• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Por sectores de actividad, los servicios aportan el 58,8% del PIB, la industria el 30,9% y el sector agrícola el 10,3%. Dentro de los servicios destacan el comercio (18,1%) y los servicios inmobiliarios (12,9%). La industria manufacturera (20,1%) absorbe la inmensa mayoría del PIB industrial, siendo residual la aportación de sectores muy visibles como el minero (0,8%). La agricultura explica la mayor parte del PIB agrícola, que supone apenas un 10,3% del PIB pero absorbe aún el 29,5% de la población ocupada. El sector servicios es el mayor proveedor de empleo en el país (54,6%), mientras que la industria absorbe sólo un 15,9% de los trabajadores.

Por componentes de gasto, el consumo privado explica el 73,7% del PIB, el público apenas el 11% y la inversión el 20,9% (cifra muy inferior a la necesaria para el desarrollo del país). Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios representan el 27,9% y 32,9% del PIB, respectivamente, valores muy inferiores a los de hace una década.

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Filipinas ha venido creciendo en los últimos diez años a una envidiable tasa media superior al 5,6%, y en los últimos cinco al 6,5%. Tan sólo ha vivido una fugaz desaceleración en 2011. En 2017 el PIB creció un 6,7%, y se espera que continúe en el entorno del 7% los próximos años.

El patrón de crecimiento ha evolucionado de forma positiva siendo los motores de la economía el consumo privado y la inversión. Por el lado de la demanda el crecimiento del PIB en 2017 ha sido singular respecto a los años anteriores al haberse producido una desaceleración tanto del consumo privado (5,8% vs 7%) y público (7,3% vs 8,4%), así como especialmente de la inversión (23,7% vs 9%). Esto ha llevado a una caída interanual de la aportación de la demanda interna de 4 puntos porcentuales. Cabe recordar que Filipinas creció internamente a un 11,4% en 2016. Sin embargo esta circunstancia se ha visto compensada por una mejora de la aportación (negativa) de la demanda externa, que pasa de detraer 4 puntos porcentuales a ser prácticamente neutra. Esto se debe a un mejor comportamiento de las exportaciones (+19,2% Y/Y) que las importaciones (+17,6% Y/Y).

Por el lado de la oferta en 2017 se produce una desaceleración en el crecimiento tanto del sector servicios como de la industria. En el caso de la industria cabe destacar la fuerte desaceleración acaecida en el sector de la construcción. Esta se explica tanto por un menor apetito inversor en inmobiliario residencial al haber tocado techo los precios, así como por el parón en los proyectos públicos de infraestructuras. Sin embargo el sector manufacturero continúa su pujanza, siendo el único sector industria que registra una aceleración respecto a 2016. El sector primario, tras su caída en 2016, vuelve a crecer en 2017.

La tasa de inflación arrojó para en el conjunto de 2017 una tasa media del 3,2% (un 3,3% interanual en diciembre), acusando el repunte de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos. El tipo de cambio ha sufrido una devaluación continua en los últimos años  por factores tanto propios como ajenos. Si bien a principios de 2017 el peso gozaba de un tipo de cambio respecto al dólar de 49,6 PHP/USD, en los últimos meses se ha depreciado hasta alcanzar su menor valor en 10 años (52,63 PHP/USD). Por otra parte, respecto al euro el peso filipino ha perdido un 14% de su valor en un año, pasando de 55,13 PHP/EUR (16 may 2017) a 62,69 PHP/EUR (14 may 2018), habiendo superado los 65 PHP/EUR en puntos del 2018. La depreciación del peso podría mejorar el saldo exterior en los próximos trimestres y mejorar la aportación del sector exterior al crecimiento. Por el contrario, una fuerte depreciación puede ser peligrosa en términos de inflación, la cual ya se ha situado por encima del 4% en enero del 2018.

Por lo que se refiere a la política fiscal, las cuentas públicas mantienen un moderado déficit (-2,22% en 2017, dos décimas menos que al año anterior). La deuda pública se situó en 2017 en el 42,1% del PIB, confirmando la espectacular trayectoria descendente de los últimos años (32 puntos en 13 años). Los ingresos públicos, sin embargo, se mantienen desde hace más de diez años en el entorno del 14-16% del PIB, lo que supone una fuerte limitación a la inversión pública y al desarrollo de las necesarias infraestructuras. La baja recaudación no se debe a los tipos impositivos, ya que en renta y sociedades son de los más altos de la región. La recientemente aprobada reforma fiscal pretende precisamente aumentar la recaudación para poder financiar el ambicioso programa de inversión en infraestructuras en curso.

