Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

La economía brasileña, con un PIB de 2,42 billones de dólares en 2012 representa cerca del 40% del PIB de Latinoamérica y un 2% del mundial. Ha experimentado profundos cambios estructurales a lo largo del siglo XX. Ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola a ser un país en el que, aunque el sector primario continúa teniendo peso en la economía (5,2% del PIB en 2012), especialmente en las cuentas externas, se ha desarrollado una fuerte y diversificada base industrial, si bien la industria de transformación ha perdido peso en la economía en los últimos años debido a la fuerte apreciación del real y la intensificación de la competencia internacional, pasando de representar el 19,2% del PIB en 2004 al 26,3% en 2012.

A la política de industrialización iniciada en los años 30 le siguió un rápido crecimiento conocido como el “milagro económico” que provocó una concentración desigual de recursos y población, que ha llevado a que entre Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais se genere el 54% del PIB brasileño. Tras esta etapa, Brasil sufrió en 1973 y en 1981-83 dos graves crisis con tasas de crecimiento negativas, inflación de tres dígitos y aumento de los déficits interno y externo. Para solventar las graves crisis se pusieron en marcha cinco planes de estabilización, que no tuvieron éxito alguno, ya que en 1990-92 se volvieron a registrar cifras negativas de crecimiento y la inflación continuaba sin control. Finalmente, en julio de 1994, a iniciativa del entonces Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, se puso en marcha el Plan Real, que incluía una política económica contractiva, importantes rebajas arancelarias, desindiciación de los salarios y la creación de una nueva moneda, el real, que inicialmente cotizó a la par con el dólar. Esta estrategia tuvo un efecto espectacular sobre la inflación que del 2.500% de 1993 pasó al 2,49% en 1998.

En Brasil, han primado las políticas monetaria y fiscal restrictivas basadas en unos elevadísimos tipos de interés, que han llegado a rozar el 50% en 1994 y el 40% en 1997, así como en una elevada carga tributaria, que entre 1987 y 2003 pasó del 23,8% al 35,7% del PIB, acompañada de un importante grado de austeridad en cuanto a gasto público.

Tras la llegada del Presidente Lula al poder en 2002, se intentó compatibilizar esa política económica ortodoxa con medidas asistenciales de carácter redistributivo (como el programa Bolsa Familia). En este sentido, se pueden diferenciar dos fases, que se corresponderían, “grosso modo”, con los dos gobiernos Lula.

La primera, durante el primer mandato (2002-2006), tuvo como objetivo prioritario lograr la estabilidad macroeconómica mediante la corrección de los desequilibrios de algunos indicadores, como la inflación o el déficit corriente, a través de la combinación de una política monetaria restrictiva y fiscal contractiva. La corrección de los desequilibrios se habría logrado a costa de un crecimiento modesto.

Alcanzada dicha estabilidad macroeconómica, el segundo gobierno Lula se fijó como objetivo acelerar el crecimiento mediante un ambicioso programa de inversiones públicas: El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que contemplaba inversiones en infraestructuras, medio ambiente y energía, fundamentalmente. Y ello sin dejar de mantener bajo control los principales indicadores de la economía, lo que explica que el tipo de interés básico de Brasil fuera el más alto del mundo en términos reales durante gran parte de ese periodo. De la misma manera, la carga tributaria – superior al 36% del PIB - también se situaba entre las más altas del mundo, comparable a la de países que ofrecen una elevada cobertura en cuanto a servicios públicos de calidad, lo que no ocurre en Brasil, debido a la diferente composición del gasto público brasileño y a las ineficiencias del sistema.

En los últimos años, la situación global y el recrudecimiento de la crisis económica internacional provocó que, a partir de septiembre de 2008, la economía brasileña se enfriase bruscamente  poniendo fin a cinco años de crecimiento notable (4,8% anual entre 2004 y 2008).

En efecto, a partir de ese momento quedó cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales, lo que se reflejó en una menor liquidez del sistema doméstico, que a su vez llevó a una reducción en el ritmo de crecimiento de los créditos concedidos, al tiempo que se encarecían los costes y se acortaban los plazos de amortización. Todo ello trajo consigo una contracción del consumo y la inversión – que hasta ese momento habían constituido el motor del crecimiento económico brasileño – y una explosión inesperada de despidos.

Para hacer frente a la crisis, el gobierno flexibilizó su política monetaria – a través de sucesivos recortes del encaje bancario y de los tipos de interés, que se situaron por primera vez en un solo dígito (8,75%), al tiempo que se garantizaba el acceso al crédito a través de la potente banca pública. Se instrumentó una política fiscal anticíclica, prestando especial atención a los sectores de la construcción y bienes de consumo duradero, los más vulnerables a la restricción del crédito y determinantes para asegurar el dinamismo de la demanda interna, dado su efecto arrastre y el importante volumen de mano de obra que emplean.

Tras dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, la economía volvió a crecer en el segundo trimestre de 2009, impulsado por una demanda interna que en el segundo semestre registró una tasa anual de crecimiento del 10,5%. A pesar de que el PIB en 2009 se situó en el -0,3%, la recuperación económica era un hecho a finales de ese año, como confirmó el robusto crecimiento registrado en 2010, del 7,5%, la mayor tasa desde 1985 (sólo superada entre las grandes economías por la registrada en China e India), situando a Brasil como la séptima mayor economía del mundo.

A finales de 2010, la coyuntura económica se caracterizaba por una demanda sobrecalentada, crecimiento de las importaciones, presiones inflacionistas y apreciación del real. Ante este escenario, el nuevo gobierno decidió instrumentar una política económica más consistente que la aplicada en el último año del gobierno Lula (cuando el gasto público registró un incremento significativo), de forma que el control de la inflación no fuera responsabilidad exclusiva del Banco Central.

Así, las medidas adoptadas por el Banco Central de Brasil en los últimos meses de 2010 - medidas macroprudenciales que tenían por objetivo restringir y encarecer el crédito -, fueron acompañadas de nuevas subidas del tipo de interés de referencia o Tasa SELIC - en enero, marzo, abril, junio y julio (hasta situar el tipo básico en 12,50%) -. Simultáneamente, en el ámbito fiscal, se anunció un recorte de 53.000 millones en el presupuesto y se aprobó un ajuste del salario mínimo muy inferior al exigido por sindicatos, oposición e incluso algunos partidos de la base aliada. El objetivo era enfriar la demanda agregada, de modo que se redujera la presión sobre los precios, lo que debería permitir, a medio plazo, un recorte sustancial de los tipos de interés.

En 2011, el enfriamiento ya se había iniciado, como muestran los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En efecto, en 2011 la economía brasileña creció un 2,7% en comparación con el año anterior (cuando lo hizo un 7,5%), lo que refleja una pérdida de ritmo concentrada principalmente en la industria, que tan solo creció un 1,6% respecto a 2010. El consumo siguió siendo el motor de la economía brasileña; creció un 4,1%, en 2011, el menor incremento desde 2003, impulsado por la expansión de la masa salarial y el crecimiento del crédito, que aunque mostró signos de desaceleración, siguió creciendo - en 2011 se expandió un 19%.

Ya en 2012, el enfriamiento se intensifico, con un crecimiento del 0,9% con respecto a 2011. Esto demuestra un desempeño poco favorable para Brasil, que a mediados de 2012 se esperaba que creciese a una tasa de entre el 3% y el 4%. Según informes de diferentes organismos multilaterales, la tasa media de crecimiento del PIB para América Latina en 2012 debería ser del 4%, lo que incide más en el pequeño crecimiento del gigante latinoamericano. En valores corrientes, el PIB de Brasil alcanzó, en 2012, los 4.402,5 mil millones de reales brasileños, de los cuales, 661,8 mil millones forman parte de los impuestos, y 3.740,8 mil millones del valor agregado. La participación de cada sector, dentro del valor aportado al PIB, queda, en 2012 como sigue: agropecuaria, 5,2%; industria, 26,3%; servicios, 68,5%.

El temor a una nueva recesión mundial, junto a la desaceleración mostrada por la economía brasileña ya comentada, forzó al Banco Central a emprender un agresivo ciclo de recortes de la tasa SELIC, que pasó del 12,5% en septiembre de 2011 al 7,25% del cierre de 2012. Sin embargo, la presión inflacionista que se generó a principios del 2013 hizo que el Banco Central volviera a elevar, levemente, el tipo de interés de referencia o tasa SELIC, no dando continuidad a la política actual. Se prevé que cierre el 2013 en 9,25%. Por otro lado, el gobierno confia en la inversión en infraestructuras como "palanca" para el crecimiento de la economía en los proximos años. En este sentido, el plan "PAC Concesiones", en ejecución desde agosto de 2012 y que prevé la inversión de 133.000 milones de reales en proyectos de infraestuctura de transporte en régimen de concesión durante los proximos 25 años, se espera que eleve la tasa de inversión en el país, que en 2011 suponia el 19,3% del PIB y que el gobierno confia se situe en el 24% en 2014.

En relación con las cuentas externas, en 2012 las exportaciones brasileñas alcanzaron los 242.580M$ y las importaciones los 223.164 M$, lo que arrojó un superávit de 19.415 millones de dólares, el menor desde 2002. En 2011 la balanza comercial cerró en 29.793M$. El déficit por cuenta corriente alcanzó los 54.230 M$, que fue financiado íntegramente por la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 65.272M$, un valor próximo al record histórico de 66.660M$ registrado en 2011.

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Precios (minoristas y mayoristas)

Garantizar una tasa de inflación controlada se encuentra entre las principales preocupaciones de las autoridades económicas brasileñas, al tratarse de una fuente tradicional de desequilibrios de la economía brasileña (y de la región). La combinación de una política monetaria contractiva (elevados tipos de interés) y una política fiscal austera (control del crecimiento de los gastos públicos) son medidas que persiguen mantener un ritmo de crecimiento de los precios algo más moderado que en el pasado.

En efecto, la inflación, medida por el avance del Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA)del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE),, se redujo de manera prácticamente continuada entre 2015 (10,7%) y 2017 (3%), mostrando desde entonces un leve crecimiento en 2018 (3,75%), 2019 (4,31%) y 2020 (4,5%).

El objetivo de la política monetaria para  2019 fue del 4,25% con un margen del +/- 1,5%, que se cumplió. En el año 2020,  la meta se fijó en el 4,00%, siendo la tasa del año del 4,5%, dentro del margen de tolerancia de +/- 1,5%.

Para el año 2021 y 2022 la meta se ha fijado en el 3,75% y 3,50% respectivamente, con el mismo intervalo de tolerancia. En junio de 2020, el Consejo Monetario Nacional (CMN) estableció el objetivo de inflación para 2023 en 3,25%, manteniendo los objetivos de inflación para 2021 y 2022.

