• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Destaca un elevando peso de la agricultura y pesca en el PIB (7,58% en 2018), así como de la minería e industrias extractivas (9,28%), siendo el principal exportador de hidrocarburos en la región. Las manufacturas suponen el 21,6% del PIB, con un sector eléctrico y electrónico especialmente competitivo, y la construcción suma el 4,9%. La otra mitad del PIB corresponde al sector servicios.

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En los últimos 30 años la economía malasia ha mostrado un sólido crecimiento, interrumpido solo por dos episodios fuertes de inestabilidad: la crisis del sudeste asiático de 1997/98 y la gran recesión mundial de 2008/09. Esta última sin embargo fue corta en Malasia, volviendo a rebotar el crecimiento de forma poderosa en 2010 (7,2%). Desde entonces, la economía ha crecido a tasas anuales de alrededor del 5%.

En 2018 y 2019 se registra una cierta moderación del crecimiento que mantiene, en cualquier caso, cifras saludables. Así, frente a un crecimiento real del PIB del 5,9% en 2017, en 2018 fue del 4,7%, y se espera el mismo dato para 2019, con el apoyo de una política monetaria acomodaticia. Según los últimos datos publicados, el crecimiento medio del PIB fue del 4,6% en los tres primeros cuartos de 2019. Malasia no fue ajena a las incertidumbres que caracterizaron el contexto internacional como el mayor proteccionismo comercial global, la volatilidad en los precios de las materias primas y los episodios de volatilidad financiera motivados por la recalibración de las políticas monetarias en países desarrollados.

En el ámbito interno, el histórico cambio en el gobierno de la nación también ha contribuido a la normalización de la pauta de crecimiento. Este se ha apoyado en la demanda interna, tanto en 2018 como en 2019, impulsada por el gasto privado, ya que el gasto del sector público se ha moderado motivado por la racionalización emprendida por el gobierno y el menor patrón de gasto de las grandes empresas públicas (menores proyectos petroleros). Asimismo la inversión privada se ha ralentizado por el deterioro del clima de confianza empresarial. Por su parte, la contribución de la demanda externa al crecimiento fue positiva en 2018 (1,0 puntos porcentuales) y también se espera una aportación positiva en 2019. En este último año, si bien se repite el patrón de crecimiento de 2018, destaca la desaceleración del sector exterior, con un peor comportamiento de las exportaciones, al tiempo que las importaciones muestran crecimiento negativo, debido a la caída de las importaciones de bienes de equipo.

Por el lado de la oferta, la mayor parte de sectores registraron crecimientos en su valor añadido en 2018, destacando la aceleración del crecimiento en el sector de los servicios (6,8%), manufacturas (5,0%) y construcción (4,2%). Sin embargo, la agricultura mostró un débil crecimiento (0,1%) y el sector minero y extractivo se contrajo (-2,6%) debido a condiciones climáticas adversas e interrupciones de suministro en la producción de gas natural respectivamente. En 2019, a la espera de los datos del conjunto del año, se está observando una recuperación del sector agrícola al tiempo que se desacelera la construcción, donde se identifica un claro exceso de oferta en el sector inmobiliario.

La inflación media en 2018 medida por el IPC disminuyó hasta el 1,0% (2017: 3,7%). Esta moderación refleja principalmente el impacto de la fijación del precio de los combustibles y de la bonificación del tipo del extinto GST. Esos factores compensaron la presión alcista de factores de costes derivados del contexto de elevados precios del petróleo, el debilitamiento del ringgit y la implementación del nuevo impuesto sobre las ventas y servicios (SST). Para el conjunto de 2019 se espera un ligero aunque moderado repunte (los datos de enero a octubre muestran una inflación del 0,6%). No obstante, algunos analistas señalan dudas sobre si las estadísticas de precios oficiales están recogiendo correctamente las variaciones en precios recientes.

El desempleo en Malasia, estructuralmente muy bajo, apenas friccional, apenas ha variado. En el 2018 la tasa de desempleo se ha mantenido en el 3,3%, mismo dato que en el periodo de enero a octubre 2019. Tanto la tasa de creación de empleo como la de incorporación de activos a la fuerza laboral se situaron en el 2,0% para el conjunto de 2018. El salario mínimo se sitúa en 1.100 MYR para el conjunto de la economía, siendo 1.200 MYR en las 57 mayores ciudades desde el 1 de enero de 2020.

