Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

El tejido económico de la República Dominicana ha cambiado de forma significativa en tiempos recientes, pasando de una economía donde más del 50% del producto interno bruto (PIB) lo generaban el sector primario y secundario, a otra de servicios, merced al despliegue de actividades como las Comunicaciones, el Turismo, la Construcción o el Transporte. Así, a título ilustrativo, lo que los dominicanos gastan en comunicaciones hoy día supera al valor de la producción agropecuaria. Ello significa no solo un cambio en la estructura económica sino en los hábitos de consumo y en el propio estilo de vida de los habitantes.

El Sector Primario ha disminuido su participación en el PIB a la mitad desde 1993; lo propio sucedió con la Producción Industrial y manufacturera cuya participación es hoy del 23%. De forma recíproca, en dos décadas los Servicios han saltado del 47,6% al 62,1%, lo que conlleva desarrollo y modernización del entramado económico. Entrando brevemente en algunos renglones, cabe reseñar ciertas características de interés:

La producción agropecuaria se destina esencialmente al mercado interno y los cultivos corresponden a bienes de consumo tradicional. Se va desarrollando cultivo de calidad de ciertas frutas, hortalizas y verduras en invernaderos, enfocado a la exportación y al suministro de las cadenas hoteleras.

La minería, que oscila en entre el 1,7% y el 1,9% del PIB, según los años, y la dominan el oro y el ferro-níquel. Tras un repliegue, resurgió en 2016. Existe también actividad extractivas de cantería de mármol y producción de grava y arena cuyo ritmo va ligado al de la construcción.

El Sector Industrial puede dividirse en dos grandes grupos que, en gran medida, son compartimentos estancos a efectos de gestión, emplazamiento y mercados objetivo: el fabril de las Zonas Francas, y la industria denominada "nacional". Las primeras se centraron en la confección textil para Estados Unidos y llegaron a ser pieza esencial del modelo de crecimiento que se adoptó. Cuando USA levantó progresivamente las barreras que sufrían los textiles de China, Indonesia, Vietnam o Malasia, las Zonas Francas dominicanas se reorientaron lentamente hacia productos de óptica, calzado, bisutería y material médico, desechable, entre otros.  Albergan hoy más de 680 empresas y responden de más de la mitad de la exportación.

La construcción genera una porción limitada del PIB al haber sido escasa la contratación de obra pública. Empero, la edificación conoce un fuerte crecimiento empujada por estímulos oficiales para reducir el gran déficit de vivienda social y centros educativos.

Dentro de los servicios, la hostelería dirigida al Turismo es pilar clave en el modelo de desarrollo dominicano, habiéndose configurado como imprescindible: tanto desde el punto de vista del producto interno y del empleo, como de la captación de divisas. Las cadenas hoteleras internacionales dominan el parque de 80.000 habitaciones de alto nivel. El sector de telecomunicaciones se ha desarrollado notablemente y mantiene dinamismo en telefonía móvil e internet apoyado en la introducción de banda ancha y el cambio de señal de TV.

Según declaraciones oficiales, el abanico empresarial dominicano comprende en torno a 1,5 millones de empresas, de las cuales el 90% son informales, según el Viceministro de Fomento a PYMES. Unos pocos cientos son entidades medianas o grandes, (acerías, cementeras, alimenticias, bancos y entidades financieras, comerciales y agrícolas); 20.000 son PYMES; el resto son microempresas de tipo familiar (dedicadas mayormente a comercio minorista de alimentación y bebidas, pero también al ensamblaje, forja, madera, talleres de reparación, cantería y servicios diversos), compuestas muchas veces por uno o dos trabajadores-. En su conjunto, las empresas pequeñas aportan el 39% del PIB y mantienen 2,2 millones de empleos, en su gran mayoría informales. Según queda dicho, en el curso de las dos últimas décadas, el sistema productivo dominicano se ha ido transformando paulatinamente en una economía dominada ampliamente por el sector terciario.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

2. PIB: SECTORES Y DESTINOS ( % )   2016   2017   2018
A) SECTORES GENERADORES
Agropecuario  5,8  5,7  5,5
    Agricultura  4,0  3,9  3,7
    Ganadería, Silvicultura y Pesca  1,8  1,8  1,7
Industria  24,4  24,8  25,8
     Minería  2,0  1,9  1,7
     Manufacturas  13,3  13,1  9,8
     Construcción  9,1  9,8  10,9
Servicios  62,3  62  61
     Comercio  8,7  8,5  8,4
     Hostelería y restauración  7,9  7,9  7,6
     Transporte  8,1  8,2  8,2
     Comunicaciones  1,1  1,1  1,1
     Energía y agua  2,3  2,2  2,1
     Finanzas  4,7  4,6  4,5
     Alquiler de vivienda  8,3  8,2  7,8
     Enseñanza  5,7  5,9  5,8
     Salud  3,2  3,2  3,4
     Administración Pública  4,6  4,8  4,8
     Otras actividades de servicios                      7,6  7,4  7,2
Impuestos a la producción  7,5  7,5  7,5
B) DESTINOS - UTILIZACIÓN
Consumo  82,1  81,4  80,5
    Consumo Privado  69,9  69,3  68,2
    Consumo Público  12,2  12,2  12,3
Formación bruta de capital fijo  21,9  21,8  24,4
Exportaciones de b. y s.  24,9  24,8  25
Importaciones de b. y s.  - 28,9  - 28,1  - 29,9

Fuente: Banco Central y ONE

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Los indicadores de coyuntura  señalan una atenuación del PIB a 3,7% para el segundo trimestre de 2019  y  un 4,7% para los seis primeros meses. La exportación ha frenado su ritmo durante los primeros 8 meses: 4,1% de crecimiento en conjunto y 0,5% en las zonas francas. Durante el semestre el peso se ha depreciado 1,5% mientras y la inflación acumulada fue 2%. La tasa ponderada de interés bancario en octubre se encontraba por encima del 13,2%.

Preocupado por la ralentización, debida en parte al frenazo súbito del turismo, el B. Central bajó en julio su tasa de política monetaria al 5%, continuando la bajada hasta  septiembre y octubre mese en los que ha permanecido en  un 4,5%. Además, en mayo se redujo el encaje bancario y de nuevo en julio dejándolo en el 10,6% para la Banca y 6,4% para las Asociaciones de Préstamos, permitiendo computar como encaje 700 M$ de préstamos otorgados para vivienda económica, que en agosto ha extendido también a pisos de precio más alto. En el ámbito fiscal, el déficit público consolidado, incluyendo el eléctrico (- 665 M$ este año) y las cuentas sin pagar, excede seguramente -4% del PIB, a pesar de seguir bajando la porción relativa de la inversión dentro del gasto público. Para cubrir el déficit de tesorería, se emitieron en mayo 1.500 M$ de bonos en dólares al 6,5% para 30 años, más otros 1.000 M$ denominados en pesos. Además el 15 de septiembre el BC inyectó en coordinación con los bancos comerciales 100 millones de dólares al mercado cambiario para paliar la situación de incertidumbre internacional.

Mediante  declaración presidencial en febrero duplicó el salario mínimo administrativo y subidas apreciables para las demás escalas en el sector público incidirá igualmente sobre el déficit público al afectar a 650.000 empleados. A ella se sumó en julio el Comité Nacional de Salarios aprobando un alza del salario mínimo en 14%; lejos del 25% solicitado por los sindicatos, pero no ligado a la reclasificación de empresas que los empresarios buscan para disminuir nóminas En RD el SMI depende del tamaño de la empresa). Estas subidas tendrán impacto sobre la demanda de consumo y podrán paliar el frenado actual del PIB, provocado por el retroceso de las reservas turísticas en los 3T ante la preocupación extendida en USA sobre la inseguridad física en República Dominicana, el empeoramiento del saldo comercial y el parón de decisiones estos meses por la lucha desatada por las candidaturas presidenciales.

El FMI en su seguimiento bajo el Art. IV, declaró en junio que la situación general es satisfactoria .No obstante, recomendó de nuevo a recapitalizar el Banco Central, resolver el problema eléctrico, aumentar el nivel de reservas de divisas y aplicar contención presupuestaria para frenar el aumento de la deuda pública que pronostica ya en 54,5% y, sobre todo, el elevado peso de su servicio (solamente los intereses absorben ya el 3,4% del PIB) .

En 2018 el PIB retomó impulso creciendo en 7%  liderado por los sectores de Comunicaciones (+12,3%), Construcción (+12,2%), Salud (8,8%) y Comercio (8,3%), Zonas Francas (+8,1%).  La Minería cayó -1,3% al bajar la producción de oro en -7,3%. Los préstamos al sector privado aumentaron un 10,7% aunque el tipo de interés ponderado siguió alto: 12,06% de media anual y 14,5% a fin de año. No obstante, el contexto fue de baja inflación (1,2% para los 12 meses) y cediendo el peso dominicano 4,2% respecto al dólar.

El crecimiento importador fue notable (14% llegando a 20.209 M$), acompañado de un menor crecimiento de las exportaciones. Este mayor gasto lo paliaron unas mayores remesas  de emigrantes (6.494 M$) y el turismo (7.561 M$ con 6.5 M de turistas anuales incluyendo los dominicanos expatriados). El déficit de balanza corriente se situó en -1,5% del PIB. La IED  retrocedió en 30% quedando en 2.513 M$; pero, sumada  a la de cartera (bonos de deuda gubernamental esencialmente), ayuda a enderezar la balanza total. Las reservas a final de año equivalían a 3,6 meses de importaciones, aunque sigue el problema recurrente de escasez de acceso a divisas para importaciones que los empresarios denuncian y que el BC rechaza mientras inyecta periódicamente dólares al mercado para paliarlo.

Por lo demás, el anuncio de acuerdos alcanzados durante el viaje presidencial a China, incluidos 600 M$ de préstamo para mejoras eléctricas así como arreglos para aumentar el turismo en grupo y otros movimientos de posibles proyectos de grandes corporaciones estatales chinas, preocupan por la dependencia que ello puede entrañar, y porque le conferirán un papel preeminente en el sector desplazando progresivamente al BEI y los multilaterales.

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2015201620172018
PIB
PIB (MUSD/M€ a precios corrientes)68.88972.41876.26084.837
Tasa de variación real (%)76,64,67
INFLACIÓN
Media anual (%)2,31,74,21,2
Fin de período (%)0,13,512,3-0,2
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)55,55,255,5
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población10,110,210,210,3
PIB per cápita (Dólares US)6.7367.1557.4258.160
Desempleo5,55,45,55,8 (*)
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB-4,6-4,3-4,6-4,6.
DEUDA PÚBLICA
en % de PIB48,52152,2N.D.
EXPORTACIONES DE BIENES
en M dólares US9.3989.84010.12110.908
Tasa de variación anual-54,72,87,8
IMPORTACIONES DE BIENES
en M dólares US16.86317.39817.77020.209
Tasa de variación anual-2,43,11,814,2
SALDO B. COMERCIAL
en M dólares US-7.465-7.559-7.579-9.301
en % de PIB-11,1-10,5-10,2-11,5
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en M dólares US-1.282-1.077-165-1.137
en % de PIB-2-1,5-0,2-1,5
DEUDA EXTERNA (1)
en M dólares US26.63228.03129.772N.D.
en % de PIB39,639,139N.D.
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA (1)
en M dólares US5.2273.4553.025N.D.
RESERVAS INTERNACIONALES
en M dólares US5.1956.0476.7807.628
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en M dólares US2.2932.5933.5702.513
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
Media anual4546,147,949,4
Fin de período45,546,74850

