Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

En 2020 el sector servicios aportó directamente el 67,4% del PIB a la economía neozelandesa. La industria aportó el 18,5% y el sector primario el 6,2% al total del PIB neozelandés. El resto (7,9%) corresponde a actividad económica no atribuida a ningún sector (impuestos indirectos y aranceles).

En función de los diferentes componentes de gasto del PIB, el consumo privado aportó el 61,7% del PIB en 2020, mientras la inversión tuvo un peso del 23,6%, del que 6,1 puntos porcentuakes corresponden a construcciones residenciales. El papel del sector público ha aumentado ligeramente hasta el 20,0%, como consecuencia de la estrategia fiscal expansiva del gobierno para hacer frente a la crisis del covid-19. Las exportaciones en términos reales supusieron el 25,1% del PIB en 2020, frente a las importaciones, que alcanzaron el 28,8%, lo que ha supuesto una caída significativa respecto a años anteriores.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

% del PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) 2017 2018 2019 2020
POR SECTORES DE ORIGEN
SECTOR PRIMARIO 6,5% 6,4% 6,3% 6,3%
    Agricultura, silvicultura y pesca 5,2% 5,2% 5,1% 5,1%
    Minería 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%
MANUFACTURAS 9,7% 9,6% 9,5% 9,5%
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 2,8% 2,7% 2,7% 2,7%
CONSTRUCCIÓN 6,3% 6,4% 6,6% 6,3%
COMERCIO MAYORISTA 5,0% 5,1% 5,0% 5,1%
COMERCIO MINORISTA Y HOTELES 7,0% 7,0% 7,1% 7,1%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4,4% 4,4% 4,3% 3,3%
PRENSA Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICA 3,4% 3,6% 3,7% 3,8%
FINANZAS Y SEGUROS 5,7% 5,8% 5,8% 6,1%
SECTOR INMOBILIARIO 13,8% 13,6% 13,5% 14,1%
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 10,4% 10,5% 10,6% 10,6%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4,2% 4,3% 4,4% 4,8%
EDUCACIÓN 3,9% 3,8% 3,7% 3,7%
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 5,9% 5,8% 5,9% 6,2%
ARTES, OCIO Y OTROS SERVICIOS 3,1% 3,1% 3,0% 2,9%
NO ATRIBUIDO A NINGÚN SECTOR 7,9% 8,0% 8,1% 8,0%
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO
   Consumo Privado 61,7% 61,7% 62,0% 61,7%
   Consumo Público 18,5% 18,3% 18,7% 20,0%
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 24,4% 25,3% 25,3% 23,6%
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 28,8% 28,4% 28,2% 25,1%
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 33,6% 34,3% 34,0% 28,8%

Fuente: Statistics NZ. Datos respecto al PIB real.

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Nueva Zelanda es un país desarrollado en el que el sector primario, especialmente la ganadería, tiene un peso directo e indirecto en la economía mucho mayor que en otros países de la OCDE.

No obstante, la crisis del covid-19 le ha afectado significativamente, pues el cierre de fronteras, que se va a prolongar previsiblemente hasta 2022, está perjudicando significativamente al sector turístico y a la educación exterior, que representaban cerca del 5% del PIB. En este sentido, en 2020 el PIB de Nueva Zelanda ha caído un -2,9%. En el año terminado en marzo de 2021 el PIB ha caído un -2,3%, aunque la subida intertrimestral ha sido del 1,6%. El FMI prevé que Nueva Zelanda tenga un crecimiento del 4,0% en 2021 y del 3,2% en 2022.

En cuanto al sector exterior, las exportaciones de bienes y servicios cayeron un -9,4% en 2020, por el hundimiento de los servicios (-30,9%), a pesar del mantenimiento de las exportaciones de bienes. Las principales exportaciones son bienes agrícolas (y antes del covid-19, el turismo), mientras que los principales mercados de Nueva Zelanda son China y Australia. Las importaciones de bienes y servicios cayeron un -16,2% en 2020 y las partidas de mayor peso son maquinaria mecánica, vehículos y maquinaria eléctrica, siendo China el principal suministrador de Nueva Zelanda.

En el primer trimestre de 2021, las exportaciones de bienes y servicios cayeron un -24,5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones disminuyeron un -5,5%.

El déficit por cuenta corriente en 2020 se situó en el -0,8% del PIB neozelandés, significativamente por debajo del año anterior (-3,3%), gracias a la mejora de la balanza comercial (por las fuertes caídas de las importaciones) y de la de rentas primarias. En el año terminado en marzo de 2021, el déficit por cuenta corriente subió al -2,2%, fundamentalmente por el deterioro de la balanza comercial en el primer trimestre de 2021. Nueva Zelanda es uno de los países desarrollados donde la posición neta de inversión internacional es más deficitaria (-49,5% del PIB en marzo de 2021).