La balanza de pagos arrojó en 2017 un déficit por cuenta corriente del -0,8% del PIB (-0,4% en 2016). Esto se debe al cada vez más preocupante empeoramiento del déficit comercial (-13,1% en 2017 vs. -11,7% en 2016) espoleado por un mayor aumento de las importaciones (+14,2% Y/Y) que las exportaciones (+12,8% Y/Y). Sin embargo sigue aumentando el todavía modesto superávit de la balanza de servicios, a pesar de que el turismo siga contribuyendo negativamente. Las remesas de los numerosos trabajadores filipinos en el exterior alcanzaron en 2017 el 9% del PIB, lo que la convierte en una fuente de financiación clave para la economía filipina. La deuda externa apenas llega al 25% del PIB, tras reducirse más de 40 puntos en 11 años.

La inversión extranjera directa neta muestra un cambio de tendencia sostenido. A pesar de las incertidumbres políticas y de seguridad, en 2017 la IED neta aumentó un 38% (hasta los 8.110 M$), consolidando a Filipinas como receptor neto. Esto se debe tanto a un aumento de la IED recibida un 21% Y/Y hasta los 10.049M$ (récord histórico), como a una reducción de la IED emitida (-19% Y/Y). Los principales sectores receptores de dicha inversión fueron sobre todo suministro de gas, electricidad y aire acondicionado, y manufacturas. El robusto crecimiento de Filipinas y su potencial volumen de mercado parecen compensar las fuertes restricciones a la inversión extranjera así como la notable inseguridad jurídica. Cada vez más multinacionales están invirtiendo en este país. La integración de los mercados de la ASEAN, que comenzó en enero de 2015, puede estar favoreciendo la inversión en Filipinas.

La inversión en cartera ha acusado una notable salida de flujos neta (+163% Y/Y) al producirse tanto un aumento de la inversión filipina en el exterior (+154% Y/Y) como una reducción de la inversión extranjera en Filipinas (-202% Y/Y). La principal causa de este comportamiento parece ser la subida de tipos de la FED, ya que la bolsa filipina ha registrado en 2017 un año récord (+25% Y/Y).

La sin duda excelente situación macroeconómica de Filipinas (premiada en 2013 con la concesión del grado de inversión por parte de las principales agencias) no está exenta de deficiencias estructurales que la hacen particularmente vulnerable ante futuras crisis. Uno de los principales problemas de Filipinas sigue siendo la escasez de ingresos públicos, que impide llevar a cabo las políticas sociales y las inversiones en infraestructuras necesarias para desarrollar el país. El primer paquete de reforma tributaria que ha entrado en vigor en 2018 pretende precisamente resolver esta cuestión así como incrementar la progresividad del sistema.

La carencia de infraestructuras encarece el coste de la actividad económica e impide aprovechar el potencial de otros sectores como el turismo. Para cubrir esta deficiencia sin recurrir a mayores impuestos, el gobierno anterior  decidió  impulsar las colaboraciones público-privadas (PPP), cuyos resultados fueron muy inferiores a los esperados. Durante el período 2010-2015, los proyectos PPP apenas supusieron una media del 0,3% del PIB, la inversión pública una media del 2,6% del PIB, lo que arroja un gasto medio total en infraestructuras del 2,9% del PIB. Esta cifra está muy por debajo del objetivo del 5% marcado por el anterior gobierno, y recomendado por el Banco Mundial como el mínimo necesario para Filipinas (esta cifra del 5% tan sólo se alcanzó en 2015). El nuevo gobierno Duterte se ha marcado como objetivo aumentar el gasto en infraestructuras hasta el 7% del PIB en 2022 (5,4% en 2017). Para ello se pretende agilizar los procesos de contratación pública, así como reactivar el recurso a la Ayuda Oficial al Desarrollo, principalmente de Japón y China. No cabe duda de la dificultad (casi imposibilidad) de llegar a tal objetivo.

Las restricciones a la inversión extranjera, otro de los grandes lastres para el crecimiento filipino a largo plazo, hace que los grandes grupos locales se conviertan en intermediarios necesarios, lo que reduce la competencia y encarece el coste final de las infraestructuras y servicios para el Gobierno y los contribuyentes filipinos. El gobierno Duterte ha manifestado su deseo de abrir un gran número de industrias a la inversión extranjera (todas aquellas que no estén protegidas en la constitución) en 2017, e incluso aprovechar las elecciones de 2019 para una modificación de la carta magna en este sentido. Actualmente se encuentra en sede parlamentaria una ley que reduce el número de sectores considerados servicios públicos (principalmente telecomunicaciones y transporte), lo que los abriría a la inversión extranjera. Sin embargo, los intentos de aligerar y transformar algunas de esas excesivas restricciones constitucionales en meras reservas de ley han encontrado hasta la fecha una fuerte oposición, dudándose de la factibilidad de tal empresa.

