Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

Estructura del PIB por componentes del gasto.

Por el lado del gasto, en 2020 el consumo privado continuó siendo el motor de la actividad económica de EE. UU. pese a la crisis del coronavirus, con una aportación del 67,6% al Producto Interior Bruto estadounidense. La aportación de la inversión privada descendió respecto a años previos, representando un 17,2% del PIB; y el sector público aumentó su peso representando un 18,3% del PIB. En el año 2020, tanto las exportaciones como las importaciones se redujeron, pero las importaciones menos que las exportaciones,, por lo que el déficit comercial se amplió. Las exportaciones supusieron un 10,2% del PIB, mientras que las importaciones representaron un 13,2% del PIB.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD (VALOR AÑADIDO) 2018 2019 2020
AGROPECUARIO 0,9 0,8 0,8
AGRICULTURA - - -
GANADERÍA - - -
SILVICULTURA Y PESCA - - -
INDUSTRIAL 18,5 18,1 18,6
MINERÍA 1,6 1,4 1,9
MANUFACTURAS 11,2 10,9 10,8
CONSTRUCCIÓN 4,1 4,2 4,3
ELECTRICIDAD Y AGUA 1,6 1,6 1,6
SERVICIOS 80,6 81,1 81,2
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3,2 3,3 2,8
INFORMACIÓN 5,1 5,3 5,5
COMERCIO 11,3 11,3 11,5
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 3,1 3,1 2,5
BANCA Y SEGUROS 7,9 7,8 8,2
EDUCACIÓN Y SANIDAD 8,6 8,7 8,6
SERVICIOS PROFESIONALES 12,5 12,6 12,8
INMOBILIARIO 13,3 13,4 14
ARTE Y ENTRETENIMIENTO 1,1 1,1 0,7
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 12,4 12,3 12,6
OTROS SERVICIOS 2,1 2,2 2
TOTAL: 100,0 100,0 100,0

 

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO (%)  2017 2018 2019 2020
CONSUMO PRIVADO 68,3 67,9 67,9 67,6
INVERSIÓN (FBCF) PRIVADA 17,1 17,6 17,5 17,2
CONSUMO E INVERSIÓN PÚBLICOS 17,4 17,4 17,5 18,3
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 12,2 12,3 11,7 10,2
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -15,0 -15,2 -14,6 -13,2
TOTAL: 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Bureau of Economic Analysis. Última actualización: abril 2021

 

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

Tras el desplome del PIB en un -5% y un -31,4% en el primer y segundo trimestre de 2020, respectivamente; y el posterior crecimiento del 33,4% y el 4,3% en el tercer y cuarto trimestre; finalmente el PIB real de EE. UU. decreció un -3,5% en 2020 respecto a 2019. Se convierte así en el país que menor caída ha experimentado a causa de la crisis del coronavirus, según el FMI. El crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2021, por su parte, evoluciona favorablemente con un 6,4% de crecimiento, continuando así la transición hacia la recuperación económica liderada por el aumento del ritmo de vacunación y la consecuente relajación de las medidas impuestas para evitar el contacto social. Respecto a la evolución de los agregados del PIB, el sector público fue el único componente que contribuyó al crecimiento del PIB en 2020. En el primer trimestre de 2021La demanda de inversión contribuyó negativamente al crecimiento en un -5% intertrimestral anualizado tras la aportación positiva en un 86,3% y 27,8% en el tercer y cuarto trimestre de 2020. Destacan la inversión en bienes de equipo (16,7%) y la inversión residencial (10,8%). El gasto e inversión del sector público creció en un 6,3% en el primer trimestre de 2021 tras reducirse un -0,8% intertrimestral anualizado en el cuarto trimestre de 2021. Con relación al sector exterior, las exportaciones experimentaron una caída del -1,1% en el primer trimestre de 2021, frente al crecimiento del 22,3% en el cuarto trimestre de 2020, principalmente a causa del descenso en la exportación de servicios (-1,15%).

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2017 2018 2019 2020
PIB real (miles de millones USD, a precios constantes de 2012) 18.144,1 18.687,8 19.091,7 18.426,1
PIB (MM USD, a precios corrientes) 19.543,0 20.611,9 21.433,2 20.936,6
Tasa de variación real (%) 2,3 3,0 2,16 -3,5
Tasa de variación nominal (%) 4,3 5,5 4,0 -2,3
INFLACIÓN
Media anual (%) 2,1 2,4 1,8 1,2
Fin de período (%) 2,1 1,9 2,3 1,4
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) 1,125 1,96 2,23 0,45
Fin de período (%) 1,50 2,5 1,75 0,25
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes) 325.719 328.231 329.131 330.034
Población activa (x 1.000 habitantes) (media anual) 160.597 162.025 163.506 160.788
% Desempleo sobre población activa 4,1 3,9 3,5 6,7
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -3,5 -3,8 -4,6 -14,9
DEUDA PÚBLICA
en M USD 20.492.746  21.974.096 23.201.380 27.721.341
en % de PIB 102,9 105,2 106,8 129,0
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M USD 1.553.589 1.676.950 1.652.437 1.435.128
% variación respecto al período anterior 6,6 7,9 -1,5 -13,15
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M USD 2.358.789 2.557.251 2.516.767 2.350.698
% variación respecto al período anterior 6,9 8,4 -1,6 -6,6
SALDO B. COMERCIAL BIENES
en M USD -799.343 -880.301 -864.331 -915.570
en % de PIB -4,1 -4,3 -4 -4,4
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en M USD -365.269 -449.693 -480.226 -647.210
en % de PIB -2,25 -2,2 -2,25 -3,09
DEUDA EXTERNA
en M USD 19.020.976 19.669.422 20.600.888 21.358,343
en % de PIB 97,4 95,6 95,3 99,4
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en M USD n.d. n.d  n.d   n.d   n.d
en % de exportaciones de b. y s.  n.d .n.d   n.d   n.d
RESERVAS INTERNACIONALES (excluido oro)
en M USD 112.252 114.757 118.438 133.849
en meses de importación de b. y s. n.d  n.d. n.d.  n.d.
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 1,13 1,18 1,12 1,14
fin de período 1,23 1,15 1,12 1,22
Fuentes: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve, Treasury Bulletin. Última actualización: junio 2020

 

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Principales objetivos de política económica

Joseph R. Biden fue elegido presidente en un momento crítico. Además de hacer frente al problema inmediato de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de la Covid-19; también se enfrenta a otros más latentes, como el cambio climático, la crisis migratoria, la discriminación racial y la desigualdad.

