Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

La economía de Puerto Rico, en cierta forma opera como una región más de los Estados Unidos. A tal efecto, salvo el precio del petróleo, todas las variables exógenas principales están íntimamente ligadas a los Es­tados Unidos. Éstas incluyen: exportaciones, inversión directa, pagos de transferencias, tasas de interés, inflación (hasta cierto punto) y gastos turísticos (teniendo en cuenta que el 85% de los turistas son americanos). 

 TABLA  2: Producto nacional bruto y componentes del gasto

 PNB POR COMPONENTES DEL GASTO (%)

2014

2015

2016

2017

2018

POR COMPONENTES DEL GASTO

 

PNB

68.797,50

69.602,00

70.221,80

69.999,40

68.048,70

Gastos de consumo personal

89,97%

88,56%

87,57%

87,24%

94,45%

Gastos de consumo del gobierno

16,04%

13,07%

12,30%

12,84%

11,70%

Inversión interna bruta total

13,31%

12,77%

11,82%

11,14%

13,10%

Ventas al resto del mundo

108,35%

111,88%

113,53%

113,63%

113,31%

Compras al resto del mundo

127,68%

126,29%

125,23%

124,84%

132,50%

Ventas netas al resto del mundo

-19,32%

-14,41%

-11,70%

-11,21%

-19,20%

TOTAL

100

100

100

100

100,00%

Fuente: Informe económico al gobernador 2018
Ultima actualización: junio 
2019

 

El PNB de Puerto Rico para el año fiscal 2018 sufrió una desaceleración con respecto a 2017 aunque según algunos economistas estas cifras podrían ser revisadas. Estos descensos se explican principalmente por la debilidad mostrada por los gastos de consumo del gobierno y de la inversión bruta. Posiblemente, el factor más importante en el desempeño de la economía ha sido la puesta en marcha de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Las medidas que ha impulsado la JSF, fundamentalmente de austeridad y control del gasto público, tienen en el corto plazo su correspondiente coste social e institucional.

Es este marco de restricción de la inversión pública, se está impulsando una mayor participación de la demanda privada, especialmente a través de las Alianzas Público Privadas, así como a partir de un nuevo Código de Incentivos Contributivos.

Observando los componentes del gasto, destacar que el gasto en consumo personal representa la mayor parte del PNB, con un 94,45% en 2018.

El saldo neto de compras y ventas al resto del mundo, durante el año 2018 se sitúo en -19,20%, lo que se explica por la caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones.  

TABLA  3: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD y % PIB.

 PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD (%)

2014

2015

2016

2017

2018

POR SECTORES DE ACTIVIDAD

         

PIB

102.445,80

103.375,50

103.960,80

104.218,60

101.130,90

Manufactura

46,73%

47,90%

48,13%

48,16%

47,20%

Bienes raíces y renta

15,42%

14,80%

14,81%

14,72%

15,80%

Gobierno

7,64%

7,03%

6,96%

6,84%

6,36%

Finanzas y seguros

4,31%

4,47%

4,66%

4,61%

4,47%

Comercio al detal

4,91%

4,75%

4,91%

4,92%

5,20%

Servicios de salud

3,63%

3,70%

3,70%

3,77%

3,72%

Comercio al por mayor

2,75%

2,70%

2,68%

2,67%

2,71%

Informática

2,58%

2,61%

2,70%

2,65%

2,72%

Otros

12,03%

12,04%

11,45%

11,67%

11,82%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100,00%

Fuente: Informe económico al gobernador 2018
Ultima actualización: junio 2019

Con respecto al PIB por sectores de actividad,  el sector de las manufacturas es el que aporta un mayor peso al PIB, representando más de un 47% del total. Dentro del sector manufacturero, la industria farmacéutica, química y de dispositivos médicos, representan casi el 80% del total,. De hecho en la isla, están establecidas 12 de las 20 mayores multinacionales del sector, con 79 plantas aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA), con lo que se explica el papel fundamental en la economía de la isla, muchas veces desconocido.

El apartado bienes raíces y renta (se incluye la venta de vivienda así como alquiler), aporta tradicionalmente al PIB entre un 14% y un 16%.

En tercer lugar el gobierno tiene un peso muy destacado con un 6,36% del PIB, perdiendo peso relativo el último lustro debido a las medidas de reducción y control del gasto público impuestas tras la declaración del default en agosto de 2015. También las finanzas y seguros son un componente relevante, aportando alrededor de un 4,47%.

Si se observa el sector primario, agricultura y minería, en conjunto no llega al 1% del PIB, lo que es llamativo y explica que más del 85% de los productos consumidos en la isla son importados.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

 

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) 2014 2015 2016 2017 2018
POR SECTORES DE ORIGEN  
AGROPECUARIO 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0.78%
Agricultura 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0.78%
Ganadería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d
Silvicultura y Pesca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d
MINERÍA 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03%
MANUFACTURAS 46,70% 47,00% 47,30% 48,16% 47,29%
CONSTRUCCIÓN 1,10% 1,00% 0,97% 1,28% 0,85%
COMERCIO 7,60% 7,50% 7,59% 7,76% 7,90%
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 2,00% 2,00% 2,01% 3,12% 3,40%
TRANSPORTE 0,90% 0,90% 0,94% 1,39% 1,08%
COMUNICACIONES E INFORMATICA 2,30% 2,30% 2,70% 2,23% 2,27%
ELECTRICIDAD Y AGUA 2,10% 2,10% 1,88% 2,66% 2,40%
FINANZAS* 20,20% 20,90% 19,85% 21,18% 20,03%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7,70% 7,10% 7,05% 7,05% 8,36%
OTROS 7,80% 7,70% 8,08% 8,17% 5,61%
TOTAL 100% 100% 100% 100,00% 100%
PNB POR COMPONENTES DEL GASTO ** 2014  2015 2016 2017 2018
Consumo Privado 90,20% 90,40% 97,20% 87,24% 94,95%
Consumo Público 16,00% 13,40% 12,30% 12,84% 11,70%
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 13,50% 13,10% 12,30% 11,14% 13,10%
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 109,20% 114,30% 115,80% 113,63% -19,20%
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 128,90% 131,10% 127,60% 124,84% 132,50%

* Incluye finanzas, seguros y venta de inmuebles

** No están disponibles los datos de desglose del PIB por componentes del gasto

 

Fuente: Informe económico al gobernador 2018
Última actualización: junio 2019

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Puerto Rico se encuentra en un momento crucial para su futuro económico. A día de hoy, continua siendo noticia la catástrofe natural del pasado 20 de septiembre de 2017, día en que Puerto Rico sufrió el azote del Huracán María, de categoría 4 y vientos sostenidos de más de 240 km por hora; este huracán es el más potente que sufre Puerto Rico en más de 80 años, y es el segundo que causaba estragos en la isla tras el paso dos semanas antes del Huracán Irma.

El paso del Huracán María fue la causa de 2.975 fallecimientos en Puerto Rico de acuerdo al informe elaborado por la universidad George Washington, y produjo extensos daños en viviendas, empresas e infraestructuras. Como consecuencia del paso el Huracán, el 100% de la isla perdió el servicio de energía y cerca del 80% de la población el servicio de agua, además de afectar al 80% de las infraestructuras de telecomunicaciones de la Isla.

El paso del Huracán María agravo la grave situación fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues paralizo su economía y redujo de forma drástica los ingresos fiscales del estado, por ello las Cámaras Legislativas de los EEUU aprobaron a finales de octubre de 2017, una línea de crédito de 4.700 millones de dólares para que el gobierno de Puerto Rico pueda seguir operando (préstamo de la Federal Emergency Management Agency - FEMA).

El gobernador de Puerto Rico estimo los daños en las infraestructuras de la Isla en 94.400 millones de dólares y presento ante el comité de Recursos Naturales de Congreso de los EEUU un plan de reconstrucción por ese importe, “Build Back Puerto Rico”, solicitando se apruebe una subvención que permita afrontar este proceso de reconstrucción.

Los daños en las estructuras e infraestructuras de Puerto Rico, incluyen daños graves a unas 472.000 unidades de vivienda, daños a tres cuartas partes de todas las subestaciones eléctricas y la reparación de 175 hospitales y clínicas de salud, además de importantes reparaciones a los sistemas de carreteras, y puentes, así como a los aeropuertos.

En abril de 2018, el Centro Nacional de Huracanes de los EEUU confirmó que los daños a la isla de Puerto Rico e Islas Vírgenes, ascendían a 90.000 millones de dólares, cantidad similar a la estimada por la Oficina del Gobernador, quién presentó ante el comité de Recursos Naturales de Congreso de los EEUU un plan de reconstrucción por esta cantidad para la isla, petición que supera incluso el PNB de Puerto Rico (68.048,7 millonesen 2018 frente a 69.999,7 millones de dólares en 2017, según la Junta de Planificación).

Se calcula que en la última década (desde el año 2006, en que comenzó la crisis actual) se ha producido la pérdida de medio millón de habitantes por la emigración a EE.UU.; el paso del Huracán María multiplicó esta tendencia, con la salida de unas 100.000 personas en los meses posteriores al ciclón. La población de Puerto Rico se proyecta en 2,9 millones de habitantes para 2025, un descenso de 300.000 habitantes con respecto a los 3,2 millones actuales.

La llegada de fondos federales puede suponer un importante impulso a la economía de la Isla que la permita crecer por primera vez en una década. Alguna economistas estiman que el año 2018 el PIB podría crecer entre el 2-3%, gracias a la llegada de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), fondos federales para vivienda así como fondos del Cuerpo de Ingenieros.A día de hoy, ya se han comprometido hasta 40.000 millones de dólares, aunque sólo han sido asignados una cuarta parte de los mismos, principalmente al Departamento de Vivienda de Puerto Rico.

El año fiscal 2018 finalizó con un significativo retroceso en PIB de -2,8%, lo que supone que la economía puertorriqueña sigue su senda de decrecimiento de la última década (en el año 2017 cayó un 2,4%, en el 2016 cayó un 1,3%, año 2015 un 1,0% y el 2014 un 1,2%). La crisis económica empezó en 2006 y desde entonces la economía de Puerto Rico no ha logrado datos positivos. Las proyecciones para los próximos años son de caídas del 2 - 4% anual (la llegada de fondos federales ha de alterar sin duda estas cifras), debido las medidas de austeridad pública y a la reducción de la población.

La crisis económica actual en Puerto Rico se ha visto afectada por diversos factores: 1) la crisis financiera de Estados Unidos de finales de la década pasada; 2) la crisis fiscal interna debido a la falta de disciplina presupuestaria y al endeudamiento desmesurado 3) cambios en tejido industrial debido a la expiración de patentes y consolidación mundial de la industria farmacéutica (una de las principales industrias de la isla); 4) crisis del sector bancario local (se ha pasado de 13 a 5 bancos en los últimos 10 años); 5) emigración continua hacia EEUU continental ante la situación económica de la isla, lo que está agravando aún más el consumo privado y la recaudación de impuestos y; 6) la disminución en la Inversión, especialmente en la construcción.

El año fiscal 2018, prácticamente, todos los componentes de la demanda tuvieron una evolución positiva: consumo privado (+2,34%, de 62.768,2 a 64.275,9 millones de dólares), la inversión interna bruta (+10%, de 7.977 a 8.922,2 millones de dólares), siendo la correspondientes a construcción (-0,37%) y maquinaria y equipo (+14,72%). Por su parte, el gasto público se redujo en un 12,9% respecto al año anterior (después de la caída previa del 5%).

