Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

La economía brasileña, con un PIB de 2,42 billones de dólares en 2012 representa cerca del 40% del PIB de Latinoamérica y un 2% del mundial. Ha experimentado profundos cambios estructurales a lo largo del siglo XX. Ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola a ser un país en el que, aunque el sector primario continúa teniendo peso en la economía (5,2% del PIB en 2012), especialmente en las cuentas externas, se ha desarrollado una fuerte y diversificada base industrial, si bien la industria de transformación ha perdido peso en la economía en los últimos años debido a la fuerte apreciación del real y la intensificación de la competencia internacional, pasando de representar el 19,2% del PIB en 2004 al 26,3% en 2012.

A la política de industrialización iniciada en los años 30 le siguió un rápido crecimiento conocido como el “milagro económico” que provocó una concentración desigual de recursos y población, que ha llevado a que entre Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais se genere el 54% del PIB brasileño. Tras esta etapa, Brasil sufrió en 1973 y en 1981-83 dos graves crisis con tasas de crecimiento negativas, inflación de tres dígitos y aumento de los déficits interno y externo. Para solventar las graves crisis se pusieron en marcha cinco planes de estabilización, que no tuvieron éxito alguno, ya que en 1990-92 se volvieron a registrar cifras negativas de crecimiento y la inflación continuaba sin control. Finalmente, en julio de 1994, a iniciativa del entonces Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, se puso en marcha el Plan Real, que incluía una política económica contractiva, importantes rebajas arancelarias, desindiciación de los salarios y la creación de una nueva moneda, el real, que inicialmente cotizó a la par con el dólar. Esta estrategia tuvo un efecto espectacular sobre la inflación que del 2.500% de 1993 pasó al 2,49% en 1998.

En Brasil, han primado las políticas monetaria y fiscal restrictivas basadas en unos elevadísimos tipos de interés, que han llegado a rozar el 50% en 1994 y el 40% en 1997, así como en una elevada carga tributaria, que entre 1987 y 2003 pasó del 23,8% al 35,7% del PIB, acompañada de un importante grado de austeridad en cuanto a gasto público.

Tras la llegada del Presidente Lula al poder en 2002, se intentó compatibilizar esa política económica ortodoxa con medidas asistenciales de carácter redistributivo (como el programa Bolsa Familia). En este sentido, se pueden diferenciar dos fases, que se corresponderían, “grosso modo”, con los dos gobiernos Lula.

La primera, durante el primer mandato (2002-2006), tuvo como objetivo prioritario lograr la estabilidad macroeconómica mediante la corrección de los desequilibrios de algunos indicadores, como la inflación o el déficit corriente, a través de la combinación de una política monetaria restrictiva y fiscal contractiva. La corrección de los desequilibrios se habría logrado a costa de un crecimiento modesto.

Alcanzada dicha estabilidad macroeconómica, el segundo gobierno Lula se fijó como objetivo acelerar el crecimiento mediante un ambicioso programa de inversiones públicas: El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que contemplaba inversiones en infraestructuras, medio ambiente y energía, fundamentalmente. Y ello sin dejar de mantener bajo control los principales indicadores de la economía, lo que explica que el tipo de interés básico de Brasil fuera el más alto del mundo en términos reales durante gran parte de ese periodo. De la misma manera, la carga tributaria – superior al 36% del PIB - también se situaba entre las más altas del mundo, comparable a la de países que ofrecen una elevada cobertura en cuanto a servicios públicos de calidad, lo que no ocurre en Brasil, debido a la diferente composición del gasto público brasileño y a las ineficiencias del sistema.

En los últimos años, la situación global y el recrudecimiento de la crisis económica internacional provocó que, a partir de septiembre de 2008, la economía brasileña se enfriase bruscamente  poniendo fin a cinco años de crecimiento notable (4,8% anual entre 2004 y 2008).

En efecto, a partir de ese momento quedó cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales, lo que se reflejó en una menor liquidez del sistema doméstico, que a su vez llevó a una reducción en el ritmo de crecimiento de los créditos concedidos, al tiempo que se encarecían los costes y se acortaban los plazos de amortización. Todo ello trajo consigo una contracción del consumo y la inversión – que hasta ese momento habían constituido el motor del crecimiento económico brasileño – y una explosión inesperada de despidos.

Para hacer frente a la crisis, el gobierno flexibilizó su política monetaria – a través de sucesivos recortes del encaje bancario y de los tipos de interés, que se situaron por primera vez en un solo dígito (8,75%), al tiempo que se garantizaba el acceso al crédito a través de la potente banca pública. Se instrumentó una política fiscal anticíclica, prestando especial atención a los sectores de la construcción y bienes de consumo duradero, los más vulnerables a la restricción del crédito y determinantes para asegurar el dinamismo de la demanda interna, dado su efecto arrastre y el importante volumen de mano de obra que emplean.

Tras dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, la economía volvió a crecer en el segundo trimestre de 2009, impulsado por una demanda interna que en el segundo semestre registró una tasa anual de crecimiento del 10,5%. A pesar de que el PIB en 2009 se situó en el -0,3%, la recuperación económica era un hecho a finales de ese año, como confirmó el robusto crecimiento registrado en 2010, del 7,5%, la mayor tasa desde 1985 (sólo superada entre las grandes economías por la registrada en China e India), situando a Brasil como la séptima mayor economía del mundo.

A finales de 2010, la coyuntura económica se caracterizaba por una demanda sobrecalentada, crecimiento de las importaciones, presiones inflacionistas y apreciación del real. Ante este escenario, el nuevo gobierno decidió instrumentar una política económica más consistente que la aplicada en el último año del gobierno Lula (cuando el gasto público registró un incremento significativo), de forma que el control de la inflación no fuera responsabilidad exclusiva del Banco Central.

Así, las medidas adoptadas por el Banco Central de Brasil en los últimos meses de 2010 - medidas macroprudenciales que tenían por objetivo restringir y encarecer el crédito -, fueron acompañadas de nuevas subidas del tipo de interés de referencia o Tasa SELIC - en enero, marzo, abril, junio y julio (hasta situar el tipo básico en 12,50%) -. Simultáneamente, en el ámbito fiscal, se anunció un recorte de 53.000 millones en el presupuesto y se aprobó un ajuste del salario mínimo muy inferior al exigido por sindicatos, oposición e incluso algunos partidos de la base aliada. El objetivo era enfriar la demanda agregada, de modo que se redujera la presión sobre los precios, lo que debería permitir, a medio plazo, un recorte sustancial de los tipos de interés.

En 2011, el enfriamiento ya se había iniciado, como muestran los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En efecto, en 2011 la economía brasileña creció un 2,7% en comparación con el año anterior (cuando lo hizo un 7,5%), lo que refleja una pérdida de ritmo concentrada principalmente en la industria, que tan solo creció un 1,6% respecto a 2010. El consumo siguió siendo el motor de la economía brasileña; creció un 4,1%, en 2011, el menor incremento desde 2003, impulsado por la expansión de la masa salarial y el crecimiento del crédito, que aunque mostró signos de desaceleración, siguió creciendo - en 2011 se expandió un 19%.

Ya en 2012, el enfriamiento se intensifico, con un crecimiento del 0,9% con respecto a 2011. Esto demuestra un desempeño poco favorable para Brasil, que a mediados de 2012 se esperaba que creciese a una tasa de entre el 3% y el 4%. Según informes de diferentes organismos multilaterales, la tasa media de crecimiento del PIB para América Latina en 2012 debería ser del 4%, lo que incide más en el pequeño crecimiento del gigante latinoamericano. En valores corrientes, el PIB de Brasil alcanzó, en 2012, los 4.402,5 mil millones de reales brasileños, de los cuales, 661,8 mil millones forman parte de los impuestos, y 3.740,8 mil millones del valor agregado. La participación de cada sector, dentro del valor aportado al PIB, queda, en 2012 como sigue: agropecuaria, 5,2%; industria, 26,3%; servicios, 68,5%.

El temor a una nueva recesión mundial, junto a la desaceleración mostrada por la economía brasileña ya comentada, forzó al Banco Central a emprender un agresivo ciclo de recortes de la tasa SELIC, que pasó del 12,5% en septiembre de 2011 al 7,25% del cierre de 2012. Sin embargo, la presión inflacionista que se generó a principios del 2013 hizo que el Banco Central volviera a elevar, levemente, el tipo de interés de referencia o tasa SELIC, no dando continuidad a la política actual. Se prevé que cierre el 2013 en 9,25%. Por otro lado, el gobierno confia en la inversión en infraestructuras como "palanca" para el crecimiento de la economía en los proximos años. En este sentido, el plan "PAC Concesiones", en ejecución desde agosto de 2012 y que prevé la inversión de 133.000 milones de reales en proyectos de infraestuctura de transporte en régimen de concesión durante los proximos 25 años, se espera que eleve la tasa de inversión en el país, que en 2011 suponia el 19,3% del PIB y que el gobierno confia se situe en el 24% en 2014.

En relación con las cuentas externas, en 2012 las exportaciones brasileñas alcanzaron los 242.580M$ y las importaciones los 223.164 M$, lo que arrojó un superávit de 19.415 millones de dólares, el menor desde 2002. En 2011 la balanza comercial cerró en 29.793M$. El déficit por cuenta corriente alcanzó los 54.230 M$, que fue financiado íntegramente por la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 65.272M$, un valor próximo al record histórico de 66.660M$ registrado en 2011.

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Precios (minoristas y mayoristas)

Garantizar una tasa de inflación controlada se encuentra entre las principales preocupaciones de las autoridades económicas brasileñas, al tratarse de una fuente tradicional  de desequilibrios de la economía brasileña (y de la región). La combinación de una política monetaria contractiva (elevados tipos de interés) y una política fiscal austera (control del crecimiento de los gastos públicos) son medidas que persiguen mantener un ritmo de crecimiento de los precios algo más moderado que en el pasado.


En efecto, la inflación, medida por el avance del Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), se ha ido reduciendo de forma más o menos continuada a lo largo de los últimos meses, desde valores interanuales de dos dígitos, crecimiento del índice del 10,7%  en diciembre de 2015 o del 6,3% en diciembre de 2016, hasta el 3% (2,95%) en diciembre de 2017. En 2018, el crecimiento de los precios,  según el IPCA ha sido del 3,8%.

El objetivo de la política monetaria para el año 2017 era de un ritmo de crecimiento del IPCA del 4,5% con un margen del +/- 1,5%. Para 2018 se ha mantenido ese objetivo y los resultados indican que el avance de los precios se situó dentro del margen de tolerancia establecido.

Para 2019, la meta de inflación es del 4,25% con un margen del +/- 1,5%.

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

El sector de las infraestructuras de transporte es una prioridad en la política de inversión federal. La competitividad del país se ve afectada negativamente por la ausencia de infraestructuras adecuadas (en cantidad y calidad), lo cual frena el desarrollo del país. Se estima que los costes logísticos suponen entre el 15% y el 18% del PIB en Brasil, el doble de la media de los países de la OCDE. Este hecho causa un fuerte impacto en la competitividad del país y de sus empresas.

Las inversiones en infraestructuras son bajas y cada vez menores. Brasil es uno de los países emergentes con menor nivel de inversión, un 2,1% del PIB, situándose por detrás de otros BRICS y de Colombia, Chile y Perú, entre otros.

Además de aumentar las inversiones, Brasil precisa reducir las ineficiencias operacionales y mejorar la asignación de recursos. En los sectores de transporte y recursos hídricos la reducción de estas ineficiencias podría economizar un 2,1% del PIB.

El índice comparado de desempeño de las infraestructuras de transporte de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) se situaba en el 33% de la media internacional para el periodo 2000-2010. Para ilustrar esto solo con algunos ejemplos de los componentes del índice, la oferta de carreteras en Brasil se situaba en el 54% de la media internacional (benchmark) y su seguridad en el 30%; la ofertad e aeropuertos en el 94% (y su capacidad operaciones se situaba en el 43%); la oferta de hidrovías navegables se situaba en el 26%, las conexiones intermodales en el 23%, la seguridad de las ferrovías se situaba en el 17% de la media internacional con un coste de flete de la carga casi 16 veces superior. En conclusión, Brasil necesita triplicar sus inversiones en infraestructuras para alcanzar la media internacional. Estas ineficiencias se deben, según fuentes del sector, a un déficit que se sitúa en torno al billón de reales en las infraestructuras logísticas.

Este déficit produce una necesidad de inversión mucho más alta que en los países desarrollados. Así, los planes de inversión del gobierno ascienden a unos 253.000 millones de reales en los próximos 30 años en el sector, según la Empresa de Planificación y Logística (EPL), empresa pública que está contribuyendo a la planificación del sector.

Estas necesidades de inversión podrían ser llevadas cabo, ya sea por aportes públicos o por Asociaciones Público Privadas (PPP), en un país donde hasta la actualidad, las principales posibilidades de financiación para estos proyectos han venido canalizadas a través de los bancos públicos de desarrollo, principalmente el BNDES. No obstante, la reestructuración que ha sufrido el BNDES tras los problemas de rendición de cuentas en el marco de las operaciones anticorrupción que se están resolviendo en Brasil ha llevado a una alteración de su esquema de financiación de las infraestructuras, reduciendo su participación en favor de bancos comerciales.

Entre los planes de desarrollo públicos en materia de infraestructuras, destaca el plan nacional de logística (PNL), con el objetivo de servir de fundamento para la planificación estratégica del sector. Asimismo, el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa de «parcerias» (asociaciones) para las inversiones, el Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) con el objetivo de recuperar el crecimiento económico a través del fomento de la inversión en infraestructuras y obras en la modalidad de concesiones.

El programa fue creado en 2016 por el Gobierno Federal para reforzar la coordinación de las políticas de inversiones en infraestructura a través de alianzas con el sector privado. El gobierno Bolsonaro ha retomado el proyecto y reforzado su potencial, para mantener un flujo de decisiones coordinado para la priorización y el acompañamiento de los proyectos que serán ejecutados por medio de concesiones, Asociación Público-Privada (PPP) y privatizaciones, además de garantizar un ambiente propicio a la expansión de la infraestructura, del desarrollo económico y de las oportunidades de inversión y empleo en el país.

Con la ley del PPI, se crearon dos importantes estructuras en la Administración Federal: el Consejo del PPI y la Secretaría del PPI. Las empresas de infraestructuras brasileñas se han caracterizado por configurar un sector concentrado, en el que pocos competidores de gran tamaño han abastecido la demanda de servicios de ingeniería y construcción. De este modo, estas empresas no han estado sometidas a la competencia y, por tanto, no son tan competitivas en precios y plazos como las empresas extranjeras, además de no tener recursos para absorber toda la demanda necesaria.

Esta situación de gran demanda y la capacidad de mayor financiación y competitividad de las empresas extranjeras respecto a las empresas locales supone un marco de oportunidades incomparable para nuestras empresas. Sin embargo, a pesar de la necesidad manifiesta de más actores que ayuden a cumplir los objetivos, las administraciones, presionadas por las diferentes asociaciones y colegios profesionales, se resisten a introducir novedades que abran verdaderamente un mercado tradicionalmente proteccionista, por lo que en la práctica se encuentran a menudo dificultades para la entrada de profesionales y empresas extranjeras. Con el PPI, el gobierno está intentando mostrar al capital extranjero un cambio de dirección, tratando de limar estas ineficiencias para que empresas extranjeras puedan concurrir en igualdad de condiciones que las locales a las licitaciones.

El grado de desarrollo de las infraestructuras de transporte varía entre los distintos sectores:

El área aeroportuaria es la más desarrollada, con 13 aeropuertos concedidos a la iniciativa privada y un ambicioso proyecto de licitación de 4 aeropuertos (Porto Alegre, Florianópolis, Salvador y Fortaleza) que concluyó en el año 2017. Los vencedores de las concesiones fueron Vinci Airports (Salvador), Fraport AG Frankfurt Airport Services (Porto Alegre y Fortaleza) y Zurich International Airport AG (Florianópolis). Además, en marzo de 2019, se subastaron 12 aeropuertos, divididos en tres bloques, por valor de 514 millones de euros. La española Aena venció en el Bloque Nordeste, con 6 aeropuertos, con una oferta de 440 millones de euros.

Por otra parte, el gobierno ha comenzado el proceso para la concesión de un total de 22 aeropuertos, divididos en tres bloques: Sur, Norte y Central. Se espera que la celebración del concurso se realice en el segundo semestre de 2020. También han obtenido un impulso las carreteras, gracias a 8 diferentes concesiones, en los próximos dos años, al sector privado que van a permitir la construcción o duplicación de una importante red de carreteras del país.

El sector portuario se compone de puertos públicos y terminales de uso privado. El movimiento de contenedores ha aumentado tanto en toneladas como en unidades TEU. Se movilizaron 1,12 billones de toneladas (un 2,7% superior al registrado en 2017), transportadas en 10 millones de TEU (aumento del 5,7%).
En cuanto al perfil de carga, puertos y terminales movieron 712,8 millones de toneladas de granel sólido, un 2,4% más que en 2017; 235,1 millones de toneladas de granel líquido (+ 1,9%); 112,8 millones de toneladas de contenedores (+ 4,8%); y 56,7 millones de toneladas de carga general suelta (+ 6,1%). La Agência Nacional De Transportes Aquaviários (ANTAQ) estima que el sector portuario crezca un 3,5%, moviendo un total de 1,15 billones de toneladas de carga en 2019.

El objetivo es crear oportunidades de inversiones en Brasil. Para ello, en el PPI están puestas en marcha 7 licitaciones en el sector porturario, 2 en el sector ferroviario, 1 en minería, 1 en petróleo y gas, y 3 en carreterras para el año 2019.

Finalmente, es necesario hacer referencia a la movilidad urbana. Resulta un problema recurrente en las grandes ciudades de Brasil. De hecho, São Paulo y Río de Janeiro son dos de las ciudades con mayores problemas de tráfico en el mundo. En los últimos años, se han puesto en marcha diferentes proyectos (metro, tranvía, buses de carril único, etc.) para mejorar el transporte urbano en éstas y otras ciudades (Salvador, Brasilia, Porto Alegre, Curitiba, etc.). Sin embargo, los proyectos han encontrado diferentes problemas en su desarrollo: un gran número de ellos ha sufrido atrasos, cuando no paralizaciones, lo que ha comprometido la culminación de los mismos.

En conclusión, Brasil es sin duda un país de oportunidades en el sector de infraestructuras de transporte al tiempo que mantiene ciertas dificultades para cubrir dichas carencias, lo que hace necesario un profundo análisis antes de embarcarse en un proyecto de internacionalización.

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

En 2015 se comenzó a utilizar la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua (PNADC en sus siglas en portugués) que publica el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), iniciando la serie homogénea en 2012.

Como resultado de la crisis económica de los dos últimos años, la tasa de desempleo ha sufrido un crecimiento acentuado desde diciembre de 2014, cuando se situaba en 6,5%, alcanzando en el cierre de 2015 el 9% y en el cierre de 2016 el 12%, según los datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua (PNADC), lo que supuso cerrar el año 2016 con 12 millones de desempleados. La cifra siguió aumentando y en 2017, la tasa de paro cerró en el 11,8%, superando los 12,3 millones de parados. En 2018, sin embargo, el mercado laboral ha ido mejorando después del pico de marzo (13,1%), aunque muy lentamente, cerrando el año en 11,6%, y con una media anual del 12,3%.

Según el Catastro General de Empleados y Desempleados (CAGED), del Ministerio de Trabajo y Empleo, hubo una pérdida de 1,3 millones puestos de trabajo al cierre del año 2016, tras la pérdida de 1,5 millones en el 2015. El número total de empleados formales existentes cerró el año en 38,3 millones de personas, frente a los 39,6 millones al final de 2015. Igualmente, el salario medio de admisión por trabajador fue estimado en 1.374,1 reales para el año 2016, habiendo experimentado una caída de 1,1% frente al salario medio de admisión del 2015, que era de 1.389,2 reales. En noviembre de 2017, un mes después de la entrada en vigor de la reforma del mercado de trabajo, Brasil registró un leve descenso intermensual de trabajos formales (caída de tres centésimas) interrumpiendo siete meses consecutivos de creación de empleo.

El año 2017 estuvo marcado por la recuperación de la economía y la reducción del número de desempleados. Brasil llegó a sumar 14,2 millones de desempleados en marzo, cifra que cayó a 12,3 millones en diciembre, de acuerdo con datos del IBGE. En diciembre de 2017, el país tenía 1,67 millones de personas más trabajando por cuenta propia o sin contrato fijo.

A pesar de que el año 2017 cerró con una ligera caída del empleo con respecto a 2016, se convirtió en el primer año en registrar un mayor número de empleados por cuenta propia y sin contrato fijo (34,3 millones de personas) que trabajadores con contrato fijo (33,3 millones), síntoma que puede indicar el crecimiento de la informalidad en la economía. De hecho, cabe señalar el elevado peso de la economía informal en Brasil, pese a que cada año se estima que se está reduciendo en términos porcentuales del PIB. No obstante, ante la delicada situación política y económica, se observa un cambio de tendencia hacia un nuevo crecimiento del mercado informal.

Según el Índice de Economía Subterránea (IES), del Instituto Brasileño de Ética Competitivo (ETCO) y del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas (FGV/IBRE), en el ejercicio 2018 la economía informal (producción de bienes y servicios no informada al gobierno deliberadamente) aumentó tres décimas con respecto a 2017, alcanzando el 16,9% del PIB, lo que significa que el mercado informal habría gestionado en torno a 1.173.000 millones de reales en 2018. Es el cuarto año consecutivo de aumento del peso de la economía informal sobre el PIB del país.

En 2018,el número de desempleados fue de 12,1 millones. El trabajo informal llegó a 38,6 millones de personas, el 61,7% del total de empleados, en ligero aumento sobre 2017 (60,5%), lo cual confirma la tendencia de crecimiento del trabajo informal con respecto al formal.

 

 

 

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PIB per capita y distribución de la renta

El PIB per cápita en Brasil ascendió a 9.689 dólares en 2017, un aumento del 0,2% respecto al año anterior, donde se alcanzó 8.730,8 dólares según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Según la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua (PNAD Continua), en 2017, el 10% de la población con mayor ingreso tenía el 43,3% de la masa salarial del país, mientras que el grupo del 10% con menores ingresos ostentaba el 0,7% de la masa salarial.

Las personas que formaban parte del grupo del 1% de la población brasileña con mayores ingresos recibían de media 27.213 reales (6.233 euros) al año en 2017, mientras que en 2016 esa cantidad ascendía a 27.085 reales (6.203 euros). Ese valor es 36,1 veces mayor que el rendimiento medio del 50% de la población con menores ingresos, unos 754 reales (172,7 euros) en 2017, superior al dato de 2016 de 747 reales (171 euros).

El índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta, fue de 0,549 en 2017, mismo dato que en 2016, siendo 0 igualdad y 1 desigualdad máxima. Debido a este estancamiento, y según un estudio de la ONG Oxfam Brasil, en base a los datos de la Investigación Nacional por Muestra de Domicilio (Pnad, en sus siglas en portugués) del IBGE, el país subió del 10º puesto como país más desigual del mundo (muestra de 189 países) al 9º, interrumpiendo un proceso de caída iniciado en 2002, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que también usa el Índice de Gini como medidor. Así, en ese periodo, aumentó la pobreza, para dejar un saldo, en 2017, de 15 millones ?de personas (7,2% de la población) consideradas pobres por el Banco Mundial —renta de hasta 1,9 dólares (7,3 reales) por día, lo que supuso un crecimiento del 11% en relación a 2016.

En Brasil, el rendimiento medio mensual real per cápita fue de 2.254 reales (512 euros aproximadamente) en 2018. Las regiones con menor ingreso per cápita fueron las del Norte, con 1.662 reales (377 euros) y Nordeste, con 1.557 reales (353 euros), mientras que la de mayor ingreso per cápita fue la región del centro-oeste, con 2.559 reales (581 euros aproximadamente). El salario mínimo en 2017 fue de 937 reales y en 2018 de 954 reales.

Aún en 2017, el 13,7% de los domicilios brasileños recibían ayudas del Programa Bolsa Familia, una participación inferior a la de 2016 (14,3%). El ingreso medio mensual real per cápita de los domicilios que recibían esta ayuda era de 324 reales (unos 74 euros). El programa consiste en la transferencia de renta por parte del Gobierno Federal a las familias en situación de pobreza en Brasil. Su principal objetivo es garantizar el derecho a la alimentación y acceso a la educación y sanidad.

En la siguiente tabla se muestra el rendimiento medio mensual de las diferentes regiones del país en reales brasileños.         

             Rendimiento medio mensual real en reales
  2017 2018
Norte 1.541 1.662
Nordeste 1.429 1.557
Sudeste 2.459 2.575
Sur 2.373 2.475
Centro-Oeste 2.479 2.559
Brasil 2.112 2.254
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Marzo 2019. 

 

 

 

Como puede observarse, la región Centro-Oeste formada por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás y el Distrito Federal obtiene el mayor rendimiento medio en 2018. En 2016 esta posición correspondía a la región Sudeste de Brasil que incluye los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espirito Santo. 

En los dos años estudiados, la región Nordeste fue la que obtuvo un menor rendimiento, alcanzando los 1.557 reales en 2018
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Sector primario

Brasil dispone de abundantes recursos naturales y su economía está relativamente diversificada. Es el tercer exportador mundial de productos agrícolas, Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brasil es el mayor productor mundial de café, zumo de naranja, azúcar y soja.

De hecho, Brasil ha superado a los Estados Unidos por primera vez en la producción de soja, con una producción anual en 2018 de 117 millones de toneladas comparado con las 116,48 millones de toneladas producidas por los Estados Unidos. Así, se prevé que las exportaciones de soja en 2026 continúen dominadas por Brasil y Estados Unidos, que juntos representan casi el 80% de las exportaciones mundiales. Otros cultivos brasileños de relevancia son el maíz, el tabaco, las frutas tropicales, el trigo, el cacao y el arroz.

Brasil cuenta con el mayor volumen de ganado comercial del mundo. Aun así, la aportación de la agricultura al PIB es relativamente escasa: representa según los datos del IBGE de 2018, únicamente el 5,1%, si bien esta cifra alcanzó el 6,8% en el primer trimestre de 2018. No obstante, este sector aseguró el 44% de las exportaciones en 2018, frente al 40% en 2017.

Asimismo, Brasil es el segundo mayor productor mundial de carne de vacuno, el tercero de carne de pollo y el primer exportador mundial de estos dos productos. Cuenta con 220 millones de hectáreas de pastos (área que tiende a expandirse, en muchas ocasiones, mediante la deforestación ilegal) y posee la segunda mayor cabaña de ganado vacuno del mundo, siendo responsable del 22,5% del rebaño mundial, con 215,2 millones de cabezas, una cifra mayor que el número de habitantes de Brasil. Este sector tiene algunos problemas, como la baja productividad (derivada del carácter extensivo de las explotaciones), la deforestación ilegal (con el fin de ampliar el área de pastos) y los exigentes controles de calidad de otros países.

Durante el año 2018, se registró un aumento de la producción del sector primario del 6% respecto al 2017. El agronegocio, responsable de la integración de diversos sectores de la economía brasileña, incluye la producción de insumos, la producción primaria, la transformación de las materias primas agropecuarias y forestales, la distribución de los productos en los mercados y los demás servicios de apoyo. Según el instituto de Economía Agricola (IEA), en 2018 las exportaciones del agronegocio brasileño aumentaron un 5,2% en relación al mismo período del año anterior (45,4% del total). Las importaciones del sector aumentaron un 7,9%, en comparación con 2017 (8,1% del total). El superávit del agronegocio en ese período fue un 16,7% superior al mismo período del año pasado.

Los cinco principales grupos en las exportaciones del agronegocio brasileño, en 2018, fueron: soja (32.344 millones de euros), seguido de la carne bovina (17.419 millones de euros), caña de azúcar (13.852 millones de euros), carne de pollo (12.075 millones de euros) y maíz (10.705 millones de euros). Estos cinco grupos agregados representaron el 67% de las ventas externas sectoriales brasileñas.

Pese a contar con 7.491 kilómetros de litoral y el 12% del agua dulce del planeta, el sector pesquero en Brasil está poco desarrollado. Según la FAO, la pesca no crecerá tanto como la agricultura en los próximos años. La producción total de peces de la región (acuicultura + capturas) registrará 16,2 millones de toneladas en 2025, un 12,6% más que el nivel alcanzado en 2013-15. Esta situación podría explicarse por varios factores, como una flota pesquera pequeña y envejecida (35-40 años). Por otra parte, el consumo de pescado per cápita en Brasil en el periodo 2013-2015 fue de 9,7 kg, por debajo de los 12 kilos por persona y año aconsejados por la OMS. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el consumo de pescado en Brasil ha sido en estos últimos años de 14,4 kg por habitante/año y ya ha superado lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de liderar las exportaciones mundiales de diversos productos y estar entre los mayores proveedores de otros, Brasil puede conquistar más espacios en el comercio de productos agroindustriales. El Ministerio de Agricultura ve grandes oportunidades para la expansión de las exportaciones del sector, incluso con el aumento de la pauta de productos exportados. En cuanto a los avances tecnológicos, a los cambios que ya introdujo en el sistema de cultivo y de gestión de la producción, responsables por el notable aumento de la productividad en los últimos años, hay que añadir otras, para desarrollar nuevas habilidades del agronegocio. En un mundo cubierto por un diluvio de información para la agricultura, el gran desafío es captar datos importantes y producir tecnología con resultado. Coger e interpretar una inmensa variedad de datos y utilizar a su favor las nuevas y sofisticadas herramientas disponibles es parte de ese desafío.

Desde 1995, Brasil cuenta con varios programas de desarrollo del mundo rural, como el Plan Agrícola y Ganadero, también conocido como el Plan Safra e impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).La agricultura familiar es un segmento importante para el desarrollo de Brasil. Son aproximadamente 4,4 millones de familias agricultoras, lo que representa el 84% de los establecimientos rurales brasileños y es responsable de la producción de más del 50% de los alimentos de la cesta básica brasileña, siendo un importante instrumento de control de la inflación.

Por este motivo, el gobierno ha apostado por el Plan Safra 2017/2020, ahora plurianual, que reafirma el compromiso del Gobierno Federal en la ampliación de la producción de alimentos y en la garantía de crédito más barata para aquellos que producen la comida que llega a la mesa de los brasileños. Con más políticas públicas para el rural brasileño, los agricultores familiares han conquistado seguridad, respeto y autonomía.

La agricultura y la ganadería son consideradas, cada vez más, un sector estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta propensión exportadora, como por su importancia como empleador en áreas rurales.

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Sector secundario

La época de oro de la industria brasileña comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y se prolongó hasta las crisis petroleras de los años 70 (1973 y 1979). Precisamente, la crisis del petróleo marcó el inicio del deterioro económico del país en su historia económica reciente. Durante esa época de crecimiento, Brasil se transformó en un país industrial, con unas tasas de crecimiento de la industria por encima del crecimiento del PIB, gracias a la política de sustitución de importaciones. A partir del Plan Collor (plan de estabilización de la economía, de 1990) Brasil empezó a abrirse al exterior, lo que generó la desaparición de muchas empresas ineficientes que no se adaptaron a las exigencias de mayor competitividad que demanda un mercado abierto. Fue una época de profunda transformación a la que siguió el Plan Nacional de Desestatalización, por el que se privatizaron la mayoría de empresas estatales siderúrgicas, petroquímicas, y de telecomunicaciones, entre otras.

 

Según el «Índice de Competitividad Global» del World Economic Forum, Brasil se situó, en 2018 como la 72ª, de 140, economía más competitiva. Dicha posición supone una mejora de 8 posiciones con respecto a 2017, 9 posiciones con respecto a 2016 y 3 en comparación con 2015. Las principales fortalezas, según el World Econonimic Forum, son el tamaño de mercado, según el PIB y el porcentaje del total de las importaciones sobre el mismo, situándose en décima posición y la innovación, 43ª del mundo. Sin embargo, las debilidades más importantes son la escasa integración de las políticas públicas y la falta de coordinación entre el sector público y privado. Dichas debilidades comprometen el crecimiento económico y la generación de empleo y renta.

 

En 2018, la evolución del sector industrial ha sido positiva, aumentando un 0,1%, invirtiendo la tendencia del año anterior, con un descenso del 0,3%, según los datos de contabilidad nacional. La razón principal se encontraría en el aumento de la minería, 3% en 2018 frente al 1,8% en 2017.Sin embargo, el porcentaje del sector industrial sobre el PIB brasileño ha disminuido en los últimos años desde el 27,1% en 2007 al 21,6%en 2018.

Entre 2007 y 2018, la industria de transformación brasileña se ha visto afectada negativamente, pasando su participación en la industria del 16,6% en 2007 al 11,3%% en 2018. Esta evolución se debería a una serie de factores, como la evolución del tipo de cambio, la competencia internacional y el denominado “coste Brasil”, que se refiere a los costes relacionados con temas como la excesiva burocracia o la deficiencia en las infraestructuras, entre otros. A ellos se deben añadir factores que afectan a la productividad, como la baja capacidad de incorporar tecnología o la baja calidad en la formación.

Aunque ha continuado creciendo y exportando en la última década, se perciben problemas en algunos subsectores, principalmente, en los intensivos en mano de obra (textil, confección, cuero y calzado). Por su parte, los que mejor desempeño han mostrado son aquéllos intensivos en recursos naturales, como alimentos y bebidas o papel y celulosa.

Es fundamental renovar las estrategias y redoblar los esfuerzos para revertir el proceso de desindustrialización acelerada por la que pasa el país.

No es posible imaginar que Brasil pueda volver a crecer y prosperar sin una elevación significativa de la productividad. Para alcanzar un nuevo nivel de productividad, la industria y el país necesitan trabajar en una amplia agenda para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que se presentan.

Por estas razones, el Gobierno de Jair Bolsonaro ha continuado con las directrices iniciadas por el Gobierno de Michel Temer, anunciando la adopción de una serie de reformas económicas, sociales y de atracción de inversiones y de estímulos de la economía, con el objetivo de generar confianza en los mercados y superar la situación actual.

Industria Siderúrgica

El parque siderúrgico brasileño se encuentra representado por 14 empresas privadas en 10 estados brasileños, actualmente se compone de 29 plantas administradas por 11 grupos empresariales: Aperam, ArcelorMittal Brasil, CSN, Gerdau, SINOBRAS, Thyssenkrupp CSA, Usiminas, VSB Tubos, Vallourec & Mannesmann Tubes, Villares Metals e Votorantim.

La producción de acero bruto en el año 2018 fue de 34,7 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 1,1% en comparación con el realizado en 2017. La producción de laminados fue de 23,1 millones de toneladas, una expansión del 3,3% frente al año anterior.

El consumo aparente nacional de productos siderúrgicos fue de 20,6 millones de toneladas en 2018. Comparando con el mismo período de 2017, hubo un aumento del 7,3%. Las ventas interiores crecieron un 8,2%, en comparación con el año anterior, y alcanzaron los 18,3 millones de toneladas. Las importaciones crecieron el 3,3% en 2018 frente al año anterior, totalizando 2,4 millones de toneladas.

Industria Automovilística

Aunque General Motors y Ford contaban con plantas de ensamblaje en Brasil desde los años 20, la industria automovilística brasileña nació en 1956 con el gobierno de Juscelino Kubischek y su política industrial de “sustitución de importaciones”, también conocido como Plan de Metas. Fue entonces cuando grupos como VolskWagen, Mercedes Benz, Ford, General Motors, Scania, Willys o SIMCA comenzaron a establecerse en torno a Sao Paulo (el denominado «ABC paulista», que incluye los municipios de Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul). Posteriormente, se extendieron a otros estados (FIAT a Minas Gerais o Volvo a Paraná). En 1960, Brasil comenzó a exportar su producción a países vecinos, lo que produjo que se instalasen en Brasil nuevos fabricantes, como Chrysler, Farmann Ghia, Toyota, Ford tractors, Massey Ferguson, Valmet, etc. A finales de esa década, la industria de automoción se había convertido en una de las más importantes del país.

Actualmente, están presentes 31 fabricantes de vehículos con 65 fábricas en Brasil, que se diseminan por once estados, empleando a 1,3 millones de personas, directa e indirectamente
De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores - Fenabrave, 3,6 millones de unidades fueron matriculadas en 2018, mientras que el año pasado, el número fue de 3,2 millones de vehículos automotores.

El sector del automóvil representó en 2018 el 25% del PIB industrial y un 4,7% del PIB total.Brasil es el octavo mayor mercado de automóviles del mundo y ocupa el noveno puesto en cuanto a producción mundial. Los puestos de cabeza del ranking los ocupan China, Estados Unidos y Japón.

Durante los años 2015 y 2016, los datos de la industria automovilística empeoraron en ambas ocasiones en relación con el año anterior como consecuencia, fundamentalmente, del descenso de la demanda interna debido a la crisis económica.
Precisamente con la recuperación, las perspectivas del sector han mejorado ligeramente de manera que en 2018, la industria automotriz brasileña volvió a crecer después de cuatro años de caída. En 2018, el sector de los vehículos tuvo un crecimiento del 15,1%, el mayor en 11 años. Este importante crecimiento está vinculado a dos importantes factores, las mejores condiciones de financiamiento y la reducción del 30% de impuestos sobre los coches importados.

La importancia del sector para la actividad brasileña no es despreciable. De hecho, el Gobierno puso en marcha en enero de 2013 el Programa Inovar-Auto que, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, proporcionó incentivos fiscales para que la industria local invirtiera en innovación y tecnología. En noviembre de 2016, la Organización Mundial del Comercio (OMC) consideró que el programa brasileño, basado en requisitos de contenido local, violaba las normas multilaterales de libre comercio, al discriminar frente a los vehículos importados. El 28 de septiembre de 2018, el gobierno brasileño presentó un recurso de apelación a la decisión de la OMC y el 3 de octubre, la Unión Europea contrapeló el recurso impuesto por Brasil. El 13 de diciembre de 2018, el Órgano de Apelación de la OMC constató que los requisitos de habilitación como importador/distribuidor establecidos en el programa modifican desfavorablemente las condiciones de competencia para los productos importados en comparación con las de los productos nacionales similares, en contra de lo que establece el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y con el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC).

En paralelo, el Programa ha perdido su vigencia en diciembre de 2017, tal y como estaba previsto desde su creación (Ley 1275, de 17 de septiembre de 2012) de manera que con el objetivo de prorrogar el impulso del sector (apoyar el desarrollo tecnológico, la competitividad, la innovación, la seguridad vehicular, la protección al medio ambiente, la eficiencia energética y la calidad de los vehículos) el 10 de diciembre de 2018 el presidente de Brasil sancionó la Ley Nº 13.755/2018 por la que se establecen requisitos obligatorios para la comercialización de automóviles en Brasil y se crea el Plan Rota 2030 - Mobilidade e Logistica. Con esta medida, se ha implantado un régimen tributario para componentes de automóviles no producidos en Brasil.

De acuerdo con la Ley Nº 13.755/2018, el gobierno federal establece requisitos obligatorios basados en criterios cuantitativos y cualitativos para la comercialización de vehículos nuevos producidos o importados en Brasil. Los requisitos para comercializadoras e importadoras son: etiquetado vehicular, eficiencia energética y desempeño estructural y tecnologías de asistencia al conductor. El Plan Rota 2030 contempla incentivos fiscales de aproximadamente 343 millones de euros en los próximos 5 años.

Los principales incentivos a las empresas que se adhieran al programa son:

• Reducción del 10% del total de los gastos realizados en investigación y desarrollo en Brasil en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) y de la Contribución Social sobre el Beneficio Líquido (CSLL).
• En el caso de que la empresa realice inversiones en artículos considerados estratégicos, podrán tener una deducción adicional en el IRPJ y CSLL de hasta el 12,5%.
• Reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) aplicada sobre los vehículos híbridos flex en, al menos, tres puntos porcentuales en relación a los vehículos híbridos convencionales, de clase y categoría similares.

Por otra parte, la nueva legislación instituye el régimen tributario para la importación de piezas de automóviles, incluyendo neumáticos, sin producción en Brasil. Así, será concedida la exención del Impuesto de Importación (II) para las piezas sin producción nacional equivalnte, siempre y cuando sean destinadas a la fabricación de productos de automoción.

Industrias Agroalimentaria y Textil

La industria agroalimentaria y la industria textil son las más antiguas del tejido industrial brasileño, esta última con más de 200 años de antigüedad. Representan en torno al 5,9% y el 3,5% del PIB, respectivamente.

La industria textil registró en 2018 un decrecimiento del 3,3% en la producción de ropa, alcanzando los 5.700 millones de piezas. Según los datos de la Asociación Brasileña de la Industria Textil (Abit), el comercio minorista de ropa cerró el año con 6,60 mil millones de piezas vendidas, un 1,6% menos que en 2017. La facturación llegó a 142,56 mil millones de reales, en comparación a los 144 mil millones de reales del año pasado.

De acuerdo con el balance de la entidad, las inversiones del sector en 2018 llegaron a 1.900 millones de reales, con un aumento del 3,53%. Además, el sector cuenta con un total de 1,5 millones de personas empleadas.

Las exportaciones del sector cerraron 2017 en 181,5 mil toneladas, lo que representa una caída del 2,21% en la comparación con 2017. Las importaciones se incrementaron tanto en la cantidad (5,14%, con 1,4 mil toneladas) como en los valores (11,5%, con 5.600 millones de dólares).

Para el año 2019, la expectativa de Abit es de crecimiento del 3% en la producción de vestuario, un 3,5% en las ventas del mercado minorista interno. Asimismo, espera un aumento del 4% en las exportaciones y un 5,5% en las importaciones. En cuanto al empleo, Abit espera la creación de 20 mil puestos de trabajo.

Industria Minera

Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, siendo el primer exportador mundial de mineral de hierro y de niobio (utilizado en la industria electrónica), y uno de los mayores productores del mundo de estaño, bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre otros.

Desde 1995, el sector ha sufrido una importante transformación fruto de una reforma constitucional que permitió la participación de empresas extranjeras, sector hasta entonces reservado a empresas brasileñas y que fue complementada con la privatización en mayo de 1997 de la empresa de minería pública Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), actualmente denominada VALE.

Como consecuencia de este proceso, se ha producido un importante crecimiento de la inversión en el sector, al tiempo que un número creciente de empresas extranjeras han puesto de manifiesto su interés en iniciar operaciones en Brasil, por su cuenta o con acuerdos con VALE. De cara al futuro, el sector tiene un potencial de desarrollo importante, a raíz de su potencial de exportación. Sin embargo, para que el sector desarrolle toda su capacidad, sería necesario que el entorno regulador estuviese más desarrollado y fuese más transparente.

El anterior Gobierno de Michel Temer inició una reforma del sector con la creación de la Agência Nacional de Mineração (ANM) en diciembre de 2017, con el objetivo de avanzar en la regulación del sector y mejorar la transparencia. Sin embargo, el actual presidente Jair Bolsonaro realizó declaraciones, en enero de 2019, acerca de la excesiva burocracia de las agencias reguladoras en Brasil reafirmando que su administración va a realizar una revisión de los dispositivos legales que actualmente regulan las actividades del sector privado.

En el año 2011, el Ministerio de Minas y Energía (MME) lanzó el Plan de Mineración 2030, con el objetivo de guiar el sector minero brasileño durante los 20 años siguientes, abordando las diferentes etapas de geología, mineración y transformación.

Dentro de las acciones del plan, está la puesta en marcha de una agencia nacional de mineración, para de esta forma impulsar la situación de incertidumbre que vive el sector minero, a través de la remodelación del actual marco regulatorio.

El gran potencial del sector minero brasileño ha atraído importantes inversiones extranjeras, principalmente, grupos canadienses y, más recientemente, chinos. Actualmente, no existen restricciones a la explotación de yacimientos mineros nacionales por parte de empresas extranjeras.

El 25 de enero de 2019, la presa de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, operada por la estatal Vale sufrió una ruptura con un resultado de 214 fallecidos y 91 desaparecidos. Como resultado del acontecimiento, se estima que Vale tendrá que pagar aproximadamente 452 millones de euros en indemnizaciones. Además, cuatro minas de la empresa han sido paralizadas por riesgo de ruptura, todas ellas en el estado de Minas Gerais. Como resultado de las paralizaciones, Vale ha afirmado que dejará de producir 93 millones de toneladas de mena en 2019 y disminuirá sus ventas en un 20% del total de lo estimado, entre 50 y 75 millones de toneladas.

La industria minera también se verá afectada por la ruptura, las autoridades fiscalizadoras aumentarán la vigilancia sobre la industria, con riesgos de más paralizaciones y dificultades para la obtención de licencias. Por su parte las empresas, tendrán que realizar un revisión total de sus procesos y sistemas de gestión de riesgos, seguridad y técnica, con reflejos profundos sobre los costes y las inversiones futuras en el sector.

Industria Energética

En 2015, el 41,3% de la matriz energética brasileña procedía de fuentes limpias y renovables, llegando a alcanzar el 43,5% en 2016. La importancia de las energías renovables en la matriz se observa más claramente al compararse con el resto del mundo, cuya media se sitúa en el 13%. Si se considera sólo la matriz eléctrica, Brasil obtuvo casi el 85% de su energía de fuentes renovables, incluyendo la hidroeléctrica.

Brasil es el segundo país a escala mundial en términos de capacidad, generación de energía hidráulica y en el uso de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). Actualmente, hay tres grandes proyectos hidroeléctricos en la pista de alzamiento: la central de Jirau en el río Madeira, inaugurada en diciembre de 2016 (con 50 turbinas y capacidad para generar 3.750 MW); la central de Santo Antonio en el río Madeira, completamente concluida y con capacidad para abastecer a casi 6 millones de habitantes (ambas constituyen el complejo río Madeira, con hasta 6.450MW) y la de Belo Monte, actualmente en construcción en el río Xingu; todas en el Estado de Pará. Sumadas, las tres centrales contribuirán con 18.000 MW.

La apertura del mercado petrolífero brasileño, propiciada por la Ley 9478/97, supuso un importante revulsivo para el sector, que registró desde ese año unos crecimientos continuados en el volumen de reservas probadas y en la producción, hasta alcanzar la autosuficiencia en 2006 (12.600 millones de barriles).

Fue al año siguiente cuando se produjo el descubrimiento de una importante bolsa de crudo en Tupi, en la cuenca de Santos, que llevó a suspender el proceso de licitación entonces en marcha (la octava ronda), para reformular el sector. En efecto, el descubrimiento a unos 200 kilómetros de la costa y hasta 6.000 metros de profundidad (bajo una espesa capa de sal) de unas reservas de crudo de en torno a 29.000 millones de barriles (volumen mayor a todas las reservas petrolíferas de Qatar) eliminaba, en opinión del gobierno, el riesgo de exploración, más allá de las dificultades técnicas de explotación. En consecuencia, fue promulgada la Ley 12.351/10, que establecía un sistema de producción compartida en el área de pre-sal, de forma que los bloques que fueran licitados contarían con una participación mínima por parte de Petrobras del 30%. En la actualidad el Gobierno ha eliminado esta exigencia, para tratar de atraer capital extranjero al sector, en un momento en el que está pasando una situación delicada, consecuencia de la investigación de Petrobras en el marco de la operación lava jato. De hecho, en el PPI lanzado por el Gobierno en septiembre de 2016 se incluyeron varios proyectos para la licitación de la explotación del pre-sal. Se estima que esta explotación del pre-sal exigirá una inversión superior a 600.000 millones de dólares y si el yacimiento del pre-sal fuera explotado debidamente, el país podría convertirse en el sexto productor mundial de petróleo en 2035.

El nuevo Decreto nº 9.128/2017, que altera el Decreto nº 6.759/2009, publicado el pasado agosto de 2017 en el Diario Oficial da União (DOU), prorroga el régimen Repetro (Instrucción Normativa 1.415 de la Receita Federal do Brasil). Se trata de un régimen aduanero especial de exportación y de importación de bienes destinados a las actividades de búsqueda y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el cual suspende el cobro de impuestos sobre la importación de equipamientos para la exploración offshore, hasta el año 2040. Actualmente, las reglas en vigor son válidas hasta el año 2019, un horizonte demasiado corto para el sector. El fin de este beneficio ponía en riesgo la viabilidad de la actividad de exploración de petróleo y gas, ya que los tributos suspendidos de pago representan cerca del 50% del valor total de la inversión.

En 2018, la producción de petróleo alcanzó de media 2,586 millones de barriles al día, disminuyendo en 1,37% la producción del año anterior.

Por su parte el gas natural cerró el año 2018 en positivo con una producción total de 40,8 mil millones de metros cúbicos, con una media de 111 MMm³/d. La producción anual aumento un 1% en relación al mismo periodo de 2017. Asimismo, la producción de gas natural batió records en octubre de 2018 con una producción media de 117 MMm³/d, representando un aumento del 3,7% en comparación al mes de septiembre de 2018 y un 2,1% respecto a octubre de 2017.

El Gobierno de Jair Bolsonaro está preparando un programa de reestructuración del mercado del gas bajo el nombre de «Novo Mercado de Gás». Se espera que el programa sea lanzado entre abril y mayo de 2019 y genere una inversión de 11.000 millones de euros en infraestructuras hasta 2030. Además, con este programa el gobierno prevé duplicar la producción nacional hasta los 220 MMm³/d.Cabe señalar que, en 2013, el Gobierno brasileño realizó la primera licitación en el marco del pre-sal —el Campo de Libra— en la cuenca de Campos, considerado el mayor descubrimiento de petróleo en Brasil (se estima su pico de producción en 1,4 millones de barriles al día). La licitación se acogió al novedoso «regime de partilha de produção». Bajo este régimen, los consorcios —participados todos por Petrobras— debían abonar una prima por contrato de explotación e indicar el porcentaje mínimo de petróleo extraído que deseaban en propiedad, siendo el restante para la Unión (los pliegos obligaban a un mínimo de 41,65% del petróleo para la Unión).

Durante muchos años, Brasil no tuvo un mercado desarrollado para el gas natural. La situación comenzó a cambiar con la construcción del gaseoducto Brasil-Bolivia, y con la adopción de incentivos públicos para el uso de este combustible como, por ejemplo, el programa Gas Natural Vehicular (GNV). El sector se ha caracterizado por una serie de desequilibrios entre la oferta y la demanda. En efecto, la oferta de gas producido en Brasil ha ido creciendo sin que la demanda haya hecho lo propio (entre 1999 y 2008, la producción nacional creció un 50%). A esto, hay que añadir el contrato que obliga a Brasil a importar 21 millones de metros cúbicos de gas boliviano al día. Dicho contrato expirará el 31 de diciembre de 2019.

Las metas de reducción de emisiones de carbono, el hecho de que Brasil cuente con la séptima mayor reserva de uranio del mundo y que esté cerca de dominar el proceso de enriquecimiento del combustible son factores que contribuyen a que la energía nuclear se incluya en los planes energéticos brasileños. El primer paso se dio en 2010 con la reanudación de la construcción de la central de Angra 3. Tras la declaración nula de Eletronuclear del proceso de licitación del consorcio para el montaje de la electromecánica de la central, la finalización queda suspendida, con posibilidad de ser finalizada después del 2021. 

Dentro del Plan Nacional de Energía (PNE) 2050, que sustituye al PNE 2030, está incluida la construcción de 8 centrales nucleares. En la actualidad Brasil posee 2000 MW de capacidad instalada, a la espera de la resolución final de la central Angra 3 (1405 MW).

Por lo que respecta a las energías renovables, Brasil ha realizado un notable esfuerzo. En los últimos años, se ha dado un importante impulso a la energía eólica aumentando la capacidad instalada año tras año. Tan sólo en 2015, la capacidad instalada de energía eólica aumentó un 46% en Brasil.

Según los últimos datos publicados por Asociación Brasileña de Energía Eólica (Abeeólica), la capacidad eólica instalada en el país es de 14,71 GW, con 583 parques eólicos y 7.000 aerogeneradores en operación. Para el año 2024, se espera que la capacidad instalada aumente en al menos 4,33 GW, hasta los 19,04 GW, considerando únicamente los contratos ya viabilizados en licitaciones, subvenciones del mercado libre publicadas y contratos firmados. El potencial de Brasil es suficiente como para que crezca hasta 30GW en apenas 10 años. La participación de la energía eólica en la matriz energética brasileña, en diciembre de 2018, alcanzó el 9%. Sin embargo, ésta y la energía fotovoltaica recibieron un revés de mano del gobierno, al cancelarse la segunda de las licitaciones que se iban a producir a finales de 2016 por existir un exceso de oferta de energía comprometida en un momento en el que la demanda está deprimida, consecuencia de la crisis económica, anunciando en diciembre que iba a proceder a descontratar parte de esa energía. Tras llevarse a cabo este ajuste, junto a la mejora de la economía en 2017, las perspectivas en el sector de renovables vuelven a ser más positivas.

Por su parte, la transmisión eléctrica es una de las tareas pendientes del país, ya que, debido a la gran extensión del territorio, los principales centros de consumo están a larga distancia de los principales locales de generación energética, sin que haya una buena conexión al Sistema Interligado Nacional (SIN). A finales de 2016, el SIN contaba con 134.947 kilómetros de líneas de transmisión (red básica), de los cuales 5.688 km fueron subastados en el año 2016 y 3.569,3 en 2017. Hasta 2021, las previsiones son de 26.313 km. nuevos con una inversión estimada de 70.000 millones de reales (21.200 millones de euros aproximadamente).

Por último, destaca la continuación del Programa «Luz para todos». Este programa, que comenzó en 2004, se volvió a prorrogar para el periodo 2010-2014 y, el 27 de abril de 2018, fue publicado el Decreto n ° 9.357, prorrogando el Programa hasta el año 2022. De acuerdo con el último balance publicado, el programa ha beneficiado a 3,3 millones de familias, cerca de 15,9 millones de personas y se espera que beneficie hasta este año a otro millón de personas. Las inversiones realizadas superan, actualmente, los 22,7 billones de reales (7.000 millones de euros, aproximadamente). Debido al aislamiento en el que vive una parte de la población brasileña, este programa ha destacado por instalar gran cantidad de placas solares fotovoltaicas para autoabastecer a esas poblaciones. El programa tiene como nuevo objetivo llevar energía a 228 mil familias de la zona rural, muchas de ellas en el Amazonas.

Industria Aeronáutica

La industria aeronáutica es uno de los sectores destacados de alta tecnología de la industria brasileña. Su balanza comercial es tradicionalmente superavitaria y actúa como difusora y propulsora del desarrollo industrial interno, innovación y estimulación de la mano de obra cualificada en Brasil. El segmento aeronáutico incluye una variada gama de productos como: aviones, helicópteros, sus partes estructurales, motores, piezas, equipamientos de radiocomunicación y navegación, sistemas y equipamientos de control de tráfico aéreo.

La principal característica del sector es la existencia de un gran fabricante que acapara casi el 80% de la facturación. Es líder mundial del mercado de aviones de medio porte, donde compite con empresas como la canadiense Bombardier o la británica British Aerospace. El peso y volumen de esta empresa hace que sus decisiones y resultados influyan en el rumbo del sector.

Boeing y Embraer han firmado un acuerdo para formar una joint venture en el área de aviación comercial de la compañía brasileña, valorada en 4.072 millones de euros. En virtud del acuerdo, el fabricante estadounidense de aeronaves tendrá el 80% del nuevo negocio y Embraer, el 20% restante.

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Sector terciario

Uno de los primeros elementos a destacar en Brasil en relación al sector servicios es que la producción estadística sobre este sector es escasa resultando difícil obtener datos actualizados.