Con respecto al mercado de trabajo, la tasa de paro a final del año 2020 se situó en el 4,9% de la población activa, frente al 4,1% a finales de 2019. La población empleada creció un 0,7% en 2020, frente al crecimiento del 1,0% en 2019, lo que evidencia que la recuperación de la crisis del covid-19 está siendo más firme y rápida de lo inicialmente esperado. En junio de 2021 la tasa de paro se ha situado en el 4,0% y la población empleada creció un 0,6% respecto a junio de 2020.

En 2020 la inflación se situó en el 1,4%. En junio de 2021 la inflación se ha más que duplicado, hasta el 3,3% interanual, impulsada, entre otros factores, por el precio de los combustibles y los alquileres.

El tipo oficial de interés se sitúa en el 0,25%, tras bajar 75 puntos básicos en marzo de 2020 para hacer frente a la crisis del covid-19. Además, el banco central ha lanzado un programa de monetización de deuda pública e institucional.

Con la crisis del covid-19, Nueva Zelanda se ha pasado a un déficit público elevado, por la expansión del gasto público para compensar la paralización económica. En este sentido, el déficit público se incrementó hasta el -5,7% PIB en 2020, y se espera que se mantenga en niveles similares en 2021.

Una de las prioridades políticas es limitar el peso de la deuda pública. Esta deuda pública neta se situaba en el 19,2% del PIB en diciembre de 2019 (7,0%, según FMI). No obstante, con la crisis del covid-19, la deuda pública neta ha aumentado considerablemente, hasta el 32,6% PIB en diciembre de 2020 (14,7%, según FMI), y se prevé que alcance un máximo del 45,6% del PIB en 2024 (28,0%, según FMI).

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2017 2018 2019 2020
PIB
PIB (MNZ$ a precios corrientes) 286.804 302.863 318.939 322.093
PIB real (precios 2009/2010) 242.980 251.273 257.358 249.782
Tasa de variación real (%) 3,5% 3,4% 2,4% -2.9%
Tasa de variación nominal (%) 7,5% 5,6% 5,3% 1,0%
INFLACIÓN
Media anual (%) 1,9 1,6 1,6 1,7
Fin de período (%) 1,6 1,9 1,8 1,4
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) 1,75 1,75 1,39 0,40
Fin de período (%) 1,75 1,75 1,00 0,25
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes) 4.860 4.941 5.041 5.112
Población activa (x 1.000 habitantes) 2.727 2.803 2.830 2.874
% Desempleo sobre población activa 4,5 4,3 4,1 4,9
SALDO SECTOR PÚBLICO
% de PIB 1,4 0,8 0,1 n.d.
DEUDA PÚBLICA (Bruta)
en MNZ$ 84.569 89.364 89.105 105.224
en % de PIB 29,7% 30,0% 28,7% 32,8%
EXPORTACIONES DE BIENES
en MNZ$ 53.790 57.495 60.201 59.587
% variación respecto a período anterior 11,3% 6,9% 4,7% -1,0%
IMPORTACIONES DE BIENES
en MNZ$ 55.937 62.719 63.972 56.244
% variación respecto a período anterior 9,9% 11,9% 2,0% -12,1%
SALDO B. COMERCIAL
en MNZ$ -2.147 -5.224 -3.770 3.342
en % de PIB -0,8% -1,8% -1,2% +1,0%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MNZ$ -8.180 -11.438 -10.561 -2.549
en % de PIB -2,9% -3,8% -3,3% -0,8%
DEUDA EXTERNA
en MNZ$ 271.859 283.614 286.573 289.422
en % de PIB 95,4% 95,3% 89,9% 89,9%
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en % de exportaciones de b. y s. 7,1 7,3 6,4 5,7
RESERVAS INTERNACIONALES
en MNZ$ 29.143 26.300 26.458 19.021
en meses de importación de b. y s. 4,7 3,8 3,6 3,1
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MNZ$ (stock) 115.914 122.276 129.017 135.699
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 0,7108 0,6930 0,6593 0,6505
fin de período (31 diciembre) 0,7097 0,6713 0,6735 0,7227

Fuentes: Statistics NZ; Reserve Bank of NZ. 

