Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

La economía de Puerto Rico, en cierta forma opera como una región más de los Estados Unidos. A tal efecto, salvo el precio del petróleo, todas las variables exógenas principales están íntimamente ligadas a los Es­tados Unidos. Éstas incluyen: exportaciones, inversión directa, pagos de transferencias, tasas de interés, inflación (hasta cierto punto) y gastos turísticos.  

 TABLA  2: Producto nacional bruto y componentes del gasto

 

PNB POR COMPONENTES DEL GASTO (%)2014201520162017
POR COMPONENTES DEL GASTO
PNB68.797,5069.602,0070.221,8070.565,40
Gastos de consumo personal89,97%88,56%87,57%87,24%
Gastos de consumo del gobierno16,04%13,07%12,30%12,84%
Inversión interna bruta total13,31%12,77%11,82%11,14%
Ventas al resto del mundo108,35%111,88%113,53%113,63%
Compras al resto del mundo127,68%126,29%125,23%124,84%
Ventas netas al resto del mundo-19,32%-14,41%-11,70%-11,21%
TOTAL100100100100

Fuente: Informe económico al gobernador 2017
Ultima actualización: junio 2018

 

 El PNB de Puerto Rico para el año fiscal 2017 se mantuvo prácticamente igual, con un aumento del 0,04% tras la caída del 1,1% respecto al año anterior. Estos descensos se han venido explicando por la debilidad mostrada por los gastos de consumo del gobierno y la inversión bruta, pero este último año los gastos de consumo personal han sido el factor fundamental. Las medidas tomadas para que la demanda privada tirara de la economía puertorriqueña (fondos ARRA, el Programa de Estimulo Estatal, las Alianzas Publico Privadas (APP), reformas contributivas), ayudaron a la recuperación del ingreso personal disponible de la población y permitiendo la recuperación del consumo personal; pero el año fiscal 2017 cae fuertemente.

Observando los componentes del gasto, el gasto en consumo personal es el elemento fundamental y representa la mayor parte del PNB, con un 87,24% en 2017.

El saldo neto de compras y ventas al resto del mundo, durante el año 2017 se sitúo en -11,21%, pues el grueso de las exportaciones de la economía puertorriqueña se debe a las empresas multinacionales establecidas en la Isla; el saldo comercial de la economía nacional (PNB) es deficitario.

TABLA  3: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y % DE CADA UNO DE ELLOS AL PIB

 

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD (%)2014201520162017
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
PIB102.445,80103.375,50103.960,80104.218,60
Manufactura46,73%47,90%48,13%48,16%
Bienes raíces y renta15,42%14,80%14,81%14,72%
Gobierno7,64%7,03%6,96%6,84%
Finanzas y seguros4,31%4,47%4,66%4,61%
Comercio al detal4,91%4,75%4,91%4,92%
Servicios de salud3,63%3,70%3,70%3,77%
Comercio al por mayor2,75%2,70%2,68%2,67%
Informática2,58%2,61%2,70%2,65%
Otros12,03%12,04%11,45%11,67%
TOTAL100%100%100%100%

Fuente: Informe económico al gobernador 2017
Ultima actualización: junio 2018

 

 Si se observa  la  tabla 3, con diferencia, el sector de las manufacturas es el que aporta un mayor peso al PIB.

En el año 2017 casi la mitad del PIB de Puerto Rico, 48,16%, viene explicado por las manufacturas. La industria farmacéutica, química y de dispositivos médicos, tienen un papel fundamental en la economía de la isla.

El apartado bienes raíces y renta (se incluye la venta de vivienda así como alquiler), aporta tradicionalmente al PIB entre un 14% y un 16%.

En tercer lugar el gobierno tiene un peso muy destacado con un 6,84% del PIB, perdiendo peso relativo el último lustro debido a las medidas de contención del gasto a las que se ha visto obligado. También las finanzas y seguros son un componente relevante, aportando alrededor de un 4,61%.

Si se observa el sector primario, agricultura y minería, en conjunto no llega al 1% del PIB.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

 

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)2014201520162017
POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO0,80%0,80%0,80%0,80%
Agricultura0,80%0,80%0,80%0,80%
Ganaderían.d.n.d.n.d.n.d.
Silvicultura y Pescan.d.n.d.n.d.n.d.
MINERÍA0,03%0,04%0,03%0,03%
MANUFACTURAS46,70%47,00%47,30%48,16%
CONSTRUCCIÓN1,10%1,00%0,97%1,28%
COMERCIO7,60%7,50%7,59%7,76%
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES2,00%2,00%2,01%3,12%
TRANSPORTE0,90%0,90%0,94%1,39%
COMUNICACIONES E INFORMATICA2,30%2,30%2,70%2,23%
ELECTRICIDAD Y AGUA2,10%2,10%1,88%2,66%
FINANZAS*20,20%20,90%19,85%21,18%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA7,70%7,10%7,05%3,24%
OTROS7,80%7,70%8,08%8,17%
TOTAL100%100%100%100,00%
PNB POR COMPONENTES DEL GASTO **2014 201520162017
CONSUMO106,20%103,80%99,55%100,09%
Consumo Privado90,20%90,40%97,20%87,24%
Consumo Público16,00%13,40%12,30%12,84%
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO13,50%13,10%12,30%11,14%
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS109,20%114,30%115,80%113,63%
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS128,90%131,10%127,60%124,84%

* Incluye finanzas, seguros y venta de inmuebles

** No están disponibles los datos de desglose del PIB por componentes del gasto

 

Fuente: Informe económico al gobernador 2017
Última actualización: junio 2018

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

El día 20 de septiembre de 2017 Puerto Rico sufrió el azote del Huracán María, de categoría 4 y vientos sostenidos de más de 240 km por hora; este huracán es el más potente que sufre Puerto Rico en más de 80 años, y es el segundo que causa estragos en la isla tras el paso dos semanas antes del Huracán Irma.

El paso del Huracán María fue la causa de 2.975 fallecimientos en Puerto Rico de acuerdo al informe elaborado por la universidad George Washington, y produjo extensos daños en viviendas, empresas e infraestructuras. Como consecuencia del paso el Huracán, el 100% de la isla perdió el servicio de energía y cerca del 80% de la población el servicio de agua, además de afectar al 80% de las infraestructuras de telecomunicaciones de la Isla.

El paso del Huracán María agravo la grave situación fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues paralizo su economía y redujo de forma drástica los ingresos fiscales del estado, por ello las Cámaras Legislativas de los EEUU aprobaron a finales de octubre de 2017, una línea de crédito de 4.700 millones de dólares para que el gobierno de Puerto Rico pueda seguir operando (préstamo de la Federal Emergency Management Agency - FEMA).

El gobernador de Puerto Rico estimo los daños en las infraestructuras de la Isla en 94.400 millones de dólares y presento ante el comité de Recursos Naturales de Congreso de los EEUU un plan de reconstrucción por ese importe, “Build Back Puerto Rico”, solicitando se apruebe una subvención que permita afrontar este proceso de reconstrucción.

Los daños en las estructuras e infraestructuras de Puerto Rico, incluyen daños graves a unas 472.000 unidades de vivienda, daños a tres cuartas partes de todas las subestaciones eléctricas y la reparación de 175 hospitales y clínicas de salud, además de importantes reparaciones a los sistemas de carreteras, y puentes, así como a los aeropuertos.

A nivel económico, los expertos no se ponen de acuerdo con respecto a los efectos que tendrá el Huracán María en la economía de la isla. Unos consideran que el huracán va a suponer un acusado agravamiento de la recesión que lleva atravesando la economía puertorriqueña por más de una década, mientras que otros lo ven como una oportunidad de bonanza económica provocada por la llegada de fondos federales para la reconstrucción.

Lo que es indudable es que el Huracán ha tenido un importante coste económico en términos de daños a las infraestructuras y construcciones de la Isla. En abril de 2018, el Centro Nacional de Huracanes de los EEUU confirmó que los daños a la isla de Puerto Rico e Islas Vírgenes, ascendían a 90.000 millones de dólares, cantidad similar a la estimada por la Oficina del Gobernador, quién presentó ante el comité de Recursos Naturales de Congreso de los EEUU un plan de reconstrucción por esta cantidad para la isla, petición que supera incluso el PNB de Puerto Rico (70.565 millones de dólares en 2017, según la Junta de Planificación).

Se calcula que en la última década (desde el año 2006, en que comenzó la crisis actual) se ha producido la pérdida de medio millón de habitantes por la emigración a EE.UU.; el paso del Huracán María multiplicó esta tendencia, con la salida de unas 100.000 personas en los meses posteriores al ciclón. La población de Puerto Rico se proyecta en 2,9 millones de habitantes para 2025, un descenso de 300.000 habitantes con respecto a los 3,2 millones actuales.

La llegada de fondos federales puede suponer un importante impulso a la economía de la Isla que la permita crecer por primera vez en una década. Alguna economistas estiman que el año 2018 el PIB podría crecer entre el 2-3%, gracias a la llegada de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), fondos federales para vivienda así como fondos del Cuerpo de Ingenieros.

El año fiscal 2017 finalizó con un significativo retroceso en PIB de -2,4%, lo que supone que la economía puertorriqueña sigue su senda de decrecimiento de la última década (el año 2016 cayó un 1,3%, año 2015 un 1,0% y el 2014 un 1,2%). La crisis económica empezó en 2006 y desde entonces la economía de Puerto Rico no ha logrado datos positivos. Las proyecciones para los próximos años son de caídas del 2 - 4% anual (la llegada de fondos federales ha de alterar sin duda estas cifras), debido las medidas de austeridad pública y a la reducción de la población.

