaciones de origen ante el IMPI, registrándolas como marca o como D.O., sin embargo, no podemos decir que esa protección sea efectiva. En la práctica, se utilizan indicaciones tales como “género”, “tipo” u otras similares que ocasionan confusión en el consumidor sobre el origen de los productose implican una competencia desleal.

Respecto de las denominaciones de origen de bebidas espirituosas cabe destacar que México suscribió en 1997 un acuerdo con la UE para su protección. Se encuentra en vigor desde agosto de ese año.

Secretos industriales

Secreto industrial es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o jurídica con carácter confidencial, que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. No se considerará secreto industrial si es información de dominio público o evidente para un técnico en la materia.

La persona que guarde un secreto industrial puede transmitir su uso o autorizar su uso a un tercero, quien tendrá la obligación de guardarlo, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause con su revelación.

Trámites de registro de marcas y patentes

Registro de marcas

La solicitud de registro de una marca se lleva a cabo ante el IMPI. Debe presentarse en formulario oficial (se pueden consultar en la página Web del IMPI), escrito a máquina o con letra legible y redactado en idioma español, en original y copia debidamente firmadas, indicando los siguientes datos:

- Solicitantes:

  • Nombre de la persona física, jurídica (con copia del acta de constitución de la sociedad) o asociación (si se trata de marca colectiva).
  • Nacionalidad.
  • Domicilio del primer solicitante, ya que si son varios los solicitantes y no actúan por medio de apoderado, ese domicilio es el que se utilizará para notificaciones.

- Apoderado, en su caso:

  • Nombre del apoderado o apoderados.
  • Número con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General de Poderes del IMPI (siempre y cuando se encuentre registrado el poder).
  • Domicilio para notificaciones en el territorio nacional.

La solicitud puede llevarse a cabo también mediante un mandatario, presentando carta poder simple suscrita ante dos testigos, si es persona física.

- Signo distintivo:

  • Debe indicarse el tipo de marca que se solicita (nominativa, innominada, etc.)
  • Fecha del primer uso de la marca (a falta de indicación se presumirá que la marca no se ha usado).

- Productos o servicios y clases:

  • Se deben indicar los productos o servicios para los que se solicita la marca y el número de la clase a que pertenecen. El número de clase será el que corresponda según la clasificación internacional de Niza, y sólo podrá indicarse una clase.
  • Se pueden incluir dos o más productos o servicios siempre que pertenezcan a la misma clase.

- Etiquetas de signo distintivo:

  • Con la solicitud se deben presentar laetiqueta de tamaño no mayor de 10,10, ni menor de 4,4cm, en la que figure impresa la marca.  Por el solo hecho de presentar la solicitud, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparece en el ejemplar de la etiqueta.
  • En el caso de marcas tridimensionales, deben presentarse impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias (no mayores de 10,10, ni menores de 4,4 cm.), en las que aparezca la marca tridimensional en lostres planos: frente, perfil y transversal.

- Ubicación del establecimiento: Hay que señalar en el recuadro correspondiente el tipo de establecimientoy el domicilio donde se fabriquen o comercialicen productos o se presten servicios al amparo de la marca o marca colectiva que se desea registrar (esto, en caso de que exista).

- Leyendas y figuras no reservables: Se indicarán las palabras y/o figuras que, conforme a la LPI, no son reservables, por ejemplo: “Hecho en México”, “talla”, “ingredientes”, “contenido”, ®,etc.

- Prioridad reclamada (en su caso): Cuando se solicite un registro de marca en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes a haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse por parte del IMPI como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en el país en el que fue presentada primero. Para ello es necesario que se presente la solicitud en México, señalando los mismos productos o servicios para los que se presentó la primerasolicitud cuya prioridad se reclama, e indicar el número que le fue designado, país y fecha.

 - Tarifa: La solicitud de registro deberá ir acompañada por el comprobante de pago de la tarifa correspondiente (el pago se hace vía ingreso bancario), y de los demás documentos requeridos. Deberá ir firmada por el solicitante o, en su caso, por el apoderado, indicando lugar y fecha.

Una vez presentada la solicitud, el IMPI lleva a cabo un primer examen denominado examen de forma, de modo que si los documentos son correctos, de forma inmediata la solicitud entrara al segundo estudio, denominado Examen de fondo. En caso de que el IMPI considere que la documentación y/o datos asentados en la solicitud no son correctos, o se encuentran incompletos, éste emitirá un oficio requiriendo al solicitante para que enmiende la solicitud en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que dicho oficio sea notificado al interesado.

Como segundo paso, el IMPI lleva a cabo un estudio de la marca para verificar si es registrable. Si del examen resulta que existen impedimentos o anterioridades, el IMPI emitirá un oficio requiriendo al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga, para lo cual  se concederá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que dicho oficio sea notificado al interesadoel cual puede ampliarse en otros dos meses si se comprueba que el interesado ha satisfecho la tarifa correspondiente.

Es importante destacar que si el interesado no responde a los requerimientos en el plazo inicial o adicional, o no presenta comprobante del pago de las tarifas correspondientes, la solicitud se entenderá abandonada. El costo por el registro de una marca es de  aproximadamente 2.303,33pesos mexicanos más IVA.

Cuando no haya impedimentos y/o hayan sido subsanados los existentes, se procederá a expedir el título correspondiente.

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deben ser publicadas en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional, la OMPI administra un sistema internacional de registro de marcas, basado en dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid, al cual México se adhirió en febrero de 2013.. Una persona que tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos los países de la Unión de Madrid. Actualmente, más de 60 países son parte de uno o ambos acuerdos.

Registro de patentes 

Las solicitudes de registro de patentes pueden ser presentadas por el inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. Además, en todos los casos pueden ser presentadas a través de un representante legal. Los documentos básicos para la presentación de solicitudes son:

- Solicitud debidamente cumplimentada y firmada (cuatro copias).

- Comprobante del pago de la tarifa.

- Descripción de la invención (por triplicado).

- Reivindicaciones (por triplicado).

- Dibujo técnico (por triplicado), cuando se requiera.

- Resumen de la descripción de la invención (por triplicado).

Presentación de la solicitud: Para obtener una patente deberá presentarse una solicitud escrita ante el IMPI o las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y el solicitante, la nacionalidad de éste, la denominación de la invención y los demás datos que se establecen en la Ley. Además, deberá exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Fecha de presentación: Se considerará fecha de presentación aquélla en que sea presentada la solicitud escrita en el IMPI o en cualquier Delegación o Subdelegación de la Secretaría de Economía, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos.

Documentos:

- Descripción de la invención: Ha de ser clara y completa, debiendo incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.

- Una o más reivindicaciones claras: Son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. La reivindicación deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o la tecnología anterior.

- Resumen de la descripción de la invención: Su función es dar una información breve sobre la invención, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención.

- Dibujos que se requieran para la comprensión de la invención: Deberán ir explicados en la descripción.

Una vez presentada la solicitud, el IMPI procederá al examen de forma requiriendo al interesado la información necesaria para que subsane los errores u omisiones. Una vez cumplidos los requisitos de forma, se procederá a la publicación de la solicitud.

Una vez publicada, el IMPI llevará a cabo el examen de fondo, pudiendo solicitar el examen que hayan realizado oficinas extranjeras. Una vez otorgada  la patente, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante, para que en el plazo de dos meses cumpla con los requisitos para su publicación y con el pago de la tarifa por expedición del título.

La patente otorgada deberá publicarse en la Gaceta.

Se puede ampliar la información sobre propiedad industrial en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) www.impi.gob.mx

Convenios internacionales suscritos por México.

Propiedad Industrial: Convenio de Parísy Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (OMC).

Marcas: Acuerdo de Viena.

Patentes: Tratado de Cooperación en Materia de Patentes yArreglo de Estrasburgo.

Derechos de Autor: Convenio de Berna, Convenio de Roma y Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (ratificado pero aún no en vigor).

Denominaciones de origen: Arreglo de Lisboa

Adicionalmente existe un capítulo específico en materia de Propiedad Intelectual en prácticamente todos los Tratados de Libre Comercio que ha firmado México y que se pueden consultar en:

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/ seleccionar: acuerdos y tratados comerciales

 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos

Tipos de sociedades. Formalidades de constitución

5.4.2  TIPOS DE SOCIEDADES. FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN.

Existen cuatro formas reconocidas por la legislación mexicana para llevar a cabo un proyecto de inversión extranjera que implica el establecimiento de una empresa o un acuerdo, que se explican detalladamente a lo largo de este capítulo:

  • Oficina de Representación.
  • Sucursal
  • Sociedad Mercantil
  • Joint Venture

En este apartado se resumen algunos aspectos de interés para el inversor español relacionados con la constitución de una sociedad en México.

En primer lugar se abordan los aspectos más importantes relacionados con el establecimiento de una oficina de representación en México y después, los tres tipos de sociedades mercantiles que pueden ser de mayor interés para el inversor español, la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S de R.L.)  la Sociedad Anónima (S.A.) y la Sociedad Anónima Promotora de Inversión y por último la Joint Venture o Asociación.

Establecimiento de una oficina de representación en México

Como se indicó en el epígrafe anterior, existen dos tipos de oficinas de representación:

Sucursal u oficina de representación con ingresos

Una sucursal (oficina de representación con ingresos) es una persona jurídica extranjera a la que la legislación mexicana le ha reconocido esa personalidad. Puede realizar todo tipo de operaciones mercantiles, salvo aquéllas que estén reservadas a las empresas mexicanas (y que, sin embargo, sí podría realizar una filial/sucursal constituida conforme a la ley mexicana).

Para que puedan operar y ser reconocidas como empresas extranjeras en México, las sucursales deben solicitar la autorización a la Secretaría de Economía (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras) y, una vez otorgada ésta, podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio de la plaza en la que se establezcan. Al tratarse de una sociedad extranjera, lo que se inscribe es el Acta de Constitución de la misma y los poderes de sus representantes. La empresa se reconocerá si está válidamente constituida conforme a sus leyes nacionales.

Para la autorización de la Secretaría de Economía se deberá acreditar:

- Que la persona jurídica está constituida conforme a las leyes de su país.

- Que la escritura constitutiva y los estatutos sociales no son contrarios a las disposiciones de orden público de la legislación mexicana.

Una vez otorgada la autorización, ésta se publica en el Diario Oficial de la Federación y con ésta, como se ha dicho, ya se puede proceder a la inscripción de los estatutos de la sociedad en el Registro Público de Comercio de la plaza en la que se establezca. Una vez realizada dicha inscripción, la sucursal estará facultada para desarrollar actos de comercio en la República Mexicana.

La empresa se regirá en su funcionamiento por sus leyes internas, que serán sus estatutos y la Ley conforme a la cual se haya constituido (por ejemplo, si se trata de una S.A. española, se regirá por la legislación española en la materia).

Con la inscripción en el Registro Público de Comercio se podrá solicitar y obtener el número de identificación fiscal (RFC, equivalente al NIF). Si la sucursal va a realizar actividades de importación, debe inscribirse además en el padrón de importadores. Aunque pagará impuestos en México, se considerará a todos los efectos como una sociedad extranjera. Para la repatriación de beneficios habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Convenio Bilateral para Evitar la Doble Imposición entre México y España.

Excepciones a la autorización.

La Secretaría de Economía emitió la Resolución General por la que se amplía el Criterio Establecido para la Aplicación del Artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera Relativo al Establecimiento de Personas Morales Extranjeras en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2014.

De acuerdo con la citada Resolución, su objeto es favorecer las condiciones para hacer negocios en México, para lo cual simplifica requisitos a personas morales extranjeras que se pretendan establecer en México para suministrar un servicio, siempre y cuando la persona moral se haya constituido en un país que es miembro de la Organización Mundial de Comercio y que se listan en el Anexo 1 a dicha Resolución, de la cual el reino de España es miembro.

La simplificación consiste en que la persona moral deba presentar a través de un representante legal, un escrito bajo protesta de decir verdad que:

- la persona jurídica está constituida conforme a las leyes de su país.

- la escritura constitutiva y los estatutos sociales no son contrarios a las disposiciones de orden público de la legislación mexicana.

 

Oficina de representación sin ingresos

Esta persona jurídica extranjera no realiza operaciones mercantiles: es una entidad de mera representación de sociedades extranjeras, y tiene como única finalidad proporcionar servicios informativos y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios que presta su matriz en el exterior. Este tipo de oficinas requiere autorización de la Secretaría de Economía para establecerse en México, no requiere inscripción en el Registro Público de Comercio, y sólo deberá tramitar su alta ante la Secretaría de Economía y, en caso de que tenga personal contratado, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Requiere para su funcionamiento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes que mantiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior con objeto de que pueda abrir y mantener cuentas bancarias en la República Mexicana y cumplir sus obligaciones fiscales como retenedor, respecto del personal que emplee.

También requiere de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en general ante las demás autoridades relacionadas con los trabajadores.

Los pasos a seguir para el establecimiento de la oficina, son que se protocolicen ante Notario Público los estatutos sociales de la entidad Española, así como de los apoderados que realizarán actividades en México, una vez que dichos documentos hayan sido apostillados en el país de origen (España). Estos documentos servirán principalmente para presentarlos ante cualquier tercero o autoridad en la República Mexicana.

De conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, las sucursales podrán ser declaradas en concurso mercantil. La declaración únicamente comprenderá los bienes y derechos localizados y exigibles, según sea el caso, en el territorio mexicano y a los acreedores por operaciones realizadas con dichas sucursales. De lo anterior debe entenderse que ningún acreedor mexicano que tuviere derechos de crédito respecto de la sucursal podrá exigir cantidad alguna a la matriz en España.

Sociedad de responsabilidad limitada (S. de R.L.)

Capital mínimo

El capital social mínimo será el que se establezca en el contrato social y debe estar íntegramente suscrito. El 50% del valor de cada parte social debe desembolsarse en efectivo en el momento de la suscripción. El capital puede estar suscrito en un 100% por extranjeros, salvo en aquellos casos en los que su participación esté limitada o prohibida por la LIE, en los casos señalados en el numeral 5.1. anterior..

El capital social está dividido en partes sociales, las cuales no  estan representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo pueden ser transferibles en los casos previstos por la LGSM y el contrato social.

Los aumentos o disminuciones del capital social se realizarán mediante aprobación en Asamblea Extraordinaria de Socios. Sin embargo, no podrá disminuirse el capital social a menos del importe mínimo exigido en los estatutos sociales. Tratándose de ampliaciones de capital, los socios gozan de derecho preferente para suscribir las partes sociales emitidas con motivo de las mismas. Este derecho es renunciable e incluso puede suprimirse, si así se establece en el contrato social.

Socios

La LGSM exige un mínimo de 2 y un máximo de 50 socios para constituir una S. de R. L.

La transmisión de las partes sociales se efectúa mediante cesión y ésta solo puede llevarse a cabo por acuerdo de una Asamblea Extraordinaria de Socios. En tal caso, los socios tienen derecho de tanteo (derecho de preferencia que ocasiona la nulidad total si es desatendido) si se ha autorizado la cesión a una persona extraña a la sociedad. Este derecho debe ejercerse en los 15 días posteriores a la autorización por la Asamblea.

La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones se aprueban por mayoría de votos de los socios que representen cuando menos el 50% del capital social, salvo que el contrato social establezca una mayoría más elevada. Para modificar el contrato social se requiere de la aprobación del 75% del capital social, y para el cambio del objeto social o de las reglas que determinen un aumento de las obligaciones de los socios, se requiere la unanimidad de votos, salvo pacto en contrario.

La S.de R.L. está obligada a llevar un libro de registro de socios en el que constarán el nombre y domicilio de cada uno con la indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales, en su caso.

Administración

La administración de la S. de R.L. se delega en uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Cuando son varios, forman un Consejo de Gerentes.

El Consejo de Gerentes puede reunirse en cualquier momento y funcionará válidamente con la mayoría de sus integrantes. Sus decisiones se toman por mayoría de los presentes.

Vigilancia

Podrá haber uno o más socios o personas ajenas a la sociedad que se encarguen de la vigilancia de los actos de los gerentes.

Sociedad anónima (S.A.)

Capital mínimo

El capital social mínimo exigido es el que establezca el contrato social y debe estar íntegramente suscrito. El 20% del valor de cada acción debe exhibirse en efectivo. El capital puede estar suscrito en un 100% por extranjeros, salvo que la LIE restrinja o prohíba las actividades de la empresa a los extranjeros. Los estatutos deberán hacer constar la forma y términos en que deba desembolsarse la parte restante de las acciones. Aunque no se establece ningún plazo para la amortización de las acciones en efectivo, si se dispone que:

- No pueden emitirse nuevas acciones hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas.

- Las acciones pagadas en su totalidad o en parte mediante aportaciones en especie deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años.

Los estatutos deben especificar las condiciones para todo aumento o disminución de capital, así como el capital mínimo, que nunca podrá ser inferior al mínimo establecido en los estatutos sociales.

Las acciones pueden pagarse en efectivo o en especie. En este último caso, se requiere que los bienes aportados permanezcan depositados en la sociedad un mínimo de dos años, y si su valor disminuye en dicho plazo en un 25% o más del valor por el cual fueron aportados, el accionista cubrirá la diferencia.

No existe límite para el endeudamiento de la sociedad con relación a su capital social. En caso de pérdida de capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse el reparto o asignación de beneficios. Cabe señalar, además, que el reparto de beneficios no podrá hacerse mientras no hayan sido restituidas, o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social.

Accionistas

La LGSM exige un mínimo de dos socios, que deben suscribir una acción al menos cada uno. Los accionistas pueden ser personas físicas o jurídicas y de cualquier nacionalidad.

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Puede acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones deben ser cumplidas por la persona que ella misma designe o, a falta de designación, por el administrador o el Consejo de Administración. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias.

- Asambleas ordinarias: Se reúnen al menos una vez al año dentro de los cuatro meses que siguen a la clausura del ejercicio social y se ocupan, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de:

· Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores.

· Nombrar administrador, o al Consejo de Administración, y a los comisarios.

· Determinar la remuneración de los administradores y comisarios si ésta no se ha fijado en los estatutos.

- Asambleas extraordinarias: Son aquéllas que se celebran para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

· Prórroga de la duración de la sociedad y disolución anticipada.

· Aumento o reducción del capital social.

· Cambio de objeto social.

· Cambio de nacionalidad de la sociedad.

· Transformación y fusión de la sociedad.

· Emisión de acciones privilegiadas.

· Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones preferentes.

· Emisión de bonos.

· Cualquier otra modificación del contrato social.

· Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social requieran un quórum especial.

Lugar y método de convocatoria de las Asambleas: Tanto las Asambleas ordinarias como las extraordinarias deben celebrarse en el domicilio social de la empresa, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Respecto a los requisitos formales, la convocatoria debe publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con la anticipación que fijen los estatutos o, en su defecto, 15 días antes de la fecha de la reunión. La convocatoria podrán hacerla el administrador, los administradores o comisario, cuando les sea solicitado por los accionistas que representen al menos el 33% del capital social (por escrito) y tratar los asuntos que indiquen en su escrito.

El sistema electrónico de publicación de sociedades mercantiles administrado por la Secretaria de Economía, fue establecido a partir de las reformas a la LGSM de 2014. Las características y requisitos para su funcionamiento fueron establecidos por la Secretaría de Economía, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2015.

También puede solicitarlo a los administradores o Comisario el titular de una sola acción en los siguientes casos:

· Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos.

· Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos establecidos para las juntas ordinarias.

- Normas relativas a quórum y voto:

· Asamblea ordinaria: Para que se considere legalmente reunida en primera convocatoria, deberá estar representada al menos la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En segunda convocatoria, la junta se constituirá y resolverá los asuntos del orden del día cualquiera que sea el capital presente.

· Asambleas extraordinarias: Salvo que el contrato social fije una mayoría más elevada, en las juntas extraordinarias deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital social. Las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social. En segunda convocatoria, la asamblea se celebrará sólo si está presente al menos la mitad del capital que debe aprobar las decisiones.

- Representación: Un accionista puede ser representado por un mandatario que pertenezca o no a la sociedad. La representación deberá conferirse en la forma que establezcan los estatutos y en su defecto por escrito. No pueden ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la sociedad.

Administración

El órgano ejecutivo de dirección y administración de una S.A. lo constituyen su administrador o administradores. Cuando los administradores sean dos o más, formarán el Consejo de Administración. El nombramiento de los administradores deberá figurar en la escritura. No se requerirá la calidad de accionista para ser nombrado administrador de una S.A.; no podrán serlo aquellas personas que conforme a la ley estén inhabilitadas para el comercio.

El nombramiento de los administradores lo lleva a cabo la asamblea de accionistas. Cuando el Consejo de Administración conste de tres o más personas, los accionistas minoritarios que representen el 25% del capital (10% si la sociedad cotiza en Bolsa) nombrarán al menos un consejero. El nombramiento puede inscribirse en el Registro Público de Comercio.

La duración del mandato de los administradores se fijará en los estatutos, debiendo tener carácter temporal. La junta de accionistas puede destituir libremente y en cualquier momento a los administradores.

A continuación se reseñan algunas de las características especiales del Consejo de Administración de una S.A.:

- Facultades del Consejo de Administración:

El Consejo es el órgano de administración de la sociedad.

· El cargo de administrador es personal y no podrá desempeñarse por medio de representante.