Fuentes: Banco Central, Mº de Hacienda, FMI, B.Mundial (1) 

 (*) La tasa es 14,1% al incluir los dispuestos a trabajar que no buscan activamente empleo

(**) Gobierno + Banco Central   

 

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Principales objetivos de política económica

En política monetaria, el principal empeño de la autoridad es defender un cambio elevado para el peso con el fin de contener el contravalor en pesos del servicio de la deuda. Utiliza para ello el tipo de interés de intervención (TPM), el control de la disponibilidad de dólares en el mercado y la emisión de bonos domésticos y medios de persuasión a la banca y aseguradoras para que los suscriban. La flexibilidad de cálculo del encaje desde 2016 permitiendo computar en él cualquier préstamo que tenga fines productivos, unida a la reducción del coeficiente reflejaron preocupación oficial por el menor pulso del PIB. Pero el recalentamiento de la inflación en 2018 movió a devolver en agosto 2018 la TPM  al nivel de 5,5%, siendo rebajado de nuevo al 5% en junio 2019.

Se viene aconsejando desde hace tiempo recapitalizar el Banco Central, para eliminar el déficit público de carácter financiero. Al igual que otras recomendaciones (flexibilizar las intervenciones en el tipo de cambio, eliminar subsidios eléctricos,  promover firmemente la competencia...), el Gobierno arrastra los pies aplicandolas de forma lenta y parcial, debido a su coste socio-político. Por eso, entre otras coas, no cabe esperar un nuevo acuerdo Stand-by con el FMI.

En materia presupuestaria un reto es reducir los déficits consolidados anuales (-4,5% del PIB) para que la deuda deje de crecer al ritmo que lo ha venido haciendo. La tarea se ve dificultada por el salto de su propio servicio, el déficit anual del Banco Central y el subsidio eléctrico, entre otros. Otro reto debería ser sustituir gasto corriente por gasto público de inversión cuyo peso es ínfimo hoy día. En la próxima legislatura debería abordarse una reforma del sistema impositivo con vistas a aumentar ingresos y progresividad. No obstante, las reticencias son fuertes y se supedita a un pacto previo sobre el sector eléctrico, el cual a su vez fracasó de nuevo en febrero 2019.

En el orden estructural siguen pendientes aspectos heterogéneos que frenan el desarrollo del país cuales son la debilidad institucional, la elevada criminalidad, la baja productividad, la inseguridad jurídica  y la corrupción, que creció con fuerza en la última década, hasta hacer estallar el escándalo de Odebrecht que viene dominando los medios de comunicación desde 2017 aunque sin consecuencias penales todavía.

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-30 cita múltiples objetivos, enfatizando la reducción de la pobreza y del analfabetismo. En todo caso, el margen de maniobra para satisfacer las metas mediante inversión pública es muy limitado ante el crecimiento del gasto corriente en los Presupuestos llegando al 11,6% del PIB en 2018 contra apenas 2,7% para la inversión pública. En julio 2019 el Decreto 249-19 crea un Fondo de Cohesión Territorial que, bajo un Comité presidido el MEPYD, recibirá a partir de 2022 el 1% de los gastos de capital del presupuesto para intentar reducir las disparidades  en servicios básicos y previsión confiando de camino en mejorar con él la calidad de la inversión pública.

A lo anterior a se agrega un reciente énfasis en las exportaciones y la atracción del IED, que se articula capacitando a los diplomáticos en materia comercial, lanzando un Plan de Apoyo a la Exportación y refundando el CEI-RD al introducir la marca PRODOMINICANA.

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Previsiones macroeconómicas

El desempeño económico dominicano ha sido muy positivo en los últimos años, apoyado en estabilidad política y a pesar de las repercusiones del grave escándalo de Odebrecht. Tras la recuperación del P.I.B. en 2018 con la construcción y las comunicaciones como motores principales, se prevé una moderación del auge:  aun si no ocurren subidas en los crudos y en los tipos de interés, el menor tono del Turismo y quizá de las remesas de emigrantes y la emigración observados durante el 1S de 2019 mueven a pensar que la tasa el PIB pudiera no alcanzar el 5% este año: menos de lo pronosticado por el FMI, pero todavía el doble del conjunto del Caribe. Luego, en los ejercicios posteriores hasta 2022, el avance anual podría rondar el 4%.

Durante su última visita los funcionarios del Fondo se mostraron complacidos en cuanto a la política monetaria y a la perspectiva a medio plazo, salvo en cuanto a la deuda y déficit públicos. El organismo viene sugiriendo flexibilizar el mercado de cambios y restringir discrecionalidad en las intervenciones del BC, aunque hay pocos visos de conseguirlo pronto. También insiste en la necesidad de contener el déficit fiscal y frenar el aumento de la deuda y su servicio.

El déficit público consolidado se mantendrá este año en torno a -4% del PIB, lastrado por la creciente carga del servicio de la deuda (42% de los ingresos fiscales ya) y por el importante déficit del Banco Central. Añadiéndole las facturas por pagar y los subsidios eléctricos, el faltante total rondará -5% del PIB. Las cosas se complican además, por la necesidad de revigorizar el gasto de inversión, cosa que pudiera suceder en un año electoral como será 2020. La Dirección de Impuestos por su lado confía en paliar algo el problema mediante mejoras recaudatorias. En todo caso, las emisiones de bonos para cubrir el agujero siguen colocándose sin dificultad ofreciendo primas del 6% para la de 10 años en dólares, como fue la más reciente.

El manso comportamiento de la inflación subyacente permite pensar en una evolución de los precios no mayor del 4% hasta 2021, si el petróleo mantiene una tónica moderada. Pero la promesa presidencial en marzo 2019 de duplicar el salario mínimo en la Administración y elevar los de niveles superiores presiona el índice al inducir también subidas en los sector privado. El peso posiblemente siga su deslizamiento de -4% o -5% anual respecto al dólar durante 2019 y 2020.

En Balanza de Pagos, el saldo Corriente seguirá aumentando en los años próximos hasta -2,6% en 2023, según el FMI, ante el estancamiento relativo de las exportaciones de bienes (que seguirán representando un  13% del PIB hasta el año 2023)  un crecimiento ya suave del ingreso por turismo y otros servicios, y la posible moderación del ritmo de aumento de las remesas. En cuanto a la Balanza de Capital, las entradas por IED se mantendrán posiblemente en 3% del PIB hasta 2021. Las complementa la inversión de cartera procedente de la suscripciones de bonos que el Estado coloca en el exterior para cubrir su déficit de tesorería.

La deuda pública consolidada rozará el 53 % del PIB en 2019 y quizá 58% en 2022. Su servicio también crece al compás de las nuevas emisiones de bonos (6.000 M$ en dos años), pero el papel dominicano sigue suscribiéndose sin dificultad y la atención de amortizaciones e intereses no causará excesivo problema. El sector financiero se halla saneado en general con morosidad estabilizada en torno al 1,6%, y el crédito a la economía continuará aumentando seguramente a ritmo superior a 11%; eso sí, con altos intereses y apoyado en el ímpetu de los proyectos hoteleros y turísticos, donde los tres primeros bancos tienen ya una cartera próxima a 2.000 M$.

