Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

La estructura sectorial de Panamá muestra una marcada dualidad, por la que coexisten un sector servicios dinámico, competitivo y que mira al exterior, y por otro, un sector agrícola y manufacturero muy doméstico, poco sofisticado y con problemas de competitividad.

Así, cuatro son los principales motores de desarrollo de esta economía, en primer y segundo lugar destacan la distribución comercial (18,4% del PIB) y el sector logístico (13,9% del PIB), estrechamente relacionados y catapultados por la presencia del Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón (ZLC). No obstante en la segunda década de este siglo había adquirido una colosal importancia el sector de construcción, que se había erigido como el principal motor de desarrollo en esos años, derivado de la inversión pública en infraestructuras y de la inversión privada en promociones inmobiliarios y que llegó a representar más del 18% del PIB del país de forma directa, o más del 25% si tenemos en cuenta los efectos indirectos sobre servicios inmobiliarios y la industria de materiales de construcción. No obstante en 2020 este sector, junto con el de hostelería, sufrieron caídas de actividad superiores al 50% y todavía son sectores que no han recuperado el nivel anterior a la pandemia (frente a la rápida recuperación del sector logístico y la resiliencia del sector exterior gracias a la reciente actividad minera). Y el cuarto motor de desarrollo lo constituye el centro bancario internacional, que aunque muestra una participación decreciente en el PIB, quizás por los problemas de reputación, aún supone entre un 6-7% del PIB. Estos han sido tradicionalmente en este siglo los sectores sobre los que se apoya el desarrollo de la economía, pero la puesta en funcionamiento desde 2019 de la mina de cobre está haciendo aumentar el peso de este sector en la economía de forma notable. Cabe destacar asimismo el rápido crecimiento de la Administración Pública en Panamá y de su importancia en la economía, que ya supone más del 12,3% del PIB.

En cuanto a la distribución del PIB por el lado del Gasto, llama la atención la elevada tasa de inversión que mantenía este país a mitad de la década pasada, congruente con esa fuerte inversión en infraestructuras y construcción mencionada y que llevó a que la Formación Bruta de Capital Fijo ascendiera hasta niveles próximos al 40% del PIB, pero asimismo se observa, cómo desde 2017 esa tendencia se venía desacelerando, y con la pandemia se ha visto gravemente recortada hasta suponer el 25,9% del PIB siendo, junto con el comercio, uno de los principales responsables de la fuerte caída del PIB. El peso de las exportaciones (40,1%) y de las importaciones (37,0%) en el PIB muestra la elevadísima apertura y dependencia externa de esta economía, que se constituye en definitiva como un hub de paso de bienes, servicios, capitales y personas. 

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

  

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%)
  2016 2017 2018 2019 2020
  POR SECTORES DE ACTIVIDAD
AGROPECUARIO 2,6 2,4 2,3 2,2 2,7
AGRICULTURA Y GANADERÍA  2,1 1,9 1,9 1,9 2,4
PESCA Y ACUICULTURA 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4
INDUSTRIAL 26,8 27,7 27,8 27,9 22,6
MINERÍA 2,0 2,0 1,9 2,4 3,6
MANUFACTURA 6,2 6,1 5,9 5,7 5,7
CONSTRUCCIÓN 17,0 17,9 18,3 17,9 10,9
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 1,7 1,7 1,7 1,9 2,3
SERVICIOS 57,6 68,3 68,8 69,6 68,7
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 11,3 11,4 11,4 11,8 13,9
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 19,0 18,5 18,7 18,4 18,3
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 6,3 6,4 6,3 6,1 7,5
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 7,3 7,0 6,9 6,8 5,9
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7,7 8,2 8,6 8,9 12,3
HOTELES Y RESTAURANTES 4,1 4,0 3,7 3,6 2,1
ENSEÑANZA Y  SALUD PRIVADA 1,9 1,9 2,0 2,1 2,4
OTROS SERVICIOS 9,1 9,0 9,0 9,0 9,8
IMPUESTOS A LOS PRODUCTOS Y LAS IMPORTACIONES (NETOS DE SUBVENCIONES) 4,0 3,7 3,4 3,2 2,7
TOTAL** 100 100 100 100 100
     
