Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

Estructura del PIB por componentes del gasto.

Por el lado del gasto, en 2019 el consumo privado destacó como motor de la actividad económica de EE.UU., con una aportación del 68% al Producto Interior Bruto estadounidense. La inversión privada y el sector público, tanto consumo como inversión, representaron un 17,5% del PIB. En el año 2019, las exportaciones se redujeron levemente, pero menos que las importaciones, por lo que el déficit comercial se redujo. Las exportaciones supusieron un 11,7% del PIB, mientras que las importaciones representaron un 14,6% del PIB.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD (VALOR AÑADIDO) 2016 2017 2018 2019
AGROPECUARIO 0,9 0,9 0,8 0,8
AGRICULTURA - - - -
GANADERÍA - - - -
SILVICULTURA Y PESCA - - - -
INDUSTRIAL 18,0 18,3 18,7 18,2
MINERÍA 1,2 1,5 1,7 1,5
MANUFACTURAS 11,2 11,2 11,3 11,0
CONSTRUCCIÓN 4,0 4,0 4,1 4,1
ELECTRICIDAD Y AGUA 1,6 1,6 1,6 1,6
SERVICIOS 81,1 80,8 80,6 81,1
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3,1 3,1 3,2 3,2
INFORMACIÓN 5,1 5,1 5,2 5,2
COMERCIO 11,7 11,6 11,4 11,5
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 3,1 3,1 3,1 3,1
BANCA Y SEGUROS 7,7 7,6 7,6 7,6
EDUCACIÓN Y SANIDAD 8,8 8,8 8,7 8,8
SERVICIOS PROFESIONALES 12,3 12,4 12,5 12,8
INMOBILIARIO 13,3 13,3 13,3 13,4
ARTE Y ENTRETENIMIENTO 1,1 1,1 1,1 1,1
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 12,8 12,6 12,4 12,3
OTROS SERVICIOS 2,1 2,1 2,1 2,1
TOTAL: 100,0 100,0 100,0 100,0

  

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO (%) 2016 2017 2018 2019
CONSUMO PRIVADO 68,2 68,4 68,1 68,0
INVERSIÓN (FBCF) PRIVADA 16,9 17,3 17,8 17,5
CONSUMO E INVERSIÓN PÚBLICOS 17,6 17,3 17,2 17,5
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 11,9 12,1 12,4 11,7
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -14,6 -15,0 -15,4 -14,6
TOTAL: 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Bureau of Economic Analysis. Última actualización: abril 2019

 

 

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

En 2019 la economía estadounidense se expandió un 2,3%, cifra inferior al 2,9% del PIB de 2018 y al 2,4% de 2017, pero mayor que la tendencia experimentada tras la crisis económica del final de la pasada década. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020 la economía estadounidense se ha contraído un 5% intertrimestral anualizado, poniendo fin así al largo periodo expansivo y reflejando los efectos del coronavirus.

En 2019, el principal motor del crecimiento fue la demanda de consumo privado, incrementándose un 2,6% y contribuyendo con 1,76 puntos al crecimiento del PIB. Dentro del consumo privado destacó la evolución de la demanda de servicios (0,98 puntos) sobre la de bienes (0,78 puntos). Por el contrario, en el primer trimestre de 2020 se ha contraído un 6,8% respecto al periodo anterior, contribuyendo con -4,7 puntos al crecimiento del PIB, especialmente por la caída del consumo de bienes duraderos y de servicios (-13,2% y -9,7% respectivamente).

La demanda de inversión creció un 1,8% en 2019, destacando el incremento significativo de la inversión en propiedad intelectual, con un 7,5% en 2019; la inversión en bienes de equipo creció un 1,3%, pero la inversión en estructuras cayó un 4,3% y la inversión residencial disminuyó un 1,5%. En total, la contribución de la inversión al crecimiento del PIB fue de 0,32 puntos. Este trimestre la demanda de inversión se ha reducido un 10,5%, a pesar del fuerte aumento de la inversión residencial (+18,5%); la contribución al crecimiento del PIB ha sido de -1,8 puntos.

En 2019 la demanda del sector público se incrementó en un 2,3%, contribuyendo en 0,41 puntos al crecimiento del PIB, principalmente por la contribución de 0,23 puntos del gobierno federal. Durante el primer trimestre de 2020 la contribución ha sido únicamente de 0,2 puntos, al crecer a un ritmo inferior al de los últimos periodos (+0,8%); destaca la expansión de un 3,3% del gasto federal civil.

Respecto al sector exterior, el déficit comercial en 2019 fue de 616.755 millones de dólares, un 1,74% menos que en 2018. Es la primera vez que se reduce el déficit comercial anual desde 2013. Los efectos de las negociaciones comerciales e imposición unilateral de aranceles son notables. En términos nominales, las exportaciones se han reducido un 0,06%, y las importaciones un 0,4%, después de crecer un 6,3% y un 7,8% respectivamente en 2018.  En términos reales, en 2019 las exportaciones de bienes y servicios se mantuvieron igual que el año anterior, mientras las importaciones crecieron un 1,0%. En el primer trimestre de 2020 el sector exterior ha sido el componente que ha amortiguado la caída del PIB, al contribuir con 1,8 puntos al crecimiento, continuando con la tendencia del último trimestre. A pesar de que las exportaciones se han contraído notablemente (-9%) por efecto del coronavirus, las importaciones lo han hecho en mayor medida (-15,7%); en ambos casos los servicios, por encima de los bienes, han sufrido las consecuencias de la pandemia. Durante los cuatro primeros meses de 2020 el déficit comercial se sitúa en 168.463 millones, un 13,4% menos que en el mismo periodo de 2019

El IPC en mayo se contrajo una décima respecto al mes anterior, situándose en un crecimiento del 0,1% interanual desestacionalizado. La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se situó en el 1,2% interanual.

La tasa de desempleo en junio se situó en el 11,1%, continuando con la fuerte recuperación del mercado de trabajo iniciada en mayo. En el mes de junio el empleo total no agrícola aumentó en 4,8 millones. La tasa de actividad aumentó hasta el 61,5% de la población en edad de trabajar.

El déficit presupuestario federal del año fiscal de 2019, que termina el 30 de septiembre, representó el 4,6% del PIB, siendo el cuarto año consecutivo en el cual se incrementa el déficit en términos de porcentaje del PIB. Durante el periodo octubre-mayo el déficit del presupuesto federal fue de 1,9 billones de dólares, 1,16 billones más que el déficit registrado durante el mismo período del año pasado (+157,8%). Este organismo prevé un déficit del gobierno federal de 3,7 billones de dólares en el ejercicio fiscal de 2020, frente a la anterior previsión de apenas 1 billón. Esto supondría un déficit del 18% del PIB.

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2016 2017 2018 2019
PIB real (miles de millones USD, a precios constantes de 2012) 17.688,9 18.108,1 18.638,2 19.073,1
PIB (MM USD, a precios corrientes) 18.715,0 19.519,4 20.580,2 21.427,7
Tasa de variación real (%) 1,6 2,4 2,9 2,3
Tasa de variación nominal (%) 2,7 4,3 5,4 4,1
INFLACIÓN
Media anual (%) 1,3 2,1 2,4 1,8
Fin de período (%) 2,1 2,1 1,9 2,3
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) 0,521 1,125 1,96 2,23
Fin de período (%)  0,750 1,50 2,5 1,75
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes) 324.304 325.719 328.231 329.131.338
Población activa (x 1.000 habitantes) (media anual) 158.968 160.597 162.025 163.506
% Desempleo sobre población activa 4,7 4,1 3,9 3,5
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -3,2 -3,5 -3,8 -4,6
DEUDA PÚBLICA
en M USD 19.976.826 20.492.746  21.974.096 23.201.380
en % de PIB 105,2 102,9 105,2 106,8
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M USD 1.457.393 1.553.589 1.676.950 1.652.437
% variación respecto al período anterior -3,6 6,6 7,9 -1,5
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M USD 2.207.195 2.358.789 2.557.251 2.516.767
% variación respecto al período anterior -2,9 6,9 8,4 -1,6
SALDO B. COMERCIAL BIENES
en M USD -749.801 -805.200 -880.301 -864.331
en % de PIB -4 -4,1 -4,3 -4
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en M USD -428.349 -439.646 -449.693 -480.226
en % de PIB -2,3 -2,25 -2,2 -2,25
DEUDA EXTERNA
en M USD 18.025.120 19.020.976 19.669.422 20.412.714
en % de PIB 96,3 97,4 95,6 95,3
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en M USD n.d. n.d  n.d   n.d   n.d
en % de exportaciones de b. y s.  n.d .n.d   n.d   n.d
RESERVAS INTERNACIONALES (excluido oro)
en M USD 106.291 112.252 114.757 118.438
en meses de importación de b. y s. n.d n.d    
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 1,11 1,13 1,18 1,12
fin de período 1,05 1,23 1,15 1,12
Fuentes: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve, Treasury Bulletin. Última actualización: junio 2020

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Principales objetivos de política económica

Donald J. Trump fue elegido presidente con la promesa de dar un giro radical a la orientación de la política económica. No solo respecto a la aplicada por la administración demócrata anterior, sino también con algunos de los principios básicos de la filosofía de política económica estadounidense desde la posguerra.

Este giro se asienta en un diagnóstico de la situación económica que atribuye los problemas de empleo y de desigualdad a, por un lado, la permisividad frente a la competencia desleal y la inmigración del exterior y, por otro, a la excesiva injerencia de la administración en la actividad privada. De este modo, existe una disruptiva visión neoproteccionista que combina con la tradicional política económica republicana de las últimas cuatro décadas de reducir el tamaño y la influencia de la administración federal. Así, la reducción estimada en el crecimiento del PIB potencial (desde el 3% hasta el 2%), el estancamiento de la renta salarial mediana en términos reales o el descenso de las tasas de actividad y de empleo se atribuyen a la intervención del Estado y a la desindustrialización causada por el aumento de las importaciones desde China o México, en ocasiones facilitada por la deslocalización de multinacionales estadounidenses.

El programa económico de la administración Trump se basa en cuatro ejes: la utilización de la política comercial para proteger la producción y el empleo doméstico, la desregularización de la economía, una ambiciosa reforma tributaria y la inversión en infraestructuras.   

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Previsiones macroeconómicas

El Congressional Budget Office, en sus proyecciones provisionales publicadas en mayo, estableció el crecimiento previsto para la economía de Estados Unidos en un -5,6% en 2020 y en el 4,2% en 2021. Como consecuencia de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus estiman que el déficit público se disparará hasta el 17,9% en 2020 (la estimación a principio de año era de un 4,6%), y el 9,8% en 2021. El desempleo por su parte se situaría en el 11,5% y 9,3% respectivamente, y la inflación en el 0,2% en 2020 y el 1,4% en 2021.  

