A medida que reforma su economía, el gigante asiático va aligerando los tradicionales obstáculos a la inversión extranjera.
El año pasado, China registró la menor tasa de crecimiento de los últimos 26 años: un 6,7%. No estamos ya ante aquel país que se expandía a un ritmo expresado mediante dos dígitos, pero esta cadencia más pausada forma parte de la llamada "Nueva Normalidad" asumida por las autoridades, que fijan los objetivos entre el 6,5% y el 7% para el período 2016-2020.
Se trata, por tanto, de una ralentización pronosticada y que no altera el guion de los cambios que Pekín ha ido introduciendo en su política económica desde 2013. Ese ímpetu reformista se refleja, entre otros elementos, en un marco más favorable para la inversión extranjera directa (IED).
Los flujos de capital foráneo ascendieron a 126.001 millones de dólares el año pasado, lo que supone un aumento del 4,1% respecto al ejercicio anterior. La mayor parte (70,7%) se concentra en los servicios, mientras que el monto restante se destina a la industria manufacturera.
Nuevas reglas
La actual normativa contiene diversos puntos restrictivos, pero ya se ha liberalizado en buena medida y lo hará aún más en los próximos años, cuando entre en vigor la nueva Ley de Inversión Extranjera. Esta llega con retraso (debería haberse aprobado el año pasado), pero se plasma por el momento en un borrador que contiene noticias prometedoras.
La nueva legislación establecerá un sistema conocido como "Lista Negativa" que solo contemplará dos categorías aplicables a las operaciones de IED: prohibidas y restringidas.
Este enfoque es considerablemente menos gravoso que el del vigente Catálogo de Industrias para la Inversión Extranjera, que entró en vigor en 2015 y establece una clasificación de los proyectos de inversión en tres categorías: incentivados, restringidos y prohibidos.
Los primeros son considerados especialmente beneficiosos por las autoridades, y por lo tanto se les libera de trabas y se les conceden facilidades. Normalmente se corresponden con actividades que implican el uso de tecnologías punteras o favorables para el medio ambiente.
Los sectores restringidos son objeto de un alto grado de control por parte de la Administración y están obligados a contar con un socio local. En esta categoría se incluyen sobre todo actividades contaminantes o que posean ya un grado de desarrollo suficiente en China.
Por su parte, los sectores prohibidos son todos los que puedan comprometer la seguridad nacional y el interés y orden públicos, así como aquellos que tengan un muy elevado impacto medioambiental. La participación extranjera está vedada, sin excepción, en todos estos casos.
El actual catálogo incluye 38 actividades restringidas y 36 prohibidas, por lo que posee una naturaleza menos obstructiva que el que le precedía, en el cual las primeras se elevaban a 79 y las segundas a 38.
Asimismo, varios sectores han pasado de la categoría de restringidos a la de incentivados, incluidos el financiero, el manufacturero, el farmacéutico y el inmobiliario.
El corolario a esa evolución normativa llegará con la entrada en vigor de la mencionada Ley de Inversión, que también suprimirá el requisito de que todas las operaciones estén sujetas a la aprobación previa del Ministerio de Comercio. No obstante, y como contrapartida, los inversores se verán obligados a enviar a las autoridades detallados informes de sus operaciones.
Incentivos para la convergencia y las nuevas tecnologías
El camino hacia la liberalización no es recto, sino que ha experimentado algunos retrocesos en los últimos años. Así, algunos de los privilegios de los que gozaba el inversor extranjero se liquidaron con la entrada en vigor en 2008 de la actual Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Hasta ese momento, los operadores foráneos estaban sujetos a un tipo efectivo del 15%, mientras que los chinos pagaban alrededor del 33%. Dicha ley unificó el trato fiscal de las compañías extranjeras y locales y ahora todas están sujetas por igual a un gravamen general del 25%.
No obstante, Pekín dispone de una nada desdeñable gama de incentivos fiscales. Dentro de su ambición por alcanzar la convergencia entre las prósperas urbes del litoral y el interior del país, mucho más atrasado, China cuenta desde 2004 con un paquete de medidas para favorecer las operaciones en el centro y el oeste de su territorio. Así, las empresas que se establezcan en cualquiera de las 21 provincias designadas se benefician de dos años de exención, seguidos de otros tres en los que se les rebaja un 50% la carga impositiva.
Por su parte, las compañías oficialmente reconocidas como suministradoras de nuevas tecnologías pueden ver el gravamen reducido desde el 25% de referencia al 15%.
Los proyectos de software y de producción de circuitos integrados, ciertas operaciones de infraestructuras públicas y las inversiones destinadas a ahorrar energía y agua también gozan de un tratamiento tributario preferencial.
China ocupa actualmente el puesto 78 (sobre un total de 190 países) en el Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial, dos posiciones por delante respecto al año pasado.
Esa tendencia positiva refleja los graduales esfuerzos de Pekín por favorecer la llegada de IED. Tratándose de un mercado de la importancia del chino, las restricciones y dificultades administrativas todavía vigentes palidecen ante la magnitud de lo que puede ofrecer a quienes ponen un pie en él.
Un vasto campo para crecer
Las empresas españolas han comprendido muy bien -y desde hace varios años- la necesidad de realizar inversiones en el gigante asiático. En 2015 se registraron 252 millones de euros de inversión bruta española en el país, frente a los 548 millones de euros del año anterior.
Con 5.981 millones de euros de stock (dirigidos sobre todo a servicios financieros y, en mucha menor medida, a automoción, industria química y comercio mayorista), China figura en el puesto 14 entre nuestros principales destinos de inversión.
Son cifras todavía modestas si atendemos al tamaño del mercado, pero que se apoyan en una larga tradición de acuerdos bilaterales que abren la puerta a un enfoque futuro más ambicioso. Particularmente importantes para la empresa española son el Convenio para Evitar la Doble Imposición (1992) y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (en vigor desde 2008).
Un sector en el que existen buenas oportunidades para incrementar la presencia en China es el de las energías renovables. También es prometedora la distribución comercial por medio del establecimiento de franquicias, especialmente en lo referido a restauración, tiendas de moda y empresas de servicios educativos.
Por su parte, la industria turística española, que cuenta con operadores de referencia internacional, podría encontrar grandes oportunidades en un mercado que prevé convertirse pronto en el primer destino mundial.
Otra vía de entrada al país es la gestión del agua y de los residuos, actividad en la que las que las compañías españolas gozan de reconocida excelencia. No obstante, las inmensas necesidades de China en este sentido no se traducen por el momento en una participación internacional acorde, debido a las restricciones para participar en este sector.
PABLO DÍEZ
Documentación
Informe Económico y Comercial. China
Ed. Ofecomes Pekín, marzo 2017, 64 págs., en español
Country Report. China
Ed. The Economist Intelligence Unit (EIU), marzo 2017, 41 págs., en inglés
Guía País. China
Ed. Ofecomes Pekín, febrero 2017, 80 págs., en español
Simulador de costes de establecimiento ICEX: China
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