Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

Estructura del PIB por componentes del gasto.

Por el lado del gasto, en 2017 el consumo privado destacó como motor de la actividad económica de EE UU, con una aportación del 69% al Producto Interior Bruto estadounidense. La inversión privada y el sector público, tanto consumo como inversión, representaron un 16,6% y 17,3% del PIB, respectivamente.

En el año 2017, las exportaciones descendieron ligeramente. El déficit comercial se incrementó en este último año debido al mayor crecimiento de las importaciones. Las exportaciones supusieron un 12,1% del PIB, mientras que las importaciones representaron un 15% del PIB.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%) 2014 2015 2016 2017
POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO 1,2 1,0 0,9 0,9
AGRICULTURA - - - -
GANADERÍA - - - -
SILVICULTURA Y PESCA - - - -
INDUSTRIAL 20,3 19,5 18,9 19,1
MINERÍA 2,8 1,8 1,4 1,7
MANUFACTURAS 12,1 12,0 11,7 11,6
CONSTRUCCIÓN 3,9 4,1 4,2 4,3
ELECTRICIDAD Y AGUA 1,6 1,6 1,6 1,5
SERVICIOS 78,5 79,6 80,2 80,0
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2,9 3,0 3,0 3,0
INFORMACIÓN 4,6 4,7 4,8 4,8
COMERCIO 11,8 12,0 11,8 11,8
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 2,8 2,9 3,0 3,0
BANCA Y SEGUROS 7,2 7,2 7,3 7,5
EDUCACIÓN Y SANIDAD 8,2 8,3 8,5 8,4
SERVICIOS PROFESIONALES 11,9 12,2 12,4 12,1
INMOBILIARIO 12,9 13,1 13,3 13,4
ARTE Y ENTRETENIMIENTO 1,0 1,0 1,1 1,1
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 13,1 13,0 12,9 12,7
OTROS SERVICIOS 2,2 2,2 2,3 2,2
TOTAL: 100,0 100,0 100,0 100,0
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO PRIVADO 68,1 68,1 68,8 69,0
INVERSIÓN (FBCF) PRIVADA 16,7 17,1 16,4 16,6
CONSUMO E INVERSIÓN PÚBLICOS 18,1 17,8 17,5 17,3
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 13,6 12,5 11,9 12,1
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -16,5 -15,4 -14,7 -15,0
TOTAL: 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Bureau of Economic Analysis. Última actualización: junio 2018

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

La economía estadounidense se expandió un 2,3% del PIB en 2017, cifra superior al 1,5% de 2016 pero en sintonía con las tasas de crecimiento experimentadas tras la crisis económica del final de la pasada década. La expansión del PIB durante el tercer trimestre de 2018 del 3,5%, muestra la excelente situación económica que atraviesa EE.UU. en la actualidad.

El principal motor de crecimiento es la demanda de consumo privado, incrementándose un 2,8% en 2017 y un 2,7% en 2016. En el tercer trimestre de 2018 sumó 2,7 puntos al crecimiento del PIB. Dentro del consumo privado destaca la evolución de la demanda de servicios contribuyendo en 1,5 puntos al crecimiento, aunque el resto de componentes también aportan de manera significativa a la expansión del crecimiento.

La demanda de inversión creció un 4,8% en 2017. Este dato se apoya en el incremento significativo de la inversión en bienes de equipo, con un 6,1% interanual, la inversión en infraestructuras, con un 4,6% interanual y la inversión en propiedad industrial, con un 4,6%. En el tercer trimestre de 2018 la contribución de la inversión al crecimiento del PIB ha sido de 2,0 puntos, aunque mientras las variación de existencias contribuyo con 2,1 puntos la contribución de la inversión fija fue nula y la inversión residencial sustrajo -0,2 puntos.

El comercio exterior tuvo una contribución negativa al crecimiento de -1,8 puntos durante el tercer trimestre de 2018. Las exportaciones cayeron un -3,5% principalmente debido a las mercancías (-7,0%), mientras las importaciones aumentaron un 9,1% con un incremento de la importación de mercancías del 10,3% y del 3,8% en el caso de la importación de servicios. El déficit comercial siguió incrementándose durante el primer semestre de 2018, alcanzando los 291.242 millones de dólares, un 7,2% más que en el primer semestre de 2017.

El sector público se redujo en un 0,1% en 2017 tras dos años consecutivos creciendo entre el 1 y el 2%. Sin embargo, su contribución al PIB ha sido positiva durante los últimos cuatro trimestres. Durante el tercer trimestre de 2018 contribuó con 0,6 puntos al crecimiento del PIB.

El IPC en el mes de septiembre de 2018 se incrementó en una décima respecto al mes anterior hasta alcanzar el 2,3%, variación interanual desestacionalizada. Destaca la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, al situarse dos décimas por encima del objetivo del 2% establecido por la Federal Reserve por quinto mes consecutivo.

El desempleo se encuentra en mínimos históricos alcanzando el 3,7%, la menor tasa de 1969, con un incremento en el empleo no agrícola de 250.000 puestos de trabajo. La tasa de actividad se incrementó en 0,2 puntos porcentuales hasta alcanzar el 62,9% de la población en edad de trabajar. La remuneración media por hora para el sector privado no agrícola aumentó cinco céntimos hasta los 27,30 dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 3,1%. 

Según los datos publicados por la Oficina de Presupuestos del Congreso (Congressional Budget Office o CBO), el déficit federal del año fiscal de 2018 ascendió a 782.000 millones de dólares, lo cual supuso 116.000 millones de dólares más que el déficit registrado el anterior año fiscal, es decir, un incremento del 17,4%. El ingreso público se incrementó en menos de un 1% como resultado de la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2017, situándose en los 3.328.000 millones de dólares, mientras que el gasto público se incrementó un 3% alcanzando los 4.110.000 millones de dólares. En año fiscal 2018, el déficit presupuestario federal supone un 3,9% del PIB, por encima del 3,5% de 2017, y el 3,2% de 2015. Así el año fiscal 2018 se convierte en el tercer año consecutivo en el cual incrementa el déficit en términos de porcentaje del PIB.

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2014 2015 2016 2017
PIB real (miles de millones USD, a precios constantes de 2009) 16.013,3 16.471,5 16.716,2 17.096,2
PIB (MM USD, a precios corrientes) 17.427,6 18.120,7 18.624,5 19.390,6
Tasa de variación real (%) 2,6 2,9 1,5 2,3
Tasa de variación nominal (%) 4,4 4,0 2,8 4,1
INFLACIÓN
Media anual (%) 1,6 0,1 1,3 2,1
Fin de período (%) 0,8 0,7 2,1 2,1
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) 0,125 0,146 0,521 1,125
Fin de período (%) 0,125 0,375  0,750 1,50
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes) 320.087 321,368 324.304 325.719
Población activa (x 1.000 habitantes) 155.922 157,833 158.968 160.597
% Desempleo sobre población activa 6,2 4,9 4,7 4,1
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -4,9 -4,3 -5,0 -3,5
DEUDA PÚBLICA
en M USD 18.141.444 18.922.179 19.976.826 20.492.746 
en % de PIB 102.4 101.8 105,7 103,7
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M USD 1.633.986 1.510.757 1.455.704 1.550.720
% variación respecto a período anterior 2,6 -7,5 -3,6 6,5
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M USD 2.385.480 2.272.612 2.208.211 2.361.932
% variación respecto a período anterior 4,0 -4,7 -2,8 6,9
SALDO B. COMERCIAL
en M USD -751.494 -761.855 -752.507 -811.212
en % de PIB 4,31 4,20 4,04 4,36
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en M USD -373.800 -434.598 -451.685 -466.246
en % de PIB -2,1 -2,4 -2,4 -2,4
DEUDA EXTERNA-2,4
en M USD 17.258.054 17.710.435 18.025.120 19.019.303
en % de PIB 99,0 97,7 96,8 98,1
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en M USD n.d. n.d. n.d  
en % de exportaciones de b. y s.  n.d.  n.d .n.d  
RESERVAS INTERNACIONALES
en M USD 130.047 128.135 114.671 122.178
en meses de importación de b. y s. n.d. n.d. n.d n.d
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 1,33 1,11 1,11 1,13
fin de período 1,23 1,08 1,05 1,23
Fuentes: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve, Treasury Bulletin
Última actualización:  junio 2018

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Principales objetivos de política económica

Donald J. Trump fue elegido presidente con la promesa de dar un giro radical a la orientación de la política económica. No solo respecto a la aplicada por la administración demócrata anterior, sino también con algunos de los principios básicos de la filosofía de política económica estadounidense desde la posguerra.

