Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

El PIB a precios corrientes alcanzó los 2,02 billones de dólares en 2017. En términos reales, la tasa de variación del PIB registró un aumento del 1% respecto a 2016 y, como consecuencia del ascenso, el PIB per cápita subió hasta los 9.689 dólares, un 10% por encima del dato en 2016.


Según los datos recogidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil registró incrementos reales del PIB en los cuatro trimestres de 2017 (1,3%; 0,7%, 0,2% y 0,1%, respectivamente), saliendo oficialmente de la crisis que atravesaba. En 2018, el avance del PIB se ha mantenido, con un crecimiento del 0,2% en el primer trimestre, del 0,2% en el segundo, del 0,8% en el tercero y del 0,1% el último trimestre del año, cerrando el ejercicio con un avance del 1,1%.

El crecimiento de los últimos dos años, apenas por encima del 1%, ha sido bautizado por muchos expertos  como vôo de galinha, vuelo de gallina, debido al continuo rebajar de las previsiones económicas y la persistente falta de crecimiento sostenido. Por ejemplo, en comparación con los demás países del bloque BRICS, Brasil es el que menos creció en los dos últimos años, situándose hasta por debajo de Rusia (crecimiento 2017 y 2018 de 1,5% y 1,8%), país que sufrió en los últimos años amplias sanciones internacionales por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, tensión política y precios bajos de commodities.

Por el lado de la oferta, el sector agropecuario creció un 0,1% en 2018, después de un crecimiento del 13% el año anterior, el sector servicios avanzó un 1,3%, mientras que el sector industrial creció un 0,6%. En referencia a los sectores que forman la industria, avanzaron la producción y distribución de electricidad, gas y agua (2,3%), las de transformación (1,3%) y las industrias extractivas (1%), mientras que la construcción cayó un 2,5%. Dentro del sector servicios, el comercio al por menor (2,3%), las actividades inmobiliarias (3,1%) y el transporte, almacenaje y el correo (2,2%) fueron los apartados que más crecieron.

En el análisis de la demanda, tras cuatro años de contracción en la formación bruta de capital fijo (2014-2017), en 2018 volvió a ser positivo (4,1%, siendo el consumo público el único de los componentes del PIB por el lado de la demanda que no crecieron (crecimiento nulo). Así, tanto el consumo de las familias (1,9%), como la exportación de bienes y servicios (4,1%) o la importación (8,5%) avanzaron durante el pasado ejercicio. En el sector externo destacaron las exportaciones del sector primario, soja, petróleo y gas naturas y minerales metalíferos. Entre las importaciones destacaron los refinados del petróleo, los equipos electrónicos y de comunicación y los vehículos automóviles.

 

 

 

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

 

 

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%) 2014 2015 2016 2017 2018
POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO 5 5 5,7 5,3 5,1
INDUSTRIAL 23,8 22,3 21,2 21,5 21,6
Minería 3,8 2 1 1,8 3
Manufacturas 12 11,8 11,9 11,8 11,3
Construcción 6,2 5.9 5,4 5,2 4,5
Producción y distribución de electricidad, agua y saneamiento 1,9 2,7 2,7 2,7 2,8
SERVICIOS 71,2 72,7 73,2 73,2 73,3
Transporte, almacenamiento y correos 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4
Comercio 13,6 12,8 12,9 12,7 13,2
Intermediación financiera y seguros 6,4 7,3 8,2 7,9 7
Actividades inmobiliarias 9,5 9,7 9,7 9,7 9,9
Administración, salud, sanidad pública y seguridad social 17,4 17,7 17,5 17,6 17,5
Servicios de información       3,2 3,2
Otros servicios 17 17,1 17,6 17,7 18,2
PIB a precios de mercado 100  100 100 100 100
IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS 16,2 16,4 15,7 16,1 14,6
POR COMPONENTES DEL GASTO          
Consumo Privado 63 63,8 64 63,4 64,3
Consumo Público 19,2 19,7 20,2 20 19,7
Formación bruta de capital fijo 20,5 17,6 15,4 15,5 15,4
Exportaciones de bienes y servicios 11 12,9 12,5 12,6 14,8
Importaciones de bienes y servicios -13,7 -14,1 -12,1 -11,6 -14,2
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA - - - - -
TOTAL 100  100 100 100 100

 

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Brasil es la octava economía del mundo por volumen de PIB (2,02 billones de dólares a precios corrientes en 2017, tipo de cambio 3,2 reales por dólar), aglutinando el 40% del PIB de Iberoamérica. Presenta también un PIB per cápita de dólares 8.650 en 2016 y de 9.689 en 2017, según los últimos datos del Banco Mundial.


Con un enorme potencial de desarrollo, se considera que Brasil dejó atrás la mayor crisis interna desde la democratización en el ejercicio 2017. Tras dos caídas consecutivas del PIB del 3,5% en 2015 y 2016, el ejercicio 2017 cerró con un avance del 1% anual, dato que se ha repetido en 2018. Si bien es un registro positivo, se esperaba una aceleracion del crecimiento del PIB, lo que ha obligado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento del PIB en 2019, por eso y por la incertidumbre que rodea al desarrollo de la política económica de Bolsonaro.

La siguiente tabla resume las previsiones de crecimiento:

 

Perspectivas crec. PIB 2018 2019 2020
Dato final 1,1%    
BCB 1,4% 1,2% 2,5%
FMI 1,4% 2,1% 2,5%
OCDE 1,2% 1,4% 2,4%
BM 1,2% 2,2% 2,5%
CEPAL 1,6% 1,8%  
Santander Brasil 2% 1,3%  2,5
Banco Itaú 2% 1,0% 2,0%
Fuente: elaboración propia

 

El Índice de Precios al Consumo Amplio (IPCA), indicador utilizado para definir el objetivo de inflación de la Política Monetaria, tenía establecido en 2018 la meta de una variación del 4,5%, con un margen del +/- 1,5%. Sin embargo, cerró el año 2018 en el 3,75%, por debajo del objetivo, aunque por encima del umbral inferior marcado como suelo. Para 2019 la meta es del 4,25%, con margen de +/-1,5; para 2020, la meta es del 4%, con un margen de +/-1,5 puntos y para 2021 es del 3,75%, con margen de +/-1,5 puntos.