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Principales objetivos de política económica

Los principales objetivos de política económica del gobierno neozelandés a medio plazo son mejorar el bienestar y los estándares de vida en Nueva Zelanda, a través de una economía sostenible, productiva e inclusiva. Para ello, buscan reducir su dependencia de los hidrocarburos, reforzar y diversificar su base exportadora, mejorar la calidad del empleo y los salarios, y reducir la pobreza y la desigualdad. Asimismo, en el corto plazo, tanto la política fiscal como la política monetaria van a tener un sesgo claramente expansivo, para ayudar a la economía a salir de la crisis generada por el covid-19 y el cierre de fronteras acordado por el gobierno.

De cara a la consecución de estos objetivos a medio plazo, el gobierno neozelandés se ha puesto como prioridad hacer frente a la escasez de viviendas en varias regiones, mediante la introducción de medidas para facilitar la construcción de viviendas (ayudas a la construcción de vivienda a través del el Housing Infrastructure Fund, incremento del parque de viviendas públicas, reducción de las trabas administrativas, etc.). En todo caso, el gobierno también quiere contener la inversión especulativa, que está contribuyendo al rápido crecimiento de los precios de la vivienda (de más del 20% en 2020), mediante la penalización fiscal de los rendimientos derivados de segundas viviendas (con la excepción de viviendas de nueva construcción).

Asimismo, en agosto de 2018 se aprobó una reforma de la Overseas Investment Act, que impide (con excepciones muy limitadas) la compra de viviendas y suelo residencial por parte de extranjeros no residentes en Nueva Zelanda.

Por otra parte, el banco central ha recuperado en 2021 las medidas macroprudenciales dirigidas a reducir el ritmo de crecimiento del crédito hipotecario, en particular, limitando a los bancos la proporción del valor de la segunda vivienda que se puede cubrir con una hipoteca y la participación de hipotecas en el crédito total de dichos bancos. Estas medidas habían sido suspendidas como consecuencia de la crisis del covid-19. Asimismo, se prevé su endurecimiento de cara a 2022.

Otras medidas del gobierno neozelandés para fomentar un crecimiento estable y sostenible, que beneficie a todos, han sido el aumento gradual del salario mínimo hasta 2021 (hasta alcanzar uno de los niveles más elevados de los países de la OCDE en términos relativos frente al salario medio), aumentar el gasto en I+D hasta el 2% del PIB, creación de un fondo de inversión regional para mejorar las infraestructuras y la educación en las zonas menos avanzadas, etc.

Asimismo, existen presiones políticas para que se flexibilicen las normas de gasto público, de cara a aumentar la inversión en infraestructuras, aprovechando los bajos tipos de interés existentes. De hecho, se ha anunciado una inversión en infraestructuras de 45.000 millones NZD durante los próximos cinco años, como medida de reforzamiento de la economía tras la crisis del covid-19.

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Previsiones macroeconómicas

Según las estimaciones del FMI antes de la crisis del covid-19, la economía neozelandesa iba a crecer un 2,7% en 2020 y un 2,6% en 2021, ralentizándose respecto a años anteriores. Esta evolución se sostienía fundamentalmente en unas políticas monetarias y fiscales moderadamente expansivas, y en la continuidad en el crecimiento de la población en edad de trabajar, como consecuencia de niveles significativos de inmigración neta (si bien reduciéndose ligeramente), que compensan el menor crecimiento de la producción e inversión privada, fundamentalmente como consecuencia de las tensiones comerciales internacionales. Además, la política fiscal ligeramente más expansiva a través de la mayor inversión en infraestructuras y viviendas compensa la moderación de la inversión en vivienda del sector privado, como consecuencia de la reducción gradual de la burbuja inmobiliaria.

No obstante, como consecuencia de la crisis del covid-19, que ha paralizado el sector turístico y la educación exterior por el cierre de fronteras, se ha producido una caída del PIB en 2020 (del -2,9%), a pesar de las políticas fiscales y monetarias expansivas aplicadas. En todo caso, la recesión ha sido menor de lo inicialmente esperado pues, el FMI preveía una caída del PIB de Nueva Zelanda del -6,1% en 2020 y un crecimiento del 4,4% en 2021.

Con las últimas previsiones de abril de 2021, el FMI prevé que Nueva Zelanda tenga un crecimiento del 4,0% en 2021 y del 3,2% en 2022.

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Política fiscal y presupuestaria

De conformidad con la Ley de Hacienda Pública de 1989, el Ministro de Finanzas está obligado a publicar dos documentos de responsabilidad fiscal, que constituyen la base de la política fiscal y los presupuestos del Gobierno.

En la Declaración de Política Presupuestaria (Budgetary Policy Statement), centrada en el corto plazo, se establecen la política, objetivos y prioridades del Gobierno en relación con el presupuesto; en el Informe de Estrategia Fiscal (Fiscal Strategy Report) se expone la estrategia fiscal a largo plazo del Gobierno. Esa obligación aumenta la transparencia y previsibilidad del proceso presupuestario y la política fiscal.