Los objetivos de la política económica de la administración Biden giran en torno a varios ejes principales: el apoyo a la lucha contra el cambio climático y la transición energética sostenible; el restablecimiento de prósperas relaciones internacionales en temas tanto comerciales como fiscales, apoyo a la industria y a los trabajadores nacionales; y mejora de la productividad del país a través de la mejora de la infraestructura.

La prioridad de la administración Biden es el control de la pandemia de la Covid-19. Así, desde el inicio de su gobierno, Biden ha liderado la gestión de la pandemia a través de medidas de confinamiento social, imposición de uso de mascarilla obligatoria en transporte público, y un programa de vacunación masivo y gratuito para los ciudadanos. La segunda prioridad de la administración es la reactivación de la demanda para enfocar la economía estadounidense hacia la recuperación. Para ello, Biden firmó en marzo el American Rescue Plan, un paquete fiscal de 1,9 billones de dólares destinados a ayudar a familias y empresas afectados por la pandemia, la reapertura de los colegios de forma segura y la distribución de la vacuna.

Con la finalidad de mejorar la productividad estadounidense y la infraestructura del país, actualmente se está debatiendo en el Congreso el American Jobs Plan, propuesta de Biden de 2,3 billones de dólares destinados a desarrollo de infraestructuras de transporte, agua, energía; I+D y tecnología; desarrollo del capital humano y gasto en protección social. Este gran impulso de inversión pública se ejecutaría durante los ocho años siguientes a su aprobación, contribuiría con 1,6% al crecimiento del PIB en cuatro años y generaría más de dos millones de empleos. Paralelamente, la Casa Blanca ha realizado otra propuesta de paquete fiscal, el American Families Plan de 1,8 billones de dólares, enfocado a aportar ayudas para las familias de clase media estadounidenses mediante financiación de la educación; ampliaciones del cuidado infantil; programas nacionales de bajas médicas y familiares remuneradas y ampliaciones de créditos fiscales para familias y ciudadanos sin hijos. Se esperan largas negociaciones y discusiones en el Congreso y el Senado respecto a estos proyectos de legislación; pero de los 4,1 billones de dólares propuestos, se estima que finalmente se aprueben 2 billones, aproximadamente. 

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Previsiones macroeconómicas

El Congressional Budget Office, en sus proyecciones provisionales publicadas en febrero de 2021, estableció el crecimiento previsto para la economía de Estados Unidos en un 4,6% en 2021 y en el 2,9% en 2022. Como consecuencia de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus estiman que el déficit público se disparará hasta el -10,3% en 2021, y el -4,6% en 2022. El desempleo por su parte se situaría en el 5,3% y 4,9% respectivamente, y la inflación en el 1,7% en 2021 y el 1,9% en 2022.    

 

2021

2022

PIB (cambio porcentual)

4,6%

2,9%

Inflación

1,7%

1,9%

Desempleo

5,3%

4,9%

Déficit Público

-10,3%

-4,6%

Fuente: An Overview of the Economic Outlook: 2021 to 2031

Las previsiones de la Reserva Federal publicadas en junio de 2021 incorporan las medidas adoptadas para contrarrestar la crisis de la Covid-19.  Según las mismas la economía crecería un 7% en 2021 y un 3,3% en 2021, con unas tasas de desempleo del 4,5 y 3,8% respectivamente. La inflación, por su parte, estaría lejos del objetivo del 2% en 2021, situándose en 3,4%, pero descendería a un 2,1% en 2022.

 

2021

2022

PIB (cambio porcentual)

7,0%

3,3%

Inflación

3,4%

2,1%

Desempleo

4,5%

3,8%

Fuente: Economic projections of Federal Reserve Board members

El Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones de crecimiento de abril de 2021, estableció la previsión del crecimiento de EE. UU. para el año 2021 en 6,4% y una recuperación del 3,5% en 2022 (esta estimación supone una recuperación gradual de la actividad). Por otro lado, sus predicciones sobre la inflación sitúan el IPC en el 2,3% en 2021 y el 2,4% en 2022. En cuanto al desempleo, en 2021 descendería hasta el 5,8%, bajando al 4,2% en 2022. El déficit público, por su parte, sería de casi el 13% en 2021 y el 6,8% en 2022. Por último, respecto al sector exterior, el organismo prevé un déficit por cuenta corriente del 3,9% en 2021 y del 3,0% en 2022.    

 

2021

2022

PIB (cambio porcentual)

6,4%

3,5%

Inflación

2,3%

2,4%

Desempleo

5,8%

4,2%

Déficit Público

-12,9%

-6,8%

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)

-3,9%

-3,0%

Fuente: World Economic Outlook, April 2021

El informe de diciembre de 2021 de la OCDE prevé un crecimiento del PIB del 6,5% en 2021 y un 4,0% en 2022, a diferencia de las predicciones de diciembre de 3,2% y 3,5%, respectivamente. El informe de diciembre de 2020, por su parte, estima que el desempleo se situaría en el 6,4% en 2021 y el 5,6% en 2022. El deflactor del consumo privado alcanzaría el 1,2% en 2021 y el 1,4% en 2022. Los paquetes de ayuda fiscal supondrían un déficit público del 11,6% en 2021 y el 8,3% del PIB en 2022. Por último, el saldo por cuenta corriente se situaría en el -4% en 2021 y -4,1% en 2022.

 

2021

2022

PIB (cambio porcentual)

6,5%

4,0%

Inflación

1,2%

1,4%

Desempleo

6,4%

5,6%

Déficit Público

11,6%

8,3%

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)

-4%

-4,1%

Fuente: OECD Economic Outlook 108 database

La Comisión Europea presentó sus estimaciones de otoño, según las cuales la economía estadounidense crecería un 3,7% en 2021 y un 2,5% en 2022. La inflación se mantendría en niveles del 1,6% en 2021 y el 1,8% en 2022. El desempleo prevé que se sitúe en el 6,2% en 2021 y el 5,4% en 2022. Por último, el déficit público sería de un 6,9% del PIB en 2021 y un 4,7% en 2022, y el déficit por cuenta corriente se situaría en el 3,4% en 2021 y 3,2% en 2022.

 

2020

2021

PIB (cambio porcentual)

-6,5%

4,9%

Inflación

1,6%

1,8%

Desempleo

6,2%

5,4%

Déficit Público

-6,9%

-4,7%

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)

-3,4%

-3,2%

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Política fiscal y presupuestaria

La política fiscal y el presupuesto federal

El proceso presupuestario

El año fiscal gubernamental comienza el 1 de octubre de cada año, y se extiende hasta el 30 de septiembre del siguiente. De esta forma el presupuesto en vigor, correspondiente al año fiscal 2021, comenzó el 1 de octubre de 2020 y finalizará el 30 de septiembre de 2021.

El proceso de elaboración del presupuesto es el siguiente:

La elaboración del presupuesto comienza aproximadamente un año y medio antes de que el presupuesto entre en vigor, cuando las diferentes agencias empiezan a elaborar sus propuestas, que enviarán a la Casa Blanca. A continuación, el presidente presenta al Congreso su propuesta fiscal para el próximo año fiscal. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado elaboran sus enmiendas, y un comité con miembros de ambas Cámaras elabora una única versión, que define los límites de gastos generales, y que cada Cámara vota. Después, los Comités de Asignaciones de cada Cámara dividen la parte de gasto voluntario (discretionary spending) entre 12 subcomités, que elaboran otros tantos proyectos de asignación sobre cómo se repartirán los fondos para cada organismo (defensa, energía y agua…). Finalmente, el pleno de la Cámara de Representantes y el Senado votan cada uno de sus 12 proyectos de ley; si se aprueban, ambas versiones irán a un comité para fusionarlas, y ambas Cámaras votarán la misma versión. Aprobada la versión final la propuesta va al presidente para su firma y entrada en vigor.

El presupuesto anual cubre tres áreas de gasto:

  • Gasto voluntario (discretionary spending): financiación de las agencias federales, que el Congreso establece anualmente (en torno a un tercio del presupuesto).
  • Intereses sobre la deuda (aproximadamente un ocho por ciento del presupuesto).
  • Gasto obligatorio (mandatory spending): financiación para la Seguridad Social, Medicare, beneficios para veteranos y otros gastos requeridos por la ley (más de la mitad del presupuesto).

Sin embargo, existe una manera de modificar el presupuesto anual para avanzar rápidamente en la legislación fiscal de alta prioridad: un proceso legislativo especial llamado Reconciliation. Creado por el Congressional Budget Act de 1974, permite al Congreso aprobar leyes sobre impuestos, gastos y el límite de la deuda con sólo una mayoría simple en el Senado (51 votos, o 50 si el vicepresidente deshace el empate), evitando la amenaza del filibuster y eliminando el requisito de 60 votos a favor en el Senado para aprobar cualquier ley. Actualmente el Senado se encuentra dividido al 50%, demócratas y republicanos tienen 50 escaños cada uno, pero el voto de calidad de la vicepresidente demócrata permite la utilización del método de Reconciliation para aprobar un proyecto de ley de impuestos y gastos. Desde su creación se ha utilizado en 22 ocasiones para promulgar leyes presupuestarias, incluida la más reciente, el American Rescue Plan en marzo de 2021.

Evolución del déficit público federal

Desde el año 2001, cuando se registró un superávit del 1,2%, el Gobierno ha completado 19 años consecutivos con déficits presupuestarios, tendencia que muy probablemente continuará durante los siguientes ejercicios.

Durante los años correspondientes a la crisis financiera de 2008 (2009-2012), los déficits se situaron entre el 6 y el 10%, se redujeron posteriormente manteniéndose entre el 2 y el 5% y se ha agravado muy significativamente en el año fiscal 2020, a causa del impacto de la crisis del coronavirus sobre la economía estadounidense. Así, en el año 2020 el déficit se situó en 3.132.000 M$, un 14,9% del PIB, la cifra más alta desde 1945 años y el quinto incremento del déficit consecutivo. En el año fiscal 2019 el déficit presupuestario federal representó el 4,6% del PIB, por encima del 3,8% de 2018 y el 3,5% de 2017. Hasta la aprobación en marzo de 2020 de los primeros paquetes de medidas para hacer frente al coronavirus, la principal medida de política fiscal era la reforma tributaria del presidente Trump de diciembre de 2017, que redujo el tipo impositivo sobre sociedades al 21% y modificó el principio de tributación de la renta originada de las empresas estadounidenses acercándola al principio territorial, más habitual en otros países de la OCDE. La ley también ha reducido, aunque transitoriamente hasta 2025, los tipos del impuesto a la renta de personas físicas, así como ha ampliado la base de ingresos sujetos a impuestos.

La Consolidated Appropriations Act de 2021 establece el presupuesto por agencia y programa federal en 1,4 billones de dólares en 2021. Se aprobó junto a los 900.000M de dólares del paquete fiscal de estímulo para la Covid-19 del Additional Coronavirus Response and Relief Consolidated Appropriations Act. En su conjunto, se trata del mayor paquete fiscal aprobado por el Congreso, después del CARES Act aprobado en marzo de 2020. Esta ley incluye presupuestos para el transporte, la agricultura, la salud, la seguridad nacional y las operaciones exteriores. Como características peculiares, incluye un aumento salarial del 3% para los militares y del 1% para el personal federal civil. Adicionalmente, los Institutos Nacionales de Salud reciben un aumento del presupuesto de 1.250M$, y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reciben un aumento de 125M$. El Congressional Budget Office calcula que los gastos aprobados en esta ley presupuestaria aumentarán el déficit en 175.000M$ en el periodo 2021-2030.

Teniendo en cuenta el presupuesto aprobado para el año fiscal 2021, así como el paquete de gasto fiscal extraordinario a causa de la Covid-19 -el Additional Coronavirus Response and Relief Consolidated Appropriations Act aprobado en diciembre de 2021, de 900.000M de dólares - la estimación del Congressional Budget Office del déficit público para el año fiscal 2021 asciende a 2,3 billones de dólares, un 10,3% del PIB. Se trataría del segundo mayor déficit desde 1945, sólo superado por el déficit del 14,9% registrado en el año fiscal 2020. Cabe destacar que la estimación no incluye el último paquete fiscal extraordinario aprobado en marzo de 2021, el American Rescue Plan Act de 1,9 billones de dólares, por lo que el déficit definitivo del año fiscal 2021 será significativamente más elevado que el 10,3% del PIB.

La política fiscal durante la Covid-19

La respuesta fiscal de EE. UU. ante la pandemia de la Covid-19 ha sido de las más rápidas y significativas entre los países de la OCDE. Hasta la fecha se han probado cinco paquetes fiscales en respuesta a la propagación del coronavirus dentro de EE. UU., que añaden, en su conjunto, más de 5,7 billones de dólares a los déficits de de 2020, 2021 y 2022: 2,1 billones al año fiscal 2020, 2,3 billones al año fiscal 2021 y 500.000M$ al año fiscal 2022. Los cinco paquetes aprobados son los siguientes:

  • El 18 de marzo de 2020 se aprobó el Families First Coronavirus Response Act, que responde al brote de coronavirus financiando bajas por enfermedad remunerada y pruebas gratuitas de coronavirus, además de ampliar los programas existentes ayuda alimentaria. Asimismo, obligó a incrementar la protección de los trabajadores del sector sanitario. En particular, la ley aprueba una serie de asignaciones complementarias para el año fiscal 2020 para programas de asistencia nutricional por un valor de 1.356 M$ y establece un programa federal de subsidios de desempleo de emergencia para los empleados que solicitan una baja no remunerada debido al brote de coronavirus de 1.000 M$. El Congressional Budget Office estimó que esta medida aumentó el gasto en 2020 en 54.119 M$ y redujo los ingresos en 80.357 M$ en forma de reducciones fiscales sobre la cuota, generando un déficit de 134.176 M$.
  • El 25 de marzo de 2020 republicanos y demócratas finalizaron las negociaciones del tercer paquete de ayudas, el más ambicioso, el Coronavirus Aid, Relief and Economy Security Act (CARES). De aproximadamente 2,2 billones de dólares, incluye, entre otras medidas 250.000 M$ para transferencias directas a ciudadanos estadounidenses; 350.000 M$ para pequeñas y medianas empresas de menos de 500 empleados a través de un programa de garantía de préstamos a los prestatarios elegibles; 260.000 M$ para financiar y complementar varios programas de subsidios de desempleo que expanden en 13 semanas los beneficios del seguro por desempleo a los individuos que hayan agotado las percepciones por desempleo regulares, establecen temporalmente un subsidio por desempleo para trabajadores autónomos y trabajadores con contratos de tiempo parcial, complementan los subsidios existentes con 600$ semanales para un máximo de 39 semanas y compensan parcialmente la reducción del salario ante reducciones de jornada; y un fondo de 500.000 M$ para las empresas más afectadas que se apoyará principalmente en los programas de préstamos de la Federal Reserve que se describen en el apartado de política monetaria. El Congressional Budget Office estimó que este paquete añadió 1,5 billones al déficit del año fiscal de 2020 y 450.000M$ al déficit del año fiscal de 2021.
  • El 24 de abril de 2020 se aprobó el Paypack Protection Program and Health Care Enhancement Act, que complementa a los paquetes anteriores. Incrementó en 380.000 M$ los fondos para el programa de préstamos para pequeñas y medianas empresas (Paycheck Protection Program), de los que 60.000 M$ para préstamos por desastres económicos. Además, se apruebó complementar el Public Health and Social Services Emergency Fund con 75.000 M$ destinados a hospitales y con 25.000 M$ para desarrollar test. El Congressional Budget Office estima que añadirá 483.000 M$ al déficit del año fiscal de 2020.
  • El 21 de diciembre de 2020 se aprobó el Additional Coronavirus Response and Relief Consolidated Appropriations Act con un presupuesto de un total de 900.000M$ destinado a realizar transferencias directas a familias, nuevos subsidios de desempleo federales que complementen los subsidios estatales, una reposición de 325.000 millones de dólares al Payback Protection Program con préstamos condonables a PYMEs y ayudas a diversos sectores económicos. El CBO estima que este nuevo paquete de transferencias añade 682.869 M$ al déficit de 2021.
  • El 11 de marzo de 2021 el presidente Biden firmó su primer paquete fiscal, el American Rescue Plan Act de 1,9 billones de dólares. Destina 420.000M$ para transferencias directa en función de la situación familiar; 246.000M$ para ampliar los subsidios por desempleo; 143.000M$ en deducciones fiscales por hijo; 75.000M$ en respuesta directa a la pandemia; 35.000M$ en programas de financiación para pequeñas empresas; y 1.000M$ para la extensión del Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP). Este paquete incluye dos novedades respecto a los anteriores: 350.000M$ destinados a los gobiernos estatales y locales; y 130.000M$ destinados a la reapertura de colegios de manera segura. Este paquete fiscal conlleva el aumento en 1,2 billones de dólares del déficit público federal de 2021 y 0,5 billones del déficit de 2022.