Con relación al comercio exterior señalar que, las exportaciones se redujeron un 17% (de 71.090,9 millones de dólares en 2017 a 60.573,8 millones de dólares en 2018), mientras que las importaciones aumentaron un 1.,2% (45.938,3 millones de dólares en 2017 frente a los 46.462,3 millones de dólares del año 2018).

En el ámbito fiscal, el déficit estructural que arrastraban las cuentas públicas, heredado de anteriores administraciones, obligó al Gobierno de Puerto Rico a tomar algunas medidas impopulares en enero de 2013; la primera gran reforma que se aprobó y que agradó a las agencia de calificación fue la reforma del Retiro (pensiones de empleados públicos). Se amplió el plazo de cotización, se eliminaron algunos privilegios para ciertos colectivos de funcionarios y se amplió la cantidad a cotizar mensualmente por los funcionarios activos. A esta medida le siguieron la reforma del retiro de los Maestros, así como la de jueces y magistrados.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos presupuestarios, el día 4 de febrero de 2014 Standard & Poor´s rebajó la calificación de la deuda pública de Puerto Rico (Obligaciones Generales) al nivel BB+, grado especulativo o “bono chatarra” (un nivel por debajo del grado de inversión). En esa misma fecha también se rebajó dos escalones la calificación de los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro y al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), quedando estos en el nivel BB. Tres días después, el día 7 de febrero, la agencia Moody´s procedió a degradar los bonos de Puerto Rico a la calificación Ba2, rebajando dos escalones el nivel de crédito previo. El día 11 febrero la agencia Fitch, también rebajo la calificación de la deuda de Puerto Rico dos niveles, hasta el rating BB. Las graves consecuencias que supuso la degradación del crédito de la Isla sobre el acceso a financiación llevaron a un fuerte proceso de ajuste presupuestario, encaminado a sanear las cuentas públicas, tanto con recortes en los gastos como mediante un incremento de los ingresos.

El presupuesto del año fiscal de 2017 contemplaba gastos por valor de 9.562 millones de dólares. Al finalizar el año fiscal 2017, la deuda pública ascendía a 64.180,3 millones de dólares, (todavía no se han publicado los datos de deuda en 2018) lo que supone un 91,8% del Producto Nacional Bruto (PNB) de dicho año fiscal. La deuda de Puerto Rico se ha disparado en los últimos años ante la caída súbita de los ingresos públicos y el incremento de los gastos. Dentro de la deuda pública de Puerto Rico, destaca la deuda de las corporaciones públicas y agencias de gobierno (46.575,8 millones de dólares). Así se pone de manifiesto el peso de las empresas públicas en el economía puertorriqueña (monopolios proveedores del servicio de agua, electricidad, puertos, autobuses....), además de su alto grado de ineficiencia (la mayoría de las corporaciones públicas operan con déficit estructural).

Ante los importantes retos fiscales del Gobierno y en base al informe Krueger (informe encargado por el gobierno de Puerto Rico a Anne O. Krueger, ex subdirectora del Fondo Monetario Internacional), el Gobernador anunció el 30 de junio de 2015 que la deuda de Puerto Rico era insostenible y se recomienda comenzar un proceso de reestructuración. En este sentido, el Gobernador apeló a la solidaridad de todas las partes e invitó a los acreedores a sentarse y negociar las nuevas condiciones de la deuda. A partir de ahí, el 3 de agosto de 2015 fue la primera vez que Puerto Rico no hizo frente al vencimiento de su deuda pública. Esto llevó a que las Cámaras Legislativas de Puerto Rico establecieran una ley de Moratoria en abril de 2016 para poder dejar de pagar la deuda y además evitar ser demandado por sus acreedores.

Dado que Puerto Rico no se puede acoger a la Ley de Quiebras de EEUU, las Cámaras Legislativas de Puerto Rico establecieron la Ley de Quiebra Criolla. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EEUU la anuló ya que consideró que Puerto Rico no tiene la capacidad de legislar sobre este asunto.

Ante esta situación, el Gobierno de Puerto Rico solicitó ayuda al Gobierno de Barack Obama y éste a través del Tesoro Federal inició el proceso para aprobar una legislación específica para resolver el problema fiscal de Puerto Rico. En 2016 tanto republicanos como demócratas aprobaron PROMESA (“Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability”) y el 30 de junio de ese año Barack Obama la convirtió en ley. Los dos puntos más importantes de esta legislación son: el establecimiento de una Junta de Control Fiscal con amplios poderes, con el objeto de lograr una consolidación fiscal a 5 años vista y por otro lado, la posibilidad de que Puerto Rico reestructure su deuda, bien voluntariamente o bien bajo el amparo judicial, todo ello con un plazo de moratoria, que se cumplió el pasado 1 de mayo de 2017, para detener cualquier demanda judicial al respecto.

Los miembros de la Junta de Control Fiscal fueron nombrados por las Cámaras de EEUU (4 por parte de los Republicanos, 2 por parte de los Demócratas y un miembro residente en la isla, elegido por el Presidente Obama), la Junta cuenta con poderes que están por encima del poder Ejecutivo y Legislativo de la Isla. El presidente de la Junta es D. José Carrión, un empresario de seguros puertorriqueño, habiendo otros cuatro puertorriqueños entre los miembros de la Junta, además dos expertos en finanzas estadounidenses.

El 13 de marzo de 2017 la Junta de Control Fiscal aprueba con enmiendas el Plan Fiscal presentado por la administración del nuevo Gobernador, D. Ricardo Rosselló. El día 1 de mayo venció el plazo que la ley Promesa concedía para que se alcanzaran acuerdos con los acreedores, al día siguiente comienzan a interponerse demandas solicitando medidas para garantizar el pago de las deudas por parte de 22 acreedores de Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico solicita a la Junta de Control Fiscal la protección del Título III de la ley Promesa, solicitando acogerse a la protección de la Ley de Quiebra ante la corte del distrito federal de Puerto Rico, con la finalidad de que sean los tribunales los que fijen los términos del pago de la deuda.

El año  2017 el Gobernador Ricardo Rosselló presentó a la Junta de Control Fiscal su primer presupuesto cuadrado de acuerdo a los requerimientos de la Ley Promesa. Este presupuesto finalmente fue aprobado después de las modificaciones solicitadas por la Junta. La Junta de Control Fiscal rechazo el acuerdo al que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) había llegado con sus acreedores, fundamentalmente por el encarecimiento que supondría para el precio de la energía.

En estos momentos, se está negociando el presupuesto para el año 2019-2020, basado en un presupuesto de gasto de suma cero, este sistema contempla evaluar y justificar cada año toso los programas, sin tomar en consideración asignaciones presupuestarias de años anteriores, con el objetivo de reducir los gastos y eliminar la duplicidad de algunos servicios. A finales de abril, el ente rector de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico había señalado que el presupuesto general para 2019 no debe exceder los 8.500 millones de dóolares, dado que esa es la suma de ingresos estimados del Fondo General. El gobernador presentó a finales de abril ante la junta de control fiscal el borrador del presupuesto recomendado para el año fiscal 2019 por la cantidad de 8.876 millones de dólares. El presupuesto vigente ascendía a 9.500 millones de dólares

Existen diferencias a resolver puesto que como señaló el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, el borrador enviado a la junta no tomó en cuenta las medidas del ente rector propuestas previamente sobre reducción de pensiones, eliminación del bono de Navidad y reforma laboral. Según el gobierno, esos son compromisos asumidos y  los fondos necesarios para costear dichas responsabilidades se obtuvieron haciendo ajustes en otras áreas

En este marco de restricción presupuestaria, destacar que el asunto de la deuda en Puerto Rico es complejo ya que hay 18 distintos emisores de deuda pública en Puerto Rico y cada tipo de deuda tiene una serie de garantías. Entre la deuda objeto de impago se encuentran las GO´s (General Obligations), deuda cuyo repago está garantizada por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dentro de los acreedores, también hay una gran diversidad, habiendo también cooperativas de crédito locales por lo que, estos impagos podrían tener un impacto directo en las cuentas de algunas entidades de crédito de la isla. La deuda total de Puerto Rico con sus acreedores supera los 70.000 millones de dólares y las obligaciones contraídas por los planes de pensiones de los empleados públicos otros 49.000 millones, todos ellos sujetos a la decisión de la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain.

Por el momento, han entrado en el Título III de PROMESA (y por lo tanto, se encuentran bajo decisión judicial) los títulos de Obligaciones Generales (GO´s), COFINA (títulos garantizados por la recaudación del IVU), la Autoridad de Carreteras (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Por lo tanto, hay 50.000 millones de dólares de deuda que se encuentran bajo el Título III de PROMESA. Por otro lado, si bien la jueza Taylor Swain dirime el procedimiento y las diferencias entre el gobierno y sus acreedores, la propia jueza ha nombrado 5 jueces federales para que actúen como mediadores. Para ello, se han creado tres grupos de trabajo en función de los intereses comunes de los acreedores: deudas aseguradas, deudas no aseguradas y retirados del gobierno.

Finalmente, la tasa de desempleo que había subido de forma importante estos últimos años debido a la crisis económica y los despidos dentro del sector público, se ha recuperado ligeramente desde el máximo alcanzado el año fiscal 2010 (16,3%), disminuyendo hasta el 10,3% el año fiscal 2018. La tasa de participación se ha ido recuperando desde el mínimo histórico del 39,7% alcanzado en el año 2015 y ha permanecido en el 40,1% en el 2018.

Además hay que destacar el éxodo de población de puertorriqueños que deciden buscar mejores oportunidades de empleo en EEUU continental, lo que es un factor negativo para las perspectivas de crecimiento de la isla. Por otro lado, el sector público emplea aproximadamente al 25% de la población activa ocupada, lo que da una idea del gran peso que tiene el gobierno en la economía de la isla.

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2014201520162017
PIB
PIB (MUSD/M€ a precios corrientes)102.445,80103.375,50103.960,80104.218,60
Tasa de variación real (%)-1,2-1-1,3-2,4
Tasa de variación nominal (%)00,90,60,2
INFLACIÓN *
Media anual (%)0,9-0,3-0,20,6
Fin de período (%)0,9-1,2-0,8 
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL (1)
Media anual (%)0-0,250-0,250,50-0,751-1,25
Fin de período (%)0-0,250,25-0,500,751,25
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)3.5643.5043.4403.372
Población activa (x 1.000 habitantes)988979992989
% Desempleo sobre población activa14,412,911,811,7
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB2,21,1-1,8-1,0
DEUDA PÚBLICA
en M USD67.272,9066.182,6064.254,0064.180,30
en % de PIB64,964,361,20,6
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD/M€62.306,2069.467,1071.856,1071.102,40
% variación respecto a período anterior0,111,53,4-1,0
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD/M€42.579,5043.065,2043.320,1046.203,90
% variación respecto a período anterior-5,51,20,66,7%
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD/M€19.726,7026.401,9028.536,0024.898,60
en % de PIB19,325,627,223,89%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD/M€4.347,107.505,308.638,50 
en % de PIB4,37,38,2 
DEUDA EXTERNA (2)
en MUSD/M€n.a.n.a.n.a.n.a.
en % de PIBn.a.n.a.n.a.n.a.
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA (2)
en MUSD/M€n.a.n.a.n.a.n.a.
en % de exportaciones de b. y s.n.a.n.a.n.a.n.a.
RESERVAS INTERNACIONALES (2)
en MUSD/M€n.a.n.a.n.a.n.a.
en meses de importación de b. y s.n.a.n.a.n.a.n.a.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD/M€n.d.n.d.n.d.n.d.
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR (1)
media anual1,331,111,11,1
fin de período1,231,111,051,2
Fuente: Informe Económico al Gobernador 2017
Ultima actualización: junio 2018

* De acuerdo a la nueva metodología introducida en la revisión del año 2010.

(1) Años naturales

(2) Puerto Rico no es un país soberano sino un Estado Libre Asociado a los EEUU, por lo que no tiene deuda externa. Puerto Rico se financia en el mercado de bonos municipales de los EEUU.

Si no se indica otra cosa datos para años fiscales. El año fiscal comienza el 1 de julio del año anterior y finaliza el 30 de junio del año en curso.

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Principales objetivos de política económica

El principal objetivo de la política económica es lograr la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal de forma que se pueda de nuevo acudir a los mercados de deuda; para ello se aspira a alcanzar una estructura fiscal eficiente y reducir el gasto público de manera que se logre una reducción sustancial déficit y el equilibrio de las cuentas públicas. Para ello resulta fundamental el generar crecimiento económico para lo que Puerto Rico debe reinventarse y lograr un modelo productivo en el que crecer.

El 30 de junio de 2016 el Presidente Barak Obama firmo la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act), después de ser aprobada por las Cámaras Legislativas Federales. Esta Ley habilita una Junta de Control Fiscal que supervisara las finanzas de Puerto Rico y proveerá herramientas para la reestructuración de la deuda pública, su fin será guiar y asistir al Gobierno de Puerto Rico a manejar sus finanzas públicas, equilibrar su presupuesto, convertirse en más eficiente y transparente, y recuperar el acceso a los mercados financieros.

La Junta de Control Fiscal a petición del Gobernador, solicita ante los tribunales federales la protección del Título III de la ley Promesa, solicitando acogerse al proceso de quiebra ante la corte del distrito federal de Puerto Rico, a fin de que sean los tribunales los que fijen los términos del pago de la deuda.

Otra de las prioridades que afronta Puerto Rico es la Reforma Energética. La empresa pública que cuenta con el monopolio en la distribución de la energía, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ha demostrado su ineficiencia en afrontar las reformas necesarias para logar una reducción apreciable en la factura eléctrica. El grave endeudamiento de esta corporación y la negativa de la Junta de Control Fiscal a probar el acuerdo de reestructuración de deuda alcanzado con los acreedores (por su efecto negativo sobre el precio de la energía en la Isla y la discriminación que suponía respecto al resto de acreedores del Estado Libre Asociado), lleva a la solicitud de quiebra. En enero de 2018 se anunció el inicio de la privatización de la compañía.

El Gobernador aprobó la Ley 57 de 2014 "Reforma del Sistema Eléctrico de Puerto Rico" que, entre otras novedades, crea una Comisión de Energía, como organismo independiente que tiene como principal cometido regular el sistema eléctrico de la isla (incluida la AEE). A la vez que se nombro un agente de reestructuración con la finalidad de establecer un plan financiero y operativo sostenible para la AEE, el cual resulto un fracaso. En principio la prioridad es la apuesta por el gas natural como combustible para las centrales de generación de la AEE, junto a una comedida apuesta por las energías alternativas (con 600 Mw de potencia comprometidos en el medio plazo); para todos estos nuevos proyectos de generación, la administración del Gobernador Ricardo Rosselló apuesta por las APP´s.

El 19 de enero de 2012 fue aprobada la Ley Nº 20, que busca fomentar la exportación de servicios. Esta ley pretende atraer el establecimiento de negocios que presten servicios en el extranjero mediante unos tipos preferenciales de tributación del 4%.

La Ley de Inversionistas Individuales de Puerto Rico (Ley Núm. 22-2012) fue firmada el 17 de enero de 2012. Esta ley concede exención contributiva con respecto al ingreso  producto de inversiones, devengado por individuos que se conviertan en residentes de Puerto Rico. El propósito de la ley es buscar que individuos que no hayan sido residentes en la isla por los últimos 15 años, y que mantienen inversiones en EEUU o en otros países, establecieran su residencia en Puerto Rico. Para incentivar el traslado de dichos individuos, esta ley exime totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo devengado por estos individuos con respecto a sus inversiones. 

El “US Citizenship & Immigration Service” de los EEUU ha concedido a Puerto Rico la calificación de “Regional Center”, debido a su situación de región con empleo precario (aquellas con tasa de desempleo superior al 150% de la media de EEUU); lo que facilita la obtención de visados a inversores y sus familias (Visas EB-5), cuando estos comenzaran un negocios que crease al menos cinco puestos de trabajo. Después de cinco años el inversor sería elegible para optar a la ciudadanía estadounidense. 

Otra apuesta de la Isla son los beneficios de las “Historically Underutilized Business Zone (HUBZone)”, que engloban a más del 80% de Puerto Rico, lo que significa que es un espacio deprimido económicamente, y que cuenta con ayudas del gobierno federal para generar empleos y erradicar la pobreza, sobre todo entre los pequeños y medianos empresarios (pymes).

Para ser elegible, se necesita que las pymes, este controlado en un 51 por ciento por ciudadanos estadounidenses, mantengan una de sus oficinas principales en un HUBZone y que al menos el 35 por ciento de sus empleados vivan en esa HUBZone.

www.sba.gov/hubzone

Otra prioridad es mejorar las transferencias federales que recibe Puerto Rico dentro de los programas federales de salud, Medicare y Medicaid, alcanzando unos niveles similares a los de los estados, lo que permitiría liberar recursos del presupuesto y salvar las finanzas del programa estatal de salud.

A comienzos del año 2017 se aprobó una reforma laboral que ha flexibilizado el mercado y abaratado sus costes y esta en desarrollo una reforma integral del proceso de permisos, que debe suponer un alivio al empresariado debido al complejo y largo sistema existente actualmente.

En Mayo de 2019, se ha aprobado la ley que establece que el 95% de la isla se considera Zona de Oportunidad, con los consiguientes incentivos fiscales para los inversores que reinviertan en la isla, las ganancias obtenidas en sus inversiones financieras y reales, en un período no superior a los 180 días, desde que obtuvieron la ganancia.

Se está también evaluando todo el sistema de incentivos contributivos a fin de evaluar su coste efectividad y eliminar los incentivos que menos rédito generen en empleo y actividad económica. Se espera que el nuevo Código de Incentivos Contributivos esté aprobado antes de finales de 2019.

 

 

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Previsiones macroeconómicas

La economía de Puerto Rico opera en cierta forma como una región más de los Estados Unidos, siguiendo normalmente sus variables macroeconómicas la pauta marcada por los EEUU; esto es debido a la gran dependencia de su económica de los fondos federales de los EEUU y el dominio de sus empresas en el tejido industrial y comercial puertorriqueño.

El PNB de Puerto Rico en el año fiscal 2018 registro una caída en términos reales del 2,7 % en línea con la caída experimentada en el año 2017 que ascendió registró al 2,4%, aunque se augura un crecimiento económico positivo para 2019, gracias a la mayor inyección de fondos federales.

De acuerdo con datos oficiales, para el 2019 se espera que se comience el desembolso de los fondos CDBG-DR (Community Development Block Grant-Disaster Recovery) que ascienden a 1,500 millones de dólares en una primera etapa,  a los que se sumarán 8,200 millones en una segunda etapa, además de los fondos recibidos por la Agencia de Emergencias Federal (FEMA), todos dirigidos a la reconstrucción de la isla tras los daños sufridos por el huracán María que superaron los 90.000 millones de dólares. No obstante, continúa existiendo un alto nivel de incertidumbre en cuanto a cantidad y el tiempo en que se desembolsarán los fondos comprometidos.

La economía puertorriqueña trata de recuperarse, principalmente a través del impulso al sector turístico; el objetivo del gobierno en duplicar su aportación al PIB (pasar del 7% al 14% en los próximos 10 años) y del sector de manufacturas, que sigue representando casi el 48% de su PIB.

En cualquier caso, todas estas predicciones macroeconómicas están sujetas a distintos factores exógenos como son la evolución de la economía norteamericana, el precio del petróleo o las transferencias federales; además la extensión de los ajustes del gasto y la carga impositiva sobre la población tendrán un efecto negativo sobre el consumo y afectará sin duda negativamente a la económica local y especialmente a los municipios.

Se estima que la población de Puerto Rico el año 2.025 estará en torno a los 3. millones de habitantes, para entonces se estima que su economía será un 25% menor que lo era en 2006, año en que comenzó la crisis económica.

La Junta de Control Fiscal que dirige el rumbo de los presupuestos de la isla hasta el momento se ha centrado en el ajuste de las finanzas públicas y la reestructuración de la deuda, dejando al lado posible medidas de reactivación económica, para las que ha delegado en el Gobierno puertorriqueño, quien ha puesto en marcha el desarrollo de un nuevo Código de Incentivos Contributivos, con el objetivo de atraer nueva inversión.

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Política fiscal y presupuestaria

A pesar de la crisis económica y fiscal que adolece la economía puertorriqueña en los últimos años, el nivel de gasto público se ha mantenido bastante constante los últimos años. 

El presupuesto del gobierno propuesto para el año fiscal de 2019 ha sido rechazado por ascender a 9.624 millones de dólares, superando el previsto por la Junta de Supervisión Fiscal establecido en 9.100 millones de dólares. La principal disputa se encuentra en la solicitud de reducciones en los beneficios a los empleados públicos y las pensiones, entre otros puntos, aspectos que el gobernador quiere evitar.

El gasto del año fiscal del 2018 ascendió a  8.709 millones de dólares mientras que en 2017 fue de 9.053,6 millones de dólares, 414,3 millones más que los 8.638,6 millones del presupuesto del año 2016. El año fiscal 2015, el gasto público efectivo fue de 9.100,3 millones de dólares. La razón fundamental que explica el recorte en los presupuestos de los últimos tres años fiscales con respecto al 2014 (11.032,6 millones de dólares) es la necesidad de un mayor control de las finanzas públicas, papel que desde 2017 lidera la Junta de Supervisión Fiscal a través de la supervisión y aprobación de los presupuestos..

La política fiscal del Gobierno de Puerto Rico está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal que como hemos destacado viene realizando múltiples ajustes y exigiendo medidas de austeridad adicionales antes de dar el visto bueno al presupuesto presentado por el Gobierno. Todo apunta a que en los próximos años el nivel de gasto público se va a ver ajustado y va guardar más consonancia con el nivel de recaudación.

La deuda pública alcanzó el año fiscal 2017 los 64.180,3 millones de dólares, un 0,1% menos que el año previo (es decir, $73,1 millones menos) y un 4,6% menos frente al máximo de 67.272,9 millones de dólares alcanzado el año fiscal 2014. Todavía no han sido publicados los datos de 2018, en cuanto a la deuda pública se refiere.

 DEUDA PUBLICA (millones de dólares) 2014  2015  2016 2017 2018
TOTAL 67.272,90 66.182,60 64.254,00 64,180.3 n.d
Empresas públicas 48.744,00 47.979,60 46.861,60 46,575.8 n.d
Gobierno Central* 14.336,00 14.076,90 13.481,40 13,881.1 n.d
Municipios 4.192,90 4.126,10 3.911,00 3,723.4 n.d

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico.

La deuda pública está compuesta por bonos y pagarés emitidos por el gobierno central, las empresas públicas y los municipios.

La clasificación de los bonos de Puerto Rico ha bajado significativamente durante los pasados diez años. En el mes de febrero de 2014, Standard & Poor´s rebajó la calificación de la deuda pública de Puerto Rico (Obligaciones Generales) al grado especulativo o “bono chatarra” (un nivel por debajo del grado de inversión), siendo seguido por Fitch y Moody´s; a pesar de ello Puerto Rico pudo colocar en el mercado deuda por valor de 3.500 millones de dólares que le permitieron mantener las finanzas públicas durante los últimos dos años. Desde entonces se han sucedido degradaciones adicionales, siendo los ratings a julio de 2017: Standard & Poor´s: D, Fitch: D y Moody´s: Caa3.

Las graves consecuencias que supuso la degradación del crédito de la Isla sobre el acceso a financiación llevaron a un fuerte proceso de ajuste presupuestario, tanto con recortes en los gastos como mediante un incremento de los ingresos, mediante el establecimiento de nuevos impuestos. encaminado a sanear las cuentas públicas y acabar con el déficit estructural y una deuda que asciende a más de 70.000 millones de dólares.

La raíz de fondo del problema fiscal se encuentra en un déficit estructural que las diversas reformas fiscales aprobadas desde el año 2006 no han logrado corregir. Como causa de fondo de esta situación, se encuentra la práctica generalizada de la evasión tributaria y la pobre fiscalización que se ejerce, junto con la caída de los ingresos del sector público debido a la grave crisis económica que Puerto Rico viene atravesando los últimos diez años, y que se enmarca en una crisis de su modelo productivo. Además, la recaudación fiscal depende en gran medida de los ingresos obtenidos de un pequeño grupo de multinacionales que supone sobre el 20% de la recaudación total.

Ya el año 2009 el Gobernador Luis Fortuño realizo un importante esfuerzo por controlar los gastos y cuadrar el presupuesto, que comenzó con el despido de 20.000 empleados públicos como medida de choque para frenar el grave desequilibrio en las cuentas del estado. A pesar de ello no se logró contener el crecimiento del déficit, entre otras cosas porque el retraso en la recuperación económica no permitió un incremento de los ingresos tributarios que compensara las mejoras en la fiscalidad de particulares y empresas introducidas el año 2011. 

Ante la dificultad de cortar los gastos del sector publico los esfuerzos de la administración del Gobernador Alejandro García Padilla (2013/16) se centró en incrementar los ingresos, para lo que el impuesto sobre las ventas (IVU) paso de un tipo del 7% al 11,5% actual, comenzando el 1 de julio de 2015 (el 1% irá a parar a los municipios) y un 4% sobre la prestación de servicios entre negocios y el pago de servicios profesionales (hasta ahora exentos), comenzando el 1 de octubre de 2015; este impuesto debía haberse transformado en un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), pero la oposición de las Cámaras legislativas lo impidió. 

El nuevo y actual Gobernador Ricardo Rosselló cuenta con mayoría en ambas Cámaras legislativas lo que le permite un amplio margen de maniobra en sus políticas, siempre atendiendo a lo marcado por la Junta de Control Fiscal. Su primera medida al entrar al Gobierno fue la aprobación de una reforma laboral que recorta los beneficios de los empleados y da más flexibilidad al mercado laboral, también creo la figura del empleador único dentro de la administración pública a fin de favorecer la movilidad de los empleados públicos, modifico la ley de Alianzas Público Privadas (APP´s) y está tramitando una reforma integral del proceso de permisos públicos.

En el año 2018 el departamento de Desarrollo Económico ha llevado a cabo un análisis de los incentivos que actualmente ofrece Puerto Rico y preparado un nuevo Código de Incentivos Contributivos, con el objetivo de impulsar la atracción de inversión en la isla. En estos momentos está pendiente de aprobación por la Cámara de Representantes.

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Política monetaria

La moneda de Puerto Rico es el dólar EEUU, y su política monetaria es dictada por la Reserva Federal de los EEUU.

Puerto Rico forma parte del segundo distrito adscrito al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, uno de los doce bancos más importantes de la Reserva Federal.

A su vez, como Estado Libre Asociado de EEUU, Puerto Rico no es reconocido como miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), y por lo tanto, no es elegible para apoyo financiero ni asistencia técnica y no ha podido ser incluido en los programas de ajustes estructurales existentes.

No obstante, como aspecto positivo destacar, que gracias a su dependencia de las agencias reguladoras de EEUU y sus relaciones con la banca estadounidense, el sector financiero y en particular, la banca comercial, ha alcanzado niveles de desarrollo similares a EEUU.

 

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

La difícil situación fiscal por la que atraviesa la isla en los últimos años ha obligado al Gobierno a centrarse casi exclusivamente en enderezar las finanzas públicas, posponiendo otras reformas también importantes para el futuro económico de la isla. 

En el ámbito fiscal, el Gobierno de Alejandro García Padilla impulsó una reforma fiscal integral que incluía la creación de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en sustitución del existente, Impuesto sobre las Ventas (IVU) y una simplificación y reducción del impuesto sobre las personas físicas.  Sin embargo, esta iniciativa contó con la oposición de las Cámaras Legislativas y el Gobierno se vio forzado a simplemente aprobar un incremento del IVU del 7% al 11,5% a partir de julio de 2015 (en servicios se introdujo un IVU del 4%).

