Resumen del marco jurídico para los negocios

Al crear una empresa, se requiere primero su inscripción en el Registro Mercantil y posteriormente en la SIEX o, en su caso, en el organismo específico que establece la ley. Así por ejemplo, una inversión en banca debe registrarse en la Superintendencia de Bancos; en seguros en la Superintendencia de Seguros, etc. Estos registros que se hacen una vez constituida la compañía, son también necesarios para los contratos de transferencia de tecnología, que se inscriben en la SIEX

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

En Venezuela existen, a nivel nacional, dos instituciones de promoción de inversiones:

 

•          La Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), organismo oficial encargado de registrar y controlar las inversiones extranjeras en Venezuela, así como de promocionar la inversión y proporcionar información dirigida a instituciones y empresas extranjeras.

•          El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI), entidad sin ánimo de lucro participada entes públicos y privados. El CONAPRI busca promover el interés por invertir en Venezuela de diferentes maneras; editando boletines informativos, realizando estudios o asesorando a empresas de forma personalizada.

 

Algunas de las 24 gobernaciones del país también tienen organismos de promoción, muy focalizados en el desarrollo del turismo.

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

Superintendencia de Inversiones Extranjeras – SIEX

Capitolio, esquina La Bolsa a Mercaderes, Edif. La

Perla, pisos 3, 5 y PH 1010 Caracas-Venezuela

Apdo. de correos 213

Tel.: (+58-212) 483 66 66 / 484 29 45

Fax: (+58-212) 484 43 68

E-mail: siexdespacho@cantv.net

Web: www.siex.gov.ve

 

 

La SIEX es una entidad pública dependiente del Ministerio de Comercio. Sus funciones básicas son las siguientes:

1.         Emisión del Registro de Inversionistas Extranjeros, Calificación de Empresa y Registro de Contratos de Tecnología, excepto para las inversiones en los sectores de hidrocarburos, minería, banca y seguros.

2.         Elaboración de las estadísticas relacionadas con las Inversiones Extranjeras e Importación de Tecnología.

3.         Apoyo e instrumentación de las políticas de promoción, captación y protección de inversiones nacionales y extranjeras.

 

Para SIEX, los sectores prioritarios para la recepción de inversión extranjera son todos aquellos relacionados con la industria petroquímica y energética, manufacturera, turismo, pesca, siderurgia, minería, agroindustria e infraestructuras.

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

 

Consejo Nacional de Promoción de Inversiones- CONAPRI

 

Edificio Alimer, Piso 1. Calle Orinoco con Av. Ppal de las Mercedes, Urbanización Las Mercedes, Caracas 1060, Venezuela

Teléfonos: (+58-212) 993.3501

Fax: (+58-212) 993.1591

E-mail: conapri@conapri.org

Web: www.conapri.org

 

El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) es una asociación civil sin ánimo de lucro, cuyos miembros son entes e instituciones públicas (7 ministerios, Banco Central de Venezuela, FOGADE, PDVSA y CVG) y privadas (con representación de corporaciones en el área de alimentos y bebidas, telecomunicaciones, banca, bienes de consumo, petróleo, bienes raíces, tecnología, automoción, servicios, etc.).

Sus áreas de acción principales son tres:

•          Apoyo a inversionistas potenciales y establecidos a través de un equipo de asesores expertos.

•          Propiciar el clima de inversión a través de la identificación de los problemas que la obstaculizan.

•          Proporcionar un flujo constante de información hacia empresas inversoras a través de su boletín electrónico Invest Venezuela, y mediante la organización de seminarios y foros informativos.

Los sectores que CONAPRI ha identificado como de mayor interés para la inversión, aparte del petroquímico, son el de alimentación, tecnología de comunicaciones, turismo y todas las etapas de los procesos minero-siderúrgicos.

Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

Detalle del APPRI con España

El Acuerdo entre la República de Venezuela y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, APPRI, fue suscrito en Caracas  el 2/11/1995 y entró en vigor con la publicación en el BOE el 13/10/1997, tuvo una vigencia  inicial por diez años y se ha renovado, por tácita reconducción, por períodos consecutivos de dos años, estando actualmente en vigor, ya que no ha sido denunciado.

El contenido de dicho APPRI al igual que los cerca de tres mil vigentes en todo el mundo, recoge que cada Estado garantiza a los ciudadanos y empresas del otro que las inversiones tendrán tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización o expropiación, o medida similar, sin indemnización, equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada antes de la medida.

La garantía de su cumplimiento estriba, en la cláusula que permite la reclamación directa del inversor contra el Estado infractor ante el Tribunal Internacional de Arbitraje creado por el Banco Mundial en 1965 ante el CIADI, con sede en las oficinas centrales del Banco en Washington,  al que finalmente, tendrán que acudir las empresas reclamantes, si no llegan antes a un acuerdo satisfactorio.

En este sentido es oportuno señalar que el 24 de enero de 2012, Venezuela denunció el Convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), lo que supondría el abandono, el 25 de julio 2012, de este organismo de arbitraje, que actualmente es el más importante del mundo en materia de inversiones. Venezuela sigue así los pasos de Bolivia y Ecuador, que salieron del CIADI en 2007 y 2009, respectivamente.

La retirada de Venezuela del CIADI supone para las inversiones españolas el descenso de una garantía plena a otra semiplena, pero siguen protegidas en lo sustancial, debido a que nuestro APPRI está en vigor.

La garantía de las inversiones españolas en Venezuela no viene dada tanto por la pertenencia de Venezuela al CIADI, como por el tratado bilateral o APPRI (Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones) vigente.

Este instrumento, permite a las empresas españolas reaccionar eficazmente ante cualquier acción lesiva -una expropiación o nacionalización sin adecuada compensación o, en general, cualquier trato injusto, arbitrario o discriminatorio- por parte del Estado venezolano.

Sin embargo, debido a la salida de Venezuela del CIADI a partir de ahora, los inversores españoles ya no podrán llevar sus reclamaciones al CIADI propiamente dicho -competente sólo si los dos Estados son parte del Convenio de Washington-, sino que deberán plantearlas ante el llamado Mecanismo Complementario del CIADI -ente encargado de administrar los casos en que el Estado receptor de la inversión no pertenece al CIADI-.

Tanto los laudos CIADI como los del Mecanismo Complementario del CIADI son, susceptibles de ejecución forzosa sobre todos los activos -petróleo, inmuebles, valores, cuentas bancarias- de los que sea titular el Estado venezolano en cualquier parte del mundo, siempre que no gocen de inmunidad de ejecución. La diferencia es básicamente en el régimen aplicable a la ejecución de los laudos, que no será ya el Convenio del CIADI, sino el de Nueva York de 1958. Mientras los laudos CIADI son inmunes a toda resistencia, los del Mecanismo Complementario admiten la oposición del Estado, oposición que excluye la revisión del fondo del asunto, pero oposición al fin y al cabo, enojosa e incierta.