El coste y disponibilidad de la electricidad (la segunda más cara de Asia después de Japón) es otro de los cuellos de botella para el crecimiento y cuya clave está en la falta de competencia en la fase de generación y en el monopolio de demanda en la distribución. Los frecuentes apagones en Mindanao y las permanentes amenazas de falta de capacidad en Luzón sirven de permanente recordatorio de otra de las principales asignaturas pendientes de la economía filipina desde hace décadas. Para atacar estos problemas la administración Duterte parece que apostará principalmente por el carbón por su competitividad, aunque se espera también un gran proyecto gasístico (Batangas), y la introducción de un porcentaje mínimo de energías renovables a las eléctricas.

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Entre los principales objetivos de la nueva Administración del Presidente Duterte destaca la implementación progresiva de una reforma fiscal así como una mejora en la recaudación de impuestos mediante la indexación de las tasas impositivas y la persecución del fraude. Además, otros puntos incluidos en su agenda socioeconómica son fomentar la competitividad y la inversión extranjera directa mediante la reducción de las restricciones existentes para empresas extranjeras en determinados sectores; y mejorar los programas de protección social, incluyendo el programa gubernamental CCT (Conditional Cash Transfer).

Una de las prioridades de la nueva Administración es el desarrollo de las infraestructuras, en particular mediante las participaciones público-privadas (PPP) y el incremento del gasto público en infraestructuras hasta alcanzar, al menos, un 5% del PIB. Con ello se pretende estimular la economía del país y, al mismo tiempo, dotar al país de una mejor red de infraestructuras y comunicaciones. Principalmente se está trabajando en la red de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

Hasta diciembre de 2016 se han otorgado un total de 14 proyectos PPP valorados en 4.911 millones de dólares (241.41 BPHP), la mayoría en el sector de transportes (carretera, ferrocarril y aeropuertos). Actualmente, hay 13 proyectos en licitación valorados en 6.866 millones de dólares (337,5 BPHP). Además, hay numerosos proyectos en fase de estudio de viabilidad o pre-factibilidad.

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El departamento de planificación NEDA preveía un crecimiento para Filipinas de entre el 7% y el 8% para 2015 que finalmente fue inferior (5,8%). La mayoría de los organismos internacionales e instituciones apostaron por un crecimiento en 2015 mayor al finalmente registrado, salvo el HSBC. Para 2016 la previsión media de crecimiento está entre el 6-7,5%, aunque podría ser menor (como prevé EIU) si no se recupera la inversión.

El potencial de crecimiento de Filipinas es, en todo caso, muy elevado. Con sus más de 100 millones de habitantes, jóvenes en su inmensa mayoría, podría ser una economía emergente en pocos años. Goldman Sachs incluye a Filipinas entre los "Next Eleven" (once países con mayor potencial), y el HSBC considera que Filipinas estará en 2050 entre las 16 mayores economías del mundo (hoy es la 40ª en términos de PIB nominal). Ello requerirá, sin embargo, tasas de crecimiento más elevadas (de por lo menos un 7%), que no podrán mantenerse de forma sostenida si Filipinas no acomete las numerosas reformas estructurales pendientes.

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La escasez de ingresos públicos hace que las cuentas públicas de Filipinas hayan sido tradicionalmente deficitarias, salvo en el período 2006-2008. El déficit público en 2015 fue del -0,9% del PIB. El Gobierno se ha propuesto un objetivo plurianual de déficit de un 2% para el período 2013-2016.

El presupuesto para 2016 ascendió a unos 64.418 millones de dólares (3.002 billones de PHP, un 19,5% del PIB). Esto supone un incremento del 15,2% con  respecto al año anterior. De estos, las principales partidas corresponden al Departamento de Educación (DepEd) con 9.366 M$ de presupuesto, un 9,6% más que en 2015. El Departamento de Obras Públicas y Autopistas (DPWH) es el segundo en términos de presupuesto asignado con 8.593 M$. Por su lado, el tercer Departamento con más presupuesto es el Departamento de Defensa Nacional (DND) con 3.759 M$.

En cuanto a los mayores incrementos de presupuesto, cabe destacar el Departamento de Finanzas con una asignación de 712 M$, lo que supone un incremento del 80,7% con respecto a 2015. El segundo incremento más importante es el del DPWH (26,4%), seguido del Departamento de Salud (DOH) con 2.757 M$ (24,2% más que en 2015). Por otro lado, cabe mencionar que el presupuesto asignado al Departamento de Transporte y Comunicaciones para 2016 es de 1.040 M$, lo que supone una reducción del 20,5% con respecto al año anterior.

