Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

El PIB a precios corrientes alcanzó los 7,25 billones de reales en 2019, alrededor de 1,85 billones de dólares, lo cual situaba a Brasil como la novena economía mundial en términos de PIB, además de aglutinar el 40% del producto de Iberoamérica. En términos reales, la tasa de variación del PIB registró un aumento del 1,1% respecto a 2018. El PIB per cápita llegó hasta los 32.747 reales en 2018, un 0,3% más que en 2017, pero en valores corrientes el valor fue de 8.923 dólares, un 8% por debajo del dato en 2017, debido principalmente a la depreciación del real a lo largo de 2018, al crecimiento débil y al incremento de la población. Sin embargo, la renta en valores constantes llegó a 9.140 dólares, un 5,4% más que en 2017.

En 2019, según los datos recogidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil registró resultados no negativos en el avance trimestral del PIB en los cuatro trimestres de 2019 (0%; 0,5%; 0,6%; 0,5%) confirmando una lenta recuperación marcada por tres años de crecimiento en el entorno del 1%. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020 el IBGE registró una caída del PIB del 1,5%, mostrando los primeros efectos en la economía del  coronavirus.

El crecimiento de los últimos dos años, ligeramente por encima del 1%, fue bautizado por muchos expertos como vôo de galinha (vuelo de gallina), debido al continuo descenso de las previsiones económicas y la persistente falta de crecimiento sostenido. A comienzos del año 2020 y tras el estallido de la pandemia de coronavirus, las previsiones de crecimiento para el año 2020 se han disipado. Así, las previsiones de la mayor parte de organismos, nacionales e internacionales, apuntan a un retroceso del PIB; destacan la previsión oficial, publicada por la Secretaría Política Económica (SPE), que en marzo de 2020 y en el mejor de los escenarios preveía un resultado negativo del 4,7% para 2020; también ha revisado a la baja su previsión el  Banco Central de Brasil (-6,40%) así como diversos organismos internacionales, como el FMI (-9,1%) o el Banco Mundial (-8%), agencias de crédito como S&P (-4,6%), o Moody’s (-5,2%), o las de grandes empresas financieras, como Goldman Sachs (-7,4%).

 

Por el lado de la oferta, el sector agropecuario creció un 1,3% en 2019, después de un crecimiento del 1,4% el año anterior, el sector servicios avanzó un 1,3% frente a un 1,5% en 2018, mientras que el sector industrial creció un 0,5%, comparado con el crecimiento nulo de 2018. En referencia a los sectores que forman la industria, avanzaron la producción y distribución de electricidad, gas y agua (1,9%), la construcción (1,6%) y las de transformación (0,1%), mientras que las industrias extractivas disminuyeron (1,1%), .Dentro del sector servicios, los servicios de telecomunicaciones y TICs (4,1%), las actividades inmobiliarias (2,3%), el comercio al por menor (1,8%), y las actividades financieras (1%), fueron los apartados que más crecieron.

Según los últimos datos disponibles de contabilidad nacional trimestral, el sector agropecuario creció un 0,6% en el primer trimestre de 2020, después de un crecimiento del 0,2% en el mismo periodo del año anterior, mientras que el sector servicios disminuyó un 1,6% frente a un crecimiento del 0,4% en el primer trimestre de 2019 y el sector industrial disminuyó un 1,4%, comparado con el crecimiento nulo de 2019 dejando ver los signos de las medidas de distanciamiento social adoptadas como consecuencia de la crisis del coronavirus

 

En el análisis de la demanda, tras cuatro años de contracción en la formación bruta de capital fijo entre 2014-2017 se produjo un nuevo resultado positivo en 2019 (2,2%), tras el resultado de 2018 (3,9%) siendo el consumo público el único de los componentes del PIB por el lado de la demanda que cayó en cómputo anual el pasado ejercicio (-0,4%). Así, tanto el consumo de las familias (1,8%), como la importación de bienes y servicios (1,1%), mostraron crecimiento. Mientras que la exportación decreció (1,1%) frente al pasado ejercicio. En el sector externo destacaron las exportaciones del sector primario, soja, petróleo y gas natural y minerales metalíferos. Entre las importaciones destacaron los refinados del petróleo, los equipos electrónicos y de comunicación y los vehículos automóviles. En el primer trimestre de 2020, la formación bruta de capital fijo sufrió una variación intertrimestral positiva del 3,1%. Como consecuencia de la crisis del coronavirus el consumo de las familias cayó un 2% en la comparación intertrimestral, tras siete trimestres consecutivos arrojando variaciones positivas, además, las exportaciones cayeron un 0,9% mientras que las importaciones aumentaron un 2,8% en variación intertrimestral. Por último, el consumo público sufrío una variación positiva del 0,2% con respecto al trimestre precedente. 

 

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

 

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%)

2015

2016

2017

2018

2019

POR SECTORES DE ORIGEN

AGROPECUARIO

5

5,7

5,3

5,2

5,2

INDUSTRIAL

22,5

21,2

21,1

21,2

20,9

Minería

2,1

1

1,6

2,9

3

Manufacturas

12,2

12,5

12,4

11,4

11

Producción y distribución de electricidad, agua y saneamiento

2,4

2,7

2,8

3

3,2

Construcción

5.7

5,1

4,3

3,9

3,7

SERVICIOS

72,5

73,1

73,5

73,6

73,9

Comercio

13,3

12,9

13,2

13,6

13,7

Transporte, almacenamiento y correos

4,4

4,4

4,3

4,2

4,3

Servicios de información

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

Intermediación financiera y seguros

7,1

7,9

7,6

6,9

6,9

Actividades inmobiliarias

9,7

9,7

9,8

9,9

9,9

Otros servicios

17,4

17,5

17,6

17,8

17,7

Administración, salud, sanidad pública y seguridad social

17,2

17,4

17,7

17,8

18

PIB a precios de mercado

100

100

100

100

100

IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS

16,3

15,7

16,1

16,9

16,8

POR COMPONENTES DEL GASTO

 

 

 

 

 

Consumo Privado

64

64,3

64,5

64,7

64,9

Consumo Público

19,8

20,4

20,2

20,1

20,3

Formación bruta de capital fijo

17,4

15

14,6

14,8

15,1

Exportaciones de bienes y servicios

12,9

12,5

12,5

14,9

14,3

Importaciones de bienes y servicios

-14,1

-12,1

-11,8

-14,5

-14,7

DISCREPANCIA ESTADÍSTICA

-

-

-

-

-

TOTAL

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBGE. Última actualización 27/03/2020

 

 

 

 

 

           

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Brasil es la novena economía del mundo por volumen de PIB (2,01 billones de dólares a precios corrientes en 2018) por detrás de USA, China, Japón, Alemania, Reino Unido, India, Francia e Italia. Aglutina el 40% del PIB de Iberoamérica. Presenta también un PIB per cápita de 8.710 dólares en 2016, de 9.925 en 2017 y 9.001 en 2018 según los últimos datos del Banco Mundial.

