• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Por sectores de actividad, los servicios aportan el 59,9% del PIB, la industria el 30,8% y el sector agrícola el 9,3%. Dentro de los servicios destacan el comercio (18,5%) y  los  servicios inmobiliarios (12,8%). La industria manufacturera (19,1%) absorbe la inmensa mayoría del PIB industrial, siendo residual la aportación de sectores muy visibles como el minero (0,8%). La agricultura explica la mayor parte del PIB agrícola, que supone apenas un 9,3% del PIB pero absorbe aún el 24,1% de la población ocupada. El sector servicios es el mayor proveedor de empleo en el país (56,8%), mientras que la industria absorbe sólo un 19,1% de los trabajadores.

Por componentes de gasto, el consumo privado explica el 73,8% del PIB, el público apenas el 12% y la inversión el 27% (cifras muy inferiores a lo necesario para el desarrollo del país). Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios representan el 31,0% y 43,5% del PIB, respectivamente, valores muy inferiores a los de hace una década.

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Filipinas ha crecido en los últimos diez años a una envidiable tasa media del 5,8%, y en  los últimos cinco al 6,4%. En 2018 el PIB creció un 6,2%, acusando una ligera desaceleración respecto a 2017 (6,7%). En el primer semestre de 2019 el PIB creció “solo” un 5,5%, a causa del retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales para el año en curso. No obstante se espera que la economía continúe  creciendo  en  el entorno del 7% durante los próximos años.

El patrón de crecimiento revela como motores de la economía el consumo privado y  la  inversión. Por el lado de la demanda, en 2018, aunque continúa la leve desaceleración del consumo privado (5,6% vs 5,9% Y/Y), se registra una notable aceleración tanto del consumo público (12,8% vs 7% Y/Y) así como de la inversión (13,2% vs 9,4% Y/Y), lo  que  en  su conjunto resulta en un aumento de la aportación de la demanda interna al crecimiento (9,0% vs 7,5% Y/Y). La demanda externa, por el contrario, ahonda en el terreno negativo (-2,9% vs -0,8% Y/Y) a causa de un peor comportamiento de las exportaciones (13,4% Y/Y) con respecto a las importaciones (16,0% Y/Y). En el primer semestre de 2019, cambian ligeramente las tendencias, con la recuperación del ritmo de crecimiento del consumo privado (5,8%), la desaceleración del consumo público (7,1%) y un ligero decrecimiento de la inversión (-0,1%).

Por el lado de la oferta, en lo que se refiere al sector primario (agricultura, ganadería y pesca), que se mantuvo estable de 2016 a 2017, sufre una notable desaceleración en 2018 (0,9% vs 4,0% Y/Y) a causa de las múltiples inclemencias meteorológicas sufridas a lo largo del año. Durante el primer semestre de 2019 crece a igual ritmo que el mismo periodo del año anterior (0,7%).

En cuanto al sector industrial, en 2018 mantiene la tendencia de desaceleración que se dio en 2017 (6,7% vs 7,1% Y/Y), tendencia que continúa en la primera mitad de 2019 (4,2%), viéndose reflejado en todos sus componentes. En 2018 se encontró lastrado principalmente por el sector  manufacturero (4,9% vs 8,4% Y/Y). Por el contrario, el sector de la construcción  se  acelera  notablemente  (14,9% vs. 5,1% Y/Y) reflejando el esfuerzo en inversión pública en infraestructuras. En 2019, sin embargo, el ritmo de crecimiento en este sector se reduce de manera drástica (1,9%), principalmente por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del presente año.

En cuanto al sector de servicios, éste mantiene el mismo ritmo de crecimiento en 2018 (6,8% vs 6,8% Y/Y), acelerándose ligeramente en la primera mitad de 2019 (7,0%). Se desaceleran sin embargo los subsectores de comercio (6,0% vs 7,3% Y/Y), así como finanzas e inmobiliario (4,7% vs 7,4% Y/Y).