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Política monetaria

La Reserva Federal y la ejecución de la política monetaria

La política monetaria en los EE. UU. es diseñada y ejecutada por la Reserva Federal, un organismo público-privado independiente del ejecutivo compuesto por el Board of Governors y por los Bancos Regionales de la Reserva Federal. El Board of Governors es una agencia pública de EE.UU. cuya sede se encuentra en Washington, DC. Está formada por siete miembros que son nombrados por el presidente de EE.UU., con consejo y consentimiento del Senado, por un plazo de 14 años. El presidente de la junta, a fecha de redacción de este informe, es Jerome Powell, que fue nombrado en febrero de 2018. La junta remite dos veces al año al Congreso un informe sobre el estado de la economía y la dirección de la política monetaria, y su presidente debe prestar declaración sobre este informe. Los Bancos Regionales de la Reserva Federal, el lado privado de la institución, son doce: Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond (Virginia), Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City (Misuri), Dallas y San Francisco. La Reserva Federal publica ocho veces al año el informe de coyuntura económica conocido como Beige Book.

La Reserva Federal debe desarrollar una política monetaria para fomentar las condiciones económicas que permitan alcanzar su doble mandato: estabilidad de precios (tasa de inflación del 2%) y máximo empleo sostenible. Para ello asume las siguientes funciones denominadas convencionales de política monetaria:

  • Monopolio de la impresión de moneda. Actúa como banco de los bancos, participando en las transacciones de éstos como proveedor de dinero en efectivo y como cámara de compensación. Asimismo, los bancos poseen depósitos o saldos en la Fed, tanto saldos de compensación como las reservas obligatorias.  
  • Coeficientes de reservas legales. Los bancos están obligados a mantener una cantidad de fondos en forma de reservas para satisfacer salidas inesperadas de dinero. Los bancos pueden mantenerlas en efectivo o como depósitos en la Reserva Federal.
  • Operaciones de mercado abierto. Se trata de la herramienta más frecuente y efectiva de la Fed para modificar la oferta monetaria. Mediante la compra de valores del Estado nacional en el mercado inyecta dinero en la economía y mediante su venta detrae liquidez del sistema. El precio de estos valores se determinará en el mercado, en función de la oferta y la demanda. Las operaciones de mercado abierto son dirigidas por el FOMC, el Comité Federal de Mercado Abierto.
  • Control del tipo de interés de los fondos federales o federal funds rate. Esto permite influir directamente sobre los tipo de interés e, indirectamente, en el nivel de actividad de la economía.
  • Cambios en el tipo de descuento. Los bancos pueden pedir prestadas reservas directamente a la Fed en su ventanilla de descuento y la tasa de descuento es el tipo de interés al que la Fed presta ese dinero.
  • Operaciones con moneda extranjera. Las compras y ventas de moneda extranjera se realizan a través del FOMC en cooperación con el Tesoro, que tiene la responsabilidad en este tipo de operaciones. La FED no tiene objetivos de tipo de cambio, ni niveles deseados para el precio del dólar, sino que actúa para contrarrestar movimientos desordenados en los mercados de divisas.

El Federal Open Markets Committee se tiene que reunir al menos cuatro veces al año, aunque por lo general se reúne unas ocho veces. En estas reuniones, cada uno de los miembros del FOMC y los presidentes de los bancos de la Reserva Federal expresan su punto de vista sobre el estado y las perspectivas de futuro de la economía y, en consecuencia, la dirección que debe seguir la política monetaria. El Comité debe alcanzar el consenso sobre cuál debe ser la política monetaria, que se incorporará a una directiva para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ya que éste es el banco que ejecuta las transacciones del sistema de cuentas de mercado abierto.

Medidas no convencionales de política monetaria

La Reserva Federal ha utilizado habitualmente el tipo de interés como herramienta para alcanzar sus objetivos macroeconómicos. Sin embargo, con los tipos de interés a corto plazo cercanos a cero desde la Gran Recesión, la Reserva Federal se ha visto obligada a utilizar herramientas de política monetaria no convencionales.

Una herramienta no convencional principal es el Quantitative Easing, que implica la compra de bonos y valores a largo plazo por parte de la Reserva Federal, con la finalidad de bajar los tipos de interés de mercado a largo plazo y aumentar la liquidez del mercado. Esta herramienta fue utilizada masivamente durante la crisis de la Gran Recesión, ya que se trata de una señal positiva en tiempos de incertidumbre que influye en los mercados de capitales y en los precios de los activos. Así, mediante esta herramienta el tipo de interés se mantuvo entre el 0% y el 0,25% durante la crisis. En 2014 la FED comenzó a reducir los estímulos monetarios de forma gradual, acabando con su programa de compra de activos en octubre de 2014. En el año 2015, la FED inició el proceso de normalización monetaria, anunciando la subida de los tipos de interés de referencia; en octubre de 2019 estos se situaban en el 1,75%. Asimismo, en octubre de 2017 la Fed finalmente empezó a ejecutar el proceso de reducción de su balance general tras la sustancial expansión producida dentro del programa Quantitative Easing.

Sin embargo, la llegada del coronavirus obligó a la Reserva Federal a volver a adoptar medidas extraordinarias, comprando títulos públicos y mortgage-backed securities que han provocado que el balance de la Fed se dispare de nuevo.

