Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

La buena marcha de la economía chilena en 2018, año en el que comenzó su recuperación después de la desaceleración experimentada desde 2013, se vio truncada en 2019 por una débil actividad de los sectores de la minería, electricidad, gas y agua, agricultura y servicios personales, además del efecto de la evolución del escenario externo, agitado por las tensiones comerciales A todo esto hay que añadir los efectos de la crisis social, que fueron devastadores para la marcha de la economía chilena. 

En cuanto a la participación respecto del PIB, una vez más en 2019, el protagonista del sector terciario fue el sector de servicios financieros y empresariales, con una participación del 14,9%. Tras él se situaron otros servicios personales (12,4%), la industria manufacturera (10,0%), la minería (9,4%), que ha recuperado el peso perdido en los últimos años, y el comercio.

Destacar la importancia de la minería, el tercer sector más importante del país, pues Chile es un país que depende en gran medida de este sector, que supone más del 50% de sus exportaciones totales. 

Pero además, los sectores primarios siguen teniendo una gran importancia en su economía. No se trata solo de la minería, sino también de la agricultura (fruta de varias clases), la silvicultura y acuicultura (salmones, fundamentalmente).

Esa situación hace que Chile sea vulnerable a los precios de las materias primas, especialmente las minerales y que su PIB sufra en cuanto se resienten las inversiones tanto en minería como en energía, uno de los grandes insumos de ese sector.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO 2016 2017 2018 2019
POR SECTORES DE ORIGEN (%)
AGROPECUARIO 4,0 4,0 3,5 3,5
AGRICULTURA Y GANADERÍA 3,5 3,3 2,9 2,9
PESCA 0,5 0,7 0,6 0,6
INDUSTRIAL 29,0 29,4 29,7 29,3
MINERÍA 8,1 9,7 9,7 9,4
MANUFACTURAS 11,0 10,4 10,5 10,0
CONSTRUCCIÓN 6,8 6,4 6,6 6,9
ELECTRICIDAD Y AGUA 3,1 2,9 2,9 3,0
SERVICIOS 67,0 66,6 66,8 67,2
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 8,0 7,4 6,9 7,1
COMERCIO 9,5 9,5 9,5 9,0
HOSTELERÍA 2,1 2,2 2,2 2,3
FINANZAS 4,6 4,5 4,7 4,8
INMOBILIARIO 7,6 7,9 8,2 8,3
SERVICIOS EMPRESARIALES 10,2 9,9 9,8 10,1
SERVICIOS PERSONALES 11,6 11,7 12,0 12,4
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4,8 4,8 4,8 4,7
OTROS SERVICIOS 8,6 8,7 8,7 8,5
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
POR COMPONENTES DEL GASTO (%)
CONSUMO 77,2 77,5 77,9 77,6
Consumo Privado 63,4 63,4 63,4 63,0
Consumo Público 13,8 14,1 14,5 14,6
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 22,7 21,0 21,3 22,4
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 28,1 28,4 28,6 28,2
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 27,5 27,2 28,8 28,6
Fuente: Banco Central de Chile

 