· El Consejo podrá nombrar entre sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. A falta de designación especial, la representación corresponderá al Presidente del Consejo. Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el consejero nombrado en primer lugar y, en su defecto, el que le siga en el orden de designación.

- Adopción de acuerdos por el Consejo:

· Para que el Consejo delibere legalmente deberán estar presentes por lo menos la mitad de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por mayoría de los asistentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad.

· En los estatutos se podrá prever que las resoluciones adoptadas fuera de sesión del Consejo, por unanimidad de sus miembros, tengan a todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito.

- Responsabilidad de los administradores: Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad:

· De la realidad de las aportaciones hechas por los socios.

· Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios respecto de los dividendos que se paguen a los accionistas.

· De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la Ley.

· Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas.

Los administradores serán solidariamente responsables con los que los hayan precedido en el cargo por las irregularidades en que éstos hubiesen incurrido si, conociéndolas, no las denuncian por escrito a los comisarios. No será responsable el administrador que, estando exento de culpa, haya mostrado su disconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto de que se trate.

- Poderes: La asamblea general de accionistas, el Consejo de Administración o el administrador único podrán nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean estos accionistas o no. Los gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran y no necesitarán de autorización especial para los actos que ejecuten, gozando dentro de sus atribuciones de las más amplias facultades de representación y ejecución.

Acciones

Las acciones de una S.A. están siempre representadas por títulos nominativos (nunca al portador), tienen igual valor y confieren iguales derechos, si bien en el acta fundacional de la sociedad cabe dividir el capital en varias clases de acciones con derechos especiales. Los datos que deben figurar en las acciones son:

a) Nombre, nacionalidad y domicilio del accionista.

b) Denominación, domicilio y duración de la sociedad (se recomiendan 99 años).

c) Fecha de constitución de la sociedad y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

d) Importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones (salvo que en el contrato fundacional de sociedad se prevea que no conste este).

e) Desembolsos que sobre el valor de la acción haya efectuado el accionista, o la indicación de estar liberada.

f) Serie y número de la acción o del certificado provisional.

g) Derechos y obligaciones del tenedor de la acción y, en su caso, indicación de la limitación del derecho de voto.

h) Firma de los administradores que deban suscribir el documento.

- Bonos de fundador: No son acciones, sino títulos especiales que consisten en una participación concedida a los socios fundadores (no se computan en el capital social) en las ganancias anuales. El máximo es del 10%, que sólo se pagará una vez que se haya entregado a los accionistas un dividendo del 5% sobre el valor desembolsado de sus acciones. La duración temporal de estos bonos será de un máximo de 10 años.

- Acciones ordinarias / Acciones de voto limitado: Las acciones ordinarias son aquéllas que confieren derecho a voto en todas las asambleas. Las acciones de voto limitado pueden aparecer recogidas en el contrato social como aquéllas que confieren derecho de voto únicamente en algunos asuntos en las asambleas extraordinarias. Las acciones de voto limitado gozan de preferencia de pago frente a las ordinarias y además podrá estipularse en el contrato social que reciban un dividendo superior al de las ordinarias.

- Acciones de trabajo: Cuando así se establezca en el contrato social, podrán emitirse acciones especiales en favor de personas que presten servicios a la S.A. En ellas deberá incluirse la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les correspondan.

- Registro de acciones: Las S.A. están obligadas a llevar un libro de registro de acciones con los datos de los accionistas y del número de acciones que poseen, así como de las transmisiones de las mismas que se realicen. Adicionalmente, la legislación fiscal exige que conste el número de identificación fiscal del accionista. Tratándose de accionistas residentes en el extranjero o de nacionalidad extranjera, éstos podrán optar, en lugar de obtener su RFC en México, porque la sociedad proporcione un informe anual (a 31 de marzo de cada año) en la que indique su nacionalidad, residencia y el NIF que les corresponda en su país de residencia.

- Certificados provisionales: Los títulos que representan las acciones deberán expedirse en un plazo que no exceda de un año desde la fecha del contrato de sociedad. Mientras se entregan los títulos pueden expedirse certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos en su momento.

Derechos básicos de los accionistas:

· Derecho a participar en las ganancias (beneficios) de la sociedad, en la proporción correspondiente.

· Derecho de suscripción preferente de nuevas acciones en caso de aumento del capital social.

· Derecho de asistencia y voto en las juntas de accionistas (salvo acciones de voto limitado) y a impugnar los acuerdos sociales.

· Derecho a obtener información sobre los asuntos de la sociedad.

-      Derecho a incluir en los estatutos sociales, estipulaciones para:

 1. Imponer restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos, respecto a las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la LGSM.

2. Establecer causas de exclusión de socios o para ejercer el derecho de separación, de retiro, o bien para amortizar acciones, en adición a lo dispuesto por la LGSM.

3. Permitir emitir acciones distintas a las señaladas en la LGSM (sin derecho a voto o voto restringido, derechos de veto, o restricción o ampliación a la participación en las utilidades.

4. Mecanismos de salida en caso de que exista un impasse en la toma de decisiones.

5. Ampliar, limitar o negar derechos de suscripción en caso de aumentos de capital social, sin que aplique el artículo 132 de la LGSM.

6. Limites la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y directivos.

-Derecho a convenir entre ellos:

Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de acciones, con ciertas condiciones establecidas en la LGSM, obligaciones de no competencia, acuerdos sobre el ejercicio del derecho a voto.

 

Vigilancia

La vigilancia de la S.A. está a cargo de uno o varios comisarios, quienes pueden ser socios o personas ajenas a la sociedad.

Las facultades y obligaciones que otorga la LGSM a los comisarios radican principalmente en la comprobación de la información financiera anual que preparan los administradores. Están obligados a presentar anualmente a la asamblea de accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad (acordes con los Principios Generales de Contabilidad) de la información presentada por el Consejo de Administración.

Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI)

Esta modalidad de sociedad, contemplada en la Ley del Mercado de Valores, es idéntica a la S.A.,.

De acuerdo con el artículo 12 de la LMV, las SAPI pueden constituirse con este carácter o adoptar la modalidad de SAPI.

Las cláusulas que pueden convenirse en los estatutos sociales y que por ello no les aplica lo que sobre dicho tema establece la LGSM, son:

1. Imponer restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos, respecto a las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la LGSM.

2. Establecer causas de exclusión de socios o para ejercer el derecho de separación, de retiro, o bien para amortizar acciones, en adición a lo dispuesto por la LGSM.

3. Permitir emitir acciones distintas a las señaladas en la LGSM (sin derecho a voto o voto restringido, derechos de veto, o restricción o ampliación a la participación en las utilidades.

4. Mecanismos de salida en caso de que exista un impasse en la toma de decisiones.

5. Ampliar, limitar o negar derechos de suscripción en caso de aumentos de capital social, sin que aplique el artículo 132 de la LGSM.

6. Limites la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y directivos.

Accionistas

La LMV le concede mayores derechos a los accionistas para:

1. Designar o revocar a su consejero de minorías (10%)

2. Designar Comisario (10%), siempre y cuando tengan el régimen tradicional de la LGSM.

3. Convocar a una asamblea o aplazar la votación de un asunto que no se encuentren lo suficientemente informados (10%).

4. Ejercer la acción de responsabilidad (15%).

5. Oposición Judicial (20%)

6. Celebrar convenios entre los accionistas sobre derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de acciones, con ciertas condiciones establecidas en la LMV, obligaciones de no competencia (máximo hasta 3 años), acuerdos sobre el ejercicio del derecho a voto.

Administración

Funciona igual que la S.A., sin embargo solo puede haber Consejo de Administración. El régimen de administración es optativo el que adopten las reglas establecidas para sociedades cuyas acciones cotizan en Bolsa conforme a la LMV o bien al tradicional establecido en la LGSM. Si optan por el régimen de administración previsto en la LMV, entonces deben contar con un auditor externo independiente.

Vigilancia

Igual que en la S.A., solo que como se señalo en el párrafo anterior, en caso de optar por la administración prevista en la LMV, entonces sus funciones estarán desempeñadas por el Consejo de Administración a través de los distintos comités intermedios previstos en la LMV.

Diferencias entre sucursales y sociedades y requisitos comunes a ambas

Diferencias en el tratamiento respecto de una filial

El establecimiento de una filial o sucursal dependerá de cada empresa en concreto y de las actividades que desee llevar a cabo en México. Para ello deben tenerse en cuenta las siguientes diferencias entre sucursal y filial o subsidiaria:

· La sucursal es a todos los efectos una sociedad extranjera; la filial es una sociedad mercantil mexicana, aunque tenga capital extranjero.

· La sucursal sólo puede realizar las actividades autorizadas a extranjeros al 100%; la filial puede realizar las actividades autorizadas a empresas mexicanas con la limitación establecida para sociedades con participación extranjera (tratándose de licitaciones nacionales, una sucursal no puede participar, y una sociedad mexicana con 100% de capital extranjero, sí puede participar).

Por lo demás, ambas pueden realizar todo tipo de actividades mercantiles.

Formalidades comunes relativas a la constitución de S. de R.L. y S.A.

Tanto la S. de R.L. como la S.A. se rigen por las disposiciones generales y particulares de la LGSM, y por sus estatutos, que deben contener todos los datos que se estipulan en dicha Ley. El acta de constitución de la sociedad debe especificar:

· Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o jurídicas que constituyan la sociedad.

· Objeto de la sociedad (si es ilícito, la sociedad será nula).

· Razón social o denominación (el primer caso es para la S. de R.L. y el segundo para la S.A.)

· Duración.

· Importe del capital social.

· La expresión de lo que cada socio aporte en dinero u otros bienes, el valor atribuido a estos y los criterios para su valoración.

· Domicilio de la sociedad.

· Forma de administrarse la sociedad y facultades de los administradores.

· El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social.

· Forma de distribución de las pérdidas y ganancias (beneficios) entre los miembros de la sociedad.

· Importe del fondo de reserva.

· Casos de disolución anticipada de la sociedad.

· Bases para practicar la liquidación de la sociedad.

Estos son los requisitos generales para todas las sociedades mercantiles, pero el acta de constitución de la S. de R.L. y de la S.A. debe incluir además lo siguiente:

· S. de R.L.: Suscripción del total del capital y desembolso de al menos el 50% del valor de cada parte social.

· S.A.:

- La parte desembolsada del capital social.

- El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social.

- Forma y términos en que debe pagarse la parte sin desembolsar (insoluta) de las acciones.

- Participación en ganancias (beneficios) concedida a los fundadores.

- Nombramiento de uno o varios comisarios.

- Las facultades de la asamblea general así como las condiciones para la validez de sus deliberaciones y ejercicio del derecho a voto.

- En su caso las estipulaciones que:

1. Impongan restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos, respecto a las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la LGSM.

2. Establezcan causas de exclusión de socios o para ejercer el derecho de separación, de retiro, o bien para amortizar acciones, en adición a lo dispuesto por la LGSM.

3. Permitan emitir acciones distintas a las señaladas en la LGSM (sin derecho a voto o voto restringido, derechos de veto, o restricción o ampliación a la participación en las utilidades.

4. Implementen mecanismos de salida en caso de que exista un impasse en la toma de decisiones.

5. Amplíen, limiten  o nieguen derechos de suscripción en caso de aumentos de capital social, sin que aplique el artículo 132 de la LGSM.

6. Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y directivos, siempre que no se trate de actos dolosos o mala fe o actos ilícitos.

Todos estos requisitos, junto a las demás normas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad, constituirán los estatutos de la misma.

Con carácter general, la LGSM establece además la obligación para toda sociedad de destinar anualmente como mínimo el 5% de las ganancias a la dotación de un fondo de reserva, hasta que dicho fondo represente la quinta parte del capital social. El fondo de reserva puede capitalizarse siempre y cuando se vuelva a constituir a partir del ejercicio siguiente.

Los accionistas o sus representantes deben comparecer ante fedatario público para el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad, que incluye los estatutos y las normas de funcionamiento de la sociedad. El siguiente paso es la inscripción en el Registro de Comercio de la localidad en que se ubique el domicilio social de la empresa.

Una vez constituida una sociedad, ésta debe inscribirse en varios registros, y no sólo en el de Comercio, a saber:

a) Registro Público de Comercio.

b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

c) Registro Empresarial ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), válido para cumplir con las obligaciones con el INFONAVIT, y Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR). Véase Cap. VIII.

d) Inscripción en el Padrón sobre Nóminas.

e) Inscripción en el Sistema de Información Empresarial de México (SIEM).

f) Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), cuando exista inversión extranjera o neutra en la sociedad.

g) Padrón de Importadores, cuando sea necesario.

Dependiendo del lugar donde la sociedad vaya a desarrollar sus actividades, requerirá inscribirse en los registros que las autoridades locales exijan.

En el caso de sociedades con participación extranjera, en algunos casos se requieren autorizaciones previas de diversas instituciones. El tiempo que requieren los trámites para que una sociedad pueda funcionar varía mucho, dependiendo de las distintas instancias gubernamentales que intervengan. Una vez constituida la sociedad ante el fedatario público, ésta puede celebrar contratos de todo tipo, instalación de líneas telefónicas, contrataciones y apertura de cuentas bancarias (atención: esto último no se podrá hacer hasta que no tenga su número de RFC).

Si bien la LGSM establece que las sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio gozan de personalidad jurídica, aquéllas no inscritas que se hayan dado a conocer como tales a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica. En este caso las relaciones internas de la sociedad se regirán por el contrato social respectivo o, en su defecto, por las disposiciones de la LGSM en general. A estas sociedades se las conoce como sociedades irregulares.

Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal por perjuicios a terceros. Los socios no culpables de la irregularidad podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad irregular, así como solicitar al juez que ordene su inscripción en el Registro Público de Comercio.

 Sin lugar a dudas, las dos sociedades mercantiles más comunes en México son la “Sociedad Anónima” (S.A.) y la “Sociedad de Responsabilidad Limitada” (S. de R.L.), siendo dos formas en que las PYMES pueden constituir una sociedad mercantil (con giro comercial, industrial, etc…).

En la mayoría de los casos, a estas sociedades se les incluye la abreviación “DE C.V.”, siglas que atienden a la denominación de “Capital Variable”, cuando el capital es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones. Esta es una modalidad que pueden adoptar las sociedades mercantiles, al momento de su constitución o posteriormente.

De forma más común, las para pequeñas y medianas empresas optan por la figura de la Sociedad de Responsabilidad Limitada que, si bien no presenta grandes diferencias fiscales respecto a la Sociedad Anónima, sí que ofrece una serie de ventajas y un régimen jurídico ágil y sencillo:

1)       No es necesaria la suscripción íntegra del capital social al momento de la constitución, mientras que en la S.A., se debe exhibir en dinero en efectivo, cuando menos, el veinte por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario.

2)       Las acciones de una S.A. se pueden cotizar en bolsa, cuyos socios pueden vender todas o algunas de sus acciones sin necesidad de que los socios integrantes tengan conocimiento de quién las haya adquirido. En cambio, dentro de una S. DE R.L., el socio deberá contar con la aprobación de la mayoría del resto de los socios para vender su parte social.

 3)       La admisión de nuevos socios en una S. DE R.L. en México depende del consentimiento expreso de los socios que representen al menos la mayoría del capital social. No sucede así en la S.A., donde la transmisión de acciones y el ingreso de nuevos socios no están limitados, salvo que esto se haya acordado en los estatutos constitutivos. Esta última diferencia es la razón principal por la que muchas empresas españolas que deciden instalarse en México adoptan la forma de la S. DE R.L., toda vez que les permite saber quiénes son los socios que componen la sociedad, controlar que no pertenezcan a la competencia del rubro en que se desarrolla su empresa, y a su vez evitar que la mayor parte de la sociedad mercantil pase a manos de una sola empresa.

4)       Respecto al número de socios, para ambas sociedades el mínimo es dos. En cuanto al máximo, para el caso de la Sociedad Anónima la ley no establece límites, mientras que para la de Responsabilidad Limitada se impone que «ninguna tendrá más de cincuenta socios».

5)       Además, mientras que en una S.A. la administración de la sociedad está a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, en las sociedades de responsabilidad limitada ésta está a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado.

6)    Por último, la S. de R.L., cuando paga dividendos a una sociedad extranjera que tiene participación en la misma, puede llegar a tener una ventaja fiscal en el extranjero si ésta es una sociedad similar, como puede ser en Estados Unidos las Limited Liability Company (L.L.C.).

 

Resumen de Trámites de Constitución de Sociedades.

A continuación se resumen los trámites para el establecimiento de una empresa extranjera en México según las tres modalidades reconocidas por las leyes mexicanas para llevar a cabo negocios con participación extranjera en territorio nacional:

· Oficina de Representación

-Autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Con ingresos:

- Secretaría de Economía (Registro Público de Comercio)

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Darse de alta)

- IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

Sin Ingresos

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Darse de alta)

- IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

· Sucursal de una compañía extranjera

- Secretaría de Economía (Registro)

- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Registro)

· Formar y dar de alta a una compañía

- SRE (Registro nombre)

- Notario Público

- SHCP (RFC)

- Registro Público de Comercio

- Secretaría de Economía (Registro Nacional de Inversión Extranjera)

- SHCP (Padrón Importadores)

- Secretaría de Economía (Programas de Importación Temporal)

- SEMARNAT

- IMSS Instituto Mexicano de la Seguridad Social

- INFONAVIT

* Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Fuente: ProMéxico, “Guía básica para invertir en México”.

Los trámites para formar y dar de alta una compañía requieren, según Bancomext (ahora Promexico) de 57días de media, con excepción de los sectores para los que es menester la Licencia Ambiental Única (petróleo y petroquímica; química; pinturas y tintas; metalúrgico; automoción; celulosa y papel; cemento y cal; asbesto; vidrio; generación de energía eléctrica, y tratamiento de residuos peligrosos).Este último trámite requiere 120 días hábiles.

Representación y agencia

5.4.1  REPRESENTACIÓN Y AGENCIA

La base legal de los contratos relacionados con la distribución comercial la podemos encontrar en el Código Civil, el Código de Comercio y la Legislación Mercantil. No obstante no todos los contratos están regulados. Los contratos típicos son aquellos que se encuentran regulados en la legislación, en cuanto a sus características y contenido obligatorio, en tanto que los atípicos son aquellos que carecen de alguna regulación o disciplina en la legislación. La actividad comercial ha originado que estos contratos a típicos se empleen por los comerciantes dando lugar a la existencia de contratos de distribución, suministro, agencia, etc. Al no tener una regulación específica sus características provienen de otros contratos típicos, pues se pueden hacer referencias a la compraventa mercantil, tratándose de la distribución o suministro y a la comisión mercantil tratándose de la agencia, por dar algunos ejemplos.

En la práctica en México se utilizan estos contratos con base en los usos y prácticas mercantiles habituales, sin descuidar particularidades de otros contratos típicos, incorporándoles obligaciones contractuales expresamente reguladas en la ley.

La ventaja de estos contratos es que al no existir una regulación legislativa permite la libertad contractual entre las partes, la cual principalmente en contratos comerciales no se encuentra limitada por la ley, respetando la voluntad de contratar de las partes.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que México suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras en 1970 aunque no fue hasta el 22 de julio de 1993, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) importantes modificaciones al Código de Comercio, adicionando un Título Cuarto (Del Arbitraje Comercial). El Procedimiento de Arbitraje Comercial, contemplado por el Código de Comercio se basó en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional realizada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida por sus siglas en inglés como UNCINTRAL. 

Una de las alternativas para prevenir y resolver conflictos para cualquier empresa que tenga actividades en México, puede ser el procedimiento arbitral en lugar de acudir a tribunales. Para lograr lo primero es importante  incluir en los contratos una cláusula compromisoria arbitral.

Formación de "joint ventures". Socios locales

5.4.3  FORMACIÓN DE "JOINT-VENTURES". SOCIOS LOCALES

La joint venture es una forma muy empleada a la hora de invertir en México. Las formas más usuales de asociación empresarial o JV son las siguientes, aunque también existen otras posibilidades:

  • Contrato de participación conjunta o cooperación.
  • Adquisición en copropiedad de un activo o activos.
  • Constitución de una sociedad mercantil.
  • Constitución de una sociedad mercantil de objeto especifico (para el caso de APP)
  • Constitución de un fideicomiso.
  • Contrato de asociación en participación.
  • Contratos de Asociación Público Privada

Las formas a escoger pueden variar según la viabilidad de cada proyecto y particularmente de los beneficios fiscales.

El contrato de asociación en participación se encuentra regulado en la LGSM, la cual no le otorga personalidad jurídica. El contrato debe efectuarse por escrito y no está sujeto a inscripción alguna. El Asociante y el Asociado constituyen las partes del contrato.

El asociante obra en nombre propio y no existe relación jurídica entre los asociados y terceras partes, es decir, que el único que responde ante terceros es el asociante (aunque las partes de la asociación pueden acordar compartir la responsabilidad). El asociado aporta bienes al asociante para que éste los destine al objeto del contrato. Una vez cumplido o alcanzado éste, la asociación en participación se disolverá.

Para la distribución de beneficios y pérdidas se aplican las mismas reglas que para las sociedades mercantiles, con la salvedad de que los asociados sólo responderán hasta por el monto de su aportación.