El Ejecutivo envió a las Cámara Legislativas para su aprobación una Ley de quiebras para corporaciones públicas, la cual fue aprobada en junio de 2015.  Sin embargo, un Tribunal Federal de EEUU dictamino que dicha Ley es inconstitucional, decisión que fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo de los EEUU.  Ante la grave situación financiera de algunas corporaciones públicas, particularmente la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se comenzaron negociaciones a fin de llegar a un acuerdo voluntario con los acreedores. Los acuerdos alcanzados se vieron afectados por la creación de la Junta de Supervisión o Control Fiscal (JSF) y la negociación del grueso de la deuda del Estado Libre Asociado, que llevo a que finalmente el acuerdo alcanzado fuera vetado por la JCF debido al efecto de encarecimiento que tendría sobre el coste de la energía en la Isla, abocando a la AEE a la quiebra y su privatización.

La llegada de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de EEUU bajo la Ley PROMESA, (cuyos miembros finalizan su mandato en julio de 2019), tiene como misión principal establecer una senda fiscal sostenible e impulsar los acuerdos de renegociación de la deuda.

En estos momentos, la única deuda en la cual se ha logrado un acuerdo final es la del Banco Gubernamental de Fomento. El acuerdo con la deuda de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) está próximo a concretarse y posiblemente el acuerdo con los acreedores de PREPA pueda resolverse a finales de 2019. La deuda del gobierno central (GO) y la de pensiones posiblemente no se resuelvan hasta 2020.

En el marco de los programas de reforma económica, ha habido distintas propuestas por parte de distintos sectores y asociaciones empresariales, principalmente asociadas a reformas contributivas y una mayor asignación de fondos federales para Puerto Rico; igualdad en la dotación de fondos para la salud en los programas Medicare y Medicaid, medidas que darían asistencia a los medianos y pequeños comerciantes bajo los programas de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y que se enmiende la Sección 24 del Código de Rentas Internas federal para permitir a familias elegibles en Puerto Rico a reclamar el crédito contributivo federal por hijos dependientes.

No obstante, se echa en falta un programa de desarrollo económico a medio y largo plazo que complemente los esfuerzos de la administración de Ricardo Rosselló para mejorar el clima empresarial,

El Gobierno actual ha puesto en marcha una reforma de la legislación laboral que ha flexibilizado el mercado y abaratado sus costes y está en proceso de aprobar una reforma integral del proceso de permisos, que debe suponer un alivio al empresariado debido al complejo y largo sistema existente actualmente. Se está también evaluando todo el sistema de incentivos contributivos a fin de evaluar su coste efectividad y eliminar los incentivos que menos rédito generen en empleo y actividad económica.

Destacar en el marco de reformas impositivas, la entrada en vigor de la Ley 257 del 10 de diciembre del 2018, que ha introducido al sistema contributivo una serie de enmiendas que impactan tanto a individuos como a negocios operando en Puerto Rico. La llamada Reforma Contributiva incluye nuevas reglas al Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 201. En la siguiente lista incluimos algunos de los cambios principales;

-Reducción de la tasa contributiva para las corporaciones. Según la medida, se impondrá, cobrará y pagará por cada año contributivo sobre el ingreso neto sujeto a contribución normal de toda corporación regular una contribución de 20% del ingreso neto sujeto a contribución normal. A partir del 1 de enero de 2019, la contribución impuesta fue reducida a 18.5%.

-A partir del 1 de marzo del 2019, se elimina el impuesto “business to business” (B2B) a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) con un volumen de negocio de $200,000 o menos. De acuerdo al Departamento de Hacienda, esto beneficia al 77% de las empresas en la Isla que prestan servicios.

-Se suma a la lista de los intereses exentos de contribución a los depósitos en cuentas que devenguen intereses, en cooperativas, asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el Gobierno de Puerto Rico, bancos comerciales y mutualistas o en cualquier otra organización de carácter bancario radicada en Puerto Rico, hasta la cantidad total de $2,000 por cada individuo. Quienes rindan planillas con su cónyuge, la cantidad no excederá $4,000.

A esta cláusula se añaden las cantidades recibidas por pensiones concedidas o a concederse por los sistemas o fondos de retiro subvencionados por el gobierno, tanto local como federal.

-Igualmente, se incluye un inciso sobre el ingreso derivado por jóvenes entre 16 y 26 años por concepto de salarios, servicios prestados y/o trabajo por cuenta propia de los primeros $40,000.

-En el caso de individuos, la responsabilidad contributiva regular será reducida por un 5%. Las tasas aplicables para el cómputo de la contribución básica alterna (“CBA”) se expanden a 1%, 3%, 5%, 10% y 24% dependiendo del nivel de ingreso sujeto a esta contribución.

-Los individuos que trabajan por cuenta propia y entidades cuyo ingreso es sustancialmente derivado de servicios, podrán escoger tributar la totalidad de estos ingresos a una tasa fija que fluctuará del 6% al 20% dependiendo del nivel de ingresos.

- Asimismo, a partir del 1 de octubre de 2019 se reduzca el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados de 11.5% a un 7% en transacciones electrónicas y en efectivo. Esto supone reflejar un alivio a la hora de consumir en restaurantes y cafeterías.

También está prevista la aprobación de un nuevo Código de Incentivos Contributivos.

El otro pilar del programa del nuevo gobierno tiene una vertiente más política pues busca convertir a Puerto Rico en el estado número 51 de los EEUU, para ello se organizó un referéndum, sin el apoyo y reconocimiento de los EEUU, en el que únicamente voto el 23% del electorado pero que en un 96% voto por la estadidad; a raíz del cual la Casa Blanca ha exhortado a al Congreso a atender el asunto. 

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