CONSUMO 63,0 62,1 62,9 63,4 69,0
Consumo Privado 52,0 50,7 51,2 51,4 52,2
Consumo Público 11,0 11,4 11,7 12,0 16,8
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 38,4 39,3 38,6 37,4 25,8
Var. existencias 2,1 2,4 2,8 1,9 2,0
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 42,0 41,8 42,7 40,7 40,1
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 45,4 45,6 47,0 43,4 37,0
TOTAL 100 100 100  100 100 
Fuente: INEC
Ultima actualización: JULIO 2021

 

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Panamá es una economía pequeña (4,2 millones de habitantes y un PIB nominal de 63.605 MUSD en 2021) y de renta media (PIB per cápita de 14.664 USD en 2021) que experimentó un crecimiento muy intenso en las dos anteriores décadas (más del 6% anual en promedio, la mayor tasa de toda Latinoamérica), lo que le permitió alcanzar un virtual pleno empleo durante la mayor parte de la década pasada. Esta positiva evolución alcanzó su punto máximo en 2011 y 2012 con unas tasas de crecimiento interanual del PIB del 10,9% y del 10,8% respectivamente, para irse moderando continuamente, mostrando una clara senda de desaceleración, que culminó con una fuerte caída del PIB en 2020 (-17,9%) por los efectos de la estricta estrategia de lucha contra la pandemia del COVID-19. En el año 2021 se registró un rebote del 15,3% del PIB fruto de una reactivación económica que sin embargo esconde una profunda dualidad: por un lado toda la actividad logística conexa al Canal de Panamá y la reciente puesta en marcha de una mina de cobre en Donoso, que ha disparado las exportaciones panameñas son los principales factores explicativos de esa parcial recuperación; pero sin embargo el sector de hostelería, comercio y sobre todo la construcción y toda la obra publica se encuentra aun en niveles  distantes de la situación precovid (que a su vez se venia desacelerando), especialmente por la delicada situación fiscal del Gobierno y su reticencia a endeudarse más (el peso de la deuda pasó del 40% al 69% del PIB en 2020 y 63% en 2021 para afrontar el Covid) para no perder el grado de inversión

La privilegiada posición geoestratégica ha facilitado una tradición del país como centro/hub internacional de bienes, servicios, personas y capitales y, por ende, de comercio, banca y logística determinando una estructura económica peculiar en Panamá, que cuenta así con potentes motores de crecimiento específicos como son el Canal y toda la actividad conexa (incluidos los puertos), la Zona Libre de Colón, el turismo y los servicios aeroportuarios y el Centro Bancario Internacional, a los que se unió en la década pasada el intenso crecimiento de la construcción pública y privada. Efectivamente, desde el punto de vista de la oferta, durante la última década hay dos sectores que claramente han llevado la delantera en el crecimiento económico del país: construcción y logística. El primero incluye inversión pública en infraestructuras (la ampliación del Canal, el metro, el aeropuerto de Tocumen, y proyectos de infraestructura vial, de agua y energía), así como proyectos inmobiliarios privados, mientras el segundo está muy relacionado con la actividad del Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón. Este impulso fue fruto de la estrategia de los dos gobiernos anteriores (Martinelli y Varela) que apostaron por la integración internacional y por la modernización de sus infraestructuras, a través del impulso fiscal a la inversión pública.