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Tras tres años de crecimiento superior al 5% del PIB hasta el 2012, el país pasó por una fase de desaceleración, principalmente debido a la caída en la actividad económica en minería. El comportamiento de la economía internacional (especialmente China) tiene un efecto directo sobre la demanda y el precio del cobre. Para 2018, el Banco Central de Chile (BCCh) publicó que la economía creció en un 4%, lo que hizo pensar que la tendencia se revertiría y comenzaría un ciclo de crecimiento de la economía. Sin embargo en 2019, el crecimiento de la economía chilena se quedó en en 1,1%. A lo largo del año el Gobierno ya había ido ajustando a la baja las expectativas debido a que la actividad y la demanda interna crecían por debajo de lo esperado, además del efecto de la evolución del escenario externo, donde las tensiones comerciales habían aumentado la incertidumbre global. Así, antes de que tuviera lugar el estallido social el BCCh manejaba una cifra de crecimiento del 2,5% para 2019, pero en el cuarto trimestre la economía cayó un 1,8% internanual, su mayor baja trimestral desde la crisis subprime, a pesar de que en el mes de diciembre un ligero repunte en la construcción y en la actividad manufacturera mitigaron la caída. En este contexto, en 2020 Chile se enfrenta a la crisis generada por la propagación del Covid-19 desde una situación económica de deterioro de diversos componentes de la demanda interna, del mercado laboral y de las condiciones financieras, entre otras, cuyo proceso de contracción comenzó a partir de la segunda mitad de marzo, cuando se establecieron las restricciones sanitarias enfocadas en detener la expansión de los contagios. Así, la reducción del ingreso de las economías domésticas unido a las restricciones en la movilidad han sido las principales causas de la caída en el consumo, siendo los sectores más afectados la restauración, el comercio, el ocio, la hostelería, el transporte y los servicios personales. La inversión ha experimentado una caída, principalmente en el sector minero, pues los proyectos se postergan a los años venideros. A esta delicada situación hay que añadir la caída de los flujos de comercio internacional: las exportaciones industriales chilenas, con la excepción del cobre y el hierro, han experimentado una caída, al tiempo que el significativo ajuste del gasto interno está provocando una importante contracción de las importaciones, en particular las de bienes de consumo de productos no esenciales y las de capital. Así, se prevé que en 2020 la economía sufrirá una recesión de entre el 5,5% y el 7,5%, explicada por una caída de 16% para la inversión y de 4% para el consumo. Para los años siguientes, el BCCh proyecta un crecimiento entre el 4,75% y el 6,2% anual en 2021 y entre el 3% y el 4% anual en 2022, bajo el supuesto de que la actividad económica se irá retomando en la medida en la que la expansión de la epidemia se vaya controlando. No obstante, el mal comportamiento de la economía chilena en el mes de mayo con una caída de la actividad económica cifrada en un 15,3%, ha hecho que el BCCh haya admitido que sus previsiones van a tener que ser revisadas. El Ministerio de Hacienda por su parte pronostica una caída del 6,5% para este año, frente a su estimación del -2,0% en abril, y estima un crecimiento del 5,5% para 2021. 

El FMI, que en enero de 2020 había proyectado un crecimiento del 0,9% para la economía chilena y que en su Informe de Perspectivas Mundiales de abril de 2020 estimaba que Chile experimentaría una recesión del 4,5% en dicho año, a finales de junio pronosticó una caída del 7,5% para la economía chilena en el año actual. Para 2021 se augura un fuerte repunte de la economía, que crecerá en un 5,0%. El Banco Mundial también ha rebajado sus previsiones de crecimiento y lo sitúa en un -4,3% en 2020. S&P, en línea con las otras instituciones, vaticina un retroceso en la economía chilena del 4,0% para 2020, mientras que en 2021 la economía volverá a crecer al 4,6%. JPMorgan tras el decreto de cuarentena en toda la Región Metropolitana recortó su previsión de crecimiento para Chile en 2020 desde el -2,3% al -3,9%.

A modo de resumen:

Previsiones económicas para Chile (abril 2020)
Institución PIB 2020 PIB 2021 PIB 2022
BCCh  -5,5% a -7,5%  4,75% a 6,2%   3,0% a 4,0% 
Mº de Hacienda  -6,5%  5,5%  
FMI  -7,5%  5,0%  
BM  -4,3%  3,1%  2,8%
CEPAL  -4,0%                      

 

S&P ha decidido modificar la perspectiva de la calificación nacional, desde "estable" a "negativa", porque "la recesión económica, combinada con el impacto de la protestas públicas internas del año pasado, ha empeorado la trayectoria de crecimiento del PIB de Chile". Fitch hizo la misma modificación en sus perspectivas para el país en marzo, de manera que Moody's es la única que mantiene su proyección en estable.  

Por su parte, el PIB per cápita alcanzó, según estimaciones del FMI, los 16.277 USD en 2019, mientras que el PIB per cápita de Chile en Paridad de Poder Adquisitivo se estima en 27.059 USD.   

La inflación en 2019 fue de 3,0%, alcanzando el objetivo del Gobierno, aunque el aumento se produjo en diciembre como resultado de los efectos de las protestas sobre el tipo de cambio, que afectaron principalmente a la energía y a los alimentos y que alcanzó niveles máximos desde que existe flotación cambiaria. Si bien a principios de 2020 la tasa de inflación se situaba en el 4%, las presiones inflacionarias han tenido un drástico descenso desde marzo, tanto por el lado de la actividad como del mercado laboral, de manera que, si se considera la reciente apreciación del peso y las perspectivas que apuntan a una contracción más profunda del crecimiento económico, la predicción para 2020 se sitúa en el entorno del 2% y solamente se alcanzará el valor de convergencia del 3% en 2022. En este escenario de contención de la inflación y de recesión económica, el BCCh decidió a finales de marzo adoptar una política monetaria altamente expansiva por medio de la rebaja del tipo de interés en 125 puntos base hasta situarlo en el 0,5%. Es el cuarto recorte realizado desde junio de 2019, de modo que el precio del dinero se sitúa en su nivel más bajo de los últimos nueve años. El mayor grado de incertidumbre  originado durante la protesta social dio origen a fuertes movimientos en los precios del mercado financiero, de modo que el Banco respondió a estos cambios adoptando diversas medidas para proveer de un grado adecuado de liquidez a los mercados y mitigar la volatilidad en los precios financieros clave. En particular, dispuso intervenir el mercado cambiario con un monto de hasta 20.000 MUSD entre diciembre de 2019 y mayo de 2020.   

Por lo que respecta a la tasa de desempleo, en diciembre de 2019 se situó en 7,1%, lo que equivale a un alza de 0,4 puntos porcentuales en relación al mismo periodo de 2018. Dicha cifra reflejaba signos de un mercado laboral más debilitado y que impacta sobre la cantidad de nuevos empleos y la calidad de estos, pues según el INE, el aumento del empleo se explicó principalmente por el incremento de los trabajadores por cuenta propia, que subieron 4,7% durante el periodo, y los asalariados informales, que aumentaron en 4,3%. En tanto, los asalariados formales no variaron durante el tercer trimestre de 2019, y los empleadores cayeron 4,7%. La informalidad laboral alcanzó a 2.601.000 trabajadores, lo que corresponde al 30,4% de los ocupados. Ese es el mayor nivel de ese indicador desde que la institución realiza la medición, a mediados de 2017. Las cifras de mayo de 2020 (11,2%) y las malas previsiones económicas para este año han llevado al BCCh a estimar cifras de paro de un mínimo del 25%. 

En la balanza fiscal de 2019 el déficit se situó cinco décimas por encima de lo previsto, alcanzando el 2,8%, igual cifra que en 2017 y 1,1 puntos porcentuales por encima del de 2018. Este aumento del déficit se explica por una parte por por la caída de los ingresos totales, que cedieron 1,1%. Los ingresos tributarios netos se redujeron un 1,4%, los pagos del resto de los contribuyentes cayeron un 2,5% y los traspasos de Codelco al Fisco se desplomaron un 37,8%, que no pudieron ser compensados por la mayor tributación de la minería privada, que se expandió en un 21,2%. Por su parte, el gasto público se expandió a tasas superiores a lo que esperaba el Gobierno: 4,2%, ocho décimas por encima de lo pronosticado.

En la Ley de Presupuestos para 2020 se contempla que la Agenda Social presentada por el Presidente tendrá un costo de 1.200 MUSD, un 1% por encima del gasto proyectado en la propuesta presupuestaria y que hará que el gasto público se expanda en un 3,8% en relación al año precedente. El objetivo del nuevo Gobierno era alcanzar un déficit del 1% en 2022, si bien para los presupuestos de 2020 el titular de Hacienda solicitó que el Congreso autorizara 1.272 MUSD adicionales para financiar la agenda social anunciada por el Presidente y también la reconstrucción del Metro. Adicionalmente, el anuncio del mal comportamiento de la economía en noviembre de 2019 llevó al Gobierno a anunciar un plan de reactivación que requiere de 5.500 MUSD. El 40% de la deuda será en moneda extranjera, que se complementará con 7.600 MUSD que provendrán de los activos del tesoro en moneda extranjera. Adicionalmente, los menores ingresos de hogares y empresas causados por la crisis sanitaria serán mitigados en parte por el plan de emergencia anunciado por el Gobierno. Dicho plan contempla recursos por 11.750 MUSD, de los que 1.500 MUSD proceden del "2% constitucional", mecanismo que está contemplado en la Constitución que permite decretar pagos no autorizados por ley cuando existan necesidades impostergables derivadas de una calamidad pública, por una cuantía máxima correspondiente al 2% de los gastos aprobados en el presupuesto. Este plan contiene un conjunto de medidas que buscan proteger el empleo y los ingresos laborales a través de la utilización del seguro de desempleo, inyectar liquidez al sistema productivo y medidas de apoyo a los ingresos familiares. Se suman iniciativas para postergar el pago de las cuentas de los servicios básicos. La segunda etapa del plan económico de emergencia va a suponer el desembolso de 5.000 MUSD adicionales, de los cuales 2.000 MSUD se financiarán con recortes al presupuesto y medidas de austeridad fiscal durante el año 2020 y que se destinarán al apoyo de las personas más vulnerables y los trabajadores informales, que se han visto afectados por la baja de la actividad económica y la imposibilidad de generar ingresos. Los restantes 3.000 MUSD se destinarán a movilizar el crédito para empresas con ventas anuales de hasta aproximadamente 31.000 €. En este escenario, el gasto público crecerá un 10,4% en 2020 con respecto a 2019, mientras que se estima una caída en los ingresos públicos del 11,8%, lo que impulsará el déficit público hasta alcanzar un 8,0% del PIB. Parte de las necesidades de financiación para el próximo año se estiman en 16.600 MUSD, que se cubrirán por medio de emisión de deuda por hasta 9.000 MUSD. La deuda bruta se elevará este año hasta alcanzar el 32,7% del PIB. Con el fin de asegurar la liquidez en el sistema financiero chileno, en caso de que requiera recursos adicionales a las reservas internacionales para adoptar nuevas medidas para resguardar la cadena de pagos, el BCCh solicitó en mayo al FMI una línea de crédito flexible por dos años por un monto de 23.800 MUSD, renovable, que la institución ha accedido a conceder.