Este giro se asienta en un diagnóstico de la situación económica que atribuye los problemas de empleo y de desigualdad a, por un lado, la permisividad frente a la competencia desleal y la inmigración del exterior y, por otro, a la excesiva injerencia de la administración en la actividad privada. De este modo, existe una disruptiva visión neoproteccionista que combina con la tradicional línea de la política económica republicana de las últimas cuatro décadas de reducir el tamaño y la influencia de la administración federal. Así, la reducción estimada en el crecimiento del PIB potencial (desde el 3% hasta el 2%), el estancamiento de la renta salarial mediana en términos reales o el descenso de las tasas de actividad y de empleo se atribuyen a la intervención del Estado y a la desindustrialización causada por el aumento de las importaciones desde países como China o México, en ocasiones facilitada por la deslocalización de empresas multinacionales estadounidenses.

La estrategia de política económica de la administración Trump tiene 4 ejes básicos: la utilización de la política comercial para proteger la producción y el empleo doméstico, la desregularización de la economía, una ambiciosa reforma tributaria y un fuerte incremento de la inversión en infraestructuras.

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Previsiones macroeconómicas

El Fondo Monetario Internacional, en la revisión de las previsiones de crecimiento con ocasión de los Annual Meetings celebrados en Washington DC en abril de 2018 ha revisado al alza el crecimiento de EE.UU. del 2,3% al 2,9% para 2018, mientras que estiman una expansión del 2,7% en 2019. Estima que el déficit público se incrementará hasta el 3% en 2018 y el 3,4% en 2019. En cuanto al desempleo, las previsiones lo sitúan en el 3,9% en 2018 y en el 3,5% para el año siguiente. Por otro lado, sus predicciones sobre la inflación sitúan el IPC en el 2,5% en 2018 y 2,4% en 2019. Respecto al sector exterior, el organismo prevé un déficit por cuenta corriente del -3% en 2018 y del -3,4% en 2019.

En el Economic Outlook de la OCDE de mayo de 2018 se destaca que el crecimiento económico esté fortaleciéndose a alrededor del 3%, en gran parte debido al sustancial impulso fiscal de la reforma tributaria. Estiman un crecimiento del 2,9% del PIB en 2018 y del 2,8% en 2019. Se valora que el crecimiento del empleo sigue siendo sólido y la tasa de desempleo alcanzará el 3,9% en 2018 y el 3,6% en 2019, lo que, junto con los precios de los activos y la fuerte confianza del consumidor, está manteniendo el crecimiento de los ingresos y el consumo. Se proyecta que la inversión empresarial se fortalecerá como resultado de una importante reforma tributaria y condiciones financieras favorables. Un repunte de la economía mundial apuntala el crecimiento de las exportaciones, aunque han surgido tensiones sobre la mejor manera de reducir las barreras al comercio. Se estima una balanza por cuenta corriente del -2,8% en 2018 y del 3,1% en 2019. Por último, se estima el déficit público en el 5,5% del PIB en 2018 y en el 6,1% en 2019.

Las últimas previsiones, de marzo de 2018, de la Reserva Federal para la economía americana sitúan el crecimiento interanual del PIB en el 2,7% para 2018 y 2,4% para 2019. En cuanto a la tasa de desempleo para 2018 la FED estima que se encontrará en 3,8% y 3,6% para 2019. Por último, la inflación se acercará al objetivo en 2018 y 2019, con tasas del 1,9% y 2,0%, respectivamente.

La Comisión Europea es el organismo más optimista en cuanto al desempeño de la economía americana. En sus previsiones de primavera la CE sitúa el crecimiento del PIB en el 2,3% en 2018. La inflación, por su parte estará en el 2,3% en 2018. Por otro lado, el déficit por cuenta corriente en porcentaje del PIB ascenderá al 3,3% en 2018 y el déficit público se situará en el 5,2%.

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Política fiscal y presupuestaria

La Gran Recesión provocó una respuesta agresiva de la política fiscal para tratar de estabilizar la economía. Junto con el deterioro derivado de los estabilizadores automáticos, esta expansión fiscal produjo un fuerte aumento del déficit presupuestario federal. Así, en el año fiscal 2008, la Congressional Budget Office (CBO) presentó un déficit de 535 millardos de dólares, 105 millardos más que el año anterior, incrementado en gran medida por las medidas de estímulo para amortiguar los efectos de la crisis. El déficit se incrementó hasta suponer el 7,2% del PIB, que casi duplicó el 3,7% de 2007. Al año siguiente, en el año fiscal 2009, los ingresos cayeron más de un 17% debido principalmente al descenso en la recaudación del impuesto de sociedades (un 54%) mientras los gastos se incrementaron un 18% hasta alcanzar un déficit público de 1,8 billones de dólares, el -12,8% del PIB. La mayor parte de este incremento procedió de los fondos del Troubled Asset Relief Program (TARP) y de los sistemas de cobertura médica Medicare y Medicaid. Los gastos en defensa aumentaron un 7,1%. El sector público incrementó su peso en la economía estadounidense hasta representar el 38,6% del PIB.

Aunque la recesión se superó a mitad de 2009, la reducción del déficit ha sido muy gradual, en un entorno político donde no se ha aplicado el procedimiento presupuestario normal dadas las discrepancias entre los dos principales partidos. En el año fiscal 2010 se obtuvo un déficit público de 1,8 billones de dólares, el -12,2% del PIB. En el año fiscal 2011 se incurrió en un déficit presupuestario de 1,6 billones de dólares, que supuso el -10,7% del PIB. En el año fiscal 2012 el déficit presupuestario ascendió a 1,4 billones de dólares, un 23,2% menos que en el año fiscal 2011. Como porcentaje del PIB, el déficit bajó al -9,0%.

En 2011 se aprobó la Budget Control Act, con el objetivo de alcanzar la consolidación fiscal a medio y largo plazo. En esta ley se contemplaba un recorte automático del gasto a partir del 1 de enero de 2013 en el caso de que no se llegara a un acuerdo en plazo de reducción del déficit de 1,2 billones de dólares en un período de 10 años. Ante la falta de acuerdo, en 2013 se puso en marcha el citado recorte automático del gasto (sequestration). Así, en el año fiscal 2013 se incurrió en un déficit presupuestario de 913 millardos de dólares, un 37% menos que en el año fiscal 2012, situándose en el -5,5%.

En el año fiscal 2014 se obtiene de nuevo una nueva reducción del déficit presupuestario hasta los 851 millardos de dólares gracias a los efectos de las medidas impositivas sobre los ingresos y a un crecimiento algo más moderado en los gastos. Como porcentaje del PIB, el déficit baja al -4,9%. En el año fiscal 2015 se incurre en un déficit presupuestario de 781 millardos de dólares, el 4,3% del PIB. En el año fiscal 2016 el déficit de todas las administraciones se quedó en 931 millardos de dólares, el 5% del PIB, revirtiendo la senda decreciente del déficit público debido a que el incremento en ingresos no compensa la evolución del gasto social.

En el año fiscal 2017, sin embargo, se alcanza un déficit presupuestario de 686 millardos de dólares en gran medida por el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios. Esto permite reducir el déficit hasta el -3,5%. En diciembre de 2017 el presidente Trump firmó la Tax Cuts and Jobs Act, que, junto a la reforma realizada durante la administración Obama, supone la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos 31 años, esta vez centrada principalmente en reducir la tributación a sociedades. El Joint Committee on Taxation estima que la reforma fiscal añadirá un 0,7% al crecimiento del PIB en los próximos 10 años.

Mientras, la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó en el mes de abril sus previsiones presupuestarias y económicas para un periodo de 10 años hasta 2028, basándose en la presunción de que las leyes tributarias actuales y el gasto público previsto se mantienen inalteradas. De acuerdo con el documento, la economía seguirá creciendo como hasta ahora durante los dos próximos años, no obstante el ritmo de crecimiento disminuirá a partir de 2020. Por su parte el déficit presupuestario está previsto que se incremente sustancialmente en los próximos años, estabilizándose en los últimos 5 años. Esta situación elevaría la deuda federal a casi el 100% del PIB en 2028, una proporción histórica que solo tiene precedente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El aumento proviene principalmente de la legislación fiscal y de gasto promulgada desde entonces, especialmente la Ley 115-97 (conocida como la Tax Cuts and Jobs Act), la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 (Bipartisan Budget Act PL 115-123), y la Ley de Apropiaciones Consolidadas, 2018 (Consolidated Appropriations Act PL 115-141). Estas leyes han reducido significativamente los ingresos y aumentado los desembolsos previstos.

En cuanto a las consecuencias que esta política fiscal expansiva tendrá en el crecimiento económico, la CBO prevé que el PIB crecerá a un ritmo más rápido este año que en el 2017, ya que los cambios fiscales que potencian el consumo se suman al impuso existente en el gasto privado de bienes y servicios. El crecimiento del PIB real según sus estimaciones, superará el del PIB potencial (es decir, el máximo sostenible) tanto en 2018 como en 2019, presionando aún más a la baja el desempleo. Después de 2019, se prevé una desaceleración del crecimiento económico que se espera que se iguale a la del PIB potencial.

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Política monetaria

La política monetaria en los EE. UU. es diseñada y ejecutada por la Reserva Federal. La Reserva Federal es un organismo público-privado independiente del ejecutivo y está compuesta por el Board of Governors y por los Bancos Regionales de la Reserva Federal.

El Board of Governors es una agencia pública de EE.UU. cuya sede se encuentra en Washington, DC. Está formada por siete miembros que son nombrados por el Presidente de EE.UU., con consejo y consentimiento del Senado, por un plazo de 14 años. Los nombramientos son escalonados, uno cada dos años, de modo que ningún Presidente o Senado, pueda manipular la composición del mismo. El presidente del Board of Governors es nombrado por el Presidente de EE.UU. por un plazo de 4 años, con posibilidad de reelección, hasta un máximo de 14 años. Normalmente, la mayoría de miembros del Board of Governors provienen de los sectores académico, bancario y de los mercados de valores.El presidente, a fecha de redacción de este informe, es Jerome Powell, que fue nombrado en febrero de 2018 tras ejercer como miembro del Board of Governors desde 2012.

Dos veces al año, el Board of Governors debe remitir al Congreso un informe sobre el estado de la economía y la dirección de la política monetaria y su presidente debe prestar declaración sobre este informe.

Los Bancos Regionales de la Reserva Federal, el lado privado de la institución, son doce: Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond (Virginia), Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City (Misuri), Dallas y San Francisco.

La principal función de la Reserva Federal es asegurar el correcto funcionamiento del sistema monetario y para ello asume las siguientes funciones:

Tiene el monopolio de la impresión de moneda. Actúa como banco de los bancos, participando en las transacciones de éstos como proveedor de dinero en efectivo y como cámara de compensación. Asimismo, los bancos poseen depósitos o saldos en la Fed, tanto saldos de compensación, como las reservas obligatorias.  Es la encargada de controlar la oferta monetaria y lo hace a través de tres instrumentos: los requerimientos de reservas, la tasa de descuento y las operaciones de mercado abierto.

Principales instrumentos de política monetaria

  • Los coeficientes de reservas legales: los bancos están obligados a mantener una cantidad de fondos en forma de reservas para satisfacer salidas inesperadas de dinero. Los bancos pueden mantenerlas en efectivo o como depósitos en la Reserva Federal.  
  • Operaciones de mercado abierto: se trata de la herramienta más frecuente y efectiva de la Fed para modificar la oferta monetaria. La operación es sencilla: mediante la compra de valores del Estado nacional en el mercado inyecta dinero en la economía y mediante su venta detrae liquidez del sistema. Para ello el FOMC emite directivas al securities trading desk del Banco de la Reserva Federal de Nueva York indicándole las operaciones a realizar. El precio de estos valores se determinará en el mercado, en función de la oferta y la demanda.
  • Control del tipo de interés de los fondos federales o federal funds rate: se trata de otra herramienta a disposición de la Fed que le permite influir directamente sobre el tipo de interés e, indirectamente, en el nivel de actividad de la economía.
  • Cambios en el tipo de descuento: los bancos pueden pedir prestadas reservas directamente a la Fed en su ventanilla de descuento y la tasa de descuento es el tipo de interés al que la Fed presta ese dinero. El Board of Directors establece estos tipos, aunque está sujeto a la revisión del Federal Reserve Board.
  • Operaciones con moneda extranjera: las compras y ventas de moneda extranjera se realizan a través del FOMC en cooperación con el Tesoro, que tiene la responsabilidad en este tipo de operaciones. La FED no tiene objetivos de tipo de cambio, ni niveles deseados para el precio del dólar, sino que actúa para contrarrestar movimientos desordenados en los mercados de divisas, como movimientos especulativos que pueden crear problemas en el funcionamiento de este mercado o en los mercados financieros.

Las operaciones de mercado abierto son dirigidas por el FOMC, el Comité Federal de Mercado Abierto, que está formado por los siete miembros del Board of Governors, el director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro presidentes del resto Bancos Regionales de la Reserva Federal (estos últimos son elegidos de forma rotatoria, por el plazo de un año).  

El FOMC se tiene que reunir al menos cuatro veces al año, aunque por lo general se reúne unas ocho veces. En cada una de estas reuniones regulares el Comité vota sobre la política monetaria que se llevará a cabo hasta la siguiente reunión. Debido a la confidencialidad de la información tratada, la asistencia a las reuniones se limita a los miembros del FMOC, los presidentes de los bancos de la Reserva Federal que no son miembros del FOMC, el jefe del System Open Market Account y un reducido número de personal del Board of Governors y del Reserve Bank.

En estas reuniones, cada uno de los miembros del FOMC y los presidentes de los bancos de la Reserva Federal expresan su punto de vista sobre el estado y las perspectivas de futuro de la economía y, en consecuencia, la dirección que debe seguir la política monetaria. Tras esa primera intervención, cada uno de los participantes hace una serie de recomendaciones de política monetaria más explícitas. Finalmente el Comité debe alcanzar el consenso sobre cuál debe ser la política monetaria, que se incorporará a una directiva para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ya que éste es el banco que ejecuta las transacciones del sistema de cuentas de mercado abierto.

La política monetaria de la Reserva Federal durante los años de la crisis fue de carácter ultra-expansivo y no convencional. Mediante el instrumento denominado Quantitative Easing se da pie al suministro de liquidez a contrapartidas bancarias y no bancarias, la compra de importantes volúmenes de deuda pública y el mantenimiento de los tipos de interés entre el 0% y el 0,25%. Tras el programa de compra de deuda pública de la FED, por valor de 600 millardos de dólares hasta junio de 2011, se puso en marcha un programa para cambiar la composición de la cartera de deuda, que vencía el 30 de junio de 2012. La FED compró 400 millardos de dólares de títulos a largo plazo y vendió el mismo importe de títulos a corto plazo. La FED prorrogó esta operación twist hasta finales de 2012 por importe de 267 millardos de dólares y puso en marcha una tercera fase de expansión cuantitativa en 2013 por importe de 85.000 millones de dólares mensuales, sin límite temporal. En 2014 la FED comenzó a reducir los estímulos monetarios de forma gradual, acabando con su programa de compra de activos en octubre de 2014. En el año 2015, la FED inició el proceso de normalización monetaria, anunciando la primera subida de los tipos de interés de referencia, desde los 0,125% a los 0,375%, a los que siguió dos subidas en 2016, hasta el 0,5%, y tres subidas en 2017, hasta alcanzar el 1,5% en diciembre.
 
Asimismo, en octubre de 2017 la Fed finalmente empezó a ejecutar el proceso de reducción de su balance general tras la sustancial expansión producida durante la recesión y subsiguiente recuperación económica dentro del programa Quantitative Easing. Para que el proceso sea paulatino, el programa del FOMC establece unos límites al volumen de activos que la Fed deja de financiar, previendo aumentar ese límite trimestralmente a lo largo de 2018. En el primer trimestre de 2018 se plantea reducir un máximo de 12.000 millones de dólares de activos en forma de bonos estadounidenses y 8.000 millones de dólares de activos titulizados. No existe un compromiso específico de hasta dónde llegará la Reserva Federal en la reducción de su balance general, aunque se espera que siga siendo más elevado de lo que era antes de la crisis financiera. El consenso entre los distribuidores primarios es que las tenencias de valores de la Fed disminuirán en los próximos tres o cuatro años de aproximadamente 4,400 billones de dólares a alrededor de 3 billones.

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Políticas estructurales

Las principales propuestas de la Administración Trump y que marcaron su campaña electoral se pueden resumir en los siguientes puntos:
 
• Reforma del sistema de inmigración:

A los pocos días de tomar posesión del cargo, el presidente Trump prohibió la entrada de los nacionales de algunos países musulmanes por entender que eran un peligro para la seguridad nacional y suponían una amenaza. Esta medida fue paralizada por el Tribunal Superior de Justicia y suavizada en algunos de sus artículos por la Administración con la intención de poder poner en vigor la Ley. El sector empresarial se opuso enseguida a esta medida considerando que se podrían ver afectados los trabajadores más cualificados de multinacionales, sobre todo en el sector tecnológico.

Además, la lucha contra la inmigración de la Administración también ha llevado a la derogación de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) que afecta a los menores de edad y jóvenes que hasta ahora estaban protegidos contra la deportación por esta ley. Finalmente, el colectivo denominado DREAMers ha conseguido un periodo de transición de dos años en los que los jóvenes que se encontraban protegidos por esta ley pueden solicitar el permiso temporal de trabajo, número de la Seguridad Social y protección ante la deportación.

Por otro lado, se ha imposibilitado a las llamadas Ciudades Santuario la utilización de recursos económicos para proteger a los inmigrantes ilegales llegados a estas ciudades.
 
Por último, una de las medidas incluidas en este punto y que ha despertado rechazo, no solo en el país es la construcción de un muro con México para reducir la inmigración ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas que, según el Presidente iba a ser financiado por México. A fecha de cierre de este informe se ha dotado una partida presupuestaria para ese cometido aunque su dotación no permite la completa construcción del muro.

•  Reforma del sistema impositivo:

El 22 de diciembre de 2017 Donald Trump firmó la Tax Cuts and Jobs Act, que supone la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos 31 años. Se pueden resumir en cuatro los principios que han regido esta reforma: simplificar el código tributario; reducir la carga tributaria; adaptar el sistema tributario para que las empresas estadounidenses sean más competitivas internacionalmente; y repatriar billones de dólares que actualmente se mantienen en el extranjero para reinvertir en la economía estadounidense.

Respecto al impuesto sobre la renta, se mantienen los siete tramos aunque se modifican los tipos y los umbrales de cada tramo, reduciendo el tipo máximo al 37%, aplicable a partir de los 500.000 dólares de renta en declaración individual o 600.000 en conjunta; el mínimo exento se eleva a 24.000 dólares para declaraciones conjuntas y 12.000 para individuales, aunque como contrapartida se eliminan numerosas reducciones y gastos deducibles, varias de ellas objeto de gran controversia como la reducción de los impuestos sobre la renta, ventas o la propiedad satisfechos a los entes locales y a los estados que se limita hasta 10.000 dólares; y se incrementan los mínimos exentos para el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, destaca la reducción del tipo impositivo del 35% actual al 21% con aplicación inmediata en 2018, de modo que pasa de ser el país con mayor tipo impositivo nominal del conjunto de los países miembros de la OCDE a ser el 16º. Asimismo, otras modificaciones significativas son la eliminación del denominado Impuesto Mínimo Alternativo, que pretendía evitar que las empresas utilicen lagunas fiscales para evitar pagar impuestos, o la exención del 100% de los dividendos percibidos de filiales extranjeras adaptando la fiscalidad internacional de los Estados Unidos a un sistema de tributación territorial en consonancias con los sistemas tributarios de otros países de la OCDE. Como medida transitoria, se establece un impuesto único del 15,5% en activos líquidos y del 8% en activos no realizables para los dividendos no distribuidos que se mantenían en el extranjero con el fin de evitar su tributación.

•  Reforma del sistema de Salud:

Una de las propuestas más importantes en la campaña electoral del Presidente Trump era la derogación de Obamacare. Según la nueva Administración, este programa ha hecho subir de manera generalizada las primas de los seguros de salud para los trabajadores americanos haciendo que en algunos casos sea incosteables, reduciendo las opciones para los trabajadores y haciendo subir significativamente la carga tributaria.

La derogación de Obamacare, sin embargo, no parece que vaya a resultar fácil para la nueva Administración ya que, a cierre de este informe, los republicanos no han conseguido aún la mayoría necesaria para poder derogar la Ley, a pesar de que tienen mayoría de escaños en ambas Cámaras. Los problemas presupuestarios y la pérdida de cobertura sanitaria por parte de millones de estadounidenses se están erigiendo como principales escollos para el rechazo de Obamacare.

•  Política Comercial:

La Administración Trump se ha erigido como defensora del "fair trade" o “comercio leal” y ha puesto en el punto de mira a los países o regiones con los que mantiene déficit comercial. Una de las primeras medidas del Presidente al tomar posesión del cargo fue abandonar el Trans-Pacific Partnership (TPP), un acuerdo comercial del que EE.UU. era parte junto con 11 países de la cuenca del Pacífico entre los que se encuentran Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.
 
Asimismo, una de las principales iniciativas comerciales es la renegociación del North American Free Trade Agreement (NAFTA) en el que se pretenden incluir nuevos capítulos que modernicen el tratado, pero también la modificación o derogación de otros que resultan de especial importancia para EE. UU. como las normas de origen o el mecanismo de resolución de conflictos y clausulas no usuales en acuerdos de libre cambio tales como la inclusión de una fecha de finalización del acuerdo o el establecimiento de cuotas de producción estadounidense en el contenido de los bienes que proceden de otros socios comerciales.

Por otro lado, la Administración americana ha dejado congelado el tratado con la UE (TTIP) que se venía negociando con la Administración Obama sin que, por ahora, haya prevista una fecha para reanudar las conversaciones.

Por último, se está valiendo de múltiples mecanismos como las investigaciones por motivos de seguridad nacional, por casos de antidumping y countervailing, así como medidas de salvaguardia. Todos ellos en sectores estratégicos como el acero, productos agrícolas o relacionados con el sector energético. En 2017 el Departamento de Comercio inició 82 investigaciones antidumping y de derechos compensatorios, lo que supone un aumento del 58% con respecto al año anterior.
 
•  Política energética:

La política energética tiene como objetivos fomentar el uso del carbón en la energía eléctrica, reducir la carga administrativa en las inversiones en el sector y acabar con los incentivos públicos al desarrollo de energías renovables y otras medidas para frenar la emisión de los gases de efecto invernadero. En este sentido, cabe destacar la retirada de EE.UU del Acuerdo de París; la Orden Ejecutiva de 28 de marzo de 2017 para revisar el Clean Power Plan que instauró la administración Obama y la posterior propuesta de revocación presentada por la Evironmental Protection Agency; la imposición de tarifas o cuotas a la importación de paneles solares tras la decisión del U.S. International Trade Commission a favor de los productores estadounidenses Suniva y SolarWorld; y, por último, el aligeramiento de la regulación sobre las inversiones para la extracción de hidrocarburos en suelo federal.
 
Además, desde la Administración se impulsará la producción de energía nacional para reducir aún más la dependencia energética y los potenciales problemas de seguridad nacional, principalmente con los países de la OPEP. En este ámbito, también es importante destacar que todos los componentes que se emplean para la producción de energía se han catalogado como de interés para la seguridad nacional por lo que se aplicarán las medidas necesarias para reducir la dependencia exterior y favorecer la producción nacional, para así evitar potenciales riesgos.

Por último, la Administración Trump está impulsando los acuerdos para comercializar internacionalmente la producción nacional de gas natural.

•  Política de infraestructuras:

El 12 de febrero de 2018 el presidente Trump reveló su propuesta de dotación presupuestaria para reconstruir y reformar las infraestructuras de EEUU. La Casa Blanca aspira a movilizar 1,5 billones de dólares en 10 años, si bien la aportación del gobierno federal será bastante modesta, de tan sólo 200.000 millones. La iniciativa va a depender en buena parte de que gobiernos estatales y locales aporten gran parte de la financiación. El plan tiene como objetivo que la contribución federal incentive la inversión estatal, local y privada.

Aparte de la financiación, un importante aspecto de la propuesta es la simplificación y reducción de los plazos para obtener los permisos para los proyectos de infraestructura. Esto se haría, sobre todo, acortando el proceso de revisión medioambiental. Esta iniciativa aún tiene que pasar por un largo proceso hasta llegar a su aprobación.

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