Sin embargo desde el 2019, año en el que Presidente Cortizo comienza su mandato apostando por la restricción presupuestaria y la austeridad, se venía observando síntomas de agotamiento del modelo de crecimiento, y a la ralentización del crecimiento económico mencionada (3% en 2019) se unía una caída de la inflación a -0,4%, una caída de las importaciones (-5%) y un aumento del desempleo hasta el 7,15%. A esta situación de clara ralentización de la economía (visualizada sobre todo en el sector de construcción) se vino a sumar los efectos de la pandemia del Covid-19 y de sus duras estrategia de lucha  que llevaron a que el país registrara la cuarta tasa más alta de caída del PIB en 2020 en el mundo. La inflación siguió en tasas negativas del -1,2%, el desempleo se situó por encima del 18% y la informalidad de la economía superó el 52%, mientras que la estrategia de lucha derivó en un déficit de más del 10% del PIB en 2020 (no solo los ingresos se desplomaron sino que el gasto en subsidios y en salarios públicos se había triplicado en los 10 últimos años) y la deuda pública superó el 69% del PIB (partiendo del 46,8%). En 2021, la economía se ha recuperado parcialmente como se ha señalado (15,3%), la inflación recuperó signo positivo (+1,6%), y se estima que el Gobierno ha cumplido con la meta de déficit del 7,5% del PIB.

Panamá es un país netamente importador de casi todo tipo de productos, incluyendo materias primas, combustibles, bienes de equipo (para proyectos) y también en la década pasada había aumentado las importaciones de bienes de consumo gracias al mayor ingreso disponible. Por todo ello, su balanza por cuenta corriente es estructuralmente deficitaria. En 2019, este déficit alcanzó el 5% del PIB, financiado fundamentalmente por el superávit de las cuentas de capital y financiera (fundamentalmente IDE en sectores como banca, transporte, minería y energía). La entrada en operación en junio de 2019 de la Mina de Cobre de Panamá, y la consiguiente previsión de exportación de cobre por valor de unos 2.000 MUSD anuales, hace prever una reducción paulatina del desequilibrio por cuenta corriente, así en 2020 supuso un superavit coyuntural del 2,3% del PIB, ante la fuerte ralentización de las importaciones, y en 2021 volvió a registrar un déficit del 2,2% tras la reactivación, pero en niveles más moderados que antes de la pandemia.

A pesar del aumento del endeudamiento público por la elevada inversión pública en los últimos años, el peso de la deuda con respecto al PIB se mantenía estable alrededor del 42%. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia se produjo un incremento espectacular en la ratio deuda/PIB, hasta niveles próximos al 70% del PIB, y ya se aprobó modificación de la ley del techo del déficit fiscal aumentándolo en 2021 hasta el 7,5% y en 2022 hasta el 4%, dibujando un escenario diametralmente opuesto al previsto antes del Covid. Con todo para 2022 las previsiones apuntan entre un 5% y un 8% de crecimiento lo que facilitaría esta senda de reducción del peso de la deuda eliminando las presiones sobre el "grado de inversión".

 

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

  

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2018 2019 2020 2021
PIB
PIB (MUSD/M€ a precios corrientes 64.928 66.788 52.938 63.605
Tasa de variación real (%) 3,6 3,0 -17,9 15,3
Tasa de variación nominal (%) 4,4 2,9 -20,7 20,1
INFLACIÓN
Media anual (%) 0,8 -0,4 -1,6 1,6
Fin de período (%) 1,6 -0,1 -1,6 2,6
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DE RESERVA FEDERAL USA
Media anual (%) 1,75 2 0,2 0
Fin de período (%) 2,25 1,5 0 0
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes) 4.176 4.246 4.300 4.337
Población activa (x1.000 habitantes) 2.029 2.066 2.003 1.866
% Desempleo sobre población activa 6,0 7,1 18,5 11,3
DÉFICIT PÚBLICO
% del PIB -3,2 -3,6 -10,2 -6,0
DEUDA PÚBLICA
En M USD 24.465 28.644 36.960 40.488
En % del PIB 37,7 42,8 69,9 63,7
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
En MUSD 28.550 28.579 20.184 27.237
% variación respecto al período anterior 4,8 0,1 -29,4 34,9
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
En MUSD 28.902 27.378 17.412 24.627
% variación respecto al período anterior 6,8 -5,2 -36,4 41,4
SALDO COMERCIAL BIENES
En M USD -11.332 -7.607 -2.714 -3.871
En % del PIB -17,0 -11,4 -5,1 -6,1
SALDO B. CUENTA CORRIENTE  
En M USD -4.967 -3.333 1.233 -1.412
En % del PIB -7,7 -5,0 2,3 -2,2
DEUDA EXTERNA PUBLICA Y PRIVADA
En M USD 99.371 104.695 106.871 112.815
En % del PIB 153 156,8 201,9 177,4
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL
En M USD 6.901 7.099 10.171 7.697
En % de exportaciones de b. y s. 24,2 24,8 50,4 28,3
RESERVAS INTERNACIONALES
En M USD 3.149 3.834 9.930 8.832
En meses de importación de b. y s. 1,3 1,7 6,8 4,3
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
En MUSD 4.637 4.063 606 1.844
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
Media anual 1 1 1 1
Fin de período 1 1 1 1
Fuente: Contraloría General de la República. Ministerio de Economía y Finanzas. Fondo Monetario Internacional
Última actualización: MAYO 2022.

