La Comisión Europea propone cambios en la legislación ‘antidumping’ y antisubvenciones
El Ejecutivo comunitario quiere modernizar los instrumentos de defensa comercial de la UE para asegurar que puedan hacer frente a las graves distorsiones del mercado en determinados países.
Fuente:  Comisión Europea  -  14/11/2016
La nueva fórmula para calcular el ‘dumping’ se aplicaría a los casos iniciados una vez que las normas modificadas entren en vigor

La Comisión Europea presentó el 9 de noviembre una propuesta con un nuevo método para calcular el dumping en las importaciones procedentes de países en los que existen distorsiones importantes del mercado, o en los que el Estado tiene una influencia omnipresente en la economía.

Según las normas actuales, el dumping se calcula comparando el precio de exportación de un producto a la UE con los costes internos del mismo en el país de origen. El Ejecutivo comunitario pretender complementar esta fórmula con el enfoque explicado anteriormente.

Según un comunicado del Ejecutivo comunitario, el objetivo es garantizar que los Estados miembros dispongan de instrumentos de defensa comercial con los que hacer frente a problemas actuales como el exceso de capacidad en sectores como el del acero, a la vez que cumplen sus obligaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El nuevo sistema se aplicaría a los casos iniciados una vez que las normas modificadas entren en vigor, e incluye un período transitorio durante el cual todas las medidas antidumping actualmente vigentes y las investigaciones en curso seguirían estando sujetas a la legislación actual.

La Comisión Europea planteó también reforzar la legislación antisubsidios de la UE para que, en los futuros casos, toda nueva subvención descubierta en el transcurso de una investigación pueda también analizarse y tenerse en cuenta en los derechos finales impuestos.

La reforma complementará la propuesta efectuada en 2013 para modernizar todos los instrumentos de defensa comercial de la UE, sobre la que los Estados miembros aún no han llegado a un acuerdo.

El texto es el resultado de una amplia consulta pública y va acompañado de una evaluación de impacto. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han de decidir ahora sobre este nuevo marco jurídico mediante el procedimiento legislativo ordinario.

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