Todo sumado, República Dominicana sigue atravesando una etapa bonancible en lo económico. El lado sombrío está, por un lado, en la baja calificación como lugar para desarrollar negocios (puesto 102º en 2019) y, de otro, en la pésima distribución de renta y riqueza, que persiste sin apenas mejoría como indicaban estudios regionales que situaban a un tercio de los habitantes en situación de fragilidad para caer la pobreza  y más del 5% en la extrema pobreza, por más que el Gobierno presenta los datos en forma menos desfavorable. Para paliar la situación, unos proponen una reforma fiscal progresiva y el Gobernador del B.C. solicita alzas en los salarios del sector privado (el 71% de las nóminas formales no alcanza 300 € mensuales). Sin embargo, las conversaciones bienales en el Comité de Salarios volvieron a romperse en 2019n lo mismo que en 2019 cuando el Gobierno hubo de decretar un aumento del 20% que colocó el salario mínimo entre 180 € y 290 €, dependiendo del sector. De todas formas, al ser informales el 56% de los empleos la repercusión general de la subida es menor. En la medida que ello marca pauta para el resto de los sueldos, la demanda de consumo se verá beneficiado y contribuirá a sostener aumentos del P.I.B.

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Política fiscal y presupuestaria

En el ámbito de las cuentas públicas, una primera peculiaridad distintiva de la República Dominicana es la existencia de un déficit cuasi-fiscal vecino a -2% del PIB, procedente del que genera el Banco Central y, por otro, de las subvenciones al sector eléctrico y otras deudas por pagar. Por ellos, una visión cabal del cuadro presupuestario exige contabilizar no solo el déficit gubernamental (-2,7% del PIB durante 2018 para el Gobierno Central), sino el consolidado. Incluyendo la amortización de deuda, el coste financiero extra de las centrales térmicas en construcción por el Estado y las facturas por pagar, el faltante financiero consolidado del sector público ronda el -5% del PIB; muy lejos del que suele reseñarse haciendo referencia al denominado sector público no financiero. En buena parte, el faltante anual se cubre colocando papel denominado en dólares que actualmente paga 6,5% en los bonos a 30 años.

Del lado de la ejecución, resulta habitual que el gasto aprobado por el Parlamento sea rebasado por distintas unidades administrativas, obligando a Hacienda a buscar financiación adicional en curiosa competencia con las emisiones que el Banco Central lanza para cubrir su propio déficit. Son también regulares las enmiendas presupuestarias de última hora, en diciembre como la de 2018.  En el gasto total domina el de carácter corriente (84%) por  vía de subvenciones, sueldos (32%)  y consumos. La porción de la inversión pública baja cada año y apenas toma el 13% (2,7% del PIB).

La estructura del ingreso viene dominada por los impuestos indirectos sobre bienes y servicios, destacadamente el ITBIS sobre el valor añadido, seguido del recargo a los hidrocarburos. El impuesto sobre la renta y ganancias del capital recauda el 26%, mientras que los gravámenes al comercio exterior han dejado de jugar el papel crucial que tuvieron. La presión fiscal es muy baja: 13,7% aunque medidas aplicadas a la recaudación están logrando aumentarla (11,5% durante 2018, p.ej.). De nuevo este año la misión del FMI bajo el art. IV declaró en marzo 2019 la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto; reducir subvenciones sociales; establecer mercados laborales más eficientes y simplificar el sistema impositivo. En visitas anteriores recomendó fijar un tope para el cociente deuda/PIB; y conseguir saldo primario positivo para evitar que aquélla siga creciendo como en los tiempos recientes.

El gasto aprobado para 2018 en las Cámaras fue 921.810 M pesos; el de 2018 fue 863.000 millones (19% del PIB).  Se trata en su casi totalidad de gasto corriente, intereses y amortización de deuda, quedando un monto residual (9%) para inversión que, además volvió a decrecer 6% en 2018.  La gestión laxa de la presente década ha ido elevando la deuda pública haciendo que hoy sus intereses disipen el 3,1% del PIB y su amortización otro 3,3%. La necesidad de contener el avance de la deuda va calando gracias a críticas recurrentes en los medios. El FMI lo reitera en cada misión, incluida la de marzo 2029, prescribiendo un reajuste presupuestario sustancial cuyas directrices o sugerencias no se han hecho públicas todavía. Aunque la facilidad de suscripción de bonos de deuda en las últimas emisiones libra al Gobierno de recurrir al Fondo para sus necesidades anuales de financiación, las cosa podrían cambiar; en tal caso habría de plegarse a las indicaciones de control de gasto.