  2020 2021
PIB (cambio porcentual) -5,6% 4,2%
Inflación 0,2% 1,4%
Desempleo 11,5% 9,3%
Déficit Público 17,9% 9,8%

Fuente: CBO’s Interim Economic Projections for 2020 and 2021

Las últimas previsiones de la Reserva Federal publicadas en junio de 2020 incorporan los efectos del COVID-19.  Según las mismas la economía caería un 6,5% en 2020 para recuperarse un 5% en 2021, con unas tasas de desempleo del 9,3 y 6,5% respectivamente. La inflación, por su parte, estaría lejos del objetivo (0,8% en 2020 y 1,6% en 2021).

  2020 2021
PIB (cambio porcentual) -6,5% 5%
Inflación 0,8% 1,6%
Desempleo 9,3% 6,5%

Fuente: Economic projections of Federal Reserve Board members

El Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones de crecimiento del mes de junio, revisó el crecimiento de EE. UU. para el año 2020 del 2% al -8% (frente al -6% estimado en abril), con una fuerte recuperación del 4,5% en 2021 (esta estimación supone una recuperación gradual de la actividad). Por otro lado, sus predicciones sobre la inflación sitúan el IPC en el 0,6% en 2020 y el 2,2% en 2021. En cuanto al desempleo, en 2020 aumentaría hasta el 10,4%, bajando al 9,1% en 2021. El déficit público, por su parte, sería de casi el 24% en 2020 y más del 12% en 2021. Por último, respecto al sector exterior, el organismo prevé un déficit por cuenta corriente del 2,6% en 2020 y del 2,8% en 2021.

  2020 2021
PIB (cambio porcentual) -8,0% 4,5%
Inflación 0,6% 2,2%
Desempleo 10,4% 9,1%
Déficit Público -23,8% -12,4%
Saldo por cuenta corriente (% del PIB) -2,6% -2,8%

Fuente: World Economic Outlook, April 2020

El informe de junio de 2020 de la OCDE prevé dos escenarios, según se produzca o no un rebrote de infecciones. El PIB caería entre un 7,3 y un 8,4 en 2020, y se recuperaría un 4,1% en 2021 o un 1,9% en caso de rebrote. El desempleo se situaría entre el 11,3 y el 12,9% en 2020, y entre el 8,5 y el 11,5% en 2021. El deflactor del consumo privado, por su parte, alcanzaría el 1,2% en 2020, y estaría entre el 1,1 y 1,5% en 2021. Los paquetes de ayuda fiscal supondrían un déficit público de entre el 15% y el 16,9% en 2020 y el 10,5% y el 11,9% del PIB en 2021. Por ultimo, el saldo por cuenta corriente se situaría en el -2,1% en 2020 y -2,2% en 2021.

  2020 2021
PIB (cambio porcentual) -7,3%/-8,4% 4,1%/1,9%
Inflación 1,2%/1,2% 1,5%/1,1%
Desempleo 11,3%/12,9% 8,5%/11,5%
Déficit Público -15%/-16,9% -10,5%/-11,9%
Saldo por cuenta corriente (% del PIB) -2,1%/-2,1% -2,2%/-2,2%

Fuente: OECD Economic Outlook 107 database

La Comisión Europea presentó sus estimaciones de primavera, según las cuales la economía estadounidense se contraería un 6,5% en 2020, para crecer un 4,9% en 2021. La inflación se mantendría en niveles muy bajos, del 0,5% en 2020 y el 1,5% en 2021. El desempleo prevé que se sitúe en el 9,2% en 2020 y el 7,6% en 2021. Por último, el déficit público sería de un 17,8% del PIB en 2020 y un 8,5% en 2021, y el déficit por cuenta corriente se situaría en el 3% en ambos años.

  2020 2021
PIB (cambio porcentual) -6,5% 4,9%
Inflación 0,5% 1,5%
Desempleo 9,2% 7,6%
Déficit Público -17,8% -8,5%
Saldo por cuenta corriente (% del PIB) -3,0% -3,0%

Fuente: Spring 2020 Economic Forecast

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Política fiscal y presupuestaria

La política fiscal y el presupuesto federal

El proceso presupuestario

El año fiscal gubernamental comienza el 1 de octubre de cada año, y se extiende hasta el 30 de septiembre del siguiente. De esta forma el presupuesto en vigor, correspondiente al año fiscal 2020, comenzó el 1 de octubre de 2019 y finalizará el 30 de septiembre de 2020.

El proceso de elaboración del presupuesto es el siguiente:

La elaboración del presupuesto comienza aproximadamente un año y medio antes de que el presupuesto entre en vigor, cuando las diferentes agencias empiezan a elaborar sus propuestas, que enviarán a la Casa Blanca. A continuación el presidente presenta al Congreso su propuesta fiscal para el próximo año fiscal. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado elaboran sus propuestas, y un comité con miembros de ambas cámaras elabora una única versión, que define los límites de gastos generales, y que cada cámara vota. Después, los Comités de Asignaciones de cada Cámara dividen la parte de gasto voluntario (discretionary spending) entre 12 subcomités, que elaboran otros tantos proyectos de asignación sobre como se repartirán los fondos para cada organismo (defensa, energía y agua…). Finalmente el pleno de la Cámara y el Senado votan cada uno de sus 12 proyectos de ley; si se aprueban, ambas versiones irán a un comité para fusionarlas, y ambas cámaras votarán la misma versión. Aprobada la versión final la proposición va al presidente para su firma y entrada en vigor.