El presupuesto de 2016 hace un importante esfuerzo en el desarrollo de nuevas infraestructuras, especialmente en el transporte por carretera. Esto se materializa en 8.437 M$ asignados para la construcción de puentes y carreteras, así como para su descongestión.

Además, el presupuesto de 2016 se centra en servicios sociales de los que se benefician de forma directa los ciudadanos. Así, se destinan 1.345 M$ para el programa Conditional Cash Transfer (CCT),  que proporciona asistencia a más de 4,4 millones de familias en situación de pobreza, 1.326 M$ para construir y reparar 43.000 aulas, 940 M$ para asistencia sanitaria a 15,4 millones de personas en situación de pobreza y 2,8 millones de ciudadanos de la tercera edad, 577 M$ para el desarrollo y reparación de instalaciones sanitarias, y 549 M$ para viviendas proporcionadas a familias en situación de riesgo.

Por otro lado, el presupuesto de 2016 contempla 835 M$ destinados al Fondo de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres Nacionales, de los cuales 405 M$ serán destinados para la rehabilitación de las zonas afectadas por el tifón Yolanda, y 21 M$ para el People´s Survival Fund. Este último engloba fondos destinados a la pensión de las esposas de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, así como un pago parcial por discapacidad administrativa para los veteranos supervivientes mayores de 80 años.

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La política monetaria en Filipinas corre a cargo del Banco Central de Filipinas (Bangko Sentral de Pilipinas o BSP), que goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo es "mantener la estabilidad de precios para lograr un crecimiento equilibrado y sostenible de la economía", y además garantizar la supervisión y estabilidad del sisema financiero.

El Banco Central define un objetivo de inflación en términos de IPC para un período de tres años (3,0% ±1% para el período 2015-2018). Para lograr estos objetivos se vale de instrumentos de política monetaria como las operaciones de mercado abierto (repos y repos inversos, compras directas y swaps de divisas), los depósitos a plazo, los créditos al sistema bancario y el coeficiente de reservas.

La gestión macroeconómica del Banco Central de Filipinas ha sido en general muy acertada y prudente, y en el ámbito regulatorio está adoptando valientes medidas para prevenir futuras crisis financieras, como la imposición a los bancos de requisitos de capital de Basilea III, anticipándose a muchos países desarrollados.

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En los últimos años no ha habido grandes avances en las reformas estructurales pendientes de la economía filipina, más allá de la nueva Ley de Impuestos Especiales (Sin Tax Act, que permitió aumentar la recaudación impositiva) y la Ley de Competencia que dio lugar a la creación de una nueva Comisión de Competencia. La Ley de PPP se ha dejado lamentablemente para la legislatura que viene (aunque se ha aprobado una importante Ley de Expropiaciones). Las propuestas de modificaciones legales que permitan la liberalización de la inversión extranjera, entre las cuales destaca la propuesta de reforma constitucional para dar al Congreso la posibilidad de relajar las numerosas restricciones) han chocado hasta el momento con la oposición del Presidente Aquino.

Incluso sin reforma constitucional, habría aún mucho margen para la apertura de Filipinas a las empresas extranjeras, lo que demuestra que la liberalización es más bien una cuestión de voluntad política de dificultad técnica.

Otra reforma urgente es la del sector eléctrico. Contrariamente a lo que se sostiene habitualmente, los elevados precios de la electricidad en Filipinas (los segundos más caros de Asia después de Japón) no se derivan de la inexistencia de subvenciones (la tarifa está subvencionada en tramos de bajo consumo) ni de los contratos de los años 90 (prácticamente extinguidos o renegociados) ni de un ineficiente sistema de distribución, sino de la inexistencia de un mercado eléctrico mayorista donde compitan los generadores y adquirentes de electricidad. El actual mercado mayorista al contado (WESM) apenas supone un 10% de la electricidad negociada, de modo que el 90% de la oferta de generación de electricidad se negocia bilateralmente en contratos a largo plazo con grandes empresas que ostentan el monopolio de distribución (y por tanto de demanda de electricidad) en las distintas zonas geográficas, lo que les permite fijar precios arbitrarios. Todo ello se realiza con el beneplácito de un regulador (la Energy Regulatory Commission o ERC) carente de los medios suficientes para evitarlo.

La liberalización del mercado ASEAN hace que estas reformas estructurales se vuelvan aún más urgentes, a riesgo de perder competitividad frente al resto de países miembros.

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