Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

La economía brasileña, con un PIB de 2,42 billones de dólares en 2012 representa cerca del 40% del PIB de Latinoamérica y un 2% del mundial. Ha experimentado profundos cambios estructurales a lo largo del siglo XX. Ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola a ser un país en el que, aunque el sector primario continúa teniendo peso en la economía (5,2% del PIB en 2012), especialmente en las cuentas externas, se ha desarrollado una fuerte y diversificada base industrial, si bien la industria de transformación ha perdido peso en la economía en los últimos años debido a la fuerte apreciación del real y la intensificación de la competencia internacional, pasando de representar el 19,2% del PIB en 2004 al 26,3% en 2012.

A la política de industrialización iniciada en los años 30 le siguió un rápido crecimiento conocido como el “milagro económico” que provocó una concentración desigual de recursos y población, que ha llevado a que entre Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais se genere el 54% del PIB brasileño. Tras esta etapa, Brasil sufrió en 1973 y en 1981-83 dos graves crisis con tasas de crecimiento negativas, inflación de tres dígitos y aumento de los déficits interno y externo. Para solventar las graves crisis se pusieron en marcha cinco planes de estabilización, que no tuvieron éxito alguno, ya que en 1990-92 se volvieron a registrar cifras negativas de crecimiento y la inflación continuaba sin control. Finalmente, en julio de 1994, a iniciativa del entonces Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, se puso en marcha el Plan Real, que incluía una política económica contractiva, importantes rebajas arancelarias, desindiciación de los salarios y la creación de una nueva moneda, el real, que inicialmente cotizó a la par con el dólar. Esta estrategia tuvo un efecto espectacular sobre la inflación que del 2.500% de 1993 pasó al 2,49% en 1998.

En Brasil, han primado las políticas monetaria y fiscal restrictivas basadas en unos elevadísimos tipos de interés, que han llegado a rozar el 50% en 1994 y el 40% en 1997, así como en una elevada carga tributaria, que entre 1987 y 2003 pasó del 23,8% al 35,7% del PIB, acompañada de un importante grado de austeridad en cuanto a gasto público.

Tras la llegada del Presidente Lula al poder en 2002, se intentó compatibilizar esa política económica ortodoxa con medidas asistenciales de carácter redistributivo (como el programa Bolsa Familia). En este sentido, se pueden diferenciar dos fases, que se corresponderían, “grosso modo”, con los dos gobiernos Lula.

La primera, durante el primer mandato (2002-2006), tuvo como objetivo prioritario lograr la estabilidad macroeconómica mediante la corrección de los desequilibrios de algunos indicadores, como la inflación o el déficit corriente, a través de la combinación de una política monetaria restrictiva y fiscal contractiva. La corrección de los desequilibrios se habría logrado a costa de un crecimiento modesto.

Alcanzada dicha estabilidad macroeconómica, el segundo gobierno Lula se fijó como objetivo acelerar el crecimiento mediante un ambicioso programa de inversiones públicas: El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que contemplaba inversiones en infraestructuras, medio ambiente y energía, fundamentalmente. Y ello sin dejar de mantener bajo control los principales indicadores de la economía, lo que explica que el tipo de interés básico de Brasil fuera el más alto del mundo en términos reales durante gran parte de ese periodo. De la misma manera, la carga tributaria – superior al 36% del PIB - también se situaba entre las más altas del mundo, comparable a la de países que ofrecen una elevada cobertura en cuanto a servicios públicos de calidad, lo que no ocurre en Brasil, debido a la diferente composición del gasto público brasileño y a las ineficiencias del sistema.

En los últimos años, la situación global y el recrudecimiento de la crisis económica internacional provocó que, a partir de septiembre de 2008, la economía brasileña se enfriase bruscamente  poniendo fin a cinco años de crecimiento notable (4,8% anual entre 2004 y 2008).

En efecto, a partir de ese momento quedó cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales, lo que se reflejó en una menor liquidez del sistema doméstico, que a su vez llevó a una reducción en el ritmo de crecimiento de los créditos concedidos, al tiempo que se encarecían los costes y se acortaban los plazos de amortización. Todo ello trajo consigo una contracción del consumo y la inversión – que hasta ese momento habían constituido el motor del crecimiento económico brasileño – y una explosión inesperada de despidos.

Para hacer frente a la crisis, el gobierno flexibilizó su política monetaria – a través de sucesivos recortes del encaje bancario y de los tipos de interés, que se situaron por primera vez en un solo dígito (8,75%), al tiempo que se garantizaba el acceso al crédito a través de la potente banca pública. Se instrumentó una política fiscal anticíclica, prestando especial atención a los sectores de la construcción y bienes de consumo duradero, los más vulnerables a la restricción del crédito y determinantes para asegurar el dinamismo de la demanda interna, dado su efecto arrastre y el importante volumen de mano de obra que emplean.

Tras dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, la economía volvió a crecer en el segundo trimestre de 2009, impulsado por una demanda interna que en el segundo semestre registró una tasa anual de crecimiento del 10,5%. A pesar de que el PIB en 2009 se situó en el -0,3%, la recuperación económica era un hecho a finales de ese año, como confirmó el robusto crecimiento registrado en 2010, del 7,5%, la mayor tasa desde 1985 (sólo superada entre las grandes economías por la registrada en China e India), situando a Brasil como la séptima mayor economía del mundo.

A finales de 2010, la coyuntura económica se caracterizaba por una demanda sobrecalentada, crecimiento de las importaciones, presiones inflacionistas y apreciación del real. Ante este escenario, el nuevo gobierno decidió instrumentar una política económica más consistente que la aplicada en el último año del gobierno Lula (cuando el gasto público registró un incremento significativo), de forma que el control de la inflación no fuera responsabilidad exclusiva del Banco Central.

Así, las medidas adoptadas por el Banco Central de Brasil en los últimos meses de 2010 - medidas macroprudenciales que tenían por objetivo restringir y encarecer el crédito -, fueron acompañadas de nuevas subidas del tipo de interés de referencia o Tasa SELIC - en enero, marzo, abril, junio y julio (hasta situar el tipo básico en 12,50%) -. Simultáneamente, en el ámbito fiscal, se anunció un recorte de 53.000 millones en el presupuesto y se aprobó un ajuste del salario mínimo muy inferior al exigido por sindicatos, oposición e incluso algunos partidos de la base aliada. El objetivo era enfriar la demanda agregada, de modo que se redujera la presión sobre los precios, lo que debería permitir, a medio plazo, un recorte sustancial de los tipos de interés.

En 2011, el enfriamiento ya se había iniciado, como muestran los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En efecto, en 2011 la economía brasileña creció un 2,7% en comparación con el año anterior (cuando lo hizo un 7,5%), lo que refleja una pérdida de ritmo concentrada principalmente en la industria, que tan solo creció un 1,6% respecto a 2010. El consumo siguió siendo el motor de la economía brasileña; creció un 4,1%, en 2011, el menor incremento desde 2003, impulsado por la expansión de la masa salarial y el crecimiento del crédito, que aunque mostró signos de desaceleración, siguió creciendo - en 2011 se expandió un 19%.

Ya en 2012, el enfriamiento se intensifico, con un crecimiento del 0,9% con respecto a 2011. Esto demuestra un desempeño poco favorable para Brasil, que a mediados de 2012 se esperaba que creciese a una tasa de entre el 3% y el 4%. Según informes de diferentes organismos multilaterales, la tasa media de crecimiento del PIB para América Latina en 2012 debería ser del 4%, lo que incide más en el pequeño crecimiento del gigante latinoamericano. En valores corrientes, el PIB de Brasil alcanzó, en 2012, los 4.402,5 mil millones de reales brasileños, de los cuales, 661,8 mil millones forman parte de los impuestos, y 3.740,8 mil millones del valor agregado. La participación de cada sector, dentro del valor aportado al PIB, queda, en 2012 como sigue: agropecuaria, 5,2%; industria, 26,3%; servicios, 68,5%.

El temor a una nueva recesión mundial, junto a la desaceleración mostrada por la economía brasileña ya comentada, forzó al Banco Central a emprender un agresivo ciclo de recortes de la tasa SELIC, que pasó del 12,5% en septiembre de 2011 al 7,25% del cierre de 2012. Sin embargo, la presión inflacionista que se generó a principios del 2013 hizo que el Banco Central volviera a elevar, levemente, el tipo de interés de referencia o tasa SELIC, no dando continuidad a la política actual. Se prevé que cierre el 2013 en 9,25%. Por otro lado, el gobierno confia en la inversión en infraestructuras como "palanca" para el crecimiento de la economía en los proximos años. En este sentido, el plan "PAC Concesiones", en ejecución desde agosto de 2012 y que prevé la inversión de 133.000 milones de reales en proyectos de infraestuctura de transporte en régimen de concesión durante los proximos 25 años, se espera que eleve la tasa de inversión en el país, que en 2011 suponia el 19,3% del PIB y que el gobierno confia se situe en el 24% en 2014.

En relación con las cuentas externas, en 2012 las exportaciones brasileñas alcanzaron los 242.580M$ y las importaciones los 223.164 M$, lo que arrojó un superávit de 19.415 millones de dólares, el menor desde 2002. En 2011 la balanza comercial cerró en 29.793M$. El déficit por cuenta corriente alcanzó los 54.230 M$, que fue financiado íntegramente por la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 65.272M$, un valor próximo al record histórico de 66.660M$ registrado en 2011.

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Precios (minoristas y mayoristas)

Garantizar una tasa de inflación controlada se encuentra entre las principales preocupaciones de las autoridades económicas brasileñas, al tratarse de una fuente tradicional de desequilibrios de la economía brasileña (y de la región). La combinación de una política monetaria contractiva (elevados tipos de interés) y una política fiscal austera (control del crecimiento de los gastos públicos) son medidas que persiguen mantener un ritmo de crecimiento de los precios algo más moderado que en el pasado.


En efecto, la inflación, medida por el avance del Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), se redujo de manera prácticamente continuada entre 2015 (10,7%) y 2017 (3%), mostrando desde entonces un leve crecimiento en 2018 (3,75%) y 2019 (4,31%).

El objetivo de la política monetaria para el año 2017 era de un ritmo de crecimiento del IPCA del 4,5% con un margen del +/- 1,5%. Para 2018 se mantuvo ese objetivo y los resultados indican que el avance de los precios se situó dentro del margen de tolerancia establecido. Mientras que en 2019, la meta de inflación fue del 4,25% con un margen del +/- 1,5%, que también se cumplió.

 

Ya para 2020 la meta se ha fijado en 4,00%, con un nuevo margen de tolerancia de +/- 1,5%, y para 2021 y 2022 está fijada en 3,75% y 3,50% respectivamente, con el mismo intervalo de tolerancia.  En junio de 2020, el Consejo Monetario Nacional (CMN) estableció el objetivo de inflación para 2023 en 3,25%, manteniendo los objetivos de inflación para 2021 y 2022.

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

Transporte
El sector de las infraestructuras de transporte es una prioridad en la política de inversión federal. La competitividad del país se ve afectada negativamente por la ausencia de infraestructuras adecuadas (en cantidad y calidad), lo cual frena el desarrollo del país. Según un estudio del Ministerio de Economía brasileño, en colaboración con el Movimiento Brasil Competitivo (MBC), para disponer de infraestructura, una empresa en Brasil debe invertir una diferencia de entre 190 y 230 mil millones más en relación a la media de la OCDE. Esto forma parte del conocido como “coste Brasil” que, según el estudio, encarece los negocios en el país más de un trillón de reales (unos 185 mil millones de euros). Este hecho causa un fuerte impacto en la competitividad del país y de sus empresas.
Las inversiones en infraestructuras son bajas y cada vez menores, convirtiendo a Brasil en uno de los países emergentes con menor nivel de inversión. La Asociación Brasileña de Infraestructuras e Industrias de Base (ABDIB) prevé que la inversión en el sector llegue al 1,87% del PIB en 2020, representando un aumento del 9% de lo invertido durante el año 2019. Según datos de la Asociación, en los últimos 15 años Brasil no ha invertido más del 2,4% del PIB en infraestructura, por lo que el país necesitaría invertir el 4,31% del PIB por año durante diez años seguidos para aumentar la productividad y competitividad.
Además de aumentar las inversiones, Brasil precisa reducir las ineficiencias operacionales y mejorar la asignación de recursos. En los sectores de transporte y recursos hídricos la reducción de estas ineficiencias podría economizar un 2,1% del PIB.
El índice comparado de desempeño de las infraestructuras de transporte de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) se situaba en el 33% de la media internacional para el periodo 2000-2010. Para ilustrar esto solo con algunos ejemplos de los componentes del índice, la oferta de carreteras en Brasil se situaba en el 54% de la media internacional (benchmark) y su seguridad en el 30%; la oferta de aeropuertos en el 94% (y su capacidad operaciones se situaba en el 43%); la oferta de hidrovías navegables se situaba en el 26%, las conexiones intermodales en el 23%, la seguridad de las ferrovías se situaba en el 17% de la media internacional con un coste de flete de la carga casi 16 veces superior. Estas ineficiencias se deben, según fuentes del sector, a un déficit que se sitúa en torno al billón de reales en las infraestructuras logísticas y produce una necesidad de inversión mucho más alta que en los países desarrollados.
Los planes de inversión del gobierno en infraestructura del transporte en 2020, sin embargo, será el menos en 16 años, según la Confederación Nacional del Transporte. En el Proyecto de Ley de Presupuesto Anual se estiman 5,29 mil millones de reales (unos 967 millones de euros) para el Ministerio de Infraestructura de Brasil, en todos los modos de transporte. El monto es un 31,1% inferior al autorizado para 2019 (7,68 mil millones de reales, 1.404 millones de euros aprox.). Este escenario de retracción se viene produciendo desde 2010, con una caída del 57, 3% en presupuesto; desde 2004, cuando el valor era de 4,75 mil millones de reales (870 millones de euros), el área de infraestructura no había recibido tan poca inversión.
Las necesidades de inversión podrían ser llevadas cabo por aportes públicos o por Asociaciones Público Privadas (PPP), en un país donde hasta la actualidad, las principales posibilidades de financiación para estos proyectos han venido canalizadas a través de los bancos públicos de desarrollo, principalmente el BNDES. No obstante, la reestructuración que ha sufrido el BNDES tras los problemas de rendición de cuentas en el marco de las operaciones anticorrupción que se están resolviendo en Brasil ha llevado a una alteración de su esquema de financiación de las infraestructuras, reduciendo su participación en favor de bancos comerciales.
Entre los planes de desarrollo públicos en materia de infraestructuras, destaca el plan nacional de logística (PNL), con el objetivo de servir de fundamento para la planificación estratégica del sector. En marzo de 2020, la Secretaría de Promoción, Articulación y Asociaciones del Ministerio de Infraestructuras ha confirmado que el gobierno se está preparando para lanzar el Plan Nacional de Logística 2020-2035, con las pautas de los diferentes modos de transporte en el país.
Asimismo, el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa de «parcerias» (asociaciones) para las inversiones, el Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) con el objetivo de recuperar el crecimiento económico a través del fomento de la inversión en infraestructuras y obras en la modalidad de concesiones.
El programa fue creado en 2016 por el Gobierno Federal para reforzar la coordinación de las políticas de inversiones en infraestructura a través de alianzas con el sector privado. El gobierno Bolsonaro ha retomado el proyecto y reforzado su potencial, para mantener un flujo de decisiones coordinado para la priorización y el acompañamiento de los proyectos que serán ejecutados por medio de concesiones, Asociación Público-Privada (PPP) y privatizaciones, además de garantizar un ambiente propicio a la expansión de la infraestructura, del desarrollo económico y de las oportunidades de inversión y empleo en el país.
Con la ley del PPI, se crearon dos importantes estructuras en la Administración Federal: el Consejo del PPI y la Secretaría del PPI. Las empresas de infraestructuras brasileñas se han caracterizado por configurar un sector concentrado, en el que pocos competidores de gran tamaño han abastecido la demanda de servicios de ingeniería y construcción. De este modo, estas empresas no han estado sometidas a la competencia y, por tanto, no son tan competitivas en precios y plazos como las empresas extranjeras, además de no tener recursos para absorber toda la demanda necesaria.
Esta situación de gran demanda y la capacidad de mayor financiación y competitividad de las empresas extranjeras respecto a las empresas locales supone un marco de oportunidades incomparable para nuestras empresas. Sin embargo, a pesar de la necesidad manifiesta de más actores que ayuden a cumplir los objetivos, las administraciones, presionadas por las diferentes asociaciones y colegios profesionales, se resisten a introducir novedades que abran verdaderamente un mercado tradicionalmente proteccionista, por lo que en la práctica se encuentran a menudo dificultades para la entrada de profesionales y empresas extranjeras. Con el PPI, el gobierno está intentando mostrar al capital extranjero un cambio de dirección, tratando de limar estas ineficiencias para que empresas extranjeras puedan concurrir en igualdad de condiciones que las locales a las licitaciones.
El grado de desarrollo de las infraestructuras de transporte varía entre los distintos sectores:
El área aeroportuaria es la más desarrollada, con 13 aeropuertos concedidos a la iniciativa privada y un ambicioso proyecto de licitación de 4 aeropuertos (Porto Alegre, Florianópolis, Salvador y Fortaleza) que concluyó en el año 2017. Los vencedores de las concesiones fueron Vinci Airports (Salvador), Fraport AG Frankfurt Airport Services (Porto Alegre y Fortaleza) y Zurich International Airport AG (Florianópolis). Además, en marzo de 2019, se subastaron 12 aeropuertos, divididos en tres bloques, por valor de 514 millones de euros. La española Aena venció en el Bloque Nordeste, con 6 aeropuertos, con una oferta de 440 millones de euros.
Por otra parte, el gobierno ha comenzado el proceso para la concesión de un total de 22 aeropuertos, divididos en tres bloques: Sur, Norte y Central. Se espera que la celebración del concurso se realice en el segundo semestre de 2020. También han obtenido un impulso las carreteras, gracias a 8 diferentes concesiones, en los próximos dos años, al sector privado que van a permitir la construcción o duplicación de una importante red de carreteras del país.
El ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, comunicó a comienzos del 2020 que se invertirá 30 mil millones de reales para expandir la red ferroviaria del país en los próximos 6 años, a través de concesiones. Según un estudio de 2018 de la Fundação Dom Cabral, la red de carreteras se utiliza para transportar el 75% de la producción en el país, mientas que la ferroviaria representa el 5,4%.

La 13º reunión del Consejo del Programa de Asociación de Inversión (CPPI) tuvo lugar en junio de 2020 con el presidente Jair Bolsonaro y el ministro de economía, Paulo Guedes, para deliberar sobre nuevas propuestas de calificaciones en el ámbito del PPI. Estos proyectos tendrán prioridad nacional para todos los agentes públicos, en la esfera administrativa y de control de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.
El PPI actuará en la coordinación y el seguimiento de dos proyectos en apoyo de los Ministerios establecidos y en los años de otras entidades federales, especialmente en la planificación, desarrollo y el apoyo de los proyectos. El objetivo es buscar modelos más eficientes para la provisión y gestión de servicios públicos, promoción de la competencia, seguridad jurídica, proponiendo modificaciones normativas, para atraer inversores nacionales y extranjeros. Los proyectos más destacados de la 13ª Reunión del Consejo fueron: 7 Arrendamientos Portuarios; estudios para la privatización del Puerto de Itajaí; 2 Carreteras; licitaciones de 2 aeropuerto); 1 metro de línea; 1 área de suministro permanente para la exploración y producción de petróleo y gas natural; 5 terminales de pesca; 4 emprendimientos turísticos; 2 parques nacionales; 1 Nuevo Hospital Municipal para Niños y Adolescentes; 1 plan de lotería - "apuesta de cuotas fijas"; disolución corporativa de CEITEC; y, contratación de estudios especializados para Telebrás.El modelo ferroviario actual, en el que el concesionario paga una subvención en la renovación de su contrato y el gobierno define dónde se invertirán los fondos, se verá alterado por un nuevo modelo, de autorización, en el que el inversor tendrá más libertad.

El sector portuario se compone de puertos públicos y terminales de uso privado. El movimiento de contenedores ha disminuido en el último año, en 2019 se movilizaron 1.104 millones de toneladas (un 1,6% inferior a las registradas en 2018),
En cuanto al perfil de carga, según los datos de Agência Nacional De Transportes Aquaviários (ANTAQ) , la puertos y terminales movieron 680,2 millones de toneladas de granel sólido, un 5,1% menos que en 2018; 251,5 millones de toneladas de granel líquido (+ 6,9%); 117 millones de toneladas de contenedores (+ 3,3%); y 55,7 millones de toneladas de carga general suelta (-3,1%).
El objetivo es crear oportunidades de inversiones en Brasil. Para ello, en el PPI están puestas en marcha 3 privatizaciones en el sector portuario, 2 concesiones en el sector ferroviario, 4 en minería, 1 en petróleo y gas, y 10 en carreteras para el año 2020.
Cabe mencionar que el Gobierno Federal sancionó, el 25 de agosto de 2020, la Medida Provisional 945/20, que modifica la Ley de Puertos, promoviendo una reforma en la legislación, acogiendo las sugerencias del mercado. Entre los principales cambios se encuentra la flexibilidad en la gestión de los contratos de arrendamiento, que podrán realizarse por licitación o convocatoria pública. La ley también otorga a ANTAQ la facultad de regular otras formas de explotación de áreas e instalaciones portuarias no previstas en la legislación. Actualmente, la agencia solo tiene el contrato de arrendamiento para la ocupación de las instalaciones portuarias.
Además, el presidente Jair Bolsonaro firmó el pasado 11 de agosto de 2020 el Proyecto de Ley para fomentar el transporte marítimo de cabotaje en el país a fin de entregarlo formalmente al Congreso para su debate y posterior aprobación por la Cámara. El objetivo de la norma es modernizar y aumentar la carga movilizada en el sector. El proyecto, fue nombrado por el gobierno brasileño como “BR do Mar”. De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura, el proyecto, remitido con urgencia al Congreso, modifica las reglas sobre el flete de embarcaciones y el tipo de contratación de transporte marítimo y propone que las empresas con flota nacional puedan fletar barcos con bandera extranjera, para así reducir los costes operativos. La propuesta también establece nuevas reglas para que las empresas más pequeñas sin embarcaciones propias puedan fletar barcos con bandera extranjera.


Finalmente, es necesario hacer referencia a la movilidad urbana. Resulta un problema recurrente en las grandes ciudades de Brasil. De hecho, São Paulo y Río de Janeiro son dos de las ciudades con mayores problemas de tráfico en el mundo. En los últimos años, se han puesto en marcha diferentes proyectos (metro, tranvía, buses de carril único, etc.) para mejorar el transporte urbano en éstas y otras ciudades (Salvador, Brasilia, Porto Alegre, Curitiba, etc.). Sin embargo, los proyectos han encontrado diferentes problemas en su desarrollo: un gran número de ellos ha sufrido atrasos, cuando no paralizaciones, lo que ha comprometido la culminación de los mismos.
En conclusión, Brasil es sin duda un país de oportunidades en el sector de infraestructuras de transporte al tiempo que mantiene ciertas dificultades para cubrir dichas carencias, lo que hace necesario un profundo análisis antes de embarcarse en un proyecto de internacionalización.
Energía
En febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía (MME) lanzó el Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE 2029). Según el documento, las inversiones en infraestructura energética para abastecer la expansión necesaria hasta 2029 pueden alcanzar los 2,3 billones de reales (unos 420 mil millones de euros). Del total de inversiones, el 77,4% será absorbido por el sector de petróleo y gas. El área de generación y transmisión de energía eléctrica representará el 19,6%, incluida la generación distribuida. El 3% se utilizará para aumentar la oferta de biocombustibles.
El PDE tiene por objetivo principal indicar las perspectivas de expansión del sector energético en el horizonte de diez años, dentro de una visión integrada de las diversas fuentes de energía.
Los estudios indican que la Oferta Interna de Energía (OIE) la energía necesaria para mover la economía, alcanzará los 380 millones de tep (Mtep - millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 2029, lo que dará como resultado un crecimiento del 2,9% al año. De esta cantidad, las fuentes renovables pueden alcanzar una participación del 48% en 2029, lo que mantiene a Brasil en el compromiso firmado en el Acuerdo de París para mantener una economía baja en carbono y promover una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética.
Con respecto a la transmisión de energía eléctrica, se espera que las inversiones totales alcancen alrededor de 103,7 mil millones de reales (18.960 millones de euros) durante el periodo 2020-2029. El PDE prevé un aumento de 55,8 mil km en las líneas de transmisión, y un aumento de 172 GVA en la capacidad de transformación.
Brasil posee al mismo tiempo una gran demanda de energía difícil de satisfacer y altos índices de energía desaprovechada.
Ante esta situación de desaprovechamiento de energía, el gobierno brasileño cuenta con un marco legislativo con medidas para avanzar hacia un sistema energético más eficiente. Además de la creación de programas y leyes, el lanzamiento de planes nacionales es una medida importante para apoyar la planificación y ejecución de medidas de conservación de energía. De entre los planes del gobierno, se destaca el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que afecta a todos los sectores.
El Plan Nacional de Eficiencia Energética comprende las acciones que se deben llevar a cabo para aumentar la conservación de energía en los sectores industrial, de transporte, construcción y alumbrado público, entre otros. Entre las medidas para el sector industrial, el PNEf enfatiza la necesidad de modernizar la industria a través de la adopción de incentivos fiscales para el reemplazo de equipos ineficientes.
En mayo de 2020, el presidente Jair Bolsonaro firmó el Decreto Nº 10.350 que aprueba un paquete financiero denominado Conta-Covid con el objetivo de apoyar a los distribuidores de electricidad para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus en el sector, cuyas empresas recibirán préstamos de los principales bancos comerciales y el BNDES.
La financiación será administrada por la Cámara de Comercio de Energía Eléctrica (CCEE), y servirá para aliviar las deudas de las principales empresas distribuidoras cubrir sus déficits o anticipar los ingresos de los distribuidores para reducir los efectos de la crisis hasta final del 2020. El monto total de financiación será definido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), que también será responsable de la atribuir un límite mensual de fondos para cada una de las empresas distribuidoras.
Para el sector del transporte, se propone el cambio efectivo de la matriz brasileña actual hacia un modelo mixto de carretera, ferrocarril y vía fluvial (multimodal). Además de la diversificación de la red de transporte, se aborda la necesidad de promover el desarrollo tecnológico para mejorar los motores de los vehículos. Otro punto a destacar es la expansión del Programa Brasileño de Etiquetado de Vehículos (PBE) a un mayor número de modelos de vehículos.
En cuanto al uso de energía en edificios, de acuerdo con el PNEf, es necesario invertir en capacitación técnica de profesionales de la construcción en el área de eficiencia energética. La certificación energética se hizo obligatoria para los edificios públicos federales en el año 2014.
Para el alumbrado público, se aborda la necesidad de una mayor aplicación del Programa Nacional de Alumbrado Público y Señales de Tráfico (PROCEL Reluz). Este programa tiene como objetivo implementar medidas de eficiencia energética en varios sistemas de alumbrado público, entre éstas destaca la conversión a un sistema de iluminación LED.

Según datos del Ministerio de Minas y Energía, las energías renovables, - hidráulica, eólica, solar y bioenergía-, alcanzaron el 46,1% de participación en la Matriz de Demanda Total de Energía de 2019 aumentando 0,6 puntos porcentuales en relación al indicador de energía. 2018. El indicador brasileño representa tres veces el mundo (por detrás de China y Estados Unidos). La demanda total de energía alcanzó los 294 millones de TEP, mostrando un crecimiento del 1,4% con respecto a 2018, por encima de la tasa del PIB (1,1%) y representando el 2% de la energía mundial. La energía solar creció un 92% y la eólica un 15,5%, fuentes que en conjunto contribuyeron con el 50% del incremento de la participación de las renovables en la matriz. Estos indicadores son parte de la Revista Energética Brasileña de 2020, teniendo como fuente de datos el Balance Energético Nacional del año base 2019 (edición 2020), concluido por la Compañía de Investigación Energética, con la cooperación del Ministerio de Minas y Energía y Empresas y Agentes del Sector Energía.

Del desarrollo del sector energético en 2019 llaman la atención tres resultados importantes: crecimiento del consumo de los hogares, renovabilidad y seguridad.
 

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

En 2015 se comenzó a utilizar la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua (PNADC en sus siglas en portugués) que publica el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), iniciando la serie homogénea en 2012.

Como resultado de la crisis económica de los dos últimos años, la tasa de desempleo ha sufrido un crecimiento acentuado desde diciembre de 2014, cuando se situaba en 6,5%, alcanzando en el cierre de 2015 el 9% y en el cierre de 2018 el 12,2%, según los datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua (PNADC), lo que supuso cerrar el año 2016 con 12 millones de desempleados. La cifra siguió aumentando y en 2017, la tasa de paro cerró en el 11,8%, superando los 12,3 millones de parados. En 2018 y 2019, sin embargo, el mercado laboral ha ido mejorando después del pico de marzo (13,1%), aunque muy lentamente, cerrando 2018 en 11,6% y en 11% en 2019. Mientras que la media anual fue del 12,3% en 2018 y de 11,8% en 2019.

 Ya en 2020, la tasa de paro medía anual hasta junio se ha situado en el 12,3%. Como  consecuencia de la crisis del coronavirus, la tasa de paro en el trimestre móvil finalizado en junio, se situó en el 13,3%, aumentando en 1,1 p.p. en relación al trimestre precedente y aumentando 1,3 p.p. en relación al mismo trimestre móvil del año anterior (12,0%). La población desocupada alcanzó los 12,8 millones de personas en el trimestre móvil abril-junio, lo que supuso una disminución de 59.000 personas menos con respecto al trimestre móvil precedente. No obstante, en la comparativa interanual, el indicador presentó un ligero incremento de 25.000 personas frente al mismo trimestre del año anterior (12,8 millones de personas desocupadas).

Según el Índice de Economía Sumergida (IES), del Instituto Brasileño de Ética Competitivo (ETCO) y del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas (FGV/IBRE), en el ejercicio 2018 la economía informal (producción de bienes y servicios no informada al gobierno deliberadamente) aumentó tres décimas con respecto a 2017 (16,9% del PIB), alcanzando el 17,2% del PIB, lo que significa que el mercado informal habría gestionado en torno a 1.173.000 millones de reales en 2018. Ya en 2019, la gestión del mercado informal habría sido de 1.232.000 millones de reales, alcanzando un 17,3% del PIB.

 

En 2018, el número de desempleados fue de 12,1 millones. El trabajo informal llegó a 38,6 millones de personas, el 62% del total de empleados, un ligero aumento sobre 2017 (60,5%), lo cual confirma la tendencia de crecimiento del trabajo informal con respecto al formal. En 2019, con un número de desempleados de 11,9 millones, la economía informal avanzó por quinto año consecutivo, aunque a un ritmo más lento que el año anterior. El trabajo informal llegó a 38,8 millones de personas, lo que supone un aumento del 6% frente a 2018, y representa un total de 41% del total de personas empleadas. El segundo trimestre de 2020, cerró con un 36,9% de tasa de informalidad, lo que supuso un total de 30,8 millones de personas, siendo el menor resultado de la serie histórica iniciada en 2019. Este resultado supone una reducción de 6.038.000 personas que trabajaban de forma informal con respecto al trimestre anterior.

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PIB per capita y distribución de la renta

El PIB per cápita en Brasil ascendió en 2018, según las estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en torno a los 32.800 reales. Según los datos del Banco Mundial la renta per cápita ascendió en 2018 a 9.140 dólares, frente a los 8.670 dólares de 2017, lo que supone un crecimiento del 5,4%. En 2016, la renta per cápita se situó en 8.930.

Según la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua (PNAD Continua), en 2019, el 10% de la población con mayor ingreso tenía el 42,9% de la masa salarial del país disminuyendo en 0,2 p.p. con respecto a 2018 en el que el 10% ostentaba el 43,1% de la masa salarial, por su parte, el grupo del 10% con menores ingresos ostentó el 0,8% de la masa salarial en 2019, presentando estabilidad con respecto al año anterior.

Las personas que formaban parte del grupo del 1% de la población brasileña con mayores ingresos recibían de media 28.659 reales en el 2019 (6.498 euros) al año en 2019, mientras que en 2018 esa cantidad era de 27.744 reales (6.284 euros) al año en 2018 y en2017 esa cantidad ascendió a 25.593 reales (5.797 euros). Ese valor es 33,7 veces mayor que el rendimiento medio del 50% de la población con menores ingresos, unos 850 reales (193 euros) en 2019, superior al dato de 2018 de 820 reales (134 euros).

El índice de Gini, publicado por el Banco Mundial, que mide la desigualdad en la distribución de la renta (siendo 0 igualdad y 1 desigualdad máxima) fue de 0,539 en 2018, frente al resultado de 0,533 mostrado den 2017, lo que continua una tendencia a la alza desde 2015, cuando el índice tocó el mínimo de 0,519. En el ranking mundial, Brasil ocupa el 9º puesto por orden de desigualdad, de entre la muestra de 189 países.

Por su parte, la Pnad Continua, publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), situó el Índice de Gini de Brasil para 2019 en 0,543, mejorando el resultado del 2018 cuando el índice se situó en 0,545, año en el que el aumento de la informalidad en el empleo(estimado en 35,4 millones de personas en 2018) provocó un aumento del índice con respecto al año 2017 en el que el índice se situó en 0,538. En el análisis por estados, el índice de Gini empeoró en 13 de los 27 estados en 2019, frente a 2018, año en el que empeoraron 18 de los 27 estados con respecto a 2017. El estado con la mayor desigualdad fue Sergipe, con un índice de 0,580. Mientras que la brecha más pequeña entre ricos y pobres se registró en Santa Catarina, con un resultado de 0,422.

En Brasil, el rendimiento medio mensual real per cápita fue de 2.166 reales (382 euros aproximadamente) en 2019. Las regiones con menor ingreso per cápita fueron las del Norte, con 1.601 reales (364 euros) y Nordeste, con 1.510 reales (343 euros), mientras que la de mayor ingreso per cápita fue la región del sudeste, con 2.645 reales (601 euros aproximadamente). El salario mínimo en 2018 fue de 954 reales, en 2019 de 998 reales, y se ha elevado en 2020 a 1.045 reales (174 euros).

Aún en 2018, el 13,7% de los domicilios brasileños recibían ayudas del Programa Bolsa Familia, una participación que permanece al mismo nivel de 2017  (13,7%). El ingreso medio mensual real per cápita de los domicilios que recibían esta ayuda era de 341 reales (unos 60 euros). El programa consiste en la transferencia de renta por parte del Gobierno Federal a las familias en situación de pobreza en Brasil. Su principal objetivo es garantizar el derecho a la alimentación y acceso a la educación y sanidad.

En la siguiente tabla se muestra el rendimiento medio mensual de las diferentes regiones del país en reales brasileños.         

             Rendimiento medio mensual real en reales

Región

2017

2018

2019

Norte

1.587

1.711

1.601

Nordeste

1.475

1.465

1.510

Sudeste

2.551

2.662

2.645

Sur

2.459

2.485

2.499

Centro-Oeste

2.521

2.521

2.498

Brasil

2.185

2.247

2.244

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Agosto 2020.
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101709_informativo.pdf

Como puede observarse, la región Sudeste, formada por Minas Gerais, Espíritu Santo, Rio de Janeiro y São Paulo, obtuvo el mayor rendimiento medio en 2017, 2018 y 2019. Mientras que, en los tres años estudiados, la región Nordeste fue la que obtuvo un menor rendimiento, alcanzando los 1.510 reales en 2019, dato ligeramente superior al resultado de 2017, que fue e 1.475 reales y al resultado de 2018, que fue de 1.465 reales. .

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus el Instituto Brasileño de Geografía e Historia (IBGE) ha desarrollado la primera encuesta nacional de domicilios enfocada en conocer los efectos del COVID-19 sobre el trabajo y el impacto de las diferentes medidas del gobierno brasileño para reducir dichos efectos.

Desde su primera publicación semanal (del 3 al 9 de mayo de 2020), hasta su última publicación (del 7 al 15 de agosto), los datos muestran un incremento de la tasa de desocupación, pasando del 10,5% a principios de mayo de 2020, hasta un 13,3% a mediados de agosto de 2020, lo que ha supuesto un incremento de 2,8 p.p. en el periodo analizado, así mismo, en el periodo analizado, el número de personas que no buscaron trabajo por culpa de la pandemia de coronavirus pasó de 19,1 millones de personas a 17,7 millones de personas, lo que corroboraría los intentos del gobiernos para reabrir la economía. En esta misma línea, y como consecuencia de la relajación de las medidas de distanciamiento social, el número de personas que perdieron su trabajo como consecuencia del coronavirus descendió desde los 19,8 millones de personas hasta los 5,2 millones de personas, lo que ha supuesto un descenso en el periodo en 14,6 millones de personas, mientras que el número de personas que teletrabajan disminuyó ligeramente desde los 8,6 millones de personas hasta los 8,3 millones de personas.

En este contexto, se estima que en mayo de 2020 el rendimiento medio real descendió en 421 reales brasileños, pasando de 2.320 reales a 1.899 reales y que el número de personas que perdieron su trabajo sin remuneración como consecuencia de la pandemia de coronavirus fue de 9,7 millones de personas. Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe destacar que la ayuda de emergencia del gobierno brasileño para combatir el impacto de la pandemia de coronavirus en el conjunto de las familias brasileñas alcanzó al 38,7% de los hogares brasileños en mayo de 2020, con un importe medio de 847 reales.

Un estudio reciente del Centro de Políticas Sociales de la Fundação Getulio Vargas (FGV Social), muestra que, hasta julio del 2020, 13,1 millones de brasileños habían dejado el grupo de personas con renta per cápita por debajo de la mitad del salario mínimo (522,5 reales), en gran parte, por medidas como la ayuda de emergencia. 

 

Aunque la ayuda de emergencia de 600 reales ayudó a los más vulnerables a enfrentar las turbulencias, y ha sacado a buena parte de la población de la zona de pobreza en lo que llevamos de 2020, la situación empeorará en 2021; las estimaciones preliminares sugieren que se espera que al menos 10 millones de personas regresen a los niveles de ingresos más bajos el próximo año, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Algunas de las medidas del gobierno brasileño destinadas a mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus a corto y medio plazo sobre la pobreza y el empleo son de carácter social, como el adelanto de las pensiones pagaderas en agosto, la implantación de la ayuda de emergencia mencionada anteriormente, la anticipación de un salario mínimo por parte del sistema nacional de la seguridad social de todo trabajador afectado por enfermedad o la paralización de los cortes de suministro de electricidad y los desahucios como consecuencias de impagos hipotecarios. Otro tipo de medidas son de carácter laboral, como las destinadas a la preservación del empleo, entre las que destacan la reducción de salarios hasta un máximo del 70% o en su defecto de las horas hábiles de ciertos empleados, cuya remuneración será sustituida por una parte equitativa de los fondos del programa federal de ayuda al desempleo y la congelación y reajuste del salario de gran parte de los funcionarios públicos.

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Sector primario

Brasil dispone de abundantes recursos naturales y su economía está relativamente diversificada. Es el tercer exportador mundial de productos agrícolas, liderando las exportaciones de café, soja, carne bovina y de pollo, zumo de naranja y azúcar.
Los cinco principales grupos en las exportaciones del agronegocio brasileño en 2019 fueron: soja (32.627 millones de dólares estadounidenses), seguido de carne-bovina y de pollo- (16.302 millones de dólares), maíz (7.756 millones de dólares), azúcar (5.172 millones de dólares), y café (5.115 millones de dólares).
La aportación de la agricultura al PIB es relativamente escasa: en el año 2019 solamente representó el 5,2% del PIB brasileño, aun así, supuso un 1,3% más que el año anterior. Las condiciones climáticas favorables asociadas a las mejoras de precios en el momento de la siembra contribuyeron al crecimiento de la producción de algunos cultivos, especialmente el maíz, que creció en un 23,6%.
Durante el año 2019, se esperaba un aumento de la producción del sector primario del 9% respecto al 2018, consiguiendo finalmente crecer solo un 3,8%. El agronegocio, responsable de la integración de diversos sectores de la economía brasileña, incluye la producción de insumos, la producción primaria, la transformación de las materias primas agropecuarias y forestales, la distribución de los productos en los mercados y los demás servicios de apoyo. El superávit en el sector primario en el año 2019 fue un 19,6% inferior al del 2018.
La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) estimaba, a principio de año, que el PIB de la agricultura y la ganadería brasileña crecerían entre un 3% y un 4% en 2020, respaldado por la recuperación de la producción de soja y por los avances en las cadenas de producción de carne de res y cerdo. Las estimaciones y proyecciones de la CNA en mayo de 2020 señalan que el PIB de agricultura y ganadería brasileña aumentará en 2020 un 11,8% en comparación con 2019.

El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP) en lo que va de 2020, según datos actualizados en mayo, se estima en 131,2 mil millones de dólares americanos, un 8,5% superior al obtenido en el mismo periodo de 2019 (120,9 mil millones de dólares). La cifra ha sido un récord desde que comenzó la serie histórica en 1989. Los cultivos subieron un 11%, con 87,6 mil millones de reales, y la ganadería tuvo 43,6 mil millones de reales, un aumento del 3,9% con respecto al año pasado..
Brasil cuenta con el mayor volumen de ganado comercial del mundo y es el segundo mayor productor mundial de carne de vacuno, el tercero de carne de pollo y el primer exportador mundial de estos dos productos. Cuenta con 162 millones de hectáreas de pastos (área que tiende a expandirse, en muchas ocasiones, mediante la deforestación ilegal) y posee la segunda mayor cabaña de ganado vacuno del mundo, siendo responsable del 23,2% del rebaño mundial, con 232,5 millones de cabezas, una cifra mayor que el número de habitantes de Brasil. Este sector tiene algunos problemas, como la baja productividad (derivada del carácter extensivo de las explotaciones), la deforestación ilegal (con el fin de ampliar el área de pastos) y los exigentes controles de calidad de otros países.
Pese a contar con 7.491 kilómetros de litoral y el 12% del agua dulce del planeta, el sector pesquero en Brasil está poco desarrollado. Según la FAO, la pesca no crecerá tanto como la agricultura en los próximos años. La producción total de peces de la región (acuicultura + capturas) registrará 16,2 millones de toneladas en 2025, un 12,6% más que el nivel alcanzado en 2013-15. Esta situación podría explicarse por varios factores, como una flota pesquera pequeña y envejecida (35-40 años). Por otra parte, el consumo de pescado per cápita en Brasil, según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) fue de 9,5 kg, por debajo de los 12 kilos por persona y año aconsejados por la OMS.
A pesar de liderar las exportaciones mundiales de diversos productos y estar entre los mayores proveedores de otros, Brasil puede conquistar más espacios en el comercio de productos agroindustriales. El Ministerio de Agricultura ve grandes oportunidades para la expansión de las exportaciones del sector, incluso con el aumento de la pauta de productos exportados. En cuanto a los avances tecnológicos, a los cambios que ya introdujo en el sistema de cultivo y de gestión de la producción, responsables por el notable aumento de la productividad en los últimos años, hay que añadir otras, para desarrollar nuevas habilidades del agronegocio. En un mundo cubierto por un diluvio de información para la agricultura, el gran desafío es captar datos importantes y producir tecnología con resultado. Coger e interpretar una inmensa variedad de datos y utilizar a su favor las nuevas y sofisticadas herramientas disponibles es parte de ese desafío.
Desde 1995, Brasil cuenta con varios programas de desarrollo del mundo rural, como el Plan Agrícola y Ganadero, también conocido como el Plan Safra e impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA). La agricultura familiar es un segmento importante para el desarrollo de Brasil. Son aproximadamente 4,4 millones de familias agricultoras, lo que representa el 84% de los establecimientos rurales brasileños y es responsable de la producción de más del 50% de los alimentos de la cesta básica brasileña, siendo un importante instrumento de control de la inflación.
Por este motivo, el gobierno ha apostado por el Plan Safra 2019/2020, ahora plurianual, que reafirma el compromiso del Gobierno Federal en la ampliación de la producción de alimentos y en la garantía de crédito más barata para aquellos que producen la comida que llega a la mesa de los brasileños. Cabe destacar que el presupuesto del Plan Safra 2019/2020 alcanza los 41,24 mil millones de euros. Con más políticas públicas para el rural brasileño, los agricultores familiares han conquistado seguridad, respeto y autonomía.
El Gobierno Federal aprobó en el mes de junio de 2020, el Plan Safra 2020-2021, que alcanza los 39,63 mil millones de euros, para apoyar la producción agrícola nacional. Estos recursos garantizarán la continuidad de la producción en el campo y el suministro de alimentos en el país durante y después de la nueva pandemia de coronavirus. A partir del 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, los productores podrán financiar la adquisición de Cuotas de Reserva Ambiental (CRA), una medida aprobada por el Consejo Monetario Nacional. La medida consiste en otorgar unos títulos equivalentes a áreas de cobertura natural que excedan la Reserva Legal (RL) de una propiedad y que podrán usarse para compensar el déficit de RL de otra área.
También en el mes de junio de 2020, el Ministerio Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), publicó el Plan de Inversiones para la Agricultura Sostenible. El Plan busca estimular el desarrollo de un mercado de “bonos verdes” para el sector agrícola y la incorporación de prácticas de tecnología sostenible en Brasil, con el objetivo de atraer inversores extranjeros para financiar la agricultura brasileña y fortalecer una imagen de sostenibilidad en el país. Los bonos verdes, o "green bonds", son títulos de deuda emitidos por empresas y productores y adquiridos por inversores. Estos fondos se utilizan para financiar proyectos y activos con un impacto ambiental y social positivo. Entre los inversores se incluyen entidades financieras y no financieras, fondos de inversión, inversores corporativos, las plataformas de inversión family offices y gestores de activos.
El documento se redactó tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Climate Bond Initiative (CBI), uno de los certificadores de bonos verdes más influyentes del mundo que creó un protocolo específico para la agropecuaria brasileña, y el MAPA, en noviembre del año pasado. En él se presenta un panorama actual del sector, las oportunidades de inversión en Brasil y demuestra cómo los bonos verdes pueden financiar la agricultura sostenible en el país.
Para adaptarse a este nuevo mercado, los productores deberán adaptar su actividad a los parámetros de la etiqueta, lo que podrá generar un incremento de costes.

Además, la versión preliminar del Plan Estratégico 2020-2027 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) resume la misión, la visión de futuro, los valores y estrategias organizacionales del Mapa para el período, destacando: (i) Plan de Acción para el Nordeste – Agronordeste; (ii) Programa Nacional de Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en Cuencas Hidrográficas – Aguas de Agro; (iii) Programa de Modernización y Fortalecimiento de Defensa Agropecuaria; (iv) Promover la Ampliación de la Producción Forestal Sostenible; (v) Promoción de la Imagen de la Agropecuaria Brasileña en los Mercados Internacionales; (vi) Producir Brasil; (vii) Observatorio de Agropecuaria Brasileña; (viii) Vigilancia y Defensa Agropecuaria para Fronteras Internacionales; (ix) Innovación y Valor Agregado para el Medio Productor Rural; (x) Aguas del Gobierno para Fines de Acuicultura; (xi) Investigación, Desarrollo e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura Brasileña – Innova Embrapa; (xii) Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en la Amazonia Legal – Fortaf Amazonia Legal; (xiii) Programa de Autocontrol; (xiv) Residencia Agrícola Profesional (xv) Programa de Agro Gestión Integrada de Riesgos, Programa Agir; (xvi)Programa de Control de Tierras. La agricultura y la ganadería son consideradas, cada vez más, un sector estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta propensión exportadora, como por su importancia como empleador en áreas rurales.
 

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Sector secundario

 La época de oro de la industria brasileña comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y se prolongó hasta las crisis petroleras de los años 70 (1973 y 1979). Precisamente, la crisis del petróleo marcó el inicio del deterioro económico del país en su historia económica reciente. Durante esa época de crecimiento, Brasil se transformó en un país industrial, con unas tasas de crecimiento de la industria por encima del crecimiento del PIB, gracias a la política de sustitución de importaciones. A partir del Plan Collor (plan de estabilización de la economía, de 1990) Brasil empezó a abrirse al exterior, lo que generó la desaparición de muchas empresas ineficientes que no se adaptaron a las exigencias de mayor competitividad que demanda un mercado abierto. Fue una época de profunda transformación a la que siguió el Plan Nacional de Desestatalización, por el que se privatizaron la mayoría de empresas estatales siderúrgicas, petroquímicas, y de telecomunicaciones, entre otras.
Según el «Índice de Competitividad Global» del World Economic Forum, Brasil se sitúa, en 2019 como la 71ª, de 140, economía más competitiva. Dicha posición supone una mejora de 1 posición respecto al año anterior, 9 posiciones con el año 2017, 10 posiciones respecto a 2016 y 4 en comparación con 2015. Las principales fortalezas, según el World Economic Forum, son el tamaño de mercado, según el PIB y el porcentaje del total de las importaciones sobre el mismo, situándose en décima posición y la innovación, 40ª del mundo. Sin embargo, las debilidades más importantes son la escasa integración de las políticas públicas y la falta de coordinación entre el sector público y privado. Dichas debilidades comprometen el crecimiento económico y la generación de empleo y renta.
El porcentaje del sector industrial sobre el PIB brasileño ha disminuido en los últimos años desde el 27,1% en 2007 al 21,2% en febrero de 2020, siendo que en los últimos 12 meses la actividad industrial ha caído en un 1%.
A pesar de esto, según los datos sobre producción industrial nacional publicados en abril por el IBGE (PIM-PF), en enero de 2020 la producción industrial aumentó un 0,9% en comparación con diciembre de 2019 y un 0,5% intermensual en febrero de 2020, acumulando una expansión del 1,6% en los dos primeros meses de 2020 interrumpiendo dos meses de tasas negativas consecutivas. En la expansión de la actividad industrial, las influencias positivas más importantes fueron de maquinaria y equipos (11,5%), vehículos automotores, remolques y carrocerías (4,0%), metalurgia (6,1%), productos alimenticios (1,6%) y productos derivados del petróleo y biocombustibles (2,3%). Otras contribuciones positivas relevantes vinieron de productos farmacéuticos y químicos (6,2%), artículos de cuero, artículos de viaje y calzado (6,5%).Entre 2007 y 2019, la industria de transformación brasileña se ha visto afectada negativamente, pasando su participación en la industria del 16,6% en 2007 al 11,1% en 2019.

La actividad industrial aumentó un 8,9% intermensual en junio de 2020, con su tasa mensual más alta desde junio de 2018 (12,5%) y mostrando un crecimiento por segundo mes consecutivo. Aun así, la producción industrial acumula una la caída del 26,6% en el período marzo-abril de 2020. En el resultado de junio, hubo un comportamiento diseminado positivo, explicado por el aumento del ritmo de producción, tras la profundización de los paros ocurridos en varias plantas industriales en marzo y abril, debido a la pandemia COVID-19. Incluso con el desempeño positivo más fuerte de este mes, el sector industrial sigue estando un 27,7% por debajo del nivel récord alcanzado en mayo de 2011.
Esta evolución se debería a una serie de factores, como la evolución del tipo de cambio, la competencia internacional y el denominado “coste Brasil”, que se refiere a los costes relacionados con temas como la excesiva burocracia, el complejo sistema tributario o la deficiencia en las infraestructuras, entre otros. A ellos se deben añadir factores que afectan a la productividad, como la baja capacidad de incorporar tecnología o la baja calidad en la formación.
Es fundamental renovar las estrategias y redoblar los esfuerzos para revertir el proceso de desindustrialización acelerada por la que pasa el país. No es posible imaginar que Brasil pueda volver a crecer y prosperar sin una elevación significativa de la productividad. Para alcanzar un nuevo nivel de productividad, la industria y el país necesitan trabajar en una amplia agenda para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que se presentan.
Por estas razones, el Gobierno de Jair Bolsonaro ha continuado con las directrices iniciadas por el Gobierno de Michel Temer, anunciando la adopción de una serie de reformas económicas, sociales y de atracción de inversiones y de estímulos de la economía, con el objetivo de generar confianza en los mercados y superar la situación actual. Entre estas medidas cabe destacar que el Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que ya ha adjudicado y realizado 172 proyectos en 4 años.
Debido a la situación de pandemia causada por Covid-19, el Ministerio de Economía ha puesto en marcha multitud de medidas que se resumen en la web del ministerio en la sección denominada Vamos Vencer: Medidas de Apoio ao Setor Produtivo. Las subsecciones en las que se dividen las medidas de apoyo son; (i) industria de medio y gran porte; (ii) industria de pequeño porte; (iii) comercio de medio y gran porte; (iv) comercio de pequeño porte; (v) servicios de medio y gran porte; (vi) servicios de pequeño porte.
En resumen, estas medidas han ascendido a la desburocratización de los trámites, para facilitar el flujo de bienes y servicios; medidas excepcionales y temporales para el mantenimiento de empleos y salud, durante la situación de pandemia; línea de crédito para pequeñas y medianas empresas con la garantía del Fondo de Garantía de Inversión (FGI); tarifa 0 en el Impuesto de Operaciones Financieras (IOF) en operaciones de crédito hasta julio de 2020; extensión del plazo para las exportaciones en el régimen de drawback; reducción temporal del Impuesto de Importación (II) para productos relacionados con la lucha contra Covid-19; eliminación de licencias en la importación de Secex, Inmetro y Anvisa para productos esenciales.
Industria Siderúrgica
El parque siderúrgico brasileño se encuentra representado por 16 empresas privadas en 10 estados brasileños, actualmente se compone de 32 plantas administradas por 12 grupos empresariales: Aço Verde do Brasil, Aperam, ArcelorMittal Brasil, CSN, CSP, Gerdau, SINOBRAS, SIMEC, Ternium, Usiminas, , Vallourec & Mannesmann Tubes, Villares Metals e Votorantim.
La producción de acero bruto en 2019 fue de 32,24 millones de toneladas, lo que representa un decrecimiento del 8,96% en comparación a 2018. En los primeros seis meses de 2020, las ventas internas cayeron un 10,5% semestralmente, con una mayor retracción observada en los productos planos (-14,5%), que involucran láminas y bobinas para la industria automotriz y manufacturera. En productos largos, destinados a la construcción civil, la caída fue del 5%.

En los primeros seis meses de 2020, la producción fue de 14,2 millones toneladas, que representa una caída en 17,9% comparado con el mismo periodo del año anterior. La producción de laminados fue de 21,2 millones de toneladas, una disminución del 2,65% frente al año anterior. Durante los cinco primeros meses de 2020, la producción de laminados fue de 8,5 millones de toneladas, 13,4% más bajo que registrado en el mismo período de 2019. En cuanto a los semiacabados, las ventas fueron 3,3 millones de toneladas de enero a mayo 2020, un 11,4% de reducción en el mismo base de comparación.
El consumo aparente nacional de productos siderúrgicos fue de 9,3 millones de toneladas en el acumulado hasta junio 2020, que representa una reducción del 10,5% en comparación con los primeros seis meses de 2019. .Las exportaciones en volumen totalizaron 6.147 millones de toneladas, un 8,1% menos que en el primer semestre del año pasado, mientras que las importaciones, por un total de 1.044 millones de toneladas, cayeron un 17%. Por su parte, las importaciones se han reducido un 21,7% en comparación con mismo periodo del año anterior, totalizando 854 mil toneladas en el acumulado del primer semestre de 2020.
Industria Automovilística
Aunque General Motors y Ford contaban con plantas de ensamblaje en Brasil desde los años 20, la industria automovilística brasileña nació en 1956 con el gobierno de Juscelino Kubischek y su política industrial de “sustitución de importaciones”, también conocido como Plan de Metas. Fue entonces cuando grupos como VolskWagen, Mercedes Benz, Ford, General Motors, Scania, Willys o SIMCA comenzaron a establecerse en torno a Sao Paulo (el denominado «ABC paulista», que incluye los municipios de Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul). Posteriormente, se extendieron a otros estados (FIAT a Minas Gerais o Volvo a Paraná). En 1960, Brasil comenzó a exportar su producción a países vecinos, lo que produjo que se instalasen en Brasil nuevos fabricantes, como Chrysler, Farmann Ghia, Toyota, Ford tractors, Massey Ferguson, Valmet, etc. A finales de esa década, la industria de automoción se había convertido en una de las más importantes del país.
Actualmente, están presentes 31 fabricantes de vehículos con 64 fábricas en Brasil, que se diseminan por once estados, empleando a 1,3 millones de personas, directa e indirectamente
De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), las ventas del sector del automóvil, en el primer semestre de 2020, presentaron un descenso del 3,2% en comparación con el mismo periodo de 2019. Después de alcanzar el mejor resultado en 5 años, con un crecimiento del 8,7% en 2019, el sector de vehículos ha comenzado 2020 con una ligera caída. En la comparación mes a mes, con respecto a diciembre de 2019 la caída ha sido mayor, del 26,3%.
2020 comenzó con una previsión de crecimiento en producción y venta de automóviles en Brasil, basadas en la expectativa del crecimiento del PIB Brasileño en este año. La pandemia del COVID19, sin embargo, va a afectar fuertemente a la economía global, impactando negativamente al PIB brasileño y a las previsiones de crecimiento de la industria. En este contexto, producción automotriz cayó un 99% intermensual en abril y alcanzó el nivel mensual más bajo desde la aparición de industria en 1957. Desde el comienzo de la serie histórica de la industria no hubo un mes con una producción tan baja como abril 2020, según las cifras publicadas por la Asociación Nacional de Fabricantes de vehículos de motor (Anfavea). Con casi todas las fábricas cerradas a lo largo del mes, solo se produjeron 1.847 vehículos, incluidos automóviles, vehículos comerciales ligeros, camiones y autobuses, una caída del 99% respecto al mes anterior y 99,4% sobre abril del año pasado. Además, se produjeron 1.752 máquinas autopropulsado, 59% menos que en marzo. El sector de maquinaria agrícola es considerado esencial por el gobierno federal incluso en un período de pandemia, ya que ayuda mantener el nivel de cosecha en el sector rural.
La fuerte caída en la producción fue acompañada por reveses igualmente dramáticos en ventas al mercado interno y exportaciones. La licencia de vehículos, de 55,700 unidades fueron 76% más bajas que en abril de 2019, el peor resultado en 20 años.
El segmento de camiones disminuyó 53,5% en el mismo período, y el segmento de maquinaria cayó 23,9%. Las exportaciones, por otro lado, cayeron un 79,3% para vehículos (el peor volumen desde Enero de 1997) y 62,1% para máquinas, en comparación con el mismo mes del año pasado.
Los inventarios al final del mes fueron de 237,000 unidades entre fábricas y concesionarios, suficientes para cuatro meses de ventas al ritmo lento actual, que explica la dificultad de reanudar la producción en todas las fábricas. El unico indicador positivo es el nivel de empleos directos en la industria, que se mantiene en un nivel superior de 125 mil en la suma de los 26 asociados de Anfavea.
El sector del automóvil representa cerca del 22% del PIB Industrial del país, convirtiendo a Brasil en el octavo productor mundial de automóviles en 2019. Los puestos de cabeza del ranking los ocupan China, Estados Unidos y Japón.
Durante los años 2015 y 2016, los datos de la industria automovilística empeoraron en ambas ocasiones en relación con el año anterior como consecuencia, fundamentalmente, del descenso de la demanda interna debido a la crisis económica. Precisamente con la recuperación, las perspectivas del sector habían mejorado ligeramente de manera que en 2018, la industria automotriz brasileña volvió a crecer después de cuatro años de caída, alcanzando en 2019 su mejor año. El crecimiento ha sido vinculado a dos importantes factores, las mejores condiciones de financiamiento y la reducción del 30% de impuestos sobre los coches importados. La producción de vehículos de motor, remolques y carrocerías, que creció mensualmente un 43,9% en julio de 2020, impulsada, en gran parte, por el continuo retorno a la producción tras la interrupción por la pandemia. El sector acumuló una expansión del 761,3% en tres meses consecutivos de crecimiento de la producción, pero aún se encuentra 32,9% por debajo del nivel de febrero pasado.

La importancia del sector para la actividad brasileña no es despreciable. De hecho, el Gobierno puso en marcha en enero de 2013 el Programa Inovar-Auto que, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, proporcionó incentivos fiscales para que la industria local invirtiera en innovación y tecnología. En noviembre de 2016, la Organización Mundial del Comercio (OMC) consideró que el programa brasileño, basado en requisitos de contenido local, violaba las normas multilaterales de libre comercio, al discriminar frente a los vehículos importados. El 28 de septiembre de 2018, el gobierno brasileño presentó un recurso de apelación a la decisión de la OMC y el 3 de octubre, la Unión Europea contrapeló el recurso impuesto por Brasil.
El 13 de diciembre de 2018, el Órgano de Apelación de la OMC constató que los requisitos de habilitación como importador/distribuidor establecidos en el programa modifican desfavorablemente las condiciones de competencia para los productos importados en comparación con las de los productos nacionales similares, en contra de lo que establece el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y con el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC).
En paralelo, el Programa perdió su vigencia en diciembre de 2017, tal y como estaba previsto desde su creación (Ley 1275, de 17 de septiembre de 2012) de manera que con el objetivo de prorrogar el impulso del sector (apoyar el desarrollo tecnológico, la competitividad, la innovación, la seguridad vehicular, la protección al medio ambiente, la eficiencia energética y la calidad de los vehículos) el 10 de diciembre de 2018 el presidente de Brasil sancionó la Ley Nº 13.755/2018 por la que se establecen requisitos obligatorios para la comercialización de automóviles en Brasil y se crea el Plan Rota 2030 - Mobilidade e Logistica. Con esta medida, se ha implantado un régimen tributario para componentes de automóviles no producidos en Brasil.
En el Plan Rota 2030 se encuentran los objetivos de eficiencia energética para los próximos cinco años, y el aumento de la seguridad en los vehículos para reducir las muertes por accidentes de tránsito. El plan ha establecido un calendario obligatorio para que los fabricantes equipen sus vehículos con dispositivos de seguridad para 2030.
En septiembre de 2019, el Ministerio de Economía presentó la creación de un fondo de financiación de mil millones de reales (unos 183 millones de euros) para investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en los próximos 5 años, dentro del Plan Ruta 2030. Con el nombre de Programas Prioritarios, este fondo financiará proyectos en las áreas de eficiencia energética, seguridad y conectividad, que benefician a toda la cadena automotriz, incluidos no solo los fabricantes de automóviles, sino también los fabricantes de autopartes, olvidados en el plan Inovar-Auto anterior.
Además, el Plan Rota 2030 contempla incentivos fiscales de aproximadamente 343 millones de euros en los próximos 5 años. Los principales incentivos a las empresas que se adhieran al programa son:
Reducción del 10% del total de los gastos realizados en investigación y desarrollo en Brasil en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) y de la Contribución Social sobre el Beneficio Líquido (CSLL).
• En el caso de que la empresa realice inversiones en artículos considerados estratégicos, podrán tener una deducción adicional en el IRPJ y CSLL de hasta el 12,5%.
• Reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) aplicada sobre los vehículos híbridos flex en, al menos, tres puntos porcentuales en relación a los vehículos híbridos convencionales, de clase y categoría similares.
Por otra parte, la nueva legislación instituye el régimen tributario para la importación de piezas de automóviles, incluyendo neumáticos, sin producción en Brasil. Así, será concedida la exención del Impuesto de Importación (II) para las piezas sin producción nacional equivalente, siempre y cuando sean destinadas a la industria del automóvil.Industrias Agroalimentaria y Textil
La industria agroalimentaria y la industria textil son las más antiguas del tejido industrial brasileño, esta última con más de 200 años de antigüedad.
La industria brasileña de alimentación y bebida registró un crecimiento del 6,7% en ingresos en 2019, en comparación con 2018, alcanzando los 699,9 mil millones de reales (127,9 mil millones de euros aproximadamente), sumando exportaciones y ventas del mercado interno, según datos de la Asociación Brasileña de la Industria Alimentaria (ABIA).
Frente al desempeño de la industria nacional en su conjunto, que cayó un 0,8% en 2019, la industria alimentaria cerró el año con un crecimiento del 2,3% en ventas, alcanzando la mejor tasa de crecimiento desde 2013. Con respecto a la creación de empleo, la industria agroalimentaria creó 16,000 nuevos empleos directos en 2019, representando así, aproximadamente, el 23% de los empleos de la industria manufacturera del país.
La industria alimentaria procesa el 58% de toda la producción agrícola brasileña y convierte a Brasil en el segundo mayor exportador de alimentos procesados del mundo. El sector exportó a más de 180 países, que representaron el 19,2% de las ventas totales; sin embargo, en el balance total del año se aprecia que las exportaciones se han reducido en un 2,3%, siendo el principal factor la reducción en la demanda de azúcar al país. Otro punto destacado ha sido el considerable aumento de las exportaciones del sector a China, debido principalmente al aumento de la demanda de carne de cerdo. De enero a abril de 2020, el flujo comercial brasileño totalizó 123,4 mil millones de dólares americanos, solo un 2% más bajo que el registrado en el mismo período de 2019, que fue de 126,2 mil millones. La variación se considera una de las más pequeñas entre las veinte economías más grandes del mundo, el llamado "G20". El saldo comercial publicado por el Ministerio de Economía apunta, sin embargo, a una fuerte caída en la venta de productos y materias primas brasileñas a varias regiones del planeta en los primeros cuatro meses: las exportaciones a América del Norte cayeron un 18,5%, a América del Sur cayeron 21,2%, para Centroamérica y el Caribe cayó 57,1%, para Medio Oriente cayó 29,9%, para África cayó 1,5% y para Europa, cayó 3,5%. En contraste, las exportaciones brasileñas a Asia aumentaron 15,5% en el mismo período en comparación con los primeros cuatro meses de 2019. En otras palabras, a pesar del efecto del coronavirus proyectado en la demanda mundial, las exportaciones brasileñas a China crecieron 11,3%. Este aumento se debe, principalmente, a las exportaciones de soja, que crecieron un 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En 2020, si la economía brasileña creciera según las estimaciones realizadas antes de la pandemia del nuevo coronavirus, se produciría un aumento de entre el 2,5 y el 3,5% en la industria alimentaria.
En el sector textil, el último balance realizado por la Asociación Brasileña de Industria Textil y Confección (Abit), proyectaba el cierre de 2019 con un decrecimiento del 2% en la producción. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la producción textil se redujo en un 2,5% en el periodo enero-octubre de 2019 en relación a los datos del año anterior.
En comercio exterior, las exportaciones del sector crecieron en un 3,7 por ciento de enero a noviembre de 2019 en comparación con el mismo período en 2018. Las importaciones de ropa cayeron un 13,3 por ciento, mientras que las importaciones de materias primas crecieron un 1,4 por ciento y las de maquinaria y equipamiento crecieron un 6,5%.
Brasil puede considerarse la mayor cadena textil completa en Occidente ya que posee desde la plantación de algodón y producción de fibra hasta desfiles de moda, pasando por tejidos, procesamientos, ropa y una fuerte venta minorista. Existen 27 mil industrias del sector en Brasil, con un total de 1,5 millones de personas empleadas directamente, siendo el segundo que más emplea en la industria de transformación, por detrás del sector agroalimentario.
Las proyecciones para el año 2020, realizadas por la Abit antes de la crisis mundial generada por la pandemia del nuevo coronavirus erade crecimiento del 2,3% en la producción textil y un 3% en las ventas del mercado minorista interno. Se esperaba, además, un aumento del 4,1% en las exportaciones y un 2% en las importaciones. Estas proyecciones fueron realizadas ante de la crisis mundial generada por la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que no reflejan los efectos de esta en el crecimiento industrial. Lo cierto es que según los datos de Abit del primer semestre de 2020, la industria textil y de la confección sufrió una reducción del 22%, en comparación con 2019. Las importaciones cayeron un 23,75% y las exportaciones, un 8,44% anual. En los primeros seis meses se perdieron 70,9 mil empleos, frente al saldo positivo de contratación de 12,39 mil trabajadores, en el mismo período del año pasado. Para final de 2020, se estima una caída cumulada del 19,5% en la producción y del 19% en las ventas internas, con la pérdida de 79 mil puestos de trabajo. Mientras que para 2021, la expectativa del sector textil y confección, aún con grandes incertidumbres, es una reanudación con perspectivas de que la producción crezca 8.1%, ventas, 6.8%, importaciones, 5.2%, y exportaciones, 6.25%.
Industria Minera
Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, siendo el primer exportador mundial de mineral de hierro y de niobio (utilizado en la industria electrónica), y uno de los mayores productores del mundo de estaño, bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre otros.
Desde 1995, el sector ha sufrido una importante transformación fruto de una reforma constitucional que permitió la participación de empresas extranjeras, sector hasta entonces reservado a empresas brasileñas y que fue complementada con la privatización en mayo de 1997 de la empresa de minería pública Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), actualmente denominada VALE.
Como consecuencia de este proceso, se ha producido un importante crecimiento de la inversión en el sector, al tiempo que un número creciente de empresas extranjeras han puesto de manifiesto su interés en iniciar operaciones en Brasil, por su cuenta o con acuerdos con VALE. De cara al futuro, el sector tiene un potencial de desarrollo importante, a raíz de su potencial de exportación. Sin embargo, para que el sector desarrolle toda su capacidad, sería necesario que el entorno regulador estuviese más desarrollado y fuese más transparente.
El anterior Gobierno de Michel Temer inició una reforma del sector con la creación de la Agência Nacional de Mineração (ANM) en diciembre de 2017, con el objetivo de avanzar en la regulación del sector y mejorar la transparencia. Sin embargo, el actual presidente Jair Bolsonaro realizó declaraciones, en enero de 2019, acerca de la excesiva burocracia de las agencias reguladoras en Brasil reafirmando que su administración va a realizar una revisión de los dispositivos legales que actualmente regulan las actividades del sector privado.
En el año 2011, el Ministerio de Minas y Energía (MME) lanzó el Plan de Minería 2030, con el objetivo de guiar el sector minero brasileño durante los 20 años siguientes, abordando las diferentes etapas de geología, minería y transformación.
Dentro de las acciones del plan, estaba la puesta en marcha de una agencia nacional de minería, para de esta forma impulsar la situación de incertidumbre que vive el sector minero, a través de la remodelación del actual marco regulatorio.
El gran potencial del sector minero brasileño ha atraído importantes inversiones extranjeras, principalmente, grupos canadienses y, más recientemente, chinos. Actualmente, no existen restricciones a la explotación de yacimientos mineros nacionales por parte de empresas extranjeras.
El 25 de enero de 2019, la presa de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, operada por la estatal Vale sufrió una rotura con un resultado de 214 fallecidos y 91 desaparecidos. Como resultado del acontecimiento, se estima que Vale tendrá que pagar aproximadamente 452 millones de euros en indemnizaciones. De esta forma, en septiembre de 2019, la estatal Vale fue condenada, por primera vez, a pagar una indemnización de 2,6 millones de euros. Además, cuatro minas de la empresa han sido paralizadas por riesgo de ruptura, todas ellas en el estado de Minas Gerais.
A pesar de los impactos de la tragedia de Brumadinho, los ingresos del sector minero en Brasil crecieron un 39,2% en 2019- de 110,2 mil millones de reales en 2018 a 153,4 mil millones el año pasado- según los datos del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), una entidad que representa a las empresas más grandes del sector que operan en el país.
La rotura de la presa, sin embargo, si afectó a la producción de hierro, que se ha visto disminuida por la paralización de docenas de minas. A pesar de la caída en la producción, las empresas aumentaron su facturación debido a la variación del precio del mineral hierro, el valor promedio de la tonelada en 2018 en el mercado internacional fue de 69 dólares estadounidenses, pasando en 2019, aumentó a 93 dólares.
El balance del Ibram también muestra que el aumento en el precio del mineral de hierro en el mercado internacional permitió que las exportaciones, incluso en un volumen inferior a 2018, fueran de mayor provecho en 2019, manteniendo a Brasil como segundo mayor exportador mundial de mineral de hierro.
El Ibram también presentó datos de exportación relacionados con otros minerales. Brasil registró un aumento del 27,73% en los valores obtenidos con las exportaciones de oro y del 18,92% con el manganeso. Por otro lado, el cobre tuvo una caída del 14,64%.
La producción mineral total de Brasil cayó un 17% (147 millones de toneladas) en los primeros tres meses de 2020 en comparación con el mismo período del año pasado, según el informe de Ibram. En el primer trimestre, las compañías mineras en Brasil produjeron 220 millones de toneladas, alcanzando un valor de producción de 36 mil millones de reales, con énfasis en el mineral de hierro (63%) y el oro (11%). Las exportaciones de mineral de hierro cayeron un 16,5%, a 70 millones de toneladas.
En la 13ª reunión del Consejo del Programa de Asociación de Inversión (CPPI) mantenida el 10 de junio de 2020, calificó nuevas empresas para el programa de inversión del gobierno federal. En esta reunión, la política de apoyo a la licencia ambiental de proyectos de inversión para la producción de minerales estratégicos "Pro-Minerals Strategic" del Ministerio de Minas y Energía (MME) se unió al PPI. Según el MME, se creará un comité para llevar a cabo proyectos como el uranio y el fosfato en el noreste y el fosfato en la región norte, por ejemplo.
Industria Energética
En 2019, el 83% de la matriz energética brasileña procedía de fuentes limpias y renovables. La principal fuente renovable de energía en Brasil es la hidroeléctrica y hace de él el segundo país a escala mundial en términos de capacidad y generación de energía hidráulica y en el uso de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). Actualmente, las tres mayores hidroeléctricas del país son: la central de Itaipu en Paraná con una capacidad de generación de 14.000MW, la central de Belo Monte Pará, en el rio Xingú, con una capacidad de 11.233 MW y la central de São Luíz do Tapajós en Pará con una capacidad de 8.381 MW.En los últimos años se ha dado también un importante impulso a la energía eólica aumentando la capacidad instalada año tras año. En 2015, la capacidad instalada de energía eólica aumentó un 46% en Brasil, y en 2019 se sitúa ya en 15,4GW repartidos en 619 parques eólicos. Para el año 2024, se espera que la capacidad instalada aumente hasta los 19,04 GW, considerando únicamente los contratos ya viabilizados en licitaciones, subvenciones del mercado libre publicadas y contratos firmados. El potencial de Brasil es suficiente como para que crezca hasta 30GW en apenas 10 años. La participación de la energía eólica en la matriz energética brasileña, en diciembre de 2019, se mantiene en el 9%.

En este sector destaca la empresa española Neoenergía, la cual hizo público, en septiembre de 2019, la construcción del mayor complejo eólico de América Latina. El complejo Oitis estará localizado en los estados de Piauí y Bahía y tendrá una potencia de capacidad instalada de 566,5MW.

Por otra parte, la apertura del mercado petrolífero brasileño, propiciada por la Ley 9478/97, supuso un importante revulsivo para el sector, que registró desde ese año unos crecimientos continuados en el volumen de reservas probadas y en la producción, hasta alcanzar la autosuficiencia en 2006 (12.600 millones de barriles).
Fue al año siguiente cuando se produjo el descubrimiento de una importante bolsa de crudo en Tupi, en la cuenca de Santos, que llevó a suspender el proceso de licitación entonces en marcha (la octava ronda), para reformular el sector. En efecto, el descubrimiento a unos 200 kilómetros de la costa y hasta 6.000 metros de profundidad (bajo una espesa capa de sal) de unas reservas de crudo de en torno a 29.000 millones de barriles (volumen mayor a todas las reservas petrolíferas de Qatar) eliminaba, en opinión del gobierno, el riesgo de exploración, más allá de las dificultades técnicas de explotación. En consecuencia, fue promulgada la Ley 12.351/10, que establecía un sistema de producción compartida en el área de pre-sal, de forma que los bloques que fueran licitados contarían con una participación mínima por parte de Petrobras del 30%. En la actualidad el Gobierno ha eliminado esta exigencia, para tratar de atraer capital extranjero al sector, en un momento en el que está pasando una situación delicada, consecuencia de la investigación de Petrobras en el marco de la operación lava jato. De hecho, en el PPI lanzado por el Gobierno en septiembre de 2016 se incluyeron varios proyectos para la licitación de la explotación del pre-sal. Se estima que esta explotación del pre-sal exigirá una inversión superior a 600.000 millones de dólares y si el yacimiento del pre-sal fuera explotado debidamente, el país podría convertirse en el sexto productor mundial de petróleo en 2035.
El nuevo Decreto nº 9.862/2019 que altera el Decreto nº 9.128/2017, publicado el pasado junio de 2019 en el Diario Oficial da União (DOU), prorroga el régimen Repetro (Instrucción Normativa 1.415 de la Receita Federal do Brasil). Se trata de un régimen aduanero especial de exportación y de importación de bienes destinados a las actividades de búsqueda y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el cual suspende el cobro de impuestos sobre la importación de equipamientos para la exploración offshore, hasta el año 2040. Actualmente, las reglas en vigor son válidas hasta el diciembre de 2020, un horizonte demasiado corto para el sector. El fin de este beneficio ponía en riesgo la viabilidad de la actividad de exploración de petróleo y gas, ya que los tributos suspendidos de pago representan cerca del 50% del valor total de la inversión.
En 2019, la producción total de petróleo en Brasil superó, por primera vez, los 1000 millones de barriles llegando a 1.018, lo que supone un aumento del 7,78% en relación al volumen producido en 2018, 944,11 millones de barriles.
Por su parte el gas natural también ha mejorado sus números, con una producción de 44.742 millones de metros cúbicos, un crecimiento del 9,46% en relación a los 40.857 millones registrados en 2018.
En mayo de 2020, el Operador Nacional del Sistema (ONS), la Cámara de Comercio de Energía Eléctrica (CCEE) y la Compañía de Investigación de Energía (EPE) se unieron para solicitar a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), una revisión extraordinaria de la carga para el período 2020 a 2024. La Agencia aceptó la solicitud considerando la pandemia de Covid-19, como un hecho relevante que debe dar lugar a la revisión del Plan Anual de Operación de Energía y la consiguiente actualización del pronóstico de carga previamente establecido. No obstante, todavía no se ha resuelto la petición.
El Gobierno de Jair Bolsonaro presentó, en julio de 2019, un programa de reestructuración del mercado del gas bajo el nombre de «Novo Mercado de Gás». El objetivo de este programa es promover un mercado de gas natural que favorezca la competencia, las inversiones nacionales e internacionales y la reducción de los precios de la energía. Además, busca la integración del sistema gas natural con el sistema eléctrico del país. Según las estimaciones del Gobierno de Brasil, con una implantación exitosa del programa, Brasil se convertirá, en 2030, en uno de los cinco mayores productores de gas natural del mundo.
Cabe señalar que, en 2013, el Gobierno brasileño realizó la primera licitación en el marco del pre-sal —el Campo de Libra— en la cuenca de Campos, considerado el mayor descubrimiento de petróleo en Brasil (se estima su pico de producción en 1,4 millones de barriles al día). La licitación se acogió al novedoso «régimen de producción compartida». Bajo este régimen, los consorcios —participados todos por Petrobras— debían abonar una prima por contrato de explotación e indicar el porcentaje mínimo de petróleo extraído que deseaban en propiedad, siendo el restante para la Unión (los pliegos obligaban a un mínimo de 41,65% del petróleo para la Unión).
Durante muchos años, Brasil no tuvo un mercado desarrollado para el gas natural. La situación comenzó a cambiar con la construcción del gaseoducto Brasil-Bolivia, y con la adopción de incentivos públicos para el uso de este combustible como, por ejemplo, el programa Gas Natural Vehicular (GNV). El sector se ha caracterizado por una serie de desequilibrios entre la oferta y la demanda. En efecto, la oferta de gas producido en Brasil ha ido creciendo sin que la demanda haya hecho lo propio (entre 1999 y 2008, la producción nacional creció un 50%). A esto, hay que añadir el contrato que obliga a Brasil a importar 20 millones de metros cúbicos de gas boliviano al día. Dicho contrato expiró el 31 de diciembre de 2019.
Las metas de reducción de emisiones de carbono, el hecho de que Brasil cuente con la séptima mayor reserva de uranio del mundo y que esté cerca de dominar el proceso de enriquecimiento del combustible son factores que contribuyen a que la energía nuclear se incluya en los planes energéticos brasileños. El primer paso se dio en 2010 con la reanudación de la construcción de la central de Angra 3. Tras la declaración nula de Eletronuclear del proceso de licitación del consorcio para el montaje de la electromecánica de la central, la finalización queda suspendida, con posibilidad de ser finalizada después del 2021. En mayo de 2019, la construcción de la central Angra 3 fue incluida en el Programa de Parcerias de Investimentos donde todavía se encuentra en la fase de estudios y que debe decidir a finales del mes de marzo el modelo de negocio de la central, para poder retomar las obras.

Dentro del Plan Nacional de Energía (PNE) 2050, que sustituye al PNE 2030, está incluida la construcción de 6 centrales nucleares.
Por su parte, la transmisión eléctrica es una de las tareas pendientes del país, ya que, debido a la gran extensión del territorio, los principales centros de consumo están a larga distancia de los principales locales de generación energética, sin que haya una buena conexión al Sistema Interligado Nacional (SIN). A finales de 2019, según los últimos publicados por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), el Sistema Interligado Nacional (SIN) contaba con 141.756 kilómetros de líneas de transmisión (red básica).
Por último, destaca la continuación del Programa «Luz para todos». Este programa, que comenzó en 2004, se volvió a prorrogar para el periodo 2010-2014 y, el 27 de abril de 2018, fue publicado el Decreto n ° 9.357, prorrogando el Programa hasta el año 2022. De acuerdo con el último balance publicado, el programa ha beneficiado a 3,5 millones de familias, y en diciembre de 2019, las inversiones previstas superaban ya los 27.600 millones de reales (5.047 millones de euros, aproximadamente). Debido al aislamiento en el que vive una parte de la población brasileña, este programa ha destacado por instalar gran cantidad de placas solares fotovoltaicas para autoabastecer a esas poblaciones.
Similar a “Luz para todos”, el Gobierno Federal de Brasil ha lanzado, en febrero del año 2020, el Programa Más Luz para la Amazonía con el objetivo de llevar energía renovable, a través de paneles fotovoltaicos, a más de 70 mil familias. La instalación de energía eléctrica tiene como objetivo el desarrollo social y económico de las poblaciones que reside en regiones remotas de los estados que conforman la Amazonía Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins y Maranhão, y que aún no tienen acceso a este servicio público.
Industria Aeronáutica
La industria aeronáutica es uno de los sectores destacados de alta tecnología de la industria brasileña. Su balanza comercial es tradicionalmente superavitaria y actúa como difusora y propulsora del desarrollo industrial interno, innovación y estimulación de la mano de obra cualificada en Brasil. El segmento aeronáutico incluye una variada gama de productos como: aviones, helicópteros, sus partes estructurales, motores, piezas, equipamientos de radiocomunicación y navegación, sistemas y equipamientos de control de tráfico aéreo.
La principal característica del sector es la existencia del gran fabricante nacional Embraer que acapara casi el 80% de la facturación. Es líder mundial del mercado de aviones de medio porte, donde compite con empresas como la canadiense Bombardier o la británica British Aerospace. El peso y volumen de esta empresa hace que sus decisiones y resultados influyan en el rumbo del sector.

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Sector terciario

 

Uno de los primeros elementos a destacar en Brasil en relación al sector servicios es que la producción estadística sobre este sector es escasa resultando difícil obtener datos actualizados.
Desde un punto de vista histórico, el sector terciario brasileño experimentó a partir de la década de los setenta, una fuerte expansión, en gran parte debido al proceso de urbanización e industrialización del país. La tendencia de crecimiento del sector observada en los últimos años se vio truncada en 2015, como efecto de la crisis económica que ha sufrido el país entre 2015 y 2016, registrándose una caída del 2,7% a lo largo de dicho año que se repitió de nuevo en 2016. Cabe destacar que el sector servicios ha crecido desde el 67,7% del PIB en 2011 hasta alcanzar casi el 75% actualmente. El crecimiento del sector ha traído un ligero aumento en el volumen de empleos. A pesar de todo, la existencia de un importante volumen de economía sumergida hace difícil el cálculo exacto de la verdadera dimensión del sector en Brasil. Asimismo, un rasgo que ha señalado al sector en los últimos años es su carácter fuertemente inflacionista.
En cuanto al turismo, éste representa todavía un volumen de negocio muy por debajo de lo que cabría esperar de un país con los atractivos que ofrece Brasil. La inseguridad ciudadana, la escasez de mano de obra especializada, la falta de conocimientos técnicos y la carencia de infraestructuras son factores que impiden el despegue del sector en Brasil. Según los datos más recientes del Ministerio de Turismo, el número de extranjeros que visitan Brasil se ha incrementado en un 14,6% en los últimos cuatro años. Con el reciente lanzamiento del Plan Nacional del Turismo 2018-2022, durante el desarrollo de la 51ª reunión del Consejo Nacional de Turismo, CNT, el Ministerio del Turismo de Brasil destaca como una de sus principales metas la creación de dos millones de empleos. La atracción de inversión y la mejora de negocios están previstos este Plan Nacional, además de incluir asociaciones entre los ministerios de Economía y Turismo. Para alcanzar los objetivos propuestos en esta área, y facilitar las inversiones privadas, en febrero de 2020 el Consejo del Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) creó una política específica para el sector turístico.
Para impulsar el turismo, el Gobierno de Bolsonaro ha permitido desde junio de 2019, la entrada, sin visado, de turistas canadienses, australianos, japoneses y estadounidenses. Esto ha supuesto, según un estudio del grupo Amadeus, el incremento de las reservas para los primeros 10 meses de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, de un 105% desde Canadá, un 62% australianas, 41% de reservas de Japón y un aumento de 22% desde Estados Unidos. En octubre de 2019, el presidente Bolsonaro comunicó que esta medida se expandiría a China e India, propuesta aún está en estudio y que se podría ver suspendida ante la epidemia del COVID-19.
Además, de la exención de visado, Brasil ha adoptado una serie de medidas para fomentar el sector turístico. Entre ellas, destaca la apertura total del sector de aerolíneas al capital extranjero con la Ley Nº 13.842/2019. De esta forma, Air Europa obtuvo la autorización de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) para realizar vuelos nacionales brasileños.
El gobierno brasileño publicó, el Decreto n° 10.349/20, que aprueba la inclusión de la política de atracción de inversiones privadas para el sector del turismo en la agenda del PPI. El objetivo es promover la elaboración de estudios destinados a la implementación de nuevos emprendimientos y al aprovechamiento turístico de activos culturales y naturales en el país por medio de asociaciones comerciales, con empresas locales, o extranjeras que busquen invertir en el sector turístico brasileño.
Según el estudio "Impacto Económico de Covid-19 y Propuestas para el Turismo Brasileño", elaborado por la Fundación Getulio Vargas (FGV), el Producto Interior Bruto (PIB) del sector turístico, caerá el 38,9% en 2020 en comparación con el año 2019 como conseuencia del impacto del covi-19.
Recientemente se envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Nº 4396/20, que modifica la Ley General de Turismo y permitirá a los agricultores familiares y productores rurales que exploran el turismo como una actividad secundaria ser considerados proveedores de servicios turísticos, con registro simplificado en el Ministerio de Turismo.
El objetivo del proyecto es regularizar la situación de los empresarios rurales, pequeños o no, que complementan los ingresos de la propiedad con la exploración turística. La medida permitirá el acceso a medidas de emergencia para ayudar al sector turístico, implementadas como resultado de la pandemia, como la liberación de 5 mil millones de reales en financiación para tour operadores.
Por su parte, según datos de la Asociación Brasileña de las Empresas de Tecnología de Información y Comunicación (Brasscom) el sector de telecomunicaciones representaba el 7% del PIB de Brasil en 2019. En total, la industria de las telecomunicaciones emplea un total de 1,52 millones de personas en Brasil. El sector de las telecomunicaciones cerró septiembre de 2019 con 312 millones de accesos en el país, teniendo en cuenta los servicios de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha fija y televisión de pago, lo que supone una variación del 2,8% en relación a los 12 meses anteriores.
La tecnología 5G está encontrando complicaciones en Brasil por la falta de consenso dentro de ANATEL en lo que respecta a las directrices para su oferta pública. En febrero de 2020 fue aprobada la nueva versión de la propuesta de convocatoria de venta de los servicios de quinta generación de telefonía móvil, propuesta sobre la que se aprobó la apertura de audiencia pública por un periodo inicial de 45 días, y que finalmente se prorrogaba hasta el 17 de abril.
Las bandas que se ofertarán en este proceso de licitación son aquellas de 700 MHz, 2,3GHz, 3,5GHz y 26GHz. Estas serán -a su vez- ofertadas en 2 rondas (salvo la de 2,3GHz), otorgándose licencias nacionales y regionales para espectros que van desde los 20 MHz hasta los 400MHz –los más grandes nunca ofertados a nivel mundial-.
La subasta del 5G ha sido incluida en el PPI y se espera poder llevarla a cabo a final de año.
Brasil cuenta con la mano de obra especializada en tecnologías de la información (TIC) más numerosa de Latinoamérica, si bien presenta un importante déficit en la industria de fabricación de componentes electrónicos, lo que se traduce en una elevada cuota de importación, que repercute en los precios de los fabricantes y montadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. En 2014 la empresa española Telefónica adquirió el mayor operador de banda ancha en Brasil, GVT, la filial brasileña del grupo francés Vivendi. De esta forma, Telefónica de Brasil consolida su posición de liderazgo como operador de comunicaciones integrado con sus sectores de móviles y de banda ancha.
Según el Panorama Sectorial de Telecomunicaciones de Anatel, la principal operadora de móvil en Brasil es VIVO (grupo Telefónica) con más del 32,4% de cuota de mercado (73,6 millones de accesos en operación en septiembre de 2019), seguida de Claro (56,5 millones y una cuota del 24,77%) y TIM (5 millones de accesos y una cuota del 23,90%). En cuanto a la cuota de mercado de la conocida como banda larga, que incluye accesos fijos a internet de 256 kbps o más, en septiembre de 2019 destaca Claro Brasil con el 29% de cuota de mercado, seguida de VIVO con una cuota del 22% y Oi (17%).
Estas cifras han sido alcanzadas en gran medida por el Plan de Banda Ancha (PNBL) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, el cual se creó con el objetivo de alcanzar los 30 millones de accesos de banda ancha fija en 2014 y al 100% de los órganos de gobierno, incluyendo unidades de la Administración Federal, Estadual y Municipal, escuelas públicas, unidades de salud, bibliotecas públicas y órganos de seguridad pública. Este Plan fue suspendido, sin haber conseguido sus objetivos, en 2016, con el fin de la vigencia de los compromisos acordados con las operadoras de telecomunicaciones.
Por otra parte, también merece la pena destacar que desde agosto de 2011 se abrió el mercado de TV por cable a las operadoras de telefonía y se puso fin a las restricciones de capital extranjero en el sector, monopolizado hasta entonces por las compañías NET y Sky. Los cambios introducidos en las reglas de televisión por cable han permitido avanzar a la española Telefónica en el proceso de consolidación de las telecomunicaciones en Brasil, a pesar que los primeros puestos en cuanto a clientes los ocupan Claro (49,7% en septiembre de 2019), Sky (29,8%) y Oi (9,6%).
El 3 de octubre de 2019, se aprobó la Ley Nº 13.879/2019, la llamada nuevo modelo de telecomunicaciones, mediante la cual se permite la adaptación de la modalidad de servicio de telecomunicaciones de concesión para la modalidad de autorización. La nueva ley busca actualizar el marco regulatorio de las telecomunicaciones, redirigiendo su enfoque hacia la universalización del acceso a internet de banda ancha. Además, según el presidente de Anatel, busca promover un ambiente regulatorio seguro y moderno, favorable a la innovación y a la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.
Brasscom, a través de su Grupo de trabajo temático sobre capacitación de talentos, desarrolló y publicó en junio de 2020 una Guía de Buenas Prácticas en el Entorno Digital, con información y consejos mediante el desarrollo de videoconferencias. Se ha actualizado un capítulo específico dentro de estas videoconferencias con recomendaciones a los docentes, para que puedan apoyar en la superación de los desafíos derivados de la educación digital.
En 2018, la exportación brasileña de servicios alcanzó los 29.257 millones de dólares un 2% más que en 2017. Por mercados de destino, destacan EEUU (28,34%) Países Bajos (29%), Reino Unido (6,03%), Alemania (3,98%) y Suiza (4,18%). España supuso el 2,39% de las exportaciones (cliente número 21). Por sectores, los más destacados fueron:

 

EXPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS*

Millones de dólares

2017

2018

% del total 2018

Var. 18/17

Servicios auxiliares a servicios financieros (excepto seguros y pensiones)

10.125

1.852

6,3%

-81,71%%

Otros servicios profesionales y técnicos

2.405

2.427

8,3%

0,91%

Servicios gerenciales y de consultoría en procesos de negocios y RR.PP.

2.206

2.113

7,2%

-4,22%

Servicios de transporte acuático

1.196

1.794

6,1%

50%

Servicios de reaseguros y retrocesión

1.046

6.397

21,9%

+511%

Servicios de transporte de containers

906

842

2,9%

-7,06%

Resto

11.954

13.830

47%

+15,69%

Total

29.838

29.257

100%

-1,95%

Fuente: Ministerio de Economía. Última actualización: 12/03/20.*Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios) 

 

 

IMPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS*

Millones de dólares

2017

2018

% del total 2018

Var 18/17

Arrendamientos de maquinarias y equipos

15.997

14.504

32,87%

-9,3%

Servicios financieros, excepto bancos de inversión, seguros y pensiones

1.900

2.242

5,08%

18%

Servicios de reaseguros y retrocesión

1.639

1.931

4,38%

17,82%

Servicio de transporte acuático de cargas

4.058

4.682

10,61%

15,38%

Otros servicios profesionales y técnicos

1.397

1.538

3,49%

10,09%

Servicios de licencias de derechos de autor

3.728

4.067

9,22%

9,09%

Servicios de ingeniería

338

315

0,72%

-6,8%

Servicios de licencias de derechos sobre propiedad industrial

978

730

1,66%

-25,36%

Resto

12.854

14.111

32%

%

9,78

Total

42.889

44.125

100%

2,88%

 

 

Fuente: Ministerio de Economía. Última actualización: 24/03/20. *Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios)

En cuanto a las importaciones, en 2018 ascendieron a 42.125 millones de dólares, un 2,88% menos que en 2017. Los principales proveedores son Estados Unidos (29,8%) y Países Bajos (4,77%). España es el noveno proveedor de servicios (2,4%), bajando tres puestos con respecto al año pasado.
La balanza de servicios de Brasil es permanentemente deficitaria. En 2018, el déficit de la cuenta de servicios ascendió a casi 14.860 millones de dólares.
Los principales países exportadores e importadores de servicios para Brasil, en 2017 y 2018, fueron:

PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE SERVICIOS PARA BRASIL

EXPORTADORES A BRASIL

2017

2018

IMPORTADORES DESDE BRASIL

2017

2018

Estados Unidos

30,2%

28,34%

Estados Unidos

53,6%

29,8%

Países Bajos

29,10%

29%

Países Bajos

5%

4,77%

Reino Unido

5,4%

6,03%

Alemania

3,9%

4,17%

Alemania

4,1%

3,98%

Suiza

3,9%

4,14%

Suiza

3,4%

4,18%

Reino Unido

3,7%

3,76%

España

2,2%

2,39%

Colombia

1,9%

16,61%

Noruega

2,7%

2,54%

Francia

1,9%

1,82%

Francia

2,3%

2,42%

Japón

1,8%

1,88%

Japón

1,8%

1,7%

Irlanda

1,8%

1,18%

Uruguay

1,2%

0,91%

Argentina

1,8%

1,98%

Fuente: Ministerio de Economía. Última actualización: 24/03/20. *Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios)

 

 

 

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