En resumen, la retirada de Venezuela del CIADI supone para las inversiones españolas el descenso de una garantía plena a otra semiplena; pero, al seguir bajo el paraguas del APPRI, siguen protegidas en lo sustancial. Una denuncia del APPRI entre España y Venezuela no afectaría de inmediato a las inversiones ya efectuadas, que seguirían bajo la protección del APPRI diez años más. Pero las inversiones que se realizaran en lo sucesivo sí quedarían de inmediato expuestas a los rigores de la intemperie bolivariana

Otros incentivos a la inversión

Barreras de entrada a la inversión extranjera

Zonas francas y ZEE

En el territorio venezolano se han establecido, dos Zonas Francas importantes:

1) Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná: Ubicada en la Península de Paraguaná, en el Estado Falcón, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°5.145 de fecha 30 de Abril de 1997. Se encuentra bajo la potestad y control de la Aduana Principal de “Las Piedras de Paraguaná”.

2) Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA (ZOFRAT): Ubicada en el Municipio San Francisco de la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, publicada en Gaceta Oficial N° 36.097 de fecha 29 de Noviembre de 1996. Se encuentra bajo la potestad y control de la Aduana Principal de “Maracaibo”.

Existen otros tipos de Regímenes territoriales vigentes en Venezuela, estos son:

• Los Puertos Libres: Ubicados en Santa Elena de Uairén y en el Estado Nueva Esparta.

• Las Zonas Libres: conformadas por la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida y la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná.

Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

A grandes rasgos, el sistema de contratación pública establece una normativa exhaustiva sobre las formas de contratación del sector público, pero a su vez presenta una serie de facultades discrecionales, que permiten obviar la legislación aplicable en muchos casos, con lo cual de alguna forma se rompe con el principio de transparencia que fundamenta la legislación aplicable. En los últimos años se ha acentuado la política de favorecer a las empresas venezolanas en los contratos con la Administración.

Durante mucho tiempo los procedimientos para la selección de contratistas habían sido regulados por normas sin rango de ley. Desde 1990 se han sustituido estas normas por las distintas leyes que se han dictado sobre la materia con el fin de darles mayor fuerza vinculante, además de profundizar su desarrollo normativo. Actualmente está regulada por el Decreto N° 5.929, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 25 de marzo de 2008, cuya última reforma ha sido publicada el 6 de septiembre de 2010, Gaceta Oficial nº39503  y por su Reglamento de fecha 19/05/2009, Gaceta Oficial nº 39181.

La reforma de 6 de septiembre de 2010, fue publicada la Gaceta Oficial N° 39.503,  introduce un capítulo nuevo a dicha ley, denominado “Capítulo VIII, Medidas Preventivas”, y son añadidos  ocho artículos (130 a 137).

El propósito de la reforma es la creación de un procedimiento legal que le permita al órgano o ente contratante de obras públicas, en circunstancias de dificultad o de imposibilidad de continuación de la ejecución de las obras, requisar o someter a comiso los bienes del contratista necesarios para ejecutar la obra, con el objeto de ocuparlos o utilizarlos sin su consentimiento y sin dar previo cumplimiento a las obligaciones económicas pendientes de la Administración con el contratista.

El artículo 130 de la Ley expresa lo siguiente:

“Abierto el procedimiento administrativo para determinar el incumplimiento por parte del contratista en los contratos de ejecución de obras, cuando la obra hubiere sido paralizada o exista un riesgo inminente de su paralización, el órgano competente o ente contratante podrá dictar como medidas preventivas, la requisición de los bienes, equipos, instalaciones y maquinarias, así como el comiso de los materiales, afectos a la ejecución de la obra. Todo ello con la finalidad de dar continuidad a la obra y garantizar su culminación en el plazo establecido”.

En los artículos 131, 132, 133 y 134 se establece el procedimiento para el dictado y ejecución de las medidas preventivas: las medidas se adoptarán y ejecutarán en un mismo acto, debiendo levantarse un acta con participación del funcionario actuante, del inspector de la obra y del contratista. Con la ejecución de la medida, se hará inventario de los bienes, equipos, instalaciones y materiales y se dejará constancia del estado y avance de la ejecución de la obra. El contratista o los terceros interesados podrán hacer  oposición a la medida dentro de los tres días siguientes al dictado de la misma, por ante el funcionario que la dictó, quien la decidirá dentro de los cinco días siguientes.

Según el artículo 135, por los efectos de la medida preventiva, los bienes requisados o decomisados quedarán a disposición del órgano o ente contratante mediante ocupación temporal y posesión inmediata. La porción de obra ejecutada por la Administración no podrá ser imputada a favor del contratista; sin embargo, cuando  la resolución definitiva del procedimiento de rescisión (resolución) por incumplimiento le fuere favorable, el contratista podrá exigir el reconocimiento de las inversiones que hubiere efectuado en la obra. Con relación a los materiales bajo comiso y las maquinarias y equipos requisados. Los terceros podrán exigir al órgano o ente contratante el pago de los contratos suscritos con el contratista, con respecto a lo efectivamente ejecutado por la Administración con los bienes, materiales, o equipos de su propiedad  requisados o decomisados.

Las medidas preventivas permanecerán en vigencia hasta la recepción definitiva de la obra, pero podrán ser revocadas, suspendidas o modificadas por los funcionarios competentes, en cualquier momento, incluso de oficio, cuando hayan desaparecido las condiciones que justificaron su adopción, siempre que el levantamiento de las medidas no afectaren la ejecución de la decisión definitiva del procedimiento de rescisión (resolución).

La nueva normativa establece conceptos como el “compromiso de responsabilidad social”, que obliga a que el oferente asuma un proyecto para el desarrollo social incluido en los pliegos de la licitación, cuyo coste es entre el 1% y el 5% del contrato. Esto no afecta a las empresas extranjeras que liciten sin tener una filial en Venezuela.

Además, esta nueva Ley establece que todas las dudas, controversias y reclamaciones que puedan suscitarse con motivo del contrato y que no llegaren a ser resueltas por las partes de común acuerdo, serán decididas por los tribunales competentes de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con sus leyes. Lo que cierra las puertas a posibles arbitrajes extranjeros.

