Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

Durante los últimos años la estructura productiva del país no ha variado ya que se mantiene la predominancia de los sectores primarios de producción de materias primas. Por ello, la economía nacional está sustentada por el desempeño de la producción y exportación de gas natural y de minerales (plata, zinc, plomo y estaño).

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Precios (minoristas y mayoristas)

Durante la pasada década, la inflación tuvo una tendencia creciente desde una tasa anual del 0,92% alcanzada en 2001 hasta el 11,85% en el 2008. En el año 2009 se rompió esta tendencia, registrándose un 0,27% pero al año siguiente la inflación volvió a crecer con fuerza alcanzando el 7,18%, sobre todo por el crecimiento de precios experimentado en el segundo semestre del año (un 6,72%). En los años posteriores, la inflación se estabilizó alcanzando una media del 5%. En el año 2019 la inflación acumulada se sitúo en el 1,47%.

Los capítulos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayor incidencia en la inflación de 2018 fueron educación (4,79%), salud (3,47%) y alimentos (1,85%). Hay que señalar que el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia modificó el sistema de cálculo desde enero de 2018, incorporando nuevos productos a la base de cálculo del IPC que son los más representativos del consumo de los hogares y la exclusión de otros que ya no forman parte de los hábitos de consumo de los bolivianos (por ejemplo, la máquina de coser, la radio grabadora, revelado de películas, entre otros). Además, se produjo un cambio del año base de 2007 a 2016.

El país ha sido históricamente importador de alimentos. En los últimos años sin embargo se ha revertido esta tendencia, comenzando un camino hacia la autosuficiencia alimentaria. El Gobierno boliviano tiene como prioridad el control de la inflación, manteniendo los precios bajos de los alimentos, por lo que la tendencia será de favorecer las importaciones de alimentos a un menor precio a través de un tipo de cambio fijo.

En el año 2018 se mantuvo la cotización del boliviano frente al dólar estadounidense, siendo la cotización actual para la venta de 1 USD = 6,96 BOB, manteniéndose el diferencial de 10 centavos con respecto al tipo de cambio de compra.

 

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

Bolivia cuenta con una infraestructura de transporte y comunicaciones limitada, lo cual ha limitado significativamente las oportunidades de crecimiento y desarrollo del país. Una de las mayores dificultades que tiene el sector productivo es la insuficiente infraestructura de transporte en todas sus modalidades: terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial. 

En cuanto al transporte terrestre por carretera, destacar que el 55% de las vías son de tierra, lo que provoca que los costes de transporte por kilómetro sean más elevados y el tiempo de transporte sea más largo, repercutiendo así en el precio del producto final y en el menor transporte de pasajeros. En época de lluvias son frecuentes los deslizamientos de tierra en la zona del altiplano y los valles, pudiendo llegar incluso a cubrir las carreteras o incluso hacerlas desaparecer. En el oriente, por su parte, las inundaciones son habituales, lo que puede dar lugar a cortes de carretera que pueden durar días y, en ocasiones, incluso semanas. Hay que tener especial cuidado con los desplazamientos de tierra de la carretera que une La Paz con Coroico.

El Sistema Vial Carretero tiene una longitud total de 80.887 km y está compuesto por:

1) La Red Vial Fundamental (eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz) con una extensión de 15.919 km y administrada por la Administradora Boliviana de Carreteras, concentra aproximadamente un 80% del tráfico nacional y conecta entra si las principales ciudades del país.  

2) La Red Vial Departamental, con una extensión de 24.531 km y gestionada por las Prefecturas departamentales.

3) La Red Vial Municipal con una extensión de 40.437 km, a cargo de los municipios.

Se esperan invertir unos 8.227 millones de dólares en los próximos años para construir 4.806 km de nuevas carreteras.

En Bolivia el sistema ferroviario tiene una longitud de 3.697 km y está dividido en dos redes que no están conectadas entre ellas (Red Andina y Red Oriental). Hasta el año 1995, el sistema de transporte ferroviario estuvo administrado por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), que contaba con 4.000 empleados y una capacidad potencial de la vía de 5 millones de toneladas. Los volúmenes de transporte en 1996 alcanzaron las 1,4 millones de toneladas que representaban el 75% de su capacidad. Los principales países de conexión eran Argentina vía Villazón y Yacuiba, Brasil a través de Puerto Suárez, Perú por Guaqui y Chile a través de Charaña y Avaroa.

La Red Oriental está operada por la Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad Anónima (FCOSA). Conecta la ciudad de Santa Cruz con Argentina (Yacuiba-Pocitos) y Brasil (Puerto Suárez-Quijarro-Corumbá). Cuenta con 1.244 km de vía, de los cuáles 643 km corresponden al sector Este, 539 km al sector Sur y 62 km al ramal Norte.

La Red Andina está operada por la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Anónima (FCASA). Conecta la ciudad de La Paz con Chile (Charaña-Arica) y Perú (Guaqui), y Potosí con Chile (Avaroa-Antofagasta) y Argentina (Villazón-La Quiaca). Cuenta con 2.274 km, siendo los corredores Avaroa, Charaña y Villazón.

El Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración es un proyecto ferroviario de integración regional que tiene previsto conectar a Brasil, Bolivia y Perú, desde el puerto de Santos (Brasil) al puerto de Ilo (Perú). 

El transporte por vía marítima no existe actualmente en BoliviaPara carga marítima lo más aconsejable es la consignación de la misma hasta el Puerto de Arica en Chile para continuar desde allí por vía terrestre. Si existe sin embargo transporte fluvial representado por dos sistemas el amazónico y la Plata) y transporte lacustre representado principalmente por el sistema endorreico del Lago Titicaca. El transporte fluvial es bimodal, carretero-fluvial en el caso amazónico y ferroviario-fluvial en el caso de la cuenca de la Plata.

La hidrovía Paraguay-Paraná provee a Bolivia de acceso al Océano Atlántico, siendo el Canal Tamengo una hidrovía secundaria navegable. El comercio de granos, especialmente soja, que se traslada desde puerto Aguirre sobre el canal Tamengo es de gran importancia, con un volumen anual de más de un millón de toneladas transportadas. 

El sistema hidrográfico Paraguay-Paraná tiene una extensión de 3.442 km desde sus cabeceras en el Puerto de San Luis de Cáceres (interior del Estado de Mato Grosso de Norte-Brasil), hasta el delta de los ríos Paraná a la altura del puerto uruguayo de Nueva Palmira (desembocadura del Río Uruguay en el Río de la Plata). En Bolivia destacan Puerto Suárez, Central Aguirre y Puerto Busch. La superficie del área de influencia directa de la hidrovía, es de aproximadamente 1.750.000 km2 de los que 370.000 km2 corresponden a Bolivia (el departamento de Santa Cruz y parcialmente Tarija y Chuquisaca).

Los principales aeropuertos del país son: Viru Viru de Santa Cruz, El Alto en La Paz y Jorge Wilsterman de Cochabamba. Está previsto el desarrollo del HUB aeropuerto intercontinental de Viru Viru que podría alcanzar un coste de unos 1.500 millones de dólares. 

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) en febrero de 2009 se establece como facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transmisión y distribución. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico y su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país.

El sector eléctrico boliviano está formado por dos sistemas: el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los Sistemas Aislados (SA).

El Sistema Interconectado Nacional suministra energía a las principales ciudades de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Beni y Tarija, mientras que los Sistemas Aislados abastecen a las pequeñas ciudades que se encuentran lejos de las principales redes del SIN, así como al departamento de Pando.

Tal y como recoge la Ley de Electricidad 1604 de diciembre de 1994, el Sistema Interconectado Nacional tiene diferenciados tres tipos de actividades entre las que tiene que haber una separación vertical: generación, transmisión y distribución de electricidad:

• Generación: proceso de producción de electricidad en centrales de cualquier tipo.

• Transmisión: actividad de transformación de la tensión de la electricidad y su transporte en bloque desde el punto de entrega por un generador, autoproductor u otro transmisor, hasta el punto de recepción por un distribuidor, consumidor no regulado, u otro transmisor.

• Distribución: actividad de suministro de electricidad a consumidores regulados y consumidores no regulados.

El SIN está operado por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), persona jurídica pública no estatal sin fines de lucro, y por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), compuesto por empresas de generación, transmisión, distribución y consumidores no regulados, que venden y compran energía eléctrica en base a precios referenciales y/o spot (excepto la transmisión). Por otro lado, los SA están formados por empresas y cooperativas que realizan la generación y distribución de electricidad de forma verticalmente integrada (no hay separación como en el SIN).

El buen desempeño de la economía en Bolivia posibilitó que se realizasen importantes inversiones por parte de las empresas telefónicas y responder así al enorme crecimiento de la demanda de los servicios móviles, el incremento en el tráfico de datos y al crecimiento de la demanda en los distintos mercados que componen el sector de telecomunicaciones

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

La economía sumergida ha representado tradicionalmente una gran cantidad del empleo total en Bolivia. El sector informal de Bolivia es de los mayores de América Latina, junto con Honduras y Nicaragua, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se estima que alrededor del 75,1% de los empleos urbanos y rurales son informales mientras que la media de la región se sitúa en torno al 50%. Por otra parte, en Bolivia la proporción de la economía sumergida en relación al PIB representa alrededor del 47%.

Otro grave problema de la economía boliviana es el contrabando, que entre los años 2005 y 2007 se estimaba en torno a unos 1.200 millones de dólares, representando más de un tercio de las importaciones totales del país. No hay datos oficiales actualizados con respecto al contrabando en los últimos años pero se estima que puede alcanzar los 2.000 millones de dólares.

Por otra parte, se calcula que la tasa de desempleo abierto alcanzó el 4,5% en el año 2017 y el 4,27% en 2018. La tasa de desempleo se ha mantenido baja en los últimos años, aunque es imposible establecer una comparativa intertemporal ya que a partir de 2009 se empezó a utilizar una nueva encuesta para la recogida de datos.  Según las últimas estimaciones oficiales del INE, para el primer trimestre del año 2017 la población en edad de trabajar se situaba en 8,9 millones de personas mientras que, para el mismo período, la población económicamente activa representaría el 61,1% de la población total: unos 7 millones de personas.

La creación del empleo está directamente relacionada con la tasa de inversión, que en Bolivia ha sido baja durante los últimos años. Si continua esta tendencia, los empleos que se generen no serán suficientes para atender la demanda de trabajo, que está incorporando a una creciente población juvenil en edad de trabajar. Sin embargo, el contexto de precios favorables de las materias primas ha generado en los últimos años una gran demanda de mano de obra no cualificada, lo que ha mitigado las circunstancias anteriormente expuestas.

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PIB per capita y distribución de la renta

El PIB per cápita fue de 3.589 dólares en el año 2018. Este índice, aunque creció un 246,0% entre 2005 y 2018, sigue siendo de los más bajos de la región junto con Paraguay que alcanzó los 5.871,5 dólares en 2018.

El índice Gini es uno de los indicadores más comunes usados para medir la desigualdad de la distribución de la renta, tomando valores entre 0 (perfecta igualdad) y 1 (perfecta desigualdad). Bolivia era uno de los países con mayor desigualdad del ingreso del mundo, con un índice Gini en 2005 de 0,58, reflejando unos altos niveles de pobreza y tensión social. El índice alcanzó un valor de 0,44 en el año 2017 mostrando una gran mejoría respecto a períodos anteriores.

En el año 2017, Bolivia ocupó la posición 118 (de 189 países) en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por la ONU. El IDH ofrece una medida compuesta de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos. Según dicho informe, el IDH de Bolivia es de 0,693, lo que permite al país situarse en el grupo de países de Desarrollo Humano Medio debido, fundamentalmente, a las mejoras registradas en los ingresos y en la esperanza de vida al nacer. Sin embargo, cuestiones como la calidad del sistema educativo y la cobertura en salud siguen necesitando mejoras.

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Sector primario

Sector agropecuario: La producción agrícola boliviana es muy dependiente de las condiciones climáticas y en especial de las precipitaciones, dado que muy poco del terreno en cultivo es de regadío. El peso de este sector en el PIB ha caído gradualmente, desde un 30% del total en 1960 hasta un 11,5% en 2018, que fue un período de recuperación de la sequía y de adaptación al cambio climático, que permitió mejorar técnicas agropecuarias y buena producción, principalmente de los productos agrícolas No Industriales, Industriales y pecuarios. La inversión pública, seguida de iniciativas privadas en proyectos de riego, mejoramiento genético en semillas y pecuaria, logró revertir en cierta medida los efectos adversos de 2016.

En la actualidad existen dos agroindustrias de gran importancia para el país: la industria de las oleaginosas (principalmente soja y girasol), que produce aceite vegetal y tortas, que son a su vez la base de la industria de alimentos balanceados, y la industria azucarera, que produce azúcar de caña y derivados (como por ejemplo, el alcohol). Otros productos importantes son: maíz, sorgo, trigo, arroz, algodón, palmito, castaña, café, quinoa, sésamo, frijol, algodón, vino y carnes de bovino y de llama, entre otros. El sector piscícola también es un sector atractivo, con la creciente instalación de criaderos en la parte oriental del país.

En octubre de 1996, el gobierno aprobó la Ley INRA, por la que se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria. El principal objetivo de la ley era incrementar sustancialmente la productividad agrícola nacional, mediante diferentes instrumentos, entre los que destaca la aplicación de un nuevo impuesto a la propiedad rural, cuyo objetivo es la disuasión del mantenimiento de la propiedad rural con fines especulativos.

También perjudicó al sector la aprobación de los cambios de la Ley INRA, que no contempla el estado de maduración de un proyecto agropecuario por lo que se limita el acceso de agricultores al sistema crediticio y desalienta las posibilidades de inversión en el sector. Las tierras, a partir de la aprobación de la nueva norma, podrán ser revertidas por incumplimiento parcial y total de la función económica y social, con lo que se dejará de lado el parámetro del pago de impuestos. Hasta el momento se establecía el cumplimiento o incumplimiento de esta "función" de la tierra con el pago de impuestos.

La superficie utilizada para la producción agrícola pasó de 1,1 millones de hectáreas en 1980 a 3,58 millones de hectáreas en 2018, lo cual implica una tasa de crecimiento de 225% en todo el periodo, y una tasa de crecimiento promedio anual superior al 3%.

Según estadísticas del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a partir de la gestión 2011-2012 la frontera agrícola nacional se expandió considerablemente, pero sin aprovechar la gran cantidad de territorio adecuado para la producción agropecuaria, quedando más del 60% sin explotar. En la gestión 2015–2016, más de productos incrementaron su superficie cultivada respecto al período inmediato anterior, sin embargo el trigo, girasol, soya, sorgo en grano y caña de azúcar representaron el 93,78% de ese incremento.

A pesar de las buenas condiciones del país para convertirse en uno de los referentes en el ámbito de la agricultura, el sector se desarrollado de forma irregular y se ha enfrentado a numerosos problemas que han dificultado su pleno desarrollo. No obstante, esta situación ha comenzado a revertirse, gracias a un notable proceso de transformación basado en el uso de la tecnología, lo que ha incrementado de manera considerable los niveles de productividad agrícola en algunas zonas de Bolivia.

Aunque las exportaciones de productos agropecuarios han registrado variaciones positivas en los últimos años, las cifras totales se sitúan por debajo del potencial real del país (52 millones USD en 2019). El tipo de cambio sobreapreciado y las restricciones para la venta al exterior de ciertos productos han afectado negativamente en la competitividad de los productores bolivianos. En este sentido, el nuevo Gobierno comunicó en enero de 2020 su intención de liberalizar paulatinamente el sector.

Por otra parte, los efectos de los fenómenos climáticos de “El Niño” y “La Niña”, producidos en los últimos años, han disminuido la producción, afectando negativamente al sector productivo agropecuario y a los caminos y carreteras utilizados para llegar al mercado, especialmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz. La frecuencia e intensidad de estos fenómenos climatológicos se están incrementando por efecto del cambio climático y la crisis alimentaria derivada de la escasez de alimentos, por lo que es necesario promover políticas públicas de apoyo productivo, así como de mitigación y adaptación al cambio climático.

Ante la difícil situación del sector agropecuario, el Gobierno ha emitido varios decretos para reducir las consecuencias de estos fenómenos climáticos, como la reprogramación de las deudas financieras; establecimiento de arancel cero para las importaciones de maquinaria, semillas y fertilizantes; y la compra por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) del maíz producido en Bolivia a un precio preferencial.

Sector Hidrocarburos: durante los últimos años este sector se ha caracterizado por la poca capacidad de respuesta ante una creciente demanda de gas natural tanto en el mercado interno como en el externo. Esto ha supuesto el desaprovechamiento del buen momento que brindaban los altos precios internacionales de este carburante, que crecieron de manera sostenida hasta el año 2014 cuando comenzaron a descender de forma drástica. Bolivia exporta gas natural a Brasil desde el año 1999 (con un volumen máximo de 31 MMmcd) y a Argentina desde el año 2007 (con un volumen máximo de 23,4 MMmcd).

En la última década, el sector ha sufrido una serie de reformas legales: Ley de Hidrocarburos Nº 3058; Decreto Supremo 28701 (de Nacionalización del sector); y la suscripción de los nuevos Contratos de Operación. Dentro del marco normativo actual, el Estado asume el control de toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos, siendo las empresas petroleras prestadoras de servicios, y se generan más recursos para el Estado por concepto de regalías, impuestos y participaciones. La Resolución Ministerial 255/2006 establece el siguiente orden de prioridad en la asignación de volúmenes de gas natural: mercado interno, volumen de exportación comprometido a Brasil y volumen de exportación comprometido a Argentina.

En el año 2018 el sector hidrocarburífero registró una contracción del 7,8%, restando 0,5 puntos porcentuales al crecimiento de PIB en ese año. Desglosando por productos, la extracción de gas natural disminuyó un 6,6% y la del petróleo en 6,8%. La principal causa en la caída en la producción de gas natural fue la menor demanda por parte de Brasil y Argentina. En el caso de Brasil, la caída en la demanda fue provocada por la lenta recuperación económica y una mayor producción hidroeléctrica; en el caso de Argentina, los factores fueron la crisis económica y el aumento de la producción hidrocarburífera (principalmente del yacimiento de Vaca Muerta

En los últimos meses Bolivia ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus exportaciones, sin perder los mercados ya existentes de gas natural de Argentina y Brasil. Con Perú se está negociando la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) mientras que ya existe un acuerdo entre YPFB Corporación y la Cámara Paraguaya de Gas para la venta de 4.500 Toneladas Métricas por mes. Sin embargo, sumando la demanda interna a los requerimientos de exportación a Brasil y Argentina, es complicado que Bolivia pueda cumplir con nuevas obligaciones.

El problema del déficit de producción gasífero es estructural y está relacionado con las escasas inversiones destinadas a la exploración (debido a la falta de incentivos a las nuevas perforaciones) y a los denominados campos maduros que tienen una producción en declive. Estos problemas derivan de la estructura y del marco legal existente en el sector, pese a la introducción del concepto de “costes recuperables”. Por otra parte, a finales de noviembre de 2019 se informó que las reservas probadas de natural en el país solamente alcanzan los 8,95 trillones de pies cúbicos TCF por lo que serían inferiores que reservas probadas que presentó el gobierno de Evo Morales con la certificación de la empresa canadiense Sproule International Limited (10,75 TCF)

Sector minero: la minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la economía boliviana con una aportación promedio al PIB en la última década del 5% según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia y del Instituto Nacional de Estadística. El sector registró un crecimiento del 1,9% en 2018 asociado sobre todo al notable aumento de la producción de zinc, antimonio, wolfram y oro. El metal con mayor nivel de producción en Bolivia es el zinc con 519.369 toneladas métricas (TM) en 2018, seguido por el plomo y el estaño con unos volúmenes de 112.000 y 17.000 TM respectivamente. La extracción de plata no supera las 1.200 TM pero debido al precio más elevado que tiene este mineral aporta un valor en dólares relativamente cercano al del zinc.

Se estima que solo el 35% del territorio boliviano ha sido prospectado, por lo que existe un gran potencial en todas las etapas de la cadena de valor minera y metalúrgica: prospección, exploración, concentración, refinación, fundición, industrialización y comercialización con agregación de valor. A pesar del gran potencial mineralógico de Bolivia, apenas se efectuaron trabajos de exploración en las últimas décadas, por lo que no existen datos oficiales sobre reservas globales de los recursos mineros del país. Hay que destacar que el riesgo en el sector ha aumentado debido a la creciente toma de minas.

El factor que ha dominado este sector en los últimos años ha sido el auge de los precios de los minerales desde el año 2003. Sin embargo, en Bolivia se produjo en esos años una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la producción minera que se prolongó hasta el tercer trimestre de 2007, cuando el inicio de la producción de la Mina San Cristóbal impulsó el incremento en la producción minera. En la actualidad la tendencia en el sector es la de incremento de la producción para disminuir el efecto de la caída de los precios, que afectaron muy negativamente a minerales como la plata.

Hay que destacar que la participación estatal en el sector se ha incrementado de forma sustancial durante los últimos años. En julio de 2012 se produjo la nacionalización de la concesión minera de Mallku Khota, que estaba siendo explotada por la empresa canadiense South American Silver, después de violentos conflictos con cooperativistas y comunarios del lugar.

También cabe mencionar que se han llevado a cabo importantes reformas en el sector:

  • Destinadas a transparentar la comercialización de minerales, como la creación del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM).
  • Para incrementar los ingresos que percibe el Estado por la realización de esta actividad, como reformas al régimen tributario minero
  • Para garantizar mayores ingresos al Estado en épocas de precios altos y resguardar las operaciones mineras cuando éstos son, como la creación en el año 2008 del Fondo de Estabilización minero ante la baja del precio del zinc.

En los próximos años la minería boliviana tiene el desafío de transformar su patrón extractivista clásico, mitigando los impactos sociales y medioambientales que genera esta actividad. El sector se encuentra en una expansión desde las zonas mineras tradicionales hacia las tierras bajas del oriente y con una necesidad urgente de industrialización. Adicionalmente, los precios internacionales se están mostrando volátiles debido a la incertidumbre en el contexto internacional y podrían suponer una amenaza para el desarrollo del sector.

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Sector secundario

Sector manufacturero: la Industria Manufacturera es una de las actividades económicas con mayor participación en el Producto Interno Bruto del país, con una participación del 10,4% en 2018. Por subsectores, destacó el fuerte crecimiento de otras industrias, 7,3% y de las industrias de alimentos, bebidas y tabaco que se expandieron en 3,9% en 2018. En relación a otras industrias, existió un notable desempeño de la actividad de substancias y productos químicos, que se expandió en 45,2% en 2018, como consecuencia de la introducción de nuevos productos como la urea, el cloruro de potasio y el alcohol anhidro. Ello se produjo en el marco de la política de industrialización de hidrocarburos y recursos evaporíticos (en los casos de la urea y el cloruro de potasio) así como por el acuerdo del gobierno con el sector privado para la producción de biocombustibles (en el caso del alcohol anhidro).

El sector manufacturero ha estado caracterizado tradicionalmente por su bajo nivel de desarrollo tecnológico, producido por la escasez de capital humano cualificado, tecnología, investigación y desarrollo, y el bajo valor agregado en la producción. Ello es consecuencia de la ausencia de aspectos institucionales que incentiven la formación de capital social, que disminuya los grados de corrupción, que proteja con efectividad los derechos propietarios y que premie la productividad y la excelencia.

En la actualidad, la estrategia de desarrollo productivo establecida por el Gobierno se basa en la transformación y la agregación de valor a los recursos naturales, considerando tanto la sostenibilidad ambiental, como la satisfacción equilibrada de las necesidades humanas, individuales y colectivas. Por lo tanto se persigue un cambio estructural en el sector basado en la transformación tecnológica, aumento de la productividad y diversificación productiva, para aumentar el ingreso en los sectores productivos que concentran la mayor parte de la fuerza de trabajo.

Sector construcción: en los últimos años la construcción alcanzó un crecimiento del 10,6% en 2013,del 7,8% en 2014, del 5,4% en el año 2015 y del 7,8% en 2016, atravesando el sector un período de auge o “boom inmobiliario” tanto en edificaciones residenciales y no residenciales como en otras infraestructuras. En los años 2017 y 2018 el sector continuó creciendo, siendo una actividad muy importante en el país con una aportación al PIB del 3% y del 2,9% respectivamente. Las ciudades de Cobija y Cochabamba lideraron la cantidad de permisos de construcción aprobados, mientras que se produjo una disminución en Tarija, Potosí, La Paz y Santa Cruz.

El coste de la construcción creció un 1,2% en 2016, manteniéndose el crecimiento en los precios de los materiales de construcción. El factor con más incidencia en los costos de la construcción es la remuneración de la mano de obra, que se ha triplicado en La Paz entre 2005 y 2016. 

La expansión acelerada del crédito a la construcción, al existir determinadas metas legales en la composición de la cartera de los bancos, podría derivar en una eventual sobreoferta de bienes inmuebles en el país. Existen dudas si el mercado inmobiliario actual responde al crecimiento de la demanda real de vivienda o se trata de una oferta especulativa que podría entrañar graves riesgos al sector. 

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Sector terciario

El sector servicios se encuentra poco desarrollado en Bolivia, aunque su aportación al PIB es importante en términos relativos debido al peso de la actividad de transporte y almacenamiento relacionada con los hidrocarburos y al peso del sector público. Una actividad económica con potencial para  la posible captación de divisas sería el turismo, aunque la falta de promoción turística y de una política que integre a los municipios, gobernaciones y población afecta negativamente a este sector en su desarrollo. 

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Privatizaciones

La Constitución Política del Estado indica que el Estado se atribuye el derecho y la obligación de conducir el proceso de planificación económica y social, ejerciendo la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. Además, se encargará de regular los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. Establece también que el Estado participará directamente en la economía mediante la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo.

En Bolivia se han producido varias nacionalizaciones desde la llegada de Evo Morales al gobierno en 2006, mientras que la participación del Estado en la economía no permite privatizaciones.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex