• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Australia es una economía muy terciarizada. En 2019, el sector servicios representó casi el 71% del PIB (70,8%), la industria el 8,5%, la construcción el 7,8%, la agricultura el 2,1% y la minería el 10,7%. En la fase de transición actual ganan peso los servicios a empresas y los servicios educativos, a costa de la minería. En parte el fin del boom inversor minero se ha compensado con una mayor actividad en construcción residencial y en proyectos de infraestructuras. No obstante, dentro de las exportaciones de bienes, los minerales, productos agrícolas y alimentos y de forma creciente el gas natural, seguirán siendo partidas muy relevantes.

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Fuente: Australian Bureau of Statistics

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En general, Australia ha venido gozando de una economía robusta y flexible y de unos fundamentos macroecónomicos sólidos. Australia es de los pocos países que han acumulado más de dos décadas de crecimiento continuado (29 años), sin acumular graves desequilibrios a nivel interno y externo. En 2018, el PIB australiano creció un 2,7% y en 2019 un 1,8%, según datos del FMI. No obstante, tras confirmarse la segunda caída consecutiva del PIB, que alcanzó el 7% en el trimestre de junio -la mayor contracción trimestral registrada en la serie histórica según fuentes australianas-, Australia ha entrado técnicamente en recesión por primera vez en 29 años. Esta caída es fundamentalmente atribuible al impacto del shock de oferta y demanda ocasionado por la pandemia mundial. 

En cuanto a la evolución del nivel general de precios, según la información estadística publicada por el RBA, la inflación, medida por IPC, cayó un 0,3% en el trimestre de junio en términos anuales, muy por debajo del objetivo del 2-3% de media de inflación fijado por la autoridad monetaria. Ello, pese a la orientación claramente expansiva de la política monetaria. Las caídas más pronunciadas se han producido en los componentes de muebles, enseres domésticos y servicios, transporte y comunicación.

Por otro lado, el impacto de la perturbación en el mercado de trabajo ha sido particularmente negativo, con una caída muy acusada de la tasa de actividad -del 66% en junio de 2019 al 64% en junio de 2020- y de la tasa de empleo – del 74,2% en junio de 2019 al 70,8% en junio de 2020-, así como con un aumento de la tasa de paro del 5,3% en junio de 2019 al 7,4% en junio de 2020. En este periodo, 280.200 personas perdieron sus empleos con lo que el número total de parados se aproxima al millón (992.300). Adicionalmente, la tasa de subempleo ha aumentado al 11.7%, un 3,5% superior respecto a junio de 2019. El número de subempleados se ha situado así en algo más de 1,5 millones personas, un 39.8% respecto al año anterior. Estos indicadores, que habían mejorado en el mes de agosto, se han deteriorado ligeramente en septiembre respecto al mes anterior. Efectivamente, la tasa de actividad ha se ha situado en el 64,8%, la tasa de paro ha repuntado al 6,9% y la tasa de subempleo ha aumentado una décima situándose en el 11,4%.

Por lo que respecta a la posición externa del país, caracterizada por su crónico y abultado déficit por cuenta corriente, y negativa y elevada Posición Inversora Internacional Neta (PIIN), ha ido mejorando progresivamente en los últimos ejercicios. El déficit por cuenta corriente ha venido reduciéndose en los últimos años y, por primera vez en la serie histórica, se ha registrado un ligero superávit en 2019 del 0,5% del PIB. Ya en el trimestre de junio, el superávit por cuenta corriente (ajustado estacionalmente) se ha situado en 17.738 millones de AUD como consecuencia de los efectos de la propagación del coronavirus sobre el comercio internacional. Lo mismo sucede con la PIIN, la cual ha registrado una trayectoria descendiente en los últimos años. En el trimestre correspondiente a junio ésta se ha incrementado ligeramente respecto al trimestre anterior situándose en los 910.000 millones de AUD.

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Fuentes: Reserve Bank of Australia; Australia Bureau of Statistics (ABS); the Treasury; IMF.

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El modelo productivo australiano ha venido experimentando un proceso de transición tras el fin del boom minero que, durante la última década, ha encabezado el crecimiento económico de Australia. Así, las fuertes inversiones en capacidad extractiva se han ido transmitiendo al resto de la economía al incrementar en un 13% el ingreso disponible de los hogares al tiempo que, en plena crisis financiera global, reforzaba el tipo de cambio de la divisa australiana con las correspondientes consecuencias negativas para los demás sectores exportadores (manufacturas y agricultura). A pesar de ello la desindustrialización que suele acompañar a este efecto denominado enfermedad holandesa no se ha producido de manera notable y en particular el sector servicios (turismo, educación, servicios profesionales) ha conseguido aumentar su competitividad y sus exportaciones a pesar de la fortaleza del tipo de cambio. Cabe destacar, en todo caso, que la situación actual ha puesto de manifiesto la debilidad y escasa competitividad del sector industrial australiano, lo que ha llevado a las autoridades a replantearse el futuro de este sector y la necesidad de crear una industria nacional en algunos productos claves.

Por otro lado, la coalición liberal-conservadora que sustituyó a los sucesivos gobiernos laboristas ha tenido como objetivo definir una nueva Australia basada en valores distintos a la socialdemocracia. Entre las medidas adoptadas por el gobierno de la coalición destacan, en primer lugar, retornar al equilibrio presupuestario para lo cual no se incrementaría el gasto en ninguna partida si no viniese acompañado de una reducción similar o superior en otro concepto. No obstante, teniendo en cuenta que la mejora de las infraestructuras de transporte es una necesidad reconocida por todos, analistas internos y externos, el gobierno de la coalición y varios gobiernos estatales han lanzado ambiciosos planes de inversión en infraestructuras que se extenderán durante la siguiente década para reducir el gap derivado de años pasados de insuficiente inversión. En cualquier caso, y dada la situación actual de pandemia del Covid-19 el objetivo principal de política económica se ha trasladado a la reactivación de la economía tras el "estado de hibernación" inicial y crear las bases de un modelo de crecimiento sostenido y generador de empleo a través de reformas estructurales, algunas de las cuales ya han sido anunciadas.

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En general, Australia ha venido gozando de una economía robusta y flexible y de unos fundamentos macroecónomicos sólidos. Australia es de los pocos países que han acumulado más de dos décadas de crecimiento continuado (29 años), sin acumular graves desequilibrios a nivel interno y externo. En 2018, el PIB australiano creció un 2,7% y en 2019 un 1,8%. No obstante, por primera vez en años, el PIB australiano correspondiente al trimestre de marzo se contrajo un 0,3%. Esta caída es atribuible fundamentalmente al impacto de los incendios que asolaron al país a finales del año pasado y principios de este y otros desastres naturales, así como la aplicación de las primeras medidas sanitarias para contener la propagación del coronavirus. Se ha confirmado, además, la contracción de la actividad económica del 7% en el trimestre de junio como consecuencia del shock de oferta y demanda derivado del Covid19, con lo que Australia ha entrado técnicamente en recesión. El FMI prevé una contracción de la actividad económica en 2020 (del -4,2%), mientras que la OCDE estima una caída del PIB del 5% en un escenario en el que no se produce un rebrote de los contagios. Para el 2021, el FMI proyecta un crecimiento del 3%, mientras que la OCDE del 4,1%.

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El principal objetivo del gobierno federal australiano en materia fiscal ha sido la paulatina reducción del déficit presupuestario hasta alcanzar su equilibrio y, posteriormente, el superávit de las cuentas públicas. En particular, la estrategia a medio plazo anunciada en abril de 2019 consistía en alcanzar un superávit presupuestario para el año fiscal 2019-20 (del 0,4% del PIB) y generar excedentes presupuestarios a partir de entonces (0,5% en 2020-21, 0,8% en 2021-22 y 0,4% en 2022-23). Además, en el presupuesto para ese ejercicio se identificaban cuatro prioridades: lograr el superávit de las cuentas públicas, crear más puestos de trabajo, reducir la carga impositiva y garantizar los servicios públicos fundamentales como Medicare, educación, hospitales y transporte. Por el lado de los ingresos, el gobierno preveía una simplificación del Impuesto sobre la Renta (se contemplaba una reducción de tramos de cuatro a tres para el ejercicio 2024-25) y en el ejercicio 2019-20 se incluía una bajada de impuestos para las rentas bajas y medias (de menos de 126.000 AUD) con un ahorro de hasta 1.080 AUD. Con el propósito de disminuir la carga fiscal de las PYMEs, el gobierno contemplaba asimismo la continuidad de las deducciones sobre la base imponible que se venían aplicando y se esperaba que el tipo aplicable se redujese del 27,5% actual hasta el 25% en el ejercicio 2021-22. Además, se amplió el límite de facturación máxima para ser considerada pequeña empresa desde 25 a 50 millones AUD. Por el lado del gasto, se estimaba que éste se situase en torno al 25% PIB. Además del mantenimiento de los servicios públicos fundamentales (sanidad y educación), así como otras medidas previstas en el ejercicio, es destacar especialmente el gasto en inversión y, en particular, el programa de gastos en infraestructuras. En el ejercicio 2019-20 el proyecto de presupuestos incluye 23.000 millones de AUD para inversión en infraestructuras de transportes y un incremento de este gasto hasta los 100.000 millones de cara a los próximos 10 años. Sin embargo, esta estrategia se ha visto interrumpida por la propagación del coronavirus en el país, situación que ha obligado a las autoridades gubernamentales a adoptar un potente paquete de medidas para hacer frente a los efectos de las actuaciones sanitarias adoptadas para contener los contagios. Asimismo, el contexto actual ha alterado el ciclo presupuestario normal y la presentación del presupuesto para el ejercicio 2020-21 se ha pospuesto para octubre de este año -en un ciclo normal éste se hubiese producido en mayo-. 

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La política monetaria la define y articula el Reserve Bank of Australia (RBA) siendo su principal objetivo contribuir a la estabilidad de la moneda -control de la inflación entre el 2% y 3%-, el pleno empleo y el bienestar de la sociedad australiana, actuando para ello sobre el tipo de interés del dinero que presta a las entidades de crédito (cash rate). Durante los últimos ejercicios el RBA ha seguido una política monetaria acomodaticia y ha ido reduciendo los tipos de referencia hasta situarlos en el 0,25% (mínimo histórico). La última decisión del Board del RBA de reducción de los tipos ha sido en marzo de 2020 y ha venido marcada por la preocupación sobre el impacto en la economía australiana de la crisis del Covid-19 por lo que se ha acompañado de otras medidas de política monetaria encaminadas a mantener la liquidez en el sistema, los niveles de empleo y las rentas y actividad empresarial en el corto plazo. Concretamente, la medida anterior se ha complementado con la compra de títulos de deuda pública y semipública con diferentes vencimientos en el mercado secundario de bonos con el propósito de situar el rendimiento de los títulos de deuda pública a tres años -3-year Australian Government Securities- alrededor del 0,25% y reducir, con ello, los costes de financiación de la economía. Asimismo, se ha creado una facilidad financiera por un importe de 90.000 millones de AUD para el sistema bancario con el doble propósito de reducir los costes de financiación e incentivar el flujo de crédito a la actividad empresarial y, en particular, a las PYMES. Por otro lado, Australia mantiene un sistema de tipo de cambio flotante. Los últimos movimientos del RBA sobre los tipos de interés han llevado a una depreciación del dólar australiano, con lo que se ha favorecido la competitividad de las exportaciones australianas y ha encarecido las importaciones. El Reserve Bank of Australia puede intervenir en el mercado de divisas cuando existe temor de exceso de volatilidad en el mercado o cuando el tipo de cambio es claramente incompatible con los principios fundamentales económicos. Estas operaciones persiguen estabilizar las condiciones del mercado más que cumplir objetivos en materia de tipo de cambio.

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Si bien la economía australiana se ha caracterizado por su flexibilidad y capacidad de resistencia, ésta ha venido enfrentándose a una serie de desafíos de carácter estructural como son su modelo productivo –en fase de transición tras el boom de la minería-, la alta concentración de su base exportadora en pocos productos de bajo valor añadido y la alta dependencia de sus exportaciones a China, o el lento crecimiento de la productividad. Se espera, además, que tras los shocks se produzcan cambios estructurales que afecten al comportamiento de los agentes económicos y a la estructura productiva del país. A este respecto, el gobierno federal australiano ha venido avanzado algunas de las reformas que propondrá y presentará en los próximos meses -hasta la presentación del presupuesto en el mes de octubre- para sentar las bases de la recuperación económica del país a medida que vaya revirtiendo el programa de estímulo fiscal articulado para hacer frente a la paralización de la actividad económica durante la pandemia. Esta agenda de reformas quedará plasmada en el denominado JobMaker Plan cuyo principal objetivo es generar empleo. Según anunció el Primer Ministro australiano, las reformas contempladas en el plan afectarán a ámbitos como la política energética e industrial, I&D, educación superior, economía digital, infraestructuras, desarrollo regional, reforma tributaria para apoyar la creación de empleo e inversión, reforma de las administraciones y, sobre todo, a ámbitos como la formación profesional y el marco de funcionamiento de las relaciones laborales (industrial relations).

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