La tasa de inflación arrojó  para en  el conjunto de 2018 una tasa media del 5,2% (pico de 6,7% en Sep-2018), acelerándose fuertemente respecto al año anterior (2,9%). Además del repunte de los precios internacionales del petróleo, este comportamiento se debe en gran  medida  el  aumento del precio de los alimentos, y en particular del  arroz (pondera el 10% de  la cesta del IPC). El Banco Central ha subido tipos en repetidas ocasiones a lo largo del año para contener la espiral inflacionista, lo que parece haber conseguido. Por otro lado, el Gobierno ha implementado una reforma del sistema (proteccionista) de importación de arroz para aliviar los precios del mismo. El Banco Central de Filipinas ha marcado el objetivo de que la inflación oscile entre 2-4% desde 2018 a 2020. En 2019 la inflación se ha moderado y se mantiene en la banda objetivo, con un dato para T1-T3 del 3%.

El tipo de cambio ha sufrido una devaluación continua en los últimos años por factores tanto propios como  ajenos. Si bien a principios de 2017 el peso tenía un tipo de cambio respecto  al dólar de 49,7 PHP/USD, durante 2017 y 2018 se ha depreciado hasta alcanzar su menor valor en 10 años (54 PHP/USD en Oct-2018). En el primer semestre de 2019 se ha apreciado levemente, oscilando en la banda 52-53 PHP/USD.

Por otra parte, respecto al euro el peso filipino se ha depreciado casi un 10% en 2018 (sumado al 8% del año anterior) pasando de 56,94 PHP/EUR (media 2017) a 62,19 PHP/EUR (media  2018), habiendo superado los 65 PHP/EUR en puntos del 2018. En los últimos seis meses se ha apreciado, fluctuando alrededor de 59 PHP/EUR.

La depreciación del peso en 2018 no consiguió mejorar el saldo exterior, sino todo lo contrario. Además, los mayores costes de las importaciones (especialmente petróleo y alimentación) han contribuido a agravar las ya notables tensiones inflacionistas.

Por lo que se refiere a la política fiscal, las cuentas públicas acusan un creciente aunque manejable déficit (-3,2% vs -2,9% PIB), reflejo del mayor gasto público social  y  en infraestructuras. Los ingresos públicos han alcanzado por primera vez  en  la  historia de Filipinas el 16,4% del PIB gracias a la reforma fiscal  aprobada  a  finales de 2017. La deuda pública se situó en 2018 en el 41,9% del PIB, confirmando la extraordinaria trayectoria descendente de los últimos años (32 puntos en 13 años).

La balanza de pagos arrojó en 2018 un déficit  por cuenta  corriente del -2,4% del PIB (frente al del 0,8% de 2017). El déficit comercial empeora (-14,8% en 2018 vs -12,8% en 2017), pero se registra un mayor superávit de la balanza de servicios, la cual experimentó un crecimiento de un 7,6% en 2018. Las remesas de emigrantes filipinos en  el exterior alcanzaron en 2018 el 8,7%  del PIB, lo que la convierte en una fuente de financiación clave para la economía filipina (aunque menos generadora de inversión y empleo que la inversión directa). Las remesas aumentaron en 2018 un 3%, a pesar del descenso del 15,3% de las remesas provenientes de Oriente Medio. La deuda externa se sitúa en el 23,9% del PIB (2018), tras reducirse más de 40 puntos en 15 años.

La inversión extranjera directa neta en 2018 alcanzó los 5.854 M$, acusando una reducción con respecto  a 2017 del 15,87%. De todas formas, aun contando con este descenso, se mantiene en un buen nivel, especialmente si se compara con años anteriores. Por lo tanto, el cambio de tendencia desde 2015 permite considerar a Filipinas como un receptor neto consolidado. Los  principales  sectores receptores de dicha inversión fueron, sobre todo, suministro de gas, electricidad y aire acondicionado, y manufacturas.