El asociante es responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la asociación (lo que incluye el registro en el RFC). Este tipo de asociaciones fueron fuertemente afectadas por las reformas fiscales de 1999, que les otorgan tratamiento de persona jurídica, a efectos del impuesto, y en consecuencia hicieron desaparecer todos los beneficios que el emplear esta figura representaba.

La Sociedad Civil (S.C.) y la Asociación Civil (A.C.) son otras modalidades por medio de las cuales se pueden llevar a cabo actividades en México. Bajo la primera suelen asociarse proveedores de servicios, tales como abogados o auditores, en tanto que la segunda es la forma de sociedad más empleada por las organizaciones no lucrativas. Estas dos formas de asociación están reguladas por el Código Civil del estado en que se establezcan. 

El contrato de asociación público-privada sólo podrá celebrarse con particulares personas morales cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar actividades necesarias para desarrollar un proyecto específico.

Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Los principales instrumentos federales de apoyo vigentes en la actualidad son:

1.- PROGRAMAS DE COMERCIO EXTERIOR[1]

a)      Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK) Ofrece la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o por las mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.

b)      Decreto para Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). El Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX) integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación (Maquila) y los Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85% de las exportaciones manufactureras de México.

El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias.

c)      Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). Instrumento que permite a las compañías importar con arancel preferencial (en su mayoría cero) determinados productos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

d)      Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) Instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos, consistente en la eliminación de obstáculos administrativos y la aplicación facilidades fiscales a favor del sector industrial.

 e)      Registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) Instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo.

 f)       REGLA OCTAVA, del Artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación[2]

Mecanismo vinculado a los programas de promoción sectorial que permite importar materiales, insumos, partes y componentes a través de las fracciones arancelarias de la partida 98.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE) con arancel cero, previa autorización de la Secretaría de Economía.

Fuentes de información de interés:

ð     Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) www.siicex.gob.mx/

ð     Información y guía de apoyos para el exportador www.promexico.gob.mx/es_us/promexico/Informacion_para_exportar

ð     Prácticas comerciales nacionales www.practicascomerciales.economia.gob.mx/

 

2.- PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.

Fondos y Apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México, fue creado en 1970, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal mexicana, integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

 El CONACYT tiene como meta la consolidación de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población. Los sectores que identifica como estratégicos son: las tecnologías de información y las comunicaciones, biotecnología, materiales avanzados, diseño y los procesos de manufactura, infraestructura y el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus aspectos sociales y económicos; las innovaciones en estas áreas se orientarán a atender a la población menos favorecida. Recibirán también especial atención las acciones relacionadas con la atención a mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes.

Los principales instrumentos del CONACYT son los siguientes[3]:

-       Fondos Sectoriales: Fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente.

-       Fondos Mixtos: Instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno  Federal, a través del CONACYT.

-       Fondos Institucionales: Fondos constituidos con fundamento en los artículos 23 y 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología

-       Apoyos Institucionales: Apoyos otorgados a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que realicen las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, los cuales, para ser otorgados requieren autorización expresa del Director General de CONACYT, contando con la opinión del Comité de Apoyos Institucionales (CAI).​

-       Programa de Estímulo a la Innovación: Programa de apoyo para las empresas que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación dirigido al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios.

Además, el CONACYT otorga becas y ofrece formación de recursos humanos especializados; apoya la creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación y otorga estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados.

 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)[4]. El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología otorga apoyos de carácter temporal por valor de hasta el 50% del valor de proyectos (70% en determinados casos) que fomentan la transferencia y adopción de tecnologías de vanguardia para potenciar la competitividad de los sectores precursores y de alta tecnología, atendiendo las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento de la producción, el empleo, la productividad y la competitividad de las empresas y de la industria en general,

Programa de Desarrollo del Secto de Servicios de Tecnologías de Información. (PROSOFT)[5]. Programa de la Secretaría de Economía que tiene como objetivo contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México, mediante apoyos económicos a proyectos relacionados con las tecnologías de la información.

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. (PROLOGYCA)[6]. Busca promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.

3.- APOYO A LAS MIPYMEs

a)      Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)[7]

Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objetivo instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo con los siguientes objetivos:

-       Apoyar la inserción exitosa de la MIPYMES

-       Detonar proyectos productivos

-       Fortalecer el ecosistema de financiamiento

-       Inculcar una nueva cultura nacional emprendedora y empresarial

INADEM cuenta con la Red de Apoyo al Emprendedor, compuesta por programas del Gobierno de la República y Gobiernos Estatales con servicios públicos y privados y permite multiplicar los impactos a través de los diversos apoyos que ofrece por medio de los diferentes actores que la integran.

Fondo Nacional Emprendedor (FNE)[8]: se crea en 2014 mediante la fusión del Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME). El FNE cuenta con diversas categorías y un amplio abanico de Convocatorias que buscar apoyar a los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas del país para crear, fortalecer y hacer más competitivas a sus empresas, entre las que destacan:

-       Desarrollo de proveedores

-       Competitividad sectorial y regional

-       Reactivación económica

-       Reactivación Económica para el Programa Nacional para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre

-       Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria

-       Articulación estratégica de agrupaciones empresariales

-       Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e incubadoras de alto impacto

-       Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y proceso de aceleración de empresas nacional e internacional

-       Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo de sectores estratégicos, encuentros de negocio y emprendimiento

-       Otorgamiento de apoyos para el crecimiento y la consolidación del modelo de franquicias

-       Conformación de MIPYMES mexicanas en consorcios de exportación

-       Fortalecimiento de microempresas manufactureras

-       Creación y Fortalecimiento de Redes Estatales de Puntos para Mover a México

-       Realización de Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura Emprendedora y Desarrollo de Habilidades Empresariales

-       Fomento a las Iniciativas de Innovación

-       Asesoría para el Acceso al Financiamiento

-       Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor

-       Impulso a Emprendedores y Empresas a través del Programa de Emprendimiento de Alto Impacto

-       Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales

-       Formación de Capacidades

-       Integración de MIPYMES a las cadenas productivas globales

-       Desarrollo de la Oferta Exportable

 

 

4.- INCENTIVOS FISCALES

No existen en México incentivos fiscales específicos para la inversión extranjera salvo algunos que pueden ofrecer los estados o municipios en relación con los impuestos que se cobran localmente o deducciones que tienen que ver con la contratación de personas mayores y/o con discapacidad etc.

Con carácter general, las deducciones a las que tienen derecho las empresas en el marco del Impuesto sobre la Renta se recogen en los artículos 25 y siguientes de la ley que regula el impuesto. Adicionalmente, en el “régimen de incorporación fiscal” incorporado en  la reforma de 2013 se establece que las personas físicas con actividad empresarial con ingresos menores a dos millones de pesos que se incorporen al mecanismo podrán acceder a un descuento del 100% en el pago del impuesto sobre la renta el primer año, porcentaje que irá disminuyendo 10 puntos porcentuales al año en los siguientes 10 años que durará el esquema.

Los incentivos diseñados para la atracción de la inversión extranjera tienen más que ver con el apoyo y fomento del comercio exterior y programas específicos para favorecer el desarrollo tecnológico, apoyar a las pymes etc. que se recogen en el apartado “Incentivos a la Inversión2. En cualquier caso, es recomendable recurrir a las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados que se estén analizando para el establecimiento de una inversión ya que estos organismos apoyan y ponen a disposición de las empresas extranjeras, en función de la naturaleza de su inversión, programas e incentivos específicos que pueden tener para atraer empresas de sectores o actividades específicas etc.

 5.- INCENTIVOS LABORALES[9]

a)      Programas de formación

-          Cursos de capacitación para el trabajo que ofrece la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la Secretaría de Educación Pública.

-          Programa de Capacitación a distancia para trabajadores (PROCADIST) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: busca fortalecer las competencias laborales de los trabajadores en activo, a través de un esquema de capacitación de cursos que favorecen el aprendizaje en entornos virtuales.

-          Crédito FONACOT para la capacitación y formación educativa: financiación a un plazo de hasta 5 años del Instituto FONACOT para acceder a las diversas opciones en el mercado destinadas a la capacitación y formación educativa que trabajadores o sus familiares continúen con sus estudios.

-          Subprograma Bécate del Programa a la Capacitación del Empleo (PACE): programa para desempleados operado por las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de cada entidad federativa y dependen de los gobiernos de los estados.

-          Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): la institución formula y financia programas de becas y en general de apoyo a la formación de capital humano científico y tecnológico. Destacan los programas de becas que incluyen becas nacionales (Programa Nacional de Posgrado de Calidad, Programa de Fortalecimiento Académico para Indígenas, Formación para la administración pública y Estancias posdoctorales nacionales) e internacionales (Estancias posdoctorales y sabáticas en el extranjero, Repatriaciones y Retenciones y Programa de cooperación al posgrado).

b)      Apoyos a la contratación

Medidas de apoyo al empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), entre las que se encuentra el Programa de Apoyo para la Productividad, que incluye medidas de capacitación, ayudas a la certificación de trabajadores, asistencia técnico-legal y cursos.

 

Régimen de inversiones

5.1  MARCO LEGAL

La Ley de Inversión Extranjera (LIE) entró en vigor el 28 de diciembre de 1993 y ha sufrido modificaciones en 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2006,  2008, 2011, 2012 y 2014. Esta ley establece algunos sectores que  están reservados al Estado, otros reservados a nacionales mexicanos y otros en los que se mantienen restricciones a la participación de la inversión extranjera, en otros. En 2014, se efectuaron cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derivado de ello se promulgaron la Ley de Hidrocarburos, Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, mediante las cuales ciertas actividades relacionadas con petróleo y electricidad fueron liberadas y en consecuencia se modificaron las áreas estratégicas reservadas al Estado Mexicano.  en . El organismo responsable de la aplicación de la LIE es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44_110814.pdf

 

La LIE establece que el inversor extranjero podrá participar en cualquier proporción en el capital social de empresas mexicanas, adquirir activos fijos, participar en nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y dirigir establecimientos, ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo que se trate de una actividad reservada o que sea objeto de regulación específica.

Las actividades económicas abiertas a la participación foránea hasta el 100% del capital social incluyen casi el 94% del total de actividades consideradas en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Específicamente, comprenden sectores como alimentación, bebidas y tabaco; textil, prendas de vestir y cueros; madera y productos de papel, y restauración, hoteles y comercio.

Existe un número restringido de actividades para las que este principio no tiene vigencia, ya sea por estar reservadas al Estado, a personas de nacionalidad mexicana o a sociedades con cláusula de exclusión de extranjeros, o porque se trata de actividades económicas objeto de regulación específica acerca de la participación de capital extranjero. La cláusula de exclusión de extranjeros es el convenio o pacto expreso que forma parte integrante de los estatutos sociales, por el que se establece que las sociedades no admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversores extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros.