La crisis económica actual en Puerto Rico se ha visto afectada por diversos factores: 1) la crisis financiera de Estados Unidos de finales de la década pasada; 2) la crisis fiscal interna debido a la falta de disciplina presupuestaria y al endeudamiento desmesurado 3) cambios en tejido industrial debido a la expiración de patentes y consolidación mundial de la industria farmacéutica (una de las principales industrias de la isla); 4) crisis del sector bancario local (se ha pasado de 13 a 5 bancos en los últimos 10 años); 5) emigración continua hacia EEUU continental ante la situación económica de la isla, lo que está agravando aún más el consumo privado y la recaudación de impuestos y; 6) la disminución en la Inversión, especialmente en la construcción.

El año fiscal 2017, como ya ocurrido el año previo, todos los componentes de la demanda tuvieron una evolución negativa salvo el sector exterior: consumo privado (-0,11%, de 61.562,7 a 61.496,6 millones de dólares), la inversión interna bruta (-5,28%, de 8.300,8 a 7.862,1 millones de dólares), siendo la correspondientes a construcción (-10,68%) y maquinaria y equipo (-2%). Por su parte, el gasto público se redujo en un 4,58% respecto al año anterior (después de la caída previa del 9%).
Con relación al comercio exterior señalar que, las exportaciones se redujeron un 1,05% (de 71.856,1 millones de dólares en 2014 a 71.102,4 millones de dólares en 2017), mientras que las importaciones descendieron un 6,7% (46.203,9 millones de dólares en 2017 frente a los 43.320,1 millones de dólares del año 2016).

En el ámbito fiscal, el déficit estructural que arrastraban las cuentas públicas (de más de 2.000 millones de dólares), heredado de anteriores administraciones, obligó al Gobierno de Puerto Rico a tomar algunas medidas impopulares en enero de 2013; la primera gran reforma que se aprobó y que agradó a las agencia de calificación fue la reforma del Retiro (pensiones de empleados públicos). Se amplió el plazo de cotización, se eliminaron algunos privilegios para ciertos colectivos de funcionarios y se amplió la cantidad a cotizar mensualmente por los funcionarios activos. A esta medida le siguieron la reforma del retiro de los Maestros, así como la de jueces y magistrados.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos presupuestarios, el día 4 de febrero de 2014 Standard & Poor´s rebajó la calificación de la deuda pública de Puerto Rico (Obligaciones Generales) al nivel BB+, grado especulativo o “bono chatarra” (un nivel por debajo del grado de inversión). En esa misma fecha también se rebajó dos escalones la calificación de los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro y al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), quedando estos en el nivel BB. Tres días después, el día 7 de febrero, la agencia Moody´s procedió a degradar los bonos de Puerto Rico a la calificación Ba2, rebajando dos escalones el nivel de crédito previo. El día 11 febrero la agencia Fitch, también rebajo la calificación de la deuda de Puerto Rico dos niveles, hasta el rating BB. Las graves consecuencias que supuso la degradación del crédito de la Isla sobre el acceso a financiación llevaron a un fuerte proceso de ajuste presupuestario, encaminado a sanear las cuentas públicas, tanto con recortes en los gastos como mediante un incremento de los ingresos.

El presupuesto del año fiscal de 2017/2018 contempla gastos por valor de 9.562 millones de dólares, lo que no denota una reducción del gasto público ya que se ha reducido considerablemente la partida del pago de la deuda público (actualmente el Gobierno está en default).

Al finalizar el año fiscal 2017, la deuda pública ascendía a 64.180,3 millones de dólares, lo que supone un 91,8% del Producto Nacional Bruto (PNB) de dicho año fiscal. La deuda de Puerto Rico se ha disparado en los últimos años ante la caída súbita de los ingresos públicos y el incremento de los gastos. Dentro de la deuda pública de Puerto Rico, destaca la deuda de las corporaciones públicas y agencias de gobierno (46.575,8 millones de dólares). Así se pone de manifiesto el peso de las empresas públicas en el economía puertorriqueña (monopolios proveedores del servicio de agua, electricidad, puertos, autobuses....), además de su alto grado de ineficiencia (la mayoría de las corporaciones públicas operan con déficit estructural).

Ante los importantes retos fiscales del Gobierno y en base al informe Krueger (informe encargado por el gobierno de Puerto Rico a Anne O. Krueger, ex subdirectora del Fondo Monetario Internacional), el Gobernador anunció el 30 de junio de 2015 que la deuda de Puerto Rico era insostenible y se recomienda comenzar un proceso de reestructuración. En este sentido, el Gobernador apeló a la solidaridad de todas las partes e invitó a los acreedores a sentarse y negociar las nuevas condiciones de la deuda. A partir de ahí, el 3 de agosto de 2015 fue la primera vez que Puerto Rico no hizo frente al vencimiento de su deuda pública. Esto llevó a que las Cámaras Legislativas de Puerto Rico establecieran una ley de Moratoria en abril de 2016 para poder dejar de pagar la deuda y además evitar ser demandado por sus acreedores.

Dado que Puerto Rico no se puede acoger a la Ley de Quiebras de EEUU, las Cámaras Legislativas de Puerto Rico establecieron la Ley de Quiebra Criolla. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EEUU la anuló ya que consideró que Puerto Rico no tiene la capacidad de legislar sobre este asunto.

Ante esta situación, el Gobierno de Puerto Rico solicitó ayuda al Gobierno de Barack Obama y éste a través del Tesoro Federal inició el proceso para aprobar una legislación específica para resolver el problema fiscal de Puerto Rico. En 2016 tanto republicanos como demócratas aprobaron PROMESA (“Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability”) y el 30 de junio de ese año Barack Obama la convirtió en ley. Los dos puntos más importantes de esta legislación son: el establecimiento de una Junta de Control Fiscal con amplios poderes, con el objeto de lograr una consolidación fiscal a 5 años vista y por otro lado, la posibilidad de que Puerto Rico reestructure su deuda, bien voluntariamente o bien bajo el amparo judicial, todo ello con un plazo de moratoria, que se cumplió el pasado 1 de mayo de 2017, para detener cualquier demanda judicial al respecto.

Los miembros de la Junta de Control Fiscal fueron nombrados por las Cámaras de EEUU (4 por parte de los Republicanos, 2 por parte de los Demócratas y un miembro residente en la isla, elegido por el Presidente Obama), la Junta cuenta con poderes que están por encima del poder Ejecutivo y Legislativo de la Isla. El presidente de la Junta es D. José Carrión, un empresario de seguros puertorriqueño, habiendo otros cuatro puertorriqueños entre los miembros de la Junta, además dos expertos en finanzas estadounidenses.

El 13 de marzo de 2017 la Junta de Control Fiscal aprueba con enmiendas el Plan Fiscal presentado por la administración del nuevo Gobernador, D. Ricardo Rosselló. El día 1 de mayo venció el plazo que la ley Promesa concedía para que se alcanzaran acuerdos con los acreedores, al día siguiente comienzan a interponerse demandas solicitando medidas para garantizar el pago de las deudas por parte de 22 acreedores de Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico solicita a la Junta de Control Fiscal la protección del Título III de la ley Promesa, solicitando acogerse a la protección de la Ley de Quiebra ante la corte del distrito federal de Puerto Rico, con la finalidad de que sean los tribunales los que fijen los términos del pago de la deuda.

El 30 de mayo de 2017 el Gobernador Ricardo Rosselló presenta a la Junta de Control Fiscal su primer presupuesto cuadrado de acuerdo a los requerimientos de la Ley Promesa. Este presupuesto finalmente fue aprobado después de las modificaciones solicitadas por la Junta. La Junta de Control Fiscal rechazo el acuerdo al que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) había llegado con sus acreedores, fundamentalmente por el encarecimiento que supondría para el precio de la energía.

El asunto de la deuda en Puerto Rico es complejo ya que hay 18 distintos emisores de deuda pública en Puerto Rico y cada tipo de deuda tiene una serie de garantías. Entre la deuda objeto de impago se encuentran las GO´s (General Obligations), deuda cuyo repago está garantizada por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dentro de los acreedores, también hay una gran diversidad, habiendo también cooperativas de crédito locales por lo que, estos impagos podrían tener un impacto directo en las cuentas de algunas entidades de crédito de la isla. La deuda total de Puerto Rico con sus acreedores supera los 70.000 millones de dólares y las obligaciones contraídas por los planes de pensiones de los empleados públicos otros 49.000 millones, todos ellos sujetos a la decisión de la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain.

Por el momento, han entrado en el Título III de PROMESA (y por lo tanto, se encuentran bajo decisión judicial) los títulos de Obligaciones Generales (GO´s), COFINA (títulos garantizados por la recaudación del IVU), la Autoridad de Carreteras (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Por lo tanto, hay 50.000 millones de dólares de deuda que se encuentran bajo el Título III de PROMESA. Por otro lado, si bien la jueza Taylor Swain dirime el procedimiento y las diferencias entre el gobierno y sus acreedores, la propia jueza ha nombrado 5 jueces federales para que actúen como mediadores. Para ello, se han creado tres grupos de trabajo en función de los intereses comunes de los acreedores: deudas aseguradas, deudas no aseguradas y retirados del gobierno.

Finalmente, la tasa de desempleo que había subido de forma importante estos últimos años debido a la crisis económica y los despidos dentro del sector público, se ha recuperado ligeramente desde el máximo alcanzado el año fiscal 2010 (16,3%), disminuyendo hasta el 11,7% el año fiscal 2017. La tasa de participación se recuperó ligeramente este año 2017, creciendo hasta el 40,3% desde el mínimo histórico del 39,7% del año 2015.

Además hay que destacar el éxodo de población de puertorriqueños que deciden buscar mejores oportunidades de empleo en EEUU continental, lo que es un factor negativo para las perspectivas de crecimiento de la isla. Por otro lado, el sector público emplea aproximadamente al 25% de la población activa ocupada, lo que da una idea del gran peso que tiene el gobierno en la economía de la isla.

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2014201520162017
PIB
PIB (MUSD/M€ a precios corrientes)102.445,80103.375,50103.960,80104.218,60
Tasa de variación real (%)-1,2-1-1,3-2,4
Tasa de variación nominal (%)00,90,60,2
INFLACIÓN *
Media anual (%)0,9-0,3-0,20,6
Fin de período (%)0,9-1,2-0,8 
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL (1)
Media anual (%)0-0,250-0,250,50-0,751-1,25
Fin de período (%)0-0,250,25-0,500,751,25
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)3.5643.5043.4403.372
Población activa (x 1.000 habitantes)988979992989
% Desempleo sobre población activa14,412,911,811,7
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB2,21,1-1,8-1,0
DEUDA PÚBLICA
en M USD67.272,9066.182,6064.254,0064.180,30
en % de PIB64,964,361,20,6
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD/M€62.306,2069.467,1071.856,1071.102,40
% variación respecto a período anterior0,111,53,4-1,0
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD/M€42.579,5043.065,2043.320,1046.203,90
% variación respecto a período anterior-5,51,20,66,7%
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD/M€19.726,7026.401,9028.536,0024.898,60
en % de PIB19,325,627,223,89%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD/M€4.347,107.505,308.638,50 
en % de PIB4,37,38,2 
DEUDA EXTERNA (2)
en MUSD/M€n.a.n.a.n.a.n.a.
en % de PIBn.a.n.a.n.a.n.a.
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA (2)
en MUSD/M€n.a.n.a.n.a.n.a.
en % de exportaciones de b. y s.n.a.n.a.n.a.n.a.
RESERVAS INTERNACIONALES (2)
en MUSD/M€n.a.n.a.n.a.n.a.
en meses de importación de b. y s.n.a.n.a.n.a.n.a.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD/M€n.d.n.d.n.d.n.d.
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR (1)
media anual1,331,111,11,1
fin de período1,231,111,051,2
Fuente: Informe Económico al Gobernador 2017
Ultima actualización: junio 2018

* De acuerdo a la nueva metodología introducida en la revisión del año 2010.

(1) Años naturales

(2) Puerto Rico no es un país soberano sino un Estado Libre Asociado a los EEUU, por lo que no tiene deuda externa. Puerto Rico se financia en el mercado de bonos municipales de los EEUU.

Si no se indica otra cosa datos para años fiscales. El año fiscal comienza el 1 de julio del año anterior y finaliza el 30 de junio del año en curso.

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Principales objetivos de política económica

El principal objetivo de la política económica es lograr la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal de forma que se pueda de nuevo acudir a los mercados de deuda; para ello se aspira a alcanzar una estructura fiscal eficiente y reducir el gasto público de manera que se logre una reducción sustancial déficit y el equilibrio de las cuentas públicas. Para ello resulta fundamental el generar crecimiento económico para lo que Puerto Rico debe reinventarse y lograr un modelo productivo en el que crecer.

El 30 de junio de 2016 el Presidente Barak Obama firmo la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act), después de ser aprobada por las Cámaras Legislativas Federales. Esta Ley habilita una Junta de Control Fiscal que supervisara las finanzas de Puerto Rico y proveerá herramientas para la reestructuración de la deuda pública, su fin será guiar y asistir al Gobierno de Puerto Rico a manejar sus finanzas públicas, equilibrar su presupuesto, convertirse en más eficiente y transparente, y recuperar el acceso a los mercados financieros.

La Junta de Control Fiscal a petición del Gobernador, solicita ante los tribunales federales la protección del Título III de la ley Promesa, solicitando acogerse al proceso de quiebra ante la corte del distrito federal de Puerto Rico, a fin de que sean los tribunales los que fijen los términos del pago de la deuda.

Otra de las prioridades que afronta Puerto Rico es la Reforma Energética. La empresa pública que cuenta con el monopolio en la distribución de la energía, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ha demostrado su ineficiencia en afrontar las reformas necesarias para logar una reducción apreciable en la factura eléctrica. El grave endeudamiento de esta corporación y la negativa de la Junta de Control Fiscal a probar el acuerdo de reestructuración de deuda alcanzado con los acreedores (por su efecto negativo sobre el precio de la energía en la Isla y la discriminación que suponía respecto al resto de acreedores del Estado Libre Asociado), lleva a la solicitud de quiebra. En enero de 2018 se anunció el inicio de la privatización de la compañía.

El Gobernador aprobó la Ley 57 de 2014 "Reforma del Sistema Eléctrico de Puerto Rico" que, entre otras novedades, crea una Comisión de Energía, como organismo independiente que tiene como principal cometido regular el sistema eléctrico de la isla (incluida la AEE). A la vez que se nombro un agente de reestructuración con la finalidad de establecer un plan financiero y operativo sostenible para la AEE, el cual resulto un fracaso. En principio la prioridad es la apuesta por el gas natural como combustible para las centrales de generación de la AEE, junto a una comedida apuesta por las energías alternativas (con 600 Mw de potencia comprometidos en el medio plazo); para todos estos nuevos proyectos de generación, la administración del Gobernador Ricardo Rosselló apuesta por las APP´s.

El 19 de enero de 2012 fue aprobada la Ley Nº 20, que busca fomentar la exportación de servicios. Esta ley pretende atraer el establecimiento de negocios que presten servicios en el extranjero mediante unos tipos preferenciales de tributación del 4%.

La Ley de Inversionistas Individuales de Puerto Rico (Ley Núm. 22-2012) fue firmada el 17 de enero de 2012. Esta ley concede exención contributiva con respecto al ingreso  producto de inversiones, devengado por individuos que se conviertan en residentes de Puerto Rico. El propósito de la ley es buscar que individuos que no hayan sido residentes en la isla por los últimos 15 años, y que mantienen inversiones en EEUU o en otros países, establecieran su residencia en Puerto Rico. Para incentivar el traslado de dichos individuos, esta ley exime totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo devengado por estos individuos con respecto a sus inversiones. 

El “US Citizenship & Immigration Service” de los EEUU ha concedido a Puerto Rico la calificación de “Regional Center”, debido a su situación de región con empleo precario (aquellas con tasa de desempleo superior al 150% de la media de EEUU); lo que facilita la obtención de visados a inversores y sus familias (Visas EB-5), cuando estos comenzaran un negocios que crease al menos cinco puestos de trabajo. Después de cinco años el inversor sería elegible para optar a la ciudadanía estadounidense. 

Otra apuesta de la Isla son los beneficios de las “Historically Underutilized Business Zone (HUBZone)”, que engloban a más del 80% de Puerto Rico, lo que significa que es un espacio deprimido económicamente, y que cuenta con ayudas del gobierno federal para generar empleos y erradicar la pobreza, sobre todo entre los pequeños y medianos empresarios (pymes).

Para ser elegible, se necesita que las pymes, este controlado en un 51 por ciento por ciudadanos estadounidenses, mantengan una de sus oficinas principales en un HUBZone y que al menos el 35 por ciento de sus empleados vivan en esa HUBZone.

www.sba.gov/hubzone

Otra prioridad es mejorar las transferencias federales que recibe Puerto Rico dentro de los programas federales de salud, Medicare y Medicaid, alcanzando unos niveles similares a los de los estados, lo que permitiría liberar recursos del presupuesto y salvar las finanzas del programa estatal de salud.

A comienzos del año 2017 se aprobó una reforma laboral que ha flexibilizado el mercado y abaratado sus costes y esta en desarrollo una reforma integral del proceso de permisos, que debe suponer un alivio al empresariado debido al complejo y largo sistema existente actualmente.

Se está también evaluando todo el sistema de incentivos contributivos a fin de evaluar su coste efectividad y eliminar los incentivos que menos rédito generen en empleo y actividad económica.  

 

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Previsiones macroeconómicas

La economía de Puerto Rico opera en cierta forma como una región más de los Estados Unidos, siguiendo normalmente sus variables macroeconómicas la pauta marcada por los EEUU; esto es debido a la gran dependencia de su económica de los fondos federales de los EEUU y el dominio de sus empresas en el tejido industrial y comercial puertorriqueño.

El PNB de Puerto Rico en el año fiscal 2017 registró una reducción en términos reales del 2,4%, superior a la previsión de la Junta de Planificación (2,3%). Economistas independientes hablan de que tanto el año fiscal 2018 como el 2019 cerraran con caídas que fluctuaran entre el 4% y el 5%, mientras que la Junta de Planificación estima una contracción adicional del 5,6% hasta alcanzar una recuperación proyectada de 3,9% para el año fiscal 2019.

La economía puertorriqueña todavía sigue contrayéndose y la actividad económica no da visos de reactivarse, únicamente el turismo y la manufactura muestran ligeras señales positivas. Los recortes dentro del presupuesto federal de los EEUU tendrán también importantes efectos sobre la Isla, pues supondrá importantes recortes a los fondos federales que llegan a Puerto Rico a través de diversos programas, siendo los Municipios unos de los principales afectados.

En cualquier caso, todas estas predicciones macroeconómicas están sujetas a distintos factores exógenos como son la evolución de la economía norteamericana, el precio del petróleo o las transferencias federales; además la extensión de los ajustes del gasto y la carga impositiva sobre la población tendrán un efecto negativo sobre el consumo y afectará sin duda negativamente a la económica local.

Se estima que la población de Puerto Rico el año 2.020 será de 3,2 millones de habitantes, un 16% menos que el año 2.000; para entonces se estima que su economía será un 25% menor que lo era en 2006, año en que comenzó la crisis económica.

