• Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
• Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
• Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
• Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
• Principales objetivos de política económica
• Previsiones macroeconómicas
• Política fiscal y presupuestaria
• Política monetaria
• Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

El sector servicios, con más del 39,73 por ciento del PIB (datos de 2015) es el sector de origen del PIB con mayor tamaño relativo. La industria y la construcción suponen un 33,25 por ciento y el sector primario todavía representa algo más del 17 por ciento pese a su progresiva reducción en las últimas décadas conforme se ha ido desarrollando Vietnam. Para el año 2015 el Gobierno de Vietnam ha incluido en sus estadísticas la partida de Impuestos menos subvenciones sobre la producción que supone un 10,02 por ciento del PIB. 

Por el lado de la demanda, el consumo supone de manera bastante estable un 72,7 por ciento del PIB (66,5 privado y 6,2 público) La FBC ha reducido su peso en los últimos años hasta el 24,4 por ciento, al tiempo que el saldo de la balanza de bienes y servicios se sitúa en el 1,2 por ciento.

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Fuentes: GSO y CIA World Factbook

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El crecimiento medio anual de los últimos 25 años ha sido del 6,9% en Vietnam, pero la combinación de la crisis financiera internacional y los problemas de sobrecalentamiento de la economía en el período 2010-2012 quebraron temporalmente la fortaleza del dinamismo del país asiático y pusieron de manifiesto las debilidades estructurales de un modelo de crecimiento que adolecía de importantes deficiencias de productividad. La aplicación de políticas económicas contractivas en 2011 para enfriar la economía pusieron además en evidencia los problemas de solvencia de gran parte del sistema bancario y evidenciaron la mala gestión de la gran mayoría de empresas públicas. Re-estabilizada la economía, y parcialmente saneado el sistema financiero, la economía ha retomado el pulso desde 2014.

En el 2016 se frena muy moderadamente el crecimiento al 6.2% debido a la sequía y a la menor producción de petróleo. El motor de crecimiento, sin embargo, se mantiene muy sólido en la industria manufacturera gracias a los flujos de inversión extranjera directa.

En paralelo, el endeudamiento público ha seguido creciendo y desde el 2017 apenas se separa unas décimas del límite legal establecido por la Asamblea Nacional, el 65% del PIB. El país asiático deberá ahora corregir su déficit público (cercano al 6% del PIB) a través de un incremento de la presión fiscal que ya es ineludible y vigilar que este ejercicio de sostenibilidad fiscal no genere un impacto excesivo en el flanco financiero.

En el 2017 la economía ha crecido al 6.8%, muy por encima de la media de las economías emergentes, 4.8%, pero todavía de un tamaño limitado en términos absolutos (35 mil millones de USD de PIB en precios corrientes).

Perspectiva a medio plazo. Las previsiones para 2018 del FMI (WEO de abril 2018) son de un crecimiento del PIB de Vietnam del 6,6% con una inflación estable en el 3.8%, a pesar del aumento de los precios en la salud y la educación.  Según el artículo IV del FMI (2017) el crecimiento de la economía vietnamita es sólido porque se asienta en indicadores macro equilibrados gracias a los esfuerzos fiscales realizados desde 2016.

Los acuerdos de libre comercio con la UE y con el ATTP (si finalmente EE.UU. se suma al mismo) podrían generar una aceleración de las exportaciones cuando se hagan efectivos.

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Fuentes: GSO, FMI, EIU

Última actualización: Enero 2017

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La Estrategia de Desarrollo Socio-Económico (SED) 2011-2020 centra su atención en las reformas estructurales, la sostenibilidad ambiental, la equidad social y  la estabilidad macro-económica. Define, por otro lado, tres "áreas de vanguardia": (i) promover el desarrollo de recursos / habilidades de las personas (especialmente las habilidades para la industria moderna y la innovación), (ii) mejora de las instituciones de mercado, y (iii) desarrollo de la infraestructura. 