La inversión en cartera en 2018 acusó una notable reducción en la salida de  flujos  neta  (858M$, -65% Y/Y). Esto ha ocurrido pese a haberse producido un fortísimo aumento de la inversión filipina en el extranjero (+294,6%, alcanzando los 4.224 M$), ya que, paralelamente, ha tenido lugar un mayor aumento de  la  inversión extranjera en  Filipinas (+423%  hasta 3.366 M$). La principal causa de este comportamiento parece ser la subida de tipos  de  interés llevado a  cabo por el Banco Central de Filipinas (BSP), dado que la bolsa filipina bajó un 11,8% en 2018.

Filipinas goza, en resumen, de una excelente situación macroeconómica que  se  augura continuará en el próximo lustro. Si bien es cierto que el abultado déficit comercial es un desequilibrio significativo, el constante volumen de remesas de emigrantes así  como la pujante IED lo consiguen compensar prácticamente. Además, gran parte de las importaciones corresponden a bienes de equipo, esenciales para mantener el actual ritmo de crecimiento. Otros desequilibrios tales como la elevada tasa de inflación en 2018 o el creciente déficit público deben calificarse más bien de tipo coyuntural. Los verdaderos lastres de la economía filipina son la carencia de infraestructuras así como la falta de competencia (relacionada con las restricciones a  la inversión extranjera).

La carencia de infraestructuras encarece el coste de la actividad económica e impide aprovechar el potencial de otros sectores. El crecimiento potencial de Filipinas (alrededor del 6%) está limitado precisamente por esta carencia. Por ello, el Presidente Duterte ha centrado su política económica en un aumento significativo de la inversión en infraestructuras que se materializa en el programa “Build, Build, Build” o BBB, que abarca más de 75 proyectos de infraestructuras licitados por tres agencias del Gobierno:

-      Ministerio de Obras Públicas y Carreteras (Department of Public Works and Highways o DPWH).

-      Ministerio de Transporte (Department of Transport o DOTr).

-      Autoridad de Conversión de Bases y Desarrollo (Bases Conversion and Development Authority o BCDA).

En 2018 el Gobierno invirtió en infraestructuras 18.145 M€ del presupuesto nacional (General Appropriations Act o GAA), lo que equivale al 6,1% del PIB. El ejecutivo se  ha  marcado el objetivo de destinar 120.000 M€ en el periodo 2017 –  2022, superando el  7% del PIB en el último año, un verdadero hito respecto a anteriores administraciones.

Un 65,91% del programa “Build, Build, Build” se destinará a infraestructuras de transporte (DOTR y DPWH), donde España puede tener ciertas oportunidades para su desarrollo. De los 75 proyectos, 46 se encuentran en diversas etapas de implementación; 16 están en proceso de presupuesto o proceso de aprobación por NEDA; 19 están pendientes de que se concluyan los procesos de expropiación o diseño de ingeniería de detalle; y 11 están en construcción.

Las restricciones a la inversión extranjera, otro de los grandes lastres para el  crecimiento  filipino a largo plazo, hace que los grandes grupos locales se conviertan en intermediarios necesarios, lo que reduce la competencia y encarece el coste final de las infraestructuras y servicios para el Gobierno y  los  contribuyentes  filipinos.  El gobierno  Duterte ha manifestado su deseo de abrir un gran número de  industrias  a  la  inversión extranjera (todas aquellas que no estén protegidas en la constitución) en 2017, e incluso aprovechar las elecciones de 2019 para una modificación de la carta magna en este sentido. Actualmente se encuentra en sede parlamentaria una ley que reduce el número de sectores considerados servicios públicos (principalmente telecomunicaciones y transporte), lo que los abriría a la inversión extranjera. Sin embargo, los intentos de aligerar y transformar algunas de esas excesivas restricciones constitucionales en meras reservas de ley han encontrado hasta la fecha una fuerte oposición, dudándose de la factibilidad de tal empresa. Muestra de la intención de apertura de  esta  estructura ha sido la entrada a finales de 2018 de un tercer operador de telecomunicaciones que terminará con el actual duopolio existente en el sector.

El coste y disponibilidad de la electricidad (la segunda  más cara de Asia después de Japón)  es otro de los cuellos de botella para el crecimiento y cuya clave está en la falta de competencia  en la fase de generación y en el monopolio de demanda en la distribución. Los frecuentes apagones en Mindanao y las permanentes amenazas de falta de capacidad en Luzón sirven de permanente recordatorio de otra de las principales asignaturas pendientes de la economía filipina desde hace décadas. Para atacar estos problemas la administración  Duterte  parece  que apostará principalmente por el carbón por su competitividad, aunque se espera también un gran proyecto gasístico (Batangas), y la introducción de un porcentaje mínimo de energías renovables a las eléctricas.

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Entre los principales objetivos de la Administración del Presidente Duterte destaca la implementación progresiva de una reforma fiscal así como una mejora en la recaudación de impuestos (a través de, entre otros, la afloración de bases impositivas) y la persecución del fraude. Además, otros puntos incluidos en su agenda socioeconómica son fomentar la competitividad y la inversión extranjera directa mediante la reducción de las restricciones existentes para empresas extranjeras en determinados sectores; y mejorar los programas de protección social, incluyendo el programa gubernamental CCT (Conditional Cash Transfer).

Una de las prioridades de la Administración es el desarrollo de las infraestructuras, en particular mediante las participaciones público-privadas (PPP) y el incremento del gasto público en infraestructuras hasta alcanzar, al menos, un 7% del PIB. Con ello se pretende estimular la economía del país y, al mismo tiempo, dotar al país de una mejor red de infraestructuras y comunicaciones. Principalmente se está trabajando en la red de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

La actual administración está abierta al esquema “Unsolicited proposal” (UP). En 2018 el PPP Center asistió 28 solicitudes de este tipo de diferentes Agencias Ejecutoras Locales (IAs). La mayoría de las UP fueron del sector de transportes, como por ejemplo el nuevo Aeropuerto Internacional de Manila en Bulacan, la construcción del East-West Rail Project o el proyecto híbrido para la expansión del Aeropuerto Internacional de Clark.

El PPP Center terminó 2019 con 42 proyectos en su cartera en diferentes estados de desarrollo, concurso e implementación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Public-Private Partnership Center

Datos de agosto de 2019

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El departamento de planificación económica NEDA preveía un crecimiento para Filipinas de entre el 7% y el 8% para 2018 que finalmente fue del 6,2%. La mayoría de los organismos internacionales e instituciones apostaron por un crecimiento en 2018 mayor al finalmente registrado. En el primer trimestre de 2019 el PIB aumentó un 5,6%, cifra menor a la esperada, causado principalmente por el retraso en la aprobación del presupuesto nacional. En el segundo trimestre de este año, se esperaba un repunte del mismo que compensara lo experimentado en el primero; sin embargo, en contra a las previsiones, el crecimiento del PIB fue únicamente del 5,5%. Esto compromete las posibilidades de la economía filipina de alcanzar el crecimiento del PIB previsto para el año 2019, obligando a reducir las expectativas.

El potencial de crecimiento de Filipinas es, en todo caso, muy elevado. Con sus más de 100 millones de habitantes, jóvenes en su inmensa mayoría, podría ser una economía emergente en pocos años. Goldman Sachs incluye a Filipinas entre los "Next Eleven" (once países con mayor potencial), y el HSBC considera que Filipinas estará en 2050 entre las 16 mayores economías del mundo (hoy es la 40ª en términos de PIB nominal). Ello requerirá, sin embargo, tasas de crecimiento más elevadas (de por lo menos un 7%), que no podrán mantenerse de forma sostenida si Filipinas no acomete las numerosas reformas estructurales pendientes.

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La escasez de ingresos públicos hace que las cuentas públicas de Filipinas hayan sido tradicionalmente deficitarias, salvo en el período 2006-2008. El déficit público en 2018 fue del -3,2% del PIB.

El presupuesto de 2019 alcanza los 72.555 millones USD (3,757 billones de PHP), un incremento del 13% con respecto al año anterior. El Ministerio de Educación repite como principal beneficiario, con 659.300 millones de PHP, seguido por el Ministerio de Obras Públicas y Autopistas (con 555.700 millones). En tercer lugar, repite el Ministerio de Interior y Gobiernos locales con 225.600 millones de PHP.

