• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

El crecimiento acumulado del PIB de Bolivia en 2018 fue de 4,2%, el más alto de la región. Las actividades que presentaron mayor incidencia en el crecimiento en la estructura del PIB para 2018 fueron la Industria Manufacturera (0,90%), Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (0,89%), Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas (0,60%) y el Transporte y comunicaciones (0,58%). 

Las actividades económicas que registraron una mayor variación positiva en el 2018 fueron: Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca (6,9%), Servicios de la Administración Pública (6,8%), Industria Manufacturera (5,5%), Establecimientos Financieros, Seguros,
Bienes Inmuebles y Servicios a las Empresas (5,3%) y Comercio (5,2%).

Por otro lado, la única actividad que registró una variación negativa fue Petróleo Crudo y Gas Natural con una disminución del 0,15%. Por componentes del de Gasto, el crecimiento del PIB en el 2018 se explica principalmente la demanda interna que creció un 3,3% debido a los impulsos fiscales y monetarios que incrementaron el gasto público en 5,1% y el consumo privado en 4,3%.

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Bolivia experimentó desde 2010 una bonanza económica originada por el auge de las exportaciones, liderado por los sectores de hidrocarburos y minería en un contexto de elevados precios internacionales de las materias primas. La nacionalización de los hidrocarburos, piedra angular de la política económica de Evo Morales, favoreció esta expansión económica y permitió grandes avances sociales, pero derivó en un modelo de crecimiento excesivamente dependiente de los ingresos procedentes del gas. La importante caída del valor de las exportaciones de hidrocarburos en los últimos años, unido al conflicto político-social (2019) y a la crisis sanitaria derivada del covid19 (2020) han reducido drásticamente las posibilidades de crecimiento del país en el corto-medio plazo. La recuperación en el largo plazo dependerá sobre todo de la evolución del precio del petroleo ya que el gas boliviano está indexado a éste. 

En los años previos a la actual crisis, el PIB boliviano alcanzó una tasa de crecimiento del 4,3% en 2016, del 4,2% en 2017 y del 4,2% en 2018. El crecimiento económico durante esos años fue sustentado fundamentalmente por un fuerte aumento de la inversión y del gasto público en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020. El gobierno llevó a cabo una inversión pública de 48.500 millones de USD para la campaña 2016-2020, acompañada por unos 10.000 millones de USD de inversión privada. Por otra parte, se implementaron iniciativas sociales como el Bono Juancito Pinto, que buscaba reducir la tasa de abandono escolar, el Bono Juana Azurduy para mejorar la salud de madres, niñas y reducir la mortalidad materno infantil o la Renta Dignidad, para las personas de la tercera edad. 

En 2019 se produjo un importante retroceso económico respecto a los años anteriores ( crecimiento del 2,2%) como consecuencia del conflicto político y social que paralizó casi totalmente la actividad económica durante los últimos meses del año. Para 2020 el Banco Mundial prevé un desplome del PIB del 5,9% por la crisis sanitaria del covid19 y la inestabilidad política.

La economía se verá fuertemente condicionada por la difícil situación de las finanzas públicas, en un país en el que apenas un tercio de la inversión es privada:

• La caída del crecimiento económico y de las exportaciones descritas anteriormente han desembocado en un déficit gemelo insostenible (fiscal y por cuenta corriente). En 2019 los desequilibrios fiscal y de la balanza por cuenta corriente ascendieron al 7,2% y 3,2% del PIB, respectivamente. 
• Los déficits gemelos registrados desde 2015 han generado un crecimiento del endeudamiento público y externo (57,5 y 28,8% del PIB en 2019, respectivamente), aunque todavía se sitúan en niveles manejables.
• Las reservas internacionales de Bolivia se han reducido a la mitad desde 2014, llegando a 6.800 millones de USD a finales 2019.
• Como dato positivo mencionar que la inflación registró en 2019 una tasa de 1,5%, la más baja en los últimos diez años y la segunda menor de la región. Desde 2008, el país cuenta con un el anclaje de la moneda local con el dólar, con el objetivo de favorecer la estabilidad de precios. 

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Los objetivos de la política económica boliviana siguen lo establecido en el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, explicado anteriormente. 

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La ralentización derivada del largo proceso electoral y la crisis política y social de finales de 2019 ha tenido un fuerte impacto sobre el crecimiento de la economía boliviana. 

Las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para 2020 son las siguientes: 

Según las proyecciones del FMI, Bolivia alcanzará un crecimiento de su PIB del 3,8% en 2020; el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 3,6%; y la Cepal de un 3%. 

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En el año 2018 se alcanzó un déficit fiscal del 8,1% del PIB, siendo el cuarto año consecutivo en que se registra un saldo negativo en las operaciones del sector público. Los factores más importantes que explican este déficit son:

• La caída del precio del gas natural y la desaceleración del crecimiento económico, que provocaron una caída en los impuestos y regalías por hidrocarburos. 
• La caída de la presión tributaria de la renta interna.

El déficit fiscal fue financiado en un 30% con crédito externo y en un 70% con crédito interno, siendo el Banco Central de Bolivia (BCB) el principal financiador. Ante la disminución de los ingresos, se tuvo que contener el gasto en el gobierno, mientras que las empresas públicas se apoyaron en el crédito para aumentar sus gastos de capital.

Los datos presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia proyectan un déficit fiscal del 6,98% en 2019.

El presupuesto de inversión pública alcanzó los 7.285 millones de dólares en 2018, lo que representa un incremento del 1,7% respecto al 2017. Este crecimiento proviene del incremento de los recursos destinados al sector productivo. Durante los últimos años, la inversión pública ha sido el motor que impulsó la demanda interna y el crecimiento económico en Bolivia, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Para 2018, el sector productivo tuvo una inversión pública programada de 2.320 millones de dólares, de los cuales Energía tiene 1.042,2 millones de dólares, Minería 459,8 millones de dólares, Agropecuario 356,5 millones de dólares, Hidrocarburos 300,9 millones de dólares, Industria 154,5 millones de dólares y Turismo 5,8 millones de dólares. 

En 2019 la inversión pública proyectada caerá desde los 7.285 millones de dólares hasta los 6.510 millones de dólares. 

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En el año 2019, la orientación de la política monetaria boliviana continuó siendo expansiva. Las tasas de interés, aunque reducidas, se mantuvieron estables. Se mejoraron los niveles de liquidez del sistema financiero a través de una serie de medidas impulsadas por el Órgano Ejecutivo. La expansión de la política monetaria fue también respaldada por la estabilidad en el tipo de cambio de la moneda que permitió, a su vez, controlar el nivel de inflación.

De este modo, se continúa incentivando la expansión del crédito para incrementar la inversión y el consumo local. El principal instrumento utilizado por el Banco Central de Bolivia para lograr este objetivo fueron las operaciones en mercado abierto.

También se ha continuado la política de fomento el uso de la moneda nacional, iniciada en el año 2008 con el incremento de la tasa de encaje adicional en moneda extranjera y la apreciación de la moneda local. En el primer semestre de 2018 el porcentaje de créditos en moneda nacional alcanzó el 98,1% y el de depósitos el 87%, mientras que en el año 2005 suponían un 7,5% y un 15,6%, respectivamente.

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A finales del año 2015 se aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien que tiene como pilares básicos: la erradicación de la pobreza extrema; universalización de los servicios básicos; acceso a la salud, la educación y el deporte; soberanía científica y tecnológica;  la soberanía comunitaria y financiera; la soberanía productiva y diversificación de la economía;la  soberanía sobre los recursos naturales; y la soberanía alimentaria.

En esta línea, la nueva Constitución prevé una mayor implicación del Estado en el desarrollo económico, no sólo a través de la planificación y regulación, sino también a través de la dirección y control de determinados sectores considerados estratégicos: hidrocarburos, recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos.

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