La Junta de Control Fiscal que dirige el rumbo de los presupuestos de la isla hasta el momento se ha centrado en el ajuste de las finanzas públicas y la reestructuración de la deuda, dejando al lado posible medidas de reactivación económica, para las que ha delegado en el Gobierno puertorriqueño.

El Congreso de EEUU ha nombrado un grupo de trabajo para proponer medidas de política económica que impulsen el crecimiento de la isla. Está por ver hasta qué punto algunas de estas medidas tengan un impacto positivo en el medio y largo plazo en el crecimiento de la economía puertorriqueña.

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Política fiscal y presupuestaria

A pesar de la crisis económica y fiscal que adolece la economía puertorriqueña en los últimos años, el nivel de gasto público se ha mantenido bastante constante los últimos años. El gasto del año fiscal 2017 fue de 9.053,6 millones de dólares, 414,3 millones más que los 8.638,6 millones del presupuesto del año 2016. El año fiscal 2015, el gasto público efectivo fue de 9.100,3 millones de dólares. La razón fundamental que explica el recorte en los presupuestos de los últimos tres años fiscales con respecto al 2014 (11.032,6 millones de dólares) es que se ha reducido de forma muy importe el pago de la deuda pública. El año 2016 el Gobierno puertorriqueño dejo de pagar los vencimientos de su deuda y se decidió dar prioridad a cubrir los servicios básicos de la población frente al pago de la deuda.  

La política fiscal del Gobierno de Puerto Rico está en manos de la Junta de Control Fiscal que realizo múltiples ajustes y exigió medidas de austeridad adicionales antes de dar el visto bueno al presupuesto presentado por el Gobierno. Todo apunta a que en los próximos años el nivel de gasto público se va a ver ajustado y va guardar más consonancia con el nivel de recaudación.

La deuda pública alcanzó el año fiscal 2017 los 64.180,3 millones de dólares, un 0,1% menos que el año previo (es decir, $73,1 millones menos) y un 4,6% menos frente al máximo de 67.272,9 millones de dólares alcanzado el año fiscal 2014.

 

DEUDA PUBLICA (millones de dólares)2014 2015 20162017
TOTAL67.272,9066.182,6064.254,0064,180.3
Empresas públicas48.744,0047.979,6046.861,6046,575.8
Gobierno Central*14.336,0014.076,9013.481,4013,881.1
Municipios4.192,904.126,103.911,003,723.4

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico.

 La deuda pública está compuesta por bonos y pagarés emitidos por el gobierno central, las empresas públicas y los municipios.

La clasificación de los bonos de Puerto Rico ha bajado significativamente durante los pasados diez años. En el mes de febrero de 2014, Standard & Poor´s rebajó la calificación de la deuda pública de Puerto Rico (Obligaciones Generales) al grado especulativo o “bono chatarra” (un nivel por debajo del grado de inversión), siendo seguido por Fitch y Moody´s; a pesar de ello Puerto Rico pudo colocar en el mercado deuda por valor de 3.500 millones de dólares que le permitieron mantener las finanzas públicas durante los últimos dos años. Desde entonces se han sucedido degradaciones adicionales, siendo los ratings a julio de 2017: Standard & Poor´s: D, Fitch: D y Moody´s: Caa3.

Las graves consecuencias que supuso la degradación del crédito de la Isla sobre el acceso a financiación llevaron a un fuerte proceso de ajuste presupuestario, encaminado a sanear las cuentas públicas y acabar con el déficit estructural de 2.200 millones de dólares, tanto con recortes en los gastos como mediante un incremento de los ingresos, mediante el establecimiento de nuevos impuestos.

La raíz de fondo del problema fiscal se encuentra en un déficit estructural que las diversas reformas fiscales aprobadas desde el año 2006 no han logrado corregir. Como causa de fondo de esta situación, se encuentra la práctica generalizada de la evasión tributaria y la pobre fiscalización que se ejerce, junto con la caída de los ingresos del sector público debido a la grave crisis económica que Puerto Rico viene atravesando los últimos diez años, y que se enmarca en una crisis de su modelo productivo. Además, la recaudación fiscal depende en gran medida de los ingresos obtenidos de un pequeño grupo de multinacionales que supone sobre el 20% de la recaudación total.

Ya el año 2009 el Gobernador Luis Fortuño realizo un importante esfuerzo por controlar los gastos y cuadrar el presupuesto, que comenzó con el despido de 20.000 empleados públicos como medida de choque para frenar el grave desequilibrio en las cuentas del estado. A pesar de ello no se logró contener el crecimiento del déficit, entre otras cosas porque el retraso en la recuperación económica no permitió un incremento de los ingresos tributarios que compensara las mejoras en la fiscalidad de particulares y empresas introducidas el año 2011. 

Ante la dificultad de cortar los gastos del sector publico los esfuerzos de la administración del Gobernador Alejandro García Padilla (2013/16) se centró en incrementar los ingresos, para lo que el impuesto sobre las ventas (IVU) paso de un tipo del 7% al 11,5% actual, comenzando el 1 de julio de 2015 (el 1% irá a parar a los municipios) y un 4% sobre la prestación de servicios entre negocios y el pago de servicios profesionales (hasta ahora exentos), comenzando el 1 de octubre de 2015; este impuesto debía haberse transformado en un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), pero la oposición de las Cámaras legislativas lo impidió. 

El nuevo Gobernador Ricardo Rosselló cuenta con mayoría en ambas Cámaras legislativas lo que le permite un amplio margen de maniobra en sus políticas, siempre atendiendo a lo marcado por la Junta de Control Fiscal. Su primera medida al entrar al Gobierno fue la aprobación de una reforma laboral que recorta los beneficios de los empleados y da más flexibilidad al mercado laboral, también creo la figura del empleador único dentro de la administración pública a fin de favorecer la movilidad de los empleados públicos, modifico la ley de Alianzas Público Privadas (APP´s) y está tramitando una reforma integral del proceso de permisos públicos.

http://www2.pr.gov/presupuestos/presupuestoRecomendado2017-2018/Pages/default.aspx

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

La difícil situación fiscal por la que está atravesando la isla en los últimos años ha obligado al Gobierno a centrarse casi exclusivamente en enderezar las finanzas públicas, posponiendo otras reformas que siendo también importantes, han dejado de ser urgentes. También hay que tener en cuenta que en varios aspectos del marco normativo de los negocios se aplica la ley federal, lo que deja poco margen de maniobra al Ejecutivo puertorriqueño.

En el ámbito fiscal, el Gobierno de Alejandro García Padilla impulsó una reforma fiscal integral que incluía la creación de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en sustitución del existente, Impuesto sobre las Ventas (IVU) y una simplificación y reducción del impuesto sobre las personas físicas.  Sin embargo, esta iniciativa contó con la oposición de las Cámaras Legislativas y el Gobierno se vio forzado a simplemente aprobar un incremento del IVU del 7% al 11,5% a partir de julio de 2015 (en servicios se introdujo un IVU del 4%).

El Ejecutivo envió a las Cámara Legislativas para su aprobación una Ley de quiebras para corporaciones públicas, la cual fue aprobada en junio de 2015.  Sin embargo, un Tribunal Federal de EEUU dictamino que dicha Ley es inconstitucional, decisión que fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo de los EEUU.  Ante la grave situación financiera de algunas corporaciones públicas, particularmente la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se comenzaron negociaciones a fin de llegar a un acuerdo voluntario con los acreedores. Los acuerdos alcanzados se vieron afectados por la creación de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la negociación del grueso de la deuda del Estado Libre Asociado, que llevo a que finalmente el acuerdo alcanzado fuera vetado por la JCF debido al efecto de encarecimiento que tendría sobre el coste de la energía en la Isla, abocando a la AEE a la quiebra y su privatización.

Por otro lado, con la llegada de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de EEUU cuya misión principal es establecer una senda fiscal sostenible, también se estableció un grupo de trabajo o "Task Force" en el Congreso Federal de los EEUU, con el encargo de preparar un paquete de medidas y políticas que impulsen el crecimiento económico de la isla a largo plazo. Aunque ha habido distintas propuestas por parte de distintos sectores y asociaciones empresariales, se destacan algunas de estas propuestas que significarían una mayor asignación de fondos federales para Puerto Rico: igualdad en la dotación de fondos para la salud en los programas Medicare y Medicaid, medidas que darían asistencia a los medianos y pequeños comerciantes bajo los programas de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y que se enmiende la Sección 24 del Código de Rentas Internas federal para permitir a familias elegibles en Puerto Rico a reclamar el crédito contributivo federal por hijos dependientes. A pesar de las recomendaciones del Task Force, nada se ha hecho para impulsar las recomendaciones del informe y Puerto Rico continua sin un programa de desarrollo económico a medio y largo plazo.

Los esfuerzos de la administración de Ricardo Rosselló se han enfocado hasta el momento mejorar el clima empresarial, con una reforma de la legislación laboral que ha flexibilizado el mercado y abaratado sus costes y una reforma integral del proceso de permisos, que todavía no está aprobada pero que debe suponer un alivio al empresariado debido al complejo y largo sistema existente actualmente. Se está también evaluando todo el sistema de incentivos contributivos a fin de evaluar su coste efectividad y eliminar los incentivos que menos rédito generen en empleo y actividad económica. El otro pilar del programa del nuevo gobierno tiene una vertiente más política pues busca convertir a Puerto Rico en el estado número 51 de los EEUU, para ello se organizó un referéndum, sin el apoyo y reconocimiento de los EEUU, en el que únicamente voto el 23% del electorado pero que en un 96% voto por la estadidad; a raíz del cual la Casa Blanca ha exhortado a al Congreso a atender el asunto. 

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