Según los datos del IBGE publicados en abril, el avance del IPCA del mes de marzo fue del 0,8% intermensual, en aceleración con respecto al mes anterior (0,4%). El acumulado en doce meses se situó en el 4,6%, por encima del objetivo del Banco Central para 2019 (4,25%) y dentro del intervalo de tolerancia establecido (+/-1,5%). Se trata del nivel más alto de inflación desde febrero de 2017.

Hay que destacar que un rasgo característico de Brasil en los últimos años (hasta 2017) ha sido, precisamente, la elevada inflación del país. La menor demanda interna ha tenido un claro efecto sobre la evolución de los precios, así como el descenso inesperado de los precios de los alimentos. Esta menor presión sobre los precios y las expectativas de recuperación del crecimiento del PIB han permitido una continua rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Central de Brasil que, en su última reunión de 2017, aprobó una nueva rebaja (de un punto porcentual) del tipo oficial (tasa SELIC) hasta dejarlo en el 7% (mínimo histórico) con previsiones de nuevas rebajas durante 2018 que se han hecho efectivas, situándose actualmente la SELIC en el 6,5%. No obstante, el temor a un posible repunte de los precios ha mantenido la tasa en el 6,5% desde hace un año (fue introducida el 20 de marzo de 2018) confirmada en la última reunión del 20 de marzo de 2019.

En cuanto al sector exterior, la balanza por cuenta corriente presentó un déficit del 3,3% del PIB en 2015 y la Inversión Directa Extranjera (IDE) ascendió al 4,2% del PIB. En lo que se refiere a 2016, las transacciones corrientes del país presentaron un déficit del 1,3% del PIB y la IDE ascendió al 4,4% del PIB. En el ejercicio 2017, la cuenta corriente cerró con un déficit del 0,5% del PIB y la IDE ascendía al 4% del PIB (70.332 millones de dólares). Finalmente, en 2018 la balanza por cuenta corriente acumuló un déficit de 958 millones de dólares, un 0,8% del PIB, mientras que la IDE ascendió a 86.728 millones de dólares, el 4,6% del PIB. En los primeros meses de 2019, según los datos del Banco Central de Brasil publicados en abril, las transacciones corrientes en marzo de 2019 fueron deficitarias en 494 millones de dólares, inferior a las de marzo de 2018 (666 millones). A pesar de la reducción del superávit comercial (4.500 millones de dólares en marzo de 2019 frente a los 6.000 millones de marzo de 2018), las reducciones en el déficit de servicios y de renta primaria produjeron la reducción en el déficit de transacciones corrientes. En marzo de 2019, el déficit en transacciones corrientes acumulado en doce meses fue de 13.700 millones de dólares (0,7% del PIB), estable con respecto al mes anterior


Destacar, en lo que se refiere a la balanza comercial, que en 2018 las exportaciones brasileñas ascendieron a 239.889 millones de dólares, un 10,2% más que en 2017, mientras que las importaciones se han situado en 181.230 millones de dólares, un 20,2% más que el año anterior, de manera que existe superávit comercial de 58.659 millones de dólares. No obstante, en lo que va de ejercicio (2019) se evidencia una ralentización en la evolución de estas variables: las exportaciones de bienes en marzo de 2019 alcanzaron los 18.100 millones de dólares, un 9,7% menos que el año anterior. Las importaciones de bienes llegaron a 13.600 millones en marzo, una caída del 3,7% con respecto a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las reservas internacionales (liquidez), en 2017, ascendieron a 381.972 millones de dólares mientras que en 2018 se situaron en 374.700 millones de dólares. El stock de reservas internacionales alcanzó los 384.200 millones de dólares en marzo de 2019, correspondiente al 354% de la deuda externa a corto plazo residual (excepto operaciones inter-compañía y títulos de renta fija negociados en el mercado doméstico) y en aumento de 5.700 millones con respecto a febrero de 2019. 

 


Finalmente, en lo que se refiere a la deuda externa bruta en 2017 ascendía a 313.610 millones de dólares y en 2018, la deuda externa bruta ascendió a 316.168 millones de dólares, el equivalente al 16,8% del PIB (18,2% del PIB en 2016).


Respecto al mercado de trabajo, la tasa de desempleo (6,8% de media en 2014) ha ascendido vertiginosamente con la crisis (9% de media en 2015 y 11% en 2016). Para el ejercicio 2017, se situó en el 11,8%, lo que suponía algo menos de 13 millones de parados. En 2018, la tasa de paro se situó en 11,6% al cierre de diciembre de 2018, con una media de 12,3% en el año. El IBGE publicó en abril la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua Trimestral (PNAD) para el  trimestre móvil enero-febrero-marzo. De acuerdo con la publicación, la tasa de desocupación aumentó 1,1 p.p. en relación a los tres meses anteriores, pasando del 11,6% al 12,7%. En relación al mismo trimestre móvil de 2018, la reducción fue de 4 décimas (13,1% en 2018). 