Según la Declaración de Política Presupuestaria 2020, se mantenía el objetivo general en la política fiscal de maximizar el bienestar social (Wellbeing Budget), destacando la lucha contra el cambio climático, la introducción de nuevas tecnologías, el bienestar de las minorías y los niños y la priorización de la salud física y mental. En este sentido, a la hora de presupuestar políticas públicas, todos los departamentos ministeriales deben justificar cómo sus decisiones afectan al bienestar social. Asimismo, se buscaba mantener un pequeño superávit público a lo largo del ciclo económico.

Sin embargo, la crisis del covid-19 ha alterado sustancialmente el enfoque de la política fiscal, que ha pasado a ser altamente expansiva en el presupuesto para el periodo 2020/2021, preveyéndose déficits públicos anuales cercanos al 10% del PIB durante los próximos dos años, que se van a utilizar en financiar subsidios salariales, apoyos a la activiadad empresarial e inversiones en infraestructuras públicas, entre otros aspectos. En todo caso, el gobierno ha subido ligeramente la presión fiscal a las rentas altas y va a endurecer el tratamiento fiscal que se da a la inversión en vivienda (aumentando los casos en los que se gravan las ganancias patrimoniales de este tipo de inversiones y eliminando la deducción de los intereses hipotecarios en la mayor parte de los casos).

De cara al ejercicio 2020/2021, Nueva Zelanda esperaba flexibilizar sus objetivos de deuda pública neta, pasando del 20% del PIB al 15-25%, a fin de dejarse margen para políticas fiscales expansivas en el supuesto de una crisis económica. Esta deuda pública neta se situó en el 19,2% del PIB en diciembre de 2019. No obstante, con la crisis del covid-19, la deuda pública se va a incrementar considerablemente y se prevé que alcance un máximo del 45,6% del PIB en 2024.

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Política monetaria

En Nueva Zelanda la dirección de la política monetaria está a cargo del Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), que es el banco central, si bien la misma se implementa por el Comité de Política Monetaria, que está formado por 4 representantes del RBNZ y 3 miembros externos, nombrados conjuntamente por el RBNZ y el Ministro de Finanzas. El objetivo de esa política monetaria es mixto. Combina alcanzar y mantener la estabilidad del nivel general de precios en el medio plazo con apoyar el mantenimiento del máximo nivel de empleo sostenible.

Estos objetivos se implementan a través de un acuerdo (remit), concertado entre el RBNZ y el Ministro de Finanzas, que a partir del 1 de abril de 2019 establece como doble objetivo mantener la inflación entre el 1 y el 3% en el medio plazo, con un promedio del 2%, y apoyar el mantenimiento del máximo nivel de empleo sostenible.

El principal instrumento de que dispone el RBNZ para aplicar la política monetaria es el tipo de interés oficial.

Entre marzo y julio de 2014, el RBNZ subió los tipos de interés hasta 4 veces situándolo en el 3,5%. A partir de 2015, las autoridades monetarias iniciaron una paulatina reducción de los tipos de interés (al 3,25% en junio, 3% en julio, 2,75% en septiembre, 2,5% en diciembre), que prosiguió en 2016 (al 2,25% en marzo, 2% en agosto y 1,75% en noviembre).

Tras un periodo de estabilidad, las bajadas de tipos de interés se han reanudado (bajando al 1,5% en mayo de 2019 y al 1,0% en agosto de 2019), para hacer frente a los riesgos de desaceleración de la economía mundial, especialmente por los posibles conflictos comerciales internacionales.

Como consecuencia de la crisis del covid-19, en marzo de 2020 se acordó en una reunión extraordinaria una bajada de los tipos al 0,25%, se indicó que se mantendrían en este nivel por lo menos 12 meses y se flexibilizaron los mecanismos de préstamo a los bancos. Asimismo, el banco central ha anunciado compras de deuda pública por un valor de 100.000 millones NZD, como mecanismo de contención de los tipos de interés a largo plazo y de financiación del mayor gasto público.