En 2021, la inflación medida por el IPCA en los cinco primeros meses del año acumula un crecimiento en los últimos 12 meses hasta mayo del 8,1%, lo que se encuentra significativamente por encima del objetivo de inflación del Banco Central de Brasil para 2021, fijado en el 3,75%, y fuera del límite superior de tolerancia establecido.

Ante estas tensiones inflacionistas, derivadas principalmente de la depreciación continuada de la moneda nacional así como de presiones en los precios internacionales de materias primas y energéticas, se esperan incrementos en los tipos de interés (tasa SELIC) en las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria del banco Central de Brasil.

 

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

Transporte

Las inversiones en infraestructuras son bajas, convirtiendo a Brasil en uno de los países emergentes con menor nivel de inversión, lo que abre importantes oportunidades en este ámbito. La Asociación Brasileña de Infraestructuras e Industrias de Base (ABDIB) anunció en diciembre de 2020 que la inversión en infraestructura cumple solo la mitad del total necesario para Brasil, siendo los sectores con mayor déficit de inversión el de saneamiento básico, el transporte y la logística. En 2020, las inversiones habrían alcanzado los 143.500 millones de reales, alrededor del 1,9% del PIB. No obstante, según Abdib, para que el país reduzca los "cuellos de botella" del desarrollo económico y social, se necesitan 284.400 millones de reales (unos 43.529 millones de euros) en inversiones al año, casi el 5% del PIB de Brasil en un periodo de 10 años. Y además de aumentar las inversiones, Brasil necesita reducir las ineficiencias operacionales y mejorar la asignación de recursos, ineficiencias que suponen un coste extra del 2,1% del PIB.

Ante esta situación, actualmente el sector de las infraestructuras de transporte es una prioridad en la política de inversión federal.  Según un estudio del Ministerio de Economía brasileño, en colaboración con el Movimiento Brasil Competitivo (MBC), para disponer de infraestructura, una empresa en Brasil debe invertir una diferencia de entre 190 y 230 mil millones más en relación a la media de la OCDE. Esto forma parte del conocido como “coste Brasil” que, según el estudio, encarece los negocios en el país más de un trillón de reales (unos 185 mil millones de euros). Este hecho causa un fuerte impacto en la competitividad del país y de sus empresas.

El Índice de Desempeño Logístico, elaborado por el Banco Mundial, que mide la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, sitúa a Brasil por debajo de la media de los miembros de la OCDE, con una puntuación de 2,93 en comparación al 3,59 de la media del grupo de países (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta).

En este contexto y ante la cada vez menor inversión pública, la atracción de la iniciativa privada para financiar y gestionar los activos resulta un motor importante para el desarrollo de las carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos del país. En este marco, cada vez se plantea de manera mas habitual cubrir las necesidades de inversión mediante Asociaciones Público Privadas (PPP).

Entre los planes de desarrollo públicos en materia de infraestructuras, destaca el Plan Nacional de Logística 2020-2035 (PNL2035), con el objetivo de servir de fundamento para la planificación estratégica del sector. Se trata de un plan que cuenta con una previsión de inversiones de en torno a 480.000 millones de reales (unos 76.900 millones de euros) hasta 2035. Mediante este plan, el Ministerio de Infraestructuras espera que el sector crezca entre un 42% y un 71% durante la próxima década, gracias a factores como el aumento del volumen de cargas transportadas, la oferta de infraestructuras garantizadas por el ministerio y la implementación de un modelo de transporte más equilibrado entre las diferentes modalidades. El plan se encontraba en fase de consulta pública hasta finales de abril, siendo que todavía es un texto preliminar cuya versión final está pendiente de ser publicada hasta final del año. Asimismo, destaca el exitoso Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), al que ya se ha hecho mención en el apartado anterior.

El grado de desarrollo de las infraestructuras de transporte varía entre los distintos sectores:

El área aeroportuaria es la más desarrollada, con 13 aeropuertos concedidos a la iniciativa privada y varios ambiciosos proyectos de licitación de 38 terminales aeroportuarias. Se trata de dos rondas de concesiones, una realizada en abril de 2021 y otra prevista para finales de 2022, mediante las cuales se cede a la iniciativa privada la ampliación, manutención y explotación de 38 aeropuertos. También han obtenido un impulso las carreteras, gracias a 18 diferentes proyectos de concesiones al sector privado que van a permitir la construcción o duplicación de una importante red de carreteras del país.

En cuanto a la red de ferrocarriles del país, el Ministro de Infraestructuras de Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, comunicó a comienzos de 2020 que se invertirían 30 mil millones de reales para expandir la red ferroviaria del país en los próximos 6 años, a través de concesiones. Un estudio de 2018 de la Fundação Dom Cabral, concluyó que la red de carreteras se utiliza para transportar el 75% de la producción en el país, mientas que la ferroviaria representa el 5,4%, de ahí la importancia del desarrollo de la red ferroviaria del país que, a junio de 2021, cuenta con 6 proyectos que están siendo desarrollados en la cartera del PPI. De hecho, una de las grandes prioridades del Gobierno para este año 2021 en relación a la red ferroviaria del país es la aprobación del Proyecto de Ley del Senado sobre el Nuevo Marco Legal del Sector Ferroviario. A día de hoy, para la consecución de cualquier obra ferroviaria, es necesaria la elaboración de un estudio previo por parte de los poderes públicos y una posterior licitación en la que participan todos los interesados. Con la aprobación de la nueva ley, se pretende que la iniciativa de emprendimiento de los proyectos pase a manos privadas, siendo las propias empresas las encargadas de presentar los proyectos para que, en caso de ser de interés para el Gobierno, estos sean directamente adjudicados a la empresa sin subastas. La finalidad última es la de atraer y promover la inversión privada.

En relación al sector portuario, este se compone de puertos públicos y terminales de uso privado. El movimiento portuario creció un 4,1% en 2020 con respecto al año anterior, con un transporte de contenedores que alcanzó los 1,15 billones de toneladas de acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Nacional de Transportes Acuaviários (ANTAQ). Las terminales privadas movieron 205 millones de toneladas, siendo un 1,43% más que en 2019, mientras que los puertos públicos movieron 105 millones de toneladas, con un incremento del 3,45%. En cuanto a los tipos de terminales portuarias, destaca que los puertos privados realizaron más de la mitad de los movimientos de carga en 2019 (733 millones de toneladas en comparación con los 370 millones de toneladas de los puertos públicos). Asimismo, el perfil de carga más trasladado fue el de graneles sólidos (680 millones de toneladas), seguido de los graneles líquidos y gaseosos (252 millones de toneladas). Finalmente, destaca que la mayoría de los transportes de cargas fueron de largas distancias, seguidas del transporte de cabotaje (transporte entre puertos sin perder de vista la costa). Cabe mencionar que el Gobierno Federal aprobó, el 25 de agosto de 2020, la Medida Provisional 945/20, que modifica la Ley de Puertos, promoviendo una reforma en la legislación, acogiendo las sugerencias del mercado. Entre los principales cambios se encuentra la flexibilidad en la gestión de los contratos de arrendamiento, que podrán realizarse por licitación o convocatoria pública. La ley también otorga a ANTAQ la facultad de regular otras formas de explotación de áreas e instalaciones portuarias no previstas en la legislación. Actualmente, la agencia solo tiene el contrato de arrendamiento para la ocupación de las instalaciones portuarias. Además, el presidente Jair Bolsonaro firmó el pasado 11 de agosto de 2020 el Proyecto de Ley (PL 4199) para fomentar el transporte marítimo de cabotaje en el país, conocido como BR do Mar. Se trata de un texto que se encuentra en tramitación en el Senado, a la espera de votación.. El objetivo de la norma es modernizar y aumentar la carga movilizada en el sector. El proyecto, fue nombrado por el gobierno brasileño como “BR do Mar”. De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura, el proyecto, remitido con urgencia al Congreso, modifica las reglas sobre el flete de embarcaciones y el tipo de contratación de transporte marítimo y propone que las empresas con flota nacional puedan fletar barcos con bandera extranjera, para así reducir los costes operativos. La propuesta también establece nuevas reglas para que las empresas más pequeñas sin embarcaciones propias puedan fletar barcos con bandera extranjera.

Finalmente, es necesario hacer referencia a la movilidad urbana. Resulta un problema recurrente en las grandes ciudades de Brasil. De hecho, São Paulo y Río de Janeiro son dos de las ciudades con mayores problemas de tráfico del mundo. En los últimos años, se han puesto en marcha diferentes proyectos (metro, tranvía, buses de carril único, etc.) para mejorar el transporte urbano en éstas y otras ciudades (Salvador, Brasilia, Porto Alegre, Curitiba, etc.). Sin embargo, los proyectos han encontrado diferentes problemas en su desarrollo: un gran número de ellos ha sufrido atrasos, cuando no paralizaciones, lo que ha comprometido la culminación de los mismos.

En conclusión, Brasil es, sin duda, un país de oportunidades en el sector de infraestructuras de transporte al tiempo que mantiene ciertas dificultades para cubrir dichas carencias, lo que hace necesario un profundo análisis antes de embarcarse en un proyecto de internacionalización.

Energía

En febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía (MME) lanzó el Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE 2029). Se trata de un plan que tiene por objetivo principal indicar las perspectivas de expansión del sector energético en el horizonte de diez años, dentro de una visión integrada de las diversas fuentes de energía. De acuerdo con el plan, las inversiones en infraestructura energética para abastecer la expansión necesaria hasta 2029 pueden alcanzar los 2,3 billones de reales (unos 420 mil millones de euros). Del total de inversiones, el 77,4% serán absorbidas por el sector de petróleo y gas. Asimismo, el área de generación y transmisión de energía eléctrica representará el 19,6%, incluida la generación distribuida y, finalmente, el 3% se utilizará para aumentar la oferta de biocombustibles. En la actualidad, el gobierno está focalizando sus esfuerzos en expandir la energía eólica y solar tanto en generación centralizada como en generación distribuida (GD), con el objetivo de reducir la dependencia de la energía hidroeléctrica de Brasil, la cual supone el 59% de la matriz eléctrica actualmente. Esta dependencia ha conllevado a que el país viva hoy la mayor crisis eléctrica desde 2001, debido al bajo nivel de agua de los embalses.

Los estudios indican que la Oferta Interna de Energía (OIE), la energía necesaria para mover la economía, alcanzará los 380 millones de tep (Mtep - millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 2029, lo que dará como resultado un crecimiento del 2,9% al año. De esta cantidad, las fuentes renovables pueden alcanzar una participación del 48% en 2029, lo que mantiene a Brasil dentro del compromiso firmado en el Acuerdo de París para mantener una economía baja en carbono y promover una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética.
Con respecto a la transmisión de energía eléctrica, se espera que las inversiones totales alcancen alrededor de 103,7 mil millones de reales (18.960 millones de euros) durante el periodo 2020-2029. El PDE prevé un aumento de 55,8 mil km en las líneas de transmisión, y un aumento de 172 GVA en la capacidad de transformación.

Brasil posee al mismo tiempo una gran demanda de energía difícil de satisfacer y altos índices de energía desaprovechada. Ante esta situación de desaprovechamiento de energía, el gobierno brasileño cuenta con un marco legislativo con medidas para avanzar hacia un sistema energético más eficiente. Además de la creación de programas y leyes, el lanzamiento de planes nacionales es una medida importante para apoyar la planificación y ejecución de medidas de conservación de energía. De entre los planes del gobierno, se destaca el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que afecta a todos los sectores.

El Plan Nacional de Eficiencia Energética comprende las acciones que se deben llevar a cabo para aumentar la conservación de energía en los sectores industrial, de transporte, construcción y alumbrado público, entre otros. Entre las medidas para el sector industrial, el PNEf enfatiza la necesidad de modernizar la industria a través de la adopción de incentivos fiscales para el reemplazo de equipos ineficientes.

Para el alumbrado público, se aborda la necesidad de una mayor aplicación del Programa Nacional de Alumbrado Público y Señales de Tráfico (PROCEL Reluz). Este programa tiene como objetivo implementar medidas de eficiencia energética en varios sistemas de alumbrado público, entre éstas destaca la conversión a un sistema de iluminación LED.

Según datos del Ministerio de Minas y Energía, las energías renovables, - hidráulica, eólica, solar y bioenergía-, alcanzaron el 48,4% de participación en la Matriz de Demanda Total de Energía de 2020, aumentando 2,3 puntos porcentuales en relación al indicador de energía 2019. El suministro energético interno (energía total disponible en el país) alcanzó los 287,6 Mtep, lo que supone un descenso del 2,2% respecto al año anterior. El aumento de las fuentes eólicas y solares en la generación de electricidad (pérdida cero) y el avance en el suministro de biomasa a partir de la caña de azúcar y el biodiésel contribuyeron a mantener la matriz energética brasileña en un nivel renovable superior al observado en el resto del mundo. En concreto, la energía solar creció un 61,5% y la eólica un 11,4. Estos indicadores son parte de la síntesis del Balance Energético Nacional de 2021, elaborado por la Empresa de Pesquisa Energética (EPE), teniendo como año base los datos de 2020.

Cabe destacar que todas las políticas energéticas llevadas a cabo por el gobierno brasileño en los últimos años conducen a Brasil hacia la transición energética, que busca la sustitución de un modelo dependiente de los combustibles fósiles para la generación de energía por un sistema centrado en las fuentes renovables, un área que el país tiene el potencial de convertirse en una referencia mundial. En concreto, es interesante hacer mención al mercado del hidrógeno, que ha ganado relevancia como elemento esencial para esta transición energética. Se trata de una fuente de energía que permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero en sectores de difícil descarbonización, como el transporte pesado, la aviación, transporte marítimo, industria siderúrgica y de fertilizantes. En este contexto, el hidrógeno es considerado en la estrategia energética brasileña como una tecnología que permitiría la diversificación de la matriz energética. Por ello, el presidente Jair Bolsonaro, aprobó la Resolución Nº6, del 20 de abril de 2021, que establece las directrices para la elaboración del Programa Nacional do Hidrogênio, del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE).

 

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

En 2015 se comenzó a utilizar la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua (PNADC en sus siglas en portugués) del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), publicación mensual que muestra la tasa de paro trimestral (media móvil),  iniciando la serie homogénea en 2012.

Como resultado de la crisis económica de los dos últimos años, la tasa de desempleo ha sufrido un crecimiento acentuado desde diciembre de 2014, cuando se situaba en 6,5%, alcanzando en el cierre de  2018 el 11,6%, en 11% el 2019 y en 2020, la tasa de paro al cierre del ejercicio fue del 14,1%, reflejando los efectos de la crisis del coronavirus, más de 14 millones de personas desocupadas.

Según el Índice de Economía Sumergida (IES), del Instituto Brasileño de Ética Competitivo (ETCO) y del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas (FGV/IBRE), en el ejercicio 2018 la economía informal (producción de bienes y servicios no informada al gobierno deliberadamente) aumentó tres décimas con respecto a 2017, alcanzando el 17,2% del PIB, lo que significa que el mercado informal habría gestionado en torno a 1.173.000 millones de reales en 2018. Ya en 2019, la gestión del mercado informal habría sido de 1.232.000 millones de reales, alcanzando un 17,3% del PIB. En 2020, se situó en el 17,1% del PIB. Según la Síntesis de Indicadores Sociales del IGBE para 2019 (publicada en noviembre de 2020) la informalidad en el mercado de trabajo alcanzó el 41,6% de los trabajadores en 2019, más de 39 millones de personas.

En 2021, y con los datos del primer trimestre ofrecidos por el IBGE, se observa que la tasa de desempleo ha continuado aumentando, situándose a final del primer trimestre en el 14,7%, 14,8 millones de personas desempleadas en el primer trimestre de 2021.

 

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PIB per capita y distribución de la renta

Según las estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el PIB per cápita de Brasil ascendió en 2018 a 33.593 reales. Según los datos del Banco Mundial, la renta per cápita ascendió en 2019 a 8.717 dólares, frente a los 9.001 dólares de 2018, lo que supone un crecimiento del 3,3%.

De acuerdo con las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Brasil ha retrocedido en 2020 en el ranking mundial de países con el PIB per cápita más alto y se espera que siga perdiendo posiciones en los próximos años. Después de la recesión de 2014-2016, seguida de tres años de bajo crecimiento y una nueva recesión en 2020 debido a la pandemia, Brasil ocupó el puesto 85 entre los aproximadamente 195 países para los que hay datos, con un PIB per cápita de 14.916 dólares. Esta caída en el ranking se lleva produciendo desde 1980, cuando Brasil se situaba entre los 50 países con el PIB per cápita más alto.

Según la encuesta “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua” (PNAD Continua, en 2019 el 10% de la población con mayor ingreso tenía el 42,9% de la masa salarial del país, disminuyendo en 0,2 p.p. con respecto a 2018, mientras el grupo del 10% con menores ingresos ostentaba el 0,8% de la masa salarial en 2019, presentando estabilidad con respecto al año anterior.

Las personas que formaban parte del grupo del 1% de la población brasileña con mayores ingresos recibían de media 28.659 reales en 2019 (6.498 euros) al año en 2019, mientras que en 2018 esa cantidad era de 27.744 reales (6.284 euros) al año en 2018 y en 2017 esa cantidad ascendió a 25.593 reales (5.797 euros). Ese valor es 33,7 veces mayor que el rendimiento medio del 50% de la población con menores ingresos, unos 850 reales (193 euros) en 2019, superior al dato de 2018 de 820 reales (134 euros).

El índice de Gini publicado por el Banco Mundial, que mide la desigualdad en la distribución de la renta (siendo 0 igualdad y 1 desigualdad máxima) fue de 0,539 en 2018, 0,533 en 2017), continuando una tendencia al alza desde 2015, cuando el índice tocó el mínimo de 0,519. En el ranking mundial, Brasil ocupa el 9º puesto por orden de desigualdad, de entre la muestra de 189 países.

Por su parte, la Pnad Continua situaba el Índice de Gini de Brasil para 2019 en 0,543, mejorando el resultado de 2018 (0,545). En el análisis por estados, el índice de Gini empeoró en 13 de los 27 estados en 2019, frente a 2018: el estado con la mayor desigualdad fue Sergipe, con un índice de 0,580, mientras que la brecha más pequeña entre ricos y pobres se registró en Santa Catarina, con un resultado de 0,422.

En Brasil, el rendimiento medio mensual real per cápita en 2019 fue de 2.166 reales (382 euros aproximadamente). Las regiones con menor ingreso per cápita fueron las del Norte, con 1.601 reales (364 euros) y Nordeste, con 1.510 reales (343 euros), mientras que la de mayor ingreso per cápita fue la región del sudeste, con 2.645 reales (601 euros aproximadamente). El salario mínimo en 2018 fue de 954 reales, en 2019 de 998 reales, y se ha elevado en 2020 a 1.045 reales (174 euros).

Aún en 2018, el 13,7% de los domicilios brasileños recibían ayudas del Programa Bolsa Familia, programa que consiste en la transferencia de renta por parte del Gobierno Federal a las familias en situación de pobreza en Brasil. Su principal objetivo es garantizar el derecho a la alimentación y acceso a la educación y sanidad. Durante el año 2020, para paliar los daños económicos producidos por la pandemia, se creó la ayuda conocida como “auxilio de emergencia”, donde se utilizaron 293.000 millones de reales (47 214 millones de euros) para atender a 67,9 millones de personas. En 2021 el Gobierno liberó 44.000 millones de reales para los pagos programados hasta el mes de julio. Finalmente, el 5 de julio, el presidente Jair Bolsonaro a través deDecreto n° 10.740/2021 ha prorrogado el pago del auxilio de emergencia por otros tres meses más: agosto, septiembre y octubre. El montante que deberá usarse para pagar nuevas rondas asciende a 27.000 millones de reales. Después de la aplicación de la nueva ayuda, Bolsonaro espera tener una propuesta para lanzar una actualización del programa Bolsa Familia, que se conocerá como Nueva Bolsa Familia, con la intención de ampliar el valor de la mensualidad básica de la ayuda, y la creación de nuevos abonos. 

En la siguiente tabla se muestra el rendimiento medio mensual de las diferentes regiones del país en reales brasileños.      

Rendimiento medio mensual real en reales

Región

2017

2018

2019

2020

2021*

Norte

1.587

1.711

1.601

1.873

1.904

Nordeste

1.475

1.465

1.510

1.744

1.693

Sudeste

2.551

2.662

2.645

2.894

2.931

Sur

2.459

2.485

2.499

2.669

2.828

Centro-Oeste

2.521

2.521

2.498

2.681

2.774

Brasil

2.185

2.247

2.244

2.495

2.544

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Julio de 2021.
2021* Acumulado hasta el mes de marzo

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus el Instituto Brasileño de Geografía e Historia (IBGE) ha desarrollado la primera encuesta nacional de domicilios enfocada en conocer los efectos del COVID-19 sobre el trabajo y el impacto de las diferentes medidas del gobierno brasileño para reducir dichos efectos. Desde su primera publicación semanal (del 3 al 9 de mayo de 2020), los datos muestran un incremento de la tasa de desocupación, pasando del 10,5% a principios de mayo de 2020, hasta un 13,9% (unos 13,9 millones de personas en el último trimestre del año) obtenido en el cuarto informe trimestral del año, lo que ha supuesto un incremento de 3,4 p.p. El número de personas en el periodo analizado que no buscaron trabajo por culpa de la pandemia de coronavirus pasó de 19,6 millones de personas (dato más alto del año obtenido en el mes de junio) a 13,6 millones de personas en noviembre, lo que corroboraría los intentos de los gobiernos para reabrir la economía.  El número de personas que teletrabajan ha descendido según los datos de diciembre, desde el máximo de 8,9 millones de personas obtenido en abril, hasta los 7,3 millones de personas del mes de noviembre. Pese a esta mejoría, el número total de desocupados paso de los 10,1 millones de personas del mes de mayo, hasta los 14 millones de personas obtenido en el último mes de noviembre, suponiendo un aumento de 2,9 millones de personas en el periodo de 6 meses.

En este contexto, se estima que en mayo de 2020 el rendimiento medio real descendió en 421 reales brasileños, pasando de 2.320 reales a 1.899 reales y que el número de personas que perdieron su trabajo sin remuneración como consecuencia de la pandemia de coronavirus fue de 9,7 millones de personas. Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe destacar que la ayuda de emergencia del gobierno brasileño para combatir el impacto de la pandemia de coronavirus en el conjunto de las familias brasileñas alcanzó al 38,7% de los hogares brasileños en mayo de 2020, con un importe medio de 847 reales. Esta ayuda fue ampliada en septiembre hasta final de año, aportando como ayuda de emergencia cuatro nuevas cuotas adicionales de 300 reales cada una, siendo menor la cuantía en comparación con las primeras ayudas. Y en el año 2021, a través de la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 186/2019) conocida como la “PEC de emergencia”, se emitirá una nueva ayuda de emergencia desde el mes de marzo hasta el mes de junio, que consistirá en abonos de 250 reales mensuales, inferior incluso a las ultimas cuotas del 2020, y está limitada a un montante total de 40.000 millones de reales. De octubre a diciembre de 2020 el rendimiento medio real estimado fue de 2.507 reales, presentando más estabilidad frente al trimestre de julio a septiembre de 2020, y un descenso del 1,44% en relación al mismo trimestre del año anterior.

Un estudio reciente del Centro de Políticas Sociales de la Fundação Getulio Vargas (FGV Social), muestra que hasta julio de 2020, 13,1 millones de brasileños habían dejado el grupo de personas con renta per cápita por debajo de la mitad del salario mínimo (522,5 reales), en gran parte, por medidas como la ayuda de emergencia. A pesar de esta ayuda de emergencia, se espera que al menos 10 millones de personas regresen a los niveles de ingresos más bajos el próximo año, ampliando la brecha entre ricos y pobres. 

 

 

 

 

 

 

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Sector primario

Brasil dispone de abundantes recursos naturales y su economía está relativamente diversificada. Es el tercer exportador mundial de productos agrícolas, liderando las exportaciones de café, soja, carne bovina y de pollo, maíz, zumo de naranja y azúcar.

Los cinco principales grupos en las exportaciones del agronegocio brasileño en 2020 fueron: soja (28.560 millones de dólares estadounidenses), seguido de otros azúcares de caña (7.378 millones de dólares), carne bovina, deshuesada y congelada (6.662 millones de dólares), maíz, excepto para siembra (5.786 millones de dólares), café (4.973 millones de dólares) y pollo (4.127 millones). En 2021, durante los cinco primeros meses del año, las exportaciones del sector agropecuario están siendo lideradas por la soja (20.306 millones de dólares), seguido de otros azúcares de caña (2.752 millones de dólares); carne bovina, deshuesada y congelada (2.477 millones de dólares); café (2.313 millones de dólares); piezas de pollo congelado (1.885 millones) y maíz (747 millones de dólares).

Para ser un país terciarizado, Brasil cuenta con un sector primario relevante: en 2020 el peso del sector agropecuario en la economía brasileña fue del 6,8% sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) (5,1% en 2019). De hecho, durante la pandemia, ha sido el único sector económico que ha crecido el pasado ejercicio, de manera que acumuló una tasa de variación del 2% en el conjunto del año frente a 2019.
En concreto, este incremento se debe al aumento de la producción y de las ganancias en la agricultura, lo que contrarrestó los débiles resultados de las actividades ganaderas y pesqueras. Conforme a los datos obtenidos de la Encuesta Sistemática de Producción Agrícola realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (LSPA/IBGE), varios cultivos registraron un incremento de la producción en 2020, destacando la soja (7,1%) y el café (24,3%), que alcanzaron producciones récord en la serie histórica. Por otro lado, algunos cultivos mostraron una variación negativa en la producción anual estimada, como, por ejemplo, la naranja (-10,6%) y el tabaco (-8,4%).

Según las últimas estimaciones de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), en 2021 el crecimiento del PIB agropecuario será del 2,5%.

El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP) en el año 2020 fue de 896 mil millones de reales brasileños (157 mil millones de dólares, aproximadamente), un 17,% superior al obtenido en el mismo periodo de 2019 (766 mil millones de reales, o 134 mil millones de dólares), cifra récord desde que comenzó la serie histórica en 1989. Los cultivos subieron un 22,2%, con un valor de 597 mil millones de reales (104 mil millones de dólares), y la ganadería obtuvo un valor de 299 mil millones de reales (52 mil millones de dólares), un aumento del 7,9% con respecto al año anterior.

Brasil cuenta con el mayor volumen de ganado comercial del mundo y es el segundo mayor productor mundial de carne de vacuno, el tercero de carne de pollo y el primer exportador mundial de carne bovina y de pollo. Cuenta con 162 millones de hectáreas de pastos y posee la segunda mayor cabaña de ganado vacuno del mundo, siendo responsable del 23,2% del rebaño mundial, con 232,5 millones de cabezas, una cifra mayor que el número de habitantes de Brasil. Este sector enfrenta algunos problemas, como la baja productividad (derivada del carácter extensivo de las explotaciones), la deforestación ilegal (con el fin de ampliar el área de pastos) o los exigentes controles de calidad de otros países.

Pese a contar con 7.491 kilómetros de litoral y el 12% del agua dulce del planeta, el sector pesquero en Brasil está poco desarrollado. Según la FAO, la pesca no crecerá tanto como la agricultura en los próximos años. No obstante, se prevé que la producción total de pescado de la región (acuicultura + capturas) registre 16,2 millones de toneladas en 2025, un 12,6% más que el nivel alcanzado en 2013-15.

A pesar de liderar las exportaciones mundiales de diversos productos y estar entre los mayores proveedores de otros, Brasil puede conquistar más espacios en el comercio internacional de productos agroindustriales. El Ministerio de Agricultura ve grandes oportunidades para la expansión de las exportaciones del sector, incluso con el aumento de la pauta de productos exportados. En cuanto a los avances tecnológicos, a los cambios que ya introdujo en el sistema de cultivo y de gestión de la producción, responsables por el notable aumento de la productividad en los últimos años, hay que añadir otras, para desarrollar nuevas habilidades del agronegocio.

Desde 1995, Brasil cuenta con varios programas de desarrollo del mundo rural, como el Plan Agrícola y Ganadero, también conocido como el Plan Safra e impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA). La agricultura familiar es un segmento importante para el desarrollo de Brasil, ya que existen aproximadamente 4,4 millones de familias agricultoras. Estas representan el 84% de los establecimientos rurales brasileños y son responsables de la producción de más del 50% de los alimentos de la cesta básica brasileña, siendo un importante instrumento de control de la inflación.

El Plan Safra es un plan bianual, que fue renovado por última vez en el mes de junio de 2021 por el Gobierno Federal. El Plan Safra 2021-2022 alcanza los 251 mil millones de reales (unos 4.260 millones de euros), para apoyar la producción agrícola nacional.

En el mes de junio de 2020 el MAPA, publicó el Plan de Inversiones para la Agricultura Sostenible. El Plan busca estimular el desarrollo de un mercado de “bonos verdes” para el sector agrícola y la incorporación de prácticas de tecnología sostenible en Brasil, con el objetivo de atraer inversores extranjeros para financiar la agricultura brasileña y fortalecer una imagen de sostenibilidad en el país. El documento se redactó tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Climate Bond Initiative (CBI), uno de los certificadores de bonos verdes más influyentes del mundo que creó un protocolo específico para la agropecuaria brasileña, y el MAPA, en noviembre del 2019. En él se presenta un panorama actual del sector, las oportunidades de inversión en Brasil y demuestra cómo los bonos verdes pueden financiar la agricultura sostenible en el país. Para adaptarse a este nuevo mercado, los productores deberán adaptar su actividad a los parámetros de la etiqueta, lo que podrá generar un incremento de costes.

El Plan Estratégico 2020-2027 del MAPA define un conjunto de Proyectos Estratégicos Corporativos (PECs), relacionados con los Objetivos Estratégicos del plan. La lista de PECs es la siguiente: (i) Plan de Acción para el Nordeste – Agronordeste; (ii) Programa de Gobernanza de la tierra; (iii) Programa Nacional de Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en Microcuencas Hidrográficas - Aguas del Agro; (iv) Programa de Autocontrol; (v) Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Defensa Agraria - Prodefesa; (vi) Promover la Expansión de la Producción Forestal Sostenible; (vii) Promoción de la imagen de la agricultura brasileña en los mercados internacionales; (viii) Producir Brasil; (ix) Residencia Profesional Agrícola; (x) Observatorio de la Agricultura Brasileña; (xi) Vigilancia y Defensa Agrícola de Fronteras Internacionales; (xii) Programa Agro Integrado de Gestión de Riesgos - Programa Agir; (xiii) Aguas de la Unión para fines de acuicultura – Aguas de la Unión; (xiv) Innovación y valor agregado para el productor rural mediano; (xv) Investigación, Desarrollo e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura Brasileña - Inova Embrapa; (xvi) Fortalecimiento de la agricultura familiar en la Amazonía legal, en el contexto socioambiental y económico - Fortaf Amazônia Legal.

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Sector secundario

La época de oro de la industria brasileña comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y se prolongó hasta las crisis petroleras de los años 70 (1973 y 1979). Precisamente, la crisis del petróleo marcó el inicio del deterioro económico del país en su historia económica reciente. Durante esa época de crecimiento, Brasil se transformó en un país industrial, con unas tasas de crecimiento de la industria por encima del crecimiento del PIB, gracias a la política de sustitución de importaciones. A partir del Plan Collor (plan de estabilización de la economía) de 1990 Brasil empezó a abrirse al exterior, lo que generó la desaparición de muchas empresas ineficientes que no se adaptaron a las exigencias de mayor competitividad que demanda un mercado abierto. Fue una época de profunda transformación a la que siguió el Plan Nacional de Desestatalización, por el que se privatizaron la mayoría de empresas estatales siderúrgicas, petroquímicas, y de telecomunicaciones, entre otras.

Según el «Índice de Competitividad Global» del World Economic Forum, Brasil se situaba en 2019 como la 71ª economía más competitiva, de entre 140. Dicha posición supone una mejora de 1 puesto respecto al año anterior. Las principales fortalezas, según el World Economic Forum, son el tamaño de mercado, según el PIB y el porcentaje del total de las importaciones sobre el mismo, situándose en décima posición y la innovación, 40ª del mundo. Sin embargo, las debilidades más importantes son la escasa integración de las políticas públicas y la falta de coordinación entre el sector público y privado. Dichas debilidades comprometen el crecimiento económico y la generación de empleo y renta. Cabe destacar que el World Economic Forum ha elaborado un informe especial en 2020 en el que no se detalla el ranking de los países atendiendo al Índice de Competitividad Global debido a la crisis del COVID-19.

El peso del sector industrial sobre el VAB brasileño ha disminuido en los últimos años. En concreto, el porcentaje del VAB que representaba la industria brasileña fue del 20,4% en 2020, un punto porcentual menos que en 2019. En cuanto al ritmo de crecimiento del sector, en el conjunto de 2020 se contrajo un 3,5%, frente a 2019, consecuencia del fuerte impacto de la crisis sobre el sector productivo brasileño. En lo que se refiere al cierre de 2020, el indicador de producción industrial mostró una reducción del 4,5%, con resultados negativos anuales en la totalidad de las 4 grandes categorías económicas, en 20 de las 26 ramas, y en 53 de los 79 grupos.

Durante los 5 primeros meses de 2021 destaca un decrecimiento de la industria general del 3,4%, así como de la industria de transformación del 4,8%, mientras que la industria extractiva ha experimentado un incremento del 4,2%. Dentro de las grandes categorías económicas, los bienes de consumo y de capital mostraron en mayo un crecimiento acumulado en los últimos 12 meses del 76,6% y 26,8% respectivamente. 

El Sistema Nacional de Costes e Índices de la Construcción Civil (Sinapi), elaborado por el IBGE, muestra en su publicación de mayo de 2021 un crecimiento del coste medio por metro cuadrado del 18,18% en los últimos 12 meses, situándose en el Nordeste el mayor aumento con un 20,99%. Esta evolución se debería a una serie de factores, como la evolución del tipo de cambio, la competencia internacional y el denominado “coste Brasil”, que se refiere a los costes relacionados con temas como la excesiva burocracia, el complejo sistema tributario o la deficiencia en las infraestructuras, entre otros. A ellos se deben añadir factores que afectan a la productividad, como la baja capacidad de incorporar tecnología o la baja calidad en la formación.

Para Brasil es de vital importancia renovar las estrategias y redoblar los esfuerzos para revertir el proceso de desindustrialización acelerada por la que pasa el país. Por ello, el Gobierno de Jair Bolsonaro ha continuado con las directrices iniciadas por el Gobierno de Michel Temer, anunciando la adopción de una serie de reformas económicas, sociales y de atracción de inversiones y de estímulos de la economía, con el objetivo de generar confianza en los mercados. Entre estas medidas cabe destacar que el Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que ya ha adjudicado y realizado 233 proyectos en 5 años.
Debido a la situación de pandemia causada por Covid-19, el Ministerio de Economía puso en marcha multitud de medidas de apoyo que se resumen en: (i) industria de medio y gran porte; (ii) industria de pequeño porte; (iii) comercio de medio y gran porte; (iv) comercio de pequeño porte; (v) servicios de medio y gran porte; (vi) servicios de pequeño porte, con el objetivo de reducir la burocracia para facilitar el flujo de bienes y servicios y mantener empleos y salud, durante la situación de pandemia.

Industria Siderúrgica

El Instituto Aço Brasil, es la entidad encargada de representar las empresas siderúrgicas brasileñas. El parque siderúrgico brasileño se encuentra representado por 15 empresas privadas, controladas por doce grupos empresariales, operando en 31 plantas en 10 estados brasileños. Las empresas asociadas al Instituto Aço Brasil son: Aço Verde do Brasil, Aperam, ArcelorMittal Brasil, CSP, Gerdau, Sinobras, Ternium, Usiminas, Vallourec y Villares Metals.

La producción de acero bruto en 2020 fue de 30,9 millones de toneladas, lo que representó un decrecimiento del 4,9% en comparación a 2019. No obstante, durante los cinco primeros meses de 2021, la producción ha aumentado un 20,3% en relación al mismo periodo de 2020.

En cuanto a la producción de laminados en 2020, disminuyó un 3,7% con respecto a 2019, los productos semiacabados listos para su venta cayeron un 11,6% y el hierro crudo un 6,7%.
En cuanto a las ventas en el mercado nacional, en 2020 fueron de 19,2 millones de toneladas, un 2,4% más que en 2019 (18,7 millones de toneladas). Las exportaciones, sin embargo, presentaron un descenso del 18%, siendo en 2020 10,1 millones y en 2019 12,3 millones. Por su parte, las importaciones, sumando un total de 1,975.655 toneladas, han aumentado un 9,3% en comparación con el año anterior. El consumo aparente nacional de productos siderúrgicos fue de 21 millones de toneladas en 2020, lo que representa un aumento del 1,2% en comparación con 2019 (20,9 millones de toneladas).

Industria Automovilística

Aunque General Motors y Ford contaban con plantas de ensamblaje en Brasil desde los años 20 del siglo pasado, la industria automovilística brasileña nació en 1956 con el gobierno de Juscelino Kubischek y su política industrial de “sustitución de importaciones”, también conocido como Plan de Metas. Fue entonces cuando grupos como VolskWagen, Mercedes Benz, Ford, General Motors, Scania, Willys o SIMCA comenzaron a establecerse en torno a Sao Paulo (el denominado «ABC paulista», que incluye los municipios de Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul). Posteriormente, se extendieron a otros estados (FIAT a Minas Gerais o Volvo a Paraná). En 1960, Brasil comenzó a exportar su producción a países vecinos, lo que produjo que se instalasen en Brasil nuevos fabricantes, como Chrysler, Farmann Ghia, Toyota, Ford tractors, Massey Ferguson, Valmet, etc. A finales de esa década, la industria de automoción se había convertido en una de las más importantes del país. Actualmente, tras la reciente salida de Ford de Brasil, están presentes 30 fabricantes de vehículos con 64 fábricas en Brasil, que se diseminan por once estados, empleando a 1,3 millones de personas, directa e indirectamente.

De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), las ventas del sector del automóvil presentaron un descenso del 26,2% en 2020 después de alcanzar el mejor resultado en 5 años, con un crecimiento del 8,7% en 2019. Esta cifra es el reflejo de la crisis ocasionada por el COVID-19 que ha sacudido fuertemente al sector automovilístico. La venta de autobuses fue la que mayores pérdidas sufrió, con un descenso del 33% con respecto al año anterior, seguida de la venta de automóviles, que sufrió un descenso del 28,57%. Con la reactivación de la actividad productiva, diciembre de 2020 registró el mayor número de ventas del año, con 194.679 vehículos vendidos y un incremento del 8,43% con respecto al mes anterior. En cuanto a 2021, se prevé un incremento gradual de las ventas, proyectando un aumento del 16% con respecto a 2020.

El sector del automóvil representó en 2020 cerca del 22% del PIB Industrial del país, convirtiendo a Brasil en el noveno productor mundial de automóviles. Los puestos de cabeza del ranking los ocupan China, Estados Unidos y Japón.

La importancia del sector para la actividad brasileña no es despreciable. De hecho, el Gobierno puso en marcha en enero de 2013 el Programa Inovar-Auto que hasta diciembre de 2017 proporcionó incentivos fiscales para que la industria local invirtiera en innovación y tecnología. No obstante, el 13 de diciembre de 2018, el Órgano de Apelación de la OMC constató que los requisitos de habilitación como importador/distribuidor establecidos en el programa modificaban desfavorablemente las condiciones de competencia para los productos importados. En paralelo, el Programa perdió su vigencia en diciembre de 2017, de manera que, con el objetivo de prorrogar el impulso del sector, el 10 de diciembre de 2018 se sancionó la Ley Nº 13.755/2018, por la que se establecen requisitos obligatorios para la comercialización de automóviles en Brasil y se crea el Plan Rota 2030 - Mobilidade e Logistica. Con esta medida, se ha implantado un régimen tributario para componentes de automóviles no producidos en Brasil.

En el Plan Rota 2030 se encuentran los objetivos de eficiencia energética para los próximos cinco años, y el aumento de la seguridad en los vehículos para reducir las muertes por accidentes de tránsito. El plan ha establecido un calendario obligatorio para que los fabricantes equipen sus vehículos con dispositivos de seguridad para 2030.
En septiembre de 2019, el Ministerio de Economía presentó la creación de un fondo de financiación de mil millones de reales (unos 183 millones de euros) para investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en los próximos 5 años. Con el nombre de Programas Prioritarios, este fondo financiará proyectos en las áreas de eficiencia energética, seguridad y conectividad, que benefician a toda la cadena automotriz, incluidos no solo los fabricantes de automóviles, sino también los fabricantes de autopartes, olvidados en el plan Inovar-Auto anterior.

Industrias Agroalimentaria y Textil

La industria agroalimentaria y la industria textil son las más antiguas del tejido industrial brasileño, esta última con más de 200 años de antigüedad.
La industria brasileña de alimentación y bebida registró un crecimiento del 612,8% en la facturación de 2020 con respecto al año anterior, alcanzando los 789,2 mil millones de reales (118,7 mil millones de euros aproximadamente), sumando exportaciones y ventas del mercado interno, según datos de la Asociación Brasileña de la Industria Alimentaria (ABIA). Así, se trata de una industria que supuso el 10,6% del PIB nacional y los sectores que más destacaron por crecimiento fueron el azúcar (+22,6%); aceites vegetales (+3,9%) y las carnes (+1,9%).

En lo que respecta a las ventas reales, logró un aumento del 3,3% el año pasado, siendo que, en cuanto a la producción física (volumen de producción), la industria creció un 1,8% respecto a 2019. Este resultado se debe al aumento de las ventas al por menor, del 16,2% en 2020, y de las exportaciones, del 11,4%. Con respecto a la creación de empleo, incluso con el impacto de Covid-19 en el sector alimentario, que supuso un coste de producción adicional del 4,8% en 2020, la industria de alimentación y bebidas creó 20 mil nuevos empleos directos, un 1,2% más que en 2019. El sector es el que más puestos de trabajo genera en la industria manufacturera brasileña, con 1,68 millones de empleos directos.

La industria alimentaria procesa el 58% de toda la producción agrícola brasileña y convierte a Brasil en el segundo mayor exportador de alimentos procesados del mundo. El sector exportó en 2020 productos por valor de 38.200 millones de reales (unos 5.747 millones de euros) a más de 190 países, que representaron el 19,2% de las ventas totales. Sin embargo, en el balance total del año se aprecia que las exportaciones se han reducido en un 2,3%, siendo el principal factor la reducción en la demanda de azúcar al país. Otro punto destacado ha sido el considerable aumento de las exportaciones del sector a China, debido principalmente al aumento de la demanda de carne de cerdo.

De enero a abril de 2020, el flujo comercial brasileño totalizó 123,4 mil millones de dólares americanos, solo un 2% más bajo que el registrado en el mismo período de 2019, que fue de 126,2 mil millones. La variación se considera una de las más pequeñas entre las veinte economías más grandes del mundo, el llamado "G20". El saldo comercial publicado por el Ministerio de Economía apunta, sin embargo, a una fuerte caída en la venta de productos y materias primas brasileñas a varias regiones del planeta en los primeros cuatro meses: las exportaciones a América del Norte cayeron un 18,5%, a América del Sur cayeron 21,2%, para Centroamérica y el Caribe cayó 57,1%, para Medio Oriente cayó 29,9%, para África cayó 1,5% y para Europa, cayó 3,5%. En contraste, las exportaciones brasileñas a Asia aumentaron 15,5% en el mismo período en comparación con los primeros cuatro meses de 2019. En otras palabras, a pesar del efecto del coronavirus proyectado en la demanda mundial, las exportaciones brasileñas a China crecieron 11,3%. Este aumento se debe, principalmente, a las exportaciones de soja, que crecieron un 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El flujo comercial brasileño ha recuperado fuerza paulatinamente y durante el primer semestre de 2021 ha totalizado 235 mil millones de dólares americanos, un 31% más que durante el mismo periodo en 2020.

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2019 la producción textil fue de 2,05 millones de toneladas. En 2020, la producción textil del país acumuló un descenso de en torno al 8,8% en comparación a la producción del 2019, siendo la producción de 2020 de 1,87 millones. Sin embargo, Abit prevé que en 2021 la producción aumente en un 8,3% con respecto al 2020, alcanzando una cantidad de 2,03 millones de toneladas.

En comercio exterior, las exportaciones del sector disminuyeron en un 11,7% en 2020 con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones del sector cayeron un 19,8%

Brasil puede considerarse la mayor cadena textil completa en Occidente ya que posee desde la plantación de algodón y producción de fibra hasta desfiles de moda, pasando por tejidos, procesamientos, ropa y una fuerte venta minorista. Existen 27 mil industrias del sector en Brasil, con un total de 1,5 millones de personas empleadas directamente, siendo el segundo que más emplea en la industria de transformación, por detrás del sector agroalimentario.

Industria Minera

Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, siendo el segundo exportador mundial de mineral de hierro (solo superado por Australia) y el primer exportador de niobio (utilizado en la industria electrónica) ya que el país cuenta con el 98% de las reservas mundiales. Además, Brasil es uno de los mayores productores del mundo de estaño, bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre otros.

De acuerdo con los datos de la Compensación Financiera para la Exploración de Recursos Minerales (CFEM), en 2019 se detectaron más de 7.000 empresas mineras que operan en Brasil, sin tener en cuenta las empresas dedicadas a la prospección y exploración de minerales, no recogidas en este sumatorio. El número de minas en funcionamiento en Brasil fue de 18.040 unidades en 2019, de acuerdo con los datos publicados por la Agencia Nacional de Mineración (ANM).

Desde 1995, el sector ha sufrido una importante transformación fruto de una reforma constitucional que permitió la participación de empresas extranjeras, sector hasta entonces reservado a empresas brasileñas y que fue complementada con la privatización en mayo de 1997 de la empresa de minería pública Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), actualmente denominada VALE.Como consecuencia de este proceso, se ha producido un importante crecimiento de la inversión en el sector, al tiempo que un número creciente de empresas extranjeras han puesto de manifiesto su interés en iniciar operaciones en Brasil, por su cuenta o con acuerdos con VALE. De cara al futuro, el sector tiene un potencial de desarrollo importante, a raíz de su potencial de exportación. Sin embargo, para que el sector desarrolle toda su capacidad, sería necesario que el entorno regulador estuviese más desarrollado y fuese más transparente.

El anterior Gobierno de Michel Temer inició una reforma del sector con la creación de la Agência Nacional de Mineração (ANM) en diciembre de 2017, con el objetivo de avanzar en la regulación del sector y mejorar la transparencia. Sin embargo, el actual presidente Jair Bolsonaro realizó declaraciones, en enero de 2019, acerca de la excesiva burocracia de las agencias reguladoras en Brasil reafirmando que su administración va a realizar una revisión de los dispositivos legales que actualmente regulan las actividades del sector privado.

El gran potencial del sector minero brasileño ha atraído importantes inversiones extranjeras, principalmente, grupos canadienses y, más recientemente, chinos. Actualmente, no existen restricciones a la explotación de yacimientos mineros nacionales por parte de empresas extranjeras.

El 25 de enero de 2019, la presa de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, operada por la estatal Vale sufrió una rotura con un resultado de 270 fallecidos y 11 desaparecidos. De esta forma, en febrero de 2021, Vale firmó un acuerdo con el Gobierno de Minas Gerais para pagar 37.680 millones de reales (6.000 millones de euros aproximadamente) por los daños causados, siendo el mayor acuerdo judicial jamás realizado en América Latina. Además, cuatro minas de la empresa han sido paralizadas por riesgo de ruptura, todas ellas en el estado de Minas Gerais.
A pesar de los impactos de la tragedia de Brumadinho, los ingresos del sector minero en Brasil crecieron un 39,2% en 2019 (de 110,2 mil millones de reales en 2018 a 153,4 mil millones), según los datos del Instituto Brasileño de Minería (Ibram). En concreto, la participación del sector minero en el PIB de Brasil en 2019 fue de en torno al 4% (296.380 millones de reales).
La rotura de la presa, sin embargo, sí afectó a la producción de hierro, que se ha visto disminuida por la paralización de docenas de minas. A pesar de la caída en la producción, las empresas aumentaron su facturación debido a la variación del precio del mineral hierro, el valor promedio de la tonelada en 2018 en el mercado internacional fue de 69 dólares estadounidenses, pasando en 2019 a 93 dólares. El balance del Ibram, muestra además que el aumento en el precio del mineral de hierro en el mercado internacional, permitió que las exportaciones en 2019, mantuvieran a Brasil como el segundo mayor exportador mundial de hierro.

En relación a otros minerales, Brasil registró un aumento del 27,73% en los valores obtenidos con las exportaciones de oro y del 18,92% con el manganeso. Por otro lado, el cobre tuvo una caída del 14,64%. Según el informe de Ibram, la producción mineral total de Brasil cayó un 17,7% en los primeros tres meses de 2020 en comparación con el mismo período del año pasado, con una producción total de 220 millones de toneladas, alcanzando un valor de producción de 36.000 millones de reales (excluyendo petróleo y gas). Destaca la producción del mineral de hierro (63% del valor total) y el oro (11% del valor total). Las exportaciones de mineral de hierro cayeron un 16,5%, a 70 millones de toneladas.

En 2020, de acuerdo con los datos presentados por Ibram, el sector de los minerales presentó un incremento positivo en casi todos los indicadores en el tercer trimestre del año. En concreto, el desempeño de la industria apunta mejoras en indicadores como la atracción de nuevas inversiones, la exportación, la facturación, la recaudación de cánones e impuestos, la reducción de las importaciones y la generación de puestos de trabajo, entre otros. El saldo de la balanza comercial del sector en el tercer trimestre de 2020 fue positivo, con unas exportaciones superiores en un 45,5% a las importaciones. Durante el 4º trimestre de 2020, el sector minero registró un aumento de 63,6% en los ingresos en relación al tercer trimestre de 2020. Además, las perspectivas de inversión en el sector de la minería para el período comprendido entre el 2020 y el 2024 han aumentado de 32,5 mil millones de reales (unos 5 mil millones de euros) a más de 38 mil millones de reales (unos 6 mil millones de euros).

En la 13ª reunión del Consejo del PPI mantenida el 10 de junio de 2020, calificó nuevas empresas para el programa de inversión del gobierno federal. En esta reunión, la política de apoyo a la licencia ambiental de proyectos de inversión para la producción de minerales estratégicos "Pro-Minerals Strategic" del Ministerio de Minas y Energía (MME) se unió al PPI. Las características de los bienes minerales que pueden calificar a un proyecto de inversión minera para recibir un tratamiento prioritario dentro del gobierno son las siguientes:
-Bienes minerales de los que Brasil depende en gran medida de las importaciones para abastecer sectores clave de la economía (por ejemplo el potasio y fosfato, que son esenciales para la producción de fertilizantes agrícolas);
-Bienes minerales importantes para su aplicación en productos y procesos de alta tecnología (las llamadas tierras raras, fundamentales para la industria electrónica y la producción de semiconductores, entre otros usos);
-Minerales en cuya producción Brasil tiene ventajas comparativas, siendo fundamentales para la economía por la generación de excedentes en la balanza comercial (caso, por ejemplo, del mineral de hierro y niobio).

Asimismo, en la 14ª reunión, celebrada el  2 de diciembre de 2020, destacó la elaboración de proyectos de disponibilidad de zonas para la investigación y explotación minera, así como para la cesión de derechos mineros en los estados de Pará y Bahía.

Industria Energética

En 2020, el 85% de la matriz eléctrica brasileña procedía de fuentes limpias y renovables. La principal fuente renovable de energía eléctrica en Brasil es la hidroeléctrica (63,0%), seguida de la eólica (9,0%), la biomasa (9,0%), petróleo (8,0%), gas natural (5,0%), energía solar (2,8%), carbón (2,0%) y energía nuclear (1,2%). Brasil se ha convertido así en el segundo país, a escala mundial, en términos de capacidad y generación de energía hidráulica y en el uso de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). Actualmente, las tres mayores hidroeléctricas del país son: la central de Itaipu en Paraná, con una capacidad de generación de 14.000MW, la central de Belo Monte Pará, en el río Xingú, con una capacidad de 11.233 MW, y la central de Tucuruí en Pará, con una capacidad de 8.370 MW. En los últimos años se ha dado también un importante impulso a la energía eólica aumentando la capacidad instalada año tras año. En 2015, la capacidad instalada de energía eólica aumentó un 46% en Brasil, y en 2019 se situaba ya en 15,4GW repartidos en 619 parques eólicos. Para el año 2024, se espera que la capacidad instalada aumente hasta los 19,04 GW, considerando únicamente los contratos ya viabilizados en licitaciones, subvenciones del mercado libre publicadas y contratos firmados. El potencial de Brasil es suficiente como para que crezca hasta 30GW en apenas 10 años.

En este sector destaca la empresa española Neoenergía (grupo Iberdrola), que en septiembre de 2019 se ocupó de la construcción del mayor complejo eólico de América Latina. El complejo Oitis estará localizado en los estados de Piauí y Bahía y tendrá una potencia de capacidad instalada de 566,5MW.

Por otra parte, la apertura del mercado petrolífero brasileño, propiciada por la Ley 9478/97, supuso un importante revulsivo para el sector, que registró desde ese año unos crecimientos continuados en el volumen de reservas probadas y en la producción, hasta alcanzar la autosuficiencia en 2006 (12.600 millones de barriles). Fue al año siguiente cuando se produjo el descubrimiento de una importante bolsa de crudo en Tupi, en la cuenca de Santos, que llevó a suspender el proceso de licitación entonces en marcha (la octava ronda), para reformular el sector. En consecuencia, fue promulgada la Ley 12.351/10, que establecía un sistema de producción compartida en el área de pre-sal, de forma que los bloques que fueran licitados contarían con una participación mínima por parte de Petrobras del 30%. El Gobierno de Brasil eliminó esta exigencia, para tratar de atraer capital extranjero al sector, en un momento en el que está pasando una situación delicada, consecuencia de la investigación de Petrobras en el marco de la operación lava jato. De hecho, en el PPI lanzado por el Gobierno en septiembre de 2016 se incluyeron varios proyectos para la licitación de la explotación del pre-sal. Se estima que esta explotación del pre-sal exigirá una inversión superior a 600.000 millones de dólares y si el yacimiento del pre-sal fuera explotado debidamente, el país podría convertirse en el sexto productor mundial de petróleo en 2035.

El nuevo Decreto nº 9.862/2019 que altera el Decreto nº 9.128/2017, publicado en junio de 2019 en el Diario Oficial da União (DOU), prorroga el régimen Repetro (Instrucción Normativa 1.415 de la Receita Federal do Brasil). Se trata de un régimen aduanero especial de exportación y de importación de bienes destinados a las actividades de búsqueda y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el cual suspende el cobro de impuestos sobre la importación de equipamientos para la exploración offshore, hasta el año 2040. Actualmente, las reglas en vigor son válidas hasta diciembre de 2020, un horizonte demasiado corto para el sector. El fin de este beneficio ponía en riesgo la viabilidad de la actividad de exploración de petróleo y gas, ya que la suspensión de pago de tributos representa cerca del 50% del valor total de la inversión.

En 2019, la producción total de petróleo en Brasil superó, por primera vez, los 1.000 millones de barriles llegando a 1.018, lo que supone un aumento del 7,78% en relación al volumen producido en 2018, de 944 millones de barriles. En 2020, la producción aumentó un 5,5% con respecto al año anterior siendo la producción media de petróleo de 2,94 millones de barriles por día.

Por su parte el gas natural también ha mejorado sus números, en 2019 tuvo una producción de 44.742 millones de metros cúbicos, lo que supuso un crecimiento del 9,46% en relación a los 40.857 millones registrados en 2018. En 2020, la producción de gas natural aumentó un 4,1% en relación al 2019 siendo la producción media de gas natural de 127 millones de metros cúbicos por día.

El Gobierno de Jair Bolsonaro presentó en julio de 2019 un programa de reestructuración del mercado del gas bajo el nombre de «Novo Mercado de Gás». El objetivo de este programa es promover un mercado de gas natural que favorezca la competencia, las inversiones nacionales e internacionales y la reducción de los precios de la energía. Además, busca la integración del sistema gas natural con el sistema eléctrico del país. Según las estimaciones del Gobierno de Brasil, con una implantación exitosa del programa, Brasil se convertirá, en 2030, en uno de los cinco mayores productores de gas natural del mundo.

Durante muchos años, Brasil no tuvo un mercado desarrollado para el gas natural. La situación comenzó a cambiar con la construcción del gaseoducto Brasil-Bolivia, y con la adopción de incentivos públicos para el uso de este combustible como, por ejemplo, el programa Gas Natural Vehicular (GNV). El sector se ha caracterizado por una serie de desequilibrios entre la oferta y la demanda. En efecto, la oferta de gas producido en Brasil ha ido creciendo sin que la demanda haya hecho lo propio (entre 1999 y 2008, la producción nacional creció un 50%). A esto, hay que añadir el contrato que obligaba a Brasil a importar 20 millones de metros cúbicos de gas boliviano al día. Dicho contrato expiró el 31 de diciembre de 2019.

Las metas de reducción de emisiones de carbono, el hecho de que Brasil cuente con la séptima mayor reserva de uranio del mundo y que esté cerca de dominar el proceso de enriquecimiento del combustible son factores que contribuyen a que la energía nuclear se incluya en los planes energéticos brasileños. Entre las actividades relacionadas con la energía nuclear, destaca la reanudación a finales de junio de 2021 de las obras del reactor Angra 3, parte del complejo Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, administrado por la empresa Eletronuclear, un monopolio estatal que controla la generación nuclear en Brasil. Además, dentro del Plan Nacional de Energía (PNE) 2050 está incluida la construcción de 6 centrales nucleares.

Por su parte, la transmisión eléctrica es una de las tareas pendientes del país, ya que, debido a la gran extensión del territorio, los principales centros de consumo están a larga distancia de los principales locales de generación energética, sin que haya una buena conexión al Sistema Interligado Nacional (SIN). En lo que va de 2021, según los últimos datos publicados por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), el Sistema Interligado Nacional (SIN) contaba con 145.600 kilómetros de líneas de transmisión (red básica).

Por último, destaca la continuación del Programa «Luz para todos». Este programa, que comenzó en 2004, se volvió a prorrogar para el periodo 2010-2014 y, el 27 de abril de 2018, fue publicado el Decreto n ° 9.357, prorrogando el Programa hasta el año 2022. De acuerdo con el último balance publicado, el programa ha beneficiado a 3,5 millones de familias, y en diciembre de 2019, las inversiones previstas superaban ya los 27.600 millones de reales (5.000 millones de euros, aproximadamente). Debido al aislamiento en el que vive una parte de la población brasileña, este programa ha destacado por instalar gran cantidad de placas solares fotovoltaicas para autoabastecer a esas poblaciones.

Similar a “Luz para todos”, el Gobierno Federal de Brasil ha lanzado, en febrero del año 2020, el Programa Más Luz para la Amazonía con el objetivo de llevar energía renovable, a través de paneles fotovoltaicos, a más de 70 mil familias. La instalación de energía eléctrica tiene como objetivo el desarrollo social y económico de las poblaciones que reside en regiones remotas de los estados que conforman la Amazonía Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins y Maranhão, y que aún no tienen acceso a este servicio público.

Industria Aeronáutica

La industria aeronáutica es uno de los sectores destacados de alta tecnología de la industria brasileña. Su balanza comercial es tradicionalmente superavitaria y actúa como difusora y propulsora del desarrollo industrial interno, innovación y estimulación de la mano de obra cualificada en Brasil. El segmento aeronáutico incluye una variada gama de productos como: aviones, helicópteros, sus partes estructurales, motores, piezas, equipamientos de radiocomunicación y navegación, sistemas y equipamientos de control de tráfico aéreo.

Desde los monomotores eléctricos hasta los aviones ligeros de carga para aplicaciones civiles y militares, la industria aeronáutica brasileña es muy activa, especialmente en la categoría de aviones deportivos ligeros (ALE), dedicados al ocio y la instrucción. La principal característica del sector es la existencia del gran fabricante nacional Embraer que acapara casi el 80% de la facturación. Es líder mundial del mercado de aviones de medio porte, donde compite con empresas como la canadiense Bombardier o la británica British Aerospace. El peso y volumen de esta empresa hace que sus decisiones y resultados influyan en el rumbo del sector.

 

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Sector terciario

Uno de los primeros elementos a destacar en Brasil en relación al sector servicios es que la producción estadística sobre este sector es escasa, resultando difícil obtener datos actualizados. En 2020, el peso del sector servicios sobre el VAB fue del 72,8%, siete décimas menor que en 2019 (73,5%), si bien la existencia de un importante volumen de economía sumergida hace difícil el cálcuo exacto. En cuanto al ritmo de crecimiento del sector, cabe destacar una contracción del 4,5% en el conjunto del pasado ejercicio respecto a 2019, consecuencia del impacto que las medidas de aislamiento para hacer frente a la pandemia han tenido sobre este sector de actividad.

Desde un punto de vista histórico, el sector terciario brasileño experimentó a partir de la década de los setenta una fuerte expansión, en gran parte debido al proceso de urbanización e industrialización del país. La tendencia de crecimiento del sector se vio truncada en 2015, como efecto de la crisis económica de 2015 y 2016, registrándose una caída del 2,7% en ambos ejercicios.  Asimismo, un rasgo que ha señalado al sector en los últimos años es su carácter fuertemente inflacionista.

En cuanto al turismo, éste representa todavía un volumen de negocio muy por debajo de lo que cabría esperar de un país con los atractivos que ofrece Brasil. La inseguridad ciudadana, la escasez de mano de obra especializada, la falta de conocimientos técnicos y la carencia de infraestructuras son factores que impiden el despegue del sector en Brasil. Según los datos más recientes del Ministerio de Turismo, el número de extranjeros que visitan Brasil se ha incrementado en un 14,6% en los últimos cuatro años. Con el lanzamiento del Plan Nacional del Turismo 2018-2022, durante el desarrollo de la 51ª reunión del Consejo Nacional de Turismo, CNT, el Ministerio del Turismo de Brasil destacó como una de sus principales metas la creación de dos millones de empleos. La atracción de inversión y la mejora de negocios están previstos en este Plan Nacional, además de incluir asociaciones entre los ministerios de Economía y Turismo. Para alcanzar los objetivos propuestos en esta área, y facilitar las inversiones privadas, en febrero de 2020 el Consejo del PPI creó una política específica para el sector turístico.

Para impulsar el turismo, el Gobierno de Bolsonaro ha permitido desde junio de 2019 la entrada sin visado de turistas canadienses, australianos, japoneses y estadounidenses. Además de la exención de visado, Brasil ha adoptado una serie de medidas para fomentar el sector turístico, entre las que destaca la apertura total del sector de aerolíneas al capital extranjero con la Ley Nº 13.842/2019. De esta forma, Air Europa obtuvo la autorización de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) para realizar vuelos nacionales brasileños.

El gobierno brasileño publicó el Decreto n° 10.349/20, que aprueba la inclusión de la política de atracción de inversiones privadas para el sector del turismo en la agenda del PPI. El objetivo es promover la elaboración de estudios destinados a la implementación de nuevos emprendimientos y al aprovechamiento turístico de activos culturales y naturales en el país por medio de asociaciones comerciales, con empresas locales, o extranjeras que busquen invertir en el sector turístico brasileño. 

A finales de 2020 se envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Nº 4396/20, que modifica la Ley General de Turismo y permitirá a los agricultores familiares y productores rurales que exploran el turismo como una actividad secundaria ser considerados proveedores de servicios turísticos, con registro simplificado en el Ministerio de Turismo, así como acceder a las medidas de emergencia para ayudar al turismo. Por otra parte, también a finales de 2020 fue enviado a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Nº4395/20, con el objetivo de crear la Política Nacional de Fomento del Turismo Rural. Ante la gran dificultad de acceso al crédito del sector, la aprobación de estas propuestas permitiría a los productores rurales y agricultores, beneficiarse del Programa Nacional de Apoyo a Microempresa y Pequeñas Empresas.


Por su parte, según datos de la Asociación Brasileña de las Empresas de Tecnología de Información y Comunicación (Brasscom), el sector de telecomunicaciones representaba el 6,8% del PIB de Brasil en 2020. En total, la industria de las telecomunicaciones produjo en 2020 494.700 millones de reales (unos 75.243 millones de euros) y empleaba a un total de 1,56 millones de personas en Brasil, habiendo creado 42.300 nuevos puestos de trabajo. El sector de las telecomunicaciones alcanzó los 36,3 millones de accesos de banda ancha en 2020, lo que supone un aumento del 10,26% en comparación con 2019.

En febrero de 2021 la Agencia Nacional de las Telecomunicaciones (Anatel) aprobó el decreto para la subasta de bandas de radiofrecuencia para la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de 5G en Brasil. Las bandas que se ofertarán en este proceso de licitación son aquellas de 700 MHz, 2,3GHz, 3,5GHz y 26GHz, todas ellas con un plazo de 20 años, a excepción de la banda de 700 MHz con plazo hasta el 08/12/2029. Estas serán -a su vez- ofertadas en 2 rondas (salvo la de 2,3GHz), otorgándose licencias nacionales y regionales para espectros que van desde los 20 MHz hasta los 400MHz –los más grandes nunca ofertados a nivel mundial-. La subasta del 5G ha sido incluida en el PPI y se espera poder llevarla a cabo en agosto de 2021, con el comienzo del contrato en 2022.

Brasil cuenta con la mano de obra especializada en tecnologías de la información (TIC) más numerosa de Latinoamérica, si bien presenta un importante déficit en la industria de fabricación de componentes electrónicos, lo que se traduce en una elevada cuota de importación, que repercute en los precios de los fabricantes y montadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. En 2014 la empresa española Telefónica adquirió el mayor operador de banda ancha en Brasil, GVT, la filial brasileña del grupo francés Vivendi. De esta forma, Telefónica de Brasil consolida su posición de liderazgo como operador de comunicaciones integrado con sus sectores de móviles y de banda ancha. Según el Panorama Sectorial de Telecomunicaciones de Anatel, publicado en 2020, en el año 2019 la principal operadora de móvil en Brasil fue VIVO (grupo Telefónica) con el 32% de la cuota de mercado (73,8 millones de accesos en operación en 2019), seguida de Claro (56,5 millones y una cuota del 25%) y TIM (54,5 millones de accesos y una cuota del 24%). En cuanto a la cuota de mercado de la conocida como banda larga, que incluye accesos fijos a internet de 256 kbps o más, en 2019 destaca Claro Brasil con el 29% de cuota de mercado, seguida de VIVO con una cuota del 22% y Oi (17%).

Por otra parte, también merece la pena destacar que desde agosto de 2011 se abrió el mercado de TV por cable a las operadoras de telefonía y se puso fin a las restricciones de capital extranjero en el sector, monopolizado hasta entonces por las compañías NET y Sky. Los cambios introducidos en las reglas de televisión por cable han permitido avanzar a la española Telefónica en el proceso de consolidación de las telecomunicaciones en Brasil, a pesar de que los primeros puestos en cuanto a clientes los ocupan Claro (50% en septiembre de 2019), Sky (31%) y Oi (10%).

Los ingresos brutos de los principales operadores sumaron un total de 206.400 millones de reales en 2019, de los cuales el 86% se concentraba en los cuatro principales operadores del país: Vivo, Grupo Claro, Oi y Tim. El resto de los ingresos Brutos corresponden al suministro de sistemas de comunicación, hardware y software, sumando un total de 35.100 millones de reales. La banda ancha fue el único servicio que aumentó en 2,4 millones de nuevas líneas respecto al año anterior. En contraposición, las líneas fijas de telefonía disminuyeron en 3 millones, así como los teléfonos móviles, que disminuyeron en 2,6 millones. Finalmente, cabe destacar que la televisión de pago también disminuyó en 1,7 millones de accesos, reflejando el incremento de la banda ancha y la popularización de los servicios de streaming.

El 3 de octubre de 2019, se aprobó la Ley Nº 13.879/2019 del nuevo modelo de telecomunicaciones, mediante la cual se permite la adaptación de la modalidad de servicio de telecomunicaciones de concesión para la modalidad de autorización. La nueva ley busca actualizar el marco regulatorio de las telecomunicaciones, redirigiendo su enfoque hacia la universalización del acceso a internet de banda ancha. La oportunidad de migrar los contratos de concesiones de telefonía fija a autorizaciones permite que los operadores de telefonía del país, actualmente concesionarios, tengan una mayor capacidad de invertir en infraestructuras de banda ancha. Bajo esta nueva forma de contratación, se permite a los titulares de las concesiones de servicios fijos trasladar sus licencias del régimen público al privado. Además, los titulares de las concesiones tendrán más flexibilidad a la hora de negociar gracias a los activos reversibles que pueden reinvertirse en infraestructura de banda ancha. Por otro lado, las licencias de veinte años, que con la anterior ley podían renovarse una sola vez, podrán ahora renovarse de forma continua. Finalmente, cabe destacar que esta nueva regulación permite la creación de un mercado secundario, autorizando a los operadores a comerciar con los derechos de uso, siempre bajo ciertas condiciones y sujeto a la aprobación de ANATEL. Según el presidente de Anatel, se busca promover un ambiente regulatorio seguro y moderno, favorable a la innovación y a la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

En 2020, la exportación brasileña de servicios, alcanzó los 28.473 millones de dólares, un 17% menos que en 2019. Por mercados de destino, destacan Estados Unidos (45,99%), Holanda (4,27%), Reino Unido (5,62%), Alemania (4,35%), Suiza (3,80%) e Irlanda (2,58%). España supuso el 1,59% de las exportaciones (puesto número 16). Por sectores, los más destacados fueron:  

 

EXPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS EN 2019 Y 2020

Servicios

Valor en millones de dólares americanos (USD)

 

2019

2020

Var. 2019/20

% del total 20

Otros servicios empresariales, incluidos arquitectura e ingeniería

15.712

13.461

- 14,3

47,3

Transportes

5.559

5.061

-9

17,8

Viajes

5.995

3.044

- 49,2

10,7

Telecomunicaciones, informática e información

2.574

2.524

- 1,9

8,9

Servicios de mantenimiento y reparación

477

1.191

149,6

4,2

Servicios financieros

1.011

829

-18

2,9

Servicios de propiedad intelectual

641

634

- 1,1

2,2

servicios gubernamentales

680

611

- 10,1

2,1

Seguros

970

581

- 40,1

2

Servicios culturales, personales y recreativos

518

411

- 20,8

1,4

Alquiler de equipos

123

98

- 20,7

0,3

Construcción

30

17

- 43,8

0,1

Servicios de fabricación de insumos físicos propiedad de terceros

19

10

- 44,3

0

TOTAL

34.309

28.473

-17

100

Fuente: Banco Central de Brasil. Elaboración: SECEX Última actualización: 09/07/21.

 

 

IMPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS EN 2019 Y 2020

Servicios

Valor en millones de dólares americanos (USD)

 

2019

2020

% del total 2020

Var. 19/20

Alquiler de equipos

14.673

11.812

24,4

-19,5

Otros servicios empresariales, incluidos arquitectura e ingeniería

9.826

9.355

19,3

-4,8

Transporte

11.472

7.597

15,7

-33,8

Telecomunicaciones, informática e información

5.401

6.064

12,5

12,3

Viajes

17.593

5.394

11,1

-69,3

Servicios de propiedad intelectual

5.246

4.029

8,3

-23,2

Servicios gubernamentales

2.017

1.747

3,6

-13,4

Seguros

1.592

1.402

2,9

-11,9

Servicios financieros

661

494

1

-25,3

Servicios culturales, personales y recreativos

549

301

0,6

-45,3

Servicios de mantenimiento y reparación

339

196

0,4

-42,1

Servicios de fabricación de insumos físicos propiedad de terceros

2

1

0

-27,8

Construcción

2

3

0

57,9

TOTAL

69.375

48.396

100

-30,2

Fuente: Banco Central de Brasil. Elaboración: SECEX Última actualización: 09/07/21.


En cuanto a las importaciones, en 2020 ascendieron a 48.396 millones de dólares, un 30,24% menos que en 2019. Los principales proveedores fueron Estados Unidos (32,33%), Holanda (18,81%) y Reino Unido (4,76%). España es el séptimo proveedor de servicios (2,31%), subiendo dos puestos con respecto al año pasado.

La balanza de servicios de Brasil es permanentemente deficitaria. En 2020, el déficit de la cuenta de servicios ascendió a casi 19.923 millones de dólares. Los principales países exportadores e importadores de servicios para Brasil, en 2019 y 2020 fueron:

PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE SERVICIOS PARA BRASIL

EXPORTADORES A BRASIL

2019

2020

IMPORTADORES DESDE BRASIL

2019

2020

Estados Unidos

41,0%

46,0%

Estados Unidos

29,7%

32,3%

Holanda

5,0%

4,3%

Holanda

21,8%

18,8%

Reino Unido

5,3%

5,6%

Reino Unido

3,5%

4,8%

Alemania

4,6%

4,3%

Francia

2,1%

2,4%

Suiza

3,8%

3,8%

Noruega

1,4%

1,5%

Francia

2,5%

2,2%

Alemania

2,8%

3,5%

Japón

2,3%

2,0%

España

2,3%

2,3%

Islas Caimán

1,8%

1,8%

Suiza

1,2%

1,1%

Irlanda

2,6%

2,6%

Irlanda

2,4%

1,5%

España

1,5%

1,6%

Japón

1,4%

1,4%

Fuente: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/tabelasespeciais. Última actualización 10/06/2021. 

 

 

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