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Principales objetivos de política económica

En diciembre de 2019, el Gobierno de Cortizo publicó su Plan Estratégico de Gobierno 2019-24 que recoge la estrategia económica y social del país a través de cinco pilares estratégicos: (1) Buen Gobierno, (2) un Estado de Derecho, Ley y Orden, (3) una Economía Competitiva que genere empleo, (4) Combatir la Pobreza y la Desigualdad, y (5) Promover la Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura.

No obstante, debe destacarse que debido a la situación de emergencia sanitaria desatada por el Covid-19, que viene también acompañada de una situación de emergencia social y económica, es poco probable que el ejecutivo pueda llevar acabo este plan y está priorizando de objetivos. A ese respecto, destacar que el gobierno panameño ha aprobado un plan de reactivación de la economía, que requerirá buena parte del gasto presupuestado para los programas diseñados en el Plan Estratégico. En Julio de 2021 se ha anunciado un Plan reactivación económica con cinco pilares: estrategia de vacunación segura; apoyo a las micro y PYMEs, reactivación de proyectos de infraestructura pública (139 proyectos, algunos de ellos a través de APPs), preservar la capacidad del sector financiero; y estímulo de la atracción de inversiones exteriores.

Uno de los puntos más destacables del Plan Estratégico presentado al inicio de la legislatura por el gobierno de Cortizo era el “Gobierno Digital”, con el objetivo de reducir y simplificar drásticamente los trámites y que también abarca el rediseño de los sistemas centrales del gobierno. Como medidas para el fomento del empleo, destacan la articulación de políticas de formación, capacitación, así como la facilitación de la afiliación de los trabajadores por cuenta propia a la Caja del Seguro Social como método para reducir la economía informal.

En materia de comercio, el gobierno abogaba por modernizar la normativa de comercio electrónico, expandir el uso del monedero electrónico y promover una legislación que facilite el uso del pago electrónico en el sector privado. Esta modernización se extienda al sector financiero, con el fomento de tecnologías Fintech, para lo que el ejecutivo desarrollará un marco regulatorio especial para permita la entrada de empresas de innovación financiera.

En comercio exterior, el plan recogía uno de los puntos principales de la campaña electoral del ahora presidente: Establecer una Estrategia Nacional de Aprovechamiento de los actuales Tratados de Libre Comercio (TLC). También se recogen medidas para el fortalecimiento de la competitividad del sector productivo panameño (programa “Impulso Panamá”). En el Plan también se dejan ver atisbos de cierto sesgo proteccionista en materia de tratados de libre comercio, pues una de las medidas es fortalecer la Dirección de Administración de Tratados para que proteja de manera efectiva tanto al consumidor como al productor nacional, combatiendo las prácticas de comercio desleal y dumping, e implementando medidas de salvaguardas frente a las amenazas de importaciones excesivas que socavan la producción agropecuaria.