La política monetaria durante la Covid-19

El 5 de marzo de 2020 la Federal Reserve inició una serie de medidas extraordinarias semejantes a las aplicadas durante la Gran Recesión con el fin de estabilizar el sistema financiero y evitar situaciones de falta de liquidez ante la volatilidad generada por la pandemia del coronavirus. En dos ocasiones, de manera extraordinaria antes de la fecha prevista, la junta de gobernadores anunció dos bajadas del rango de tipos de interés de más de 25 puntos básicos. La primera, de 50 puntos básicos hasta la horquilla situada entre el 1 y el 1,25%. La segunda, una bajada del rango de tipos de interés en 100 puntos básicos, de tal forma que el rango de tipos de interés se sitúa desde el 16 de marzo de 2020 hasta la fecha entre el 0 y el 0,25%. 

Asimismo, escalonadamente la Fed ha anunciado las siguientes medidas dentro de política convencional:

  • Aumento de la cantidad de efectivo que está inyectando en el sistema financiero con el objetivo de evitar un aumento no deseado en las tasas de interés que supere el rango objetivo, con un incremento temporal del efectivo que está dispuesto a prestar diariamente en el mercado de repos de los 100.000 a los 500.000 M$ en el mercado de repos a un mes y 1 billón de $ en el mercado de repos a tres meses.
  • Ventana de descuento. Reducción del coste de la primera línea de crédito hasta el 0,25%. Al reducirlo más que la bajada anunciada para el rango de tipos de interés, estrecha el gap entre estos dos instrumentos.
  • Anima a las instituciones depositarias a utilizar el crédito intradía.
  • Anima a los bancos a utilizar los buffers acumulados desde la Gran Recesión con las empresas y familias que requieran más financiación. Mencionan que las entidades financieras más grandes disponen de 1,3 billones de dólares de capital común y 2,9 billones de dólares de activos líquidos de alta calidad.
  • Reduce la ratio del requisito de reservas al 0%, coincidente con el inicio del siguiente periodo.
  • Acción coordinada entre el BCE, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá reducir en 25 puntos básicos el coste de los acuerdos swaps dentro de las líneas ya existentes a raíz de la Gran Recesión, además de comenzar a ofrecer acuerdos semanales con un plazo de 84 días además de los modificar el plazo de los acuerdos a 7 días ya existentes a acuerdos de 1 día. Este acuerdo de swaps de divisas se ha ampliado posteriormente a otros bancos centrales. Asimismo, se pone en marcha el establecimiento de un mecanismo para financiar el mercado de repos con otros bancos centrales, el Foreign and International Monetary Authorities Facility (FIMA), mediante acuerdos de recompra a un día con una prima de riesgo de 25 puntos básicos sobre el Interest on Excess Reserves (IOER).

Dentro de las medidas no convencionales de política monetaria destacan:

  • Ampliación de las operaciones de compra de títulos del Tesoro en todo el rango de vencimientos como forma de abordar las interrupciones altamente inusuales en el mercado de valores del Tesoro.
  • Compra de letras y bonos del Tesoro y títulos garantizados con hipotecas, incluyendo los títulos garantizados con hipotecas de comercios, sin establecer límite alguno.
  • Puesta en marcha con capital del Departamento de Tesoro de una serie de mecanismos para inyectar liquidez contra colateral en mercados financieros. Así se crean varios mecanismos: un Mecanismo de Financiación de Papel Comercial (CPFF) para respaldar a los emisores estadounidenses de papel comercial (cesó el 31 de marzo de 2021); un Mecanismo de Crédito para Distribuidores Primarios (PDCF) que puede estar garantizado por una amplia gama de títulos de deuda con grado de inversión, incluidos papeles comerciales y bonos municipales, y una amplia gama de valores de renta variable (se detuvo el 31 de marzo de 2021). La tasa de interés cobrada será la tasa de crédito primaria, o tasa de descuento, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Un Mecanismo de Liquidez de Fondos de Inversión del Mercado Monetario (MMLF) para apoyar el flujo de crédito a los hogares y las empresas (cesó el 31 de marzo de 2021); un Mecanismo de Crédito Corporativo del Mercado Primario (PMCCF) para la emisión de nuevos bonos y préstamos (el programa dejó de comprar nuevos bonos el 31 de diciembre de 2020); un Mecanismo de Crédito Corporativo del Mercado Secundario (SMCCF) para proporcionar liquidez a los bonos corporativos pendientes (el SMCCF dejó de comprar bonos después del 31 de diciembre de 2020); un Mecanismo de Préstamos de Valores respaldados por Activos a Plazo (TALF), para apoyar el flujo de crédito a consumidores y empresas (el programa dejó de conceder nuevos préstamos a partir del 31 de diciembre de 2020). Por último, el Main Street Lending Program, un programa para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los empleadores sin ánimo de lucro afectados por la Covid-19 (terminó el 8 de enero de 2021).

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Políticas estructurales

3.3.1 Reforma del sistema impositivo:

En diciembre de 2017 Donald Trump firmó la Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), que supuso la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos 31 años, consistente en simplificar el código tributario; reducir la carga tributaria; adaptar el sistema tributario para que las empresas estadounidenses sean más competitivas internacionalmente; y repatriar billones de dólares que actualmente se mantienen en el extranjero para reinvertir en la economía estadounidense.

Respecto al impuesto sobre la renta,  se modifican los tipos y los umbrales de cada uno de los 7 tramos reduciendo el tipo máximo al 37%, aplicable a partir de los 500.000 dólares de renta en declaración individual o 600.000 en conjunta; el mínimo exento se eleva a 24.000 dólares para declaraciones conjuntas y 12.000 para individuales. Como contrapartida, se eliminan numerosas reducciones y gastos deducibles, varias de ellas objeto de gran controversia como la reducción de los impuestos sobre la renta, ventas o la propiedad satisfechos a los entes locales y a los estados que se limita hasta 10.000 dólares; y se incrementan los mínimos exentos para el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, destaca la reducción del tipo impositivo del 35% al 21% . Otras modificaciones significativas fueron la eliminación del denominado Impuesto Mínimo Alternativo, que pretendía evitar que las empresas utilicen lagunas fiscales para evitar pagar impuestos, o la exención del 100% de los dividendos percibidos de filiales extranjeras, adaptando la fiscalidad internacional de los Estados Unidos a un sistema de tributación territorial en consonancias con los sistemas tributarios de otros países de la OCDE. Como medida transitoria, se establece un impuesto único del 15,5% en activos líquidos y del 8% en activos no realizables para los dividendos no distribuidos que se mantenían en el extranjero con el fin de evitar su tributación.

