• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Por sectores de actividad, los servicios aportan el 59,9% del PIB, la industria el 30,5% y el sector agrícola el 9,7%. Dentro de los servicios destacan el comercio (18,5%) y los servicios inmobiliarios (13,2%). La industria manufacturera (19,5%) absorbe la inmensa mayoría del PIB industrial, siendo residual la aportación de sectores muy visibles como el minero (0,9%). La agricultura explica la mayor parte del PIB agrícola, que supone apenas un 9,7% del PIB pero absorbe aún el 25,4% de la población ocupada. El sector servicios es el mayor proveedor de empleo en el país (56%), mientras que la industria absorbe sólo un 18,6% de los trabajadores.

Por componentes de gasto, el consumo privado explica el 73,5% del PIB, el público apenas el 11,3% y la inversión el 25% (cifra muy inferior a la necesaria para el desarrollo del país). Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios representan el 30,6% y 40,1% del PIB, respectivamente, valores muy inferiores a los de hace una década.

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Filipinas ha crecido en los últimos diez años a una envidiable tasa media del 5,8%, y en los últimos cinco al 6,4%. En 2018 el PIB creció un 6,2%, acusando una ligera desaceleración respecto a 2017 (6,7%). No obstante se espera que la economía continúe creciendo en el entorno del 6-7% durante los próximos años.

El patrón de crecimiento revela como motores de la economía el consumo privado y la inversión. Por el lado de la demanda, en 2018, aunque continúa la leve desaceleración del consumo privado (5,6% vs 5,9% Y/Y), se registra una notable aceleración tanto del consumo público (12,8% vs 7% Y/Y) así como de la inversión (13,9% vs 9,4% Y/Y), lo que en su conjunto resulta en un aumento de la aportación de la demanda interna al crecimiento (9,2% vs 7,5% Y/Y). La demanda externa, por el contrario, ahonda en el terreno negativo (-2,9% vs -0,8% Y/Y) a causa de un peor comportamiento de las exportaciones (11,5% Y/Y) que las importaciones (14,5% Y/Y).

Por el lado de la oferta, en lo que se refiere al sector primario (agricultura, ganadería y pesca), que se mantuvo estable de 2016 a 2017, sufre una notable desaceleración en 2018 (0,8% vs 4,0% Y/Y) a causa de las múltiples inclemencias meteorológicas sufridas a lo largo del año.

En cuanto al sector industrial, en 2018 mantiene la tendencia de desaceleración que se dio en 2017 (6,8% vs 7,2% Y/Y) lastrado principalmente por el sector manufacturero (4,9% vs 8,4% Y/Y). Por el contrario,  el sector de la construcción se acelera notablemente (15,9% vs. 5,3% Y/Y) reflejando el esfuerzo en inversión pública en infraestructuras.

En cuanto al sector de servicios, éste mantiene prácticamente el mismo ritmo de crecimiento en 2018 (6,6% vs 6,8% Y/Y). Se desaceleran sin embargo los subsectores de comercio (5,9% vs 7,3% Y/Y), así como finanzas e inmobiliario (5,7% vs 7,5% Y/Y)

La tasa de inflación arrojó para en el conjunto de 2018 una tasa media del 5,2% (pico de 6,7% en Sep-2018), acelerándose fuertemente respecto al año anterior (2,9%). Además del repunte de los precios internacionales del petróleo, este comportamiento se debe en gran medida el aumento del precio de los alimentos, y en particular del arroz (pondera el 10% de la cesta del IPC). El Banco Central ha subido tipos en repetidas ocasiones a lo largo del año para contener la espiral inflacionista, lo que parece haber conseguido. Por otro lado, el Gobierno ha implementado una reforma del sistema (proteccionista) de importación de arroz para aliviar los precios del mismo. El Banco Central de Filipinas ha marcado el objetivo de que la inflación oscile entre 2-4% desde 2018 a 2020.

El tipo de cambio ha sufrido una devaluación continua en los últimos años por factores tanto propios como ajenos. Si bien a principios de 2017 el peso gozaba de un tipo de cambio respecto al dólar de 49,7 PHP/USD, durante 2017 y 2018 se ha depreciado hasta alcanzar su menor valor en 10 años (54 PHP/USD en Oct-2018). En los últimos tres meses se ha apreciado ligeramente oscilando en la banda 52-53 PHP/USD.

Por otra parte, respecto al euro el peso filipino se ha depreciado casi un 10% en 2018 (sumado al 8% del año anterior) pasando de 56,94 PHP/EUR (media 2017) a 62,19 PHP/EUR (media 2018), habiendo superado los 65 PHP/EUR en puntos del 2018. En los últimos tres meses se ha apreciado ligeramente oscilando alrededor de 60 PHP/EUR.

La depreciación del peso no ha conseguido mejorar el saldo exterior, sino todo lo contrario. Además, los mayores costes de las importaciones (especialmente petróleo y alimentación) han contribuido a agravar las ya notables tensiones inflacionistas.

Por lo que se refiere a la política fiscal, las cuentas públicas acusan un creciente aunque manejable déficit (-3% vs -1,9% PIB, Ene-Sep), reflejo del mayor gasto público social y en infraestructuras. Los ingresos públicos han alcanzado por primera vez en la historia de Filipinas el 17% del PIB gracias a la reforma fiscal aprobada a finales de 2017. La deuda pública se situó en 2018 en el 41,9% del PIB, confirmando la espectacular trayectoria descendente de los últimos años (32 puntos en 13 años).

La balanza de pagos arrojó en T1-T3 2018 un déficit por cuenta corriente del -2,7% del PIB (frente al superávit del 0,4% de T1-T3 2017). El déficit comercial empeora (-15,5% en T1-T3 2018 vs -12,3% en T1-T3 2017). Por otra parte, se registra un mayor superávit de la balanza de servicios, la cual experimentó un crecimiento de un 18,2% en los tres primeros semestre del 2018. Las remesas de emigrantes filipinos en el exterior alcanzaron en 2017 el 9% del PIB (casi 5 veces más que la inversión directa extranjera), lo que la convierte en una fuente de financiación clave para la economía filipina (aunque menos generadora de inversión y empleo que la inversión directa). Las remesas aumentaron en T1-T3 2018 un 2,2%, a pesar del descenso del 16% de las remesas provenientes de Oriente Medio. La deuda externa se sitúa en el 23,5% del PIB (Sep 2018), tras reducirse más de 40 puntos en 15 años.

La inversión extranjera directa neta muestra un cambio de tendencia sostenido. A pesar de las incertidumbres políticas y de seguridad, en 2017 la IED neta aumentó un 38% (hasta los 8.110 M$), consolidando a Filipinas como receptor neto. Esto se debe tanto a un aumento de la IED recibida, un 21% Y/Y hasta los 10.049M$ (récord histórico), como a una reducción de la IED emitida (-19% Y/Y). Los principales sectores receptores de dicha inversión fueron sobre todo suministro de gas, electricidad y aire acondicionado, y manufacturas. El robusto crecimiento de Filipinas y su potencial volumen de mercado parecen compensar las fuertes restricciones a la inversión extranjera así como la notable inseguridad jurídica. Cada vez más multinacionales están invirtiendo en este país. La integración de los mercados de la ASEAN, que comenzó en enero de 2015, puede estar favoreciendo la inversión en Filipinas. En T1-T3 2018 la IED ya alcanza 8.038 M$, lo que supone un aumento del 24,2% respecto al mismo periodo de 2017.