Están sujetos a esta  Ley los procedimientos de selección de contratistas realizados por: 

Los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal, Central y  Descentralizado.Las Universidades Públicas.El Banco Central de Venezuela.Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la República y las personas jurídicas a que se contraen los numerales anteriores tengan participación, igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o capital social respectivo.Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en cuyo patrimonio o capital social, tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento(50%), las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el numeral anterior.Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se refieren los numerales anteriores o aquellas en cuya administración éstas tengan participación mayoritaria.Los Consejos Comunales o cualquier otra organización comunitaria de base que maneje fondos públicos.

El artículo 4 establece las exclusiones de la misma, entre ellas destaca que están excluidos los proyectos que se encuentren en el marco del cumplimiento de acuerdos internacionales de cooperación, incluyendo la contratación con empresas mixtas en el marco de estos convenios. La adjudicación directa de contratos en base a esta exclusión ha sido una práctica habitual en los últimos  años.

Establece en su Capítulo I las ‘Medidas de Promoción de Desarrollo Económico’, la posibilidad de dictar medidas temporales para que las contrataciones compensen condiciones adversas o desfavorables que afecten a la pequeña y mediana industria y cooperativa.

La Ley establece, en función del valor del contrato o las características particulares del mismo, la forma de adjudicación:

- Concurso Abierto y Concurso Abierto Internacionalmente: Este procede en los casos de adquisición de bienes o contratación de servicios superior a 20.000 Unidades Tributarias UT y en los de construcción de obras por más de 50.000 UT. La UT para 2013 es de 103 Bs.

- Concurso Cerrado: para adquisición desde 5.000 hasta 20.000 UT y en construcción desde 20.000  hasta 50.000 UT.

- Consulta de precios: para adquisición hasta 5.000 UT y en construcción hasta 20.000 UT.

- La Contratación Directa, es posible para montos menores en UT e independientemente del monto en los casos que establece la ley:

. Suministros que puedan poner en peligro un proceso productivo

. Adquisición de obras de arte o científicas

.Si hay un solo fabricante del producto o servicio

.Si el mercado objeto hace inviable el proceso de licitación

.En caso estados de excepción

.En caso de contratos resueltos o rescindidos si una nueva licitación pone en peligro los intereses del contratante

.En caso de urgente necesidad

.Bienes y servicios de primera necesidad siempre que haya desabastecimiento certificado

Registro Nacional de Contratistas (RNC): Está constituido por el Registro Nacional y los Registros Auxiliares. En la práctica, interesa estar inscrito en los Registros Auxiliares de los entes contratantes, pues esto equivale a estar inscritos en el Registro Nacional. Para participar en todo proceso licitatorio o adjudicación directa es preciso estar inscrito en el RNC, salvo las siguientes excepciones:

a) Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente

b) Para servicios altamente especializados de uso esporádico

c) Pequeños productores de alimentos o productos básicos declarados como de primera necesidad

d) Adjudicaciones inferiores a 4.000 UT en caso de adquisiciones o de 5.000 UT en caso de obras.

La LEY regula sustantivamente los contratos, es decir, precisa los principios generales de los contratos regulados por ella. Destacamos a continuación los aspectos más relevantes de los mismos:

Todos los  entes contratantes, deberán contar conforme al artículo 93, con la siguiente documentación a los efectos de la formalización del contrato:

-Acta o documento donde se señale la fecha de inicio de la ejecución de la obra o el suministro de bienes o servicios.

-Solvencias y garantías requeridas.

-El pliego de condiciones y la oferta.

-Cronograma de desembolso de la contratación, de ser necesario.

-Documentación legal de la persona natural o jurídica.

-Certificados que establezcan las garantías respectivas y sus condiciones.

El lapso máximo para la firma del contrato será de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación.

Una vez formalizada la contratación correspondiente y en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, deberán establecer los controles que permitan regular los siguientes aspectos:

-Cumplimiento de la fecha de inicio de la obra o suministro de bienes y servicios.

-Otorgamiento del anticipo, de ser aplicable.

-Cumplimiento del compromiso de responsabilidad social.

-Supervisiones e inspecciones a la ejecución de obras o suministro de bienes y servicios.

-Modificaciones en el alcance original y prorrogas durante la ejecución del contrato.

-Cumplimiento de la fecha de terminación de la obra o entrega de los bienes o finalización del servicio.

-Finiquitos.

-Pagos parciales o finales.

-Evaluación de actuación o desempeño del contratista.

Garantías del Contrato: En este sentido y en cuanto a la fianza de anticipo, refiere el artículo 99 que para todos aquellos casos en los que se hubiere dispuesto en el pliego de condiciones y en el contrato, el pago de un anticipo, establecido como un porcentaje del monto total de la contratación, el órgano o ente contratante procederá a su pago previa consignación, por parte del contratista, de una fianza por el cien por ciento (100%) del monto otorgado como anticipo; la cual será emitida por una institución bancaria o empresa de seguro debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente, o Sociedad Nacional de garantías recíprocas para la mediana y pequeña industria, a satisfacción del órgano o ente contratante.

Asimismo, el artículo 100 prevé lo relativo a la garantía de fiel cumplimiento la cual asegura el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el contratista con ocasión del contrato para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras; por lo que, cuando se requiera, éste deberá constituir una fianza de fiel cumplimiento otorgada por una institución bancaria o empresas de seguro, que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del contrato.

Ahora, en caso de no constituir una fianza, el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención del quince por ciento (15%) sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio.

Otra de las garantías presentes es la garantía laboral, contemplada en el artículo 101 y según la cual, el órgano o ente contratante, podrá solicitar al contratista la constitución de una fianza laboral hasta por el diez por ciento (10%) del costo de la mano de obra, incluida en la estructura de costos de su oferta, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguro, debidamente inscrita en la Superintendencia correspondiente; la cual deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta seis meses después de su terminación o recepción definitiva. El monto de la fianza puede ser revisado y deberá ser cubierto por el contratista en caso de que el costo de la mano de obra a su servicio se vea incrementado por encima de lo inicialmente estimado. En caso de no constituir la fianza, el órgano o ente contratante, establecerá la retención del porcentaje sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio.

En cuanto a la póliza de responsabilidad civil, refiere el artículo 102 de la LEY que el órgano o ente contratante, en los casos en que se hubiera establecido en el contrato, solicitará al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil general la cual deberá incluir responsabilidad civil y daños a equipos e instalaciones de terceros objetó del servicio u obra. El monto de la referida póliza será fijado en el contrato.

Inicio de la obra y fecha de entrega de los bienes:

Respecto del Inicio de la Obra, el artículo 103 de la LEY, el Contratista deberá iniciar el suministro de los bienes, la prestación del servicio o ejecución de la obra dentro del plazo señalado en el contrato u orden de compra o servicio.