El presupuesto anual cubre tres áreas de gasto:

  •   Gasto voluntario (discretionary spending): financiación de las agencias federales, que el Congreso establece anualmente (en torno a un tercio del presupuesto). 
  • Interés sobre deuda (aproximadamente un diez por ciento del presupuesto).
  • Gasto obligatorio (mandatory spending): financiamiento para la Seguridad Social, Medicare, beneficios para veteranos y otros gastos requeridos por la ley (más de la mitad del presupuesto)

Evolución del déficit público federal

Desde el año 2001, cuando se registró un superávit del 1,2%, el Gobierno ha completado 18 años consecutivos con déficits presupuestarios, tendencia que continuará durante los siguientes ejercicios.

Durante los años correspondientes a la crisis financiera de 2008 (2009-2011), los déficits se situaron entre el 7 y el 10%. En los siguientes años, a pesar del crecimiento económico los déficits se han mantenido, e incluso han ido aumentando en los últimos ejercicios en porcentaje del PIB. Así, en el año 2019 el déficit se situó en 984.000 M$, un 4,6% del PIB, la cifra más alta en 7 años y el cuarto incremento consecutivo. En el año fiscal 2018 el déficit presupuestario federal representó el 3,8% del PIB, por encima del 3,5% de 2017 y el 3,2% de 2016. Hasta la aprobación en marzo de los paquetes de medidas para hacer frente al coronavirus, la principal medida de política fiscal era la reforma tributaria de diciembre de 2017, que redujo el tipo impositivo sobre sociedades al 21% y modificó el principio de tributación de la renta originada de las empresas estadounidenses acercándola al principio territorial, más habitual en otros países de la OCDE. La ley también redujo, aunque en este caso transitoriamente hasta 2025, los tipos del impuesto a la renta de personas físicas así como amplió la base de ingresos sujetos a impuestos.

Asimismo, existen tres leyes presupuestarias que determinan la política fiscal por el lado del gasto:

  • La Bipartisan Budget Act de 2019 fijaba el límite para los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 aumentando el techo en 320.000 millones de dólares respecto al anterior, con un límite de 738.000 millones para el gasto en defensa y un límite de 632.000 millones para el gasto civil.
  • La Consolidated Appropriations Act y la Further Consolidated Appropiations Act establecen el presupuesto por agencia y programa federal en 1,43 billones de dólares en 2020, extienden ciertas disposiciones fiscales a individuos y empresas y derogan tres impuestos especiales en el sector de la salud. Bajo estas leyes, para el año 2020 el Congressional Budget Office preveía un déficit de 1 billón de dólares y 4,6% del PIB, que posteriormente revisó al alza hasta el 4,9%. Sin embargo, la extensión del coronavirus por el país y las nuevas medidas de política fiscal aprobadas para contener sus efectos podrían disparar el déficit presupuestario del gobierno federal hasta los 3,7 billones de dólares, casi un 18% del PIB; en 2021 el déficit sería de un 9,8% del PIB, según los primeros cálculos.

La política fiscal durante el COVID-19

Hasta la fecha se han probado cuatro paquetes fiscales en respuesta a la propagación del coronavirus dentro de EE. UU., que añaden, en su conjunto, 2,1 billones de dólares al déficit federal de 2020. Los cuatro paquetes aprobados son los siguientes:

  • El 4 de marzo se aprobó el Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, un paquete de medidas directas para hacer frente a la crisis sanitaria con un presupuesto de 8.300 M$.
  • El 18 de marzo se aprobó el Families First Coronavirus Response Act, que responde al brote de coronavirus financiando bajas por enfermedad remunerada y pruebas gratuitas de coronavirus, además de ampliar los programas existentes ayuda alimentaria. Asimismo, obliga a incrementar la protección de los trabajadores del sector sanitario. En particular, la ley aprueba una serie de asignaciones complementarias para el año fiscal 2020 para programas de asistencia nutricional por un valor de 1.356 M$ y establece un programa federal de subsidios de desempleo de emergencia para los empleados que solicitan una baja no remunerada debido al brote de coronavirus de 1.000 M$. El Congressional Budget Office estima que esta medida aumentará el gasto en 2020 en 54.119 M$ y reducirá los ingresos en 80.357 M$ en forma de reducciones fiscales sobre la cuota, generando un déficit de 134.176 M$.
  • El 25 de marzo republicanos y demócratas finalizaron las negociaciones del tercer paquete de ayudas, el más ambicioso, el Coronavirus Aid, Relief and Economy Security Act (CARES). De aproximadamente 2,2 billones de dólares, incluye, entre otras medidas 250.000 M$ para transferencias directas a ciudadanos estadounidenses; 350.000 M para pequeñas y medianas empresas de menos de 500 empleados a través de un programa de garantía de préstamos a los prestatarios elegibles; 260.000 M$ para financiar y complementar varios programas de subsidios de desempleo que expanden en 13 semanas los beneficios del seguro por desempleo a los individuos que hayan agotado las percepciones por desempleo regulares, establecen temporalmente un subsidio por desempleo para trabajadores autónomos y trabajadores con contratos de tiempo parcial, complementan los subsidios existentes con 600$ semanales para un máximo de 39 semanas y compensan parcialmente la reducción del salario ante reducciones de jornada; y un fondo de 500.000 M$ para las empresas más afectadas que se apoyará principalmente en los programas de préstamos de la Federal Reserve que se describen en el apartado de política monetaria. El Congressional Budget Office estima que este paquete añadirá 1,5 billones al déficit del año fiscal de 2020 y 450.000M$ al déficit del año fiscal de 2021.
  • El 24 de abril se aprobó el Paypack Protection Program and Health Care Enhancement Act, que complementa a los paquetes anteriores. Incrementa en 380.000 M$ los fondos para el programa de préstamos para pequeñas y medianas empresas (Paycheck Protection Program), de los que 60.000 M$ para préstamos por desastres económicos. Además, se aprueba complementar el Public Health and Social Services Emergency Fund con 75.000 M$ destinados a hospitales y con 25.000 M$ para desarrollar test. El Congressional Budget Office estima que añadirá 483.000 M$ al déficit del año fiscal de 2020.