En cuanto a las regiones, las asignaciones que más crecen son las dirigidas a la National Capital Region y a Mindanao. Concretamente la región XI será la que experimente un mayor crecimiento, un 70,6%.

Concretamente, hay diversas partidas que destacan. Este presupuesto destina 40.000 millones de pesos para el programa de acceso gratuito a la educación terciaria. Además, se asigna 64.200 millones de pesos para una subida de salario más de un 100% de todo el personal uniformado. Se asignan igualmente 41.700 millones de pesos al programa de regadío gratuito para los pequeños granjeros. Finalmente, se destinan 10.000 millones de pesos para la rehabilitación y recuperación de la ciudad de Marawi.

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La política monetaria en Filipinas corre a cargo del Banco Central de Filipinas (Bangko Sentral de Pilipinas o BSP), que goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo es "mantener la estabilidad de precios para lograr un crecimiento equilibrado y sostenible de la economía", y además garantizar la supervisión y estabilidad del sistema financiero.

El Banco Central define un objetivo de inflación en términos de IPC para un período de tres años (3,0% ±1% para el período 2018-2020). Para lograr estos objetivos se vale de instrumentos de política monetaria como las operaciones de mercado abierto (repos y repos inversos, compras directas y swaps de divisas), los depósitos a plazo, los créditos al sistema bancario y el coeficiente de reservas. 

La gestión macroeconómica del Banco Central de Filipinas ha sido en general muy acertada y prudente, y en el ámbito regulatorio está adoptando valientes medidas para prevenir futuras crisis financieras, como la imposición a los bancos de requisitos de capital de Basilea III, anticipándose a muchos países desarrollados.

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Recientemente, se ha llevado a cabo en Filipinas una Reforma Fiscal Integral (TRAIN, Tax Reform for Acceleration and Inclusion). Esta nueva ley, aplicable desde enero de 2018, supone una reducción del impuesto de la renta personal, la simplificación de los impuestos de sucesiones y donaciones, el aumento de los impuestos sobre el valor añadido y sobre ciertos productos como el tabaco o los automóviles. Asimismo, bajo esta misma reforma fiscal, se ha introducido un nuevo paquete llamado TRABAHO (Tax Reform for Attracting Better and Higher Quality Opportunities Bill) que propone reducir gradualmente el impuesto de sociedades y racionalizar los incentivos a la inversión corporativa.

Además, se está realizando un ejercicio de revisión de la Constitución que incidirá en las limitaciones a la inversión extranjera, aunque esté descartada la liberalización de la propiedad del suelo.

Otra reforma urgente es la del sector eléctrico. Contrariamente a lo que se sostiene habitualmente, los elevados precios de la electricidad en Filipinas (los segundos más caros de Asia después de Japón) no se derivan de la inexistencia de subvenciones (la tarifa está subvencionada en tramos de bajo consumo), ni de los contratos de los años 90 (prácticamente extinguidos o renegociados), ni de un ineficiente sistema de distribución, sino de la inexistencia de un mercado eléctrico mayorista donde compitan los generadores y adquirentes de electricidad. El actual mercado mayorista al contado (WESM) convive con las  ofertas de generación de electricidad anteriormente firmadas, y negociadas bilateralmente en contratos a largo plazo (PPA – Power Purchase Agreements) con grandes empresas que ostentan el monopolio de distribución (y por tanto de demanda de electricidad) en las distintas zonas geográficas, lo que les permite fijar precios arbitrarios. Existe en el mercado la comisión reguladora del mercado eléctrico (la Energy Regulatory Commission o ERC) cuya principal misión es la de garantizar que en el mercado los precios se hayan sometido a un Competitive Selection Process (CSP), tal y como marca la ley, afectando tanto a proyectos convencionales como renovables.

La liberalización del mercado ASEAN hace que estas reformas estructurales se vuelvan aún más urgentes, a riesgo de perder competitividad frente al resto de países miembros. Asimismo, la propia ASEAN está imponiendo diversas normas a los diferentes Estados Miembros en aras de un perfeccionamiento de la integración económica prevista.

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