El Plan de Emergencia aprobado en junio prevé un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia para que las familias de bajos ingresos puedan quedarse en casa en cuarentena; y más recursos para los municipios, para organizaciones de la sociedad civil, para material sanitario y para el seguro de paro. Su aplicación contempla mayores gastos corrientes, inversión pública adicional e incentivos tributarios a la inversión. La deuda pública bruta aumentaría de 28% del PIB a fines de 2019 a 43% a fines de 2022. Los Fondos Soberanos bajarían desde 9,5% del PIB a fines del año pasado hasta poco menos del 5% del PIB en 2022.

Por lo que respecta al comercio exterior de bienes, según datos del Banco Central, en 2019, las exportaciones alcanzaron los 69.889 MUSD (7,1% menos que en 2018) y las importaciones, 65.724 MUSD, un 6,8% por debajo del año anterior. El superávit comercial llegó a los 4.165 MUSD, un 10,3% menos que en 2018. Del total de exportaciones, 33.564 MUSD corresponden a envíos de cobre. Las exportaciones mineras representan un 52,2% del total y el valor de las exportaciones de cobre se redujo en un 6,9% interanual al tiempo que las exportaciones no mineras cayeron un 6,1% respecto de 2018. Las importaciones de bienes de consumo se redujeron en un 10,5%, al tiempo que las de bienes de capital y las de bienes intermedios cayeron en un 1,6% y un 6,4% respectivamente, en comparación con 2018. 

Se estima que a cuenta corriente registrará un déficit de alrededor de 10.933 MUSD en 2019 (3,9% del PIB) explicado por el saldo negativo de la renta (11.354 MUSD) y de servicios (5.097 MUSD), que no alcanzarán a ser compensados por el superávit de la balanza comercial y la de transferencias. 

En lo referente a la inversión extranjera directa (IED) en Chile, esta alcanzó en 2017 los 5.852 MUSD, poco más de la mitad que el año anterior y en 2018 se registró un cierto repunte, llegando hasta los 6.082 MUSD. El flujo de IED que recibió Chile en 2019 alcanzó los 11.928 MUSD, un 63% más que el año precedente. La inversión en cartera se dobló, hasta alcanzar los 11.737 MUSD, como resultado, entre otros factores, de colocaciones en los mercados internacionales de bonos tanto de empresas como del Gobierno, así como por la compra, por parte de no residentes, de títulos de renta variable en el mercado local. Si bien se preveía que debido a la inestabilidad provocada por el estallido social y los efectos de la pandemia la IED recibida iba a experimentar una caída del 7% en los próximos cinco años, a lo largo de los primeros cinco meses de 2020, la cifra alcanzó los 7.696 MUSD, un 68% por encima del mismo periodo en 2019, impulsada por los mayores movimientos registrados en participaciones de capital y en reinversión de beneficios. Por su parte, la inversión chilena en el exterior alcanzó los 8.428 MUSD en 2019.

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2016 2017 2018 2019
PIB
PIB (MUSD corrientes) 249.920 276.992  299.887 305.556
Tasa de variación real (%) 1,3 1,5  4,0  1,1
Tasa de variación nominal (CLP) (%) 6,0 6,2  5,3   5,5 
INFLACIÓN
Media anual (%) 3,8 2,2 2,4   2,5  
Fin de período (%) 2,7  2,3   2,6  3,0
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)  3,5 2,7  2,55  2,49 
Fin de período (%)  3,5 2,5  2,75   1,75 
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)  18.167 18.419 18.751  19.107
Población activa (x 1.000 habitantes)  8.748 8.978 9.077 9.189
% Desempleo sobre población activa 6,1 6,5 7,1  7,1 
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -2,8  -2,8  -1,7  -2,8
DEUDA PÚBLICA
en MUSD 53.365 68.938 70.247 74.393
en % de PIB 21,0 23,6  25,6 27,9 
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD 60.718 68.823 75.200 69.889
% variación respecto a período anterior -2,1 13,3 9,3 -7,1 
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD 55.855 61.472 70.555 65.724
% variación respecto a período anterior -4,7 10,1 14,7 -6,8
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD 4.864  7.351 4.645 4.165
en % de PIB 1,9  2,7  1,6  1,4 
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD -4.974 -6.445 -10.601 -10.933 
en % de PIB  -2,0 -2,3  -3,6  -3,9
DEUDA EXTERNA
en MUSD 164.815 180.449 184.548 198.104
en % de PIB  65,9 66,6 61,5  64,8 
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD  29.484 33.405 41.603 39.399
en % de exportaciones de b. y s.  42,0 42,9  48,9 49,7
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD 40.494  38.983  39.861 40.657
en meses de importación de b. y s. 7,1  5,9 5,6 7,4
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA recibida
en MUSD 12.136 6.128 7.323 11.928
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 676,9  649,3   640,3   702,6 
fin de período 667,3  615,2  695,7 744,6

Fuente: Banco Central de Chile
Última actualización: Cifras a abril de 2020

 

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Principales objetivos de política económica

El objetivo original del Gobierno era alcanzar un déficit del 1% en 2022, si bien existen varios riesgos para déficit más amplios: En primer lugar, la reforma tributaria, que permite a los dueños de negocios deducir los impuestos pagados por su compañía de sus propias cuentas de impuestos, y con la que se pretende estimular la actividad económica. En segundo lugar, la propuesta de reforma de pensiones, con la que se aumentaría las contribuciones del gobierno, aumentando así el gasto público. Y en tercer lugar la Agenda Social prometida por el Presidente, diseñada para reducir las diferencias sociales que hay en el país, además del Plan Económico de Emergencia diseñado para paliar los efectos de la pandemia sobre la economía chilena.

La política monetaria del Banco Central de Chile (BCCh) tiene como principal objetivo mantener una inflación baja, estable y sostenible en el tiempo. Su compromiso explícito es que la inflación anual se sitúe la mayor parte del tiempo en torno a 3% anual, con un rango de tolerancia de más/menos un punto porcentual. Para cumplir con esto, el BCCh orienta su política monetaria de manera que la inflación proyectada sea del 3% anual en el horizonte de política en torno a dos años. El control de la inflación lo realiza por medio de su mecanismo principal de actuación: el tipo de interés o tasa de política monetaria (TPM), que en 2019 se revisó en tres ocasiones, la última tras el estallido social, que se situó en el 1,75% y que en marzo de 2020 rebajó hasta el 0,5% ante los devastadores efectos sobre la economía de la expansión del covid-19.

Ante la importante subida del dólar a raíz del estallido social, el BCCh anunció que dedicará 200.000 MUSD para intervenir el mercado cambiario.

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Previsiones macroeconómicas

La propagación del Covid-19 ha provocado un profundo deterioro del escenario macroeconómico chileno. A la paralización de actividades de las empresas locales se suma la contracción significativa tanto de la demanda externa por las menores exportaciones chilenas, como de la demanda interna, debido al incremento del desempleo y la reducción de los ingresos de las economías  domésticas. El escenario base considera que Chile (al igual que el resto del Mundo) sufrirá una contracción de la actividad este año, pero recuperará tasas de crecimiento hacia el 2021, si bien todas las previsiones están sujetas a una incertidumbre mayor que la habitual. La dificultad de estimar cómo evolucionará la pandemia en Chile y cómo deberán ajustarse las medidas de control sanitario y consiguientemente los efectos que estas tendrán sobre la economía. La actividad comenzó a contraerse en la segunda quincena de marzo, incluso más que en la segunda mitad de octubre del 2019. Con ello se reduce el crecimiento del primer trimestre y se da inicio a la contracción que tendrá la economía en el segundo trimestre, que ya recoge las mayores restricciones ya aplicadas por las Autoridades. A partir de tercer trimestre, en la medida que la situación sanitaria mejore y se reduzcan dichas restricciones, dará comienzo al proceso de recuperación de la economía, lo que no evitará una contracción en términos anuales de la economía.

Estas proyecciones se basan en el supuesto de una reducción de las medidas restrictivas hacia la segunda mitad del año, además de que los grandes proyectos de inversión retomen su normal desarrollo y de que el encauzamiento institucional de la crisis social reduzca la incertidumbre y evite nuevos episodios de violencia. A ello se suma que tanto el paquete de estímulo fiscal como la política monetaria expansiva ayudarán a contener los efectos negativos de la crisis sanitaria en los ámbitos económico y financiero. Suponiendo, además un rebrote en las exportaciones del país, las Autoridades del BCCh estiman que en 2021 el PIB se recuperará y crecerá entre el 3,75 y el 4,75%, para continuar su expansión en 2022 a tasas entre el 3,0 y 4,0% anual.

En lo que se refiere a la inflación, en el corto plazo se va a ver afectada por la significativa caída en el precio del petróleo y por la depreciación del peso, que responde no tanto a factores internos como a la propia apreciación del dólar. En este sentido, el BCCh estima que su traspaso a los precios locales debiera ser menor. En este escenario, la inflación tendrá una trayectoria descendente en los trimestres venideros, bajando desde el registro de 3,9% en febrero a valores cercanos a 3% anual en el último trimestre de este año, para luego fluctuar en torno a ese valor en el 2021. Cabe destacar que la recuperación de los precios de los combustibles previsto para el 2021 será el principal responsable en explicar el incremento transitorio que se prevé para la inflación en dicho año. La inflación subyacente fluctuará en torno al 3% durante gran parte del horizonte de proyección.

La amplia diversificación sectorial de la presencia española en Chile tanto en materia comercial como de inversión, hará que nuestras relaciones bilaterales con el país se ven afectadas en la medida en la que los sectores de la economía chilena vayan acusando los efectos de la crisis.

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Política fiscal y presupuestaria

Fue 2013, con un déficit presupuestario del 0,6% del PIB, el año en el que se invirtió la tendencia superavitaria de las cuentas públicas chilenas. Desde ese año los ingresos del Gobierno Central fueron disminuyendo como consecuencia de la caída en el precio del cobre, la principal fuente de financiación del Estado, así como por una menor recaudación tributaria.

Este patrón se repitió en 2014, 2015, 2016 y 2017, a pesar de que la tributación de la gran minería privada se multiplicó por 66 en 2017 con respecto al año precedente, y en general los ingresos públicos crecieron en un 4,7%, los gastos lo hicieron de manera similar. En 2018, como ya se ha indicado, el déficit público se situó en el 1,7%, gracias a la recuperación de la actividad minera, así como a la venta de parte de las acciones de SQM, que reportó unos impuestos de mil millones de USD para el erario público.  

Como se ha dicho, la Ley de Presupuesto para 2020 establece un aumento del 3,8% del gasto público, pues contempla un monto de 1.200 MUSD adicionales a lo propuesto inicialmente, que se destinarán a la implementación de la Agenda Social anunciada por el Presidente, diseñada para paliar las grandes diferencias sociales que sufre el país. El documento contempla 18 puntos de acuerdos y ajustes, entre los que se contempla aumentar en 50%, desde el 1 de enero de 2020, las pensiones básicas solidarias para las personas mayores de 80 años, una rebaja del 50% de tarifa normal en todos los servicios de transporte público, sobre el precio vigente al 1 de noviembre 2019, para todos los pensionistas mayores de 65 años o el aumento del gasto sanitario per cápita en un 8%.

A estas medidas es necesario añadir el Plan Económico de Emergencia aplicado en respuesta a la crisis provocada por la expansión del Covid-19, que en sus dos etapas va a ascender a 16.750 MUSD. Solamente estas medidas suponen un aumento del gasto público en un 8,5%. Las previsiones del Gobierno es que la menor actividad económica de 2020 causará una caída en el ingreso público de 3.000 MUSD, con la consiguiente consecuencia sobre el déficit público, proyectado en un 8,0% del PIB.

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Política monetaria

El Banco Central de Chile es un organismo autónomo, de rango constitucional, de carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida.

La política monetaria del Banco Central de Chile (BCCh) tiene como principal objetivo mantener una inflación baja, estable y sostenible en el tiempo. Su compromiso explícito es que la inflación anual se sitúe la mayor parte del tiempo en torno a 3% anual, con un rango de tolerancia de más/menos un punto porcentual. Para cumplir con esto, el BCCh orienta su política monetaria de manera que la inflación proyectada sea del 3% anual en el horizonte de política en torno a dos años. El control de la inflación lo realiza por medio de su mecanismo principal de actuación: el tipo de interés o tasa de política monetaria (TPM), que en 2019 se revisó en tres ocasiones, la última tras el estallido social, que se situó en el 1,75%. Adicionalmente, con el nuevo escenario surgido con la expansión de la pandemia, se han reducido de forma relevante las presiones inflacionarias a medio plazo, con lo que la convergencia de la inflación a la meta de 3% requiere que la política monetaria se mantenga en esta posición altamente expansiva por un extenso periodo de tiempo. En línea con esto, durante marzo el BCCh redujo la TPM hasta situarla en 0,5%, su mínimo técnico. Al mismo tiempo ha indicado que seguirá implementando las medidas necesarias para promover el adecuado funcionamiento de los mercados financieros, y el cumplimiento de los objetivos de inflación y estabilidad financiera .

Otro de los cometidos del BCCh es controlar las variaciones bruscas del tipo de cambio, que se ha visto afectado por la crisis social. En este sentido, la entidad ha ido inyectando liquidez desde el 2 de diciembre de 2019, siendo la fecha que inicialmente se fijó como límite fines de mayo del 2020. La mitad irá para venta de dólares spot y el resto para la venta de instrumentos de cobertura cambiaria.

 

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

El presidente Sebastián Piñera presentó un programa electoral base titulado “Tiempos Mejores”, en el que el Presidente dividía sus propuestas en cuatro ejes centrales: educación y crecimiento económico, salud y superación de la pobreza, seguridad y modernización del Estado, y mejora en la calidad de vida.

Dicho programa busca promover y compatibilizar cuatro principios fundamentales: libertad, justicia, progreso y solidaridad y uno de los principales objetivos es sentar las bases para hacer de Chile uno de los 30 países más desarrollados del mundo dentro de los próximos ocho años.

Sin embargo, las protestas masivas han obligado al Presidente a diseñar un nuevo plan de actuación, con mayor incidencia en las políticas sociales, que se ha consensuado con la oposición y que ya se contempla en la Ley de Presupuestos de 2020. Dichas medidas incluyen: 

- la mejora de las pensiones a adultos mayores

- la creación de un Ingreso Mínimo Garantizado de 350.000 CLP (aproximadamente 400€) mensuales para todos los trabajadores con jornada completa, que complementan el salario de los trabajadores a jornada completa, cuando sea inferior a esa cifra

- estabilizar precios de servicios básicos como la electricidad, y próximamente precios del agua y los peajes de las autopistas

- la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza 9,2% de la electricidad

- fortalecer el Fondo Común Municipal estableciendo mayores aportes de las comunas de mayores ingresos, en beneficio de las comunas de menores ingresos, reducir precios de medicamentos

- asegurar un techo al gasto de salud de las familias, de modo que el gasto que exceda a ese techo será cubierto por el Seguro de Enfermedades Catastróficas

- la creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas superiores al equivalente a 11.000 € mensuales

- la reducción de las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública y reducción en el número de los parlamentarios y limitación de las reelecciones.

La mala cifra del IMACEC de noviembre de 2019 llevó al Gobierno a anunciar un plan de reactivación económica, que implicará un desembolso fiscal de 5.500 MUSD y se desarrollará hasta 2022. Entre las medidas destacan: 

- Reconstrucción (excluyendo el Metro) por un valor de 855 MUSD, a los que se añaden proyectos de inversión en regiones por 480 MUSD, construcción de viviendas y mejora de barrios por 350 MUSD, tren de cercanías Santiago-Melipilla por 1.500 MUSD repartidos en cinco años, entre otras.  

- Políticas de protección del empleo: para aquellas empresas que acrediten que su actividad se ha visto afectada por la crisis, los empleadores y los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía (protección económica en caso de desempleo) podrán pactar jornadas reducidas, en cuyo caso los trabajadores podrán obtener un complemento de sus sueldos procedente del seguro de cesantía. Adicionalmente se va a fortalecer el seguro mediante el aumento de la tasa de reemplazo y la eliminación de barreras de acceso al mismo. 

- Apoyo a minipymes, mediante la devolución anticipada del impuesto sobre la renta, el establecimiento de facilidades para el pago del IVA, la creación de un régimen especial de 18 meses de donaciones y la capitalización del Banco Estado  para facilitar el acceso al crédito por parte de las empresas de menor tamaño.

El avance del Covid-19 ha forzado al Gobierno a diseñar un Plan Económico de Emergencia que, según el Ministro de Hacienda tiene tres ejes de acción: la protección de los empleos, la inyección de liquidez para las empresas con especial énfasis en las pymes, y apoyar los ingresos de las familias más vulnerables, tal y como se detalla:

1. Medidas de protección del empleo y los ingresos laborales

a. Ley de Protección de los Ingresos laborales: en los casos en los que sea imposible teletrabajo se permitirá la suspensión temporal de las funciones de un trabajador en la empresa, así como el pago de sus remuneraciones por parte de su empleador. En estos casos, se mantendrá el vínculo contractual y todos los derechos laborales, pero el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de desempleo de acuerdo a las reglas de uso vigentes. Por su parte, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador.

Para garantizar la sostenibilidad del fondo de desempleo solidario, el Fisco entregará, a medida que este lo requiera, hasta 2.000 MUSD.

b. Proyecto de Ley para la protección del empleo: Se pondrá discusión inmediata al proyecto que permite la reducción de la jornada laboral en hasta un 50%, permitiendo que el fondo solidario del seguro de desempleo complemente los ingresos del trabajador para que estos no caigan bajo el 75% de su renta.

2. Medidas de liquidez para el sistema productivo

2.1 Medidas tributarias

a. Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas hasta junio de 2020. Esta medida permitirá inyectar liquidez a 700 mil empresas por hasta 2.400 MUSD hasta entonces.

b. Postergación del pago del IVA hasta junio de 2020 para todas las empresas con ventas menores al equivalente a 31.000 €, posibilitando su pago en 6 o 12 cuotas mensuales a tasa de interés real cero, dependiendo de su tamaño. Esto permitirá inyectar liquidez por hasta 1.500 MUSD a 240.000 empresas durante el segundo trimestre.

c. Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes: las empresas PYME recibirán su devolución en el mes de abril. Esto permitirá entregar mayor liquidez a más de 500 mil empresas PyME (ventas hasta UF 75.000 anuales) por 770 MUSD.

d. Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las pymes de acuerdo a lo que declaren en la operación renta de abril  se 2020. Esto les significará liberación de recursos en caja por 600 MUSD a 140.000 Pymes.

e. Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a 133 millones de pesos. La contribución postergada será pagada en tres cuotas, junto con las siguientes tres cuotas de contribución, aplicándose una tasa real de interés de 0%. Esto involucra movilizar recursos por 670 MUSD. El fisco compensará los menores ingresos municipales transitorios.

f. Reducción transitoria del impuesto timbre y estampillas a 0% para todas las operaciones de crédito hasta septiembre. Esto reducirá el costo de financiación para familias y empresas. Esta medida tiene un costo fiscal de hasta 420 MUSD.

g. Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República focalizadas en las pymes y personas de menores ingresos: se otorgará flexibilidad para celebrar convenios de pago de deuda tributarias con la Tesorería General de la República, sin intereses ni multas.

h. Todos los gastos de las empresas asociados a afrontar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto tributario.

i. Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar declaraciones juradas asociadas a la operación renta de este año.

2.2. Otras medidas de liquidez para las Pymes

a. Aceleración de pagos a proveedores del Estado: A principios de abril se pagarán al contado todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago, generando liquidez inmediata de 1.000 MUSD. A su vez, toda factura que se emita en adelante al Estado será pagada antes de 30 días (500 MUSD mensuales). Esta es la primera etapa de la agenda pago centralizado.

b. Nueva capitalización del Banco Estado por 500 MUSD: Estos recursos se destinarán principalmente a otorgar financiación a las personas y las Pymes. Esta medida incrementará la capacidad crediticia del Banco Estado en aproximadamente 4.400 MUSD.

3. Medidas de apoyo a los ingresos familiares

a. Bono de Apoyo a los Ingresos Laborales, equivalente al bono subsidio familiar, beneficiando a 2 millones de personas sin trabajo formal. Esta medida tendrá un costo total de 130 MUSD.

b. Creación de un fondo solidario de 100 MUSD millones destinado a atender emergencias sociales derivados las caídas de ventas del micro comercio local, fondos que serán canalizados a través de los municipios.

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