La administración del presidente Biden ha anunciado que revertirá esta reforma y prepara la ley que presentará al Congresos. Por otra parte, ha presentado una propuesta de fiscalidad internacional para las empresas transnacionales que se definirá en la OCDE.

3.3.2 Política Comercial:

Durante la Administración Trump la política comercial de EE. UU. ha sido algo errática y no exenta de controversias. Se ha caracterizado por un claro sesgo proteccionista, realizando un despliegue hasta entonces nunca visto en el uso de todos los instrumentos comerciales a su alcance (ver información en detalle en el punto 4.1.3. de este informe), y dejando en un segundo plano o incluso a veces obviando la dimensión multilateral. Todo ello ha conducido a una pérdida de poder e influencia de EE. UU.  en el ámbito del comercio internacional.

Una de las primeras decisiones del entonces presidente Trump fue abandonar el Trans-Pacific Partnership (TPP), un acuerdo comercial del que EE. UU.  era parte junto con 11 países de la cuenca del Pacífico entre los que se encuentran Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.

Su máxima aspiración en lo referente a los acuerdos comerciales  fue la renegociación del North American Free Trade Agreement (NAFTA) e para sustituirlo por el denominado Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés). Entró en vigor el 1 de julio de 2020. El acuerdo da a Estados Unidos un mayor acceso al mercado lácteo de Canadá, incentiva una mayor producción doméstica de automóviles y camiones, aumenta las regulaciones medioambientales y laborales, e introduce y actualiza las protecciones de propiedad intelectual.

Se concluyó, en enero de 2020, después de casi dos años de guerra comercial y más de año y medio de negociaciones, el llamado Acuerdo de «Fase Uno» con China.  En este acuerdo  China se comprometió a realizar reformas estructurales en su régimen económico y comercial en importantes áreas como la transferencia forzosa de tecnología y la defensa de propiedad intelectual e industrial. También a realizar, en los siguientes dos años,  compras de productos estadounidenses por un valor de $200.000 millones.  En contrapartida, EE. UU. redujo a la mitad (de un 15% a un 7.5%) los aranceles impuestos a algunos productos chinos por un valor total de $120.000 millones y a cancelar la entrada en vigor de nuevos aranceles (de un 15%).

Se firmó también un acuerdo comercial con Japón, que entró en vigor en enero de 2020, y que otorga un mejor acceso a los productos agrícolas de EE. UU. Para algunos de ellos se elimina o reduce el arancel y para otros se fijan cuotas arancelarias. En paralelo se cerró un acuerdo sobre comercio digital. Este incluye la prohibición de imponer aranceles a los productos digitales, garantizar el tratamiento no discriminatorio y las transferencias transfronterizas de datos y prohibir los requisitos de localización o el acceso arbitrario al código fuente.

La llegada del Presidente Biden a la Casa Blanca ha supuesto un cambio radical en materia de política comercial. De momento, esta se está diseñando como vehículo para luchar contra la Covid-19 y facilitar la recuperación económica. El eje central de la misma es la defensa de los trabajadores estadounidenses, apostando también por un trabajo de calidad y con mejoras salariales y sociales. Se está poniendo especial énfasis en articular mecanismos para promover la competitividad de EE. UU., fomentar la innovación en sectores claves o reducir la dependencia externa. No se abandona el objetivo de luchar contra las prácticas desleales de terceros países, pero la idea de la nueva Administración es hacerlo de una forma más razonable y efectiva, modernizando los instrumentos comerciales existentes o diseñando otros nuevos en caso de que fuera necesario. Otro elemento diferenciador, respecto a la política de Trump, es la vuelta al multilateralismo y la apuesta por el diálogo con los tradicionales aliados de EE. UU., recuperando así el liderazgo perdido.

Por ahora, no parece que la nueva Administración tenga especial interés en promover negociones comerciales. De hecho, han quedado paralizadas las de Reino Unido o las de Kenia, que fueron iniciadas bajo el mandato Trump. Tampoco se ha dado ningún paso para una eventual reincorporación de EE. UU. al TPP como vienen demandando muchos sectores, ni se ha apuntado ningún país o área geográfica con la que se quieran reforzar los lazos comerciales mediante nuevos acuerdos. Es posible que, más adelante y una vez que se consolide la recuperación económica, se retome una agenda comercial más proactiva y con una visión menos doméstica.

La administración actual ha demostrado un talante más abierto a la negociación y un enfoque más multilateral para su política comercial.

En junio de 2020 el USTR inició una investigación bajo la sección 301 de la Trade Act de 1974 sobre las tasas a los servicios digitales contra varios países, entre ellos España. Tras su conclusión, en junio de 2021 el USTR impuso medidas arancelarias, incluyendo contra productos españoles (calzado, bolsos, cinturones, pulpo, artículos de cristal, gambas y sombreros) que sin embargo se decidió una moratoria en su aplicación por un periodo de seis meses en tanto se negocia una solución multilateral en la OCDE sobre los principios de tributación internacional.