Sin embargo, una de las consecuencias indeseadas de estas decisiones de política monetaria ha sido un boom inmobiliario, con una subida de los precios de la vivienda superior al 20% en 2020. Esto ha generado un fuerte debate político y el gobierno le ha requerido que tenga en cuenta los precios de la vivienda como uno de los factores a valorar a la hora de determinar esta política monetaria y la supervisión macroprudencial del sistema financiero. Esto, unido al repunte de la inflación en el segundo trimestre de 2021, está llevando a que el banco central se esté planteando subir los tipos de interés en los próximos meses (aunque ha renunciado a hacerlo en agosto de 2021 por el confinamiento de la población acordado por el gobierno ante la aparición de casos de covid-19 en la comunidad). Mientras tanto, el banco central ha empezado a endurecer las medidas macroprudenciales aplicadas al sistema financiero, y prevé continuar este endurecimiento en lo que queda de 2021. También ha detenido la monetización de la deuda pública en julio de 2021 y prevé sacar gradualmente al mercado los activos comprados.

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Entre las debilidades de la economía de Nueva Zelanda cabe destacar su fuerte dependencia de la inversión extranjera, dado que su posición inversora neta internacional se situaba en el -55,0% del PIB en diciembre de 2020 (-49,5% del PIB en marzo de 2021), uno de los déficits más elevados entre los países desarrollados. En todo caso, este déficit se ha mantenido más o menos estable en los últimos años. Por su parte, el déficit de cuenta corriente se situó en el -0,8% del PIB en 2020 (-2,2% en el año terminado en marzo de 2021), lo que supone una gran reducción respecto a 2019 (-3,3% PIB), gracias a la fuerte mejoría de la balanza comercial, por la caída pronunciada de las importaciones.

También hay que destacar que Nueva Zelanda ha tenido una significativa burbuja inmobiliaria en los últimos años, que ha llevado a que los precios de la vivienda hayan crecido de forma muy rápida, y estén sobrevaluados en las comparativas internacionales e históricas, tanto en términos de renta disponible como de coste de alquiler.

Dicha burbuja se había reducido gradualmente en 2019, especialmente en la zona de Auckland (donde más habían crecido los precios), gracias a la ralentización del crecimiento de los precios de la vivienda y la estabilización de la deuda de los hogares. A esta ralentización había contribuido el endurecimiento de los requisitos macroprudenciales establecidos a los bancos para la concesión de préstamos hipotecarios (limitando el peso relativo de las nuevas hipotecas en los que el valor del préstamo está por encima del 80% del precio de la vivienda; esta ratio se ha fijado en el 65% para inversores).

Sin embargo, con la crisis del covid-19 se ha vuelto a inflar rápidamente esta burbuja, y los precios de la vivienda han crecido más del 20% en 2020. Esta nueva burbuja ha venido impulsada por varios factores: la suspensión de los requisitos macroprudenciales acordada para hacer frente a la crisis del covid-19; la fuerte bajada de los tipos de interés nominales; el retorno de una importante comunidad de emigrantes neozelandeses que estaban en el extranjero; la utilización de la vivienda como activo refugio en momentos de incertidumbre. 

Para hacer frente a estas burbujas inmobiliarias, el gobierno ha tomado medidas tanto desde el lado de la oferta (flexibilización de los requisitos para la planificación y construcción de nuevas viviendas; desarrollo de un programa público de apoyo a la construcción y compra de primera vivienda en los próximos 10 años a través de entidades públicas) como del lado de la demanda (prohibición casi absoluta a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, ampliación de los casos de gravamen de las ganacias patrimoniales de las inversiones en vivienda, eliminación de las deducciones de intereses hipotecarios).

Asimismo, el banco central ha recuperado a principios de 2021 las medidas macroprudenciales limitando el peso relativo sobre el valor de la vivienda de los créditos de compra de viviendas para inversión, y prevé endurecerlas para los préstamos destinados a inversión de vivienda de segunda mano.

Por otro lado, la reducida productividad constituye otro problema que se explica, al menos parcialmente, por el limitado acceso y menor participación de Nueva Zelanda en las cadenas de valor globales; bajos niveles de inversión, especialmente en I+D (entre los últimos puestos de los países de la OCDE) y márgenes amplios de mejora en sus modelos de gestión empresarial. Así, el crecimiento de la productividad en Nueva Zelanda se sitúa en uno de los niveles más bajos de la OCDE. El cierre de fronteras de Nueva Zelanda por el covid-19 puede agravar los problemas de productividad, aunque el gobierno quiere paliarlo incrementando la inversión en educación y formación profesional, y con exenciones fiscales para la inversión en I+D.

Por otra parte, el sistema financiero neozelandés continúa siendo estable y logró salir indemne de la crisis financiera mundial de 2008. Sus ratios de solvencia son muy robustos, su rentabilidad elevada y se ha reducido su dependencia de la financiación exterior, aunque ésta sigue siendo significativa. En todo caso, el banco central prevé endurecer los ratios de capital exigidos, para reforzar la estabilidad del sistema, si bien esta reforma no se implementará hasta 2022, como consecuencia de la crisis del covid-19.

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