Con un enorme potencial de desarrollo, se considera que Brasil dejó atrás en el ejercicio 2017 la mayor crisis interna vivida desde la democratización y que se inició con sendos descensos del PIB en 2015 y 2016 en el entorno del 3,5% cada uno de los años. Tras estas caídas consecutivas del PIB el ejercicio 2017 cerró con un avance del 1,3% anual, dato que se repitió en 2018. Ya en 2019, el PIB ha mostrado un crecimiento de 1,1%. Si bien es un registro positivo, se esperaba una aceleración del crecimiento del PIB en 2019. Esto obligó a revisar a la baja las previsiones de crecimiento del PIB para 2020, revisiones a la baja que se han ido produciendo desde que se inició la pandemia del coronavirus, que paralizó una parte importante de la actividad económica mundial en el primer semestre del año, a medida que los contagios se han ido expandiendo.

A lo largo de 2019, las previsiones de crecimiento fueron rebajadas constantemente hasta el último trimestre del año. Rebajas que se acentuaron con los datos de contabilidad nacional trimestral para los primeros tres meses del año, con resultados de crecimiento nulo. No obstante, los siguientes resultados, (+0,5% en el segundo, +0,6% en el tercero y +0,5 el cuarto) ayudaron a revisar ligeramente al alza de nuevo las expectativas. Así, pasó de esperarse un crecimiento del 2,5% a inicios del año 2019, hasta el 1,2% previsto a final del año. Estos datos apuntan hacia la prolongación de la debilidad en la recuperación que está atravesando la economía brasileña, a la espera de que sean aprobadas algunas de las importantes reformas estructurales previstas para el año por el actual ejecutivo.

De cara a 2020, las previsiones de crecimiento del PIB han pasado de situarse en 2,3% en enero a prever un fuerte descenso de la actividad. La horquilla es amplia, destacando  la previsión oficial, publicada por la Secretaría Política Económica (SPE) en marzo de 2020, que en el mejor de los escenarios prevé un resultado negativo del 4,7%; o la del Banco Central de Brasil, que en junio ha situado la tasa de variación del PIB brasileño en el -6,40%. Asimismo, otros  organismos internacionales, como el FMI (-9,1%) o el Banco Mundial (-8%) acaban de revisar nuevamente las previsiones a la baja, al igual que otras agencias  como S&P (-4,6%), o Moody’s (-5,2%), o las de grandes empresas financieras, como Goldman Sachs (-7,4%).

Por el momento las previsiones para 2021 debido al periodo de incertidumbre que ha provocado la actual crisis del coronavirus también  son dispares, pero todas auguran un crecimiento para 2021 mayor que el previsto en enero de este mismo año y que se encontraría en una horquilla que va desde el 1,80% de la OCDE, hasta el 4,60% previsto por el Credit Suisse, pasando por una previsión de crecimiento del 3,50% del BCB.

La siguiente tabla resume las principales previsiones de crecimiento a 31 de mayo de 2020:   

 

Previsiones crecimiento PIB

2020

2021

SPE

-4,70%

-

BCB

-6,48%

3,50%

IBGE

-5,40%

-

FMI

-5,30%

2,90%

OCDE

1,70%

1,80%

BM

-8,00%

2,50%

CEPAL

-5,20%

-

BBVA

1,90%

2,00%

Banco Itaú

-4,50%

3,50%

CNI brasil

-4,20%

-

ONU (Unctad)

1,00%

-

Santander Brasil

-6,38%

4,35%

Credit Suisse

-6,50%

4,60%

UBS

-7,50%

3,00%

Morgan Stanley

-5,10%

-

JP Morgan

-7,00%

-

S&P

-4,60%

3,30%

Moody’s

-5,20%

2,70%

Goldman Sachs

-7,40%

4,00%

Fuente: elaboración propia

 

En cuanto a las principales variables, el Índice de Precios al Consumo Amplio (IPCA), indicador utilizado para definir el objetivo de inflación de la Política Monetaria, tenía establecida en 2019 la meta en el 4,25%, con margen de +/-1,5; siendo el resultado final ligeramente superior (4,3%) pero dentro del margen. Para 2020, la meta es del 4%, con un margen de +/-1,5 puntos y para 2021, del 3,75% con margen de +/-1,5 puntos.

El 25 de junio el Banco Central ha aprobado la meta de inflación para 2021 situándola en un 3,50% con un margen de +/-1,5 puntos.

Hay que destacar que un rasgo característico de Brasil hasta 2017 ha sido la presencia de tensiones inflacionistas, con periodos de hiperinflación. Cabe recordar que 2016 cerraba el ejercicio con una inflación de más del 10%. La fase recesiva y la subsecuente menor demanda interna habrían tenido un claro efecto sobre la evolución a la baja de los precios, así como el descenso inesperado de los precios de los alimentos. Esta menor presión sobre los precios y las expectativas de recuperación del crecimiento del PIB han permitido una continua rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Central de Brasil que, tras mantenerse en el 6,5% durante once reuniones (16 meses) en su reunión de julio de 2019, aprobó una nueva rebaja (de medio punto porcentual) del tipo oficial (tasa SELIC) hasta dejarlo en el 4,5% al cierre de 2019. Ya en 2020, se ha vuelto a reducir la tasa en tres nuevas ocasiones, situándose a final de mayo en 3,00%.

En cuanto al sector exterior, según los datos del Banco Central de Brasil, en 2019 Brasil cerró con un déficit por cuenta corriente de 50.800 millones de dólares, un 2,8% del PIB (2,2% en 2018). Las exportaciones habrían caído un 6,3% mientras las importaciones se habrían reducido un 0,8%, dejando el superávit comercial en 39.400 millones de dólares, frente a los 53.000 de un año antes.