 

 

 

 

En el ámbito fiscal, el año 2015 cerró con un déficit primario del 1,9% del PIB y un déficit público total del 10,2% del PIB. Por su parte, el nivel de deuda neta del sector público se situó en el 36% del PIB. En 2016, el déficit primario fue del 3,5% del PIB y el nominal del 9% (la deuda neta del Sector Público ascendió al 46% del PIB). En 2017, el déficit nominal fue del 7,8% del PIB y la deuda neta se situó en el 51,6% del PIB. En 2018, el déficit nominal ascendió al 7,1% del PIB y la deuda al 51,2% del PIB.

 

 

En octubre de 2015 los desilusionantes datos fiscales y las malas perspectivas económicas provocaron que  Brasil perdiera el grado de inversión por parte de S&P y sufriera una nueva rebaja en febrero de 2016 por parte de esta misma agencia. Asimismo,  en diciembre de 2015 también rebajó Fitch el grado de inversión y en febrero de 2016 lo hizo Moody's. En enero de 2018, S&P rebajó un grado más el grado de inversión, hasta BB-, con perspectiva estable, debido al retraso en la aprobación de las reformas necesarias para alcanzar el equilibrio fiscal. Las otras dos agencias mantienen al país en perspectiva estable hasta la fecha (Ba2 Moody’s y BB- Fitch).

 

 

 

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2014 2015 2016 2017 2018
PIB
PIB (en billones de USD, a precios corrientes) 2,417  1,775 1,799  2,02 (6,6 de reales) 1,77 (6,83)
Tasa de variación real (%) 0,1 -3,8 -3,6 1 1,1
PIB per cápita (dólares) 11728,8 8 791,5 8730,8 9.689,00 n.d.
Tasa de variación real (%) -0,8 -4,7 -4,4 0,2% n.d.
INFLACIÓN
Media anual (%)  6,3 9,0 8,8 2,95 3,75%
Fin de período (%) 6,4 10,7 6,3 2,95 3,75
TIPOS DE INTERÉS (TASA SELIC)
Media anual (%) 11,05 13,25 13,88 9,84 6,58%
Fin de período (%) 11,75 14,25 13,75 7,00 6,5
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población T4 (x 1.000 habitantes)*  202.827 204.490 206.099 208.000 210.867
Población Activa ultimo trimestre año (x 1.000 habitantes) 99326 101.318 102.604 104.258 n.d.
Tasa de paro último trimestre del año 6,5 9 12 11,8 11,6
Tasa de paro media anual 6,8 9 11 12,7 12,3%
DÉFICIT PÚBLICO
saldo nominal % de PIB -6,7 -10,2 -9 deficit 7,5 -7,10
saldo primario % de PIB -0,3 -1,9 -2,5 deficit 1,9 -1,60
DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO
en millones de USD  799.740 552.011 838.526 1.037.000 958.000
en % de PIB  33,1 36 46 51,6 51,2
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
millones USD  225.101 191.134 185.235 217.739 239.889
% variación anual  -7,0 -15,1 -3,1 17,5 10,2%
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
millones USD  229.145 171.461 137.557 150.749 181.230
% variación anual  -4,4% -25,2% -19,8% 9,6% 20,2%
SALDO B. COMERCIAL
millones USD -4.044 19.673 47.683 66.989 58.659
en % de PIB -0,2% 1,1% 2,6% 3,3% 3,1%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
millones USD -104.181  -58.942 -23.546 deficit 9.762  -14.511
en % de PIB  -4,3 -3,3 -1,3 -0,4 -0,8
DEUDA EXTERNA BRUTA
millones USD 352.821 334.745 326.297 313.610 316.168
en % de PIB  14,6 18,6 18,2 15,3 16,8
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
millones USD 66.692 124.676 120.696 111.327 126.700
 % exportaciones b. y s.  25,3 65,6 65,4 51,2 40,5
RESERVAS INTERNACIONALES
millones USD 374.051 368.739 372.221 381.972 374.700
meses de importación b. y s.  19  26 32 26 n.d.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
millones USD  97.175 74.718 78.183 70.332 86.728
en % de PIB 4,0 4,2 4,4 3,4 4,6%
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual  2,35  3,39 3,48 3,19 3,65
fin de período  2,65 3,9 3,26 3,3 3,89

 

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Principales objetivos de política económica

La política económica brasileña se articula alrededor de dos objetivos fundamentales:

.- Un objetivo de política monetaria: el control de la inflación. Este objetivo se trata de alcanzar a través de la variación de la tasa básica de interés (tasa SELIC). Desde la adopción del Decreto 3088, de 21 de junio de 1999, sobre la sistemática de metas de la inflación como directriz de la política monetaria, el Consejo Monetario Nacional (CMN) define una meta objetivo para la tasa de crecimiento del indicador de precios, con un margen o banda de tolerancia. Así, las decisiones del Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) pasan a tener como objetivo cumplir las metas definidas por el CMN. El objetivo de inflación para 2016 fue del 4,5%, con un margen de tolerancia de más o de menos dos puntos porcentuales. Para 2017, el objetivo de inflación perseguido también fue del 4,5%, con un margen de tolerancia de más/menos 1,5 puntos porcentuales, lo que se ha mantenido para el ejercicio 2018.

.- Un objetivo de política fiscal de superávit primario que garantice el pago de los intereses de la deuda. En Brasil, la política fiscal es conducida con alto grado de responsabilidad fiscal. El uso equilibrado de los recursos públicos visa la reducción gradual de la deuda neta como porcentaje del PIB. Los tres instrumentos de planificación previstos en el texto constitucional y, de forma complementaria, en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) son: (i) el Plano Plurianual (PPA); (ii) la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO); y (iii) la Ley Presupuestaria Anual (LOA). La meta de superávit primario está prevista en la LDO. Para 2016, el objetivo del sector público consolidado fue de un superávit del 0,4% del PIB. Tras las revisiones, previstas en las leyes, realizadas por el gobierno, en mayo de 2016, fue aprobada la Ley 13.291/2016 que alteró la meta constante de la LDO de 2016 hasta un déficit primario del sector público consolidado del 2,6% del PIB.