En materia de transporte, el gobierno de Cortizo quiere modernizar la Autoridad Marítima de Panamá no solo en términos de tecnología, sino de atención al cliente, a través de una revisión sustancial de la estructura de la institución para que sea gane en eficiencia.

En materia de urbanismo, se recoge una propuesta para revisar y ejecutar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación y desarrollo urbano integral en conjunto con las autoridades locales.
 

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Previsiones macroeconómicas

Las previsiones para 2022 del Ministerio de Economía apuntan a un crecimiento del PIB del 5% confiando en que los elementos de incertidumbre se vayan despejando. Con todo esas estimaciones son inferiores a las de organismos internacionales como el FMI (7,5%), Banco Mundial (6,5%) o CEPAL (6,3%) y supone aun un efecto rebote parcial después de la severa caída en 2020 (-17,8%) hasta alcanzar los niveles de prepandemia que se espera superar a finales de año. Tras este rebote se espera una convergencia hacia una tasa de crecimiento anual entre el 4%(Economist Intelligence Unit) y el 5% (FMI).

Se estima que con el crecimiento económico se incrementarán los déficits a la cuenta corriente de Panamá  ( -4,1% del PIB en 2022 según el FMI, o -5,8% de acuerdo al EIU). En cuanto al déficit presupuestario, tanto el FMI como EIU consideran que la recuperación económica permitirá que el Gobierno respete la senda fijada ( -4% del PIB en 2022). Asimismo estos organismos consideran que la inflación, a pesar de incrementarse en línea con la evolución de los precios internacionales, se mantendrá en niveles más moderados que la región (3,1% de media en 2022 según el FMI o 4,4% según EIU). 

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Política fiscal y presupuestaria

La política fiscal está limitada desde junio de 2008 por la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) que originalmente en 2009 introducía un límite del 1% al déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) del que están excluidos los intermediarios financieros públicos (Banco Nacional y Caja de Ahorros) y las empresas públicas (ENA, ETESA, Metro de Panama o Aeropuerto de Tocumen). Sin embargo desde entonces, el Gobierno ha incumplido y aumentado sistemáticamente por ley este techo de endeudamiento: en 2009 se aumentó el límite al 2,5%; en 2011 al 2,9%, y en 2014 la Administración de Varela modificó la LRSF estableciendo el límite de endeudamiento en el 4,1% solo para ese año. Con todo, el fuerte crecimiento económico experimentado permitió reducir el peso de la deuda pública desde el 60% del PIB en 2005 a alrededor del 40% en 2019, y se había alcanzado el grado de inversión por parte de las agencias de calificación en 2010, registrando una de las primas de riesgo más bajas de los mercados emergentes aun a día de hoy.

En octubre de 2019, previo a la pandemia, se había realizado una modificación a la LRSF para fijar anclajes a medio plazo del déficit (2% PIB) y de la deuda (40% del PIB) y se había establecido una regla de crecimiento del gasto corriente (limitándolo al crecimiento potencial más la inflación), incluyendo una cláusula de emergencia para recesiones que obliga a retornar el déficit en un periodo máximo de tres años a su anclaje. Como consecuencia de la pandemia del COVID el Gobierno aprobó aumentar el límite legal del déficit hasta el 10,5% para 2020 y 7,5% para 2021 para después ir convergiendo al 4% en 2022, 3% en 2023, y 2% en 2024. 