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Política monetaria

La Reserva Federal y la ejecución de la política monetaria

La política monetaria en los EE. UU. es diseñada y ejecutada por la Reserva Federal, un organismo público-privado independiente del ejecutivo compuesto por el Board of Governors y por los Bancos Regionales de la Reserva Federal. El Board of Governors es una agencia pública de EE.UU. cuya sede se encuentra en Washington, DC. Está formada por siete miembros que son nombrados por el presidente de EE.UU., con consejo y consentimiento del Senado, por un plazo de 14 años. El presidente del board, a fecha de redacción de este informe, es Jerome Powell, que fue nombrado en febrero de 2018. La junta remite dos veces al año al Congreso un informe sobre el estado de la economía y la dirección de la política monetaria, y su presidente debe prestar declaración sobre este informe. Los Bancos Regionales de la Reserva Federal, el lado privado de la institución, son doce: Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond (Virginia), Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City (Misuri), Dallas y San Francisco.

La Reserva Federal debe desarrollar una política monetaria para fomentar las condiciones económicas que permitan alcanzar su doble mandato: estabilidad de precios (tasa de inflación del 2%) y máximo empleo sostenible. Para ello asume las siguientes funciones:

Tiene el monopolio de la impresión de moneda. Actúa como banco de los bancos, participando en las transacciones de éstos como proveedor de dinero en efectivo y como cámara de compensación. Asimismo, los bancos poseen depósitos o saldos en la Fed, tanto saldos de compensación como las reservas obligatorias.  Es la encargada de controlar la oferta monetaria y lo hace a través de diversos instrumentos:

  • Coeficientes de reservas legales: los bancos están obligados a mantener una cantidad de fondos en forma de reservas para satisfacer salidas inesperadas de dinero. Los bancos pueden mantenerlas en efectivo o como depósitos en la Reserva Federal.
  • Operaciones de mercado abierto: se trata de la herramienta más frecuente y efectiva de la Fed para modificar la oferta monetaria. Mediante la compra de valores del Estado nacional en el mercado inyecta dinero en la economía y mediante su venta detrae liquidez del sistema. El precio de estos valores se determinará en el mercado, en función de la oferta y la demanda. Las operaciones de mercado abierto son dirigidas por el FOMC, el Comité Federal de Mercado Abierto.
  • Control del tipo de interés de los fondos federales o federal funds rate: le permite influir directamente sobre el tipo de interés e, indirectamente, en el nivel de actividad de la economía.
  • Cambios en el tipo de descuento: los bancos pueden pedir prestadas reservas directamente a la Fed en su ventanilla de descuento y la tasa de descuento es el tipo de interés al que la Fed presta ese dinero.
  • Operaciones con moneda extranjera: las compras y ventas de moneda extranjera se realizan a través del FOMC en cooperación con el Tesoro, que tiene la responsabilidad en este tipo de operaciones. La FED no tiene objetivos de tipo de cambio, ni niveles deseados para el precio del dólar, sino que actúa para contrarrestar movimientos desordenados en los mercados de divisas.

El FOMC se tiene que reunir al menos cuatro veces al año, aunque por lo general se reúne unas ocho veces. En estas reuniones, cada uno de los miembros del FOMC y los presidentes de los bancos de la Reserva Federal expresan su punto de vista sobre el estado y las perspectivas de futuro de la economía y, en consecuencia, la dirección que debe seguir la política monetaria. El Comité debe alcanzar el consenso sobre cuál debe ser la política monetaria, que se incorporará a una directiva para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ya que éste es el banco que ejecuta las transacciones del sistema de cuentas de mercado abierto.

La política monetaria en los últimos años

La política monetaria de la Reserva Federal durante los años de la crisis fue de carácter ultra expansivo y no convencional. Mediante el instrumento denominado Quantitative Easing se dio pie al suministro de liquidez a contrapartidas bancarias y no bancarias, la compra de importantes volúmenes de deuda pública y el mantenimiento de los tipos de interés entre el 0% y el 0,25%. En 2014 la FED comenzó a reducir los estímulos monetarios de forma gradual, acabando con su programa de compra de activos en octubre de 2014. En el año 2015, la FED inició el proceso de normalización monetaria, anunciando la subida de los tipos de interés de referencia; en octubre de 2019 estos se situaban en el 1,75%.

Asimismo, en octubre de 2017 la Fed finalmente empezó a ejecutar el proceso de reducción de su balance general tras la sustancial expansión producida dentro del programa Quantitative Easing. Sin embargo, la llegada del coronavirus y la adopción de medidas extraordinarias han provocado que el balance de la Fed se dispare de nuevo.