A continuación, se hace una breve referencia a las actividades que se encuentran restringidas y aquellas en las que pueden participar libremente.

Actividades reservadas al Estado

  • Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva .
  • Planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva.
  • Generación de energía nuclear.
  • Minerales radioactivos.
  • Telégrafos.
  • Radiotelegrafía.
  • Correos.
  • Emisión de billetes.
  • Acuñación de moneda.
  • Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos.
  • Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

 Actividades reservadas a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros

  • Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería.
  • Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia.
  • La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

 Actividades y adquisiciones con regulación específica para extranjeros

En las áreas económicas que se detallan a continuación, la LIE establece porcentajes máximos de participación extranjera, que no se pueden exceder directa o indirectamente, salvo tratándose de inversión conocida como “inversión neutra”, pues ésta no computa a estos efectos:

- Actividades con participación extranjera de hasta el 10%:

  • Sociedades cooperativas de producción.

- Actividades con participación extranjera de hasta el 25%:

  • Transporte aéreo nacional.
  • Transporte en aerotaxi.
  • Transporte aéreo especializado.

- Actividades con participación extranjera de hasta el 49%:

  • Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos para el consumo de actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades.
  • Impresión y publicación de periódicos para la circulación exclusiva en territorio nacional.
  • Acciones series “T” de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales.
  • Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir acuicultura.
  • Administración portuaria integral.
  • Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para la navegación interior, en los términos de la ley en la materia.
  • Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria.
  • Suministro de combustible y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario.
  • Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente..

 Actividades en las que se requiere resolución favorable de la CNIE para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49%:

  • Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como remolque, amarre de cabos y lanchaje.
  • Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura.
  • Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público.
  • Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, mediasuperior, superior y combinados.
  • Servicios legales.
  • Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación y prestación del servicio público de transporte ferroviario.

También se requiere resolución favorable de la CNIE en el caso de que la inversión extranjera pretenda adquirir más del 49% del capital social de sociedades mexicanas ya constituidas que realicen actividades no reguladas por la LIE cuando el valor total de los activos de las sociedades mexicanas de que se trate rebase el monto que determina la propia CNIE (ART 9).  La Resolución General de la CNIE publicada en el DOF del 23 de abril  de 2015 establece que el monto del valor de los activos vigente es de $3.811 millones de pesos.

Régimen de participación extranjera sin restricciones

En los casos no previstos en los supuestos anteriores, la inversión extranjera puede participar en el capital social de una sociedad mexicana hasta en un 100% de dicho capital.

Inversión neutra

Una excepción para que la inversión extranjera participe en actividades limitadas a extranjeros, es la que se efectúa a través de inversión neutra, que se define en la LIE como aquella realizada en sociedades mexicanas o fideicomisos autorizados conforme a la LIE, y que no computa para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas. Por lo general este tipo de inversión solo se tiene contemplada para sociedades anónimas o sociedades anónimas promotoras de inversión y no para los otros tipos de sociedades, pues se contemplan solo para las que puedan emitir acciones.

La llamada inversión neutra (mediante la adquisición de acciones neutras, es decir, de serie especial, o emitidas por sociedades mexicanas mediante fideicomisos autorizados) confiere a su tenedor derechos pecuniarios, pero no derechos corporativos, incluyendo el de voto, y permite excederlos límites a las restricciones de participación en el capital establecidas por la LIE. Dicha inversión puede ser realizada directamente en sociedades mexicanas o en los fideicomisos autorizados por la LIE, previa autorización, en el caso de empresas que coticen en Bolsa, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

5.2. Establecimiento de Empresas

Existen cuatro formas reconocidas por la legislación mexicana para llevar a cabo proyectos de inversión extranjera que impliquen el establecimiento de una empresa:

1. Apertura de una oficina de representación. Se distinguen dos tipos para efectos fiscales:

Oficina de representación con ingresos. Cuando la empresa matriz en España está legalmente establecida y reconocida jurídicamente en México. Se le otorga a la oficina de representación el tratamiento fiscal de un establecimiento permanente o base fija en el territorio mexicano. Estas oficinas realizan de forma habitual y permanente actividades empresariales, entre las que se pueden incluir las de promoción. Los requisitos para su establecimiento se describen en el inciso 2 siguiente.

Oficina de representación sin ingresos. En este caso, la oficina de representación no puede llevar a cabo actividades mercantiles. Se trata de oficinas que sirven de enlace entre México y España, y realizan funciones previas y auxiliares a las actividades de la empresa matriz española.

Si bien la Oficina de Representación sin ingresos no puede realizar actividades mercantiles, requiere para su funcionamiento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes que mantiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior con objeto de que pueda abrir y mantener cuentas bancarias en la República Mexicana y cumplir sus obligaciones fiscales como retenedor del personal que emplee. También requiere de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en general, en las demás instituciones relacionadas con los trabajadores. Este tipo de oficinas no requieren de la obtención de ninguna autorización, ni registro alguno ante la Secretaría de Economía.

Los pasos a seguir para el establecimiento de la oficina son que los documentos formalizados ante fedatario Español se apostillen y se protocolicen ante Notario Público Mexicano, los estatutos sociales de la entidad española, así como de los apoderados que realizarán actividades en México. Estos documentos servirán principalmente para presentarlos ante cualquier tercero o autoridad en la República Mexicana.

2. Establecimiento de una sucursal. De acuerdo con la LIE, se entiende por sucursal toda sociedad extranjera que se establece en el país para realizar de forma habitual actos de comercio en la República Mexicana. Toda sucursal es una oficina de representación con ingresos, pero no todas las oficinas de representación con ingresos son sucursales. Las sucursales están reconocidas por el Código de Comercio  como comerciantes.

3. Constitución de una sociedad mercantil. En la formación de una sociedad mexicana, la LIE permite que exista una participación de capital extranjero de hasta el 100%. En el caso de que la participación sea igual o superior al 51% del capital social, se considerará “subsidiaria” (lo que en España se denomina habitualmente “filial”). Como se ha señalado en párrafos anteriores, en algunos casos, la LIE prohíbe o restringe la participación extranjera en las sociedades mercantiles, dependiendo de la actividad económica que se vaya a desarrollar.

4. Contrato de asociación. Ésta es una forma de inversión que en ocasiones se identifica con la Joint Venture (JV). En México no existe una regulación particular de las JV, por lo que están sujetas a los acuerdos a los que lleguen las partes. Los acuerdos que derivan de las JV pueden implicar vehículos, como son la constitución de sociedades mercantiles o fideicomisos u otro tipo de contratos. No obstante, la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) regula un tipo de JV, que es la Asociación en Participación. A pesar de que la LGSM no reconoce personalidad jurídica a las JV,la legislación fiscal en vigor les otorga personalidad jurídica, considerándolas a todos los efectos como personas jurídicas distintas de los asociados.

Propiedad inmobiliaria

La propiedad inmobiliaria por parte de extranjeros en México tiene algunas limitaciones que tienen su fundamento básicamente en el artículo 27 de la Constitución y en diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

Así, el artículo 27 regula la propiedad de tierras y aguas en México y establece su primera sección que  “Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras y aguas y obtener concesiones de explotación de minas o aguas”. Además, el mismo párrafo establece que, el Estado podría conceder permiso para obtener dominio sobre esas tierras y aguas siempre que ese extranjero acepte ser tratado como nacional mexicano en relación con esos bienes y a no invocar la protección de sus gobiernos en ningún asunto relacionado con esa propiedad.

Con el fin de proporcionar una interpretación específica a esta primera sección del artículo 27 de la Constitución Mexicana, el Gobierno de México promulgó una nueva Ley de Inversión Extranjera en diciembre de 1993, mediante la cual se flexibilizó la forma de adquisición directa por parte de extranjeros de bienes  inmuebles.

La LIE distingue una zona restringida para adquirir inmuebles y otra zona libre.

La zona restringida está delimitada por una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras del país y de 50 kilómetros en las playas. En esta zona los extranjeros o personas jurídicas sin cláusula de exclusión de extranjeros en sus estatutos no podrán adquirir el dominio directo de bienes inmuebles, salvo lo expuesto respecto a adquisiciones para fines o actividades no residenciales por personas jurídicas. Son actividades no residenciales las de tiempo compartido, actividades industriales, comerciales o turísticas, etc. En todo caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá la facultad de, previa consulta, determinar si un bien es o no de tipo residencial.

En la zona restringida, los extranjeros y sociedades sin cláusula de exclusión de extranjeros en sus estatutos sociales pueden adquirir derechos sobre bienes inmuebles ubicados en dicha zona, para usarlos como vivienda, cuando la compra se efectúe a través de fideicomisos, en los que aparezcan como fideicomisarios. El fideicomiso permite al fideicomisario tener el usufructo y el control de la propiedad de un activo determinado, aunque no su titularidad. La vigencia de este fideicomiso se extiende originalmente por un período de 50 años, pudiendo renovarse de manera indefinida por plazos idénticos.

Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida, u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan con lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia.

Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en el territorio nacional, el permiso se entenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud.

Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá la petición dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

En definitiva, los extranjeros, personas físicas o jurídicas extranjeras o sociedades mexicanas con inversión extranjera, por regla general no tienen limitaciones para adquirir bienes inmuebles en la República Mexicana, salvo en la zona identificada como restringida (100km fronteras y 50 km en playas). La adquisición fuera de esta zona restringida es libre con el único requisito de la obtención de un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aceptado el convenio de renuncia a la protección de su Gobierno. Este convenio se conoce como “Cláusula Calvo”, y los fedatarios públicos lo solicitan para consignar las adquisiciones respectivas. El 2 de Marzo de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó una resolución en la cual se establece que a todos los nacionales de países que mantienen relaciones diplomáticas con México, solo se les solicitará presentar una solicitud en la que manifiesten su acuerdo en ser considerados como nacionales mexicanos en los términos anteriormente señalados.

Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Instrumentos Normativos:

Las compras del sector público en México están reguladas, entre otras, por los artículos 25 y 134 de la Constitución y las siguientes leyes y sus reglamentos (disponibles en http://www.ordenjuridico.gob.mx/):

  • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley de Adquisiciones) del 4 de enero de 2000 y sus reformas.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendameitnos y Servicios del Sector Público: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf

  • Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas (Ley de Obras Públicas) del 4 de enero de 2000 y sus modificaciones.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56.pdf

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf

 Estas  leyes tienen por objeto regular las acciones relativas a la planificación, programación, presupuesto, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, para el caso de la Ley de Adquisiciones ; la ejecución de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, para el caso de la Ley de Obras Públicas ;y en el caso de la Ley APP regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas, entendiéndose a éstos como los que se establecen para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público  o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado. Hay que tener en cuenta que existe una propuesta de modificación de diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Adquisiciones que se están estudiando en el Congreso para su eventual aprobación.

A los efectos de las citadas leyes, se entiende por sector público lo siguiente:

  • Unidades Administrativas de la Presidencia de la República.
  • Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
  • Procuraduría General de la República.
  • Organismos descentralizados.
  • Empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno federal o una entidad paraestatal.
  • Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

 Para el caso de proyectos de APP lo serán cuando participen:

  • Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
  • Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales.
  • Personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas a sus propios órganos de control, y,
  • Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con recursos federales, de conformidad con los convenios que celebren con dependencias o entidades de la Administración
    Pública Federal.

 Tipos de Contratación:

En cuanto a la forma de contratación, dichas leyes prevén tres formas:

a)    Licitación Pública o concurso.

b)    Invitación a cuando menos tres personas.

c)    Adjudicación directa.

En cada procedimiento deben establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Tratándose de la Ley de Obras Públicas, éstas se pueden efectuar de dos formas:

  • Por Contrato.
  • Por Administración Directa.
  • Toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales, desde el marco legal vigente hasta las bases de las licitaciones y los fallos, puede ser consultada en la página de https://compranet.funcionpublica.gob.mx . Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Para el caso de la Ley APP, cuando se presenten los supuestos señalados en la Ley APP, podrán las entidades bajo su responsabilidad hacer la adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas.  

Licitación pública

Es la regla general para las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y se efectúa mediante convocatoria pública que se realizará a través de Compranet. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria de la licitación. El objetivo es asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiación y oportunidad.

La licitación pública puede ser nacional o internacional. En las nacionales sólo pueden participar personas de nacionalidad mexicana (empresas establecidas en el país) y los bienes a adquirir deben ser producidos en el país y contar por lo menos con un 50% de contenido nacional (Ley de Adquisiciones). Tratándose de licitaciones internacionales, podrán participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir pueden ser de origen nacional o extranjero. (Cabe señalar –véase Cap. 5- que una sociedad mercantil mexicana participada en un 100% por capital extranjero se considera de nacionalidad mexicana).

Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos:

  • Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales.
  • Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente en términos de precio.
  • Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas.
  • Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno federal o con su aval.

Las citadas leyes prevén la posibilidad de que en una licitación o concurso dos o más personas presenten conjuntamente sus propuestas, mediante un convenio de consorcio o convenio de asociación en participación(véase Cap. 5), sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre y cuando en el contrato se establezca con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad convocante las partes a que se obliga cada persona y la forma en que se les exigirá el cumplimiento de sus obligaciones. La propuesta debe ir firmada por el representante común. Para estos casos se recomienda que la participación inicialmente sea a través de la celebración de un convenio de consorcio o de asociación en participación.

Concurso.

La Ley APP regula las condiciones y términos para que se proceda a concursar los proyectos de APP.

Invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas

Las citadas leyes permiten recurrir a dichos procedimientos cuando:

  • Por tratarse de obras de arte, o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente razonables, el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o la licencia exclusiva de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.
  • Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.
  • Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados.
  • Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o sean necesarias para garantizar la seguridad nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
  • Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En este supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontar la situación.
  • Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador.
  • Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación.
  • Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de una marca determinada.
  • Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados y bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser superior al que se determine mediante valoración que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables.
  • Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones de educación superior y centros de investigación. Si la materia de los servicios se refiriese a información reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa.
  • Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos, como personas físicas o jurídicas.
  • Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución.
  • Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien bajo intervención judicial.
  • Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico.
  • Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no resulte posible precisar el alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.
  • El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años.
  • Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de Gobierno de la entidad.
  • Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
  • Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares.
  • Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco.

 

Tipos de Licitaciones: nacional, internacional bajo tratados, internacional abierta

Las licitaciones se pueden clasificar en tres, dependiendo del tipo de licitantes que participan, bienes que se van a adquirir y los tratados comerciales internacionales en los que México es socio.

Licitaciones Nacionales: Son los procesos de adquisición en los que sólo pueden participar personas y empresas de nacionalidad mexicana y que los bienes a adquirir sean producidos en México y cuenten con por lo menos un 50% de contenido nacional, porcentaje que se determina tomando en cuenta la mano de obra, insumos y demás aspectos determinados por la Secretaría de Economía.

Licitaciones internacionales bajo la cobertura de tratados: Son aquellos procesos en los que participan empresas mexicanas y extranjeras de países con los que México cuenta con acuerdos comerciales con capítulo de compras gubernamentales.

Licitaciones internacionales abiertas: Son aquellas en las que pueden participar licitantes mexicanos y extranjeros, sin importar el origen de los bienes a adquirir, arrendar o servicios a contratar.

Carácter de la Licitación: Federal, Estatal o Municipal.

Las Licitaciones dependiendo del presupuesto se clasifican en Federales, Estatales o Municipales, esta clasificación se lleva a cabo de la siguiente manera.

 Licitaciones Federales

Son todas las licitaciones que llevan a cabo las dependecias Federales y los Estados y Municipios con cargo total o parcial a fondos Federales.

Licitaciones Estatales

En las Licitaciones Estatales existen dos opciones:

Licitación Estatal con presupuesto propio (Presupuesto Estatal)


Licitación Estatal con presupuesto Federal.

 Licitaciones Municipales

En las licitaciones municipales aplican los mismos mecanismos que en las estatales, sólo que en un ámbito de menor alcance.

En las bases de la licitación se especifica el carácter Federal, Estatal o Municipal de la licitación. 

Etapas de un proceso de contratación

De forma general podemos agrupar todas las actividades que se desarrollan en un proceso licitatorio en tres grandes grupos:

-      Pre-Licitación: se inicia con la evaluación de las necesidades y requerimientos de la entidad convocante, la planificación, la determinación de las condiciones técnicas y económicas del bien o servicio que se quiere comprar, la asignación de presupuesto y la publicación y difusión de la convocatoria o la invitación.

-      Licitación: en esta etapa se los interesados compran las bases de la licitación y se registran como interesados, se celebran las juntas de aclaraciones, se visitan las instalaciones,  se presentan las propuestas técnicas y económicas, la autoridad convocante la evalúa y otorga el fallo y se firma el contrato.

-      Post-Licitación: es la etapa que inicia una vez adjudicado y firmado el contrato y que incluye la gestión del contrato y de las órdenes de pago, así como la supervisión de su cumplimiento. 

Evaluación de las propuestas

En esta etapa la autoridad convocante valora tanto las propuestas técnicas como económicas de los participantes.

La ley considera tres criterios de evaluación según la naturaleza del bien o servicio a contratar: puntos y porcentajes, costo beneficio y evaluación binaria. También establece que preferiblemente se deben utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En caso de que no se puedan utilizar estos criterios y se recurra a la evaluación binaria, se adjudicará el contrato a quien ofrezca el precio más barato cumpliendo con los requisitos de la convocatoria.

-      Evaluación de puntos y porcentajes: utiliza criterios ponderados para determinar qué oferta presenta la mejor combinación de calidad y precio. La autoridad convocante establece cuales son los elementos y criterios más importantes a valorar y el porcentaje que representará en la valoración final y establecerá una regla para su evaluación.

-      Costo beneficio: sistema de valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente a la compra, ejecución y operación del bien o servicio a contratar. La autoridad convocante establecerá los conceptos que serán objeto de evaluación .

-      Evaluación finario: sistema mediante el cual se evalúa si las ofertan cumplen o no con los requisitos solicitados por el área convocante y se adjudica a quien, cumpliento los requisitos técnicos, ofrezca el precio más barato.

Excepciones a la licitación y motivos para optar por adjudicación directa

Aunque la licitación es la forma de adjudicación que se utiliza con mayor asiduidad también es cierto que la propia ley establece algunas situaciones en las que se podrá optar por la adjudicación directa como :

-      Si las necesidades son tan urgentes que resulta inviable un proceso de licitación, siempre y cuando la urgencia no haya sido previsible.

-      Es necesaria la confidencialidad porque involucra la defensa o seguridad del Estado.

-      Cuando una convocatoria a licitación pública se haya declarado desierta

-      Se trata de un contrato paa fines de investigación, experimentación o estudio.

-      La índole técnica de los bienes o servicios hace necesaria la negociación con los proveedores.

-      Si se trata de un bien o servicio de bajo valor económico para el cual los costos de organizar una licitación no compensan el ahorro o beneficio que se obtendría.

Plazos mínimos para los procedimientos de compra.

El tiempo que se da a los proveedores para la elaboración y presentación de una propuesta es un factor a tener en cuenta ya que en muchas ocasiones, estos plazos son muy ajustados.

La ley establece para las licitaciones internacionales que el plazo no podrá ser inferior a 20 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en Compranet. Para las licitaciones nacionales, por su parte, el plazo debe ser cuando menos de 15 días naturales a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. En algunas circunstancias específicas los plazos podrían reducirse hasta 10 días.

También la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece algunos tiempos para la presentación de propuestas en función del método elegido de licitación (adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública). Para los casos de adjudicación directa establece que cuando se trate de contratos mayores o iguales a 300 veces el salario mínico se deberá contar con, al menos, tres cotizaciones, en los treinta días previos a la adjudicación. Para el caso de la invitación restringida señala que se establecerán los plazos en función de la complejidad de los bienes o servicios a contratar pero no podrá ser inferior a 5 días naturales.

Contratos

Por lo que se refiere a la contratación, la forma en que se realiza difiere en dichas leyes:

En la Ley de Adquisiciones se establece que el precio debe pactarse como fijo. Sin embargo, en casos justificados, se podrán pactar reducciones o incrementos (por cambios en circunstancias económicas de tipo general, ajenas a las partes). Los contratos deben contener como mínimo, lo siguiente:

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición;

VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total;

VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula;

VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra;

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;

X. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;

XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;

XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;

XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse;

XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley;

XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;

XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad;

XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores;

XX. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en esta Ley, y

XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.

Precios:

La Ley de Obras Públicas regula tres tipos de contratos:

-   Sobre la base de precios unitarios.

-   A precio alzado.

-   Mixtos (comprende a las dos formas anteriores).

El clausulado mínimo que deben contener los contratos de obra pública es idéntico a lo señalado anteriormente conforme a la Ley de Adquisiciones, salvo por algunas particularidades por tratarse de obra pública.

Los contratos de asociación público- privada sólo podrán celebrarse con particulares personas morales cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto respectivo. El objeto social también podrá incluir la participación en el concurso correspondiente.

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad o fideicomiso deberá cumplir.