La inversión en cartera en 2017 acusó una notable salida de flujos neta (+163% Y/Y) al producirse tanto un aumento de la inversión filipina en el exterior (+154% Y/Y) como una reducción de la inversión extranjera en Filipinas (-202% Y/Y). La principal causa de este comportamiento parece ser la subida de tipos de la FED, ya que la bolsa filipina registró en 2017 un año récord (+25% Y/Y). En T1-T3 2018 se registra una salida neta de 2.823 M$ frente a los 3.471 M$ contabilizados en T1-T3 2017.

Filipinas goza, en resumen, de una excelente situación macroeconómica que se augura continuará en el próximo lustro. Si bien es cierto que el abultado déficit comercial es un desequilibrio significativo, el constante volumen de remesas de emigrantes así como la pujante IED lo consiguen compensar prácticamente. Además, gran parte de las importaciones corresponden a bienes de equipo, esenciales para mantener el actual ritmo de crecimiento. Otros desequilibrios tales como la elevada tasa de inflación o el creciente déficit público deben calificarse más bien de tipo coyuntural. Los verdaderos lastres de la economía filipina son la carencia de infraestructuras así como la falta de competencia (relacionada con las restricciones a la inversión extranjera).

La carencia de infraestructuras encarece el coste de la actividad económica e impide aprovechar el potencial de otros sectores como el turismo. Ninguno de los gobiernos después del dictador Marcos ha acometido una inversión en infraestructuras superior en media al 3% PIB. Esta cifra está muy por debajo del objetivo del 5% marcado por el anterior gobierno, y recomendado por el Banco Mundial como el mínimo necesario para Filipinas (esta cifra del 5% tan sólo se alcanzó en 2015). El gobierno Duterte se ha marcado como objetivo aumentar el gasto en infraestructuras hasta el 7% del PIB en 2022 (5,4% en 2017). Para ello se pretende agilizar los procesos de contratación pública, así como reactivar el recurso a la Ayuda Oficial al Desarrollo, principalmente de Japón y China. No cabe duda de la dificultad (casi imposibilidad) de llegar a tal objetivo.

Las restricciones a la inversión extranjera, otro de los grandes lastres para el crecimiento filipino a largo plazo, hace que los grandes grupos locales se conviertan en intermediarios necesarios, lo que reduce la competencia y encarece el coste final de las infraestructuras y servicios para el Gobierno y los contribuyentes filipinos. El gobierno Duterte ha manifestado su deseo de abrir un gran número de industrias a la inversión extranjera (todas aquellas que no estén protegidas en la constitución) en 2017, e incluso aprovechar las elecciones de 2019 para una modificación de la carta magna en este sentido. Actualmente se encuentra en sede parlamentaria una ley que reduce el número de sectores considerados servicios públicos (principalmente telecomunicaciones y transporte), lo que los abriría a la inversión extranjera. Sin embargo, los intentos de aligerar y transformar algunas de esas excesivas restricciones constitucionales en meras reservas de ley han encontrado hasta la fecha una fuerte oposición, dudándose de la factibilidad de tal empresa. Muestra de la intención de apertura de esta estructura ha sido la entrada a finales de 2018 de un tercer operador de telecomunicaciones que terminará con el actual duopolio existente en el sector.

El coste y disponibilidad de la electricidad (la segunda más cara de Asia después de Japón) es otro de los cuellos de botella para el crecimiento y cuya clave está en la falta de competencia en la fase de generación y en el monopolio de demanda en la distribución. Los frecuentes apagones en Mindanao y las permanentes amenazas de falta de capacidad en Luzón sirven de permanente recordatorio de otra de las principales asignaturas pendientes de la economía filipina desde hace décadas. Para atacar estos problemas la administración Duterte parece que apostará principalmente por el carbón por su competitividad, aunque se espera también un gran proyecto gasístico (Batangas), y la introducción de un porcentaje mínimo de energías renovables a las eléctricas.

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Entre los principales objetivos de la nueva Administración del Presidente Duterte destaca la implementación progresiva de una reforma fiscal así como una mejora en la recaudación de impuestos mediante la indexación de las tasas impositivas y la persecución del fraude. Además, otros puntos incluidos en su agenda socioeconómica son fomentar la competitividad y la inversión extranjera directa mediante la reducción de las restricciones existentes para empresas extranjeras en determinados sectores; y mejorar los programas de protección social, incluyendo el programa gubernamental CCT (Conditional Cash Transfer).

Una de las prioridades de la nueva Administración es el desarrollo de las infraestructuras, en particular mediante las participaciones público-privadas (PPP) y el incremento del gasto público en infraestructuras hasta alcanzar, al menos, un 5% del PIB. Con ello se pretende estimular la economía del país y, al mismo tiempo, dotar al país de una mejor red de infraestructuras y comunicaciones. Principalmente se está trabajando en la red de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

La actual administración está abierta al esquema “Unsolicited proposal” (UP). En 2017 el PPP Center asistió 13 solicitudes de este tipo de diferentes Agencias Ejecutoras Locales (IAs). La mayoría de las UP fueron del sector de transportes, como por ejemplo el nuevo Aeropuerto Internacional de Manila en Bulacan, la construcción del East-West Rail Project o el proyecto híbrido para la expansión del Aeropuerto Internacional de Clark.

El PPP Center terminó 2017 con 32 proyectos en su cartera en diferentes estados de desarrollo, concurso e implementación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Public-Private Partnership Center

Datos de octubre de 2018

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El departamento de planificación NEDA preveía un crecimiento para Filipinas de entre el 6,5% y el 7,5% para 2017 que finalmente fue del 6,8%. La mayoría de los organismos internacionales e instituciones apostaron por un crecimiento en 2017 menor al finalmente registrado, salvo NEDA.

El potencial de crecimiento de Filipinas es, en todo caso, muy elevado. Con sus más de 100 millones de habitantes, jóvenes en su inmensa mayoría, podría ser una economía emergente en pocos años. Goldman Sachs incluye a Filipinas entre los "Next Eleven" (once países con mayor potencial), y el HSBC considera que Filipinas estará en 2050 entre las 16 mayores economías del mundo (hoy es la 40ª en términos de PIB nominal). Ello requerirá, sin embargo, tasas de crecimiento más elevadas (de por lo menos un 7%), que no podrán mantenerse de forma sostenida si Filipinas no acomete las numerosas reformas estructurales pendientes.

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La escasez de ingresos públicos hace que las cuentas públicas de Filipinas hayan sido tradicionalmente deficitarias, salvo en el período 2006-2008. El déficit público en 2017 fue del -2,2% del PIB.

El presupuesto para 2018 ascendió a unos 70.213 millones de dólares (3.767 billones de PHP, un 19,5% del PIB). Esto supone un incremento del 12% con respecto al año anterior. De estos, las principales partidas corresponden a la partida de Servicios Públicos Generales con el 36,6% del presupuesto seguido de Educación con el 18,7% del presupuesto, un 9,6% más que en 2015. Exactamente, el Ministerio de Educación (DepEd) es el gran beneficiario con 672.400 millones de PHP seguido del Ministerio de Obras Públicas y Autopistas (DPWH) con 637.900 millones de PHP. Por su lado, el tercer Ministerio con más presupuesto es el Ministerio de Interior y Gobiernos Locales con 170.800 millones de PHP.

Los mayores incrementos se encuentran en los servicios económicos que alcanzarán por primera vez los 100.000 millones de pesos. Ello se debe al presupuesto asignado al ambicioso plan de construcción de infraestructuras Build, Build, Build. Representa un aumento del 25% respecto al presupuesto del 2017.