El plazo se contará a partir de la fecha de la firma del contrato y se podrá acordar una prórroga de ese plazo cuando existan circunstancias que lo justifiquen plenamente. Cuando la prórroga sea solicitada por el contratista deberá hacerlo por escrito.

En todos los casos deberá dejarse constancia de la fecha en que se inicie efectivamente el suministro del bien o prestación del servicio o la ejecución de la obra, mediante acta o documento que será firmado por las partes.

El anticipo no deberá ser mayor del cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato y su pago dependerá de la disponibilidad del órgano o ente contratante.

Señala igualmente este artículo que el otorgamiento del anticipo contractual más el anticipo especial no podrá superar en ningún caso, el setenta por ciento (70%) del monto total del contrato.

Modificaciones del Contrato: Conforme lo establece el artículo 106 de la LEY, el órgano o ente contratante podrá, antes o después de iniciado el suministro de los bienes, la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, introducir las modificaciones que estime necesarias, las cuales serán notificadas por escrito al contratista.

Asimismo, éste podrá solicitar al órgano o ente contratante cualquier modificación que considere conveniente, la cual deberá ir acompañada del correspondiente estudio económico, técnico y de su presupuesto, y el órgano o ente contratante deberá dar oportuna respuesta a la misma. El contratista sólo podrá realizar las modificaciones propuestas cuando reciba autorización por escrito del órgano o ente contratante, debidamente firmada por la máxima autoridad o de quien éste delegue.

El órgano o ente contratante procederá a reconocer y pagar las modificaciones o cambios en el suministro de bienes y servicios, o ejecución de obras cuando las haya autorizado expresamente tal y como lo refiere el artículo 107 de la LEY, sin embargo, en el caso de las modificaciones del contrato sin autorización, el órgano o ente contratante podrá obligar al contratista a restituir la construcción o parte de ésta al estado en que se encontraba antes de la ejecución de la modificación o a demoler a sus expensas lo que hubiere ejecutado sin la referida autorización escrita, de no hacerlo podrá ordenar la demolición a expensas del contratista.

En cuanto a las causas de modificación de los contratos, el artículo 108 de la LEY, señala que dará origen a las modificaciones del mismo las siguientes causales:

-El incremento o reducción en la cantidad de la obra, bienes o servicios originalmente contratados.

-Que surjan nuevas partidas o renglones a los contemplados en el contrato.

-Se modifique la fecha de entrega del bien, obra o servicio.

-Variaciones en los montos previamente establecidos en el presupuesto original del contrato.

-Las establecidas en el Reglamento de la Ley.

Por su parte, el artículo 109 de la LEY, define lo que debe entenderse por variaciones del presupuesto original, entendidas como aquellas fundamentadas por el contratista, por hechos posteriores imprevisibles a la fecha de presentación de la oferta, debidamente aprobadas por el órgano o ente contratante; también se considerarán variaciones los aumentos o disminuciones de las cantidades originalmente contratadas; así como las obras adicionales.

Variaciones de precios. Teoría de la Imprevisión:

En cuanto a la obligación de los órganos o entes derivadas de la aplicación de la Teoría de la Imprevisión, señala el artículo 110 de la LEY, que todas las variaciones de precios que hayan afectado realmente el valor de los bienes y servicios suministrados u obra contratada, debidamente aprobadas por el órgano o ente contratante, se reconocerán y pagarán al contratista de acuerdo a los mecanismos establecidos en los contratos, aplicables según su naturaleza y fines, entre los cuales se señalan el calculado con base en las variaciones de índices incluidos en fórmulas polinómicas o el de comprobación directa.

En el documento principal del contrato se establecerá el lapso de garantía necesaria para determinar si la obra no presenta defectos y si sus instalaciones, equipos y servicios funcionan correctamente, tal y como lo refiere el artículo 124  la de LEY; este lapso de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha del Acta de Terminación. Concluido el lapso de garantía, señala el artículo 125, que el contratista deberá solicitar por escrito, al órgano o ente contratante la recepción definitiva de la obra; y dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de esa solicitud, al órgano o entre contratante, quién hará una inspección general de la obra. Si en la inspección se comprueba que ha sido ejecutada en un todo conforme con lo estipulado en el contrato, se procederá a su recepción definitiva y se levantará el acta respectiva suscrita por el representante del órgano o ente contratante, el Ingeniero Inspector, el Ingeniero Residente y el contratista.

Procedimiento de Licitación: Los concursos abiertos deben ser publicados en la web del Ente contrante, hasta un día antes de la recepción de sobres, igualmente se debe remitir al Servicio Nacional de Contrataciones www.snc.gob.ve para que sea publicado durante el mismo lapso. En casos excepcionales y con autorización de la Comisión Central de Planificación se podrá publicar en medios de comunicación de circulación nacional o regional, especialmente en la localidad donde se vaya a desarrollar el proyecto y por otros medios de difusión 

El plazo de presentación de ofertas  se fija por la Comisión de licitación tomando en cuenta la complejidad de la obra o el suministro y no podrá ser inferior a cinco días hábiles.  En las ofertas de condiciones similares, se preferirán aquellas que tengan el mayor componente nacional, posesión de marca NORVEN, provengan de pequeñas y medianas empresas y cooperativas, y que el oferente opere donde se promueva la licitación o donde se construya la obra.

La selección del contratista está a cargo de la Comisión de licitación, que debe presentar informe razonado y presentar, si procede, ofertas que merezcan la segunda o tercera opción. La Comisión puede declarar desierta la licitación cuando:

- Ninguna oferta haya sido presentada.

- Todas las ofertas resulten rechazadas o los oferentes descalificados.

- Esté suficientemente justificado que de continuar el procedimiento podría causarse perjuicio al ente contratante.

- En caso de que los oferentes beneficiarios de la primera, segunda y tercera opción no mantengan su oferta, se nieguen a firmar el contrato, no suministren las garantías requeridas o le sea anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa.

Declarada desierta la modalidad de Concurso Abierto, puede procederse por Concurso Cerrado. Si la modalidad declarada desierta fuera un Concurso Cerrado se podrá proceder por Consulta de Precios. El Concurso Cerrado y la Consulta de Precios deben iniciarse bajo las mismas condiciones  establecidas en la modalidad declarada desierta, invitándose a participar a los oferentes calificados en ésta.

La adjudicación (Buena Pro) o la declaración de desierta será anunciada por el ente contratante dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del informe de la Comisión.

La adjudicación debe ser notificada al beneficiario y a los demás participantes, mientras que la declaración de desierta debe ser publicada en prensa.  El adjudicatario tiene que otorgar las garantías exigidas, en las condiciones de licitación para que le sea otorgado el contrato. Otorgada la adjudicación, el contratante puede desistir de la celebración del contrato cuando justifique que existen razones de interés público para ello, pero debe indemnizar al adjudicatario los gastos en que incurrió para participar en la licitación.

Régimen de inversiones

En la Constitución de 1999, se dispone que el Estado conjuntamente con la iniciativa privada  promoverán el desarrollo armónico de la economía nacional, de forma similar a lo establecido en la anterior Constitución. En los artículos 299 y siguientes se regula el régimen socio económico y la función del Estado en la economía. Se reserva al Estado la industria petrolera y ciertos sectores estratégicos, como la política comercial y la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. Señala como sectores de interés preferente la agricultura, la seguridad alimentaria o auto-abastecimiento, las pyme y el turismo. Establece también igualdad de tratamiento para el capital nacional o extranjero.

El 21 de marzo de 1991, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó las Decisiones 291 y 292, en virtud de las cuáles se adopta un nuevo Régimen Común de Tratamiento a la Inversión Extranjera, que otorga igual trato al capital foráneo. A partir de entonces, en los países del Pacto Andino, los inversionistas extranjeros gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los nacionales, salvo las escasas limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico de cada país.

La normativa que regula la inversión extranjera en Venezuela viene recogida en el Decreto 2.095 del 25 de marzo de 1992, desarrollado basándose en las Decisiones 291 y 292 de la Comisión antes mencionadas.

Principios rectores de la inversión extranjera:

a) Trato nacional: el inversionista extranjero y el nacional gozarán del mismo tratamiento por parte de la Administración.

b) Universalidad: se admite la inversión extranjera en todos los sectores de la economía salvo en los sectores de radio y televisión, periódicos en lengua española y servicios profesionales que estén regulados por leyes nacionales.

En estos sectores la inversión extranjera no puede superar el 20 % del capital, no obstante hay casos especiales, a saber:

- Las inversiones en actividades primarias de hidrocarburos está reservadas al Estado, que tiene la facultad de crear empresas mixtas con inversión privada, siempre que controle más del 60% del capital social

- La explotación de mineral de hierro está reservada para el Estado, por lo que no es posible que en este sector haya inversión privada nacional o extranjera.

- La carga marítima está sujeta al principio de reciprocidad.

- Para el ejercicio de la aviación civil es necesaria una habilitación administrativa por parte del Estado.

c) No autorización: por regla general no se requiere autorización administrativa previa para la realización de inversiones extranjeras. La excepción se encuentra en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de 26 de agosto 1976 que establece la necesidad de autorización del Ministerio de la Defensa para que los extranjeros puedan adquirir inmuebles ubicados en la zona de seguridad fronteriza, en la zona que circunda las industrias básicas y las instalaciones militares, y  en la franja adyacente a la orilla del mar, lagos y ríos navegables.

d) Libertad de remisión de dividendos y capitales. Aunque de  hecho, desde 2007 están bloqueadas las repatriaciones de dividendos.

e) Acceso al crédito nacional e internacional: no existen limitaciones en cuanto a acceso a crédito.

f) Beneficio del Programa de liberación: las empresas extranjeras pueden exportar a los países de la subregión en las mismas  condiciones que las empresas nacionales.        

Clases de inversión:

a) Inversión Extranjera Directa: aportes provenientes del exterior propiedad de personas naturales o jurídicas, que pueden consistir en moneda libremente convertible, bienes físicos o tangibles, moneda nacional proveniente de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones. También la proveniente de conversión de deuda en inversión y las contribuciones tecnológicas intangibles tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.

b) Inversión Nacional: es la realizada por el Estado, las personas naturales y jurídicas consideradas como nacionales de conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano, así como las realizadas por personas naturales extranjeras con visa de residente ininterrumpida en el país, no inferior a un año, que cumplan con las demás leyes de la República y que  habiendo o no importado capitales, manifiesten a la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) su voluntad de renunciar al derecho de re-exportarlos y remitir utilidades al exterior y obtengan de esta la credencial de inversionista Nacional.

También se considera nacional la inversión realizada por un inversionista subregional (de cualquier país miembro del Acuerdo de Cartagena). El hecho de que sean consideradas nacionales dichas inversiones no limita el derecho de remitir utilidades al exterior.

c) Inversión Subregional: realizada por un inversionista subregional

d) Inversión Indirecta: es la inversión que se realiza a través de la adquisición de acciones por inversionistas extranjeros en la bolsa de valores  

Organismo Nacional Competente:

La SIEX es la  oficina de registro de la inversión extranjera y los contratos de licencia. La inversión extranjera directa no necesita la aprobación de la SIEX, pero debe ser registrada en esta entidad dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se ha producido la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.

No obstante existen algunos sectores en los que son competentes otros organismos:

- Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Seguros con respecto a la inversión extranjera realizada en banca y seguros respectivamente.

- Ministerio de Energía y Petróleo, para las inversiones que se realicen en el sector de hidrocarburos, petroquímico, carbonífero y minero. También en sectores conexos tales como servicios tecnológicos o de apoyo técnico de las actividades de exploración, explotación de yacimientos, extracción, manufactura o refinación, transporte por vías especiales, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, siempre que se realicen de conformidad con la Ley que reserva al Estado la Industria y el Comercio de Hidrocarburos.

- Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, competente en lo relacionado al registro de operaciones de crédito público que impliquen la contratación de créditos externos celebrados por Institutos Autónomos y por las Sociedades, Asociaciones y Fundaciones del Estado relacionadas en la Ley de Crédito Público.

Calificación de las empresas:

Por definición, se considera compañía extranjera a aquélla que tiene más del 49% de sus acciones en poder de extranjeros. Una empresa mixta es aquella con participación extranjera entre el 19,9% y el 49%. Se considera compañía nacional aquella con menos del 20% de capital extranjero. Una compañía puede ser clasificada como mixta cuando el Estado o sus entidades controladas posean al menos el 30% del capital, siempre que tenga además poder efectivo de veto para decisiones relevantes de la empresa (esto puede tener relevancia en el caso de las privatizaciones).

La SIEX considera, además de la participación accionarial, factores como el  grado de control del inversor extranjero sobre tecnología, finanzas y gestión comercial administrativa a la hora de clasificar una empresa como extranjera, mixta o nacional.

Ley de Promoción y Protección de Inversiones:

Fue promulgada el 22 de octubre de 1999 con el objetivo de dar a los inversores un marco jurídico estable y previsible, mediante la regulación de la actuación del Estado frente a los mismos. En la práctica lo que hace la ley es consagrar los principios rectores de la inversión extranjera que hemos comentado anteriormente. El Reglamento de dicha ley fue publicado el 22 de julio de 2002.

Así, se establece que las controversias que puedan surgir en relación con esta Ley, una vez agotada la vía administrativa por el inversionista, podrán ser sometidas a los tribunales nacionales  o a los tribunales arbitrales venezolanos. Sin embargo, cuando la controversia surja entre un inversionista internacional cuyo país haya suscrito un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPRI) con Venezuela, o en las controversias a las cuales sean aplicables las disposiciones de la MIGA o del Convenio de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados Nacionales y otros Estados (CIADI), serán sometidas a arbitraje internacional en los términos del respectivo Tratado o Acuerdo si este así lo establece. España tiene suscrito desde 1995 un APPRI con Venezuela. También se establece la posibilidad de firmar contratos de estabilidad jurídica por un máximo de 10 años con la República en materia de estabilidad en: regímenes de impuestos nacionales, regímenes de promoción de exportaciones y sobre incentivos o beneficios específicos que se hubieran pactado. Sin embargo hasta el presente no se han  suscrito contratos de este tipo con ningún país.

Propiedad inmobiliaria

Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

La inversión extranjera en Venezuela se regula mediante el Decreto Nº 2095. Este marco legal dispone los siguientes principios con respecto a la inversión extranjera:

-Igualdad de trato a los inversores locales y a los extranjeros.

-No está sometida a autorización previa, únicamente un registro posterior de la inversión.

-Libre remisión de dividendos y repatriación de capitales. Pero cabe resaltar que, desde 2007, están bloqueadas las repatriaciones de dividendos.

-Libre contratación de tecnologías.

-Libre acceso al mercado de capitales y créditos.

El marco normativo establece restricciones a la presencia de capital extranjero en los medios de comunicación, determinados servicios profesionales y actividades relacionadas con transporte marítimo y aéreo.

Venezuela, como medio para atraer la inversión extranjera a su territorio, ha promovido la firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con múltiples países (existe un APPRI con España, en vigor desde el 12/9/1997), así como también convenios bilaterales para evitar la doble imposición, tanto Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) general (el convenio suscrito con España se encuentra vigente desde el 1/1/2005) como en materia de transporte marítimo y aéreo (el suscrito con España entró en vigor el 18/4/1988).

Por otra parte, el gobierno venezolano ha puesto en marcha a lo largo de los últimos años diversos programas de incentivos, concretados en forma de leyes y decretos, dirigidos a incentivar la inversión tanto nacional como extranjera. A continuación se detallan los más relevantes:

1.    Incentivos Fiscales

Impuesto sobre la Renta (ISLR):

La Ley de Impuesto sobre la Renta establece las siguientes deducciones:

- Exención fiscal por la explotación primaria de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas, pesqueras, acuicultura y piscicultura. Se impone la obligación de reinvertir la cuantía del impuesto que hubiese sido pagado en actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico, mejoramiento de los índices de productividad o en bienes de capital en dicho sector.

- Reducción a las personas jurídicas instaladas o que se instalen en Amazonas, Apure, Delta Amacuro o Trujillo, y a las PYMES comerciales, de servicios y manufactureras instaladas o que se instalen en los parques industriales identificados en el Decreto Nº 963, aplicable a los siguientes ejercicios fiscales de las empresas:

- Reducción del 75% por nuevas inversiones destinadas a la adquisición o arrendamiento de nuevos buques o accesorios de navegación, ampliación o mejora y equipamiento de buques y accesorios de navegación existentes, y adquisición de nuevos equipos o nuevas tecnologías en materia de seguridad marítima.

- Deducción del 10% del importe de nuevas inversiones en activos fijos, salvo terrenos, destinados a nuevas empresas o al aumento efectivo de la capacidad productiva.

- Reducción de hasta el 80% en el sector agrícola, pesquero y piscícola, y 75% en el sector de turismo.

- Reducción adicional del 10% a las inversiones destinadas al control de la contaminación ambiental.

- Deducción del 8% en hidrocarburos y actividades conexas, del importe de nuevas inversiones en activos fijos.

- Reducción adicional del 4% en hidrocarburos y sectores conexos, sobre el coste total de las nuevas inversiones realizadas en aquellas actividades que optimicen la explotación.

- Exención del pago del 50% ó 25% de la renta gravable a los titulares de concesiones de obra o servicios que asuman el financiamiento de la inversión en un porcentaje igual o superior al 50% o inferior al 50%, respectivamente.

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA):

La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece un tipo general del 12%. No obstante, existen exenciones para la realización de las siguientes actividades:

- Importación, venta y prestación de servicios en los Puertos y Zonas Libres.

- Importación de buques y accesorios de navegación, plataformas de perforación, accesorios y equipos para la industria naval y de astilleros, maquinarias y equipos para manipulación de cargas.

- La importación no definitiva de bienes muebles.

- Las ventas de bienes muebles intangibles o incorporales distintos de los que la Ley del IVA define como servicios.

- Las operaciones y servicios de las instituciones financieras.

- Compraventa de maquinarias agrícolas y vehículos, automóviles, naves y aeronaves para el transporte público de personas.

- Servicio de transporte público, terrestre, marítimo y aéreo nacional de pasajeros.

- Compraventa de alimentos no procesados, medicinas, e insumos para los productos de consumo humano y animal.

2.Devolución del Impuesto de Importación (Draw Back):

Este incentivo consiste en el reintegro de los impuestos arancelarios que gravan los bienes intermedios de productos finales objeto de exportación. Los beneficiarios son exportadores que pagan directamente los impuestos de importación, así como los exportadores que adquieren el producto para exportación ya elaborado, al que se le han incorporado insumos, materias primas, partes o piezas nacionalizadas.

3.Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo(ATPA):

Consiste en una suspensión del pago de derechos de importación a todas aquellas mercancías que son introducidas en el país para algún perfeccionamiento y luego son exportadas.

 

4.Incentivos Sectoriales

TURISMO

En el Sector Turístico se encuentran diversos incentivos, establecidos fundamentalmente en la Ley Orgánica de Turismo (2005), la cual atribuye al Presidente de la República en Consejo de Ministros, junto con la opinión del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, otorgar la concesión a los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el Registro Turístico Nacional y que cumplan la normativa vigente, los siguientes incentivos:

1. Rebaja del impuesto sobre la renta calculada hasta un setenta y cinco por ciento (75%) del monto incurrido en nuevas inversiones destinadas a la construcción de hoteles, hospedajes y posadas; a la prestación de cualquier servicio turístico o a la formación y capacitación de sus trabajadores. Igual beneficio se podrá obtener cuando la inversión esté destinada a la ampliación, mejora, equipamiento o al reequipamiento de las edificaciones o servicios turísticos existentes, previa calificación en todo caso del Ministerio de Turismo o cuando la misma tenga como destino la adaptación de las instalaciones o servicios, a requerimientos de calidad y desempeño, establecidos por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos.