La política monetaria durante el COVID-19

El 5 de marzo la Federal Reserve inició una serie de medidas extraordinarias semejantes a las aplicadas durante la Gran Recesión con el fin de estabilizar el sistema financiero y evitar situaciones de falta de liquidez ante la volatilidad generada por la pandemia del coronavirus. En dos ocasiones, de manera extraordinaria antes de la fecha prevista, la junta de gobernadores anunció dos bajadas del rango de tipos de interés de más de 25 puntos básicos. La primera, de 50 puntos básicos hasta la horquilla situada entre el 1 y el 1,25%. La segunda, una bajada del rango de tipos de interés en 100 puntos básicos, de tal forma que el rango de tipos de interés se sitúa desde el 16 de marzo entre el 0 y el 0,25%.

Asimismo, escalonadamente la Fed ha anunciado las siguientes medidas dentro de política convencional:

  • Aumento de la cantidad de efectivo que está inyectando en el sistema financiero con el objetivo de evitar un aumento no deseado en las tasas de interés que supere el rango objetivo, con un incremento temporal del efectivo que está dispuesto a prestar diariamente en el mercado de repos de los 100.000 a los 500.000 M$ en el mercado de repos a un mes y 1 billón de $ en el mercado de repos a tres meses.
  • Ventana de descuento. Reducción del coste de la primera línea de crédito hasta el 0,25%. Al reducirlo más que la bajada anunciada para el rango de tipos de interés, estrecha el gap entre estos dos instrumentos.
  • Anima a las instituciones depositarias a utilizar el crédito intradía.
  • Anima a los bancos a utilizar los buffers acumulados desde la Gran Recesión con las empresas y familias que requieran más financiación. Mencionan que las entidades financieras más grandes disponen de 1,3 billones de dólares de capital común y 2,9 billones de dólares de activos líquidos de alta calidad.
  • Reduce la ratio del requisito de reservas al 0%, coincidente con el inicio del siguiente periodo.
  • Acción coordinada entre el BCE, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá reducir en 25 puntos básicos el coste de los acuerdos swaps dentro de las líneas ya existentes a raíz de la Gran Recesión, además de comenzar a ofrecer acuerdos semanales con un plazo de 84 días además de los modificar el plazo de los acuerdos a 7 días ya existentes a acuerdos de 1 día. Este acuerdo de swaps de divisas se ha ampliado posteriormente a otros bancos centrales. Asimismo, se pone en marcha el establecimiento de un mecanismo para financiar el mercado de repos con otros bancos centrales, el Foreign and International Monetary Authorities Facility (FIMA), mediante acuerdos de recompra a un día con una prima de riesgo de 25 puntos básicos sobre el Interest on Excess Reserves (IOER).

Dentro de las medidas no convencionales de política monetaria destacan:

  • Ampliación de las operaciones de compra de títulos del Tesoro en todo el rango de vencimientos como forma de abordar las interrupciones altamente inusuales en el mercado de valores del Tesoro.
  • Compra de letras y bonos del Tesoro y títulos garantizados con hipotecas, incluyendo los títulos garantizados con hipotecas de comercios, sin establecer límite alguno.
  • Puesta en marcha con capital del Departamento de Tesoro de una serie de mecanismos para inyectar liquidez contra colateral en mercados financieros. Así se crea un Mecanismo de Financiación de Papel Comercial (CPFF) para respaldar a los emisores estadounidenses de papel comercial; un Mecanismo de Crédito para Distribuidores Primarios (PDCF) que puede estar garantizado por una amplia gama de títulos de deuda con grado de inversión, incluidos papeles comerciales y bonos municipales, y una amplia gama de valores de renta variable. La tasa de interés cobrada será la tasa de crédito primaria, o tasa de descuento, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York; un Mecanismo de Liquidez de Fondos de Inversión del Mercado Monetario (MMLF); un Mecanismo de Crédito Corporativo del Mercado Primario (PMCCF) para la emisión de nuevos bonos y préstamos; un Mecanismo de Crédito Corporativo del Mercado Secundario (SMCCF) para proporcionar liquidez a los bonos corporativos pendientes; por último, un Mecanismo de Préstamos de Valores respaldados por Activos a Plazo (TALF), para apoyar el flujo de crédito a consumidores y empresas.

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Políticas estructurales

Las principales propuestas de la Administración Trump y que marcaron su campaña electoral se pueden resumir en los siguientes puntos:

3.3.1 Reforma del sistema impositivo:

El 22 de diciembre de 2017 Donald Trump firmó la Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), que supone la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos 31 años. Se pueden resumir en cuatro los principios que han regido esta reforma: simplificar el código tributario; reducir la carga tributaria; adaptar el sistema tributario para que las empresas estadounidenses sean más competitivas internacionalmente; y repatriar billones de dólares que actualmente se mantienen en el extranjero para reinvertir en la economía estadounidense.
Respecto al impuesto sobre la renta, se mantienen los siete tramos iniciales, aunque se modifican los tipos y los umbrales de cada tramo reduciendo el tipo máximo al 37%, aplicable a partir de los 500.000 dólares de renta en declaración individual o 600.000 en conjunta; el mínimo exento se eleva a 24.000 dólares para declaraciones conjuntas y 12.000 para individuales. Como contrapartida, se eliminan numerosas reducciones y gastos deducibles, varias de ellas objeto de gran controversia como la reducción de los impuestos sobre la renta, ventas o la propiedad satisfechos a los entes locales y a los estados que se limita hasta 10.000 dólares; y se incrementan los mínimos exentos para el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, destaca la reducción del tipo impositivo del 35% actual al 21% con aplicación inmediata en 2018, de modo que pasa de ser el país con mayor tipo impositivo nominal del conjunto de los países miembros de la OCDE a ser el 16º. Asimismo, otras modificaciones significativas son la eliminación del denominado Impuesto Mínimo Alternativo, que pretendía evitar que las empresas utilicen lagunas fiscales para evitar pagar impuestos, o la exención del 100% de los dividendos percibidos de filiales extranjeras, adaptando la fiscalidad internacional de los Estados Unidos a un sistema de tributación territorial en consonancias con los sistemas tributarios de otros países de la OCDE. Como medida transitoria, se establece un impuesto único del 15,5% en activos líquidos y del 8% en activos no realizables para los dividendos no distribuidos que se mantenían en el extranjero con el fin de evitar su tributación.