Las inversiones directas en el país (IDP) en 2019 ascendieron a 78.600 millones de dólares, un 4,3% del PIB (4,1% en 2018). En abril de 2020 se registraron ingresos netos de 234 millones de dólares, lo que representa una disminución del 95,4% frente al resultado de abril de 2019 (5.100 millones de dólares) y supone el peor resultado para un mes de abril desde 1995, cuando los ingresos netos alcanzaron los 168 millones de reales. En lo que va de ejercicio hasta mayo de 2020 los ingresos netos han alcanzado los 20.595 millones de dólares, 11.064 millones de dólares menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior (31.659 millones de dólares en enero-mayo de 2019)

En cuanto a las reservas internacionales, el stock de reservas internacionales se situó en 356.900 millones de dólares en diciembre de 2019, 17.800 millones menos que un año antes, consecuencia de las ventas a vista realizadas (-36.900 millones), los ingresos por intereses (+7.500 millones) las variaciones de precios (+9.100 millones) y el retorno neto de recompras (+2.300 millones de dólares). De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Brasil en junio de 2020, el stock de reservas internacionales se situó en mayo de 2020 en los 345.700 millones de dólares.

En el ámbito fiscal, según los datos publicados por el Banco Central de Brasil para el conjunto del año 2019 muestran un resultado primario del sector público consolidado deficitario en 61.900 millones de reales (0,85% del PIB), en comparación con el déficit de 108.300 millones en 2018 (1,6% del PIB) mientras que los intereses nominales alcanzaron el 5,1% del PIB. De esta manera el resultado nominal del sector público consolidado (que incluye el resultado primario y los intereses nominales apropiados) fue deficitario en 429.200 millones de reales, el 5,9% del PIB, reduciéndose 1,2 puntos en relación al déficit registrado en 2018 (7,1% del PIB). En el acumulado del año hasta mayo 2020 (último dato disponible), el déficit primario alcanzo los 214.000 millones de reales, en comparación con un superávit de 7.000 millones en el mismo periodo del año anterior.

En este contexto, en mayo de 2020, el sector público consolidado registró un déficit primario de 131.400 millones de reales, así mismo, los intereses nominales del sector público consolidado apropiados por competencia alcanzaron en el mes de mayo los 21.500 millones de reales (34.500 millones en mayo de 2019). El  resultado nominal del sector público consolidado en el mes de mayo que incluye el resultado primario y los intereses nominales apropiados fue deficitario en 140.400 millones de reales.

Como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno federal para la lucha contra  el coronavirus, se producirá un salto en la deuda pública brasileña, según prevé el Secretario Especial de Finanzas del Ministerio de Economía, quien ha señalado que  con la crisis del coronavirus, el déficit primario debería aumentar a casi el 10% del PIB en 2020, mientras que el resultado nominal se situará alrededor del 14% del PIB.

 

En octubre de 2015 los desilusionantes datos fiscales y las malas perspectivas económicas provocaron que Brasil perdiera el grado de inversión por parte de S&P y sufriera una nueva rebaja en febrero de 2016 por parte de esta misma agencia. Asimismo, en diciembre de 2015 también rebajó Fitch el grado de inversión y en febrero de 2016 lo hizo Moody's. En enero de 2018, S&P rebajó un grado más el grado de inversión, hasta BB-, con perspectiva estable, debido al retraso en la aprobación de las reformas necesarias para alcanzar el equilibrio fiscal, situación revisada positivamente el 11 de diciembre de 2019, cuando S&P revisó el rating hasta perspectiva positiva, aunque la nota se mantiene en BB-. Como consecuencia de la pandemia de coronavirus S&P revisó su previsión a BB- estable en mayo de 2020. En abril de 2020 Fitch revisó su previsión a BB- negativa como consecuencia del deterioro de los escenarios económico y fiscal, así como, por las dudas en torno a la diseminación del coronavirus en Brasil. Las otras dos agencias mantienen al país en perspectiva especulativa hasta la fecha (Ba2 Moody’s y BB- S&P).      

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2015

2016

2017

2018

2019


2020**
Acumulado

 PIB

PIB (en billones de USD, a precios corrientes)

1,775

1,799

 2,02 (6,6 de reales)

1,77 (6,83 de reales)

1,84 (7,25 de reales)

1,5
(7,3 de reales)

Tasa de variación real (%)

-3,5

-3,6

1,3

1,3

1,1

n.d

PIB per cápita (dólares)

8 814,0

8712,8

9.880,9

8.920,8

n.d.

n.d

Tasa de variación real (%)

-4,4

-4,1

0,26%

0,26%

n.d.

n.d

 INFLACIÓN

Media anual (%)

9,0

8,8

2,95

3,75

4,31

0,22 (abril)

Fin de período (%)

10,7

6,3

2,95

3,75

4,31

-0,31

 TIPOS DE INTERÉS (TASA SELIC)

Media anual (%)

13,25

13,88

9,84

6,58

5,9

3,88 (mayo)

Fin de período (%)

14,25

13,75

7,00

6,5

4,5

3 (mayo)

 EMPLEO Y TASA DE PARO

Población T4 (x 1.000 habitantes)*

204.490

206.099

208.000

210.867

211.300

210.606 (abril)

Población Activa último trimestre año (x 1.000 habitantes)

101.318

102.604

104.258

105.197

106.184

102.052 (abril)

Tasa de paro último trimestre del año

9

12

11,8

11,6

11,0

12,6 (abril)

Tasa de paro media anual

9

11

12,7

12,3

11,8

11,9 (abril)

 DÉFICIT PÚBLICO

saldo nominal % de PIB

-10,2

-9

-7,5

-7,10

 -5,9

 -9,6 (abril)

saldo primario % de PIB

-1,9

-2,5

-1,9

-1,60

 -0,8

 -3,5 (abril)

 DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO

en millones de USD

552.011

838.526

1.037.000

958.000

866.670

1.469.165

en % de PIB

36

46

51,6

51,2

55,7

79,7

 EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

millones USD

191.134

185.235

217.739

239.889

225.383

84.517 (mayo)

% variación anual

-15,1

-3,1

17,5

10,2

-6,1

n.d

 IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

millones USD

171.461

137.557

150.749

181.230

177.347

68.946 (mayo)

% variación anual

-25,2

-19,8

9,6

20,2

- 2,1%

n.d

 SALDO B. COMERCIAL

millones USD

19.673

47.683

66.989

58.659

48.036

15.571 (mayo)

en % de PIB

1,1%

2,6%

3,3%

3,1%

2,6%

n.d

 SALDO B. CUENTA CORRIENTE

millones USD

-58.942

-23.546

-9.762

-14.511

 -49.452

-11.877

en % de PIB

-3,3

-1,3

-0,4

-0,8

 -2,1

n.d

 DEUDA EXTERNA BRUTA

millones USD

334.745

326.297

313.610

320.612

323.593

321.468 (abril)

en % de PIB

18,6

18,2

15,3

17

17,6

18,9

 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

millones USD

124.676

120.696

111.327

125.473

126.295

107743 (abril)

 % exportaciones b. y s.

65,6

65,4

51,2

45,6

48,9

42,1

 RESERVAS INTERNACIONALES

millones USD

368.739

372.221

381.972

374.715

356.884

339317 (abril)

exportación de b. y s.

 --

149,9

125,6

116,6

125,2

132,7

 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

millones USD

74.718

78.183

70.332

78.163

78.559

18.043 (abril)

en % de PIB

4,2

4,4

3,4

4,1

4,3

n.a

 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual

 3,39

3,48

3,19

3,65

3,95

4,86 (abril)

fin de período

3,9

3,26

3,3

3,89

4,01

5,32 (abril)

*Estimativa en dólares a partir del tipo de cambio medio de 2019 (1 dólar = 3,96 reales).
**Estimativa en dólares a partir del tipo de cambio medio de 2020 (1 dólar = 4,86 reales).

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Banco Central do Brasil (BC), Ministerio de Economia, Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA). Última actualización realizada 17 de junio de 2020

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Principales objetivos de política económica

La política económica brasileña se articula alrededor de dos objetivos fundamentales:

.- Un objetivo de política monetaria: el control de la inflación. Este objetivo se trata de alcanzar a través de la variación de la tasa básica de interés (tasa SELIC). Desde la adopción del Decreto 3088, de 21 de junio de 1999, sobre la sistemática de metas de la inflación como directriz de la política monetaria, el Consejo Monetario Nacional (CMN) define una meta objetivo para la tasa de crecimiento del indicador de precios, con un margen o banda de tolerancia. Así, las decisiones del Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) pasan a tener como objetivo cumplir las metas definidas por el CMN. El objetivo de inflación para 2016 fue del 4,5%, con un margen de tolerancia de más o de menos dos puntos porcentuales. Para 2017, el objetivo de inflación perseguido también fue del 4,5%, con un margen de tolerancia de más/menos 1,5 puntos porcentuales, lo que se ha mantenido para el ejercicio 2018. Ya para el año 2019 el objetivo de inflación perseguido se redujo al 4,25%, con un margen de tolerancia de más/menos 1,5 puntos porcentuales. Para 2020, el objetivo de inflación se ha situado en el 4,0% manteniendo el mismo margen de tolerancia que años anteriores. Siendo del 3,50% para 2021 y 2022 y reduciéndose al 3,25% para 2023 manteniendo el marge de tolerancia de +/-1,5 puntos porcentuales.

.- Un objetivo de política fiscal de superávit primario que garantice el pago de los intereses de la deuda. En Brasil, la política fiscal es conducida con alto grado de responsabilidad fiscal. El uso equilibrado de los recursos públicos visa la reducción gradual de la deuda neta como porcentaje del PIB. Los tres instrumentos de planificación previstos en el texto constitucional y, de forma complementaria, en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) son: (i) el Plano Plurianual (PPA); (ii) la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO); y (iii) la Ley Presupuestaria Anual (LOA). La meta de superávit primario está prevista en la LDO. Para 2016, el objetivo del sector público consolidado fue de un superávit del 0,4% del PIB. Tras las revisiones, previstas en las leyes, realizadas por el gobierno, en mayo de 2016, fue aprobada la Ley 13.291/2016 que alteró la meta constante de la LDO de 2016 hasta un déficit primario del sector público consolidado del 2,6% del PIB.

Mientras que en 2019 el resultado fue deficitario en 61.000 millones de reales, para el 2020 la meta fiscal se estableció un déficit de 124.100 millones de reales. El pasado mes de abril de 2020, el gobierno envío el Proyecto de Ley (PLN) 9/2020 para su votación en el Congreso, con una propuesta de metas fiscales flexibles para 2021 dada la incertidumbre provocada por la pandemia de coronavirus, que dificulta poder realizar cálculos precisos sobre previsiones de desempeño de la actividad económica y, particularmente, sobre los ingresos. Por lo tanto, la propuesta de la Lei de Directrices Orçamentárias (LDO) prevé inicialmente como meta de resultado primario en 2021, un déficit de 149.600 millones para el Gobierno Central (Tesoro Nacional, Banco Central y Seguridad Social). El cumplimiento del objetivo fiscal también dependerá de los ingresos de las privatizaciones y concesiones, y la aprobación de algunas de las reformas estructurales anunciadas por el gobierno.

Continuando con el policy-mix desarrollado por la administración Temer, el gobierno Bolsonaro habría añadido al policy-mix  de política económica iniciado en el segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso y continuado por Lula da Silva y Dilma Rousseff (basado en metas de inflación, cambio fluctuante y altos superávit primarios, el llamado trípode) el objetivo de retomar/mantener/incrementar el crecimiento económico, a tenor de la bajada de tipos de la SELIC desde octubre de 2016 hasta la actualidad, a lo que se añade el viraje del gobierno hacia la atracción de inversiones y de capital extranjero y el compromiso con el ajuste fiscal que ha escenificado la aprobación de un techo al crecimiento del gasto público.

 

En particular, en su discurso de toma de posesión como Ministro de Economía, Paulo Guedes anunció que la estabilización de las cuentas se llevará a cabo con desinversiones públicas, privatizaciones y – sin duda el desafío más importante de este gobierno – una reforma profunda de la seguridad social, empezando por el sistema de pensiones. Según Guedes, la seguridad social brasileña es causa de grandes desigualdades, ya que las clases que tienen poder de juzgar y legislar tienen también las mejores condiciones, en detrimento del pueblo brasileño. Además, Guedes hizo hincapié en la necesidad de “cortar por algún lado” la enorme cantidad de transferencias gratuitas y subsidios que el Estado concede a la población. Sin embargo, también anunció que habrá un aumento del gasto en seguridad, uno de los temas más importantes de la campaña de Bolsonaro y entre los problemas más profundos de Brasil. Todos estos cortes de gastos públicos, finalmente, tendrán el objetivo de bajar la carga tributaria a lo largo de los años, desde el 36% a comienzo del 2019, hasta el 20%. En los primeros meses de 2020 las diferentes reformas y actuaciones se han visto paralizadas por la crisis del coronavirus, no obstante, el compromiso del gobierno de Bolsonaro es retomar y poner en marcha las diferentes medidas tan pronto como la crisis del coronavirus pierda intensidad.  

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Previsiones macroeconómicas

Desde que se registró el primer trimestre de avance del PIB entre enero y marzo de 2017 tras dos años consecutivos de caídas, los principales organismos de previsión, nacionales e internacionales, apuntaron a que 2017 marcaba el inicio de la fase de recuperación de la economía brasileña. Los pasados tres ejercicios (2017, 2018, 2019) han mostrado un crecimiento débil, en el torno del 1% anual e inferior a las expectativas marcadas a comienzo de cada uno de los ejercicios. Así, las previsiones para 2019 apuntaban a comienzo del año a una aceleración en el crecimiento respeto a 2018, esperando un 2,2% anual, que se revisó a la baja en diversas ocasiones, hasta registrarse un 1,1% en el conjunto de 2019. A inicios de 2020 se ha vuelto a producir una situación similar: se esperaba una aceleración del crecimiento una vez empezasen a sentirse los efectos de las medidas y reformas puestas en marcha en 2019, si bien el estallido de la pandemia declarada por la OMS por el coronavirus ha llevado a rebajas continuadas y con mayor intensidad dada la severidad de los efectos económicos esperados como consecuencia de la pandemia de mundial de Covid-19.

Así, el cuadro siguiente resume las actuales previsiones de crecimiento de la actividad brasileña, entre las revisiones realizadas por, entre otros, el BM, el FMI y el propio Banco Central de Brasil, destacan la oficial, publicada por la Secretaría Política Económica (SPE), que en el mejor de los escenarios prevé un resultado negativo del 4,7%; la del   Banco Central de Brasil (-6,40%) así como la del FMI (-9,1%) o del Banco Mundial (-8%), agencias de crédito como S&P (-4,6%), o Moody’s (-5,2%), o las de grandes empresas financieras, como Goldman Sachs (-7,4%).

  

Previsiones crecimiento PIB

2020

2021

SPE

-4,70%

-

BCB

-6,50%

3,50%

IBGE

-5,40%

-

FMI

-9,10%

2,90%

OCDE

-7,40%

4,20%

BM

-8,00%

2,50%

CEPAL

-5,20%

-

BBVA

1,90%

2,00%

Banco Itaú

-4,50%

3,50%

CNI brasil

-4,20%

-

ONU (Unctad)

1,00%

-

Santander Brasil

-6,38%

4,35%

Credit Suisse

-6,50%

4,60%

UBS

-7,50%

3,00%

Morgan Stanley

-5,10%

-

JP Morgan

-7,00%

-

S&P

-4,60%

3,30%

Moody’s

-6,20%

3,60%

Goldman Sachs

-7,40%

4,00%

Fuente: elaboración propia

 

 

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Política fiscal y presupuestaria

La política fiscal brasileña se articula sobre la base de un objetivo de superávit primario (saldo presupuestario en el que no se tiene en cuenta el servicio de la deuda), aunque el pilar fundamental es, sin duda, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF, Lei Complementar N.º 101), adoptada en mayo 2000, tras la quiebra técnica de algunos Estados y municipios, y la consiguiente asunción, por parte del Gobierno Federal, de las deudas de esas administraciones. Esta ley supuso la consagración del principio de que los gobiernos no pueden gastar indefinidamente más de lo que recaudan. Así, mediante la ley, se exige que los gobiernos equiparen cada decisión relativa a un gasto permanente con un aumento correspondiente de las recaudaciones permanentes (o una reducción de otras partidas de gastos permanentes). Esto es, cada gasto precisa provenir de una fuente de financiación correlativa y los gestores no pueden exceder el límite permitido por ley.

La LRF debilitó el poder de los gobernadores para influir en la política nacional, ya que los Estados deben asumir una responsabilidad mayor por sus propios problemas fiscales, lo que reduce su capacidad para usar al Gobierno Federal como rehén por motivos fiscales. Asimismo, la ley también obliga a fijar objetivos de superávit primarios durante tres años en las Directrices Presupuestarias. Es más, la política fiscal se basa en instrumentos fiscales plurianuales, tales como los Planes Plurianuales (PPA), que establecen las prioridades a largo plazo del Gobierno, así como la Ley de Directrices Presupuestarias trianual.

Gracias a las reformas mencionadas, Brasil consiguió mantener un superávit primario de en torno al 2-3% del PIB a lo largo de la mayor parte de la década de los años 2000. A esta posición contribuyó también el fuerte crecimiento económico registrado desde 2005 y el consiguiente aumento de la recaudación impositiva. Todo ello llevó a una reducción continuada de la deuda pública neta, que pasaba de representar el 60% del PIB en 2002 a suponer un 36% en 2013.

En 2013, el saldo primario del gobierno finalizó el año situado en el 1,4% del PIB, por debajo de la meta del 2,3% del PIB fijada por la Ley de Directrices Presupuestarias, indicando de esta forma que los gastos del gobierno avanzaron a un ritmo mayor que sus ingresos. En 2014, el saldo presupuestario primario registró el primer déficit primario (-0,3% del PIB) desde el año 2001. Este dato empujó al gobierno a desarrollar un ajuste fiscal con el objetivo de recuperar la confianza en la economía para el año 2015. El recorte presupuestario anunciado ascendió a 70 mil millones de reales, con el objetivo de cumplir la meta de superávit primario, de los que aproximadamente el 80% del esfuerzo recayó sobre el Gobierno Federal y el resto, sobre los municipios y estados que conforman la federación. A pesar de todo, el año 2015 cerró con un déficit primario del 1,9% del PIB, dato situado muy por encima de la meta prevista, establecida en el 1,1% del PIB.

Desde entonces, las cosas no han mejorado. La situación fiscal es muy delicada, sobre todo en varios estados y municipios, que están en situación de quiebra, como por ejemplo los estados de Río de Janeiro, Río Grande do Sul o Minas Gerais, que en 2016 se declararon en situación de calamidad financiera. Y el impacto del covid va a exacerbar la situación. La LRF prevé que en caso de calamidad, un estado pueda ser dispensado de los objetivos fiscales (como el límite de gastos de personal o de deudas). Además, en 2019 otros cuatro estados declararon la calamidad financiera, Mato Grosso, Goiás, Roraima y Rio Grande do Norte.

Ya en 2020, como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia, que ha provocado un fuerte aumento en el gasto público de los estados y mermado sus ingresos, provocando que actualmente se encuentran en estado de calamidad pública 26 de los 27 estados brasileños.

El estado de calamidad pública ocurre cuando un desastre, ya sea natural o de tipo sanitario, afecta a una región comprometiendo sustancialmente el poder de respuesta del estado para responder a la crisis. La declaración del estado de calamidad pública permite a los estados recibir recursos del gobierno federal, la anticipación de beneficios sociales, la liberación de seguros y la prorrogación de pagos de préstamos federales entre otros.

Entre las medidas más destacadas de ayuda del gobierno federal dirigidas a los estados y municipios se encuentra la aprobación del Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020), que proporcionará 125.000 millones de reales en asistencia financiera a los estados y municipios para combatir la pandemia covid-19. El monto incluye transferencias directas (60.000 millones de reales) y suspensión de deuda.

El estado que se declara en situación de calamidad financiera recibe un margen de maniobra para poder parcelar o atrasar el pago de deudas, para suspender gastos no necesarios o para hacer compras sin licitación en caso de emergencia. Asimismo, queda autorizado a recibir ayuda del gobierno federal.

El gobierno del Presidente Temer trató de cumplir con la meta fiscal fijada para el ejercicio 2016 y, de hecho, fue formalmente cumplida (se fijó en mayo un déficit de 164.900 de millones de reales frente al superávit fijado en la meta hasta ese momento, en 30.500 millones de reales). Los datos publicados por el Banco Central de Brasil para el conjunto de 2016 mostraron que el sector público consolidado registró un déficit primario de 155.000 millones de reales, un 2,5% del PIB. Los intereses nominales del sector público consolidado alcanzaron los 407.000 de millones de reales (6,5% del PIB) de forma que el saldo nominal de las cuentas públicas de 2016 fue del 8,9% del PIB, frente al 10,2% de 2015. En agosto de 2017, sin embargo, tuvo que ampliarse el objetivo fijado, de 139.000 millones a 159.000 millones de reales, tanto para el ejercicio 2017 como para 2018. No obstante, al finalizar el ejercicio 2017 el déficit primario fue de 111.000 millones de reales (1,9% del PIB) mientras que el déficit nominal ascendió al 7,5% del PIB.

Además de la modificación de la meta fiscal, el ejecutivo anunció una batería de medidas de ajuste. Entre ellas, la aprobación de una ley de repatriación de capitales, cuyos ingresos por multas se acordó repartirlos entre el gobierno federal y los estaduales, buscando así darles un balón de oxígeno. Sin embargo, esta transferencia no es más que una pequeña parte de las necesidades de los gobiernos estaduales para cerrar sus cuentas en negro. Uno de los principales problemas (tanto en el gobierno federal como en los estaduales) se encuentra en los gastos sociales, entre los cuales el mayor es el gasto en seguridad social, o previdencia social. En 2015, los gastos sociales supusieron en torno al 60% de los gastos primarios en 13 de los 27 estados. Por esta razón, otra de las medidas fundamentales anunciadas por el Gobierno Temer fue la reforma de la previdencia social, con la que el gobierno federal estimaba que ahorraría en torno a 740.000 millones de reales entre 2018 y 2027 (más de 211.000 millones de euros). No obstante, la debilidad del gobierno, especialmente en los últimos meses de 2018, sobre todo desde la huelga de camioneros de mayo, impidió llevar adelante la reforma de la previdencia, siendo por tanto una de las principales tareas para el actual gobierno del presidente Bolsonaro.

Precisamente, la política económica del presidente Bolsonaro pivota en el saneamiento de las cuentas públicas, para lo cual la reforma de la previdencia se situó como eje central y fundamental, concentrando todos los esfuerzos en los 10 primeros meses de gobierno. En octubre fue aprobada la refroma de la previdencia, destacando el aumento de la edad mínima de jubilación hasta los 62 años para mujeres y los 65 años para hombres con 30 y 35 años de contribución respectivamente. Nuevas reglas de transición que se extienden hasta el 2033 para mujeres y el 2028 para hombres. Un cambio de la base de cálculo (actualmente el 80% de las mayores remuneraciones durante toda la vida laboral, mientras que antes de la reforma la base de cálculo era sobre las últimas 36 remuneraciones). Fusión de las reglas del régimen privado y el público y pensiones especiales para policías y docentes.

 

Otra de las medidas tomadas por Temer fue la aprobación definitiva (el 13 de diciembre de 2016) del techo de crecimiento para el gasto público durante 20 años. Afecta tanto al gasto del poder ejecutivo como del Senado, la Cámara, el Tribunal de Cuentas de la Unión, del Ministerio Público de la Unión (MPU), del Consejo del MPU, del Supremo Tribunal Federal, del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo Nacional de Justicia del Trabajo, Federal, Militar, Electoral y del Distrito Federal y Territorios. Con este techo, sólo se podrá aumentar el gasto público para el presupuesto siguiente en lo que crezcan los precios. El gobierno Bolsonaro presentó en diciembre de 2019 un cronograma de reformas estructurales tendentes a mejorar la situación fiscal, tales como: la reforma tributaria, la reforma de la renta o las reformas incluidas en el plan más Brasil (reforma de emergencia, reforma administrativa y reforma de fondos), cuyos detalles se exponen más adelante en el documento. 

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Política monetaria

En cuanto a la política monetaria, en 1999, Brasil adoptó una política de metas de inflación como directriz de la política monetaria, con el Decreto 3088, de 21 de junio de 1999. Estas metas establecidas son objetivos de inflación que se persiguen, fundamentalmente, mediante la modificación de la tasa básica de interés (tasa SELIC). Desde entonces, las decisiones del Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) tienen como objetivo cumplir las metas definidas para la inflación por el máximo órgano deliberativo del sistema financiero (el Consejo Monetario Nacional (CMN), formado por el Ministro de Hacienda, el de Planificación y el Presidente del Banco Central), con un margen de tolerancia de más menos dos puntos. El objetivo para 2019 fue del 4,25%. Para 2020, el objetivo de inflación se ha establecido en 3,75%, siendo del 3,50% para 2021 y 2022 y del 3,25% para 2023.

El COPOM se reúne cada ocho semanas para decidir sobre el mantenimiento, elevación o disminución de la tasa básica de interés (tasa SELIC). El Banco Central de Brasil tiene autonomía administrativa, pero no es un órgano independiente.

Ante el peligro de que la crisis económica internacional afectase al crecimiento de la economía brasileña, el Banco Central inició un proceso de flexibilización de la política monetaria (tradicionalmente restrictiva) en 2011, mediante recortes sucesivos de la tasa SELIC, lo que fue interpretado por algunos analistas económicos como un cambio sustancial en la política monetaria del país, que ya no tendría como objetivo exclusivo el control de la inflación sino también, garantizar el crecimiento económico.