Tras las dos legislaturas anteriores (de los Presidentes Martinelli y Varela) en el que se aprobaron una importante batería de proyectos, el país se encontraba ya antes del Covid-19 inmerso en un periodo de ajuste fiscal, con recortes en el presupuesto de proyectos en marcha y el replanteamiento o postergación de otros. No obstante, a raíz del Covid-19 el gobierno ha aprobado un Plan de la Reactivación de la Economía que supone un aumento considerable del gasto social, el cual se ha financiado con recurso a deuda (multilateral y de bonos internacionales) y postergando gran parte de los proyectos de inversión pública. El plan contempla acciones dirigidas a hacer frente a las necesidades del sistema de salud, a mantener la liquidez del Sistema bancario panameño, y a programas dedicados sobre todo a la supervivencia de las PYMES panameñas y la protección de los grupos de población con mayor vulnerabilidad económica y social a través de fondos solidarios. La urgencia desatada por el Covid-19 ha hecho que el gobierno panameño tenga que hacer frente a una serie de desembolsos excepcionales, pero los analistas coinciden en que dada la magnitud de la crisis económica que ha hecho saltar el peso de la deuda en 20 puntos porcentuales en un año hasta cerca del 70%, y llevar el grado de inversión al último escalón, el gobierno panameño tendrá que plantearse mecanismos para consolidar nuevamente la situación fiscal.

Hay amplias posibilidades de mejora en el área de presupuestación a medio plazo, control de ejecución y transparencia, para evitar casos como el reconocimiento de deudas flotantes no registradas que tuvo lugar en 2019 o la ausencia de una contabilidad fidedigna del sistema de las cotizaciones sociales. 

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Política monetaria

En cuanto a política monetaria, Panamá adoptó en 1904 la paridad del balboa con el dólar estadounidense, dolarizando el país. Aunque cuando adoptó el dólar no era un área monetaria óptima, con el tiempo su economía se ha integrado con la economía mundial, y su ciclo de negocios se ha sincronizado con el de EE.UU. Consecuentemente, carece de Banco Central y una política monetaria propia, ya que importa la política monetaria estadounidense y, consecuentemente, sus tipos de interés local aumentan o disminuyen en función de lo que decida la Reserva Federal (FED). La expectativas de inflación por tanto están bien ancladas a pesar de la espiral inflacionista que está sufriendo la economía mundial en 2022.

La Superintendencia de Bancos de Panamá regula y supervisa el funcionamiento del sistema bancario, incluyendo especialmente el cumplimiento de las mejores prácticas de estándares (Basilea III) y compromisos internacionales asumidos por Panamá con el GAFI y Foro Global. Sin embargo, el sistema financiero está expuesto a riesgos potenciales de lavado de dinero, pues está en la lista gris de GAFI desde 2019, lo cual pone en peligro las relaciones de corresponsalía bancaria y por tanto los canales crediticios.Con todo, el sistema bancario es estable, bien capitalizado y solvente, ya que más del 80% de los bancos cumplen con el ratio de cobertura de liquidez de Basilea III.  Por motivo del Covid-19, en marzo de 2020 aprobó una medida para la liberación de una reserva bancaria con un acumulado de 1.252 MUSD para que los bancos tengan más flexibilidad para atender a los clientes que requieran una reestructuración de sus préstamos. Aún así las principales debilidades desde el punto de vista financiero son la ausencia de un prestamista de última instancia, la ausencia de esquema de aseguramiento de depósitos, y la falta de cumplimiento con los requisitos del GAFI en términos de lucha contra lavado de dinero y financiación del terrorismo.  

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Uno de los sectores más importantes para la economía de Panamá es indudablemente el sector del transporte en el cual es fundamental el aporte del Canal de Panamá. El Canal aporta aproximadamente un 20% de los ingresos del Estado, y ha sido un motor fundamental de la economía durante la crisis sanitaria del COVID-19 y en la fase de reactivación posterior. El Canal de Panamá cerró su año fiscal 2021con un récord en el tránsito (13.342 tránsitos) de tonelaje (516 millones toneladas) y aunque el principal negocio del Canal sigue siendo los portacontenedores y graneleros (36% y 17% respectivamente del tonelaje del Canal), los buques de gas natural licuado y de transporte de gas son los que vienen registrando mayor crecimiento en tránsito desde 2019 para una ruta cuyos principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón. Con todo, pese a la importancia y fortaleza del sector logístico, existen problemas de saturación de los puertos (especialmente los del Pacífico), siendo necesario también mejorar la planificación y calidad de la infraestructura logística que les da servicio. Adicionalmente, el Canal está sufriendo rebajas constantes de calado debido a las sequías cada vez más frecuentes e intensas, lo que llevó a la Autoridad del Canal de Panamá a licitar en 2020 el desarrollo de un nuevo sistema de administración del agua que garantice el suministro sostenible del recurso, si bien en Junio de 2021 se ha cancelado la licitación que espera se vuelva a licitar en 2024 .

