Régimen de comercio exterior. Tramitación de las importaciones

Para poder importar desde Venezuela se han de seguir una serie de pasos que son comunes a los del resto de países de la región y del mundo. Para empezar, los bienes o productos importados por Venezuela se calculan sobre el precio CIF, además de un arancel ad valorem que normalmente oscila entre el 10 y el 20% del precio del producto, más el 1% por la tasa aduanera, más el 12% de IVA. A todo este monto hay que añadirle un 3% relativo a otros gastos tales como los pagos al agente de aduanas o los pagos al municipio.

Las importaciones de bienes son en general libres en Venezuela, no obstante existe una serie de productos que por su especificidad están sujetos a regímenes legales (hay 17 en total)*. Algunos ejemplos de productos pertenecientes a estos regímenes son el material armamentístico y militar, los productos médico-sanitarios, los alimentos y las medicinas, que deben ceñirse a condiciones y permisos especiales, así como los vehículos automóviles que están sujetos a licencia previa.

*Regímenes legales

1.         Importación Prohibida.

2.         Importación Reservada al Ejecutivo Nacional.

3.         Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

4.         Permiso del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación.

5.         Certificado Sanitario del País de Origen.

6.         Permiso Sanitario del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

7.         Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

8.         Licencia de Importación administrada por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

9.         Licencia de Importación administrada por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

10.       Permiso del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

11.       Permiso del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería.

12.       Registro Sanitario expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

13.       Registro Sanitario expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

14.       Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

15.       Permiso del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

16.       Licencia de importación administrada por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación.

17.       Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

 

Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

Desde su adhesión al GATT (90) Venezuela ha liberalizado su comercio y reducido sus aranceles tanto en el ámbito multilateral como en el marco de acuerdos regionales. El arancel venezolano emplea la nomenclatura del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías. Los derechos son ad valorem y han venido reduciéndose desde 1989, en el marco de esta política de liberalización.

El promedio de los aranceles se ha mantenido en torno al 12%. El arancel máximo es del 35% con algunas excepciones, como los automóviles que están gravados con el 40%. Ha aumentado el uso de medidas no arancelarias, incluidos contingentes, el uso activo de preferencias nacionales en la contratación pública, los programas de créditos preferenciales, los reglamentos técnicos y las prescripciones de contenido mínimo nacional. Todo ello apunta a una política de protección en algunos sectores.

Las importaciones de la UE, EEUU, Canadá y del resto de países del mundo excepto Latinoamérica, que goza de preferencias arancelarias, tienen el arancel máximo.

La importación de alimentos, bebidas, medicinas y cosméticos requiere para su posterior comercialización, la inscripción de los distintos productos en el Registro Sanitario del Ministerio de Salud.

Las importaciones se están viendo afectadas por el control de cambios impuesto en 2003, debido por una parte a los retrasos en la liquidación de divisas por parte de CADIVI y por otra, a la reducción de productos que tienen acceso al tipo de cambio oficial.

El principal proceso de integración en el que estaba encuadrada Venezuela era la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo,  el 22 de abril de 2006, anunció su retirada de la CAN –así como su salida simultánea del G-3 que mantenía con México y Colombia- y su ingreso paralelo al MERCOSUR anunciado el 8 de diciembre de 2005. En términos de integración, la CAN se basaba en el principio de la supranacionalidad de sus instancias y normativas, mientras que el MERCOSUR lo hace desde la Cooperación intergubernamental.

La pertenencia a la CAN implicaba la creación de una unión aduanera al estilo de la UE. El nivel de integración económica de Venezuela con la Comunidad Andina era fundamentalmente con Colombia, siendo muy débil con el resto de los países.

A raiz de salida del Lugo en junio 2012 de la Presidencia de Paraguay, MERCOSUR decidió la entrada de Venezuela cuyo Protocolo de Adhesión entró en vigor el 31/07/2012, esta decisión política ha aceleró el ingreso de Venezuela  que estaba estancado por el veto del parlamento paraguayo.