A la luz de los datos registrados a lo largo de la legislatura del gobierno de Michel Temer, parece que al policy-mix  de política económica iniciado en el segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso y continuado por Lula da Silva y Dilma Rousseff (basado en metas de inflación, cambio fluctuante y altos superávit primarios, el llamado trípode) se le ha añadido recientemente el objetivo de retomar el crecimiento económico, a tenor de la bajada de tipos de la SELIC desde octubre de 2016 hasta marzo de 2018, a lo que se añade el viraje del gobierno hacia la atracción de inversiones y de capital extranjero y el compromiso con el ajuste fiscal que ha escenificado la aprobación de un techo al crecimiento del gasto público.

Con el nuevo gobierno, se ha anunciado como eje fundamental de la política económica la recuperación de las cuentas públicas, seguido de la desestatalización y la liberalización comercial. En particular, en su discurso de toma de posesión como Ministro de Economía, Paulo Guedes anunció que la estabilización de las cuentas se llevará a cabo con desinversiones públicas, privatizaciones y – sin duda el desafío más importante de este gobierno – una reforma profunda de la seguridad social, empezando por el sistema de pensiones. Según Guedes, la seguridad social brasileña es causa de grandes desigualdades, ya que las clases que tienen poder de juzgar y legislar tienen también las mejores condiciones, en detrimento del pueblo brasileño. Además, Guedes hizo hincapié en la necesidad de “cortar por algún lado” la enorme cantidad de transferencias gratuitas y subsidios que el Estado concede a la población. Sin embargo, también anunció que habrá un aumento del gasto en seguridad, uno de los temas más importantes de la campaña de Bolsonaro y entre los problemas más profundos de Brasil. Todos estos cortes de gastos públicos, finalmente, tendrán el objetivo de bajar la carga tributaria a lo largo de los años, desde el 36% actual hasta el 20%. 

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Previsiones macroeconómicas

Desde que se registró el primer trimestre de avance del PIB entre enero y marzo de 2017 tras dos años consecutivos de caídas, los principales organismos de previsión, nacionales e internacionales, apuntaron a que 2017 marcaba el inicio de la fase de recuperación de la economía brasileña. Y al finalizar el ejercicio pasado con un crecimiento medio del 1%, las previsiones para 2018 apuntaron a este ejercicio como el de la consolidación de la recuperación, iniciándose el ejercicio 2018 con expectativas halagüeñas de avance del PIB.

Sin embargo, las optimistas expectativas de aceleración del crecimiento para 2018 se han ido revisando paulatinamente a la baja, a medida que avanzaban la incertidumbre en torno a la situación política interna y el enrarecimiento de las circunstancias internacionales (sobre todo en torno a los emergentes).

Así, el cuadro siguiente resume las actuales previsiones de crecimiento de la actividad brasileña:
 

Perspectivas crec. PIB

2019

2020

BCB

2,3%

2,7%

FMI

2,4%

2,3%

OCDE

1,9%

2,4%

BM

2,5%

2,2%

CEPAL

2,0%

 

BBVA

2,2%

1,8%

Santander Brasil

2,3%

 

Banco Itaú

2,0%

2,7%

Fuente: Elaboración propia.

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Política fiscal y presupuestaria

La política fiscal brasileña se articula sobre la base de un objetivo de superávit primario (saldo presupuestario en el que no se tiene en cuenta el servicio de la deuda), aunque el pilar fundamental es, sin duda, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF, Lei Complementar N.º 101), adoptada en mayo 2000, tras la quiebra técnica de algunos Estados y municipios, y la consiguiente asunción, por parte del Gobierno Federal, de las deudas de esas administraciones. Esta ley supuso la consagración del principio de que los gobiernos no pueden gastar indefinidamente más de lo que recaudan. Así, mediante la ley, se exige que los gobiernos equiparen cada decisión relativa a un gasto permanente con un aumento correspondiente de las recaudaciones permanentes (o una reducción de otras partidas de gastos permanentes). Esto es, cada gasto precisa provenir de una fuente de financiación correlativa y los gestores no pueden exceder el límite permitido por ley.

La LRF debilitó el poder de los gobernadores para influir en la política nacional, ya que los Estados deben asumir una responsabilidad mayor por sus propios problemas fiscales, lo que reduce su capacidad para usar al Gobierno Federal como rehén por motivos fiscales. Asimismo, la ley también obliga a fijar objetivos de superávit primarios durante tres años en las Directrices Presupuestarias. Es más, la política fiscal se basa en instrumentos fiscales plurianuales, tales como los Planes Plurianuales (PPA), que establecen las prioridades a largo plazo del Gobierno, así como la Ley de Directrices Presupuestarias trianual.

Gracias a las reformas mencionadas, Brasil consiguió mantener un superávit primario de en torno al 2-3% del PIB a lo largo de la mayor parte de la década de los años 2000. A esta posición contribuyó también el fuerte crecimiento económico registrado desde 2005 y el consiguiente aumento de la recaudación impositiva. Todo ello llevó a una reducción continuada de la deuda pública neta, que pasaba de representar el 60% del PIB en 2002 a suponer un 36% en 2013.

En 2013, el saldo primario del gobierno finalizó el año situado en el 1,4% del PIB, por debajo de la meta del 2,3% del PIB fijada por la Ley de Directrices Presupuestarias, indicando de esta forma que los gastos del gobierno avanzaron a un ritmo mayor que sus ingresos. En 2014, el saldo presupuestario primario registró el primer déficit primario (-0,3% del PIB) desde el año 2001. Este dato empujó al gobierno a desarrollar un ajuste fiscal con el objetivo de recuperar la confianza en la economía para el año 2015. El recorte presupuestario anunciado ascendió a 70 mil millones de reales, con el objetivo de cumplir la meta de superávit primario, de los que aproximadamente el 80% del esfuerzo recayó sobre el Gobierno Federal y el resto, sobre los municipios y estados que conforman la federación. A pesar de todo, el año 2015 cerró con un déficit primario del 1,9% del PIB, dato situado muy por encima de la meta prevista, establecida en el 1,1% del PIB.