El impacto de esta reforma es discutido. La fundación Peter G. Peterson , organización dedicada a los desafíos fiscales a largo plazo del país, publicó a finales de 2019 un resumen con las principales opiniones de diferentes economistas y organizaciones sobre los efectos de la reforma fiscal. La caída de los ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades habría sido mayor de la esperada por la CBO (un 40%, según indica el Center for American Progress, CAP). Otro de los aspectos claves es su efecto sobre la inversión: mientras que desde el American Action Forum defienden que la tasa de crecimiento de la inversión se aceleró tras la entrada en vigor de la reforma, desde el CAP sostienen que no ha sido tanto el crecimiento como las predicciones indicaban, e incluso no es evidente que se deba a factores de oferta sino a una fuerte demanda agregada; el presidente de la Fed recalcó la debilidad de la inversión fija empresarial en 2019. Por otro lado, numerosos economistas advierten sobre los efectos negativos que los incrementos del déficit pueden tener en la economía, y señalan que la reforma ha coincidido con los cambios en la política comercial, de manera que es difícil separar los efectos individuales de uno y otro evento.

3.3.2 Política Comercial:

La Administración Trump se ha erigido como defensora del "fair trade" o “comercio leal” y ha puesto en el punto de mira a los países o regiones con los que mantiene déficit comercial. Una de las primeras medidas del presidente al tomar posesión del cargo fue abandonar el Trans-Pacific Partnership (TPP), un acuerdo comercial del que EE.UU. era parte junto con 11 países de la cuenca del Pacífico entre los que se encuentran Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.

Asimismo, una de las principales iniciativas comerciales era la renegociación del North American Free Trade Agreement (NAFTA) en el que se pretendían incluir nuevos capítulos que modernizasen el tratado, pero también la modificación o derogación de otros que resultan de especial importancia para EE. UU. El nuevo NAFTA, denominado Tratado entre Estados Unidos, México y Canada (USMCA por sus siglas en inglés) fue firmado por los tres presidentes el 30 de noviembre de 2018 durante la cumbre del G-20 en Buenos Aires (Argentina) y entrará en vigor el 1 de julio de 2020. El acuerdo da a Estados Unidos un mayor acceso al mercado lácteo de Canadá, incentiva una mayor producción doméstica de automóviles y camiones, aumenta las regulaciones medioambientales y laborales, e introduce y actualiza las protecciones de propiedad intelectual.
En octubre de 2019 la OMC dio luz verde a EE.UU. para tomar medidas comerciales de represalia por valor de 7.500 millones de dólares contra la UE por sus subvenciones al conglomerado empresarial europeo Airbus. Además de los aranceles a aviones y componentes del sector de la aviación civil, EE.UU. impuso gravámenes del 25% a una larga lista de productos alimenticios europeos. La lista se centra en productos de España (queso, aceitunas, aceite de oliva, vino, entre otros), pero también de Francia (vino, quesos), Alemania (café, galletas, gofres), Reino Unido (whisky, dulces) e Italia (quesos), a los que hay que añadir muchos más productos procedentes de otros países comunitarios.

Por otro lado, después de casi dos años de guerra comercial y más de año y medio de negociaciones, EEUU y China firmaron el 15 de enero de 2020 el Acuerdo de “Fase Uno” que parece poner fin a la escalada arancelaria entre los dos países. En el Acuerdo, el país asiático se comprometió a realizar reformas estructurales en su régimen económico y comercial en importantes áreas como la transferencia forzosa de tecnología y la defensa de propiedad intelectual e industrial. Además, a lo largo de los siguientes dos años se compromete a la compra de importaciones estadounidenses por un total de $200.000 millones.  En contrapartida, EE.UU. redujo a la mitad (de un 15% a un 7.5%) los aranceles impuestos a una serie de productos chinos por un valor total de $120.000 millones. Además, el USTR canceló la aplicación de nuevos aranceles (de un 15%) dirigidos a $160.000 millones de importaciones.

Además, EE.UU. y Japón han llegado a un acuerdo en el que Japón eliminará o reducirá los aranceles para ciertos productos agrícolas estadounidenses. Para otros productos agrícolas, Japón proporcionará cuotas preferenciales específicas para EE. UU. Y también han llegado a un acuerdo por separado sobre comercio digital. El acuerdo incluye la prohibición de imponer aranceles a productos digitales transmitidos electrónicamente, garantizar el tratamiento no discriminatorio de los productos digitales, garantizar transferencias transfronterizas de datos sin barreras, prohibir los requisitos de localización de datos, incluso para proveedores de servicios financieros y prohibir el acceso arbitrario al código fuente.

Por último, la administración de EEUU se está valiendo de múltiples mecanismos de defensa comercial en base a la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962, esto es, la imposición de aranceles por motivos de seguridad nacional. Bajo esta legislación, la Administración estadounidense puede imponer aranceles en caso de que las importaciones de ciertos productos se produzcan en cantidades o circunstancias que amenacen o perjudiquen la seguridad nacional. Estas medidas han sido utilizadas para imponer aranceles al acero, aluminio y a sus derivados, argumentando que, por motivos de seguridad nacional, EE.UU. no puede depender del acero y aluminio extranjeros.

