Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

El PIB a precios corrientes alcanzó los 7,25 billones de reales en 2019, alrededor de 1,85 billones de dólares, lo cual situaba a Brasil como la novena economía mundial en términos de PIB, además de aglutinar el 40% del producto de Iberoamérica. En términos reales, la tasa de variación del PIB registró un aumento del 1,1% respecto a 2018. El PIB per cápita llegó hasta los 32.747 reales en 2018, un 0,3% más que en 2017, pero en valores corrientes el valor fue de 8.923 dólares, un 8% por debajo del dato en 2017, debido principalmente a la depreciación del real a lo largo de 2018, al crecimiento débil y al incremento de la población. Sin embargo, la renta en valores constantes llegó a 9.140 dólares, un 5,4% más que en 2017.

En 2019, según los datos recogidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil registró resultados no negativos en el avance trimestral del PIB en los cuatro trimestres de 2019 (0%; 0,5%; 0,6%; 0,5%) confirmando una lenta recuperación marcada por tres años de crecimiento en el entorno del 1%. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020 el IBGE registró una caída del PIB del 2,5%, mostrando los primeros efectos en la economía del coronavirus, caída que se hizo patente en el segundo trimestre, con un descenso del 9,7% entre abril y junio.

 

Por el lado de la oferta, el sector agropecuario creció un 1,3% en 2019, después de un crecimiento del 1,4% el año anterior, el sector servicios avanzó un 1,3% frente a un 1,5% en 2018, mientras que el sector industrial creció un 0,5%, comparado con el crecimiento nulo de 2018. En referencia a los sectores que forman la industria, avanzaron la producción y distribución de electricidad, gas y agua (1,9%), la construcción (1,6%) y las de transformación (0,1%), mientras que las industrias extractivas disminuyeron (1,1%). Dentro del sector servicios, los servicios de telecomunicaciones y TICs (4,1%), las actividades inmobiliarias (2,3%), el comercio al por menor (1,8%), y las actividades financieras (1%), fueron los apartados que más crecieron.

Según los últimos datos disponibles de contabilidad nacional trimestral para el periodo abril-junio, el sector agropecuario creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2020, después de un crecimiento del 1,1% en el mismo periodo del año anterior, mientras que el sector servicios disminuyó un 9,7% frente a un crecimiento nulo (0%) en el segundo trimestre de 2019 y el sector industrial disminuyó un 12,3%, comparado con el crecimiento del 0,7% en el mismo trimestre del 2019.

De acuerdo con los datos del primer semestre de 2020, el sector agropecuario creció un 1,6% lo que supone 0.4 p.p. más que en el mismo periodo del año anterior (1,2% en el primer semestre de 2019). No obstante, tanto el sector industrial, con una caída del 6,5% (-0.3% en 2019), como el sector servicios, con una caída del 5,9% (+1,2% en 2019), sufrieron con intensidad  los efectos de la pandemia de coronavirus.

En el análisis de la demanda, tras cuatro años de contracción en la formación bruta de capital fijo entre 2014-2017 se produjo un nuevo resultado positivo en 2019 (2,2%), tras el resultado de 2018 (3,9%) siendo el consumo público el único de los componentes del PIB por el lado de la demanda que cayó en cómputo anual el pasado ejercicio (-0,4%). Así, tanto el consumo de las familias (1,8%), como la importación de bienes y servicios (1,1%), mostraron crecimiento. Mientras que la exportación decreció (1,1%) frente al pasado ejercicio. En el sector externo destacaron las exportaciones del sector primario, soja, petróleo y gas natural y minerales metalíferos. Entre las importaciones destacaron los refinados del petróleo, los equipos electrónicos y de comunicación y los vehículos automóviles. En el segundo trimestre de 2020, el Consumo de las Familias registró una caída intertrimestral del 12,5%, profundizando en más de 10 puntos porcentuales el descenso del trimestre anterior (-1,9%). La Formación Bruta de Capital, por su parte, experimentó un acusado descenso del 15,4% intertrimestral tras el crecimiento en el trimestre precedente (2,3%). En cuanto al sector externo, las Importaciones de Bienes y Servicios siguieron una línea similar al resto de componentes de demanda interna en el segundo trimestre de 2020, con un descenso del 13,2% (frente al avance del 0,8% el trimestre precedente), mientras las exportaciones crecieron un 1,8%, frente a la caída del 1,3% en el trimestre primer trimestre de 2020, siendo el único componente de la demanda que registró valores positivos

 

En relación con el primer semestre de 2020, todos los componentes de la demanda se contrajeron con respecto al mismo semestre de 2019. Así, el consumo de las familias retrocedió un 7,1% (+1,7% en 2019), el consumo público un -4,4% con respecto a 2019 (-0,3%), la formación bruta de capital un -5,7% (3,3% en 2019), las exportaciones un -0,8% (-0,1 en 2019) y las importaciones con un -5% en el primer semestre de 2020 en comparación con el crecimiento del 1,2% en el primer semestre de 2019.

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

 

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%)

2015

2016

2017

2018

2019

POR SECTORES DE ORIGEN

AGROPECUARIO

5

5,7

5,3

5,2

5,2

INDUSTRIAL

22,5

21,2

21,1

21,2

20,9

Minería

2,1

1

1,6

2,9

3

Manufacturas

12,2

12,5

12,4

11,4

11

Producción y distribución de electricidad, agua y saneamiento

2,4

2,7

2,8

3

3,2

Construcción

5.7

5,1

4,3

3,9

3,7

SERVICIOS

72,5

73,1

73,5

73,6

73,9

Comercio

13,3

12,9

13,2

13,6

13,7

Transporte, almacenamiento y correos

4,4

4,4

4,3

4,2

4,3

Servicios de información

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

Intermediación financiera y seguros

7,1

7,9

7,6

6,9

6,9

Actividades inmobiliarias

9,7

9,7

9,8

9,9

9,9

Otros servicios

17,4

17,5

17,6

17,8

17,7

Administración, salud, sanidad pública y seguridad social

17,2

17,4

17,7

17,8

18

PIB a precios de mercado

100

100

100

100

100

IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS

16,3

15,7

16,1

16,9

16,8

POR COMPONENTES DEL GASTO

 

 

 

 

 

Consumo Privado

64

64,3

64,5

64,7

64,9

Consumo Público

19,8

20,4

20,2

20,1

20,3

Formación bruta de capital fijo

17,4

15

14,6

14,8

15,1

Exportaciones de bienes y servicios

12,9

12,5

12,5

14,9

14,3

Importaciones de bienes y servicios

-14,1

-12,1

-11,8

-14,5

-14,7

DISCREPANCIA ESTADÍSTICA

-

-

-

-

-

TOTAL

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBGE. Última actualización 01/09/2020

 

 

 

 

 

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Brasil es la novena economía del mundo por volumen de PIB (2,01 billones de dólares a precios corrientes en 2018) por detrás de USA, China, Japón, Alemania, Reino Unido, India, Francia e Italia. Aglutina el 40% del PIB de Iberoamérica. Presenta también un PIB per cápita de 8.710 dólares en 2016, de 9.925 en 2017 y 9.001 en 2018 según los últimos datos del Banco Mundial.
Con un enorme potencial de desarrollo, se considera que Brasil dejó atrás en el ejercicio 2017 la mayor crisis interna vivida desde la democratización y que se inició con sendos descensos del PIB en 2015 y 2016 en el entorno del 3,5% cada uno de los años. Tras estas caídas consecutivas del PIB el ejercicio 2017 cerró con un avance del 1,3% anual, dato que se repitió en 2018. Ya en 2019, el PIB ha mostrado un crecimiento de 1,1%. Si bien es un registro positivo, se esperaba una aceleración del crecimiento del PIB en 2019. Esto obligó a revisar a la baja las previsiones de crecimiento del PIB para 2020, revisiones a la baja que se han ido produciendo desde que se inició la pandemia del coronavirus, que paralizó una parte importante de la actividad económica mundial en el primer semestre del año, a medida que los contagios se han ido expandiendo.
A lo largo de 2019, las previsiones de crecimiento fueron rebajadas constantemente hasta el último trimestre del año. Rebajas que se acentuaron con los datos de contabilidad nacional trimestral para los primeros tres meses del año, con resultados de crecimiento nulo. No obstante, los siguientes resultados, (+0,5% en el segundo, +0,6% en el tercero y +0,5 el cuarto) ayudaron a revisar ligeramente al alza de nuevo las expectativas. Así, pasó de esperarse un crecimiento del 2,5% a inicios del año 2019, a registrarse un 1,1% al cierre del ejercicio. Estos datos apuntaban hacia una recuperación y aceleración más gradual de lo esperado, situación que se ha visto superada por el efecto de la crisis sanitaria derivada del covid-19 sobre la economía brasileña.
Efectivamente, para 2020, las previsiones de crecimiento del PIB han pasado de situarse en el 2,3% en enero a prever un fuerte descenso de la actividad próximo al 5%. La horquilla es amplia, destacando la previsión oficial, publicada por la Secretaría Política Económica (SPE) en marzo de 2020, que en el mejor de los escenarios prevé un resultado negativo del 4,7%; la del Banco Central de Brasil, que en junio ha situado la tasa de variación del PIB brasileño en el -5,0% o la de otros organismos internacionales, como el FMI (-9,1%), el Banco Mundial (-8%) y otras agencias como S&P (-4,6%), o Moody’s (-6,2%), o las de grandes empresas financieras, como Goldman Sachs (-5,0%).
Por el momento, las previsiones para 2021 debido al periodo de incertidumbre que ha provocado la actual crisis del coronavirus también son dispares, pero todas auguran un crecimiento para 2021 mayor que el previsto en enero de este mismo año, y que se encontraría en una horquilla que va desde el 1,8% de la OCDE, hasta el 4,60% previsto por el Credit Suisse, pasando por una previsión de crecimiento del 3,50% del BCB.

La siguiente tabla resume las principales previsiones de crecimiento a 31 de agosto de 2020:

 

Previsiones crecimiento PIB

2020

2021

FMI

-9,10%

2,90%

OCDE

-7,40%

4,20%

BM

-8,00%

2,50%

FOCUS

-5,28%

3,50%

CEPAL

-9,20%

-

BBVA

1,90%

2,00%

Banco Itaú

-4,50%

3,50%

CNI brasil

-4,20%

-

BCB

-5,00%

4,00%

ONU (Unctad)

1,00%

-

Santander Brasil

-6,38%

4,35%

Credit Suisse

-6,50%

4,60%

UBS

-7,50%

3,00%

Morgan Stanley

-5,10%

-

JP Morgan

-7,00%

-

S&P

-4,60%

3,30%

Moody’s

-6,20%

3,60%

Goldman Sachs

-5,00%

4,00%

IBGE

-5,40%

 

SPE

-4,70%

 

Fuente: elaboración propia


En cuanto a las principales variables, el Índice de Precios al Consumo Amplio (IPCA), indicador utilizado para definir el objetivo de inflación de la Política Monetaria, tenía establecida en 2019 la meta en el 4,25%, con margen de +/-1,5; siendo el resultado final ligeramente superior (4,3%) pero dentro del margen. Para 2020, la meta es del 4%, con un margen de +/-1,5 puntos y para 2021, del 3,75% con margen de +/-1,5 puntos. La inflación acumulada de los últimos 12 meses hasta julio es del 2,3%.El 25 de junio el Banco Central aprobaba la meta de inflación para 2021 situándola en un 3,50% con un margen de +/-1,5 puntos.
Hay que destacar que un rasgo característico de Brasil hasta 2017 ha sido la presencia de tensiones inflacionistas, con periodos de hiperinflación. Cabe recordar que 2016 cerraba el ejercicio con una inflación de más del 10%. La fase recesiva y la subsecuente menor demanda interna habrían tenido un claro efecto sobre la evolución a la baja de los precios, así como el descenso inesperado de los precios de los alimentos. Esta menor presión sobre los precios y las expectativas de recuperación del crecimiento del PIB han permitido una continua rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Central de Brasil que, tras mantenerse en el 6,5% durante once reuniones (16 meses) en julio de 2019 inició una nueva fase de continuas rebajas que han llevado a que a finales de agosto se encuentre en el 2,00%.
En cuanto al sector exterior, según los datos del Banco Central de Brasil, en 2019 Brasil cerró con un déficit por cuenta corriente de 50.800 millones de dólares, un 2,8% del PIB (2,2% en 2018). Las exportaciones habrían caído un 6,3% mientras las importaciones se habrían reducido un 0,8%, dejando el superávit comercial en 39.400 millones de dólares, frente a los 53.000 de un año antes. En lo que va de ejercicio, el saldo comercial muestra un superávit de 36.820 millones de dólares, con unas exportaciones acumuladas de 138.320 millones de dólares hasta agosto, lo que supone una reducción del 7,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones reflejan el impacto del covid-19, con una disminución acumulada hasta agosto del 12,9% (102.040 millones de dólares) con respecto al mismo periodo del año anterior (117.097 millones de dólares)
Las inversiones directas en el país (IDP) en 2019 ascendieron a 78.600 millones de dólares, un 4,3% del PIB (4,1% en 2018). En julio de 2020 se registraron ingresos netos por valor de 2.700 millones de dólares, frente a los 5.300 millones de dólares registrados en julio de 2019.. En lo que va de ejercicio hasta julio de 2020 los ingresos netos han alcanzado los 25.527 millones de dólares, 10.948 millones de dólares menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior (36.475 millones de dólares en enero-julio de 2019)
En cuanto a las reservas internacionales, en diciembre de 2019 el stock se situó en 356.900 millones de dólares, 17.800 millones menos que un año antes, consecuencia de las ventas a vista realizadas (-36.900 millones), los ingresos por intereses (+7.500 millones) las variaciones de precios (+9.100 millones) y el retorno neto de recompras (+2.300 millones de dólares). De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Brasil en agosto de 2020, el stock de reservas internacionales ascendía en julio de 2020 a los 354.700 millones de dólares.
En el ámbito fiscal, según los datos publicados por el Banco Central de Brasil para el conjunto del año 2019 muestran un resultado primario del sector público consolidado deficitario en 61.900 millones de reales (0,85% del PIB), en comparación con el déficit de 108.300 millones en 2018 (1,6% del PIB) mientras que los intereses nominales alcanzaron el 5,1% del PIB. De esta manera el resultado nominal del sector público consolidado (que incluye el resultado primario y los intereses nominales apropiados) fue deficitario en 429.200 millones de reales, el 5,9% del PIB, reduciéndose 1,2 puntos en relación al déficit registrado en 2018 (7,1% del PIB). En el acumulado del año hasta julio 2020 (último dato disponible), el déficit primario alcanzo los 483.800 millones de reales, en comparación con un déficit de 8.500 millones en el mismo periodo del año anterior. Además, se estima que el impacto de las medidas tomadas para combatir el coronavirus llevarán al déficit fiscal en 2020 hasta los 605.000 millones de reales (solo ellas suponen un 8,4% del PIB).
En este contexto, en julio de 2020, el sector público consolidado registró un déficit primario de 81.100 millones de reales, así mismo, los intereses nominales del sector público consolidado apropiados por competencia alcanzaron en el mes de julio los 5.800 millones de reales (27.500 millones en julio de 2019). El resultado nominal del sector público consolidado en el mes de julio que incluye el resultado primario y los intereses nominales apropiados fue deficitario en 86.900 millones de reales. En el acumulado de los últimos doce meses hasta julio, el déficit nominal alcanzó los 875.300 millones de reales (12,2% del PIB), aumentando en ocho décimas. en relación al déficit acumulado hasta junio de 2020.
Como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno federal para la lucha contra el coronavirus, se producirá un salto en la deuda pública brasileña, según prevé el Secretario Especial de Finanzas del Ministerio de Economía, quien ha señalado que el déficit primario debería aumentar a casi el 10% del PIB en 2020, mientras que el resultado nominal se situará alrededor del 14% del PIB.
En octubre de 2015 los desilusionantes datos fiscales y las malas perspectivas económicas provocaron que Brasil perdiera el grado de inversión por parte de S&P y sufriera una nueva rebaja en febrero de 2016 por parte de esta misma agencia. Asimismo, en diciembre de 2015 también rebajó Fitch el grado de inversión y en febrero de 2016 lo hizo Moody's. En enero de 2018, S&P rebajó un grado más el grado de inversión, hasta BB-, con perspectiva estable, debido al retraso en la aprobación de las reformas necesarias para alcanzar el equilibrio fiscal, situación revisada positivamente el 11 de diciembre de 2019, cuando S&P revisó el rating hasta perspectiva positiva, aunque la nota se mantiene en BB-. Como consecuencia de la pandemia de coronavirus S&P revisó su previsión a BB- estable en mayo de 2020. En abril de 2020 Fitch revisó su previsión a BB- negativa como consecuencia del deterioro de los escenarios económico y fiscal, así como, por las dudas en torno a la diseminación del coronavirus en Brasil. Las otras dos agencias mantienen al país en perspectiva especulativa hasta la fecha (Ba2 Moody’s y BB- S&P).
 

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2014

2015

2016

2017

2018

2019*


2020**
Acumulado

PIB

 

 

PIB (en billones de USD, a precios corrientes)

2,417 

1,775

1,799

 2,02 (6,6 de reales)

1,77 (6,83 de reales)

1,84 (7,25 de reales)

1,42 (7,18 de reales)

Tasa de variación real (%)

0,5

-3,5

-3,6

1,3

1,3

1,1

n.d

PIB per cápita (dólares)

12.112,6

8 814,0

8712,8

9.880,9

8.920,8

n.d.

n.d

Tasa de variación real (%)

-0,3

-4,4

-4,1

0,26%

0,26%

n.d.

n.d

INFLACIÓN

 

 

Media anual (%)

 6,3

9

8,8

2,95

3,75

4,31

2,31

Fin de período (%)

6,4

10,7

6,3

2,95

3,75

4,31

0,36

TIPOS DE INTERÉS (TASA SELIC)

 

 

Media anual (%)

11,05

13,25

13,88

9,84

6,58

5,9

3,4 (agosto)

Fin de período (%)

11,75

14,25

13,75

7

6,5

4,5

2,00 (agosto)

EMPLEO Y TASA DE PARO

 

 

Población T4 (x 1.000 habitantes)*

 202.827

204.490

206.099

208.000

210.867

211.300

211.800 (agosto)

Población Activa último trimestre año (x 1.000 habitantes)

99326

101.318

102.604

104.258

105.197

106.184

96.138 (junio)

Tasa de paro último trimestre del año

6,5

9

12

11,8

11,6

11

13,3 (junio)

Tasa de paro media anual

6,8

9

11

12,7

12,3

11,8

12,3 (junio)

DÉFICIT PÚBLICO

saldo nominal % de PIB

-6,7

-10,2

-9

-7,5

-7,1

 -5,9

 -16,3 (julio)

saldo primario % de PIB

-0,3

-1,9

-2,5

-1,9

-1,6

 -0,8

 -11,9 (julio)

DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO

 

 

en millones de USD

 799.740

552.011

838.526

1.037.000

958.000

866.670

1.189.663 (julio)

en % de PIB

 33,1

36

46

51,6

51,2

55,7

86,5 (julio)

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

 

 

millones USD

 225.101

191.134

185.235

217.739

239.889

225.383

120.892 (julio)

% variación anual

 -7,0

-15,1

-3,1

17,5

10,2

-6,1

n.d

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

 

 

millones USD

 229.145

171.461

137.557

150.749

181.230

177.347

90.907 (juio)

% variación anual

 -4,4%

-25,2

-19,8

9,6

20,2

-2,10%

n.d

SALDO B. COMERCIAL

 

 

millones USD

-4.044

19.673

47.683

66.989

58.659

48.036

29.985 (julio)

en % de PIB

-0,20%

1,10%

2,60%

3,30%

3,10%

2,60%

n.d

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

 

 

millones USD

-104.181 

-58.942

-23.546

-9.762

-14.511

 -49.452

 -11.798 (julio)

en % de PIB

 -4,3

-3,3

-1,3

-0,4

-0,8

 -2,1

n.d

DEUDA EXTERNA BRUTA

 

 

millones USD

352.821

334.745

326.297

313.610

320.612

323.593

309.002 (julio)

en % de PIB

 14,6

18,6

18,2

15,3

17

17,6

19,5

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

 

 

millones USD

66.692

124.676

120.696

111.327

125.473

126.295

119.489 (julio)

 % exportaciones b. y s.

 25,3

65,6

65,4

51,2

45,6

48,9

47,9

RESERVAS INTERNACIONALES

 

 

millones USD

374.051

368.739

372.221

381.972

374.715

356.884

354.664 (julio)

exportación de b. y s.

 --

 --

149,9

125,6

116,6

124,2

123,9

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

 

 

millones USD

 97.175

74.718

78.183

70.332

78.163

78.559

25.527 (julio)

en % de PIB

4

4,2

4,4

3,4

4,1

4,3

n.a

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

 

 

media anual

 2,35

 3,39

3,48

3,19

3,65

3,95

4,97 (julio)

fin de período

 2,65

3,9

3,26

3,3

3,89

4,01

5,22 (julio)

*Estimativa en dólares a partir del tipo de cambio medio de 2019 (1 dólar = 3,96 reales).
**Estimativa en dólares a partir del tipo de cambio medio de 2020 (1 dólar = 5,04 reales).

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Banco Central do Brasil (BC), Ministerio de Economia, Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA). Última actualización realizada 1 de septiembre de 2020

 

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

Principales objetivos de política económica

La política económica brasileña se articula alrededor de dos objetivos fundamentales:

·         Un objetivo de política monetaria: el control de la inflación. Este objetivo se trata de alcanzar a través de la variación de la tasa básica de interés (tasa SELIC). Desde la adopción del Decreto 3088, de 21 de junio de 1999, sobre la sistemática de metas de la inflación como directriz de la política monetaria, el Consejo Monetario Nacional (CMN) define una meta objetivo para la tasa de crecimiento del indicador de precios, con un margen o banda de tolerancia. Así, las decisiones del Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) pasan a tener como objetivo cumplir las metas definidas por el CMN. El objetivo de inflación para 2016 fue del 4,5%, con un margen de tolerancia de más o de menos dos puntos porcentuales. Para 2017, el objetivo de inflación perseguido también fue del 4,5%, con un margen de tolerancia de más/menos 1,5 puntos porcentuales, lo que se ha mantenido para el ejercicio 2018. Ya para el año 2019 el objetivo de inflación perseguido se redujo al 4,25%, con un margen de tolerancia de más/menos 1,5 puntos porcentuales. Para 2020, el objetivo de inflación se ha situado en el 4,0% manteniendo el mismo margen de tolerancia que años anteriores. Siendo del 3,75% para 2021, del 3,50% para 2022 y reduciéndose al 3,25% para 2023 manteniendo el margen de tolerancia de +/-1,5 puntos porcentuales.

·         Un objetivo de política fiscal de superávit primario que garantice el pago de los intereses de la deuda. En Brasil, la política fiscal es conducida con alto grado de responsabilidad fiscal. El uso equilibrado de los recursos públicos visa la reducción gradual de la deuda neta como porcentaje del PIB. Los tres instrumentos de planificación previstos en el texto constitucional y, de forma complementaria, en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) son: (i) el Plano Plurianual (PPA); (ii) la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO); y (iii) la Ley Presupuestaria Anual (LOA). La meta de superávit primario está prevista en la LDO. Para 2016, el objetivo del sector público consolidado fue de un superávit del 0,4% del PIB. Tras las revisiones, previstas en las leyes, realizadas por el gobierno, en mayo de 2016, fue aprobada la Ley 13.291/2016 que alteró la meta constante de la LDO de 2016 hasta un déficit primario del sector público consolidado del 2,6% del PIB.

Mientras que en 2019 el resultado fue deficitario en 61.000 millones de reales, para el 2020 la meta fiscal se estableció un déficit de 124.100 millones de reales. El pasado mes de abril de 2020, el gobierno envío el Proyecto de Ley (PLN) 9/2020 para su votación en el Congreso, con una propuesta de metas fiscales flexibles para 2021 dada la incertidumbre provocada por la pandemia de coronavirus, que dificulta poder realizar cálculos precisos sobre previsiones de desempeño de la actividad económica y, particularmente, sobre los ingresos. Por lo tanto, la propuesta de la Lei de Directrices Orçamentárias (LDO) prevé inicialmente como meta de resultado primario en 2021, un déficit de 149.600 millones para el Gobierno Central (Tesoro Nacional, Banco Central y Seguridad Social) correspondiente al -1,84% del PIB. El cumplimiento del objetivo fiscal también dependerá de los ingresos de las privatizaciones y concesiones, y la aprobación de algunas de las reformas estructurales anunciadas por el gobierno, como son la reforma tributaria, la reforma de la administración o las reformas contempladas en el programa mas Brasil.

Continuando con el policy-mix desarrollado por la administración Temer, el gobierno Bolsonaro habría añadido al policy-mix  de política económica iniciado en el segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso y continuado por Lula da Silva y Dilma Rousseff (basado en metas de inflación, cambio fluctuante y altos superávit primarios, el llamado trípode) el objetivo de retomar/mantener/incrementar el crecimiento económico, a tenor de la bajada de tipos de la SELIC desde octubre de 2016 hasta la actualidad, a lo que se añade el viraje del gobierno hacia la atracción de inversiones y de capital extranjero y el compromiso con el ajuste fiscal que ha escenificado la aprobación de un techo al crecimiento del gasto público.

 

En particular, en su discurso de toma de posesión como Ministro de Economía, Paulo Guedes anunció que la estabilización de las cuentas se llevará a cabo con desinversiones públicas, privatizaciones y – sin duda el desafío más importante de este gobierno – una reforma profunda de la seguridad social, empezando por el sistema de pensiones. Según Guedes, la seguridad social brasileña es causa de grandes desigualdades, ya que las clases que tienen poder de juzgar y legislar tienen también las mejores condiciones, en detrimento del pueblo brasileño. Además, Guedes hizo hincapié en la necesidad de “cortar por algún lado” la enorme cantidad de transferencias gratuitas y subsidios que el Estado concede a la población. Sin embargo, también anunció que habrá un aumento del gasto en seguridad, uno de los temas más importantes de la campaña de Bolsonaro y entre los problemas más profundos de Brasil. Todos estos cortes de gastos públicos, finalmente, tendrán el objetivo de bajar la carga tributaria a lo largo de los años, desde el 36% a comienzo del 2019, hasta el 20%. En los primeros meses de 2020 las diferentes reformas y actuaciones se vieron paralizadas por la crisis del coronavirus, no obstante, el compromiso del gobierno de Bolsonaro era retomar y poner en marcha las diferentes medidas tan pronto como la crisis del coronavirus pierda intensidad. En este contexto, aunque la crisis provocada por la pandemia de coronavirus está lejos de finalizar, entre los meses de julio y agosto se ha retomado la senda reformista, con la presentación de la primera parte de la Reforma Tributaria y la Reforma de la Administración.

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

Previsiones macroeconómicas

Desde que se registró el primer trimestre de avance del PIB entre enero y marzo de 2017 tras dos años consecutivos de caídas, los principales organismos de previsión, nacionales e internacionales, apuntaron a que 2017 marcaba el inicio de la fase de recuperación de la economía brasileña. Los pasados tres ejercicios (2017, 2018, 2019) han mostrado un crecimiento débil, en el torno del 1% anual e inferior a las expectativas marcadas a comienzo de cada uno de los ejercicios. Así, las previsiones para 2019 apuntaban a comienzo del año a una aceleración en el crecimiento respeto a 2018, esperando un 2,2% anual, que se revisó a la baja en diversas ocasiones, hasta registrarse un 1,1% en el conjunto de 2019. A inicios de 2020 se ha vuelto a producir una situación similar: se esperaba una aceleración del crecimiento una vez empezasen a sentirse los efectos de las medidas y reformas puestas en marcha en 2019, si bien el estallido de la pandemia declarada por la OMS por el coronavirus ha llevado a rebajas continuadas y con mayor intensidad dada la severidad de los efectos económicos esperados como consecuencia de la pandemia de mundial de Covid-19.

Así, el cuadro siguiente resume las actuales previsiones de crecimiento de la actividad brasileña:

 

Previsiones crecimiento PIB

2020

2021

FMI

-9,10%

2,90%

OCDE

-7,40%

4,20%

BM

-8,00%

2,50%

FOCUS

-5,28%

3,50%

CEPAL

-9,20%

-

BBVA

1,90%

2,00%

Banco Itaú

-4,50%

3,50%

CNI brasil

-4,20%

-

BCB

-5,00%

4,00%

ONU (Unctad)

1,00%

-

Santander Brasil

-6,38%

4,35%

Credit Suisse

-6,50%

4,60%

UBS

-7,50%

3,00%

Morgan Stanley

-5,10%

-

JP Morgan

-7,00%

-

S&P

-4,60%

3,30%

Moody’s

-6,20%

3,60%

Goldman Sachs

-5,00%

4,00%

IBGE

-5,40%

 

SPE

-4,70%

 

 

 Fuente: elaboración propia

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

Política fiscal y presupuestaria

La política fiscal brasileña se articula sobre la base de un objetivo de superávit primario (saldo presupuestario en el que no se tiene en cuenta el servicio de la deuda), aunque el pilar fundamental es, sin duda, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF, Lei Complementar N. º 101), adoptada en mayo 2000, tras la quiebra técnica de algunos Estados y municipios, y la consiguiente asunción, por parte del Gobierno Federal, de las deudas de esas administraciones. Esta ley supuso la consagración del principio de que los gobiernos no pueden gastar indefinidamente más de lo que recaudan. Así, mediante la ley, se exige que los gobiernos equiparen cada decisión relativa a un gasto permanente con un aumento correspondiente de las recaudaciones permanentes (o una reducción de otras partidas de gastos permanentes). Esto es, cada gasto precisa provenir de una fuente de financiación correlativa y los gestores no pueden exceder el límite permitido por ley.

La LRF debilitó el poder de los gobernadores para influir en la política nacional, ya que los Estados deben asumir una responsabilidad mayor por sus propios problemas fiscales, lo que reduce su capacidad para usar al Gobierno Federal como rehén por motivos fiscales. Asimismo, la ley también obliga a fijar objetivos de superávit primarios durante tres años en las Directrices Presupuestarias. Es más, la política fiscal se basa en instrumentos fiscales plurianuales, tales como los Planes Plurianuales (PPA), que establecen las prioridades a largo plazo del Gobierno, así como la Ley de Directrices Presupuestarias trianual.

Gracias a las reformas mencionadas, Brasil consiguió mantener un superávit primario de en torno al 2-3% del PIB a lo largo de la mayor parte de la década de los años 2000. A esta posición contribuyó también el fuerte crecimiento económico registrado desde 2005 y el consiguiente aumento de la recaudación impositiva. Todo ello llevó a una reducción continuada de la deuda pública neta, que pasaba de representar el 60% del PIB en 2002 a suponer un 36% en 2013.

En 2013, el saldo primario del gobierno finalizó el año situado en el 1,4% del PIB, por debajo de la meta del 2,3% del PIB fijada por la Ley de Directrices Presupuestarias, indicando de esta forma que los gastos del gobierno avanzaron a un ritmo mayor que sus ingresos. En 2014, el saldo presupuestario primario registró el primer déficit primario (-0,3% del PIB) desde el año 2001. Este dato empujó al gobierno a desarrollar un ajuste fiscal con el objetivo de recuperar la confianza en la economía para el año 2015. El recorte presupuestario anunciado ascendió a 70 mil millones de reales, con el objetivo de cumplir la meta de superávit primario, de los que aproximadamente el 80% del esfuerzo recayó sobre el Gobierno Federal y el resto, sobre los municipios y estados que conforman la federación. A pesar de todo, el año 2015 cerró con un déficit primario del 1,9% del PIB, dato situado muy por encima de la meta prevista, establecida en el 1,1% del PIB.

Desde entonces, las cosas no han mejorado. La situación fiscal es muy delicada, sobre todo en varios estados y municipios, que están en situación de quiebra, como por ejemplo los estados de Río de Janeiro, Río Grande do Sul o Minas Gerais, que en 2016 se declararon en situación de calamidad financiera. Y el impacto del covid va a exacerbar la situación. La LRF prevé que en caso de calamidad, un estado pueda ser dispensado de los objetivos fiscales (como el límite de gastos de personal o de deudas). Además, en 2019 otros cuatro estados declararon la calamidad financiera, Mato Grosso, Goiás, Roraima y Rio Grande do Norte.

Ya en 2020, como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia, que ha provocado un fuerte aumento en el gasto público de los estados y mermado sus ingresos, provocando que actualmente se encuentren en estado de calamidad pública la totalidad de los 27 estados brasileños.

El estado de calamidad pública ocurre cuando un desastre ya sea natural o no afecta a una región comprometiendo sustancialmente el poder de respuesta del estado para responder a la crisis. La declaración del estado de calamidad pública permite a los estados recibir recursos del gobierno federal, la anticipación de beneficios sociales, la liberación de seguros y la prorrogación de pagos de préstamos federales entre otros.

Entre las medidas más destacadas de ayuda del gobierno federal para la ayuda a los diferentes estados se encuentra la aprobación del Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020), que proporcionará 125.000 millones de reales en asistencia financiera a los estados y municipios para combatir la pandemia covid-19. El monto incluye transferencias directas (60.000 millones de reales) y suspensión de deuda.

El estado que se declara en situación de calamidad financiera recibe un margen de maniobra para poder parcelar o atrasar el pago de deudas, para suspender gastos no necesarios o para hacer compras sin licitación en caso de emergencia. Asimismo, queda autorizado a recibir ayuda del gobierno federal.

El gobierno del Presidente Temer trató de cumplir con la meta fiscal fijada para el ejercicio 2016 y, de hecho, fue formalmente cumplida (se fijó en mayo un déficit de 164.900 de millones de reales frente al superávit fijado en la meta hasta ese momento, en 30.500 millones de reales). Los datos publicados por el Banco Central de Brasil para el conjunto de 2016 mostraron que el sector público consolidado registró un déficit primario de 155.000 millones de reales, un 2,5% del PIB. Los intereses nominales del sector público consolidado alcanzaron los 407.000 de millones de reales (6,5% del PIB) de forma que el saldo nominal de las cuentas públicas de 2016 fue del 8,9% del PIB, frente al 10,2% de 2015. En agosto de 2017, sin embargo, tuvo que ampliarse el objetivo fijado, de 139.000 millones a 159.000 millones de reales, tanto para el ejercicio 2017 como para 2018. No obstante, al finalizar el ejercicio 2017 el déficit primario fue de 111.000 millones de reales (1,9% del PIB) mientras que el déficit nominal ascendió al 7,5% del PIB.

Además de la modificación de la meta fiscal, el ejecutivo anunció una batería de medidas de ajuste. Entre ellas, la aprobación de una ley de repatriación de capitales, cuyos ingresos por multas se acordó repartirlos entre el gobierno federal y los estaduales, buscando así darles un balón de oxígeno. Sin embargo, esta transferencia no es más que una pequeña parte de las necesidades de los gobiernos estaduales para cerrar sus cuentas en negro. Uno de los principales problemas (tanto en el gobierno federal como en los estaduales) se encuentra en los gastos sociales, entre los cuales el mayor es el gasto en seguridad social, o previdencia social. En 2015, los gastos sociales supusieron en torno al 60% de los gastos primarios en 13 de los 27 estados. Por esta razón, otra de las medidas fundamentales anunciadas por el Gobierno Temer fue la reforma de la previdencia social, con la que el gobierno federal estimaba que ahorraría en torno a 740.000 millones de reales entre 2018 y 2027 (más de 211.000 millones de euros). No obstante, la debilidad del gobierno, especialmente en los últimos meses de 2018, sobre todo desde la huelga de camioneros de mayo, impidió llevar adelante la reforma de la previdencia, siendo por tanto una de las principales tareas para el actual gobierno del presidente Bolsonaro.

Precisamente, la política económica del presidente Bolsonaro pivota en el saneamiento de las cuentas públicas, para lo cual la reforma de la previdencia se situó como eje central y fundamental, concentrando todos los esfuerzos en los 10 primeros meses de gobierno. En octubre fue aprobada la reforma de la previdencia, destacando el aumento de la edad mínima de jubilación hasta los 62 años para mujeres y los 65 años para hombres con 30 y 35 años de contribución respectivamente. Nuevas reglas de transición que se extienden hasta el 2033 para mujeres y el 2028 para hombres. Un cambio de la base de cálculo (actualmente el 80% de las mayores remuneraciones durante toda la vida laboral, mientras que antes de la reforma la base de cálculo era sobre las últimas 36 remuneraciones). Fusión de las reglas del régimen privado y el público y pensiones especiales para policías y docentes.

 

Otra de las medidas tomadas por Temer fue la aprobación definitiva (el 13 de diciembre de 2016) del techo de crecimiento para el gasto público durante 20 años. Afecta tanto al gasto del poder ejecutivo como del Senado, la Cámara, el Tribunal de Cuentas de la Unión, del Ministerio Público de la Unión (MPU), del Consejo del MPU, del Supremo Tribunal Federal, del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo Nacional de Justicia del Trabajo, Federal, Militar, Electoral y del Distrito Federal y Territorios. Con este techo, sólo se podrá aumentar el gasto público para el presupuesto siguiente en lo que crezcan los precios. El gobierno Bolsonaro presentó en diciembre de 2019 un cronograma de reformas estructurales tendentes a mejorar la situación fiscal, tales como: la reforma tributaria, la reforma de la renta o las reformas incluidas en el plan mas Brasil (reforma de emergencia, reforma administrativa y reforma de fondos). 

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

Política monetaria

En 1999, Brasil adoptó una política de metas de inflación como directriz de la política monetaria, con el Decreto 3088, de 21 de junio de 1999. Estas metas establecidas son objetivos de inflación que se persiguen, fundamentalmente, mediante la modificación de la tasa básica de interés (tasa SELIC). Desde entonces, las decisiones del Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) tienen como objetivo cumplir las metas definidas para la inflación por el máximo órgano deliberativo del sistema financiero (el Consejo Monetario Nacional (CMN), formado por el Ministro de Hacienda, el de Planificación y el Presidente del Banco Central), con un margen de tolerancia de más menos dos puntos. El objetivo para 2019 fue del 4,25%. Para 2020, el objetivo de inflación se ha establecido en 4%, siendo del 3,75% para 2021, del 3,50% para el 2022 y del 3,25% para 2023.

El COPOM se reúne cada ocho semanas para decidir sobre el mantenimiento, elevación o disminución de la tasa básica de interés (tasa SELIC). El Banco Central de Brasil tiene autonomía administrativa, pero no es un órgano independiente.

Ante el peligro de que la crisis económica internacional afectase al crecimiento de la economía brasileña, el Banco Central inició un proceso de flexibilización de la política monetaria (tradicionalmente restrictiva) en 2011, mediante recortes sucesivos de la tasa SELIC, lo que fue interpretado por algunos analistas económicos como un cambio sustancial en la política monetaria del país, que ya no tendría como objetivo exclusivo el control de la inflación sino también, garantizar el crecimiento económico.

Tras alcanzar la tasa SELIC el 9% en abril de 2012, los expertos consideraban que la etapa de reducción de los tipos de interés llegaba a su fin, puesto que continuar con los recortes por debajo del 9% requería la modificación de la normativa que garantizaba la rentabilidad de las cartillas de ahorro (asunto delicado políticamente). Sin embargo, el Gobierno demostró su determinación por bajar el tipo de interés, retirando el mayor obstáculo legal para cumplir dicho objetivo al establecer la remuneración de las cartillas de los nuevos depositantes en un porcentaje fijo de la tasa SELIC (70%), cuando dicha tasa fuese igual o inferior al 8,5%. Tras esta modificación normativa, el Banco Central continuó reduciendo la tasa SELIC hasta alcanzar su nivel más bajo a mediados de octubre de 2012, cuando se situó en el 7,25% y se mantuvo en ese nivel hasta abril de 2013 (cuando se incrementó al 7,5%).

 

A partir de entonces, las presiones inflacionistas forzaron un cambio de tendencia y se produjeron 16 alzas de la tasa SELIC, situándola en el 14,25% hasta el 20 de octubre de 2016. En ese momento, por primera vez en más de dos años se produjo una rebaja en la tasa, hasta situarla en el 14%, como una de las herramientas para apoyar la recuperación del crecimiento en el país. Desde entonces, se han continuado las rebajas de manera que en la reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM) de marzo de 2018, se redujo al 6,5%, mínimo histórico. Desde entonces, se mantuvo estable en dicho porcentaje hasta julio de 2019, cuando la tasa fue reducida al 6%, para llegar al 5,5% (mínimo histórico) en septiembre, debido a la baja inflación de la economía y la probable aprobación de la reforma de la Previdencia. La tasa se rebajó de nuevo en octubre, situándose en el 5% y en diciembre, situándose en 4,50% a final del año. Durante el primer trimestre de 2020, ha continuado esta senda a la baja, de manera que en febrero la SELIC se situó en 4,25%, en marzo en 3,75%, en abril en el 3%, en junio en el 2,25% y en agosto en el 2%, lo que supone un nuevo mínimo histórico provocado por las expectativas negativas y la incertidumbre que se ciernen sobre la economía brasileña como consecuencia de la crisis del coronavirus.  

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Uno de los principales acontecimientos económicos vividos en Brasil en los últimos años es la incorporación de millones de brasileños a la economía de mercado. La clase media brasileña, denominada clase C, y que engloba a familias con ingresos que oscilan entre los 1.892 reales y los 8.159  reales al mes (unos 334 euros y 1.438 euros al mes, al tipo de cambio actual) ha pasado de representar el 38,8% de la población en 2002 a ser el 55,3% en 2018. Se trata de millones de nuevos consumidores, que acceden por primera vez al sistema financiero, que adquieren viviendas, bienes de consumo duradero, que viajan y que son protagonistas del ciclo virtuoso en el que se ha movido la economía brasileña antes de la crisis.

No obstante, un estudio publicado por el Centro de Políticas Sociales de la Fundación Getulio Vargas (FGV Social), indicó que hasta julio de 2020, 13,1 millones de brasileños habrían salido del grupo de las personas con reta per cápita inferior al 50% del salario mínimo (552 reales). Por tanto se estima que en 2021 el mismo número de personas pasarían a engrosar las clases sociales D y E formadas por las familias con ingresos mensuales de hasta 2.500 reales mensuales.

Otro dato de interés económico que merece destacar en los últimos años es cierto movimiento de «brasileñización» de algunos sectores que en su día fueron abiertos a la inversión extranjera, como el sector eléctrico, las infraestructuras, las telecomunicaciones, o el sector del petróleo al tiempo que se desarrollaba cierto proteccionismo. Este proceso de «brasileñización» se ha producido bien favoreciendo la aparición de «campeones» nacionales brasileños o mediante la creación de nuevas empresas públicas. En este sentido, destaca la creación de una supereléctrica mediante el aumento de competencias de ELETROBRAS; la creación de un campeón nacional en el sector de telecomunicaciones, gracias a la modificación normativa que permitió la fusión de OI y BRASIL TELECOM; la creación de una superestatal en el ámbito de ferrocarriles, con la atribución de nuevas competencias a la empresa pública VALEC, o la compra de NOSSA CAIXA por BANCO DO BRASIL. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía creó la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) para administrar las reservas petrolíferas y la Empresa Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Pre-sal (dentro de Petrobrás, también estudiándose ahora su privatización), creada en 2013 para gestionar los contratos de producción para la exploración y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos.

El gobierno Temer lanzó mensajes que apuntaban  precisamente en dirección contraria. Los problemas derivados de la corrupción, que ha dejado fuera de juego por el momento a algunos de estos campeones nacionales llevaron  al gobierno a manifestar públicamente la necesidad del capital extranjero en su proceso de recuperación económica. Este viraje de posición hacia el exterior tuvo reflejo no sólo en el proceso de promoción que el gobierno ha llevado a cabo con su Programa de Parcerias de Investimentos (PPI, ahora Programa Avançar Parcerias) sino también, por ejemplo, en las conversaciones comerciales de Brasil con diferentes países y bloques, siendo destacable el impulso que Brasil ha estado dando a la revitalización de las negociaciones UE-MERCOSUR o la apertura de negociaciones con Canadá el 8 de marzo de 2018 para la firma de un acuerdo de libre comercio en el seno del MERCOSUR.

Esta posición parece que ha tenido como objetivo dejar atrás un sesgo proteccionista que se había plasmado en un uso creciente de medidas de defensa comercial, en el incremento de algunos aranceles (que pasan del efectivamente aplicado al consolidado), como en juguetes, y en modificaciones normativas adoptadas, como la relativa a compras públicas (que ha establecido una preferencia nacional hasta el 25%) y que supusieron un paso atrás en el proceso liberalizador iniciado en 2007 y una pérdida de competitividad muy elevada, tal y como destacaba el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, en la presentación del Informe Económico elaborado por la OCDE sobre Brasil a finales de febrero de 2018 en Brasilia.

El principal desafío al que continúa enfrentándose el país es la necesidad de cumplir con el programa de reformas estructurales que avanzaba el gobierno Temer y que ha profundizado el gobierno Bolsonaro, si bien ha tenido que sufrir una importante parada como consecuencia de la crisis derivada del covid-19.

Tras aprobar la reforma de la previdencia en octubre 2019, el Gobierno Bolsonaro envió en diciembre de 2019 al congreso lo que se ha venido en denominar el Plan Más Brasil, que hace referencia a un conjunto de varias medidas, entre las que se encuentran tres enmiendas a la constitución (PEC) para "Desobligar"; "Desindexar" y Desvincular" el presupuesto, comprometido actualmente en un 94% a gastos obligatorios. Este paquete incluye, de manera general, una revisión del pacto federativo (especie de sistema de financiación autonómico) y de los instrumentos disponibles para gestión fiscal. Recientemente, tras los últimos movimientos del gobierno de Jair Bolsonaro, se prevé que la PEC de Emergencia Fiscal sea incluida en la PEC de Pacto Federativo, reformulando esta última. Dentro de esta reformulación se baraja la inclusión del programa social Renta Brasil y la eliminación del gasto mínimo en educación y salud. 

De manera resumida, el contenido del plan mas Brasil es:

PEC de Emergencia Fiscal:

Como su nombre lo indica, este es el PEC más importante a corto plazo dentro de la planificación del Ministerio de Economía. Se divide en dos puntos:

Medidas temporales: son válidas por dos años a partir de la promulgación de la PEC. La idea es que el gobierno pueda usarlos a corto plazo en sus finanzas, cuando sus deudas excedan los gastos obligatorios. Si esto sucede, se pueden tomar algunas medidas, como:

·         Se prohíbe la creación de nuevos gastos obligatorios;

·         Los funcionarios públicos ya no serán ascendidos, con la excepción de las promociones que implican la alteración de los deberes y los de la carrera militar o policial.

·         Está prohibido celebrar concursos y crear puestos públicos, así como reajustar los salarios existentes;

Medidas permanentes: son medidas que se fijarán en el texto de la Constitución, pero que no son para este momento. Por ejemplo:

·         Revaluación de beneficios fiscales cada 4 años.

·         A partir de 2026, la creación, expansión y renovación de incentivos fiscales estará prohibida si el monto de todos los beneficios excede el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

PEC de pacto federativo:

Es el PEC más completo entre los tres y debería ser el que demore más en aprobarse. Para el Ministerio de Economía, la propuesta puede entenderse en "3 Ds": desobrigar, desindexar y desvincular ya mencionadas anteriormente.

En la práctica, el PEC propone reorganizar los recursos y gastos entre la Unión, los estados y los municipios, para aumentar las transferencias y, en consecuencia, la autonomía de los municipios. Sin embargo, con más autonomía, también tendrán que asumir más responsabilidades. Algunos de los puntos planteados por este PEC son:

·         La extinción de los municipios con menos de 5.000 habitantes y que no tienen ingresos de al menos el 10% de lo que gastan.

·         Aumentar las transferencias de la Unión a los estados y municipios al mismo tiempo que libera a la Unión de ofrecer crédito para que las entidades paguen los pagos.

·         Fusión de recursos para la salud y la educación. Actualmente, los estados deben gastar el 25% de sus ingresos en educación y el 12% en salud. En el caso de los municipios, el gasto en salud supera el 15%. Si se aprueba, el PEC los estados y municipios continuarán asignando el 37% y el 40% de sus ingresos a la salud y la educación. Lo que cambia es que pueden variar el porcentaje gastado según sea necesario. Por ejemplo, 30% para salud y 7% para educación.

·         La Unión dejará, a partir de 2026, de ayudar a los estados y municipios con problemas financieros.

·         Los recursos del Fondo de Apoyo a los Trabajadores destinados a BNDES, actualmente en el 40%, pasaran al 14%.

·         La creación de un Consejo Fiscal de la República, con la participación de los presidentes de la República, la Cámara, el Senado, el Tribunal Federal Supremo (STF) y también el Tribunal Federal de Auditoría (TCU), además de representantes de los estados y municipios, con la función de monitorear y diagnosticar problemas y hacer recomendaciones a las entidades de la Federación.

PEC de los Fondos:

La PEC de los Fondos tiene el objetivo de liberar los fondos públicos brasileños para usarlos, en el pago de la deuda pública brasileña, en programas para erradicar la pobreza y en sanear las cuentas. Actualmente, Brasil tiene 281 fondos públicos que, según el Ministerio, tienen más de 220 mil millones de reales, que el Congreso no puede usar.

Algunos ejemplos de fondos públicos son el Fondo Especial de Capacitación y Desarrollo, el Fondo de Desarrollo Educativo Maritime Professional, Fondo de Garantía para la Promoción de la Competitividad (FGPC), entre otros.

La PEC de fondos públicos también apunta a la creación de una ley complementaria para la creación de fondos futuros y establece que, si se aprueba, la mayoría de los fondos existentes se extinguirán al final del año posterior a la aprobación de dicha PEC.

Reforma Administrativa:

A principios de agosto de 2020, el gobierno federal envió al Congreso Nacional la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Reforma Administrativa. Aunque la primera fase de la reforma aún no prevé cambios en la remuneración, la intención es que se envíe posteriormente una propuesta que reduzca los salarios iniciales y amplíe el tiempo necesario para lograr aumentos.

La primera fase de la PEC de Reforma Administrativa prevé el fin de la progresión automática de carrera por antigüedad, permite la contratación de candidatos a contrato temporal y facilita el despido (fin de la estabilidad) para todos aquellos funcionarios que no se encuentran en las “carreras típicas” del Estado.

En este contexto, la definición de exactamente qué carreras entran en esta categoría se hará más adelante, en un proyecto de ley, si la propuesta de reforma de la Constitución avanza en el Congreso. No obstante, según el subsecretario especial adjunto de Burocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía, Gleisson Rubin, las carreras que deben tener estabilidad, es decir ser consideradas “típicas”, serán aquellas que necesitan ser protegidas de presiones y cuyo servicio es de larga duración.

Finalmente, en esta primera fase, el gobierno también propone acabar con algunos beneficios, como la posibilidad de disponer de más de 30 días de vacaciones al año y la jubilación obligatoria como forma de castigo; estos cambios, sin embargo, no afectaran a todos los servidores públicos. Entre los que quedan excluidos se pueden encontrar a jueces, fiscales y abogados.

Reforma tributaria:

La actual reforma tributaria, del ejecutivo de Jair Bolsonaro, constará de cuatro etapas, no obstante, no se descarta la creación de un nuevo impuesto sobre transacciones digitales Además, se está negociando junto a los estados la creación del Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) que se asemejaría al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) español.

Se espera que la propuesta del gobierno se unifque  con las de la Cámara y el Senado, que forman parte de la comisión mixta de la reforma tributaria desde principios del año 2020, con las PEC nº110/2019 y PEC nº45/2019.

Desde el gobierno de Jair Bolsonaro se baraja que las negociaciones con respecto a la reforma tributaria se alarguen hasta Octubre de 2020, lo que daría tiempo para alcanzar un consenso mayor antes de la votación.

Etapas de la propuesta del gobierno para la  reforma tributaria:

Primera etapa:

·         Presentada el 21 de julio de 2020 ante el Congreso recoge la unificación de los principales impuestos indirectos federales y estaduales en un futuro doble Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), denominado como “Contribución Social sobre Operaciones con Bienes y Servicios (CBS)” que será del 12% con carácter general y del 5,9% para las aseguradoras.

Segunda etapa:

·         Revisión y reforma del Impuesto sobre Productos Industriales (IPI), donde se buscará su simplificación y transformación en un Impuesto Selectivo que incidirá sobre un conjunto de bienes, como las bebidas alcohólicas, cigarros o alimentos con alto contenido de azúcar.

·         Evaluación de la creación de un “impuesto verde”, sobre la emisión de carbono.

Tercera etapa:

·         Reducción del Impuesto a la Renta Corporativa (IRPJ).

·         Se barajan cambios en el Impuesto sobre la Renta Personal (IRPF), aumentando el margen de exención, de los actuales 1.900 reales hasta los 3.000 reales.

·         Bajo estudio la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, situado en el 27,5% actualmente. Los técnicos citan porcentajes entre el 23% y el 25% (como máximo).

o   Esta medida sería compensada con otra medida bajo estudio; recortes en las deducciones medicas por usuarios de la red privada de sanidad que suponen 15.100 millones de reales al año en deducciones.

Cuarta etapa:

·         Eliminación de la contribución patronal sobre la nómina de los trabajadores, aplicándose sólo para el rango de hasta un salario mínimo y para todos los trabajadores.

o   La acción tendría un coste entre 80.000-90.000 millones de reales.

Nuevo impuesto a transacciones digitales:

Con respecto a la creación de un nuevo impuesto sobre las transacciones digitales, la propuesta del gobierno es gravar las transacciones financieras que ocurran digitalmente a una tasa entre 0,2% y 0,4%.

Debido a las reticencias que el nuevo impuesto está generando, el gobierno está estudiando la posibilidad de reducir la contribución de la empresa al Fondo de Garantías de Tiempo de Servicio (FGTS) del 8% al 6%. . La medida se utilizaría, así como la exención de nómina antes mencionada, para reducir la resistencia del Congreso Nacional a la aprobación de un impuesto a las transacciones digitales.

Impuesto sobre Bienes y Servicios:

Se encuentra bajo análisis la viabilidad de unir a la nueva CBS, el ICMS (recaudado por los estados) y también el ISS (recaudado por los municipios).

Para viabilizar la amplia reforma tributaria , el Ministerio de Economía y los gobernadores discuten la creación de dos fondos, uno destinado a los estados que temen verse perjudicados por el fin de la “guerra fiscal”, y otro destinado a aquellos estados que hoy se benefician con la “ley Kandir”, que exime a las exportaciones de productos básicos y semimanufacturados.

Empleo

1.     Exoneración de las obligaciones de los contratos con personas con hasta 27 años y de más de 55;

2.     medidas de desburocratización 

3.     microcréditos

Volver a índice de Demanda y Coyuntura

  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex