• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

 Por sectores de actividad, los servicios aportan el 61,4% del PIB, la industria el 30,3% y el sector agrícola el 8,3%. Dentro de los servicios destacan el comercio y la reparación de bienes (18,9%) y los servicios inmobiliarios (12,7%). La industria manufacturera ( 8,3%) absorbe la inmensa mayoría del PIB industrial, siendo residual la aportación de sectores muy visibles como el minero (0,8%). La agricultura explica la mayor parte del PIB agrícola, que supone apenas un 8,3% del PIB pero absorbe aún el 23,2% de la población ocupada. El sector servicios es el mayor proveedor de empleo en el país (57,2%), mientras que la industria absorbe sólo un 19,4% de los trabajadores. 

Por componentes de gasto, el consumo privado explica el 75% del PIB, el público apenas el 12,7% y la inversión el 25,5% (cifras muy inferiores a lo necesario para el desarrollo del país). Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios representan el 30,1% y 40,1% del PIB, respectivamente, valores muy inferiores a los de hace una década.

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Filipinas ha crecido en los últimos diez años a una envidiable tasa media del 5,8%, y en los últimos cinco al 6,4%. En 2019 el PIB creció un 6%, acusando una ligera desaceleración respecto a 2018 (6,3%). El primer semestre de 2019 ahondó en su ralentización (5,5%), debido tanto a causas internas (retraso en la aprobación de los presupuestos generales) como externas (clima de incertidumbre, guerra comercial). El segundo semestre de 2019 denota un cambio de tendencia y el retorno a valores por encima del 6% (6,2% T3 y 6,4% T4) por la resolución de dichos factores. Se espera que la economía continúe creciendo en el entorno del 6-7% una vez se recupere de la pandemia global de COVID-19, con una contracción estimada para 2020 en el entorno del -3-4% según previsiones del FMI (WEO, junio de 2020) y de NEDA. En 2021 el FMI estima un crecimiento de alrededor del 7%. Sin embargo la prolongada, profunda e incierta cuarentena impuesta sobre Metro Manila hace dudar del momento y fortaleza de la recuperación.

El patrón de crecimiento revela como motores de la economía el consumo privado, explicado por la reducción de las tensiones inflacionarias, la mayor confianza de los consumidores y el aumento del turismo entre otros factores. Por el lado de la demanda, en 2019 el consumo privado experimenta un ligero repunte (5,9% en 2019 frente al 5,8% de 2018, Y/Y), y continúa siendo el principal motor de la economía filipina, contribuyendo en 4,3 puntos porcentuales al crecimiento del 6%. El consumo público, pese al retraso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, se recuperó con el gasto en infraestructuras en la segunda mitad del año. Así, también impulsó el crecimiento del PIB pese a ralentizarse  (9,6% en 2019 vs 13,4% en 2018, Y/Y). Por su parte, la inversión sufre una desaceleración significativa, provocada por la ralentización de la construcción y la caída en los equipos duraderos (2,5% vs 11,3% Y/Y), lo que unido al consumo privado y público conduce a una aportación decreciente de la demanda interna (5,9 pp en 2019 frente a 8,7 pp en 2018). En contraste, aunque tanto exportaciones (2,4% vs 11,8%Y/Y) como importaciones (1,8% vs 14,6%Y/Y) disminuyeron frente al año anterior, la aportación de la demanda externa fue positiva (0,2 pp vs -2,8 pp), gracias a un saldo comercial más superavitario. Al disminuir las importaciones sobre todo de bienes de capital por la escasa inversión, el descenso de las exportaciones queda amortiguado y por eso la demanda externa constituye una fuerza neta débilmente positiva para la demanda agregada.

Por el lado de la oferta, en lo que se refiere al sector primario (agricultura, ganadería y pesca), en 2019 continúa la desaceleración iniciada el año anterior, al situarse su contribución sobre el PIB nominal en un 8,3% frente al 9,3% en 2018.

En cuanto al sector industrial, en 2019 el ritmo de crecimiento en este sector se reduce de manera drástica (4,7%), principalmente por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del presente año. La contribución al PIB del sector industrial disminuye ligeramente en 2019 frente a 2018 (30,3% vs 30,7%), motivada por el sector manufacturero (18,3% en 2019 frente a 19,1% en 2018) frente al aumento del peso de la construcción (8,1% en 2019 frente a 7,7% en 2018). Pese a ello, la industria sigue siendo un motor importante del crecimiento de Filipinas, al que contribuyó en 1,4 puntos porcentuales.

En cuanto al sector de servicios, éste repunta ligeramente con un 61,4% sobre el PIB frente al 60% de 2018). A excepción del sector inmobiliario, que cae ligeramente, y los servicios de transporte y almacenamiento, que se mantienen constantes; todas las partidas del sector servicios incrementan su peso en 30-50 puntos básicos, y destaca la expansión de los servicios de administración pública, defensa, seguridad social, financieros y comercio mayorista y reparación de vehículos. Los servicios continúan siendo, de este modo, el motor productivo de Filipinas desde el lado de la oferta, y contribuyen 4,5 puntos porcentuales al crecimiento del 6% del país.

La tasa de inflación arrojó en el conjunto de 2019 una tasa media del 2,5%, moderándose significativamente frente a 2018 (5,2%). La menor presión inflacionaria se explica gracias a la disminución de los precios del petróleo y del arroz (este último pondera el 10% de la cesta del IPC) que compensaron el aumento de los precios del transporte. De hecho, el Gobierno ha implementado una reforma del sistema (proteccionista) de importación de arroz para aliviar los precios de este.

Este nuevo escenario ha permitido al Banco Central la reducción escalonada de los tipos a lo largo del año. De este modo, el Banco Central ha ido disminuyendo los tipos de referencia desde 2019 e incluso a lo largo de 2020, hasta los 2,25 puntos porcentuales tras la última bajada en junio de 2020 para permitir fluir al crédito y frenar el impacto económico de la pandemia del COVID-19. Se prevé que continúe esta relajación de la política monetaria para mantener la inflación dentro de los límites previstos por la Administración Duterte.

El tipo de cambio se ha apreciado sustancialmente, sobre todo frente al euro (media anual de 62,19 PHP/EUR en 2018 frente a 57,99 PHP/EUR en 2019). La apreciación del peso frente al dólar es mucho más suave (media anual de 52,66 PHP/USD en 2018 a 51,79 PHP/USD en 2019).

No obstante, la apreciación del peso no ha causado un deterioro significativo del saldo exterior, pues el decrecimiento de las importaciones supera sustancialmente al de las exportaciones y por ello, de forma inusitada para Filipinas, las exportaciones netas contribuyeron positivamente al crecimiento del PIB real en 2019.

Por lo que se refiere a la política fiscal, las cuentas públicas acusan un leve aumento de un déficit público que se revela manejable (-3,4% en 2019 vs -3,1% en 2018). Esta situación viene dada por el incremento del gasto público (19,3% del PIB en 2019, frente al 18,7% de 2018) que se revela superior al incremento de los ingresos públicos (16,1% del PIB en 2019, frente al 15,6% de 2018 ). Filipinas dispone de cierto margen fiscal, que siguiendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional el Gobierno pretende utilizar para incrementar el gasto en infraestructuras, si bien el aumento sustancial del gasto público en la primera mitad de 2020 para aliviar el impacto socioeconómico del COVID-19 puede poner en peligro tal margen fiscal.

La balanza de pagos arrojó en 2019 un déficit por cuenta corriente del 0,1% del PIB frente al -2,5% de 2018, lo que viene determinado por la caída de las importaciones de bienes de capital ante la débil inversión nacional y la ralentización del comercio mundial. El déficit comercial mejora (-12,3% en 2019 frente a -14,7% en 2018), motivado por la contracción de las importaciones (-3%). La balanza de servicios se mantiene estable, mientras que las remesas de emigrantes aumentan ligeramente en 2019 a 30.133 millones de USD frente a los 28.943 de 2018. Las remesas destacan entonces como fuente de financiación clave para la economía filipina (aunque menos generadora de inversión y empleo que la inversión directa). La deuda externa se sitúa en el 22,2% del PIB en 2019, tras reducirse más de 40 puntos en 15 años.

La inversión extranjera directa neta en 2019 ascendió a 7.647 M$ (flujos netos), una reducción importante de los 9.948 M$ de 2018, en línea con la tendencia global. Aunque 2019 apunta a un aumento de la inversión emitida frente a la recibida, Filipinas sigue consolidándose como receptor neto de inversión. Tal declive de los flujos de inversión se enmarca en un contexto de incertidumbre mundial y el impacto limitado de la ley CITIRA (Corporate Income Tax and Incentives Rationalization Act) que introduce incentivos tanto fiscales como no fiscales a la inversión extranjera. CITIRA no llegó a aprobarse y ahora su sucesora, la ley CREATE (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act), está en proceso de aprobación mientras el país restaura la normalidad tras la cuarentena ante el COVID-19. Destaca asimismo la nueva ley de servicios públicos que, también pendiente de aprobación (en este caso en el Senado y la Oficina del Presidente), posibilitaría una propiedad extranjera del 100% en sectores donde anteriormente se exigía un 60% de propiedad filipina, como son energía, telecomunicaciones, transporte por carretera y por mar, agua o alcantarillado (las denominadas “public utilities” que ahora pasarían a llamarse “public services”).

La inversión en cartera en 2019 continúo su tendencia descendente de 2018 al situarse en -1.727 M$ en comparación con los 1.448 M$ del año anterior. Tras un aumento prolongado hasta 2018, la inversión extranjera directa se ha reducido casi a la mitad en 2019, y lo mismo ocurre con la inversión en cartera.

Filipinas goza, en resumen, de una situación macroeconómica positiva que se augura continuará en el próximo lustro, siempre que el país pueda superar los efectos de la pandemia global. Los déficits gemelos del sector público y el sector exterior se encuentran contenidos y en disminución, matizados por un volumen constante de remesas de emigrantes y niveles suficientes de IED. Además, gran parte de las importaciones corresponden a bienes de equipo, esenciales para mantener el actual ritmo de crecimiento. No obstante, cabe destacar cómo el impacto del COVID-19 ha reducido tales importaciones de bienes de capital, acortando el déficit comercial pero también provocando una caída sustancial de la inversión. Además, el déficit y deuda públicos continuarán incrementándose, pero el bajo coste del endeudamiento para Filipinas gracias a una calificación crediticia adecuada podrá amortiguarlo. El contexto monetario es positivo, así como la rebaja de las presiones inflacionarias. Los verdaderos lastres de la economía filipina son la carencia de infraestructuras, así como la falta de competencia (relacionada con las restricciones a la inversión extranjera).

El FMI estima un impacto considerable en la economía filipina fruto del COVID-19, con una contracción del -3,6% en 2020 y un repunte positivo del 6,4% en 2021. Son datos esperanzadores en el contexto de un crecimiento netamente negativo para sus socios de ASEAN, pues Filipinas podría de nuevo situarse entre los líderes del crecimiento en Asia en 2021.

La carencia de infraestructuras encarece el coste de la actividad económica e impide aprovechar el potencial de otros sectores. El crecimiento potencial de Filipinas (alrededor del 6%) está limitado precisamente por esta carencia. Por ello, el Presidente Duterte ha centrado su política económica en un aumento significativo de la inversión en infraestructuras que se materializa en el programa “Build, Build, Build” o BBB, que abarca más de 75 proyectos de infraestructuras licitados por tres agencias del Gobierno:

-      Ministerio de Obras Públicas y Carreteras (Department of Public Works and Highways o DPWH).

-      Ministerio de Transporte (Department of Transport o DOTr).

-      Autoridad de Conversión de Bases y Desarrollo (Bases Conversion and Development Authority o BCDA).

En 2018 el Gobierno invirtió en infraestructuras 18.145 M€ del presupuesto nacional (General Appropriations Act o GAA), lo que equivale al 6,1% del PIB. El ejecutivo se ha marcado el objetivo de destinar 120.000 M€ en el periodo 2017 – 2022, superando el 7% del PIB en el último año, un verdadero hito respecto a anteriores administraciones. 

Un 65,91% del programa “Build, Build, Build” se destinará a infraestructuras de transporte (DOTR y DPWH), donde España puede tener ciertas oportunidades para su desarrollo. De los 75 proyectos, 46 se encuentran en diversas etapas de implementación; 16 están en proceso de presupuesto o proceso de aprobación por NEDA; 19 están pendientes de que se concluyan los procesos de expropiación o diseño de ingeniería de detalle; y 11 están en construcción.

Las restricciones a la inversión extranjera, otro de los grandes lastres para el crecimiento filipino a largo plazo, hace que los grandes grupos locales se conviertan en intermediarios necesarios, lo que reduce la competencia y encarece el coste final de las infraestructuras y servicios para el Gobierno y los contribuyentes filipinos.  El gobierno Duterte ha manifestado su deseo de abrir un gran número de industrias a la inversión extranjera (todas aquellas que no estén protegidas en la constitución) en 2017, e incluso aprovechar las elecciones de 2019 para una modificación de la carta magna en este sentido. Actualmente se encuentra en sede parlamentaria una ley que reduce el número de sectores considerados servicios públicos (principalmente telecomunicaciones y transporte), lo que los abriría a la inversión extranjera. Sin embargo, los intentos de aligerar y transformar algunas de esas excesivas restricciones constitucionales en meras reservas de ley han encontrado hasta la fecha una fuerte oposición, dudándose de la factibilidad de tal empresa. Muestra de la intención de apertura de esta estructura ha sido la entrada a finales de 2018 de un tercer operador de telecomunicaciones que terminará con el actual duopolio existente en el sector.

El coste y disponibilidad de la electricidad (la segunda más cara de Asia después de Japón) es otro de los cuellos de botella para el crecimiento y cuya clave está en la falta de competencia en la fase de generación y en el monopolio de demanda en la distribución. Los frecuentes apagones en Mindanao y las permanentes amenazas de falta de capacidad en Luzón sirven de permanente recordatorio de otra de las principales asignaturas pendientes de la economía filipina desde hace décadas. Para atacar estos problemas la administración Duterte parece que apostará principalmente por el carbón por su competitividad, aunque se espera también un gran proyecto gasístico (Batangas), y la introducción de un porcentaje mínimo de energías renovables a las eléctricas.

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Entre los principales objetivos de la Administración del Presidente Duterte destaca la implementación progresiva de una reforma fiscal así como una mejora en la recaudación de impuestos (a través de, entre otros, la afloración de bases impositivas) y la persecución del fraude. Además, otros puntos incluidos en su agenda socioeconómica son fomentar la competitividad y la inversión extranjera directa mediante la reducción de las restricciones existentes para empresas extranjeras en determinados sectores; y mejorar los programas de protección social, incluyendo el programa gubernamental CCT (Conditional Cash Transfer).

Una de las prioridades de la Administración es el desarrollo de las infraestructuras, en particular mediante el incremento del gasto público en infraestructuras, aunque dejando también lugar a las participaciones público-privadas (PPP), hasta alcanzar, al menos, un 7% del PIB. Con ello se pretende estimular la economía del país y, al mismo tiempo, dotar al país de una mejor red de infraestructuras y comunicaciones. Principalmente se está trabajando en la red de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

La actual administración está abierta al esquema “Unsolicited proposal” (UP). El PPP Center cerró 2019 con 42 proyectos en su cartera en diferentes estados de desarrollo, concurso e implementación. La mayoría de las UP corresponden al sector de transportes, como por ejemplo el nuevo Aeropuerto Internacional de Manila en Bulacan, la construcción del East-West Rail Project o el proyecto híbrido para la expansión del Aeropuerto Internacional de Clark.
 

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En 2019, el crecimiento del PIB real fue del 6%, mientras que la tasa nominal alcanzó el 6,9%. En 2020, el impacto de la pandemia global de COVID-19 y el consiguiente cierre de la mayor parte del país provocarán una contracción, estimada entre el -2% y el -3,4%. Solo en el primer trimestre de 2020 la economía filipina ya se contrajo un -0,2%, coincidiendo con dos semanas de una cuarentena que se ha extendido desde marzo hasta junio. Se tratará de la primera recesión registrada en la economía filipina desde la crisis financiera del Sudeste Asiático de los años 90. El FMI (WEO, junio de 2020) estima una contracción severa del -3,6% en 2020, con un repunte del 6,4% en 2021. Las estimaciones del Gobierno filipino y del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) son similares.  

El potencial de crecimiento de Filipinas es, en todo caso, muy elevado. Con sus más de 100 millones de habitantes, jóvenes en su inmensa mayoría, podría ser una economía emergente en pocos años. Goldman Sachs incluye a Filipinas entre los "Next Eleven" (once países con mayor potencial), y el HSBC considera que Filipinas estará en 2050 entre las 16 mayores economías del mundo (hoy es la 33 ª en términos de PIB nominal). Ello requerirá, sin embargo, tasas de crecimiento más elevadas (de por lo menos un 7%), que no podrán mantenerse de forma sostenida si Filipinas no acomete las numerosas reformas estructurales pendientes.

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La escasez de ingresos públicos hace que las cuentas públicas de Filipinas hayan sido tradicionalmente deficitarias, salvo en el período 2006-2008. El déficit público en 2019 fue del -3,4% del PIB. 

El presupuesto de 2019 alcanza los 73.964 millones USD (3,661 billones de PHP), un incremento del 10,1% con respecto al año anterior. El Ministerio de Educación repite como principal beneficiario, con 665.100millones de PHP, seguido por el Ministerio de Obras Públicas y Autopistas (con 465.200 millones). En tercer lugar, repite el Ministerio de Interior y Gobiernos locales con 230.400 millones de PHP. 

En cuanto a las regiones, las asignaciones que más crecen son las dirigidas a la National Capital Region y a Mindanao. Concretamente la región XI será la que experimente un mayor crecimiento, un 70,6%. 

Concretamente, hay diversas partidas que destacan. Este presupuesto destina más de 52.000 millones de pesos para el programa de acceso gratuito a la educación terciaria y las becas y asistencia financiera a los estudiantes. Además, se asignan 531.600 millones de pesos para el programa de instalaciones educativas básicas, las convocatorias de profesores y asistencia educativa. Destacan asimismo los 173.500 millones de pesos destinados a la Policía Nacional, así como los 816.200 millones para el programa Build, Build, Build de gasto en infraestructuras (estos 816.200 millones suponen aproximadamente el 4,2% del PIB, acercándose al objetivo del Gobierno de gastar en torno al 7% del PIB en infraestructuras). Además, se asignan 32.300 millones específicamente para la región autónoma del Mindanao musulmán o BARMM, recientemente pacificada y lastrada por unas de las mayores tasas de pobreza del país.

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La política monetaria en Filipinas corre a cargo del Banco Central de Filipinas (Bangko Sentral de Pilipinas o BSP), que goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo es "mantener la estabilidad de precios para lograr un crecimiento equilibrado y sostenible de la economía", y además garantizar la supervisión y estabilidad del sistema financiero.

El Banco Central define un objetivo de inflación en términos de IPC para un período de tres años (3,0% ±1% para el período 2018-2020). Para lograr estos objetivos se vale de instrumentos de política monetaria como las operaciones de mercado abierto (repos y repos inversos, compras directas y swaps de divisas), los depósitos a plazo, los créditos al sistema bancario y el coeficiente de reservas.

La gestión macroeconómica del Banco Central de Filipinas ha sido en general muy acertada y prudente, y en el ámbito regulatorio está adoptando valientes medidas para prevenir futuras crisis financieras, como la imposición a los bancos de requisitos de capital de Basilea III, anticipándose a muchos países desarrollados.

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Recientemente, se ha llevado a cabo en Filipinas una Reforma Fiscal Integral (TRAIN, Tax Reform for Acceleration and Inclusion). Esta nueva ley, aplicable desde enero de 2018, supone una reducción del impuesto de la renta personal, la simplificación de los impuestos de sucesiones y donaciones, el aumento de los impuestos sobre el valor añadido y sobre ciertos productos como el tabaco o los automóviles. Asimismo, bajo esta misma reforma fiscal, se ha introducido un nuevo paquete llamado TRABAHO (Tax Reform for Attracting Better and Higher Quality Opportunities Bill) que propone reducir gradualmente el impuesto de sociedades y racionalizar los incentivos a la inversión corporativa. Además, la ley CITIRA (Corporate Income Tax and Incentives Reform Act) supondría una batería adicional de incentivos tanto fiscales como no fiscales para facilitar la inversión y actividad empresarial. No obstante, la pandemia global de COVID-19 suscitó un cambio en la administración económica del Gobierno, de tal manera que el nuevo Secretario de NEDA, Karl Chua, ha sustituido CITIRA con una nueva ley: CREATE o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act¸pendiente de aprobación en el Senado a julio de 2020. CREATE recoge el testigo de CITIRA y destaca por las bajadas impositivas del impuesto de sociedades que colocarían al país en la media de ASEAN y no por encima, como estaba hasta ahora. Filipinas tiene una posición destacadamente baja en los indicadores de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial (95, ligera mejoría frente a 2019), y la ley CREATE pretende revertir esta situación promocionando la inversión extranjera y facilitando la recuperación de las empresas tras la cuarentena, sobre todo PYMEs. 

Además, se está realizando un ejercicio de revisión de la Constitución que incidirá en las limitaciones a la inversión extranjera, aunque esté descartada la liberalización de la propiedad del suelo La ley de Servicios públicos (House Bill 78) pendiente de aprobación por el Senado y el presidente, supondría la apertura a la propiedad extranjera plena de sectores anteriormente vedados como telecomunicaciones, transporte terrestre y marítimo, energía o alcantarillado.  

Otra reforma urgente es la del sector eléctrico. Contrariamente a lo que se sostiene habitualmente, los elevados precios de la electricidad en Filipinas (los segundos más caros de Asia después de Japón) no se derivan de la inexistencia de subvenciones (la tarifa está subvencionada en tramos de bajo consumo), ni de los contratos de los años 90 (prácticamente extinguidos o renegociados), ni de un ineficiente sistema de distribución, sino de la inexistencia de un mercado eléctrico mayorista donde compitan los generadores y adquirentes de electricidad. El actual mercado mayorista al contado (WESM) convive con las ofertas de generación de electricidad anteriormente firmadas, y negociadas bilateralmente en contratos a largo plazo (PPA – Power Purchase Agreements) con grandes empresas que ostentan el monopolio de distribución (y por tanto de demanda de electricidad) en las distintas zonas geográficas, lo que les permite fijar precios arbitrarios. Existe en el mercado la comisión reguladora del mercado eléctrico (la Energy Regulatory Commission o ERC) cuya principal misión es la de garantizar que en el mercado los precios se hayan sometido a un Competitive Selection Process (CSP), tal y como marca la ley, afectando tanto a proyectos convencionales como renovables. 

La liberalización del mercado ASEAN hace que estas reformas estructurales se vuelvan aún más urgentes, a riesgo de perder competitividad frente al resto de países miembros. Asimismo, la propia ASEAN está imponiendo diversas normas a los diferentes Estados Miembros en aras de un perfeccionamiento de la integración económica prevista.

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