3.3.3 Política energética:

La política energética de la administración Trump tiene como objetivos reconocer el uso del carbón y la energía nuclear como fuentes de generación eléctrica de último recurso, reducir la carga administrativa en las inversiones en el sector y acabar con los incentivos públicos al desarrollo de energías renovables y otras medidas diseñadas durante la administración Obama para reducir el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, cabe destacar el anuncio de la retirada de EE.UU. del Acuerdo de París, que podrá ser efectivo a partir de noviembre de 2020; o la imposición de tarifas o cuotas a la importación de paneles solares tras la decisión del U.S. International Trade Commission a favor de los productores estadounidenses Suniva y SolarWorld; y, por último, el aligeramiento de la regulación sobre las inversiones para la extracción de hidrocarburos en suelo federal.

El Clean Power Plan de la administración Obama ha sido sustituido por la Affordable Clean Energy rule , una revisión hecha en base a la orden ejecutiva firmada por Trump. Bajo la misma, se pretende asegurar al público americano acceso a energía asequible y segura, compatible con el progreso medioambiental del país. La regla da a los estados la certeza regulatoria que necesitan para continuar reduciendo emisiones y proporcionando electricidad de confianza y diversa a los ciudadanos, y establece una serie de guías de emisiones para los estados para que utilicen al desarrollar planes para limitar el CO2 en sus plantas de carbón.
Además, desde la Administración se impulsará la producción de energía nacional para reducir aún más la dependencia energética y los potenciales problemas de seguridad nacional, principalmente con los países de la OPEP. En este ámbito, también es importante destacar que todos los componentes que se emplean para la producción de energía se han catalogado como de interés para la seguridad nacional por lo que se aplicarán las medidas necesarias para reducir la dependencia exterior y favorecer la producción nacional, para así evitar potenciales riesgos. En este sentido, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva el 1 de mayo de 2020 para prohibir la importación de equipamiento del sistema de la red eléctrica de ciertos países o vendedores, considerados adversarios extranjeros, cuando supongan una amenaza para la seguridad de la red eléctrica, la economía americana o la seguridad nacional.

Por último, la Administración Trump está impulsando los acuerdos de cooperación para comercializar internacionalmente la producción nacional de gas natural. Se pueden destacar los acuerdos firmados con Chile, Panamá y Jamaica dentro de la iniciativa América Crece para apoyar la inversión privada en proyectos en la región, o el apoyo del Departamento de Energía al desarrollo de proyectos energéticos dentro de la iniciativa Three Seas que incluye a los países de Europa Central y del Este miembros de la Unión Europea.

3.3.4 Reforma del sistema de inmigración:

En junio de 2018 la Corte Suprema aprobó la tercera versión de la administración Trump sobre la prohibición de viajes que afecta a cinco países de mayoría musulmana (Siria, Yemen, Irán, Libia y Somalia), Corea del Norte y Venezuela; en enero de 2020 la administración añadió otros seis países a la prohibición de viaje (Nigeria, Sudán, Tanzania, Eritrea, Kirguistán y Myanmar). En abril de 2018 el Fiscal General anunció la política de tolerancia cero con los inmigrantes ilegales, por la cual estos serian procesados criminalmente mientras que los menores viajando con ellos serían detenidos separadamente. Ante las protestas, Trump firmó una orden ejecutiva en junio para finalizar las separaciones de las familias, aunque la política de tolerancia cero se mantiene. En julio de 2019 la administración aprobó una regla que prohíbe a los inmigrantes que viajan a través de terceros países de solicitar asilo en los Estados Unidos si no han buscado asilo en el país de tránsito. Por último, una de las medidas incluidas en este punto y que ha despertado rechazo, no solo en el país, es la construcción de un muro con México para reducir la inmigración ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas que, según el presidente, iba a ser financiado por México.

El 22 de abril de 2020, en el marco de la crisis originada por el COVID-19, el presidente Trump proclamó la suspensión y limitación de entrada en el país a aquellos extranjeros no ciudadanos que: están fuera de los Estados Unidos en la fecha de efectividad de la proclamación, no tienen un visado de inmigrante valido en dicha fecha o no tienen un documento de viaje oficial distinto del visado valido en la fecha efectiva de dicha proclamación. Existen algunas excepciones como aquellos extranjeros que busquen entrar al país con un visado y sean médicos, enfermeros o personal sanitario, o aquellos que quieran hacerlo bajo el programa de inversores inmigrantes entre otras excepciones.

3.3.5 Reforma del sistema de Salud:

Una de las propuestas más importantes en la campaña electoral del presidente Trump era la derogación de Obamacare. Según la nueva Administración, este programa ha hecho subir de manera generalizada las primas de los seguros de salud para los trabajadores americanos haciendo que en algunos casos sea incosteables, reduciendo las opciones para los trabajadores y haciendo subir significativamente la carga tributaria.
La derogación de Obamacare, sin embargo, no parece que vaya a resultar fácil para la nueva Administración ya que, a cierre de este informe, los republicanos no han conseguido aún la mayoría necesaria para poder derogar la Ley, a pesar de que tienen mayoría de escaños en ambas Cámaras. Los problemas presupuestarios y la pérdida de cobertura sanitaria por parte de millones de estadounidenses se están erigiendo como principales escollos para el rechazo de Obamacare.

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