Es destacable también el comportamiento del sector minero que en 2019 creció un 39 % por el comienzo de las exportaciones de la mina Cobre Panamá, en 2020 aumentó un 31%, y en 2021 el valor añadido bruto de este sector se disparó un 115%, generando así aportaciones positivas al crecimiento del PIB de Panamá de 21,6% en 2019, 4,2% en 2020 y 27,6% en 2022. Así todos los análisis apuntan a que la minería supondrá también una sólida base para el crecimiento económico en 2022 y 2023, después de que el Gobierno termine de renegociar los términos del contrato de la Mina de Donoso.

El sector energético se encuentra lastrado por algunas deficiencias de inversión: transmisión eléctrica (4ª línea de transmisión; interconexión con Colombia) que mejore la conexión entre puntos de generación y consumo eléctrico; diversificación de la matriz energética, dando un mayor papel al GNL (que aumenta su peso al 14% aunque esto ha traído consigo problemas de sobrecontratación) y energías renovables (junto con térmica supone en torno al 15% de la matriz) reduciendo así la dependencia de la generación hidroeléctrica (71%), afectada por las sequías y el fenómeno de El Niño.

En septiembre de 2020, el gobierno de Cortizo aprobó una nueva ley (Ley EMMA) para incentivar (a través de numerosos incentivos fiscales como y había hecho con las multinacionales de servicios -Ley SEM-) la implantación en territorio panameño de empresas multinacionales manufactureras, pretendiendo así incrementar la capacidad manufacturera de Panamá, que actualmente es muy escasa, a la vez que mejorar la capacitación y cualificación de la mano de obra del país (se exige a las empresas que desarrollen centros de formación).

Para Panamá, como economía eminentemente abierta, dependiente de la IED, hub logístico y con un centro bancario internacional resulta esencial mantener el grado de inversión,  por lo que la disciplina fiscal será fundamental en el medio plazo para que el peso de la deuda no se dispare y no pueda poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por ello el Gobierno ha tenido que reducir drásticamente la inversión pública y racionar la cartera de proyectos de infraestructura a priorizar. En este sentido los proyectos "llave en mano" con financiación propia y la Ley de Asociación Publico Privada o APP (aprobada en 2019 y su Reglamento en 2021) pretenden ser las nuevas herramientas del Gobierno para poder seguir impulsando proyectos de infraestructura a pesar del escaso margen fiscal.

En el sector financiero Panamá está actualmente tratando de legislar y adaptar diversas leyes para mostrar una buena praxis (creación y potenciación de superintendencia, creación de registro único de beneficiarios finales de sociedades anónimas,...), pero, la reinclusión en 2020 del país en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, tras haber logrado salir en 2019, supuso un paso atrás y corroboró la necesidad de mejorar la transparencia e implantar con mayor rigurosidad las reformas de fiscalidad prometidas. Y es que también el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), aunque reconoce los avances y compromisos en materia fiscal, incluyó nuevamente a Panamá en una lista gris en junio de 2019, y en las sucesivas reuniones ha reafirmado su inclusión ante la falta de avance en 8 de de las 15 líneas de acción identificadas.

Adicionalmente, existe notable preocupación en términos de Gobernanza, transparencia y compliance, y así por ejemplo los Indicadores de gobernanza del Banzo Mundial destacan el pobre resultado de Panamá en "efectividad del Gobierno", "estado de derecho" y "control de la corrupción" donde las puntuaciones no sólo son pobres sino que son peores que las de 2009, especialmente en el caso de control de la corrupción, poniendo de manifiesto que está lejos de ser un problema en vías de resolución. 

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