El Plan de Desarrollo Socio-Económico 2011-2015 estableció ​​objetivos para los primeros cinco años de la SED incluyendo un crecimiento económico sostenible de alta calidad, la mejora del nivel de vida de las poblaciones minoritarias étnicas, fortalecimiento de la protección del medio ambiente y la mitigación y prevención de los efectos adversos del cambio climático. 

El vigente Plan de Desarrollo Socio Económico 2016-2020 ha establecido los siguientes objetivos de indicadores económicos: crecimiento promedio anual del PIB del 6,5-7%; PIBpc de 2020 de 3.200-3.500 USD; Industria, Construcción y Servicios deben contribuir el 85% del PIB en 2020; Inflación anual del 5-7%; Inversión total promedio del 31% PIB; Déficit público por debajo del 4% al final del período; Reducción del consumo energético como porcentaje del PIB entre el 1 y el 1,5% anual; Tasa de urbanización de entre el 38 y el 40% en 2020 La productividad total de los factores debe contribuir al 30-35% del crecimiento económico; La productividad del trabajo debe crecer en promedio anual al 4-5%. 

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Los objetivos macro-económicos aprobados por la Asamblea Nacional en noviembre de 2016 para 2017 incluyen un crecimiento real del PIB del 6,7%, un crecimiento de las exportaciones y las importaciones del 6-7%, un déficit comercial inferior al 3.5% de la facturación por exportaciones, una inflación por debajo del 4%, una inversión social del 31,5% del PIB

Las siguientes son las previsiones económicas disponibles en enero de 2017 sobre el crecimiento del PIB del FMI, ADB y EIU

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El gasto total de las AAPP sobre el PIB durante los últimos años es del 28-30% según el FMI (WEO Octubre 2016). Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta al comparar las cifras con otros países es el de las empresas públicas, State Owned Enterprises o SOEs las cuales llegan a ser responsables de más de un tercio del PIB, teniendo unos estados contables muy opacos aparte de dificultades financieras en algunos casos. Se calcula que la deuda imputable a las SOEs, que no se consolida con el resto de la deuda pública, se eleva a aproximadamente el 50 por ciento del PIB.

El hecho de que en el sistema contable vietnamita los remanentes (carry-overs) se consideren como ingresos dificulta las comparaciones con los datos internacionales. El déficit público alcanzó en el periodo reciente su cifra más alta en 2013 con un 7,4 por ciento para moderarse después -aunque el FMI estima que el saldo ha vuelto a deteriorarse en 2016 hasta el 6,5% como consecuencia de una sustancial caída de los ingresos públicos.

Está en vigor una estrategia presupuestaria a largo plazo desde 2012 (Decisión 958 del PM) cuyo objetivo era mantener el déficit público por debajo del 4,5% para bajar al 4% en 2016-2020. Una reciente resolución de la Asamblea Nacional ha endurecido el tono restrictivo de la política presupuestaria estableciendo como objetivos para 2020: reducir el déficit presupuestario por debajo del 3,5%, la deuda del gobierno por debajo del 54%, la deuda pública por debajo del 65% y la deuda externa por debajo del 50% del PIB.

En relación a la estructura del gasto y según los datos recientes del GSO , el 61,5% del total se emplea en servicios sociales y económicos -destacando las partidas de educación y formación (15% del gasto total) pensiones (10,3%) y administración (8,5%). Un 24,13% del total era gasto en desarrollo de inversiones. Por el lado de la estructura de ingresos, el 61% del total eran de origen interno, excluidos los derivados del petroleo. Un 16% provenían del petroleo y más del 22% tenían origen en los impuestos sobre las importaciones.

El Plan Presupuestario Decenal anticipa una importante reducción de más de 4 puntos porcentuales de PIB en los ingresos derivados del petróleo (madurez de las plataformas offshore) y de los aranceles a la importación (plena implantación de acuerdos de OMC) durante el periodo 2011-2020. Por este motivo, se buscará una sustitución progresiva de ingresos fortaleciendo la recaudación por impuesto sobre la renta de las sociedades, royalties e IVA (el IRPF solo contribuirá de forma marginal a esta recomposición del tax-mix) En cualquier caso el Gobierno enmendó en 2013 la Ley del impuesto de Sociedades a efectos de reducir los tipos impositivos del 25 al 22% y posteriormente llegar al nivel del 20% en enero de 2016, en línea con los países competidores de ASEAN.