Los contratos de asociación público-privada deberán contener, como mínimo:

I. Nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes;

II. Personalidad de los representantes legales de las partes;

III. El objeto del contrato;

IV. Los derechos y obligaciones de las partes;

V. Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los servicios;

VI. La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino a la terminación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 123 de esta Ley y la obligación de mantener dicha relación actualizada;

VII. El régimen financiero del proyecto, con las contraprestaciones a favor del desarrollador;

VIII. La mención de que los inmuebles, bienes y derechos del proyecto sólo podrán ser afectados en términos del artículo 93 siguiente;

IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control del la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante;

X. El régimen de distribución de riesgos, técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra naturaleza, entre las partes, que en todo caso deberá ser equilibrado. Las dependencias y entidades no podrán garantizar a los desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien establecidos por mecanismos diferentes de los señalados por esta ley y su reglamento;

XI. El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la prestación de los servicios, así como el plazo de vigencia del contrato y, en su caso, el régimen para prorrogarlos;

XII. La indicación de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto;

XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato, de sus efectos, así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo;

XIV. El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes;

XV. Los procedimientos de solución de controversias; y

XVI. Los demás que, en su caso, el Reglamento establezca.

 Los contratos de asociación público-privada tendrán por objeto:

I. La prestación de los servicios que el proyecto implique; y

II. En su caso, la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios citados.

Modalidades de Contratación: presencial, electrónica, mixta

Las licitaciones pueden presentarse, además en la modalidad de Presencial, Electrónica o Mixta:

  • Presenciales: Son aquellas en las que sólo se podrán presentar propuestas en sobre cerrado, de forma documental, durante un acto de presentación y apertura de propuestas y en donde todo acto de la licitación, ya sea junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura o acto de fallo deben ser presenciales, es decir, que debe el licitante estar presente físicamente en dichos actos.
  • Electrónicas: Son aquellas en que únicamente se permite la participación de los licitantes a través de medios de comunicación electrónica y utilizando los medios de identificación electrónica que son proporcionados por las distintas instancias.
  • Mixtas: Cuando las licitaciones sean de las llamadas mixtas, los licitantes, a su elección, podrán participar de manera presencial o electrónica en todos los actos de la licitación (junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas o acto de fallo)

Para los procedimientos electrónicos o mixtos, la notificación del fallo por medio electrónico tiene validez legal.

Por último, las licitaciones pueden ser Federales, estatales o Municipales:

Otras modalidades de contratación.

También se pueden utilizar en las licitaciones públicas las “ofertas subsecuentes de descuente” en las que los licitantes, después de que su propuesta técnica haya cubierto los requisitos cualitativos, tienen la posibilidad de realizar ofertas subsecuentes de descuento  que mejoren el precio ofrecido inicialmente.  La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público establece en su artículo 28 que esta modalidad se podrá emplear en las licitaciones para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma inmediata. Además, en 2010 la Secretaría de la Función Pública emitió unos lineamientos referentes a esta modalidad para definir de forma más precisa los términos del artículo 28. La primera vez que se utilizó esta modalidad fue en 2008 para la compra de carbón para la Comisión Federal de Electricidad.

 “Compras Consolidadas”:  A nivel federal este tipo de modalidad se regula en  el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  y en el artículo 13 de su reglamento, estableciendo que la Secretaría de la Función Pública determinará los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades para obtener mejores condiciones y también que las dependencias y entidades podrán agruparse para consolidad compras (p.e. vacunas, seguros, combustibles, impresión y fotocopiado etc).

 “Convenios marco”: El artículo 14 del regalmento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que los convenios marco son los acuerdos de voluntades que celebran una dependencia o entidad con uno o más posibles proveedores mediante los cuales se  establecen de manera general las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios que, posteriormene, mediante contratos específicos, en su caso, formalicen las dependencias o entidades, con fundamento en la fracción XX del artículo 41 de la Ley.  Estos convenios marco se utilizan principalmente cuando se trata de compras recurrentes.

“Abastecimiento simultáneo”: consiste en otorgar el contrato de un mismo bien o servicio a varios proveedores. El artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores la spartidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria a la licitación.

“Ofertas Conjuntas”: También existe la posibilidad d epresentar ofertas ocnjunta stal y como lo establece el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que señala que “dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas, para tales efectos, en la propuesta y el contrato se estableecerán con precisión la obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento”.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento:

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/laassp.htm

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf

Sistemas de Control:

El sistema de contratación pública en México tiene, también, sus sistemas de control mediante las que se pueden  impugnar los fallos, presentar inconformidades y recursos de revisión etc. El órgano independiente ante el que se presentan estas inconformidades, denuncias de irregularidades etc. es la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal.

http://www.funcionpublica.gob.mx/

 Garantías

Tanto la Ley de Adquisiciones como la Ley de Obras Públicas exigen a los proveedores, en el momento de firmar el contrato, que garanticen los anticipos que reciban, y/o el cumplimiento de los contratos.

Las garantías deben constituirse a favor de:

  • La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con sus dependencias.
  • Las entidades, cuando los contratos o actos se celebren con ellas.
  • Las Tesorerías de las entidades federativas, del Distrito Federal o de los municipios, en los casos de los contratos celebrados con presupuestos federales.

En ambas leyes se faculta a los titulares de las dependencias o los órganos de Gobierno de las entidades el fijar las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deben constituirse. La forma más común para constituir garantías es a través de una fianza otorgada por una institución autorizada. También puede usarse como garantía el depósito en dinero u otras formas de garantía financiera equivalente que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (cartas de crédito irrevocables) o la obligación solidaria asumida por un tercero, que demuestre su idoneidad y solvencia (fideicomiso).

La Secretaría de Hacienda ha publicado una guía orientativa sobre la tramitación de garantías que se puede consultar en:

http://www.hacienda.gob.mx/sitioTESOFE/Guias/guia_efectividad_garantias.pdf

Información adicional en:

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Guia_de_compras_publicas_011012.pdf

Resumen del marco jurídico para los negocios

En el transcurso de los últimos años, México ha suprimido numerosas trabas a la inversión extranjera y ha desarrollado un marco jurídico más moderno y orientado hacia la atracción de la inversión. La actual Ley de Inversión Extranjera (LIE) entró en vigor el 28 de diciembre de 1993 y ha sufrido desde entonces bastantes modificaciones. Las últimas, en 2013 y 2014, para incorporar las reformas constitucionales aprobadas en 2013 en sectores como energía y telecomunicaciones, entre otros.  El organismo responsable de la aplicación de la LIE es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

En virtud de la LIE algunos sectores están reservados al Estado y se mantienen restricciones a la participación de la inversión extranjera en otros tal y como se recoge en el apartado Régimen de Inversiones.

Además, durante  los últimos años  se han producido algunos avances en materia legislativa que, si bien no tienen relación directa con la Ley de Inversiones Extranjeras, contribuyen a crear un marco regulatorio más sólido beneficiando a todas las empresas que desarrollan su actividad en este país. En ese sentido destacamos la aprobación en 2011 de una nueva Ley Federal de Competencia con importante mejoras como el aumento de las multas por prácticas monopolísticas y la mejora en las capacidades de inspección de la Comisión Federal de Competencia y la aprobación en diciembre de 2011 y tras dos años de análisis y discusiones de los cambios en la Ley de Asociaciones Público Privadas que pretende dar mayor seguridad jurídica a los inversores y garantizar la viabilidad de los proyectos de infraestructura que se ejecuten en el futuro. También se aprobó una reforma laboral, en noviembre de 2012, representando la primera modificación importante a Ley Federal del trabajo desde 1970 aunque, desde el punto de vista práctico, la flexibilización del mercado de trabajo introducida por la nueva Ley parece limitada. En diciembre de 2012, pocos días después de la toma de posesión, se aprobó en el Congreso la reforma a la Ley de Educación que era uno de los compromisos asumidos por el Presidente Peña.

2013 fue, además, el año de las grandes reformas estructurales en México. Así, la reforma en materia de telecomunicaciones, promulgada el  11 de junio de 2013, establece, entre otras, la creación de nuevos órganos reguladores con autonomía constitucional en telecomunicaciones y competencia: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE); la creación de tribunales especializados en las áreas de telecomunicaciones y competencia económica; la apertura a la inversión extranjera de todas las áreas de telecomunicaciones con una sola excepción- radiodifusión- en la que se establece un tope del 49%; obligaciones de must carry y must offer para los operadores de televisión de pago y en abierto; la infraestructura del operador de redes dominante se pondrá a disposición de sus competidores (desagregación del bucle local) y se han sacado ya a concurso las licitaciones para dos nuevas cadenas de televisión nacional. La legislación secundaria para poder hacer efectivos estos cambios está pendiente de aprobación.

La reforma financiera, por su parte, fue promulgada el 9 de enero de 2014. Contiene modificaciones a más de 30 ordenamientos jurídicos con el objetivo de favorecer el incremento del crédito en el mercado y hacerlo más barato, fortalecer y ampliar las atribuciones de la banca de desarrollo y dar mayores facultades para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entre otros.

La reforma  fiscal que se aprobó en noviembre de 2013. Entre los cambios, destacan la desaparición de algunos impuestos empresariales como el Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE); se ha homologado el IVA del 16% en todo el territorio- antes en la frontera existía un tipo reducido del 11%; se han eliminado algunos regímenes de consolidación fiscal y se han establecido algunos nuevos para permitir la incorporación de nuevos contribuyentes etc.  La reforma fiscal también incluye un seguro universal de salud; pensión generalizada; seguro de desempleo y seguro de riesgo de trabajo.

La reforma energética, por su parte, que incluye tanto el sector eléctrico como el petrolero e hidrocarburos,  fue aprobada en diciembre de 2013. Se han modificado los artículos 25, 17 y 28 de la Constitución mexicana vinculados al sector eléctrico y de hidrocarburos y se ha adecuado el marco jurídico relacionado con el sector para  permitir, entre otros, la participación de la iniciativa privada en el sector en base a diferentes modalidades de contratos.

http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!reforma

La reforma política, también fue aprobada en diciembre de 2013, incluyendo, la posibilidad de reelección para Senadores y diputados (no para Presidentes y Gobernadores), de formación de gobiernos de coalición,  la consulta popular, las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas, entre otros. 

Otras leyes importantes aprobadas durante los primeros años de la actual administración son la Ley de Víctimas, que establece  entre otros, un fondo con presupuesto para su atención; la nueva Ley de Amparo, que después de dos años de discusiones pone este instrumento al alcance de todos los ciudadanos y de una forma más expedita, a la vez que impone algunas limitaciones para su utilización a las empresas concesionarias de servicios públicos cuando se considere que un determinado amparo afecta el interés general; el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; la reforma constitucional en materia de deuda (mayo de 2015) que considera la creación del sistema único nacional de registro de las obligaciones de los tres niveles de gobierno y la implementación de un sistema de alertas de adeudos obligando a los tres niveles de gobierno a inscribir y publicar el total de sus créditos y la Ley  General de Transparencia  y Acceso a la Información Pública (abril de 2015)  que garantiza al ciudadano el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno, de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, o de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos y sólo se reservará temporalmente información por causas de seguridad nacional, entre otros.