En cuanto a las regiones, las asignaciones que más crecen son las dirigidas a la National Capital Region y a Mindanao. Concretamente la región XI será la que experimente un mayor crecimiento, un 70,6% 

Concretamente, hay diversas partidas que destacan. Este presupuesto destina 40.000 millones de pesos para el programa de acceso gratuito a la educación terciaria. Además, se asigna 64.200 millones de pesos para una subida de salario más de un 100% de todo el personal uniformado. Se asignan igualmente 41.700 millones de pesos al programa de regadío gratuito para los pequeños granjeros. Finalmente, se destinan 10.000 millones de pesos para la rehabilitación y recuperación de la ciudad de Marawi.

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La política monetaria en Filipinas corre a cargo del Banco Central de Filipinas (Bangko Sentral de Pilipinas o BSP), que goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo es "mantener la estabilidad de precios para lograr un crecimiento equilibrado y sostenible de la economía", y además garantizar la supervisión y estabilidad del sistema financiero.

El Banco Central define un objetivo de inflación en términos de IPC para un período de tres años (3,0% ±1% para el período 2015-2018). Para lograr estos objetivos se vale de instrumentos de política monetaria como las operaciones de mercado abierto (repos y repos inversos, compras directas y swaps de divisas), los depósitos a plazo, los créditos al sistema bancario y el coeficiente de reservas. 

La gestión macroeconómica del Banco Central de Filipinas ha sido en general muy acertada y prudente, y en el ámbito regulatorio está adoptando valientes medidas para prevenir futuras crisis financieras, como la imposición a los bancos de requisitos de capital de Basilea III, anticipándose a muchos países desarrollados.

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En los últimos años no ha habido grandes avances en las reformas estructurales pendientes de la economía filipina, más allá de la nueva Ley de Impuestos Especiales (Sin Tax Act, que permitió aumentar la recaudación impositiva) y la Ley de Competencia que dio lugar a la creación de una nueva Comisión de Competencia. La Ley de PPP se ha dejado lamentablemente para la legislatura que viene (aunque se ha aprobado una importante Ley de Expropiaciones). Las propuestas de modificaciones legales que permitan la liberalización de la inversión extranjera, entre las cuales destaca la propuesta de reforma constitucional para dar al Congreso la posibilidad de relajar las numerosas restricciones) han chocado hasta el momento con la oposición del Presidente Aquino.

Incluso sin reforma constitucional, habría aún mucho margen para la apertura de Filipinas a las empresas extranjeras, lo que demuestra que la liberalización es más bien una cuestión de voluntad política de dificultad técnica.

Otra reforma urgente es la del sector eléctrico. Contrariamente a lo que se sostiene habitualmente, los elevados precios de la electricidad en Filipinas (los segundos más caros de Asia después de Japón) no se derivan de la inexistencia de subvenciones (la tarifa está subvencionada en tramos de bajo consumo) ni de los contratos de los años 90 (prácticamente extinguidos o renegociados) ni de un ineficiente sistema de distribución, sino de la inexistencia de un mercado eléctrico mayorista donde compitan los generadores y adquirentes de electricidad. El actual mercado mayorista al contado (WESM) apenas supone un 10% de la electricidad negociada, de modo que el 90% de la oferta de generación de electricidad se negocia bilateralmente en contratos a largo plazo con grandes empresas que ostentan el monopolio de distribución (y por tanto de demanda de electricidad) en las distintas zonas geográficas, lo que les permite fijar precios arbitrarios. Todo ello se realiza con el beneplácito de un regulador (la Energy Regulatory Commission o ERC) carente de los medios suficientes para evitarlo. Actualmente la ERC no encuentra el quorum suficiente para la aprobación de diferentes normas, ya que diversos de su miembros no se encuentran habilitados por diversas cuestiones.

La liberalización del mercado ASEAN hace que estas reformas estructurales se vuelvan aún más urgentes, a riesgo de perder competitividad frente al resto de países miembros. Asimismo, la propia ASEAN está imponiendo diversas normas a los diferentes Estados Miembros en aras de un perfeccionamiento de la integración económica prevista.
 

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