Conforme al cronograma negociado por Venezuela con el bloque regional, Venezuela se incorpora al arancel de MERCOSUR. La nueva nomenclatura arancelaria entró en vigencia de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.097, del 25 de marzo de 2013, el 5/4/2013  en una primera fase que se extenderá por cuatro años. (Nuevo Arancel de Venezuela, Anexos y tabla de correlación),

Con esta disposición Venezuela incorpora un nuevo arancel de aduanas, que incluye la designación de mercancías que utiliza el Mercosur, así como las tarifas arancelarias comunes de sus miembros. Este nuevo arancel de aduanas recoge las 10.025 posiciones arancelarias del Arancel Externo Común del Mercosur y agrega más de 1.872 posiciones adicionales para reflejar mediante desdoblamientos, los intereses de Venezuela en la identificación de mercancías.


De acuerdo con las negociaciones con Mercosur, Venezuela se reserva códigos arancelarios de bienes sensibles (Venezuela se reserva mas de 700 productos, como mínimo hasta 2016), sobre todo, para proteger la industria nacional de acero, metalmecánica, textil, calzado, plástico, entre otros.

Igualmente se acordó con Brasil y Argentina un tratamiento preferencial para productos de extrema sensibilidad para Venezuela tales como: carne bovina, porcina, camarones, tomates fresco, cebolla fresca, ajos, zanahorias, café, arroz, leche y derivados, harina de trigo y de maíz, almidones y féculas, pellets de cereales, aceites crudos (soya, girasol y palma), aceites refinados, margarina, embutidos, preparaciones de carne y pescado, cacao y chocolatería, pastas, galletas y de más productos de panadería, concentrado de naranja y demás cítricos, mayonesa, salsa de tomate, entre otros. 

Por otro lado, Venezuela forma parte de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), que es el mayor grupo latinoamericano de integración conformado por 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante una preferencia arancelaria regional y acuerdos de alcance regional y parcial.

Venezuela tiene suscritos también acuerdos de alcance parcial con varios países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y el Caribe (Cuba, Guyana y Trinidad y Tobago). Dichos acuerdos, con la excepción del firmado con Trinidad y Tobago, conceden preferencias unilaterales por parte de Venezuela. Tiene un acuerdo con el Mercado Común del Caribe (CARICOM) y con el Mercado Común Centroamericano, teniendo además embajadas en prácticamente la totalidad de los países caribeños.

Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

Las normas y los reglamentos técnicos en general son adaptaciones de las normas internacionales. Venezuela ha adoptado unos 300 reglamentos técnicos pero solamente mantiene en vigor una serie relativamente amplia de medidas sanitarias y fitosanitarias, aunque no ha hecho ninguna notificación al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.

La regulación en esta materia corresponde a SENCAMER  Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, adscrito al Ministerio de Comercio, www.secamer.gob.ve.

Igualmente existe FONDONORMA, www.fondonorma.org.ve  que  es una Asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada en 1973 con el fin de desarrollar en Venezuela las actividades de normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios, y de formar recursos humanos en dichas especialidades. Esta Asociación tiene un Centro de Documentación e Información, único en su género en Venezuela,  que cuenta con un amplio fondo documental, integrado por normas venezolanas, extranjeras e internacionales, libros, monografías y publicaciones periódicas de organismos homólogos de la Asociación

Barreras de entrada para bienes y servicios españoles

La principal barrera comercial que presenta el mercado venezolano es el rígido control de cambios vigente desde 2003, que no solo establece un tipo de cambio fijo del Bolívar (Bs) con respecto al Dólar estadounidense (6,30 Bs/$ desde la última devaluación del 8 de febrero de 2013, Convenio cambiario nº 14), sino que, en un marco de grave escasez de divisas, raciona su concesión para el pago de transacciones internacionales a través de dos sistemas: las autorizaciones, concedidas, con gran retraso y de forma insuficiente, por la Comisión para la Administración de Divisas (CADIVI); y las obtenidas a través del nuevo sistema de subastas, denominado Sistema de Administración de Divisas (SICAD), cuya oferta y restricciones impiden que se cubra la demanda (hasta la fecha se han realizado dos subastas de divisas del SICAD adjudicándose entre 11 Bs/$ y 18 Bs/$ la primera y alrededor de los 10,7Bs/$ la segunda). Asegurarse la absoluta disponibilidad de divisas por parte del cliente es, por tanto, un elemento fundamental que han de tener en cuenta las empresas españolas interesadas en acometer el mercado venezolano.   

Otra barrera relevante se refiere a restricciones a la importación de productos derivados del cerdo, en vigor desde 1996. La Junta del Acuerdo de Cartagena estableció en 1996, por la Resolución 428, los “requisitos zoosanitarios para la importación de cerdos vivos, productos y subproductos del cerdo provenientes de España”: el contenido de dicha Resolución descarta totalmente que se pueda contagiar las cabañas porcinas de los países signatarios, incluida la venezolana. No obstante, la importación de estos productos está sometida al régimen legal 6, “Permiso sanitario del Ministerio de Agricultura y Tierras”, que, en la práctica, funciona como una licencia de importación para impedir la comercialización de los productos de cerdo cocidos de forma masiva: en cambio, para los productos curados de ibérico, al no haber producción nacional, se otorgan licencias con relativa facilidad.

Asimismo, para la importación de productos lácteos, cereales, aceites de semillas, frutos oleaginosos, grasas de origen animal y vegetal y vehículos automóviles se requiere una licencia de importación.

Por otra parte, la mala gestión de los puertos de entrada, sobre todo a raíz de la nacionalización de todos ellos y la constitución de la empresa nacional Bolipuertos, acarrea enormes retrasos en el despacho aduanero, con el consiguiente aumento de costes de almacenamiento y manipulación.

Igualmente, se está observando un cierto retorno al proteccionismo: además de incrementos en los aranceles, prolifera el uso de medidas no arancelarias, incluidas los contingentes, el uso activo de preferencias nacionales en la contratación pública, los programas de créditos preferenciales, los reglamentos técnicos y las prescripciones de contenido mínimo nacional.

Otras importantes barreras al comercio y a la actividad empresarial  se derivan del intervencionismo público en la economía venezolana, destacando:

  • Inseguridad jurídica derivada de la promulgación de leyes que modifican repentinamente las reglas de la actividad económica: el proceso de expropiaciones de empresas que se está llevando a cabo en los últimos años o la permisividad de tomas inesperadas, injustificadas y no respaldadas legalmente de empresas y/o instalaciones.
  • Escasa trasparencia y disponibilidad de datos oficiales en materia de estadísticas y datos económicos.
  • Desmesurado papel del sector público en la economía venezolana, con un resultado ineficiente y no exento de irregularidades.
  • Aunque en la actualidad no hay una normativa legal que fije márgenes comerciales en el sector minorista del comercio y servicios, en la práctica existen restricciones para establecer libremente los que cada agente  empresarial considere oportunos.
  • Estricto control de precios: el Gobierno fija los precios de importación, distribución y venta al público de una larga lista de bienes.

Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación

Existen actualmente las siguientes barreras:

Las importaciones venezolanas de porcino se regulan por el Decreto Nº 822 de 10 de mayo de 2000 que establece las normas generales sobre las actividades de uso animal y que establece que la importación queda sujeta a la expedición de un Permiso Sanitario de Importación. Tal y como se usa en la actualidad, este procedimiento equivale a un sistema de licencia previa discrecional, pues la administración venezolana utiliza la peste porcina clásica (PPC), para impedir la entrada de todo tipo de productos porcinos elaborados procedentes de España.

De igual manera a comienzos del año 2008 el Gobierno venezolano estableció un sistema de licencias para la importación de vehículos. De acuerdo con este, la administración establecerá anualmente la cantidad máxima de vehículos a importar de acuerdo a las necesidades nacionales, capacidad de producción nacional, la eficiencia en el uso de combustible, los costes de adquisición, los precios de venta al público o los registros históricos de ventas.

Otras medidas adoptadas que aunque no afectan notablemente a las exportaciones españolas perjudican a intereses europeos son:

Desde 1999 Venezuela estableció un sistema de licencias para la administración de cuotas de productos lácteos. El sistema ha sido extendido a una amplia gama de productos agrícolas, como son: azúcar, queso, cereales, semillas oleaginosas, frutas oleaginosas y grasas animales y vegetales. Uno de los requisitos para la obtención de la licencia de importación es la declaración jurada de compras nacionales. Las compañías también requieren un certificado de no producción nacional o producción nacional insuficiente, emitido por parte del Ministerio competente. El certificado es necesario para la obtención de le exención del IVA, de los impuestos de la importación, así como para accede al tipo de cambio oficial de los dólares otorgados por CADIVI.