Régimen de comercio exterior. Tramitación de las importaciones

Importación definitiva

Los procedimientos de importación en la Argentina han sufrido algunos cambios desde el 2007, como la introducción a partir del 1º febrero de 2012 de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) para todas las importaciones para consumo y la eliminación de la Licencia Automática Previa de Importación (LAPI) a partir del 5 de septiembre de 2012. Para importar determinados productos se exige la inscripción del producto y/o del importador en un registro específico.

La legislación Aduanera argentina está contenida en el Código Aduanero del Mercosur (CAM) que rige para todos los países miembros (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay -suspendido- y Venezuela –en fase de incorporación-) y que fue aprobado por la Ley 26.795, promulgada el 10.12.2012.

Desde la configuración del MERCOSUR en enero de 1995, las mercancías se clasifican en Argentina, conforme a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), con un código numérico de 8 dígitos (agrega dos dígitos al Sistema Armonizado), es decir, coincide siempre con el TARIC europeo en los 6 primeros dígitos, pero cuando hay mayor desagregación en las subpartidas, puede no haber coincidencia. Además, Argentina incorpora internamente tres dígitos más del llamado Sistema Informático MARIA (SIM) y el Dígito de Control (DC).

Este sistema agrupa los bienes en 21 secciones y 97 capítulos. Las secciones y los capítulos del Sistema Armonizado coinciden con los de la NCM.

Toda introducción de una mercancía a territorio aduanero argentino con la intención de que permanezca en él por tiempo indeterminado se encuentra gravada por un impuesto o derecho de importación (arancel). Desde la conformación del MERCOSUR en 1995, rige en todos los países miembros el Arancel Exterior Común (AEC) que se expresa en un porcentaje ad-valorem, que varía entre un 0% y un 20%. Sin embargo, cada país miembro puede mantener una lista de excepciones a la aplicación del AEC por un tiempo determinado. Argentina, por ejemplo, aplica un arancel entre un 26% y un 35% para calzado y textiles. Al mismo tiempo, con carácter puntual y excepcional, también se pueden aplicar reducciones temporarias al AEC, para atenuar los problemas derivados de desequilibrios de oferta y demanda inesperados en virtud de desabastecimiento. Por ejemplo, Argentina mantuvo un arancel del 0% para las importaciones de bienes de capital desde 2002 hasta julio de 2012 (fecha a partir de la cual se aplica el AEC del 14%)

El AEC del MERCOSUR puede ser consultado en el Sistema de Información del Arancel Externo Común (SIAEC) a través del banner ubicado en la Portada de la página web del MERCOSUR www.mercosur.int (Base de Datos/Arancel Externo Común). Hay que tener en cuenta que, en virtud de las excepciones y reducciones temporarias mencionadas, no siempre el AEC coincidirá con el derecho de importación que aplique Argentina.

El AEC se aplica a los países no miembros del Mercosur, mientras que si la mercancía tiene origen MERCOSUR el arancel es 0%. Para que un producto sea considerado de origen Mercosur, debe incorporar, al menos, un 60% de valor añadido de origen Mercosur, es decir, que el valor CIF de los insumos importados de terceros países no exceda el 40% del valor FOB del bien final (regla del valor agregado), o bien, que al producto final le corresponda una clasificación arancelaria a nivel de partida arancelaria diferente de la de sus insumos (regla del salto de partida). Todas las mercaderías deben certificar el origen Mercosur para acogerse al arancel 0%. Hay que tener en cuenta que el MERCOSUR es una unión aduanera imperfecta, en el sentido de que no hay libre tránsito para las mercancías que ingresan al MERCOSUR desde otros orígenes, de forma que si una empresa española exporta a Brasil y luego se reexporta ese mismo producto a Argentina, paga arancel en los dos países (ya se están dando pasos para eliminar gradualmente este “doble cobro” de arancel; se estima que el sistema de libre tránsito estará totalmente implementado en 2019)

En el caso de que las mercancías provengan de un país de ALADI, se aplica la “Preferencia Porcentual”, que supone una reducción de los derechos de importación.

Además del arancel, la Aduana exige el pago de la Tasa de Estadística (TE): un porcentaje por el servicio de estadística que realiza la Aduana. La alícuota es del 0,5%. Algunos productos, como los libros, están exentos de su aplicación. No pagan TE a las mercaderías originarias de Mercosur, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador.