El Gobierno está trabajando además en una serie de medidas que fortalezcan la política y la administración tributaria, particularmente estableciendo requisitos más claros para que las SOEs abonen dividendos al presupuesto estatal. Igualmente está estableciendo importantes medidas de control sobre los gastos de capital y planea revisar la Ley del Presupuesto Estatal del año 2002 para seguir fortaleciendo la gestión presupuestaria. Otra medida reciente, que merece ser destacada, ha sido el anuncio en diciembre de 2015 de que el Gobierno prevé reducir el volumen de empleados públicos en un 10% hasta 2020.

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En relación con la política monetaria, debe destacarse que el  State Bank of Vietnam (SBV) carece de independencia orgánica y operativa del gobierno (el goberndor de este banco central es otro ministro del gabinete) y persigue una multiplicidad de objetivos anunciados aplicando instrumentos tanto de mercado como administrativos para el logro de sus propósitos. No es transparente/predecible en la difusión de determinadas magnitudes y ratios (volumen de reservas internacionales, estructura del crédito, préstamos incobrables...)

El FMI ha recomendado que el SBV se centre en la inflación y en las reservas internacionales, dejando la determinación del tipo de cambio a las fuerzas del mercado. Para evitar la indeseable inestabilidad cambiaria sería preciso que el SBV reforzara antes su credibilidad monetaria tras un dilatado tiempo de cambio estable del VND. En este sentido, desde mediados de 2011 hasta junio de 2015 la cotización de la moneda local ha sido muy estable (apenas se ha depreciado un 7% con el USD) Otra recomendación es que se abandonen las limitaciones al crecimiento del crédito y que se apueste por el control de la inflación a través de solamente instrumentos de mercado (la política de tipos de interés, principalmente) Asímismo otras medidas administrativas para controlar la inflación, como el establecimiento de topes al crecimiento de los precios de la energía, son generadoras de perversos efectos colaterales (pérdidas crecientes de empresas públicas claves, mermas recaudatorias...)

No se anticipaba un proceso de adaptación del banco central de Vietnam y su funcionamiento a la ortodoxia, pero el decreto 156/2013 que entró en vigor en diciembre de 2013 ha eximido al SBV de diseñar e implementar políticas que aseguren un alto crecimiento económico en combinación con un control efectivo de la inflación, con lo que se apuesta por su independencia para centrarse en su objetivo principal que es la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación (cada año propondrá un objetivo de inflación al gobierno) Además supervisará al sistema bancario y el mercado de oro.

El SBV está llamado a desempeñar un papel muy relevante igualmente en la reestructuración y recapitalización de los bancos comerciales públicos y privados.

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Desde el punto de vista de las reformas estructurales necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo socio-económico, el gobierno tiene proyectos en tres campos de actuación prioritaria: el mayor control de la inversión pública (MPI), el saneamiento del sistema crediticio (SBV) y la re-estructuración de las empresas de propiedad pública (MoF)

Para la Inversión Pública, la Directiva 1792 del PM (octubre de 2011) ataca los problemas de dispersión e inefectividad que se producía entre los distintos Ministerios y agencias centrales a la hora de diseñar y ejecutar planes de inversión. Mayor control y evaluación de los proyectos de inversión por parte del MPI y orientación a medio plazo de los proyectos para acrecentar el impacto en la productividad de las inversiones públicas del gobierno. Igualmente, la Directiva 14 del PM (junio de 2013) incrementa el control sobre la ejecución de las agencias de ejecución, al endurecer los requisitos de las asignaciones presupuestarias de capital a estas agencias , dando prioridad a la liquidación de atrasos en los pagos pendientes a los contratistas privados. Requiere además que las agencias demuestren que se han realizado todos los esfuerzos para reducir los costes de los proyectos, y permite una mayor asignación a la inicial sólo en casos excepcionales. Por último la nueva Ley de Inversión Pública, en vigor desde enero de 2015, ha reducido sustancialmente el umbral de estimación de coste de los proyectos que deben ser aprobados directamente por la Asamblea Nacional (antes 35 millardos de VND y ahora 10 millardos de VND) En cualquier caso, las reformas está más orientadas hacia el control y la eficacia del gasto de inversión pública que hacia la eficiencia económica. La decisión de asignación del capital público responde en mayor medida a criterios de desarrollo regional y social que al puro retorno económico pues se pretende un crecimiento inclusivo. 

En materia crediticia,  existe desde 2011 un roadmap que define los términos básicos en los que se producirá la reestructutación, pero distintos observadores externos son especialmente críticos con la opacidad existente en materia de los datos reales de NPLs (Non Performing Loans)  y sobre todo con la ausencia de un verdadero plan de actuación para reestructurar y recapitalizar el sistema financiero. El opaco sistema de reporting  impide conocer el grado de riesgo de su balance. El SBV había establecido un calendario para la introducción de una directiva que obligaba a los bancos a actualizar sus standares de contabilización, pero ha decidido retrasarlo en varias ocasiones. En julio de 2013 entra en funcionamiento el banco malo (Vietnam Asset Management Company-VAMC) cuyo decreto de estructura y funciones, así como plan de negocio fue aprobado por el PM en mayo de ese año. El objetivo era proceder a una limpieza de balances de unos 7.000 millones de dólares de deudas incobrables por parte de los bancos comerciales que dispongan de un porcentaje de NPL superior al 3%. A julio de 2016 se calcula -de acuerdo con afirmaciones del EIU- que el banco malo ya ha adquirido unos 11.000 millones de USD, superando el objetivo inicialmente establecido. El banco malo emite bonos de cupón cero a cambio de deudas incobrables de los bancos. Los bonos tienen un vencimiento a cinco años y los bancos pueden utilizarlos como garantía para obtener fondos de refinanciación del SBV, pero están obligados a reservar el 20% del valor de los bonos cada año hasta que estos lleguen al vencimiento. El banco malo usará el valor contable de los préstamos incobrables, excluyendo las provisiones para pérdidas, como método de valoración de los bonos a ser emitidos para los bancos. El WB ha criticado abiertamente por insuficiente el diseño y operativa del banco malo. El SBV está teniendo más éxito conduciendo el proceso de fusiones y absorciones de bancos. El objetivo es reducir a la mitad el número de entidades existentes al inicio de la crisis.

En relación con las empresas públicas -es preciso indicar que parte del problema de los NPLs se encuentra en el pasivo de las Empresas de Propiedad Pública (SOE) Se estima que las SOE son las destinatarias del 60% de los préstamos bancarios y responsables de las de la mitad de los incobrables- se están dando algunos pasos para reconducir la situación, pero a juicio de muchos son insuficientes. En Julio de 2012 se aprobaron las bases por las que cada Grupo Estatal y Corporación Pública debía someter al Ministerio de Finanzas un proyecto de reestructuración. En noviembre de 2012 el Gobierno aprobó un decreto (el número 99) que pretende desligar y clarificar derechos, obligaciones y responsabilidades entre las empresas de propiedad pública y las propias administraciones. No será fácil porque las empresas públicas desarrollan su actividad bajo la influencia directa (y con una relación muy directa) del gobierno central y de los Comité Populares. En febrero de 2013 el PM aprobó un Master Plan para la re-estructuración económica hasta 2020 que establece como uno de los objetivos la privatización parcial de más de 400 SOEs en 2014-15 y acometer una ambiciosa política de desinversiones de hasta 1.000 millones de USD en actividades non-core. El objetivo no se ha cumplido por la resistencia interna al proceso y el escaso atractivo de cara al inversor privado de muchas de estas empresas que se pretende equitizar.

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