• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

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Fuente: BNS, Administración Federal de Finanzas Suiza y Datos ICEX. Elaboración propia.
Actualización: Enero 2019. (**) Datos hasta el tercer trimestre de 2018

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La política macroeconómica del gobierno federal se basa en el mantenimiento del equilibrio presupuestario a medio plazo, la estabilidad de los precios, mantenimiento del pleno empleo y el establecimiento de condiciones generales internas favorables a la inversión.

Además de los anteriores objetivos últimos, dentro de las prioridades de política económica del ejecutivo están las siguientes:

• Multiplicar los acuerdos comerciales bilaterales con terceros países que promuevan la exportación industrial y de servicios financieros suizos, favoreciendo la diversificación de su sector exterior.

• Potenciar y promover la investigación, innovación y desarrollo en el sector empresarial, preservando el liderazgo mundial y la competitividad de su industria.

• Dar cumplimiento a los estándares internacionales en materia fiscal y de intercambio de la información.

• Preservar el atractivo de Suiza para la IDE.

• Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, impulsando las reformas necesarias.

• Asegurar la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente, al tiempo que una energía competitiva para sus empresas.

• Contener la apreciación del CFH.

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La Secretaria de Estado de Economía (SECO) del departamento de Economía del Gobierno Federal observa una recuperación dinámica de la coyuntura suiza. En consecuencia, la Secretaría de Estado de Economía espera una tasa de crecimiento del 1,5% para 2019 y del 1,7% en 2020. Pese a que suponen una ralentización con respecto a 2018, siguen en la senda del crecimiento sólido y continuado.

El buen comportamiento del sector exterior seguirá sustentando el crecimiento económico. No obstante, las autoridades esperan que se consolide el reciente fortalecimiento de la demanda interna, por el buen clima de inversión.

El persistente crecimiento tendrá también su reflejo en el mercado de trabajo. Se pronostica una reducción de la tasa de paro al 2,5% en 2019. Actualmente, la tasa de desempleo se sitúa en mínimos al 2,7% tras haber alcanzado máximos del 3,5% en 2015.
Por lo que se refiere al FMI, su artículo IV estimaba la pasada primavera tasas de crecimiento del 2% en 2019 y del 1,9% en 2020, con tasas de desempleo del 3% y del 2,9% respectivamente. Según la última estimación del FMI, las perspectivas de crecimiento habrían mejorado, situándose en el 3% para 2019. Así pues, se prevé un horizonte de crecimiento intenso, en una coyuntura prácticamente de pleno empleo.

No obstante, el futuro económico de Suiza sigue amenazado, por un cambio en sus relaciones bilaterales con la UE. Aunque en 2019 se ve lejana la posibilidad de que se produzca una involución de los tratados y acuerdos firmados con la UE, como consecuencia de las posiciones proteccionistas nacionalistas que siguen siendo defendidas por importantes espectros del sistema político y la población suiza, lo cierto es que la sombra de un posible nuevo referéndum que plantee esa posibilidad todavía no ha desaparecido. Por tanto, siguen siendo válidos los estudios realizados en 2015 y 2016, en plena crisis bilateral Suiza-UE, como consecuencia de la posible ruptura del Acuerdo de Libre Circulación de Personas (ALCP).

En diciembre 2015, la propia SECO publicó los resultados ofrecidos por dos estudios encargados dos empresas de consultoría (BAKBASEL y Ecoplan) sobre los posibles efectos económicos que produciría la caída de los Acuerdos bilaterales con la UE. En ese escenario, ambos preveían importantes efectos negativos a partir de 2018: Ecoplan preveía una caída del 4’9% anual del PIB hasta 2035 y BAKBASEL del 7’1%. Las pérdidas acumuladas en este plazo alcanzarían un importe que oscilaría entre 450.000 y 630.000 millones de francos. De media, la pérdida sería equivalente a 32.000 millones cada año. En términos per cápita, la caída del PIB oscilaría entre un 1’5% (Ecoplan) y un 3’9% (BAKBASEL) anual.

Las pérdidas serían principalmente consecuencia de:
• La extinción del ALCP, dado que se perfila como el acuerdo más importante en términos económicos. La introducción de cuotas a la inmigración supondrá una caída de la oferta de mano de obra y con ello, el incremento de los costes laborales.
• La extinción de los acuerdos bilaterales de acceso a mercados también ocasionaría graves efectos negativos sobre la economía suiza. La aparición de nuevas barreras comerciales y por ende, limitado acceso a los mercados exteriores, supondría una contracción del comercio internacional, lo que a su vez se traduciría en pérdidas de competitividad en los mercados domésticos.
• Por último, la extinción del acuerdo bilateral sobre investigación, y con ello los acuerdos de asociación de Suiza a los Programas-Marcos europeos, supondría una pérdida de eficacia en la investigación suiza por la menor coordinación con la UE.

El pasado 16 de enero de 2019, se iniciaron en Suiza las consultas internas al texto negociado con la UE para la consecución del Acuerdo Marco Institucional (AMI en lo sucesivo). Dicho texto supondría un salto sustancial en las relaciones bilaterales, permitiendo una institucionalización, reafirmación y racionalización de los múltiples acuerdos alcanzados hasta la fecha entre Suiza y la UE, además de instaurar un mecanismo de solución de diferencias entre las partes, dotando al actual marco de relaciones de la máxima seguridad jurídica. No obstante su importancia y tal y como se informará en un futuro epígrafe, el futuro de dicho proceso de consulta resulta hoy incierto.
 

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Las principales características del sistema fiscal suizo son:

Suiza cuenta, desde de julio de 2000, con una regla de oro fiscal introducida en la Constitución federal en 2003 (“Federal Budget Act”), tras ser aceptada en referéndum popular por un 85% de los votantes. Ésta limita los gastos públicos en función de los ingresos estructurales (o cíclicamente ajustados). Así, anualmente se establece un máximo (“capping”) para el volumen de gasto público, en función de los ingresos y la coyuntura económica. Su objetivo, por tanto, es mantener un presupuesto equilibrado, en términos nominales, en el medio plazo. El nivel de gastos del gobierno federal pasa a actuar de forma procíclica al ajustarse a unos ingresos públicos, que a su vez actúan como estabilizadores automáticos. La norma prevé, no obstante, una cláusula de excepcionalidad que permite superar el techo de gasto, automáticamente establecido, cuando las circunstancias así lo justifican (depresión económica severa, etc.) y previa aprobación por mayoría cualificada de las dos cámaras del parlamento.

Esta regla ha llegado a ser calificada por el propio FMI en su artículo IV como excesivamente rígida en su aplicación, pues se viene limitando en exceso la posible actuación de la política fiscal como impulsora de la demanda, en contextos de débil crecimiento, a pesar de la incesante consecución de superávits presupuestarios al finalizar los distintos ejercicios.

Actualmente, la deuda pública helvética es inferior a los 195.000 millones de euros, lo que ha permitido a Suiza enfrentar con extrema solidez la reciente crisis financiera soberana del continente. El nivel de deuda pública en relación con el PIB ha mantenido una tendencia prácticamente constante desde la introducción de la norma fiscal en la Constitución suiza. El nivel de Deuda Pública en términos del PIB ha sido en 2018 de un 28,1%.

Además del "freno al endeudamiento" otra característica especialmente destacable del sistema fiscal suizo es su estructura federal. El sistema fiscal suizo refleja una importante cesión de autonomía fiscal a las regiones y municipios de este país, que se basa en la regla de subsidiariedad. El Federalismo se encuentra recogido en la Constitución suiza como uno de sus principios fundamentales, dada su enorme ramificación geográfica (i.e. 26 Cantones y cerca de 2.500 municipios) y la enorme independencia financiera y fiscal de cada uno de ellos. Así, cada uno de los cantones cuenta con su propia normativa fiscal. A los impuestos cantonales se añaden las normas fiscales de las 3.200 Comunas y finalmente, los impuestos de carácter exclusivamente federal (IVA, aranceles e impuestos especiales…). Cada cantón cuenta con su propia normativa fiscal, empleada en muchas ocasiones para atraer inversiones, instaurándose una clara competitividad fiscal entre regiones. El cantón de Obwalden tiene el impuesto de sociedades más bajo de toda Suiza, por lo que ha logrado llenar las arcas públicas con la llegada de unos pocos ricos contribuyentes. Ahora bien, otros cantones más grandes, como Lucerna o St. Gallen también han introducido una bajada en el tipo del impuesto de Sociedades y esto sólo se ha traducido en un empeoramiento de su recaudación, dado que la bajada no ha sido compensada con la llegada de nuevos contribuyentes.

Para compensar o paliar los desequilibrios derivados de la autonomía fiscal y la desigual evolución económica entre regiones, Suiza cuenta con un sistema de nivelación denominado “sistema de ecualización”. La primera normativa en materia de nivelación fiscal fue aprobada en 1959, para amparar jurídicamente la transferencia de recursos a los cantones financieramente más desfavorecidos. Desde 2008 se encuentra en vigor en Suiza un nuevo sistema de nivelación fiscal, tras ser aprobado por una mayoría del 64,4% de la población en referéndum. El sistema pretende lograr un doble objetivo: Por una parte, reducir las diferencias entre sus cantones respecto a su capacidad financiera (i.e. desequilibrios regionales) y, en segundo lugar, incrementar la eficiencia del gobierno federal, en la aplicación de sus políticas.

En cuanto a la situación presupuestaria, Suiza disfruta de una situación presupuestaria muy saneada desde el 2006, por lo que el gobierno federal suizo dispone de margen de maniobra fiscal para actuar en caso necesario. Ahora bien, en ausencia de una situación excepcional, la tasa de inversión pública ha permanecido estabilizada durante los últimos años. La Confederación ha registrado en 2018 un superávit presupuestario de 0,80% del PIB.

En materia tributaria Suiza se enfrenta ahora a dos modificaciones en sus principales impuestos. El impuesto sobre sociedades y el IVA.

La Reforma del impuesto sobre sociedades viene siendo reclamada desde hace años por la OCDE puesto que el tributo suizo no responde a los estándares y mejores prácticas fijados por la OCDE en materia fiscal, ya que incumple el level playing field entre Estados, puesto que el impuesto suizo ofrece una serie de privilegios fiscales para las cabeceras de holdings internacionales que se establecen en Suiza, las sucursales financieras y también las empresas de capital mixto que se establecen, de las que no se benefician las empresas suizas.

En febrero de 2017, tras años de propuestas de reforma del impuesto de sociedades y habiendo conseguido la definitiva ratificación del parlamento, el gobierno suizo sometió una propuesta de reforma a referéndum popular. Sin embargo, la misma fue rechazada mayoritariamente por la población. La reforma pretendía extender los privilegios fiscales de los que venían disfrutando las empresas internacionales a todas las corporaciones suizas bajo fórmulas aceptadas internacionalmente (exenciones a la inversión en I&D, etc.). Este propósito buscaba mantener el atractivo de la plaza Suiza para la inversión extranjera, debiendo por ello asumir el Estado Central la caída severa que en la recaudación del impuesto iban a experimentar los cantones. La población y especialmente la izquierda interpretó esta menor recaudación estimada como un futuro incremento de la imposición sobre las personas físicas y, como consecuencia de todo ello, el referéndum rechazó la reforma.

Habida cuenta de los compromisos adoptados por Suiza internacionalmente y el deseo del país de salir de la lista gris de la UE el gobierno ha propuesto en 2018 una nueva reforma al parlamento. La reforma responde a un esquema muy similar al contemplado en la reforma anterior, si bien la norma ha sido acompañada de elementos destinados a la sostenibilidad del sistema de pensiones, al objeto de hacer un guiño a la izquierda. La reforma quedó aprobada el pasado otoño, si bien, en el ejercicio del derecho constitucional, el pasado 17 de enero de 2019 se confirmó que se ha había registrado una nueva iniciativa popular de referéndum para validar la nueva reforma del impuesto de sociedades. Esta circunstancia se traduce en que la reforma sólo podrá ser aprobada con una victoria del ejecutivo en dicho referéndum, que se prevé se celebrará el próximo mes de mayo de 2019. Es decir, en el mejor de los casos, 5 meses más tarde de lo previsto y deseable.

Por lo que a la reforma del Iva se refiere, esta se sometió a referéndum antes de finalizar 2017. La reforma fue aprobada y ha entrado en vigor el 1 de enero de 2018, En la misma se cambia fundamentalmente la obligación de tributación para las empresas internacionalizadas y para las compras on-line. Antes de la reforma las empresas con actividad en Suiza sólo debían liquidar el impuesto si facturaban por encima de los 100 mil francos suizos anuales en territorio suizo, mientras que con la reforma deben tributar todas aquellas que ingresen más de 100 mil francos suizos a escala internacional. Así mismo, el límite para la sujeción de las ventas on-line al impuesto baja sustancialmente, de tal forma que se penalizarán las pequeñas compras on-line. La modificación del impuesto sobre el valor añadido, ahora establecido en un 7,7%.

Firma de compromisos para el intercambio automático de información financiera:

En marzo 2015, Suiza y la UE firmaron un acuerdo inicial para intercambio automático de información financiera (IAIF) generada a partir del 1 de enero de 2017 y que podrá ser intercambiada a partir del 1 de enero de 2018. Ello significa que los residentes en la UE ya no podrán ocultar en Suiza ingresos no declarados para evadir el pago de impuestos. Gracias a este acuerdo, los estados miembros recibirán anualmente los nombres, direcciones, números de identificación fiscal y fechas de nacimiento de sus residentes que tengan cuentas en Suiza, así como un amplio conjunto de otros datos financieros y de balance de las cuentas. Este tipo de acuerdo ha sido alcanzado también con EE.UU. y Suiza lo está extendiendo a los principales países de la OCDE, puesto que su objetivo es alinearse en materia fiscal con la OCDE.

El intercambio de información se produjo con éxito por primera vez con 36 estados en septiembre de 2018. En base a los acuerdos alcanzados, se agregarán 18 estados asociados a la red de IAIF de Suiza. Dichos acuerdos entrarán en vigor a partir de 2020/2021.

Cuestiones Fiscales con la OCDE:

En marzo de 2015, el Global Forum de la OCDE para trasparencia fiscal concluyó que el marco jurídico suizo para la ayuda administrativa internacional en cuestiones fiscales corresponde al estándar global. Ello supone el reconocimiento de la OCDE de los esfuerzos emprendidos por Suiza a favor de la transparencia fiscal y con ello, la conclusión de la “Fase 1” del examen de países del Global Forum sobre la transparencia fiscal. En el examen anterior de 2011, el Global Forum no había concedido el “aprobado” a Suiza por tres razones. Primero, los propietarios de acciones al portador no estaban siempre identificados. Segundo, Suiza no contaba con un número suficiente de acuerdos de intercambio de información que posibilitara la ayuda administrativa fiscal según el estándar de la OCDE y por último, porque Suiza, cuando recibe una solicitud de ayuda administrativa, informaba previamente a los supuestos evasores fiscales al respecto.

Desde entonces Suiza cambió su estrategia y ha venido reaccionando. Amplió fuertemente la red de acuerdos con la cláusula para la ayuda administrativa según el estándar de la OCDE, incluyó en la ley sobre ayuda administrativa una cláusula de salvaguardia que permite renunciar a informar previamente al evasor afectado en el caso de una solicitud de ayuda administrativa y, en el marco de la disposición sobre el blanqueo de capitales, adoptó amplias obligaciones de identificación de los propietarios de acciones al portador.

En el examen, sin embargo, en este último punto Suiza recibió todavía la nota de “no cumplido”, ya que la disposición sobre el blanqueo de capitales sólo entrará en vigor a lo largo del año y se requiere además la reforma del impuesto sobre sociedades para su adaptación a los estándares internacionales, tal y como ha sido informado en un epígrafe anterior.
 

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Por lo que se refiere a la política monetaria, competencia del Banco Nacional Suizo (BNS), ésta tiene como principal objetivo teórico la estabilidad de precios. No obstante, en la coyuntura de los últimos años, más caracterizada por los riesgos de deflación y ralentización económica que de inflación, y teniendo en cuenta del papel que el tipo de cambio del franco ha tenido sobre la evolución de su sector exterior y en especial de su industria exportadora tradicional, la política monetaria suiza ha tenido como principal objetivo la estabilización del tipo de cambio y poner freno a la apreciación de su moneda. De este modo se buscado mitigar los efectos perversos que el valor refugio de su moneda ha tenido sobre la industria.

Tradicionalmente el Banco Central articula su política siguiendo las siguientes directrices:

1. Asegurar un IPC anual inferior al 2% (cuestión más que cumplida en la coyuntura cíclica reciente, que ha llevado a Suiza a tener incluso deflación entre 2013 y 2016)

2. Fijar sus actuaciones en atención a las previsiones del IPC trimestral.

3. Fijar el tipo del franco respecto al LIBOR, con un margen de fluctuación a tres meses. Actualmente el margen es negativo, siendo el tipo de interés del franco el más bajo de todas las divisas cotizadas, con un -0,75% de tipo de intervención.

Tal como ha sido apuntado, en el marco de la coyuntura económica de los últimos años, el esfuerzo del Banco Central suizo ha sido evitar una excesiva apreciación del franco. Las perturbaciones en los mercados financieros internacionales, han incrementado el atractivo del franco suizo como moneda refugio, generando fuertes tensiones apreciatorias de la moneda.

La trascendencia del sector exterior para la economía suiza aconseja evitar la pérdida de competitividad nominal impulsada por la apreciación de la moneda. En consecuencia, el Banco Central se ha visto obligado a intervenir masivamente en los mercados de cambios adquiriendo divisa internacional, viendo como en consecuencia crecían casi exponencialmente sus reservas y los agregados monetarios. En pocos años el volumen de reservas se ha duplicado y prácticamente alcanzan hoy el 110% del PIB.

Por otro lado, cuando a principios de 2015 el Banco Central decidió romper el CAP del tipo de cambio 1,2 CHF/€ y cesar en el empeño de sostener el cambio de su moneda, se produjo una revaluación súbita con respecto al euro del 18% en apenas 10 días. Este salto cambiario fue difícilmente digerido por el sector exterior suizo, lo que provocó ese año una ralentización del crecimiento y ligeras subidas de los niveles de desempleo. Por ende, al poco tiempo, el Banco Central decidió retomar nuevamente su estrategia de intervención, aunque sin fijar tipos de cambio objetivo en el mercado y permitiendo ligeras fluctuaciones del tipo de cambio. Durante finales de 2016 y principios de 2017, las elecciones en EE.UU., el Brexit y las perspectivas sobre la zona Euro, elevaron la inestabilidad y exigieron compras masivas de divisa al Banco Central.

En 2017, la debilidad del dólar frente al euro y la distensión de los mercados permitió a Suiza, desde julio de ese año, vincular su moneda a la divisa americana, propiciando una depreciación del franco suizo frente al euro, que de forma suave pero prolongada se mantuvo hasta principios de 2018. Esta evolución permitió una indudable mejora de la competitividad exterior a las empresas helvéticas. El Banco Central encontró, así, oxígeno en su lucha contra la apreciación de su moneda, superando una etapa muy difícil.
Aunque en abril de 2018 volvió a cambiar la tendencia, iniciándose una nueva etapa de apreciación de la moneda suiza, lo cierto es que, a día de hoy, gran parte de la depreciación de 2017 sigue todavía consolidada, permaneciendo el tipo de cambio del franco frente al euro desde septiembre de 2018 en un nivel estable que gira en torno a 1,12 CHF/€.

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Revisión de la Ley Federal sobre Contratación Pública (LMP): Actualmente la normativa sobre contratación pública en Suiza está formada por un complicado entramado de normas, diferentes en cada Cantón. Sin embargo, dado que el nuevo acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública (ACP) debe transponerse a la legislación nacional, el Consejo Federal desea aprovechar esta oportunidad para armonizar la legislación federal y cantonal. Con ello, el gobierno federal desea lograr la simplificación y armonización de la legislación en materia de contratación pública y permitir que Suiza ratifique el ACP revisado.

Refuerzo de las Medidas de Acompañamiento al Acuerdo Libre Circulación de Personas (ALCP): La SECO ha reforzado las medidas de acompañamiento (“Flanking measures”) introducidas para evitar posibles consecuencias negativas (i.e. dumping salarial…) del acuerdo. Entre otros, se incrementan las inspecciones de trabajo así como la cuantía de las multas por incumplimiento.

Estrategia energética 2050: El gobierno presenta a referéndum próximamente su estrategia energética 2050. Esta estrategia apuesta por el progresivo apagón nuclear, la eficiencia energética y el mayor peso de las energías renovables en la generación. Ahora bien, esta estrategia apenas incluye cambios regulatorios y supone de facto una prórroga del vigente sistema de subsidios cruzados de consumidores pequeños a la industria.

Política Agrícola 2018-2021: En enero 2018 empezó a aplicarse la nueva política agrícola (PA 18-21). Esta nueva normativa fundamentalmente modifica el sistema de pagos directos, adaptándolos a los objetivos de la Constitución helvética. El paquete financiero para 2018-2021 corresponde a un importe de alrededor 4 millones de euros (80% pagos directos). La reforma vincula los pagos a cada uno de los objetivos constitucionales de la política agrícola de Suiza; garantizar el suministro, mantenimiento de los cultivos, conservación de los recursos naturales y biodiversidad, ocupación descentralizada del territorio nacional, fomento de modos de producción compatibles y respetuosos con el medioambiente. En el nuevo modelo de política agraria Suiza apuesta por una disminución de las ayudas directas al sector y sus sustitución por ayudas indirectas, con el objeto de poder ir eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias de este sector y permitir a Suiza alcanzar acuerdos comerciales relevantes con terceros países ( por ejemplo MERCOSUR), en los que Suiza tiene mucho que ganar en el sector industrial y poco que perder en el primario.
 

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