En el caso del conflicto Airbus-Boeing, EE. UU. empezó a aplicar medidas a partir del 18 de octubre de 2019, por un valor de 7.500 M$. Consisten en un arancel adicional -inicialmente del 10% y desde marzo de 2020 del 15%- para aeronaves completas y del 25% para una serie de productos, fundamentalmente agrícolas, sobre todo de Francia, Alemania, Reino Unido y España, países que conforman el consorcio Airbus. Las medidas han penalizado fuertemente las importaciones de productos españoles agroalimentarios (principalmente aceite de oliva, vinos, quesos y aceitunas). La UE impuso medidas de represalia por las ayudas a Boeing a partir de noviembre por valor de 4.000 M$ (arancel del 15% para aeronaves civiles y 25% para una variedad de productos agrícolas e industriales).

El 5 de marzo de 2021 los presidentes de EE. UU.  y de la Comisión Europea acordaron suspender las respectivas medidas de represalia durante un plazo de 4 meses, con el fin de intentar alcanzar en este tiempo un acuerdo que permita resolver definitivamente el conflicto. Se pretende también consensuar disciplinas de cara al futuro en lo que se refiere a las subvenciones del sector de la construcción aeronáutica, creando así un marco estable que pueda ser trasladado al ámbito de la OMC.

En mayo de 2021 la UE y EE. UU. han decidido iniciar negociaciones con el fin de intentar encontrar, antes de que acabe el año, una solución global al problema de la sobrecapacidad mundial de acero y aluminio, verdadero origen de las dificultades que atraviesan estos sectores. Se pretende que ello propicie también la eliminación de las medidas arancelarias que se aplican por ambas partes. La UE ha decidido suspender por 6 meses la entrada en vigor de la 2ª fase de sus medidas de represalia.

3.3.3 Política energética:

La política energética de la anterior administración reconocía el uso del carbón y la energía nuclear como fuentes de generación eléctrica de último recurso, y buscaba reducir la carga administrativa en las inversiones en el sector y acabar con los incentivos públicos al desarrollo de energías renovables y otras medidas diseñadas durante la anterior administración Obama para reducir el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. EE. UU. anunció su retirada del Acuerdo de París.

El Clean Power Plan de la administración Obama fue sustituido por la Affordable Clean Energy rule, que buscaba asegurar acceso a energía asequible y segura, compatible con el progreso medioambiental del país.  e impulsar la producción de energía nacional para reducir la dependencia energética y los potenciales problemas de seguridad nacional, principalmente con los países de la OPEP. Por último, se impulsaron los acuerdos de cooperación para comercializar internacionalmente la producción nacional de gas natural.

La llegada del presidente Biden supone un nuevo cambio radical en la política energética de Estados Unidos. Favoreciendo la expansión del papel de las energías renovables en el mix energético, principalmente de generación solar y eólica, con el objetivo de lograr eliminar las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2035. Se decide parar las nuevas prospecciones de hidrocarburos en el área protegida de Alaska, la emisión de nuevas licencias para fracking en terrenos federales y se paralizan obras de conexión de hidrocarburos con Canadá. Se coloca de nuevo la lucha contra el cambio climático como objetivo central de la política, y se anunció la inmediata vuelta al Acuerdo de Paris. Dentro del plan de infraestructuras, el presidente propone destinar importantes inversiones en energía limpia e innovación, incluyendo para el desarrollo de las cadenas de valor en favor del coche eléctrico y de una infraestructura de red de carga para estos automóviles.

3.3.4 Reforma del sistema de inmigración:

La administración Trump prohibió los viajes de cinco países de mayoría musulmana (Siria, Yemen, Irán, Libia y Somalia), Corea del Norte y Venezuela. Y en enero de 2020 de otros seis países  (Nigeria, Sudán, Tanzania, Eritrea, Kirguistán y Myanmar). Se anunció la política de tolerancia cero con los inmigrantes ilegales, y se prohibió a los inmigrantes que viajan a través de terceros países solicitar asilo en los Estados Unidos si no han buscado asilo en el país de tránsito. Por último, se inició la construcción de un muro con México para reducir la inmigración ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas.

En abril de 2020, en el marco de la crisis originada por la Covid-19, el presidente Trump proclamó la suspensión y limitación de entrada en el país a aquellos extranjeros sin visado de inmigrante valido . Se eliminó la excepción a la necesidad de visado de la Zona Schengen, con estrictas excepciones.  La nueva administración presidencial paró la construcción del muro de separación con México y ha modificado el enfoque hacia la inmigración y la deportación de menores en particular.

Ha mantenido, al menos hasta el verano de 2021 la restricción de viajes, causando grandes dificultades para la obtención de visados excepcionales para viajar a EE. UU. desde la Zona Schengen, lo que ha dificultado el tráfico habitual de empresarios y sus familias e inversores hacia EE. UU.

3.3.5 Reforma del sistema de Salud:

La administración del presidente Trump consiguió derogar solo en parte la reforma del sistema de salud conocido como ObamaCare, cuya ampliación es parte del programa de reforma de la nueva administración Biden. La OCDE aconseja a EE. UU. cerrar la brecha y ampliar la cobertura del seguro médico público para los más desfavorecidos en EE. UU.

En cuanto al mercado de trabajo, la OCDE sugiere que las autoridades estadounidenses actúen se refieren a los programas de formación y oportunidades de acceso al mercado de trabajo para determinados grupos sociales, la elevación del salario mínimo a nivel federal, y en general de políticas que contribuyan a reducir la desigualdad de renta.

Los cuatro grandes planes de gasto e inversión presentados por la administración Biden tienen alcance y ambiciones estructurales. El American Rescue Plan, como palanca para recuperar el impulso económico y superar los efectos de la crisis provocada por la pandemia; el American Jobs Plan, incluye el ámbito de las infraestructuras y la política industrial; el American Families Plan, con un enfoque en la política social, las familias y la educación. Asimismo, se han decretado órdenes presidenciales en apoyo al fortalecimiento de las cadenas de valor propias de Estados Unidos, de protección de la industria y la tecnología para mantenerla a la vanguardia mundial, y por motivos de seguridad nacional frente a las políticas de otros países.

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