Tras alcanzar la tasa SELIC el 9% en abril de 2012, los expertos consideraban que la etapa de reducción de los tipos de interés llegaba a su fin, puesto que continuar con los recortes por debajo del 9% requería la modificación de la normativa que garantizaba la rentabilidad de las cartillas de ahorro (asunto delicado políticamente). Sin embargo, el Gobierno demostró su determinación por bajar el tipo de interés, retirando el mayor obstáculo legal para cumplir dicho objetivo al establecer la remuneración de las cartillas de los nuevos depositantes en un porcentaje fijo de la tasa SELIC (70%), cuando dicha tasa fuese igual o inferior al 8,5%. Tras esta modificación normativa, el Banco Central continuó reduciendo la tasa SELIC hasta alcanzar su nivel más bajo a mediados de octubre de 2012, cuando se situó en el 7,25% y se mantuvo en ese nivel hasta abril de 2013 (cuando se incrementó al 7,5%).

 

A partir de entonces, las presiones inflacionistas forzaron un cambio de tendencia y se produjeron 16 alzas de la tasa SELIC, situándola en el 14,25% hasta el 20 de octubre de 2016. En ese momento, por primera vez en más de dos años se produjo una rebaja en la tasa, hasta situarla en el 14%, como una de las herramientas para apoyar la recuperación del crecimiento en el país. Desde entonces, se han continuado las rebajas de manera que en la reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM) de marzo de 2018, se redujo al 6,5%, mínimo histórico. Desde entonces, se mantuvo estable en dicho porcentaje hasta julio de 2019, cuando la tasa fue reducida al 6%, para llegar al 5,5% (mínimo histórico) en septiembre, debido a la baja inflación de la economía y la probable aprobación de la reforma de la Previdencia. La tasa se rebajó de nuevo en octubre, situándose en el 5% y en diciembre, situándose en 4,50% a final del año. Durante el primer trimestre de 2020, ha continuado esta senda a la baja, de manera que en febrero la SELIC se situó en 4,25%, en marzo en 3,75%, en abril en el 3% y en junio en el 2,25%, lo que supone un nuevo mínimo histórico provocado por las expectativas negativas y la incertidumbre que se ciernen sobre la economía brasileña como consecuencia de la crisis del coronavirus.  

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Uno de los principales acontecimientos económicos vividos en Brasil en los últimos años es la incorporación de millones de brasileños a la economía de mercado. La clase media brasileña, denominada clase C, y que engloba a familias con ingresos que oscilan entre los 1.892 reales y los 8.159  reales al mes (unos 334 euros y 1.438 euros al mes, al tipo de cambio actual) ha pasado de representar el 38,8% de la población en 2002 a ser el 55,3% en 2018. Se trata de millones de nuevos consumidores, que acceden por primera vez al sistema financiero, que adquieren viviendas, bienes de consumo duradero, que viajan y que son protagonistas del ciclo virtuoso en el que se ha movido la economía brasileña antes de la crisis.

Otro dato de interés económico que merece destacar en los últimos años es cierto movimiento de «brasileñización» de algunos sectores que en su día fueron abiertos a la inversión extranjera, como el sector eléctrico, las infraestructuras, las telecomunicaciones, o el sector del petróleo al tiempo que se desarrollaba cierto proteccionismo. Este proceso de «brasileñización» se ha producido bien favoreciendo la aparición de «campeones» nacionales brasileños o mediante la creación de nuevas empresas públicas. En este sentido, destaca la creación de una supereléctrica mediante el aumento de competencias de ELETROBRAS; la creación de un campeón nacional en el sector de telecomunicaciones, gracias a la modificación normativa que permitió la fusión de OI y BRASIL TELECOM; la creación de una superestatal en el ámbito de ferrocarriles, con la atribución de nuevas competencias a la empresa pública VALEC, o la compra de NOSSA CAIXA por BANCO DO BRASIL. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía creó la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) para administrar las reservas petrolíferas y la Empresa Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Pre-sal (dentro de Petrobrás, también estudiándose ahora su privatización), creada en 2013 para gestionar los contratos de producción para la exploración y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos.

El gobierno Temer lanzó mensajes que apuntaban  precisamente en dirección contraria. Los problemas derivados de la corrupción, que ha dejado fuera de juego por el momento a algunos de estos campeones nacionales llevaron  al gobierno a manifestar públicamente la necesidad del capital extranjero en su proceso de recuperación económica. Este viraje de posición hacia el exterior tuvo reflejo no sólo en el proceso de promoción que el gobierno ha llevado a cabo con su Programa de Parcerias de Investimentos (PPI, ahora Programa Avançar Parcerias) sino también, por ejemplo, en las conversaciones comerciales de Brasil con diferentes países y bloques, siendo destacable el impulso que Brasil ha estado dando a la revitalización de las negociaciones UE-MERCOSUR o la apertura de negociaciones con Canadá el 8 de marzo de 2018 para la firma de un acuerdo de libre comercio en el seno del MERCOSUR.

Esta posición parece que ha tenido como objetivo dejar atrás un sesgo proteccionista que se había plasmado en un uso creciente de medidas de defensa comercial, en el incremento de algunos aranceles (que pasan del efectivamente aplicado al consolidado), como en juguetes, y en modificaciones normativas adoptadas, como la relativa a compras públicas (que ha establecido una preferencia nacional hasta el 25%) y que supusieron un paso atrás en el proceso liberalizador iniciado en 2007 y una pérdida de competitividad muy elevada, tal y como destacaba el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, en la presentación del Informe Económico elaborado por la OCDE sobre Brasil a finales de febrero de 2018 en Brasilia.

El principal desafío al que continúa enfrentándose el país es la necesidad de cumplir con el programa de reformas estructurales que avanzaba el gobierno Temer y que debe retomar el nuevo gobierno salido de las elecciones de octubre. Aunque el Ejecutivo presentó en enero de 2019 las medidas que se aprobarán en los primeros 100 días de gobierno, la reforma de la previdencia ocupa el eje central de la política económica en los primeros momentos. Entre otras medidas anunciadas destaca la desestatalización de la economía (mediante la privatización de las grandes empresas estatales brasileñas) y la liberalización comercial. No obstante, existe incertidumbre respecto a la efectiva realización de estas medidas, ya que no existe un plan claro y pormenorizado de cómo llevar a cabo estas reformas. Más bien al contrario, existe mucha improvisación y desorden a la hora de comunicar actuaciones: por ejemplo, el mismo Presidente Bolsonaro hizo recientemente declaraciones a favor de mantener públicas las empresas más grandes, como ELETROBRAS o Banco do Brasil. Así, parece que entre los grandes retos se encuentran (i) limitar las guerras internas entre los miembros del gobierno y (ii) conseguir los apoyos suficientes en el Congreso y el Senado para aprobar las reformas, en un parlamento altamente fragmentado. 