Por lo demás, se habla de cuando en cuando de un pacto con el empresariado para una reforma fiscal dirigida a aumentar la recaudación, ensanchar la base de contribuyentes y reducir subvenciones, comenzando por las energéticas. Pero ni se ha hecho en esta legislatura ni será fácil alcanzar uno de verdadero calado en la siguiente, si gana de nuevo el PLD. Menos probable aún es que la ocasión se aprovechase para introducir mayor progresividad en los impuestos sobre renta y sociedades en orden a paliar la profunda desigualdad en la distribución de renta y riqueza. Otra idea pendiente es la constitución de un Fideicomiso Vial para estimular la colaboración público-privada en carreteras.

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Política monetaria

La política monetaria está encomendada al B.C. y la Junta Monetaria. Con frecuencia, el objetivo determinante de su actuación es el control del tipo de cambio más que la inflación. Ello deriva de que buena parte de la deuda pública está denominada en dólares. El empeño por mantener apreciado al peso conduce a intervenciones continuas en el mercado que suscitan escasez recurrente de divisas para los importadores en la banca comercial. El peso se devalúa entre un 3% y un 5% al año respecto al dólar. Por otra parte, es característico de República Dominicana restringir liquidez presionando a la banca y fondos de pensiones para que suscriban buena parte de la deuda pública, lo que detrae recursos prestables a la industria y PYMES.

El  FMI ha venido señalando la conveniencia de implantar un sistema de hedging para cubrirse de oscilaciones del peso; hacer las intervenciones en divisas conforme a reglas y no de forma discrecional, establecer una plataforma electrónica de cambios de moneda - que finalmente podría establecerse en mayo 2019-  y reforzar la supervisión de las entidades de crédito no bancarias.

La intervención del Banco Central gravita sobre la llamada Tasa de Política Monetaria que se fija mensualmente, así como sobre la definición cambiante del encaje bancario, la colocación de papel estatal y el control del medio circulante.  En 2016, un frenazo inesperado del PIB llevó a flexibilizar el encaje bancario, permitiendo la consideración dentro del mismo de préstamos para la vivienda, agricultura y actividades de exportación. El tono ha cambiado ante el sobrecalentamiento de 2018: el TPM fue elevado para contener el crédito e importaciones, y en abril 2019 sigue en 5,5%l. Por lo demás, el Banco tiene pendiente desde hace décadas una ley de Capitalización, que pudiera abordarse en la próxima legislatura.

El crédito bancario  viene creciendo por encima del 10% anual, aunque condicionado por la fuerte demanda del mismo por el Sector Público, el tramo destinado al sector privado se reparte aproximadamente en 58% para actividades comerciales, 23% para consumo y 19% para hipotecas. Es pequeña la parte a largo plazo destinada a emprendimientos industriales y de tipo fabril, aunque hay subsectores  que empiezan a despertar interés entre ciertos bancos, como el hotelero o la energía renovable. La reciente apertura para permitir que los Fondos de Pensiones presten en proyectos privados pudiera dinamizar las cosas. También la posibilidad de modificar las Asociaciones de Ahorros y Préstamos permitiéndoles mantener cuentas de ahorro y operar en divisas, además de convertirse en sociedades por acciones, quizá. Lo demás, el país se caracteriza por tipos de interés elevados y altos márgenes de intermediación: los de activo ponderados de la banca han venido superando el 14% en la década actual, en marcado contraste con las bajas tasas imperantes en el mundo durante este tiempo.

No existe una Bolsa de acciones cotizables. Los valores transados son bonos estatales que suscriben principalmente la banca y los fondos de pensiones; y luego algunos bonos de empresas privadas y públicas (EGE-Haina, CEPEM...).

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

El mareo formal para los propósitos reformadores es la Estrategia Nacional de Desarrollo que, con horizonte 2030, pretende modificar varias estructuras que van desde el sistema eléctrico hasta la Función Pública. También debe señalarse la dedicación de un 4% del presupuesto a la Educación, principalmente para la construcción de escuelas; o la mayor retención al sector Salud, que está siendo muy conflictivo en materia de huelgas y problemas por carencias.

Como referencia y comparación internacional, cabe anotar que República Dominicana ocupa el puesto Nº105 en Índice de Desarrollo Humano ajustado según la desigualdad, y el Nº102 en facilidad para establecer negocios en su territorio (informe 2018 del B.M.). Se trata de niveles poco halagüeños y que debieran impulsar mejoras, comenzando por la institucionalidad misma, que es una debilidad esencial. El bajo nivel educativo es otra rémora que sitúa al país en la cola del Continente y repercute negativamente en el desempeño productivo.

Resulta urgente elevar la productividad; y con ella la competitividad internacional (puesto 104 entre 137 países tras haber perdido varios puestos este año) para enderezar la balanza de pagos y afianzar el PIB por vía de exportaciones de mayor valor añadido. El nombramiento de nueve empresarios en el Consejo de Competitividad parece un reflejo del deseo de atacar el problema.  Pero será difícil reducir el alto nivel de concentración oligopolista y monopolista de la economía, varios de cuyos sectores clave (azúcar, comercialización del gas, siderurgia, obra pública, grasas alimenticias, bebidas, gran distribución...) se hallan en manos de un puñado de grupos familiares con un poder decisivo sobre el acceso de nuevos entrantes y sobre los precios. El organismo responsable de Competencia llevaba nueve años incapacitado para actuar. Hasta que en 2017 se nombró un presidente. Debería iniciar estudios sobre concentración sin sufrir presiones como las que forzaron el cese de la anterior directora.  Pero no se vislumbra disposición a aplicar sanciones ejemplares sobre prácticas desleales.

En el ámbito financiero en 2018 se ultimó una Ley sobre el Mercado de Capitales.  Entre otras cosas, deberá permitir diversificar las tenencias de los 14 Fondos de Inversión y los Fondos de Pensiones, las cuales disponen de 1,5 millones de cotizantes aunque tres cuartas partes de ellos no llegan al nivel de 1-2 salarios mínimos. Otra ley que logró abrirse paso en 2017 es la quiebras.  El empresariado aboga ahora por una reforma del Código Penal que abarate el despido y la jubilación.

El CEI-RD con su marca nueva PRO DOMINICANA anunció en 2018 un plan de fomento a la exportación con el objetivo proclamado de aumentar un 50% las ventas al exterior en diez años y de atraer más inversiones directas.

La muy necesaria reforma del sistema eléctrico, que debería incluir modificaciones profundas del sistema de distribución, esquemas de tarifas y matriz de generación futura, ha experimentado algún avance pero en febrero 2019 fracasó el acuerdo: los empresarios siguen pidiendo que el Gobierno privatice generación y distribución, a lo cual el Ejecutivo no parece dispuesto. En otro ámbito, algo parecido sucede con las advertencias para frenar el aumento de la deuda. El Gobierno, por tanto, no buscará un nuevo Acuerdo Stand-by con el Fondo (idea que rechazan abiertamente las asociaciones empresariales)  mientras pueda seguir resolviendo sus necesidades de financiación colocando bonos y recibiendo generosos préstamos multilaterales como hasta ahora.

Otros aspectos clave que se citan en el entorno de los negocios son la corrupción, la inseguridad física y la jurídica, talón de Aquiles de la atracción de inversionistas como se evoca con frecuencia; fallan tanto la aplicación cabal de las leyes como la ejecución posterior de sentencias, sin embargo el ordenamiento legal en sí, es amplio y ortodoxo. Igualmente son problemas pendientes el déficit formativo de la mano de obra, o la cultura empresarial de proteccionismo comercial y exenciones.

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