Desde un punto de vista histórico, el sector terciario brasileño experimentó a partir de la década de los setenta una fuerte expansión, en gran parte debido al proceso de urbanización e industrialización del país. La tendencia de crecimiento del sector observada en los últimos años se vio truncada en 2015, como efecto de la crisis económica que ha sufrido el país entre 2015 y 2016, registrándose una caída del 2,7% a lo largo de dicho año que se repitió de nuevo en 2016. En 2018, el sector aumentó un 0,1% en relación al año anterior. El crecimiento del sector ha traído un ligero aumento en el volumen de empleos. El tamaño del sector terciario es relevante en Brasil. En 2018 representó alrededor del 73,3% del PIB (73,2% en 2017). A pesar de todo, la existencia de un importante volumen de economía sumergida hace difícil el cálculo exacto de la verdadera dimensión del sector en Brasil. Asimismo, un rasgo que ha señalado al sector en los últimos años es su carácter fuertemente inflacionista.

En cuanto al turismo, éste representa todavía un volumen de negocio muy por debajo de lo que cabría esperar de un país con los atractivos que ofrece Brasil. La inseguridad ciudadana, la escasez de mano de obra especializada, la falta de conocimientos técnicos y la carencia de infraestructuras son factores que impiden el despegue del sector en Brasil. Según los datos más recientes del Ministerio de Turismo, en 2018 6,8 millones de personas visitaron el país frente a los 6,6 millones de visitantes en 2017.Con el reciente lanzamiento del Plan Nacional del Turismo 2018-2022, durante el desarrollo de la 51ª reunión del Consejo Nacional de Turismo, CNT, el Ministerio del Turismo de Brasil destaca como una de sus principales metas la creación de dos millones de empleos. De este modo, se pasaría de siete a nueve millones de puestos de trabajo en el sector. Para impulsar el turismo, el Gobierno de Bolsonaro ha decidido que permitirá, a partir de junio de 2019, la entrada, sin visado, de turistas australianos, japoneses, estadounidenses y canadienses.

También se espera incrementar el número de turistas nacionales, con la inserción de 39,7 millones de brasileños en el mercado consumidor de viajes; así como el internacional, pasando de 6,6 millones a 12 millones, juntamente a sus ingresos, saliendo de los actuales 6.600 millones de dólares, hasta los 19.000 millones en el horizonte de 2022.

Por su parte, según datos de la Asociación Brasileña de Telecomunicaciones (Telebrasil) el sector de telecomunicaciones representaba el 3,2% del PIB de Brasil en 2018. A diciembre de 2018, tenía servicios de acceso a telecomunicaciones para 321,6 millones de suscriptores, 234,3 mediante móvil y 30,7 a través de banda larga fija, con un decrecimiento en los últimos 12 meses del 2,8% y el 8,7% respectivamente. Brasil cuenta con la mano de obra especializada en tecnologías de la información (TIC) más numerosa de Latinoamérica, si bien presenta un importante déficit en la industria de fabricación de componentes electrónicos, lo que se traduce en una elevada cuota de importación, que repercute en los precios de los fabricantes y montadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. En 2014 la empresa española Telefónica adquirió el mayor operador de banda ancha en Brasil, GVT, la filial brasileña del grupo francés Vivendi. De esta forma, Telefónica de Brasil consolida su posición de liderazgo como operador de comunicaciones integrado con sus sectores de móviles y de banda ancha.

La principal operadora de móvil en Brasil es VIVO (grupo Telefónica) con más del 32% de cuota de mercado (73,2 millones de accesos en operación en octubre de 2017), seguida de CLARO (56,4 millones y una cuota del 24,62%) y TIM (55,7 millones de accesos y una cuota del 24,3%). En cuanto a la cuota de mercado de la conocida como banda larga, que incluye accesos fijos a internet de 256 kbps o más, en marzo de 2019 destaca Telefónica (VIVO), con una cuota del 40,5%, seguida de CLARO Brasil con un 39,5% y TIM (14,5%).

Esta cifras han sido alcanzadas en gran medida por el Plan de Banda Ancha (PNBL) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, el cual se creó con el objetivo de alcanzar los 40 millones de accesos de banda ancha fija en 2014 y al 100% de los órganos de gobierno, incluyendo unidades de la Administración Federal, Estadual y Municipal, escuelas públicas, unidades de salud, bibliotecas públicas y órganos de seguridad pública. A mediados de 2016, el Gobierno brasileño preparó actualizaciones del PNBL, con el objetivo de llevar el acceso rápido de internet al 95% de la población y al 70% de los municipios. Sin embargo, esta actualización está pendiente de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, Proyecto de Ley 79/2016, que se encuentra en discusión en el Senado. Por otra parte, también merece la pena destacar que desde agosto de 2011 se abrió el mercado de TV por cable a las operadoras de telefonía y se puso fin a las restricciones de capital extranjero en el sector. Los cambios introducidos en las reglas de TV por cable han permitido avanzar, tanto a Telefónica como a Embratel en el proceso de consolidación de las telecomunicaciones en Brasil.

En 2017, la exportación brasileña de servicios alcanzó los 29.838 millones de dólares un 60% más que en 2016. Por mercados de destino, destacan EEUU (30,2%) Países Bajos (29,1%), Reino Unido (5,4%), Alemania (4,1%) y Suiza (3,4%). España supuso el 2,8% de las exportaciones (cliente número 20). Por sectores, los más destacados fueron:

EXPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS*
Millones de dólares 2016 2017 % del total 2017 Var. 17/16
Servicios auxiliares a servicios financieros (excepto seguros y pensiones) 1.526 10.125 33,9% 563,5%
Otros servicios profesionales y técnicos 2.044 2.405 8,1% 17,7%
Servicios gerenciales y de consultoría en procesos de negocios y RR.PP. 2.000 2.206 7,4% 10,3%
Servicios de transporte acuático 1.046 1.196 4,0% 14,3%
Servicios de reaseguros y retrocesión 625 1.046 3,5% 67,4%
Servicios de transporte de containers 850 906 3,0% 6,6%
Resto 10.503 11.954 40,1% 13,8%
Total 18.594 29.838 100% 60%

Fuente: MDIC. Última actualización: 28/03/18.*Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios)

 

IMPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS*
Millones de dólares 2016 2017 % del total 2017 Var 17/16
Arrendamientos de maquinarias y equipos 16.705 15.997 37,3% -4,2%
Servicios financieros, excepto bancos de inversión, seguros y pensiones 2.327 1.900 4,4% -18,3%
Servicios de reaseguros y retrocesión 1.442 1.639 3,8% 13,7%
Servicio de transporte acuático de cargas 3.377 4.058 9,5% 20,2%
Otros servicios profesionales y técnicos 1.590 1.397 3,3% -12,1%
Servicios de licencias de derechos de autor 3.386 3.728 8,7% 10,1%
Servicios de ingeniería 1.389 338 0,8% -75,7%
Servicios de licencias de derechos sobre propiedad industrial 963 978 2,3% 1,6%
Resto 12.377 12.854 30% 3,9%
Total 43.556 42.889 100% -1,5%

Fuente: MDIC. Última actualización: 28/03/18. *Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios)

En cuanto a las importaciones, en 2017 ascendieron a 42.889 millones de dólares, un 1,5% menos que en 2016. Los principales proveedores son Estados Unidos (53,6%) y Países Bajos (5%). España es el sexto proveedor de servicios (2,8%), subiendo dos puestos con respecto al año pasado.

La balanza de servicios de Brasil es permanentemente deficitaria. En 2016, el déficit de la cuenta de servicios ascendió a casi 25.000 millones de dólares.

Los principales países exportadores e importadores de servicios para Brasil, en 2017, fueron: 

PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE SERVICIOS PARA BRASIL
EXPORTADORES A BRASIL 2016 2017 IMPORTADORES DESDE BRASIL 2016 2017
Estados Unidos 28,60% 30,2% Estados Unidos 30,1% 53,6%
Países Bajos 26,10% 29,1% Países Bajos 25,5% 5%
Reino Unido 5,80% 5,4% Alemania 5,9% 3,9%
Alemania 5,70% 4,1% Suiza 3,2% 3,9%
Suiza 2,70% 3,4% Reino Unido 7,5% 3,7%
España 2,40% 2,8% Francia 3,0% 1,9%
Noruega 3,80% 2,7% Japón 2,8% 1,8%
Francia 2,90% 2,3% Irlanda 2,1% 1,8%
Japón 1,60% 1,8% Argentina 2,4% 1,8%
Uruguay 1,70% 1,2% Singapur 1,8% 1,2%

Fuente: MDIC. Última actualización: 28/03/18. *Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios)

 

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