Sector exterior

Malasia es una economía altamente abierta, cuyas exportaciones e importaciones de mercancías suman aproximadamente el 140% del PIB.

En 2018 las exportaciones brutas se expandieron un 7,3% moderándose el excepcional vigor del año anterior (2017: 18,8%). El comportamiento de las exportaciones se ha apoyado principalmente en las exportaciones de manufacturas que crecieron un 9,3% (inferiores en todo caso al 18,6% de 2017) motivadas por el mantenimiento de la demanda de importantes socios comerciales como China, UE y EEUU y que permitieron compensar la caída del 3,2% en las exportaciones de materias primas. Por su lado, las importaciones brutas se moderaron también en 2018, creciendo un 5,2% (2017: 19,7%) motivadas por un comportamiento más débil de las importaciones de bienes de capital que cayeron un -2,7% (2017: 15,3%) y de bienes intermedios que cayeron un -3,5% (2017: 20.0%) en línea con la ralentización de la actividad inversora y de las exportaciones de manufacturas respectivamente.

El tradicional superávit comercial volvió a expandirse, alcanzando en 2018 en torno al 9% del PIB.

La estructura del comercio exterior de Malasia se encuentra relativamente diversificada en términos geográficos y destacan como sus principales socios comerciales los países de la ASEAN (28,6%), China y Hong Kong (21,4%), la UE (9,9%) y EEUU (9,1%). En términos sectoriales, la estructura de las exportaciones si bien es diversificada, lo es en un grado relativamente menor: los equipos eléctricos y electrónicos suponen el 33,6% y las materias primas (petróleo y sus refinados, gas natural licuado, aceite de palma y caucho) un 15,6% de las exportaciones totales.

El saldo de cuenta corriente arrojó en 2018 un saldo superavitario del 2,4% del PIB, disminuyendo su cuantía con respecto a 2017 (3,1% del PIB). Se observa plenamente una de las características estructurales de la balanza de pagos de Malasia: el carácter deficitario de todas las sub-balanzas con la excepción de la balanza comercial. La tónica general de estos últimos años es el mantenimiento del superávit en esta última junto con la ampliación de los déficits de las balanzas de servicios y rentas, lo cual ha deteriorado el amplísimo saldo superavitario de la cuenta corriente, que se situaba en el entorno del 18% del PIB en 2008. Las previsiones gubernamentales apuntan a que el saldo corriente se contraerá a niveles próximos al 1,5 – 2,5% del PIB en 2019.

En cuanto a la cuenta financiera de la balanza de pagos en 2018, esta registró una entrada neta de capitales de 18.600 M RMY, por oposición a una salida neta de 4.700 M RMY en 2017. Estos movimientos se explican por sustanciales entradas de capitales netas en la cuenta de otras inversiones que más que compensaron la reversión de la inversión en cartera de no residentes en condiciones de volatilidad financiera global creciente.

La inversión directa extranjera fue un pilar de la economía en los años 80 y 90 y una fuente vital de financiación que permitió la transformación estructural de la economía del país, pasando de una economía emergente productora y exportadora de materias primas a una económica de renta media con una oferta productiva diversificada. Al mismo tiempo, y siendo esto un fenómeno más reciente, Malasia ha pasado de ser un importador de capital a largo plazo a ser por varios años un emisor neto de inversión directa extranjera, (lideradas por el gigante de oil and gas Petronas, los bancos y otras empresas de servicios como las telecomunicaciones) solo por detrás de Singapur en la región. Para algunos es prueba de la robustez y capacidad de las empresas malasias, para otros estas salidas muestran falta de oportunidades en el país.

A lo largo de 2018 la inversión directa extranjera mostró una menor entrada de neta de capitales por valor de 11.300 M RMY (2017: entrada neta de 16.200 M MYR).

La inversión directa extranjera recibida por Malasia en 2018 se moderó a 32.600 M RMY, el 2,4% del PIB (2017: 40.400 M RMY o 3,1% del PIB). Destaca por su importancia una inversión realizada en la joint venture del megaproyecto petroquímico RAPID. Por sectores, la IDE recibida ha sido de base amplia, siendo los principales receptores de capital los sectores manufactureros y de servicios no financieros.

La inversión directa extranjera emitida por Malasia se moderó a 21.300 M RMY, o el 1,5% del PIB (2017: 24.200 M RMY, o 1,4% del PIB). Destacan inversiones notables como la incorporación de una filial de un grupo bancario malasio en Singapur y la adquisición de intereses petrolíferos en Omán por Petronas, la compañía estatal de oil and gas.

La deuda externa fue a finales de 2018 de 221.000 M. USD, el 64,7% del PIB. Es manejable dado su perfil de largo plazo y los 101.400 M. USD de reservas que garantizan 7,4 meses de importaciones y son 1,0 veces la deuda externa a corto plazo. No obstante, como consecuencia de la volatilidad cambiaria y la salida neta de capitales propiciada por la misma, el nivel de reservas de la autoridad monetaria ha disminuido considerablemente desde mediados de 2014.

El ringgit malasio (RMY), intervenido por el Banco Central y no plenamente convertible en los mercados de divisas, ha sido quizás la divisa asiáticas más afectada por la volatilidad cambiaria sufrida en los mercados en estos últimos años. En el 2018, el ringgit se depreció un 1,8% con respecto al USD y se apreció un 2,5% con respecto al EUR, tendencias que se han mantenido en el periodo enero-octubre de 2019. Con respecto de la mayoría de las divisas de la región el ringgit se apreció a lo largo de 2018.

Política Fiscal y Monetaria

El sector público y parapúblico ha desempeñado y sigue desempeñando un papel esencial en la economía de Malasia, aunque esto no queda suficientemente reflejado vía presupuestaria, ya que el gasto presupuestario del Gobierno federal suponen un limitado 20,8% del PIB en 2019.

 El gran peso público en la economía se pone de manifiesto en las denominadas Government-Linked Companies (GLC), que se gestionan a través de 7 Government-Linked Investment Companies, siendo la principal el Ministerio de Finanzas “Incorporated”, seguido del Fondo Soberano Khazanah. Así, el Ministerio de Finanzas tiene una participación mayoritaria en 70 compañías, entre las que destaca Petronas, de titularidad 100% estatal (aunque alguna de sus subsidiarias cotice en bolsa).

En relación con el sistema fiscal, la capacidad recaudatoria es bastante limitada, siendo la suma de la recaudación del impuesto sobre la renta y de sociedades del orden del 7% del PIB y los impuestos indirectos recaudan solo un 3% del PIB. La dependencia de los ingresos derivados del petróleo es elevada, sumando en 2018 un 23% de los ingresos. Además, la debilidad estructural de la corriente de ingresos públicos se ha visto afectada por la eliminación del GST (similar al IVA) en junio de 2018 como resultado de una promesa electoral, que finalmente llevó a sustituir este impuesto por el SST desde septiembre de 2018, un impuesto monofásico con una mucho menor capacidad recaudatoria (8.000 M RMY menos).

Los excesos del anterior Gobierno requirieron completar los ingresos públicos en 2019 con un dividendo excepcional de Petronas por importe de 30.000 millones de ringgits, además del dividendo ordinario. Sin esa aportación excepcional, el déficit público, que se ha situado en el 3,4% del PIB habría sido casi dos puntos porcentuales mayor.

Por el lado de los gastos, el 41% del presupuesto operativo en 2019 se ha destinado a financiar los sueldos y pensiones de los funcionarios. Un 13% ha venido dirigido al servicio de la deuda, mientras que los subsidios y la asistencia social recibieron un 12%. Por su parte, los gastos de capital supusieron el 3,5% del PIB, reduciéndose como consecuencia de la política de revisión y renegociación de los grandes proyectos de infraestructuras.

El presupuesto para 2020 refleja el compromiso del Gobierno con la consolidación presupuestaria. Así, se prevé reducir el déficit público hasta el 3,2%, esta vez sin dividendos extraordinarios de Petronas. Al mismo tiempo se trata de actuar por la vía del gasto con un mayor peso y focalización del gasto social y una reactivación del gasto de capital. Se presentan numerosas propuestas de apoyo a la población más desfavorecida, con subsidios al combustible, programas para apoyar el acceso a una vivienda digna y pequeños incentivos al uso de los pagos electrónicos. Trata de responder así al espíritu de la “visión de prosperidad compartida” y a las demandas de los numerosos votantes con un escaso poder adquisitivo. El otro foco del presupuesto para 2020 es la atracción de inversión extrajera de empresas digitales, con especiales medidas destinadas a atraer a las Fortune 500 y a la transformación digital de las PYMES locales.

En cuanto a la política monetaria, esta se ha mantenido acomodaticia. El tipo de interés de referencia, que se mantenía invariable desde enero de 2018 en 3,25%, se redujo en mayo de 2019 al 3%.

En relación con la planificación económica, se instrumenta a través del denominado Nuevo Modelo Económico (NEM) y el Programa de Transformación Económica (ETP), un programa de reformas que potencia el cambio económico del país hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación, en industrias y servicios de alto valor añadido. Se mantenía como objetivo la “Visión 2020” que ha sido revisada con la adopción por parte del nuevo Gobierno de la “Shared Prosperity Vision 2030”, que pone el énfasis en hacer partícipes del crecimiento a los grupos menos favorecidos.

Sin embargo, hay más consenso sobre su necesidad y objetivos que sobre el contenido. Su concreción práctica por el momento está limitada a algunas medidas incluidas en el presupuesto 2020 bajo la forma de subvenciones a la población con menos recursos. Dado que la estrategia anterior finaliza en 2020, está previsto que a lo largo de este año se adopten distintos documentos programáticos, siendo el principal de ellos el 12º Plan Malasia, que debe fijar las áreas de actuación económicas prioritarias e intenta programar presupuestariamente las mismas de forma plurianual.

Malasia es además país anfitrión de la APEC en 2020, lo que podría llevar a realizar anuncios estratégicos en paralelo a la celebración de reuniones relevantes.

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Tras la crisis en 2009 quedó claro que Malasia tiene que realizar cambios estructurales si quiere salir de la “trampa del país de renta intermedia” y aproximarse hacia 2020 al nivel de renta de un país desarrollado. Son necesarias modificaciones en sus políticas macroeconómicas y microeconómicas para recuperar la competitividad y el vigor económico que ya no parece que pueda garantizar el modelo imperante hasta ahora (la Nueva Política Económica instaurada en 1970 basada en el papel del Estado y en la inversión extranjera en la industria para la exportación, con importantes ventajas en favor de los malayos).

Malasia atrajo ingentes flujos de IED en los años 1985 a 2008, pero ha visto reducirse recientemente su atractivo. Para mantener su capacidad de atracción de inversión se require invertir en recursos humanos de calidad que le permitan competir en conocimiento y tecnología con Singapur, Corea o Taiwan. El coste de su mano de obra no le permite competir con Vietnam o China en sectores con mayores requerimientos de mano de obra de bajo coste. En el presupuesto para 2020, Malasia aspira a situarse en una economía basada en la digitalización y el conocimiento, lo que se apoya en sus medidas para atraer inversion extranjera focalizada en estos sectores y en un impulso de los recursos destinados a la educación. No obstante, todavía serían necesarios medidas de mayor impacto en esta dirección para lograr una transformación en la dirección anunciada.

Las principales cuestiones para compartir análisis serían:

1.- Un papel más activo del sector privado dejando al público una función más complementaria, como facilitador. Ello implica que el sector público ha de salir de algunos sectores en los que tiene fuerte presencia. Ello implicará privatizaciones, lo que inevitablemente generará polémica sobre los métodos y los precios de venta, y un marco más claro y favorable para la inversión privada que ha de verse liberalizada. La legislación sobre competencia, propiedad intelectual, quiebras y algunas otras cuestiones, son esenciales en la modernización de una economía que aún tiene estructuras y regulaciones muy anticuadas y que lastran su desempeño.

2.- La distribución de la renta ha empeorado en los últimos años a pesar de la política de discriminación positiva en favor de los malayos-bumiputras de la Nueva Política Económica (NEP) aprobada en 1970. Lejos de beneficiar a una amplia capa de la población, ha provocado una concentración de la riqueza en los mejor conectados y en rentas de situación y abusos. En Septiembre de 2013, se anunció el programa BEE (Bumiputra Economic Empowerment) con medidas que seguirán discriminando positivamente a los malayos-bumiputras. Son necesarios mecanismos de distribución sin discriminación por raza, que sean más eficaces en términos sociales, más eficientes en términos económicos y más justos para las demás etnias a las que no se debe desincentivar porque ello fomenta la emigración del talento tan necesario para la sociedad del conocimiento. 

3.- Está empezando la racionalización del gasto público en subvenciones (salud y educación pero también gasolina, alimentos, etc.) que pesan mucho sobre el presupuesto público. Hay grandes resistencias políticas y sociales a un cambio que se sabe es presupuestariamente ineludible ya que el reequilibrio presupuestario requiere creciente atención y medidas estructurales más decididas. Además de racionalizar el gasto corriente y las subvenciones, hay que priorizar las inversiones públicas y el apoyo a las privadas. Por otro lado, hay que actuar por el lado de los ingresos, aumentando la base fiscal, que es muy baja. Para ello a partir del año 2015 se instauró el Goods and Services Tax, un impuesto sobre el valor añadido.

4.- Es necesario fomentar la inversión, tanto local como foránea, ambas deprimidas. La local porque desconfía de las regulaciones gubernamentales y la extranjera porque encuentra proyectos más interesantes en otros países de la región. Más allá de reformas, como la flexibilización de la Agencia de Inversiones (MIDA) o los cambios de estrategia del Fondo Soberano (Khazanah), no está claro cómo se van a estimular ambos flujos de inversiones. En el 10 MP son los programas de inversión en infraestructuras quienes mantienen el dinamismo inversor.

5.- El sector servicios (55,6%) está llamado a ser el nuevo motor de una economía más basada en el conocimiento y puede ser objeto de una nueva ronda liberalizadora en consonancia con los compromisos con la ASEAN y la OMC. Es decir, han de contar con mayor participación extranjera.

6.- El tipo de cambio y la convertibilidad del ringgit van a seguir siendo un elemento fundamental de la política monetaria y de la competitividad del país. La fluctuación de los últimos años ha sido muy importante. En este proceso, el consumo interno tiene que tomar el relevo respecto a la exportación industrial de manufacturas y de recursos naturales de insuficiente valor añadido.

7.- Las inversiones públicas en infraestructuras físicas han sido muy importantes hasta ahora. Parece que han de pasar a una etapa más selectiva, continuando en los casos en que proveen bienes públicos esenciales (educación, salud, medioambiente, seguridad vivienda, administración pública) pero dejando paso a inversiones privadas o PPPs y han de imponerse criterios de mercado y de mayor eficiencia. En todo caso, la contratación pública ha de realizarse con métodos más transparentes, más basados en concursos internacionales que en negociaciones directas siempre propensas a corrupción. Las ventajas a empresarios locales deben estar mejor definidas y justificadas.

8.- El acceso a mano de obra foránea a bajo precio ha sido necesario para la industria exportadora pero ha de ser mucho más limitado en un modelo basado en el conocimiento y el valor añadido. En cambio, hay que aumentar la cualificación de la mano de obra local y fomentar y retener el talento, que tiene tendencia a abandonar el país por sus condiciones sociales.

Todas estas cuestiones tienen un marcado matiz político y, en efecto, se trata de reformar fundamentalmente las estructuras de poder económico y político desarrolladas durante más de 55 años de dominación de un partido y de las élites que lo sustentan. Pasar de una sociedad basada en las regulaciones y los privilegios a una economía basada en el mérito, más competitiva (interna y externamente), va a requerir sacrificios de los privilegiados, el esfuerzo de todos y mucha habilidad para lograr el consenso. Sobre todo porque aquellos que se han venido beneficiando de una posición privilegiada presentan una lógica Resistencia a renunciar a sus numerosos privilegios y fuentes de riqueza accesibles sin gran esfuerzo.

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La evolución de los precios del petróleo y de las principales materias primas desde finales de 2014 introdujo una apreciable debilidad en la pauta de crecimiento de la economía malasia. Conviene recordar que Malasia es el principal exportador de hidrocarburos de la región, con lo cual no es de sorprender que sea una de las economías de la ASEAN que más haya acusado un contexto de debilidad de precios.

La economía recuperó impulse en 2017, aunque en 2018 y 2019 se ha ralentizado ligeramente el crecimiento. La revision de los contratos públicos vigentes y la necesidad de ajustar las finanzas públicas han frenado la aprobación de nuevos proyectos. Asimismo, esta leve ralentización del crecimiento con respecto al año anterior para una economía pequeña y abierta como Malasia es totalmente consecuente con el contexto internacional para 2019, caracterizado por una moderación del crecimiento tanto de economías desarrolladas como en desarrollo y por vientos de cara como las disputas comerciales globales, la incertidumbre política internacional y la volatilidad de los sentimientos inversores. En cualquier caso, el Gobierno espera terminar el año 2019 con un crecimiento del 4,7%, que aumentaría a 4,8% en 2020.

A medio y largo plazo, Malasia está atrapada en el dilema de competitividad del ”país de renta intermedia”: competir a base de costes bajos o con innovación y conocimiento. El atractivo para los inversores ha descendido frente a Singapur, Taiwan, Corea o los emergentes China, India o Vietnam. Si pretende ser un país de alta renta basado en industrias y servicios de alto valor añadido, es necesario un modelo basado en el mercado interior, con más inversión, local y extranjera.

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El sector público y parapúblico ha jugado y sigue jugando un papel esencial en la economía de Malasia. Por el lado de los ingresos, éstos están basados en una baja base impositiva con tipos reducidos que se compensan con los ingresos por el petróleo y el gas. Si bien en 2015 se introdujo el Global Sales Tax (GST), un sistema de imposición indirecta en cascada, que permitió completar por la vía de la tributación indirecta la menor aportación de rentas derivas del petróleo y el gas en un contexto de caída de los precios de estos productos, la promesa electoral realizada por el partido finalmente electo llevó a la sustitución del GST por el SST desde septiembre de 2018. Se trata de un impuesto monofásico con una mucho menor capacidad recaudatoria. En 2019 los ingresos públicos contaron con un dividendo excepcional de Petronas por importe de 30.000 millones de ringgits, además del dividendo ordinario. En ausencia de dicho dividendo extraordinario, los ingresos públicos previstos para 2020, según la propuesta de presupuesto que se acaba de presentar y que se está debatiendo en el Parlamento, serían de 244.530 millones de ringgits, pro debajo de los 263.300 de 2019.

Por el lado de los gastos, la generosidad es amplia tanto para los gastos corrientes, en especial vía subsidios, como para los de inversión. Especialmente en coyunturas complicadas, el sector público ha dinamizado la demanda, mientras que en coyunturas más favorables ha podido frenar al sector privado y ralentizar el crecimiento.

En el presupuesto para 2020 se recoge un déficit público esperado en 2019 del 3,4% del PIB, por debajo del déficit del 3,7% de 2018 y que continuaría su tendencia decreciente en 2010 hasta el 3,2%.  

El presupuesto de 2019 se encuadró en un contexto político completamente distinto de cualquier otro en Malasia, al ser el primero elaborado por el nuevo gobierno de Pakatan Harapan tras su victoria en las elecciones generales de mayo de 2018 y en el que se ponía énfasis en disciplina fiscal, la mejora de prácticas de gobernanza pública y ciertas iniciativas de carácter redistributivo que formaban parte del programa electoral de la coalición gubernamental.

El presupuesto para 2020, por su parte, presenta numerosas propuestas de apoyo a la población más desfavorecida, con subsidios al combustible, programas para apoyar el acceso a una vivienda digna y pequeños incentivos al uso de los pagos electrónicos. Responde así al espíritu de la visión de “prosperidad compartida” y a las necesidades de los numerosos votantes con un escaso poder adquisitivo. El otro foco del presupuesto para 2020 es la atracción de inversión extrajera de empresas digitales, con especiales medidas destinadas a atraer a las Fortune 500 y a la transformación digital de las PYMES locales.

Más allá del nuevo presupuesto, que mantiene una línea continuista, un importante foco de inestabilidad macroeconómica en Malasia viene constituido por la debilidad estructural de su corriente de ingresos públicos, especialmente afectada tras la eliminación del GST en junio de 2018. La corriente de ingresos muestra importantes signos de debilidad al contar con una cada vez más reducida base impositiva y una mayor dependencia de los ingresos derivados del petróleo. Los ingresos públicos previstos representarían el 17,4% del PIB en 2019 y el 15,2% en 2020.

Esta debilidad fiscal se ve apuntalada por la ausencia de reformas del sistema impositivo en el presupuesto de 2020. La presentación del presupuesto ha sido otra oportunidad perdida, una vez más, para introducir una reforma profunda de las figuras impositivas que permitan una menor dependencia estructural de los ingresos derivados del oil and gas, como por ejemplo una articulación correcta del impuesto de la renta de las personas físicas. Es de notar que se estima que en Malasia solo pagan este impuesto 2,1 millones de trabajadores de un total de 14,6 millones de activos (un 14% del total).

Por el lado de los gastos, destaca que en 2019 se ha llevado a cabo una política de revisión y renegociación de los grandes proyectos de infraestructuras incidiendo así en una disminución de costes y el ahorro derivado de la reformulación del sistema de subsidios al petróleo, haciéndolo más preciso y calibrado en su apoyo a clases menos favorecidas.

Finalmente, en relación con los anuncios realizados en el presupuesto de 2019 sobre medidas de reforma institucional y de mejora de la gobernanza, entre las que destacaban una nueva ley de contratación pública que regule eficiente y transparentemente los procesos de licitación pública, un nuevo modelo de PPP que cambie el tratamiento de la adjudicación de terrenos a través de un mecanismo competitivo y no a través de negociaciones directas, y una ley de responsabilidad fiscal en 2021 para evitar despilfarros y endeudamiento excesivo en los proyectos de grandes infraestructuras; estas medidas todavía se encuentran en un desarrollo muy incipiente.

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En cuanto a la política monetaria, esta es competencia del Banco Central (Bank Negara Malaysia), dentro del cual es definida por el Comité de Política Monetaria, y que opera siguiendo el liderazgo del Gobernador. Tras la firma de la Ley del Banco Central de Malasia de 2009, esta institución cuenta con independencia a la hora de definir la política monetaria del país. Además tiene poder para regular las actividades de seguro y cambio de moneda, así como para actuar en la prevención de fraudes monetarios.

El Banco Central reconoce el desarrollo paralelo de dos conceptos de banca, el convencional y la banca islámica, los cuales regula de forma específica. Por otro lado, se ha mostrado proactivo en la regulación de la economía durante los últimos años a través del ajuste de tipos de interés, especialmente durante la crisis de 2008-9 con bajadas de los tipos del 3,5% al 2%.

No ha habido recientemente problemas de liquidez ni de solvencia en el sistema financiero. La política monetaria se ha mantenido acomodaticia. El tipo de interés de referencia, que se mantenía invariable desde enero de 2018 en 3,25% se ha reducido en mayo de 2019 al 3%.

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La planificación económica se instrumenta a través del Nuevo Modelo Económico (NEM) y el Programa de Transformación Económica (ETP), un programa de reformas que potencia el cambio económico del país hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación, en industrias y servicios de alto valor añadido. Se mantenía como objetivo la “Visión 2020” que ha sido recientemente revisada con la “Shared Prosperity Vision 2030”.

Sin embargo, hay más consenso sobre su necesidad y objetivos que sobre el contenido y aplicación de estos programas. Los cambios son poco profundos y en general existe una escasa concreción en medidas operativas. El 11º Plan Malasia y su concreción en los presupuestos del estado siguieron más el modelo anterior con proyectos del estado y muchas subvenciones, más que un auténtico NEM que abriera paso a una economía moderna y competitiva, fiscalmente más equilibrada. La necesidad de alcanzar equilibrios políticos y los intereses creados dificultan reformas más profundas. Habrá que ver si en 2020 se pone de manifiesto una vocación reformista más intensa. Será entonces el momento de revisar gran parte de los planes vigentes.

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