El texto de la reforma de la Previdencia, esperada durante años, finalmente fue presentado el 6 de febrero de 2019 al Congreso Nacional por el gobierno Bolsonaro. La aprobación final en el Senado se produjo el 23 de octubre, quedando solo pendiente su promulgación. Desde hace tiempo todas las organizaciones internacionales y agencias de rating han destacado el sistema de seguridad social de Brasil como uno de los más insostenibles del mundo, en particular el sistema de pensiones. En Brasil, la seguridad social es comúnmente llamada “previdencia”, aunque la institución que se ocupa de suministrar los beneficios es el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Tras la reforma de la previdencia, el Gobierno envió en diciembre de 2019 al congreso lo que se ha venido en denominar el Plano Más Brasil que hace referencia a un conjunto de varias medidas, entre las que se encuentran tres enmiendas a la constitución (PEC) para "Desobligar"; "Desindexar" y Desvincular" el presupuesto, comprometido actualmente en un 94% a gastos obligatorios. Este paquete incluye, de manera general, una revisión del pacto federativo (especie de sistema de financiación autonómico) y de los instrumentos disponibles para gestión fiscal. Así, pretende entre otras cosas, una rebaja del 10% lineal en todos los incentivos tributarios actualmente en vigor.

De manera resumida, el contenido de este plan más Brasil es:

PEC de Emergencia Fiscal:

Como su nombre lo indica, este es el PEC más importante a corto plazo dentro de la planificación del Ministerio de Economía. Se divide en dos puntos:

Medidas temporales: son válidas por dos años a partir de la promulgación de la PEC. La idea es que el gobierno pueda usarlos a corto plazo en sus finanzas, cuando sus deudas excedan los gastos obligatorios. Si esto sucede, se pueden tomar algunas medidas, como:

·         Se prohíbe la creación de nuevos gastos obligatorios;

·         Los funcionarios públicos ya no serán ascendidos, con la excepción de las promociones que implican la alteración de los deberes y los de la carrera militar o policial.

·         Está prohibido celebrar concursos y crear puestos públicos, así como reajustar los salarios existentes;

Medidas permanentes: son medidas que se fijarán en el texto de la Constitución, pero que no son para este momento. Por ejemplo:

·         Revaluación de beneficios fiscales cada 4 años.

·         A partir de 2026, la creación, expansión y renovación de incentivos fiscales estará prohibida si el monto de todos los beneficios excede el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

PEC de pacto federativo:

Es el PEC más completo entre los tres y debería ser el que demore más en aprobarse. Para el Ministerio de Economía, la propuesta puede entenderse en "3 Ds": desobrigar, desindexar y desvincular ya mencionadas anteriormente.

En la práctica, el PEC propone reorganizar los recursos y gastos entre la Unión, los estados y los municipios, para aumentar las transferencias y, en consecuencia, la autonomía de los municipios. Sin embargo, con más autonomía, también tendrán que asumir más responsabilidades. Algunos de los puntos planteados por este PEC son:

·         La extinción de los municipios con menos de 5.000 habitantes y que no tienen ingresos de al menos el 10% de lo que gastan.

·         Aumentar las transferencias de la Unión a los estados y municipios al mismo tiempo que libera a la Unión de ofrecer crédito para que las entidades paguen los pagos.

·         Fusión de recursos para la salud y la educación. Actualmente, los estados deben gastar el 25% de sus ingresos en educación y el 12% en salud. En el caso de los municipios, el gasto en salud supera el 15%. Si se aprueba, el PEC los estados y municipios continuarán asignando el 37% y el 40% de sus ingresos a la salud y la educación. Lo que cambia es que pueden variar el porcentaje gastado según sea necesario. Por ejemplo, 30% para salud y 7% para educación.

·         La Unión dejará, a partir de 2026, de ayudar a los estados y municipios con problemas financieros.

·         Los recursos del Fondo de Apoyo a los Trabajadores destinados a BNDES, actualmente en el 40%, pasaran al 14%.

·         La creación de un Consejo Fiscal de la República, con la participación de los presidentes de la República, la Cámara, el Senado, el Tribunal Federal Supremo (STF) y también el Tribunal Federal de Auditoría (TCU), además de representantes de los estados y municipios, con la función de monitorear y diagnosticar problemas y hacer recomendaciones a las entidades de la Federación.

PEC de los Fondos:

La PEC de los Fondos tiene el objetivo de liberar los fondos públicos brasileños para usarlos, en el pago de la deuda pública brasileña, en programas para erradicar la pobreza y en sanear las cuentas. Actualmente, Brasil tiene 281 fondos públicos que, según el Ministerio, tienen más de 220 mil millones de reales, que el Congreso no puede usar.

Algunos ejemplos de fondos públicos son el Fondo Especial de Capacitación y Desarrollo, el Fondo de Desarrollo Educativo Maritime Professional, Fondo de Garantía para la Promoción de la Competitividad (FGPC), entre otros.

La PEC de fondos públicos también apunta a la creación de una ley complementaria para la creación de fondos futuros y establece que, si se aprueba, la mayoría de los fondos existentes se extinguirán al final del año posterior a la aprobación de dicha PEC.

Reforma Administrativa:

El 17 de junio de 2020 el presidente de Brasil Jair Bolsonaro comento a preguntas de los periodistas, que la reforma administrativa sería aplazada hasta 2021, dicho aplazamiento estaría motivado por la crisis del coronavirus y las elecciones previstas para final de año.

La idea del gobierno federal es que la Reforma Administrativa provoque cambios en la estructura del servicio publico brasileño. El texto se enviará al Congreso Nacional como Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), ya que hace cambios a disposiciones tales como:

1.     Fusión y Extinción de órganos

2.     Nueva estructura de carreras para funcionarios

3.     Final de las vacaciones de 2 meses para el sector judicial

4.     Estabilidad tras 5 años de servicio público

Reforma tributaria:

El gobierno brasileño podría enviar su propuesta de reforma fiscal al congreso en los próximos meses (julio o agosto de 2020). Actualmente no hay consenso, y para que llegara una aprobación de reforma fiscal para 2021 se tendría que debatir durante el segundo semestre del año 2020.

Actualmente, se busca la creación de un impuesto al valor agregado a nivel estatal y municial, y el gobierno federal quiere un impuesto similar,que pueda coexistir con este.

Por otra parte, se está estudiando como estructurar el impuesto sobre la renta para que sea más progresivo.

Empleo

1.     Exoneración de las obligaciones de los contratos con personas con hasta 27 años y de más de 55;

2.     medidas de desburocratización 

 

3.     microcréditos

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