2. Rebaja del Impuesto Sobre la Renta calculada hasta un setenta y cinco por ciento (75%) del monto incurrido en nuevas inversiones destinadas sólo a fines turísticos y de recreación en el área rural o suburbana, en hatos, fincas, desarrollos agrícolas y campamentos. Igual rebaja se podrá obtener cuando la inversión esté destinada a la ampliación, mejoras, equipamiento o al reequipamiento de los servicios turísticos y recreacionales ya existentes en dichos sitios, previa calificación en todo caso del Ministerio de Turismo.

3. Exoneración de los tributos contemplados en la ley para la importación de buques, aeronaves y vehículos terrestres con fines turísticos, tomando en cuenta los acuerdos y políticas de comercio internacional, ratificados por Venezuela.

4. Establecimiento de tarifas preferenciales para el combustible, destinadas a favorecer los buques y aeronaves con fines exclusivamente turísticos.

5. Establecimiento de tarifas especiales por el suministro de servicios públicos a cargo del Estado para los establecimientos de alojamiento turístico cuyos períodos de mayor venta ocurren en determinadas épocas del año.

Para poder disfrutar de estos incentivos, deben los interesados inscribirse en el Registro Turístico Nacional, obtener la solvencia con el Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística y solicitar el Certificado Turístico ante el Ministerio de Turismo.

 SECTOR AGRÍCOLA, PECUARIO, PESQUERO O PISCÍCOLA:

Se concederá una rebaja del Impuesto Sobre la Renta de un 80% sobre el valor de las nuevas inversiones realizadas en el área de influencia de la unidad de producción cuya finalidad sea de provecho mutuo, tanto para la unidad misma como para la comunidad donde se encuentra inserta. A los fines del reconocimiento fiscal de las inversiones comunales, éstas deben ser calificadas previa realización y posterior verificación por parte del organismo competente del Ejecutivo Nacional. Igual rebaja se concederá a la actividad turística por inversiones comunales, cuando las mismas sean realizadas por pequeñas y medianas industrias del sector. Esta rebaja puede ser traspasada hasta los 3 ejercicios anuales subsiguientes.

HIDROCARBUROS Y ACTIVIDADES CONEXAS:

Se otorga una rebaja del impuesto equivalente al 8% del monto de las nuevas inversiones en explotación de hidrocarburos y de actividades conexas, hechas en el país dentro del ejercicio anual, representada en activos fijos destinados a la producción del enriquecimiento.

Se concede una rebaja adicional del impuesto del 4% sobre el costo total de las nuevas inversiones realizadas en:

•    Exploración, perforación e instalaciones conexas de producción, transporte y almacenamiento, hasta el puerto de embarque o lugar de refinación en el país, inclusive.

•    Recuperación secundaria de hidrocarburos.

•   Aprovechamiento, conservación y almacenamiento del gas, incluido el licuado.

•   Valorización de hidrocarburos y los egresos por concepto de investigación

Representación y agencia

Las compañías extranjeras también pueden actuar a través de un agente, un representante comercial o un distribuidor. En Venezuela no hay regulación especial para distribuidores y agentes comerciales, estableciéndose la relación libremente en el contrato correspondiente, de manera que los únicos derechos del agente o distribuidor son los especificados en el contrato.

Formación de "joint ventures". Socios locales

Crear consorcios o joint ventures en Venezuela es un factor muy importante para poder acceder a determinadas actividades que están reservadas a empresas venezolanas y que tienen que ver con aquellas que necesitan la colegiación para poder ser ejercidas, esto es por ejemplo: las consultoras de ingeniería, las actividades médico-sanitarias o las de comunicación social, entre otras establecidas por la normativa de inversiones extranjeras.

Por otro lado, en tanto que el éxito de un gran número de negocios depende de las relaciones personales, siempre es conveniente contar con un socio local que aporte su red de contactos tanto en el sector privado como en el de la Administración. En ese sentido, es aconsejable comprobar la validez y eficacia del agente o socio local, así como comprobar que esos contactos se traducen en avances reales y concretos para el negocio, muy especialmente en aquellos en los que intervenga el Estado. De la elección de un buen socio dependerá en gran parte el éxito de su negocio.

Tipos de sociedades. Formalidades de constitución

Los tipos de empresas más usuales son las Compañías de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) y las Sociedades Anónimas (S.A.). Las sociedades no tienen capital mínimo de caracter legal

Los pasos para registrar una sociedad anónima son:

1) Registro del nombre en el Registro Mercantil

2) Obtención del Registro de Identificación Fiscal RIF

3) Presentación de los documentos siguientes:

- Poder notarial a un ciudadano venezolano o a un residente que le autoriza a registrar la compañía en el Registro Mercantil y en otros organismos.

- Los estatutos de la sociedad. Deben incluir el objetivo de la misma, el capital suscrito, el desembolsado, la estructura del accionariado, los nombres del Consejo etc.

- Prueba de que la aportación de capital extranjero ha sido vendido en un banco local al tipo de cambio oficial y que los bolívares originados se han depositado en una cuenta al nombre de la compañía. Cuando la contribución es en forma de equipos u otros bienes, se requiere copia de los documentos de importación.

- Si en lugar de una empresa local se quiere establecer una sucursal de una empresa extranjera, es preciso nombrar un representante legal local con poderes para representar a la casa matriz.

Venezuela y España han ratificado el Convenio de la Apostilla de la Haya de 1961, según el cual los documentos públicos que tengan la apostilla en el país de origen son válidos en el país de destino.

Desglose de las distintas formas de empresas societarias y no societarias

Régimen de franquicias

Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Venezuela cuenta con una legislación bastante amplia y competitiva para la protección de los derechos de la propiedad industrial.

La regulación sobre esta materia se sitúa en varios instrumentos ente los que destacan: el Convenio de París, el acuerdo sobre los aspectos del Propiedad Intelectual relativos al Comercio TRIP´S, el acuerdo de Liberalización Comercial del G-3 (Colombia, México y Venezuela) y además por la Decisión 486, sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial. Esta Decisión fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,  la cual entró en vigor el 1° de enero de 2000 al ser publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela. Sin embargo, no se deroga expresamente la Ley de Propiedad Industrial de 1955, por lo cual la misma continua vigente en aquello en lo que la mencionada Decisión no haya legislado o no contradiga a  la anterior.

Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones el 22 de abril de 2006. A pesar de que se debería seguir aplicando la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual hasta 5 años después (a menos que durante ese período se publicara una nueva ley venezolana), el 14 de noviembre de 2008, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) ratificó el contenido del Aviso Oficial publicado en fecha 17 de septiembre de 2008, en el que informa la restitución de la aplicabilidad de la Ley de Propiedad Industrial de 1956, dejando sin efecto la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, alguno de los procedimientos a seguir ante la Oficina de Registro se verán afectados, entre los cuales destacamos:

MARCAS:

Con la ley vigente las marcas se vienen registrando con normalidad.

Se requiere publicación en prensa por parte del solicitante. 

La vigencia de las marcas es de quince (15) años, antes diez (10) años, a partir de la fecha de registro.

Se podrán renovar por períodos sucesivos de quince (15) años, dentro de los seis (6) meses anteriores a la expiración, eliminándose así el período de gracia establecido en el Convenio de Paris.

 Se sustituye la Clasificación Internacional de Niza por la Clasificación Nacional establecida en la Ley de Propiedad Industrial de 1956, tanto para solicitudes como para renovaciones.

Se invierte la carga de la prueba en la Cancelación por Falta de Uso, siendo el solicitante quien debe demostrar que la marca no ha sido usada.

PATENTES:

Hay una política restrictiva de patentes, ya que desde hace 10 años no se concede ninguna.

Se requieren publicaciones en prensa por parte del solicitante.

Las patentes de invención, mejora, modelo industrial, dibujo industrial, se expedirán por cinco (5) o diez (10) años a voluntad del solicitante (antes 20 años invención  y 10 años modelo de utilidad y diseño industrial).

No son patentables los medicamentos, las preparaciones farmacéuticas y químicas, las bebidas y artículos alimenticios.

Sin embargo se recomienda continuar con la presentación de las patentes relacionadas con los productos antes mencionados a fin de preservar los derechos de los mismos, y a la vez solicitar, según aplique, la protección de los procedimientos para la preparación de productos químicos, los cuales son patentables de acuerdo la Ley.

- Transferencia de tecnología, contratos de licencia y franquicias:

También estaba regulada por  las Decisiones 291 y 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Decreto 2095 y por la Decisión 486 desde primero del enero de 2000, sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial. Actualmente no se aplican las Decisiones señaladas de la Comunidad Andina, debido a la salida de Venezuela del la misma y está vigente el Decreto 2095. La  legislación establece que los contratos de licencia relativos a las patentes, marcas y transferencia de tecnología, para tener validez deben ser registrados ante el Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial SAPI y ante la SIEX. Asimismo establece una serie de cláusulas obligatorias a incluir en los contratos tendentes a asegurar una efectiva transferencia de tecnología.

Con respecto a las franquicias no existe legislación específica y no se cuenta legalmente con una definición del término. Por tanto se regula por los contratos de licencia, diferenciándose de estos, en que los de franquicia comprenden, además de la franquicia,  la transferencia de tecnología y se rigen en principio por las reglas del franquiciador.

- Marco legal para el derecho de autor:

La Ley de Derecho de Autor  de 1 de octubre de 1993 reconoce los derechos de los autores sobre todas las obras de ingenio  de carácter creador, cualquiera que sea su género, mérito, forma de expresión y destino (Artículo 11).  Igualmente, son reconocidos los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, conocidos en la doctrina como derechos conexos a los del autor, pero no por ello de menor importancia.

Venezuela ha ratificado varios Tratados Internacionales en materia de derechos de autor: la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias, la Convención Universal sobre el Derecho de Autor; y la Convención de Ginebra sobre Fonogramas.  El país ha adecuado su normativa interna a muchos de los principios contenidos en estos acuerdos y provee ahora una mejor tutela a los titulares de derechos en relación con las creaciones extranjeras sobre sus obras.

La Ley reconoce las tecnologías modernas en los campos de informática o telecomunicaciones, las obras audiovisuales y las obras radiofónicas. Establece presunción de cesión en favor del productor de la obra audiovisual, radiofónica y de los programas de computación.  Regula  los límites a los derechos de explotación

A menos que una norma expresa indique lo contrario, es ilícita la comunicación, reproducción o distribución total o parcial de una obra sin el consentimiento del autor, o sus causahabientes o derechohabientes, salvo en los casos de comunicaciones consideradas lícitas.

Como principio, en esta materia el autor goza del derecho exclusivo de explotar la obra y sacar de ella beneficio y por ello los derechos de explotación que le corresponden pueden ser cedidos. Toda cesión de derechos de explotación debe presumirse onerosa.

Se posibilita al autor o a sus derechohabientes o causahabientes a optar por conceder una simple licencia o autorización de uso, no exclusiva e intransferible, a cambio de una remuneración.  Bajo esta figura, no se transmiten al beneficiario derechos de explotación sobre la obra, sino la simple autorización de uso de la obra bajo las modalidades previstas en la licencia. Se contempla la formalidad escrita de estos contratos, salvo disposición expresa de la Ley.

Se mantiene el efecto meramente declarativo del registro y depósito de las obras del ingenio, razón por la cual ellas están protegidas por el sólo hecho de la creación y su omisión no perjudica la adquisición y el ejercicio de los derechos establecidos por la Ley. Se permite así el registro de las obras del ingenio, producto y producciones protegidos por la Ley, norma que alcanza además el registro de las producciones que configuran los derechos conexos.

Desglose de los sectores más importantes para la inversión española

Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Barreras de entrada para inversores españoles

Desde 2008, se han incrementado los riesgos para la inversión extranjera debido a la probabilidad de que se produzcan cambios arbitrarios e inesperados de la legislación, a expropiaciones (menos frecuentes desde 2012 aunque siempre latentes ya sea por cuestiones políticas o por acciones de represalia frente a otros países), a lo que se podrían añadir también los aumentos de salarios por decreto, la creación de nuevos impuestos, creación de empresas estatales competidoras, expropiaciones de fincas, de instalaciones industriales consideradas inactivas, de inmuebles etc… De sobra conocido es el problema de la inseguridad física que condiciona la llegada de expatriados. A todo ello hay que añadir como barrera principal las distorsiones e incertidumbre que produce el control de cambios que mantiene bloqueada la repatriación de beneficios a los inversores extranjeros desde 2007 mencionada en el apartado anterior.