Desde entonces, las cosas no han mejorado. La situación fiscal es muy delicada, sobre todo en varios estados y municipios, que están en situación de quiebra, como por ejemplo los estados de Río de Janeiro, Río Grande do Sul o Minas Gerais, que en 2016 se declararon en situación de calamidad financiera. La LRF prevé que en caso de calamidad, un estado pueda ser dispensado de los objetivos fiscales (como el límite de gastos de personal o de deudas). Además, en 2019 otros cuatro estados declararon la calamidad financiera, Mato Grosso, Goiás, Roraima y Rio Grande do Norte.

En los casos de algunos estados, como Mato Grosso, el actual gobierno ya ha comenzado una revisión de los gastos y ha concluido acuerdos con el ejecutivo local; además, el Tesoro ha pedido oficialmente a todos los estados en situación de calamidad financiera una contabilidad extremadamente detallada de sus cuentas desde la declaración de la calamidad, una medida inédita por parte del Tesoro y que demuestra la voluntad del Ejecutivo federal de encontrar una solución.

El estado que se declara en situación de calamidad financiera recibe un margen de maniobra para poder parcelar o atrasar el pago de deudas, para suspender gastos no necesarios o para hacer compras sin licitación en caso de emergencia. Asimismo, queda autorizado a recibir ayuda del gobierno federal.

Aunque el caso de Rio de Janeiro realmente se correspondía a una situación de bancarrota inminente, con el pasar de los años los nuevos casos han sido cada vez menos relacionados con efectivas “calamidades” y más con el descontrol de cuentas que muchos estados tienen y que ningún político quiere sanear, por las repercusiones sobre el electorado. 

El  gobierno del Presidente Temer trató de cumplir con la meta fiscal fijada para el ejercicio 2016 y, de hecho, fue formalmente cumplida (se fijó en mayo un déficit de 164.900 de millones de reales frente al superávit fijado en la meta hasta ese momento, en 30.500 millones de reales). Los datos publicados por el Banco Central de Brasil para el conjunto de 2016 mostraron que el sector público consolidado registró un déficit primario de 155.000 millones de reales, un 2,5% del PIB. Los intereses nominales del sector público consolidado alcanzaron los 407.000 de millones de reales (6,5% del PIB) de forma que el saldo nominal de las cuentas públicas de 2016 fue del 8,9% del PIB, frente al 10,2% de 2015. En agosto de 2017, sin embargo, tuvo que ampliarse el objetivo fijado, de 139.000 millones a 159.000 millones de reales, tanto para el ejercicio 2017 como para 2018. No obstante, al finalizar el ejercicio 2017 el déficit primario fue de 111.000 millones de reales (1,9% del PIB) mientras que el déficit nominal ascendió al 7,5% del PIB.

Además de la modificación de la meta fiscal, el ejecutivo anunció una batería de medidas de ajuste. Entre ellas, destaca la aprobación de una ley de repatriación de capitales, cuyos ingresos por multas se acordó repartirlos entre el gobierno federal y los estaduales, buscando así darles un balón de oxígeno. Sin embargo, esta transferencia no es más que una pequeña parte de las necesidades de los gobiernos estaduales para cerrar sus cuentas en negro. Uno de los principales problemas (tanto en el gobierno federal como en los estaduales) se encuentra en los gastos sociales, entre los cuales el mayor es el gasto en seguridad social, o previdencia social. En 2015, los gastos sociales supusieron en torno al 60% de los gastos primarios en 13 de los 27 estados. Por esta razón, otra de las medidas fundamentales anunciadas por el Gobierno Temer fue la reforma de la previdencia social, con la que el gobierno federal estimaba que ahorraría en torno a 740.000 millones de reales entre 2018 y 2027 (más de 211.000 millones de euros). No obstante, la debilidad del gobierno, especialmente en los últimos meses de 2018, sobre todo desde la huelga de camioneros de mayo, impidió llevar adelante la reforma de la previdencia, siendo por tanto una de las principales tareas para el actual gobierno del Presidente Bolsonaro.

Precisamente, la política económica del nuevo Presidente pivota en el saneamiento de las cuentas públicas, para lo cual la reforma de la previdencia se sitúa como eje central y fundamental, concentrando todos los esfuerzos en los primeros 100 días de gobierno.

El 20 febrero de 2019 la reforma ha sido presentada y está siendo tramitada. Según muchos observadores, existe la posibilidad de que la reforma pueda tardar mucho tiempo en ser aprobada, aunque muestran optimismo por la popularidad del Ejecutivo actual en las dos Cámaras.

Los principales puntos de la reforma son:

-      Aprobación de una edad mínima para hombres y mujeres, aunque diferente (según la propuesta, 65 para hombres y 62 para mujeres);

-      Sistema de capitalización de la Previdencia, es decir, una privatización del sistema de pensiones (la propuesta sigue el modelo chileno);

-      Inclusión de los militares en la nueva reforma (tradicionalmente sujetos a reglas diferentes).

Otra de las medidas tomadas por Temer fue la aprobación definitiva (el 13 de diciembre de 2016) del techo de crecimiento para el gasto público durante 20 años. Afecta tanto al gasto del poder ejecutivo como del Senado, la Cámara, el Tribunal de Cuentas de la Unión, del Ministerio Público de la Unión (MPU), del Consejo del MPU, del Supremo Tribunal Federal, del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo Nacional de Justicia del Trabajo, Federal, Militar, Electoral y del Distrito Federal y Territorios. Con este techo, sólo se podrá aumentar el gasto público para el presupuesto siguiente en lo que crezcan los precios. 

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Política monetaria

En 1999, Brasil adoptó una política de metas de inflación como directriz de la política monetaria, con el Decreto 3088, de 21 de junio de 1999. Estas metas establecidas son objetivos de inflación que se persiguen, fundamentalmente, mediante la modificación de la tasa básica de interés (tasa SELIC). Desde entonces, las decisiones del Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) tienen como objetivo cumplir las metas definidas para la inflación por el máximo órgano deliberativo del sistema financiero (el Consejo Monetario Nacional (CMN), formado por el Ministro de Hacienda, el de Planificación y el Presidente del Banco Central), con un margen de tolerancia de más menos dos puntos. El objetivo actual para 2019 es del 4,25%.

El COPOM se reúne cada ocho semanas para decidir sobre el mantenimiento, elevación o disminución de la tasa básica de interés (tasa SELIC). El Banco Central de Brasil tiene autonomía administrativa, pero no es un órgano independiente.

Ante el peligro de que la crisis económica internacional afectase al crecimiento de la economía brasileña, el Banco Central inició un proceso de flexibilización de la política monetaria (tradicionalmente restrictiva) en 2011, mediante recortes sucesivos de la tasa SELIC, lo que fue interpretado por algunos analistas económicos como un cambio sustancial en la política monetaria del país, que ya no tendría como objetivo exclusivo el control de la inflación sino también, garantizar el crecimiento económico.

Tras alcanzar la tasa SELIC el 9% en abril de 2012, los expertos consideraban que la etapa de reducción de los tipos de interés llegaba a su fin, puesto que continuar con los recortes por debajo del 9% requería la modificación de la normativa que garantizaba la rentabilidad de las cartillas de ahorro (asunto delicado políticamente). Sin embargo, el Gobierno demostró su determinación por bajar el tipo de interés, retirando el mayor obstáculo legal para cumplir dicho objetivo al establecer la remuneración de las cartillas de los nuevos depositantes en un porcentaje fijo de la tasa SELIC (70%), cuando dicha tasa fuese igual o inferior al 8,5%. Tras esta modificación normativa, el Banco Central continuó reduciendo la tasa SELIC hasta alcanzar su nivel más bajo a mediados de octubre de 2012, cuando se situó en el 7,25% y se mantuvo en ese nivel hasta abril de 2013 (cuando se incrementó al 7,5%).

A partir de entonces, las presiones inflacionistas forzaron un cambio de tendencia y se produjeron 16 alzas de la tasa SELIC, situándola en el 14,25% hasta el 20 de octubre de 2016. En ese momento, por primera vez en más de dos años se produjo una rebaja en la tasa, hasta situarla en el 14%, como una de las herramientas para apoyar la recuperación del crecimiento en el país. Desde entonces, se han continuado las rebajas de manera que en la  reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM) de marzo de 2018, se redujo al 6,5%, mínimo histórico. Desde entonces, se ha mantenido estable en dicho porcentaje, principalmente debido al temor de tensiones inflacionistas internas, derivadas (i) de la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones; (ii) al precio de los combustibles y (iii) a la frágil situación de los emergentes. 

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Uno de los principales acontecimientos económicos vividos en Brasil en los últimos años es la incorporación de millones de brasileños a la economía de mercado. La clase media brasileña, denominada clase C, y que engloba a familias con ingresos que oscilan entre los 1.819 reales y los 7.278 reales al mes (unos 420 euros y 1.690 euros al mes, al tipo de cambio actual) ha pasado de representar el 38,8% de la población en 2002 a ser el 54,5% en 2017. Se trata de millones de nuevos consumidores, que acceden por primera vez al sistema financiero, que adquieren viviendas, bienes de consumo duradero, que viajan y que son protagonistas del ciclo virtuoso en el que se ha movido la economía brasileña antes de la crisis.

Otro dato de interés económico que merece destacar en los últimos años es cierto movimiento de «brasileñización» de algunos sectores que en su día fueron abiertos a la inversión extranjera, como el sector eléctrico, las infraestructuras, las telecomunicaciones, o el sector del petróleo al tiempo que se desarrollaba cierto proteccionismo. Este proceso de «brasileñización» se ha producido bien favoreciendo la aparición de «campeones» nacionales brasileños o mediante la creación de nuevas empresas públicas. En este sentido, destaca la creación de una supereléctrica mediante el aumento de competencias de ELETROBRAS; la creación de un campeón nacional en el sector de telecomunicaciones, gracias a la modificación normativa que permitió la fusión de OI y BRASIL TELECOM; la creación de una superestatal en el ámbito de ferrocarriles, con la atribución de nuevas competencias a la empresa pública VALEC, o la compra de NOSSA CAIXA por BANCO DO BRASIL. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía creó la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) para administrar las reservas petrolíferas y la Empresa Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Pre-sal (dentro de Petrobrás, también estudiándose ahora su privatización), creada en 2013 para gestionar los contratos de producción para la exploración y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos.

El gobierno Temer lanzó mensajes que apuntaban  precisamente en dirección contraria. Los problemas derivados de la corrupción, que ha dejado fuera de juego por el momento a algunos de estos campeones nacionales llevaron  al gobierno a manifestar públicamente la necesidad del capital extranjero en su proceso de recuperación económica. Este viraje de posición hacia el exterior tuvo reflejo no sólo en el proceso de promoción que el gobierno ha llevado a cabo con su Programa de Parcerias de Investimentos (PPI, ahora Programa Avançar Parcerias) sino también, por ejemplo, en las conversaciones comerciales de Brasil con diferentes países y bloques, siendo destacable el impulso que Brasil ha estado dando a la revitalización de las negociaciones UE-MERCOSUR o la apertura de negociaciones con Canadá el 8 de marzo de 2018 para la firma de un acuerdo de libre comercio en el seno del MERCOSUR.

Esta posición parece que ha tenido como objetivo dejar atrás un sesgo proteccionista que se había plasmado en un uso creciente de medidas de defensa comercial, en el incremento de algunos aranceles (que pasan del efectivamente aplicado al consolidado), como en juguetes, y en modificaciones normativas adoptadas, como la relativa a compras públicas (que ha establecido una preferencia nacional hasta el 25%) y que supusieron un paso atrás en el proceso liberalizador iniciado en 2007 y una pérdida de competitividad muy elevada, tal y como destacaba el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, en la presentación del Informe Económico elaborado por la OCDE sobre Brasil a finales de febrero de 2018 en Brasilia.

El principal desafío al que continúa enfrentándose el país es la necesidad de cumplir con el programa de reformas estructurales que avanzaba el gobierno Temer y que debe retomar el nuevo gobierno salido de las elecciones de octubre. Aunque el Ejecutivo presentó en enero de 2019 las medidas que se aprobarán en los primeros 100 días de gobierno, la reforma de la previdencia ocupa el eje central de la política económica en los primeros momentos. Entre otras medidas anunciadas destaca la desestatalización de la economía (mediante la privatización de las grandes empresas estatales brasileñas) y la liberalización comercial. No obstante, existe incertidumbre respecto a la efectiva realización de estas medidas, ya que no existe un plan claro y pormenorizado de cómo llevar a cabo estas reformas. Más bien al contrario, existe mucha improvisación y desorden a la hora de comunicar actuaciones: por ejemplo, el mismo Presidente Bolsonaro hizo recientemente declaraciones a favor de mantener públicas las empresas más grandes, como ELETROBRAS o Banco do Brasil. Así, parece que entre los grandes retos se encuentran (i) limitar las guerras internas entre los miembros del gobierno y (ii) conseguir los apoyos suficientes en el Congreso y el Senado para aprobar las reformas, en un parlamento altamente fragmentado. 

El texto de la reforma de la Previdencia, esperada durante años, finalmente fue presentada el 6 de febrero de 2019 al Congreso Nacional por el gobierno Bolsonaro. La aprobación final se producirá, con alta probabilidad,  hacia la segunda mitad del año. Aunque hay una mayoría muy amplia favorable a la aprobación de la misma, quedan muchos aspectos a aclarar en el texto, y algunos tendrán una oposición muy fuerte por algunos sectores del Congreso. Entre ellos, el más controvertido será el sistema de capitalización de la Previdencia.

Desde hace tiempo todas las organizaciones internacionales y agencias de rating han destacado el sistema de seguridad social de Brasil como uno de los más insostenibles del mundo, en particular el sistema de pensiones. En Brasil, la seguridad social es comúnmente llamada “previdencia”, aunque la institución que se ocupa de suministrar los beneficios es el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

La reforma fue anunciada y comenzada por el gobierno de Temer en 2016, con la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) nº267, que no llegó a ser tramitada, por la fragilidad del Ejecutivo. Sin embargo, con el nuevo gobierno del Presidente Bolsonaro  y, especialmente por la influencia del “superministro” de Economía Paulo Guedes, la reforma ha sido retomada, presentada en el Parlamento el 6 de febrero de 2019 y será tramitada a lo largo del año.

Es importante destacar que, para la aprobación de la reforma, se necesita una mayoría de 3/5 de la composición de la Cámara de Diputados, es decir, 305 votos a favor, y no una mayoría simple, como sería el caso de otras leyes. En el Senado, en cambio, se necesitarán 49 votos a favor sobre un total de 81 (también los 3/5).

Se trata de una de las reformas estructurales más esperadas por los mercados internacionales, y el resultado final es considerado uno de los puntos más importantes para evaluar el alcance y poder de la política económica del gobierno actual. El ponente de la Comisión Constitución y Justicia de la reforma, que deberá aprobar la constitucionalidad del texto ante la Cámara de Diputados, es el diputado Marcelo Freitas (Partido Social Liberal – Minas Gerais).

Según la encuesta sobre el apoyo a las medidas de BTG Pactual en las dos Cámaras, realizada en febrero de 2019, los resultados principales son:

-          La gran mayoría de los partidos apoyan la reforma conceptualmente, lo cual quiere decir que la probabilidad de que sea aprobada es elevada;

-          Quedan muchos puntos en los cuales no hay una mayoría clara y, por lo tanto, el texto final de la reforma aprobada podría ser muy distinto del que ha llegado a las Cámaras. 

El 23 de abril de 2019, la reforma fue aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados con una amplia mayoría (48 a favor y 18 en contra), aunque con un retraso considerable (62 días contra los 10 que se esperaban). 

Los siguientes pasos para la aprobación de la reforma son: 

- Análisis y aprobación del texto por la comisión especial de la Cámara de Diputados 

- Discusión del texto y aprobación en el plenario de la Cámara de Diputados 

- Análisis y aprobación del texto por la CCJ del Senado 

- Discusión del texto y aprobación en el plenario del Senado

Promulgación.

 

 

 

 

Aprobación de la reforma

 

Entre los mayores partidos presentes en las dos Cámaras, es posible reconocer tres diferentes bloques:

-          Los partidos de centro, cercanos al precedente gobierno de Michel Temer, que preparó el mismo texto de la reforma. Suelen estar de acuerdo al 100% con todas las medidas del texto de la reforma.

-          El Partido del Presidente Bolsonaro, Partido Social Liberal (PSL) y, por razones diferentes, los partidos de centro-izquierda, como el Partido Democrático Trabalhista (PDT) del tercer candidato más votado en las últimas elecciones, Ciro Gomes. Estos partidos suelen tener una opinión positiva de las medidas presentes en el texto en proporción de dos tercios (67%) o incluso más. En el caso del PSL, los mayores problemas se encuentran en medidas demasiado “liberales” y centristas, mientras que en el segundo caso los puntos más criticados son –como es previsible– los relacionados con temas más tradicionalmente de izquierda, como la oposición al sistema de capitalización de la seguridad social (una de las formas consideradas para la reforma de las pensiones);

-          El Partido dos Trabalhadores (PT), que está en contra de prácticamente la totalidad de las medidas, menos la inclusión de los militares dentro de la reforma. Aunque no se trate de un bloque en el Parlamento, el PT es el primer partido en la Cámara de los Diputados y tiene mucha influencia sobre otros partidos cercanos.

Apoyo por medida 

Edad mínima: la gran mayoría apoya la aprobación de una edad mínima para la jubilación. El único partido sin mayoría es el PT, que, aun así, presenta un 37% de apoyos a la medida. 

Edad mínima diferente para hombres y mujeres: también en este caso la gran mayoría del Congreso Nacional apoya esta idea y, por consiguiente, la aprobación de edad mínima igual para hombres y mujeres tiene muy poco apoyo (tan sólo los partidos Demócratas y  Movimiento Democrático Brasileño votarían a favor). 

Transición: los tiempos de transición para que la reforma sea efectiva son uno de los temas donde menos acuerdo hay. Como es previsible, los partidos de gobierno tienen una mayor tendencia a querer tiempos más breves, mientras que los de oposición desean un tiempo de transición mayor. 

Reglas para trabajadores urbanos y rurales: uno de los temas menos controvertidos, en ningún partido la mayoría quiere apoyar medidas para igualar las reglas para trabajadores urbanos y rurales.

- Militares: la inclusión de los militares en la reforma es apoyada por alrededor del 80% de todo el Congreso y, por lo tanto, es previsible que se aprobará. Sin embargo, el partido más contrario a esta propuesta es justo el PSL, el partido del Presidente, una señal que podría crear tensiones entre el Presidente y el Congreso. 

- Sistema de capitalización: con toda probabilidad será la parte de la reforma más difícil de aprobar. Tanto el precedente gobierno como el actual, especialmente el Ministro de Economía Paulo Guedes, creen firmemente en el sistema de capitalización de la Previdencia, pero no parece que el Congreso sea tan favorable. Aunque el 48% de las dos Cámaras está a favor, el resto se divide en partes iguales entre contrario y abstenciones. Existe una diferencia sustancial entre los congresistas nuevos y los reelegidos: el 52% de los primeros está a favor, mientras que sólo el 43% de los segundos votaría a favor. Como es previsible, PDT, PSB y PT son los tres mayores partidos que están en contra de la propuesta.Tiempo de tramitación: una pluralidad de congresistas opinan que la aprobación de la reforma tendrá lugar en el segundo trimestre del 2019, es decir, antes de julio. Sin embargo, cabe destacar que los congresistas reelegidos – que tienen mucha más experiencia – tienen los mayores porcentajes de “en el segundo semestre de 2019” (27%) y “en el 2020” (7%).

Contenido de la reforma

-  Edad mínima: según el texto, la edad mínima sería de 62 años para mujeres y 65 para hombres, con un mínimo de 20 años de contribución.

-  Beneficio integral: con la contribución mínima de 20 años, un trabajador tendría derecho al 60% de la media de las cotizaciones realizadas por el mismo durante su vida laboral. A partir de ahí, cada año tendrá derecho a un 2% adicional, hasta el 100% (40 años).

-  Transición: el tiempo de transición sería de 12 años, en los cuales los trabajadores podrán elegir entre las reglas de edad mínima, tiempo de contribución, o una media entre los dos criterios. Además, la regla de acceso a la jubilación de la reforma será la suma de los años de contribución más la edad, siendo las sumas mínimas 96 para hombres y 86 para mujeres. Sin embargo, cada año la suma se acrecentará, hasta llegar a 105 para hombres en 2028 y 100 para mujeres en 2033.

-  Cotizaciones: la propuesta pretende unificar las retenciones en los salarios de trabajadores tanto públicos como privados, manteniendo sin embargo el carácter progresivo para los diferentes salarios.

-  Invalidez: la jubilación por invalidez prevé dos casos para calcular el porcentaje de la media de cotizaciones al que tiene derecho el trabajador. En el caso de que la invalidez sea relacionada a la misma profesión, como es el caso de accidentes de trabajo o enfermedades adquiridas en el empleo, el porcentaje sería del 100%. Sin embargo, si la invalidez no tuviese relación con la profesión, el porcentaje sería tan sólo del 60%.

-  Jubilación agraria: la actividad mínima agraria pasa de 15 a 20 años, mientras que la edad mínima es igualada a los 60 años tanto para hombres como mujeres.

-  Régimen de capitalización: una vez aprobada la reforma, los trabajadores que ingresen al mercado laboral podrán adherirse a un régimen de capitalización, con la garantía de beneficio de al menos un salario mínimo, por medio de un fondo solidario.

Valoración

La reforma es necesaria para el equilibrio de las cuentas públicas de Brasil y el saneamiento de sus finanzas públicas. La deuda pública ha subido en tan sólo 5 años del 62% (en 2014) al 90% estimado para 2019. Además, el tiempo que se ha invertido en esta reforma es tan grande que sería sin duda una derrota significativa frente a la población no sólo para el actual Ejecutivo sino que también para todo el Congreso Nacional.

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