Otras tasas que puede llegar a exigir la Aduana son: la Tasa de Comprobación: surge cuando el servicio aduanero presta un servicio de control en plaza para comprobar que se cumplen determinadas obligaciones requeridas para el otorgamiento de algún beneficio a la importación, cuando es para consumo. Esta tasa puede ser modificada por el Poder Ejecutivo, pero nunca puede superar el 2% y se aplica sobre el valor de la mercancía; la Tasa de servicios extraordinarios: se impone por las operaciones y demás actos realizados por el servicio aduanero en horas inhábiles. La Aduana fija y modifica esta tasa.

Tanto el arancel como la Tasa de Estadística se calculan sobre el precio CIF en factura (resultante de sumar al valor FOB, los gastos del flete y seguro). En el caso de la TE, el resultado nunca puede superar los USD 500. El resultado constituye la base imponible para el cálculo de los siguientes impuestos, para los que la Aduana actúa de agente de percepción.

Impuesto al Valor Agregado: grava la importación definitiva de mercancías, con una alícuota general del 21%. Algunos productos gozan de una alícuota reducida del 10,5%. En caso de que el producto que se importa vaya ser revendido en el mercado interno (no es para consumo del importador), se aplica una alícuota adicional del 10%. Impuesto a las Ganancias (equivalente al Impuesto de Sociedades): la Aduana percibe un anticipo de este Impuesto del 3%.Ingresos Brutos: la Aduana percibe un anticipo de este Impuesto cuyo porcentaje varía en función de la provincia del domicilio del importador, aunque normalmente es del 2,5%. Este impuesto se aplica sobre el total de las ventas netas de IVAImpuestos Internos: El despacho de mercancías importadas que se encuentran alcanzadas por este tributo genera la obligación de ingresarlo al Fisco de acuerdo a la alícuota aplicable.

Estos conceptos impositivos son recuperables por el importador (por el sistema de débito y crédito fiscal en el caso del IVA o por su condición de anticipos en los demás casos), si bien generan un costo financiero.

Determinar la posición arancelaria que corresponde a una determinada mercadería (“clasificar”) es, pues, fundamental puesto que ello va a determinar el porcentaje de derechos de importación, TE y del IVA, así como el cumplimiento de algún requisito técnico o de homologación.

Si se clasifica incorrectamente se está expuesto a sanciones establecidas en el Código Aduanero y puede derivarse en el reembarco de la mercadería, si ésta se trata de producto prohibido con autorización previa y no se la poseyese. El responsable legal de la clasificación arancelaria es el importador/exportador y solidariamente el despachante de aduana.

El valor en aduana de la mercadería es determinado de conformidad con las normas del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT).

En virtud del decreto de desregulación económica, Nº 2284/91, se suprimieron todas las restricciones, los cupos y otras limitaciones cuantitativas a las importaciones de mercancías. En cualquier caso, el Poder Ejecutivo puede establecer prohibiciones de carácter económico o no económico al ingreso de mercancías al territorio aduanero argentino.

Importación temporal

La mercancía puede también ser importada con una determinada finalidad y por un plazo determinado. El importador, en este caso, queda comprometido desde el momento del libramiento de la mercancía a reexportarla definitivamente con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. La mercancía puede permanecer en el territorio argentino en el mismo estado en que fue importada temporalmente, o bien ser objeto de transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio.

No se encuentra sujeta a la imposición de tributos, excepto respecto de las tasas retributivas de servicios, aunque en casos excepcionales, y sin desvirtuar el régimen, el Poder Ejecutivo puede disponer la aplicación parcial de los tributos que gravan la importación para consumo respecto de la mercancía.

Los plazos en que la mercancía puede permanecer en el territorio aduanero, van desde los ocho meses para las mercancías destinadas a ser exhibidas en una Feria y los tres años para los bienes de capital que son utilizados en un proceso productivo. Si es importada para ser objeto de un perfeccionamiento, debe ser reexportada definitivamente en el plazo de 180 días desde su libramiento.

Legislación antidumping

La Argentina es el cuarto Miembro que más recurre a medidas antidumping en la OMC.

Recientemente se introdujo una nueva legislación para reglamentar las investigaciones y exámenes de medidas existentes.

Según consta en la base de datos de la OMC, desde la constitución de la OMC en 1995 hasta fines de 2011, la Argentina ha aplicado 180 medidas antidumping. La Argentina ocupa el cuarto lugar entre los Miembros de la OMC en cuanto a la utilización de estas medidas.127 También aceptó 38 compromisos de precios. En el período 2007-2011, la Argentina aplicó 52 medidas antidumping y aceptó 10 compromisos de precios. Por otro lado, la utilización de derechos compensatorios ha sido muy limitada; desde el inicio de la OMC sólo se aplicaron cuatros medidas, todas ellas antes de 2000.

En el caso de 33 de las 85 medidas en vigor en noviembre de 2012, los derechos antidumping tomaron la forma de "valores f.o.b. mínimos de exportación". Cuando las importaciones del país sujeto a derechos antidumping o compensatorios son inferiores al "valor f.o.b. mínimo de exportación", el importador está obligado a pagar un derecho antidumping equivalente a la diferencia entre este valor y el valor f.o.b. declarado de las exportaciones.

Por otro lado con la aprobación de los resultados de la Ronda Uruguay del G.A.T.T. que incluye el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del mencionado Acuerdo, se incorporó al sistema legal argentino esta normativa internacional. Así, los derechos antidumping se establecen luego de una investigación respecto de determinada mercancía que proviene de un Estado. Esta investigación debe demostrar la existencia o inexistencia de las siguientes situaciones:

La mercancía se introduce en el país a un precio inferior al valor normal que tiene en iguales condiciones en el territorio del país exportador, cuando se destinan al consumo.

La importación produce un daño en el mercado argentino, probado positivamente.

El organismo competente en materia de dumping es la Subsecretaría de Comercio, de la Secretaría de Comercio, Industria y PyME, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, aunque para la comprobación de daño el organismo competente es la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).

A finales de 1998 se publicaba el Decreto 1326, del que merece la pena destacar:

Plazos. Se reducen de un máximo de investigación de 515 días a otro de 180 días.

Competencias. Se avanza en la delimitación del papel de la CNCE para determinar la relación de causalidad entre el dumping y el daño y se mejora la coordinación entre sus investigaciones y las de la Subsecretaría de Comercio.

Valores de referencia

Para productos en general de consumo, desde Mayo 2001, se estableció un régimen de control de valor en la aduana argentina, que establece precios de referencia (en realidad precios mínimos de ingreso al mercado). En el caso en que el valor de factura sea menor al de referencia, el importador deberá depositar una fianza por el diferencial del valor, que sólo podría devolverse si una investigación posterior (y trabajosa) determinase la legalidad del menor precio facturado. En otro caso, la fianza pasaría a ser liquidada como pago arancelario.

Derechos de importación específicos mínimos

En 2010 los derechos de importación específicos mínimos (DIEM) fueron eliminados. Sin embargo, según la legislación éstos pueden restablecerse en determinadas circunstancias. Anteriormente, el 8% del total de líneas arancelarias estaban sujetas a Derechos de Importación Específicos Mínimos DIEM en sectores como el calzado, textiles y juguetes. Estos estaban expresados en USD/Kg o USD/par y fueron establecidos en su día para proteger la industria nacional frente al ingreso de una serie de productos a precios de dumping. Los DIEM regían cuando el resultado de aplicarlo sobre el precio CIF del producto, era superior al que se obtenía de aplicar sobre dicho precio el arancel ad valorem correspondiente. Los DIEM variaban para cada posición arancelaria. En general, sólo afectan a productos de bajo precio de origen asiático

Derechos Ad Valorem

En la actualidad la Argentina sólo aplica aranceles ad valorem. El derecho de importación ad valórem es aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor en aduana de la mercadería. El arancel ad-valorem varía de un 0% a un 20% (excepcionalmente hay algún producto con un 35%).

Zonas Francas

El Código Aduanero define a la zona franca como al "ámbito dentro del cual la mercancía no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de servicios que pudieren establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico." La introducción y extracción de mercancías hacia o desde la zona franca desde o hacia un territorio aduanero recibe el tratamiento de importación y exportación respectivamente.

- Tratamiento fiscal: 

Será aplicable a las Zonas Francas la totalidad de las disposiciones de carácter impositivo, aduanero y financiero incluidas las de carácter penal que rigen en el territorio aduanero general, salvo las excepciones establecidas en el Código Aduanero. (Art. 590).

Las mercaderías que ingresen o egresen a través de estas áreas serán exentas de los tributos que gravan su importación/exportación para consumo, salvo las tasas correspondientes a los servicios prestados.

A su vez, las industrias radicadas en estas áreas estarán exentas de impuestos nacionales que gravan los servicios básicos -telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y desagüe-.

- Estímulos a la exportación: 

Los estímulos a la exportación serán liquidados una vez que la mercadería fuere extraída de la Zona Franca hacia otro país, y dentro del plazo que establecen las normas generales.

La extracción de mercaderías hacia terceros países no gozará de otros estímulos que los correspondientes por la devolución de tributos efectivamente pagados.

- Promoción industrial:

Los usuarios de las Zonas Francas no podrán acogerse a los regímenes de promoción industrial. 

En la actualidad existen 9 Zonas Francas en operación en Argentina localizadas en las provincias de Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chubut, Salta, Misiones y Entre Ríos.

Trabas a la importación

Argentina se caracteriza por ser un país con alto grado de proteccionismo. La política proteccionista se ve instrumentada principalmente a través de medidas legales; de ahí que se pueda observar que la mayor parte de las restricciones vienen establecidas por decretos y normativas.

Entre las medidas tomadas cabe mencionar: la exigencia de numerosos certificados de origen, de composición, sanitarios y fitosanitarios y normas específicas de etiquetaje; listados de precios de referencia y las declaraciones juradas anticipadas a la importación.

Se pueden dar como ejemplo las medidas proteccionistas que el gobierno implementa desde año pasado con ciertos productos (textil, calzado, etc.) que han ocasionado fricciones con China, Brasil e incluso con la Unión Europea. Recientemente estas fricciones se han incrementado por restricciones impuestas a la importación de productos alimenticios. En mayo de 2010, el Secretario de Comercio Interior ha dado instrucciones al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que han supuesto que el Instituto no entregara los certificados necesarios para la circulación en Argentina de alimentos importados, a pesar de que estos apenas suponen un 3% del total de alimentos que se comercializan en el mercado argentino.

Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

El Código Aduanero argentino (ley 22.415), vigente desde septiembre de 1981, continúa regulando el comercio exterior de Argentina. Este sistema legal abarca todas las áreas de esta actividad, estableciendo los procedimientos a seguir para la importación y exportación de mercancías, el sistema tributario aplicable, el régimen penal por los delitos referidos al comercio exterior, y el procedimiento recursivo para la impugnación de decisiones de las aduanas. Esta normativa ha sufrido desde su entrada en vigor distintas modificaciones, algunas de las cuales no han sido incorporadas al texto del Código. Entre ellas se cuentan la incorporación al sistema legal argentino de los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech de 1994 que implican la vigencia de los Acuerdos relativos a la aplicación de los Artículos VI (Derechos Antidumping) y VII (Sistema de valoración de mercaderías) de G.A.T.T., del que Argentina es miembro.

El territorio argentino se compone por un territorio aduanero general, un territorio aduanero especial (Isla Grande de Tierra del Fuego) y zonas francas dispersas en todo el territorio. El Código Aduanero se aplica en todas estas jurisdicciones, aunque los regímenes aplicables sean distintos.

Con referencia a los requisitos necesarios para ser importador, en 1991 se simplificaron siendo necesaria únicamente la acreditación del número de la Clave de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) para la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de la Administración Nacional de Aduanas.

En julio de 2012, la Argentina otorgaba preferencias arancelarias a las importaciones originarias del Brasil, el Paraguay y el Uruguay en el marco del MERCOSUR. También otorgaba preferencias a Colombia, el Ecuador (en el marco de la CAN) y a la República Bolivariana de Venezuela, así como al Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Cuba, México y el Perú bajo los diversos Acuerdos de Complementación Económica (ACE) (véase también el capítulo II). La Argentina también otorga preferencias en el marco del Acuerdo Comercial de Preferencias Fijas MERCOSUR-India y el TLC MERCOSUR-Israel. 

Así mismo en enero de 2013, dos días antes de haber eliminado las licencias no automáticas, la Argentina aumentó los aranceles NMF de 100 líneas arancelarias a ocho dígitos a un máximo de 35%. Entre los bienes afectados por el aumento del arancel se encuentran 26 productos que antiguamente estaban sujetos a licencia no automática de importación.

Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

En materia de normalización y homologación es importante conocer las normas argentinas, que no siempre coinciden con las de la UE, ni éstas son siempre automáticamente reconocidas en Argentina. Especial atención ha de tenerse en materia de normas fitosanitarias, de seguridad y a las normas de embalaje y de etiquetado.

Para la importación de determinados productos es necesaria la intervención previa de los siguientes organismos:

- INAL (instituto Nacional de Alimentos)

Para la importación de algunos alimentos de consumo humano, el servicio aduanero exige la intervención previa de este organismo.

- SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal)

Para la importación de productos, subproductos y derivados de origen animal que no constituyan productos alimentarios de consumo humano acondicionados para la venta directa al público es necesaria una autorización emitida por el SENASA para asegurar la calidad del bien.

- IASCAV (Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal)

El IASCAV debe otorgar una autorización previa que acredite que han superado los controles. Las importaciones de vegetales, sus productos, subproductos y derivados, que no constituyan productos alimentarios de uso humanos acondicionados para su venta directa al público, es necesaria una autorización previa. La intervención del IASCAV se practica en el lugar de ingreso de las mercaderías al territorio aduanero.

Será necesaria una autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) previa a todo trámite comercial para materiales de propagación vegetal frutas y hortalizas a los efectos de establecer los requisitos cuarentenarios exigidos. (Resolución Nº 202 de 1/IV/92, Resolución Nº 878 de 18/X/92, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Asimismo, para la importación de determinadas especies de flora y fauna, será necesario presentar un certificado de autorización emitido por la autoridad competente de la Dirección Nacional de Recursos Naturales.

- INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura)

Las personas físicas y jurídicas que deseen importar alcoholes deberán estar inscritas ante el Instituto nacional de Vitivinicultura como destiladores, fabricantes, fraccionadores o manipuladores.

- ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y tecnología Médica)

La ANMAT intervendrá los ejemplares correspondientes a la aduana de entrada y de salida del territorio aduanero del formulario MIC/DTA, que ampare el tránsito aduanero de medicamentos para uso humano.

La importación de artículos de higiene y tocador, cosméticos y perfumes se sujeta a la presentación de una Declaración Jurada ante la Secretaría de Salud con la información requerida específicamente así como de una copia autenticada del certificado de libre venta en el país de origen

- CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)

Para la importación de elementos o materiales nucleares, será necesaria una autorización previa emitida por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

- IGM (Instituto Geográfico Nacional)

La importación de publicaciones en las que se describa o represente total o parcialmente el territorio continental, insular y antártico de Argentina, será necesaria la previa autorización de este organismo.

Las entidades empresarias representativas de sectores específicos son las idóneas para participar, en carácter de observadoras en la verificación de las mercaderías amparadas en las destinaciones definitivas de importación para consumo que se tramiten por el canal rojo de la selectividad.

Normas técnicas

El Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, incluido en la legislación argentina por la Ley 24.425 tiene como objeto asegurar que los reglamentos técnicos y las normas, incluidos los requisitos de envase y embalaje, marcado y etiquetado no constituyan un medio de discriminación arbitrario.

Existen normas relacionadas con: seguridad eléctrica; neumáticos; juguetes; productos de acero; papel envasado; artefactos, equipos, accesorios y recipientes que utilizan gas natural o licuado; plaguicidas-etiquetado- datos de seguridad; cubiertas y cámaras neumáticas de bicicletas; elementos de seguridad; ascensores; porcelanatos; motocicletas; calzado; pelotas; productos textiles; manufacturas diversas; hilados y tejidos; productos metalúrgicos; cemento y sistema métrico legal argentino.

Barreras de entrada para bienes y servicios españoles

Una de las claves de la política económica argentina de la última década ha sido conseguir una balanza comercial superavitaria, ya que de esta forma dispone de divisas sin recurrir a los mercados internacionales para financiarse (vía que actualmente les está vetada tras el default declarado en diciembre 2001).

Argentina ha aplicado una marcada política proteccionista incrementando las restricciones arancelarias y no arancelarias al comercio y fomentando el consumo de productos locales mediante un régimen de preferencia a los proveedores nacionales en concursos y licitaciones. Según el último informe realizado por la consultora Globex Trade Alert, Argentina es el país más proteccionista del mundo, con 191 medidas vigentes.

Desde julio 2012 se ha incrementado el arancel para la importación de bienes de capital que se produzcan en el país desde el 0% que regía desde hace 10 años hasta el 14%. Los bienes de capital que no se produzcan en el país tendrán un arancel del 2%.

En enero 2013 se elevó el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de cien Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) hasta el 35% (salvo unos pocos productos que suben al 20%, 22%, 25% y 28%). El arancel medio aplicado hasta ahora a las partidas arancelarias afectadas era del 15%. Los productos más afectados de  origen español son los neumáticos, bombas centrífugas, construcciones prefabricadas, ventiladores y corcho. El principal beneficiado de la medida es Brasil, que figura en todas ellas entre los primeros cuatro proveedores, y para el que, como miembro del Mercosur, no rige la medida.

Desde febrero de 2012 deben solicitarse Declaraciones Juradas de Importación (DJAI) para todo tipo de productos “en forma previa a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado para concertar operaciones de compras en el exterior”. Esta declaración viene a convertirse en una licencia para importar, puesto que debe estar aprobada para poder tramitar la importación en la Aduana.

Si la DJAI es “observada” (que significa ni aprobada ni rechazada), el importador inicia un proceso de negociación con el organismo que la haya observado (generalmente la Secretaría de Comercio Interior) para poder obtener la autorización. No están definidos los motivos por los que una DJAI pueda ser observada y tampoco está definido el trámite que hay que seguir para superar esa “observación”. 

Si la DJAI es “observada” (que significa ni aprobada ni rechazada), el importador inicia un proceso de negociación con el organismo que la haya observado (generalmente la Secretaría de Comercio Interior) para poder obtener la autorización. No están definidos los motivos por los que una DJAI pueda ser observada y tampoco está definido el trámite que hay que seguir para superar esa “observación”. Se trata de una barrera que aplican a todos los productos, pero con más frecuencia a los bienes de consumo.

Por otra parte, la Administración argentina viene exigiendo a los importadores que equilibren sus importaciones con exportaciones. Se trata de una exigencia que no está recogida en ninguna norma escrita.

Por otra parte exige numerosos certificados: de origen, de composición, sanitarios y fitosanitarios, normas específicas de etiquetado, etc., que en ocasiones operan como barreras de entrada. También existen listados de precios de referencia, de forma que la importación a precios inferiores conlleva la obligación de constituir un aval por el valor declarado y los derechos aduaneros correspondientes a esos precios, que será ejecutado si no se justifican satisfactoriamente esos precios.

Al mismo tiempo, el Banco Central ha limitado los pagos anticipados o al contado de importaciones: se puede acceder al mercado local de cambios para cancelar deudas por importaciones de bienes, con una anticipación de hasta 5 días hábiles antes de la fecha de vencimiento de la obligación con el exterior. Los pagos que se anticipen a la fecha de vencimiento en más de 5 días hábiles requerirán la conformidad previa del Banco Central.

A partir de abril 2012 también rige la obligatoriedad de presentar una Declaración Jurada Anticipada para la importación de servicios (DJAS), cuya retribución resulte igual o superior a U$S100.000; o aquellos en que el monto de cada cuota resulte igual o superior a U$S10.000; o aquellos celebrados por montos indeterminados.

En estos casos el trámite tiene dos fases: una es la tramitación de la DJAS ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. En tanto no se obtenga la DJAS no se puede hacer la transferencia. Una vez obtenida, la transferencia puede requerir, además, la aprobación del Banco Central.

Desde febrero de 2013, también es necesaria autorización previa de la “DECLARACION ANTICIPADA DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE)” para el giro al exterior de utilidades y dividendos (no se están autorizando); pago de intereses al exterior por deudas; pago de deudas financieras al exterior originadas en compras de mercancías no ingresadas al país y vendidas a terceros países (“operaciones trianguladas”) y pagos que los sujetos residentes en el país realicen al exterior, por determinadas operaciones de importación (importación a consumo de importaciones temporarias con o sin transformación y destinaciones de importaciones simplificadas). Igualmente estarán alcanzadas las operaciones de importación donde se utilice el régimen de Courier.

Desde julio de 2013 se exige una DECLARACION ANTICIPADA DE COMPOSICIÓN DE PRODUCTO (DJCP) para productos textiles, prendas y calzado, que puede ser “observada”.

Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación