Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

La economía brasileña, con un PIB de 2,42 billones de dólares en 2012 representa cerca del 40% del PIB de Latinoamérica y un 2% del mundial. Ha experimentado profundos cambios estructurales a lo largo del siglo XX. Ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola a ser un país en el que, aunque el sector primario continúa teniendo peso en la economía (5,2% del PIB en 2012), especialmente en las cuentas externas, se ha desarrollado una fuerte y diversificada base industrial, si bien la industria de transformación ha perdido peso en la economía en los últimos años debido a la fuerte apreciación del real y la intensificación de la competencia internacional, pasando de representar el 19,2% del PIB en 2004 al 26,3% en 2012.

A la política de industrialización iniciada en los años 30 le siguió un rápido crecimiento conocido como el “milagro económico” que provocó una concentración desigual de recursos y población, que ha llevado a que entre Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais se genere el 54% del PIB brasileño. Tras esta etapa, Brasil sufrió en 1973 y en 1981-83 dos graves crisis con tasas de crecimiento negativas, inflación de tres dígitos y aumento de los déficits interno y externo. Para solventar las graves crisis se pusieron en marcha cinco planes de estabilización, que no tuvieron éxito alguno, ya que en 1990-92 se volvieron a registrar cifras negativas de crecimiento y la inflación continuaba sin control. Finalmente, en julio de 1994, a iniciativa del entonces Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, se puso en marcha el Plan Real, que incluía una política económica contractiva, importantes rebajas arancelarias, desindiciación de los salarios y la creación de una nueva moneda, el real, que inicialmente cotizó a la par con el dólar. Esta estrategia tuvo un efecto espectacular sobre la inflación que del 2.500% de 1993 pasó al 2,49% en 1998.

En Brasil, han primado las políticas monetaria y fiscal restrictivas basadas en unos elevadísimos tipos de interés, que han llegado a rozar el 50% en 1994 y el 40% en 1997, así como en una elevada carga tributaria, que entre 1987 y 2003 pasó del 23,8% al 35,7% del PIB, acompañada de un importante grado de austeridad en cuanto a gasto público.

Tras la llegada del Presidente Lula al poder en 2002, se intentó compatibilizar esa política económica ortodoxa con medidas asistenciales de carácter redistributivo (como el programa Bolsa Familia). En este sentido, se pueden diferenciar dos fases, que se corresponderían, “grosso modo”, con los dos gobiernos Lula.

La primera, durante el primer mandato (2002-2006), tuvo como objetivo prioritario lograr la estabilidad macroeconómica mediante la corrección de los desequilibrios de algunos indicadores, como la inflación o el déficit corriente, a través de la combinación de una política monetaria restrictiva y fiscal contractiva. La corrección de los desequilibrios se habría logrado a costa de un crecimiento modesto.

Alcanzada dicha estabilidad macroeconómica, el segundo gobierno Lula se fijó como objetivo acelerar el crecimiento mediante un ambicioso programa de inversiones públicas: El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que contemplaba inversiones en infraestructuras, medio ambiente y energía, fundamentalmente. Y ello sin dejar de mantener bajo control los principales indicadores de la economía, lo que explica que el tipo de interés básico de Brasil fuera el más alto del mundo en términos reales durante gran parte de ese periodo. De la misma manera, la carga tributaria – superior al 36% del PIB - también se situaba entre las más altas del mundo, comparable a la de países que ofrecen una elevada cobertura en cuanto a servicios públicos de calidad, lo que no ocurre en Brasil, debido a la diferente composición del gasto público brasileño y a las ineficiencias del sistema.

En los últimos años, la situación global y el recrudecimiento de la crisis económica internacional provocó que, a partir de septiembre de 2008, la economía brasileña se enfriase bruscamente  poniendo fin a cinco años de crecimiento notable (4,8% anual entre 2004 y 2008).

En efecto, a partir de ese momento quedó cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales, lo que se reflejó en una menor liquidez del sistema doméstico, que a su vez llevó a una reducción en el ritmo de crecimiento de los créditos concedidos, al tiempo que se encarecían los costes y se acortaban los plazos de amortización. Todo ello trajo consigo una contracción del consumo y la inversión – que hasta ese momento habían constituido el motor del crecimiento económico brasileño – y una explosión inesperada de despidos.

Para hacer frente a la crisis, el gobierno flexibilizó su política monetaria – a través de sucesivos recortes del encaje bancario y de los tipos de interés, que se situaron por primera vez en un solo dígito (8,75%), al tiempo que se garantizaba el acceso al crédito a través de la potente banca pública. Se instrumentó una política fiscal anticíclica, prestando especial atención a los sectores de la construcción y bienes de consumo duradero, los más vulnerables a la restricción del crédito y determinantes para asegurar el dinamismo de la demanda interna, dado su efecto arrastre y el importante volumen de mano de obra que emplean.

Tras dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, la economía volvió a crecer en el segundo trimestre de 2009, impulsado por una demanda interna que en el segundo semestre registró una tasa anual de crecimiento del 10,5%. A pesar de que el PIB en 2009 se situó en el -0,3%, la recuperación económica era un hecho a finales de ese año, como confirmó el robusto crecimiento registrado en 2010, del 7,5%, la mayor tasa desde 1985 (sólo superada entre las grandes economías por la registrada en China e India), situando a Brasil como la séptima mayor economía del mundo.

A finales de 2010, la coyuntura económica se caracterizaba por una demanda sobrecalentada, crecimiento de las importaciones, presiones inflacionistas y apreciación del real. Ante este escenario, el nuevo gobierno decidió instrumentar una política económica más consistente que la aplicada en el último año del gobierno Lula (cuando el gasto público registró un incremento significativo), de forma que el control de la inflación no fuera responsabilidad exclusiva del Banco Central.

Así, las medidas adoptadas por el Banco Central de Brasil en los últimos meses de 2010 - medidas macroprudenciales que tenían por objetivo restringir y encarecer el crédito -, fueron acompañadas de nuevas subidas del tipo de interés de referencia o Tasa SELIC - en enero, marzo, abril, junio y julio (hasta situar el tipo básico en 12,50%) -. Simultáneamente, en el ámbito fiscal, se anunció un recorte de 53.000 millones en el presupuesto y se aprobó un ajuste del salario mínimo muy inferior al exigido por sindicatos, oposición e incluso algunos partidos de la base aliada. El objetivo era enfriar la demanda agregada, de modo que se redujera la presión sobre los precios, lo que debería permitir, a medio plazo, un recorte sustancial de los tipos de interés.

En 2011, el enfriamiento ya se había iniciado, como muestran los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En efecto, en 2011 la economía brasileña creció un 2,7% en comparación con el año anterior (cuando lo hizo un 7,5%), lo que refleja una pérdida de ritmo concentrada principalmente en la industria, que tan solo creció un 1,6% respecto a 2010. El consumo siguió siendo el motor de la economía brasileña; creció un 4,1%, en 2011, el menor incremento desde 2003, impulsado por la expansión de la masa salarial y el crecimiento del crédito, que aunque mostró signos de desaceleración, siguió creciendo - en 2011 se expandió un 19%.

Ya en 2012, el enfriamiento se intensifico, con un crecimiento del 0,9% con respecto a 2011. Esto demuestra un desempeño poco favorable para Brasil, que a mediados de 2012 se esperaba que creciese a una tasa de entre el 3% y el 4%. Según informes de diferentes organismos multilaterales, la tasa media de crecimiento del PIB para América Latina en 2012 debería ser del 4%, lo que incide más en el pequeño crecimiento del gigante latinoamericano. En valores corrientes, el PIB de Brasil alcanzó, en 2012, los 4.402,5 mil millones de reales brasileños, de los cuales, 661,8 mil millones forman parte de los impuestos, y 3.740,8 mil millones del valor agregado. La participación de cada sector, dentro del valor aportado al PIB, queda, en 2012 como sigue: agropecuaria, 5,2%; industria, 26,3%; servicios, 68,5%.

El temor a una nueva recesión mundial, junto a la desaceleración mostrada por la economía brasileña ya comentada, forzó al Banco Central a emprender un agresivo ciclo de recortes de la tasa SELIC, que pasó del 12,5% en septiembre de 2011 al 7,25% del cierre de 2012. Sin embargo, la presión inflacionista que se generó a principios del 2013 hizo que el Banco Central volviera a elevar, levemente, el tipo de interés de referencia o tasa SELIC, no dando continuidad a la política actual. Se prevé que cierre el 2013 en 9,25%. Por otro lado, el gobierno confia en la inversión en infraestructuras como "palanca" para el crecimiento de la economía en los proximos años. En este sentido, el plan "PAC Concesiones", en ejecución desde agosto de 2012 y que prevé la inversión de 133.000 milones de reales en proyectos de infraestuctura de transporte en régimen de concesión durante los proximos 25 años, se espera que eleve la tasa de inversión en el país, que en 2011 suponia el 19,3% del PIB y que el gobierno confia se situe en el 24% en 2014.

En relación con las cuentas externas, en 2012 las exportaciones brasileñas alcanzaron los 242.580M$ y las importaciones los 223.164 M$, lo que arrojó un superávit de 19.415 millones de dólares, el menor desde 2002. En 2011 la balanza comercial cerró en 29.793M$. El déficit por cuenta corriente alcanzó los 54.230 M$, que fue financiado íntegramente por la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 65.272M$, un valor próximo al record histórico de 66.660M$ registrado en 2011.

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Precios (minoristas y mayoristas)

Garantizar una tasa de inflación controlada se encuentra entre las principales preocupaciones de las autoridades económicas brasileñas, al tratarse de una fuente tradicional de desequilibrios de la economía brasileña (y de la región). La combinación de una política monetaria contractiva (elevados tipos de interés) y una política fiscal austera (control del crecimiento de los gastos públicos) son medidas que persiguen mantener un ritmo de crecimiento de los precios algo más moderado que en el pasado.

En efecto, la inflación, medida por el avance del Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), se redujo de manera prácticamente continuada entre 2015 (10,7%) y 2017 (3%), mostrando desde entonces un leve crecimiento en 2018 (3,75%) y 2019 (4,31%).

El objetivo de la política monetaria para el año 2017 era de un ritmo de crecimiento del IPCA del 4,5% con un margen del +/- 1,5%. Para 2018 se mantuvo ese objetivo y los resultados indican que el avance de los precios se situó dentro del margen de tolerancia establecido. Mientras que en 2019, la meta de inflación fue del 4,25% con un margen del +/- 1,5%, que también se cumplió.

Ya para 2020 la meta se ha fijado en 4,00%, con un nuevo margen de tolerancia de +/- 1,5%, y para 2021 y 2022 está fijada en 3,75% y 3,50% respectivamente, con el mismo intervalo de tolerancia.  En junio de 2020, el Consejo Monetario Nacional (CMN) estableció el objetivo de inflación para 2023 en 3,25%, manteniendo los objetivos de inflación para 2021 y 2022.

 

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

Transporte
Las inversiones en infraestructuras son bajas y cada vez menores, convirtiendo a Brasil en uno de los países emergentes con menor nivel de inversión. La Asociación Brasileña de Infraestructuras e Industrias de Base (ABDIB) anunció en diciembre de 2020 que la inversión en infraestructura cumple solo la mitad del total necesario para Brasil. En concreto, los sectores con mayor déficit de inversión son el de saneamiento básico, el transporte y la logística. En 2019, la inversión en infraestructura en el país fue de 123.900 millones de reales, un 31% menos que en 2014. Según Abdib, para que el país reduzca los "cuellos de botella" del desarrollo económico y social, se necesitan 284.400 millones de reales (unos 43.529 millones de euros) en inversiones al año, casi el 5% del PIB de Brasil en un periodo de 10 años.
Además de aumentar las inversiones, Brasil necesita reducir las ineficiencias operacionales y mejorar la asignación de recursos. En los sectores de transporte y recursos hídricos la reducción de estas ineficiencias podría economizar un 2,1% del PIB.
El sector de las infraestructuras de transporte es una prioridad en la política de inversión federal. La competitividad del país se ve afectada negativamente por la ausencia de infraestructuras adecuadas (en cantidad y calidad), lo cual frena el desarrollo del país. Según un estudio del Ministerio de Economía brasileño, en colaboración con el Movimiento Brasil Competitivo (MBC), para disponer de infraestructura, una empresa en Brasil debe invertir una diferencia de entre 190 y 230 mil millones más en relación a la media de la OCDE. Esto forma parte del conocido como “coste Brasil” que, según el estudio, encarece los negocios en el país más de un trillón de reales (unos 185 mil millones de euros). Este hecho causa un fuerte impacto en la competitividad del país y de sus empresas.
El índice comparado de desempeño de las infraestructuras de transporte de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) se situaba en el 33% de la media internacional para el periodo 2000-2010. Para ilustrar esto solo con algunos ejemplos de los componentes del índice, la oferta de carreteras en Brasil se situaba en el 54% de la media internacional (benchmark) y su seguridad en el 30%; la oferta de aeropuertos en el 94% (y su capacidad operaciones se situaba en el 43%); la oferta de hidrovías navegables se situaba en el 26%, las conexiones intermodales en el 23%, la seguridad de las ferrovías se situaba en el 17% de la media internacional con un coste de flete de la carga casi 16 veces superior. Estas ineficiencias se deben, según fuentes del sector, a un déficit que se sitúa en torno al billón de reales en las infraestructuras logísticas y produce una necesidad de inversión mucho más alta que en los países desarrollados.
La Confederación Nacional de Transportes remarcó en su informe sectorial de 2020 que las inversiones realizadas en infraestructuras de transporte, tanto públicas como privadas, están disminuyendo durante los últimos años, lo que resulta algo preocupante. Así pues, la atracción de la iniciativa privada para financiar y gestionar los activos resulta un motor importante para el desarrollo de las carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos del país. No obstante, la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura no será suficiente, por razones de viabilidad económico-financiera, para suplir todas las necesidades del país. Es necesario construir mecanismos de financiación en los que las inversiones públicas y privadas sean movilizadas de forma integrada y complementaria. Para eso, es fundamental recomponer la capacidad del Estado como inversor.
Por su parte, para el CNI, las inversiones federales solo pueden ser desbloqueadas si se continúa con la agenda de reforma y privatizaciones tras el final de la pandemia. Así, la confederación cita el Programa de Asociaciones Público-Privadas de Inversión como ejemplo para reanudar la capacidad de inversión.
Las necesidades de inversión podrían ser llevadas cabo por aportes públicos o por Asociaciones Público Privadas (PPP), en un país donde hasta la actualidad, las principales posibilidades de financiación para estos proyectos han venido canalizadas a través de los bancos públicos de desarrollo, principalmente el BNDES. No obstante, la reestructuración que ha sufrido el BNDES tras los problemas de rendición de cuentas en el marco de las operaciones anticorrupción que se están resolviendo en Brasil ha llevado a una alteración de su esquema de financiación de las infraestructuras, reduciendo su participación en favor de bancos comerciales.
Entre los planes de desarrollo públicos en materia de infraestructuras, destaca el plan nacional de logística (PNL), con el objetivo de servir de fundamento para la planificación estratégica del sector. En marzo de 2020, la Secretaría de Promoción, Articulación y Asociaciones del Ministerio de Infraestructuras ha confirmado que el gobierno se está preparando para lanzar el Plan Nacional de Logística 2020-2035, con las pautas de los diferentes modos de transporte en el país.
Asimismo, el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa de «parcerias» (asociaciones) para las inversiones, el Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) con el objetivo de recuperar el crecimiento económico a través del fomento de la inversión en infraestructuras y obras en la modalidad de concesiones.
El programa fue creado en 2016 por el Gobierno Federal para reforzar la coordinación de las políticas de inversiones en infraestructura a través de alianzas con el sector privado. El gobierno Bolsonaro ha retomado el proyecto y reforzado su potencial, para mantener un flujo de decisiones coordinado para la priorización y el acompañamiento de los proyectos que serán ejecutados por medio de concesiones, Asociaciones Público-Privadas (PPP) y privatizaciones, además de garantizar un ambiente propicio a la expansión de la infraestructura, del desarrollo económico y de las oportunidades de inversión y empleo en el país.
Con la ley del PPI, se crearon dos importantes estructuras en la Administración Federal: el Consejo del PPI y la Secretaría del PPI. Las empresas de infraestructuras brasileñas se han caracterizado por configurar un sector concentrado, en el que pocos competidores de gran tamaño han abastecido la demanda de servicios de ingeniería y construcción. De este modo, estas empresas no han estado sometidas a la competencia y, por tanto, no son tan competitivas en precios y plazos como las empresas extranjeras, además de no tener recursos para absorber toda la demanda necesaria.
Esta situación de gran demanda y la capacidad de mayor financiación y competitividad de las empresas extranjeras respecto a las empresas locales supone un marco de oportunidades incomparable para nuestras empresas. Sin embargo, a pesar de la necesidad manifiesta de más actores que ayuden a cumplir los objetivos, las administraciones, presionadas por las diferentes asociaciones y colegios profesionales, se resisten a introducir novedades que abran verdaderamente un mercado tradicionalmente proteccionista, por lo que en la práctica se encuentran a menudo dificultades para la entrada de profesionales y empresas extranjeras. Con el PPI, el gobierno está intentando mostrar al capital extranjero un cambio de dirección, tratando de limar estas ineficiencias para que empresas extranjeras puedan concurrir en igualdad de condiciones que las locales a las licitaciones.
El grado de desarrollo de las infraestructuras de transporte varía entre los distintos sectores:
El área aeroportuaria es la más desarrollada, con 13 aeropuertos concedidos a la iniciativa privada y un ambicioso proyecto de licitación de 4 aeropuertos (Porto Alegre, Florianópolis, Salvador y Fortaleza) que concluyó en el año 2017. Los vencedores de las concesiones fueron Vinci Airports (Salvador), Fraport AG Frankfurt Airport Services (Porto Alegre y Fortaleza) y Zurich International Airport AG (Florianópolis). Además, en marzo de 2019, se subastaron 12 aeropuertos, divididos en tres bloques, por valor de 514 millones de euros. La española Aena venció en el Bloque Nordeste, con 6 aeropuertos, con una oferta de 440 millones de euros.
Por otra parte, el gobierno comenzó en 2020 el proceso para la concesión de un total de 22 aeropuertos, divididos en tres bloques: Sur, Norte y Central. También han obtenido un impulso las carreteras, gracias a 8 diferentes concesiones al sector privado, en los próximos dos años, que van a permitir la construcción o duplicación de una importante red de carreteras del país.
El ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, comunicó a comienzos del 2020 que se invertirán 30 mil millones de reales para expandir la red ferroviaria del país en los próximos 6 años, a través de concesiones. Según un estudio de 2018 de la Fundação Dom Cabral, la red de carreteras se utiliza para transportar el 75% de la producción en el país, mientas que la ferroviaria representa el 5,4%.
La 14º reunión del Consejo del Programa de Asociación de Inversión (CPPI) tuvo lugar en diciembre de 2020 con el presidente Jair Bolsonaro y el ministro de economía, Paulo Guedes, para deliberar sobre nuevas propuestas de calificaciones en el ámbito del PPI. Estos proyectos tendrán prioridad nacional para todos los agentes públicos, en la esfera administrativa y de control de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.
El PPI actuará en la coordinación y el seguimiento de los proyectos en apoyo a los Ministerios establecidos, así como a otras entidades federales, especialmente en la planificación, desarrollo y el apoyo de los proyectos. El objetivo es buscar modelos más eficientes para la provisión y gestión de servicios públicos, promoción de la competencia y seguridad jurídica, proponiendo modificaciones normativas, para atraer inversores nacionales y extranjeros.
Los proyectos más destacados de la 14ª Reunión del Consejo fueron: Elaboración de proyectos de concesiones para 16 aeropuertos divididos en 3 bloques (Bloque Norte, Bloque Sur y Bloque Centro); 5 arrendamientos portuarios; desestatalización de los puertos organizados de Salvador, Aratú e Ilhéus y de la Compañía de Docas de Bahía (CODEBA); aprobación de las condiciones para la desestatalización de la 6ª rueda de concesión de los aeropuertos, de la vía férrea FIOL y de las carreteras BR-153/080/GO-TO y BR-163/230/MT-PA: relicitación de la concesión de la carretera BR-163/MS, de la carretera de la Red Oeste y de la Red Sur; Subastas de transmisión y generación de energía eléctrica; apoyo a la obtención de licencias ambientales de las centrales hidroeléctricas; proyectos de concesiones sostenibles de los bosques del Amazonas; desarrollo de centros turísticos; proyectos para disponer de áreas para la investigación y cesión de derechos mineros; desarrollo de una política para fomentar asociaciones con iniciativa privada para estudiar alternativas destinadas al alquiler social y, finalmente, una reestructuración societaria.
El sector portuario se compone de puertos públicos y terminales de uso privado. El movimiento portuario creció un 4,1% en 2020 con respecto al año anterior, con un transporte de contenedores que alcanzó los 1,15 billones de toneladas de acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Nacional de Transportes Acuaviários (ANTAQ). Las terminales privadas movieron 205 millones de toneladas, siendo un 1,43% más que en 2019, mientras que los puertos públicos movieron 105 millones de toneladas, con un incremento del 3,45%. Uno de los puertos a destacar fue el de Santos, que movió 86,2 millones de toneladas, con un incremento del 8,06%. Por su parte, el puerto de Paranaguá también incrementó su actividad en un 9,86%, con 39,9 millones de toneladas transportadas.
El objetivo es crear oportunidades de inversiones en Brasil. Para ello, en el PPI se pusieron en marcha 3 privatizaciones en el sector portuario, 2 concesiones en el sector ferroviario, 4 en minería, 1 en petróleo y gas, y 10 en carreteras para el año 2020. Del mismo modo, para el año 2021, el programa prevé subastas de 115 activos que se estima supongan una inversión de 370.000 millones de reales (unos 56.240 millones de euros) en inversiones.

Cabe mencionar que el Gobierno Federal aprobó, el 25 de agosto de 2020, la Medida Provisional 945/20, que modifica la Ley de Puertos, promoviendo una reforma en la legislación, acogiendo las sugerencias del mercado. Entre los principales cambios se encuentra la flexibilidad en la gestión de los contratos de arrendamiento, que podrán realizarse por licitación o convocatoria pública. La ley también otorga a ANTAQ la facultad de regular otras formas de explotación de áreas e instalaciones portuarias no previstas en la legislación. Actualmente, la agencia solo tiene el contrato de arrendamiento para la ocupación de las instalaciones portuarias.
Además, el presidente Jair Bolsonaro firmó el pasado 11 de agosto de 2020 el Proyecto de Ley para fomentar el transporte marítimo de cabotaje en el país a fin de entregarlo formalmente al Congreso para su debate y posterior aprobación por la Cámara. El objetivo de la norma es modernizar y aumentar la carga movilizada en el sector. El proyecto, fue nombrado por el gobierno brasileño como “BR do Mar”. De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura, el proyecto, remitido con urgencia al Congreso, modifica las reglas sobre el flete de embarcaciones y el tipo de contratación de transporte marítimo y propone que las empresas con flota nacional puedan fletar barcos con bandera extranjera, para así reducir los costes operativos. La propuesta también establece nuevas reglas para que las empresas más pequeñas sin embarcaciones propias puedan fletar barcos con bandera extranjera.
Finalmente, es necesario hacer referencia a la movilidad urbana. Resulta un problema recurrente en las grandes ciudades de Brasil. De hecho, São Paulo y Río de Janeiro son dos de las ciudades con mayores problemas de tráfico en el mundo. En los últimos años, se han puesto en marcha diferentes proyectos (metro, tranvía, buses de carril único, etc.) para mejorar el transporte urbano en éstas y otras ciudades (Salvador, Brasilia, Porto Alegre, Curitiba, etc.). Sin embargo, los proyectos han encontrado diferentes problemas en su desarrollo: un gran número de ellos ha sufrido atrasos, cuando no paralizaciones, lo que ha comprometido la culminación de los mismos.
En conclusión, Brasil es sin duda un país de oportunidades en el sector de infraestructuras de transporte al tiempo que mantiene ciertas dificultades para cubrir dichas carencias, lo que hace necesario un profundo análisis antes de embarcarse en un proyecto de internacionalización.

Energía
En febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía (MME) lanzó el Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE 2029). Según el documento, las inversiones en infraestructura energética para abastecer la expansión necesaria hasta 2029 pueden alcanzar los 2,3 billones de reales (unos 420 mil millones de euros). Del total de inversiones, el 77,4% será absorbido por el sector de petróleo y gas. El área de generación y transmisión de energía eléctrica representará el 19,6%, incluida la generación distribuida. El 3% se utilizará para aumentar la oferta de biocombustibles.
El PDE tiene por objetivo principal indicar las perspectivas de expansión del sector energético en el horizonte de diez años, dentro de una visión integrada de las diversas fuentes de energía.
Los estudios indican que la Oferta Interna de Energía (OIE), la energía necesaria para mover la economía, alcanzará los 380 millones de tep (Mtep - millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 2029, lo que dará como resultado un crecimiento del 2,9% al año. De esta cantidad, las fuentes renovables pueden alcanzar una participación del 48% en 2029, lo que mantiene a Brasil dentro del compromiso firmado en el Acuerdo de París para mantener una economía baja en carbono y promover una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética.
Con respecto a la transmisión de energía eléctrica, se espera que las inversiones totales alcancen alrededor de 103,7 mil millones de reales (18.960 millones de euros) durante el periodo 2020-2029. El PDE prevé un aumento de 55,8 mil km en las líneas de transmisión, y un aumento de 172 GVA en la capacidad de transformación.
Brasil posee al mismo tiempo una gran demanda de energía difícil de satisfacer y altos índices de energía desaprovechada. Ante esta situación de desaprovechamiento de energía, el gobierno brasileño cuenta con un marco legislativo con medidas para avanzar hacia un sistema energético más eficiente. Además de la creación de programas y leyes, el lanzamiento de planes nacionales es una medida importante para apoyar la planificación y ejecución de medidas de conservación de energía. De entre los planes del gobierno, se destaca el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que afecta a todos los sectores.
El Plan Nacional de Eficiencia Energética comprende las acciones que se deben llevar a cabo para aumentar la conservación de energía en los sectores industrial, de transporte, construcción y alumbrado público, entre otros. Entre las medidas para el sector industrial, el PNEf enfatiza la necesidad de modernizar la industria a través de la adopción de incentivos fiscales para el reemplazo de equipos ineficientes.
En mayo de 2020, el presidente Jair Bolsonaro firmó el Decreto Nº 10.350 que aprobaba un paquete financiero denominado Conta-Covid con el objetivo de apoyar a los distribuidores de electricidad para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus en el sector, cuyas empresas recibirán préstamos de los principales bancos comerciales y del BNDES.

La financiación será administrada por la Cámara de Comercio de Energía Eléctrica (CCEE), y su objetivo es el de aliviar las deudas de las principales empresas distribuidoras para cubrir sus déficits o anticipar los ingresos de los distribuidores para reducir los efectos de la crisis hasta final del 2020. El monto total de financiación, definido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) en el Decreto n° 10350/2020, asciende a 16.100 millones de reales (unos 2.448 millones de euros). Así, será también, la propia Aneel la encargada de atribuir un límite mensual de fondos para cada una de las empresas distribuidoras.
En cuanto al uso de energía en edificios, de acuerdo con el PNEf, es necesario invertir en capacitación técnica de profesionales de la construcción en el área de eficiencia energética. La certificación energética se hizo obligatoria para los edificios públicos federales en el año 2014.
Para el alumbrado público, se aborda la necesidad de una mayor aplicación del Programa Nacional de Alumbrado Público y Señales de Tráfico (PROCEL Reluz). Este programa tiene como objetivo implementar medidas de eficiencia energética en varios sistemas de alumbrado público, entre éstas destaca la conversión a un sistema de iluminación LED.
Según datos del Ministerio de Minas y Energía, las energías renovables, - hidráulica, eólica, solar y bioenergía-, alcanzaron el 46,1% de participación en la Matriz de Demanda Total de Energía de 2019, aumentando 0,6 puntos porcentuales en relación al indicador de energía. 2018. El indicador brasileño representa tres veces el mundo (por detrás de China y Estados Unidos). La demanda total de energía alcanzó los 294 millones de TEP, mostrando un crecimiento del 1,4% con respecto a 2018, por encima de la tasa del PIB (1,1%) y representando el 2% de la energía mundial. La energía solar creció un 92% y la eólica un 15,5%, fuentes que en conjunto contribuyeron con el 50% del incremento de la participación de las renovables en la matriz. Estos indicadores son parte de la Revista Energética Brasileña de 2020, teniendo como fuente de datos el Balance Energético Nacional del año base 2019 (edición 2020), concluido por la Compañía de Investigación Energética, con la cooperación del Ministerio de Minas y Energía y Empresas y Agentes del Sector Energía.
Del desarrollo del sector energético en 2019 llaman la atención tres resultados importantes: crecimiento del consumo de los hogares, renovabilidad y seguridad.
La crisis energética que afecta a la mayoría de los países del mundo se ha visto agravada en 2020 por la pandemia del nuevo coronavirus, lo que ha llevado a estos agentes que componen el sector energético brasileño a buscar alternativas para evitar pérdidas que puedan perjudicar las operaciones y, en consecuencia, al consumidor final. Según datos del Ministerio de Minas y Energía, las empresas eléctricas dejaron de recaudar más de 16.000 millones de reales solo entre marzo y octubre de 2020. Para proteger el sector, el gobierno federal creó Conta-Covid, una medida de apoyo a los distribuidores de electricidad. Los préstamos, que también suman unos 16.000 millones de reales, se realizan a través del BNDES y tienen como objetivo cubrir los déficits o anticipar los ingresos de las empresas hasta diciembre de 2020, ahorrando así a los consumidores posibles subidas de tarifas.
Cabe destacar que todas las políticas energéticas llevadas a cabo por el gobierno brasileño en los últimos años conducen a Brasil hacia la transición energética, que busca la sustitución de un modelo dependiente de los combustibles fósiles para la generación de energía por un sistema centrado en las fuentes renovables, un área que el país tiene el potencial de convertirse en una referencia mundial.
 

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

En 2015 se comenzó a utilizar la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua (PNADC en sus siglas en portugués) que publica el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), iniciando la serie homogénea en 2012.

Como resultado de la crisis económica de los dos últimos años, la tasa de desempleo ha sufrido un crecimiento acentuado desde diciembre de 2014, cuando se situaba en 6,5%, alcanzando en el cierre de 2015 el 9% y en el cierre de 2018 el 12,2%, según los datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua (PNADC), lo que supuso cerrar el año 2016 con 12 millones de desempleados. La cifra siguió aumentando y en 2017, la tasa de paro cerró en el 11,8%, superando los 12,3 millones de parados. En 2018 y 2019, sin embargo, el mercado laboral ha ido mejorando después del pico de marzo (13,1%), aunque muy lentamente, cerrando 2018 en 11,6% y en 11% en 2019. Mientras que la media anual fue del 12,3% en 2018 y de 11,8% en 2019.

Ya en 2020, la tasa de paro medía anual hasta septiembre se ha situado en el 14,6%. Como  consecuencia de la crisis del coronavirus, la tasa de paro en el trimestre móvil finalizado en junio, se situó en el 13,3%, aumentando en 1,1 p.p. en relación al trimestre precedente y aumentando 1,3 p.p. en relación al mismo trimestre móvil del año anterior (12,0%). La población desocupada alcanzó los 12,8 millones de personas en el trimestre móvil abril-junio, lo que supuso una disminución de 59.000 personas menos con respecto al trimestre móvil precedente. No obstante, en la comparativa interanual, el indicador presentó un ligero incremento de 25.000 personas frente al mismo trimestre del año anterior (12,8 millones de personas desocupadas).

En el tercer trimestre móvil, de julio a septiembre, la tasa de paro alcanzó el máximo entre los tres trimestres analizados del 2020, 14,6%, aumentando la cifra del periodo anterior por 1,3 p.p. y la del mismo trimestre móvil del 2019 por 2,8 p.p. (11,8%) alcanzando en este periodo la cifra total de 14,1 millones de personas desocupadas, aumentando en 1,3 millones de personas la cifra total obtenido en el trimestre móvil de abril a junio, y en 1,6 millones al mismo trimestre móvil del ejercicio anterior (12,5 millones de personas).

Según el Índice de Economía Sumergida (IES), del Instituto Brasileño de Ética Competitivo (ETCO) y del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas (FGV/IBRE), en el ejercicio 2018 la economía informal (producción de bienes y servicios no informada al gobierno deliberadamente) aumentó tres décimas con respecto a 2017 (16,9% del PIB), alcanzando el 17,2% del PIB, lo que significa que el mercado informal habría gestionado en torno a 1.173.000 millones de reales en 2018. Ya en 2019, la gestión del mercado informal habría sido de 1.232.000 millones de reales, alcanzando un 17,3% del PIB.

En 2018, el número de desempleados fue de 12,1 millones. El trabajo informal llegó a 38,6 millones de personas, el 62% del total de empleados, un ligero aumento sobre 2017 (60,5%), lo cual confirma la tendencia de crecimiento del trabajo informal con respecto al formal. En 2019, con un número de desempleados de 11,9 millones, la economía informal avanzó por quinto año consecutivo, aunque a un ritmo más lento que el año anterior. El trabajo informal llegó a 38,8 millones de personas, lo que supone un aumento del 6% frente a 2018, y representa un total de 41% del total de personas empleadas. El segundo trimestre de 2020, cerró con un 36,9% de tasa de informalidad, lo que supuso un total de 30,8 millones de personas, siendo el menor resultado de la serie histórica iniciada en 2019. Este resultado supone una reducción de 6.038.000 personas que trabajaban de forma informal con respecto al trimestre anterior. Durante el tercer trimestre del 2020, último periodo reflejado en el informe PNAD del IBGE, la tasa de informalidad continuó ascendiendo hasta alcanzar las 32,7 millones de personas,  ocupando una tasa del 38,8% de informalidad. 

 

 

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PIB per capita y distribución de la renta

El PIB per cápita en Brasil ascendió en 2018, según las estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en torno a los 32.800 reales. Según los datos del Banco Mundial la renta per cápita ascendió en 2018 a 9.140 dólares, frente a los 8.670 dólares de 2017, lo que supone un crecimiento del 5,4%. En 2016, la renta per cápita se situó en 8.930.

Según la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua (PNAD Continua), en 2019, el 10% de la población con mayor ingreso tenía el 42,9% de la masa salarial del país disminuyendo en 0,2 p.p. con respecto a 2018 en el que el 10% ostentaba el 43,1% de la masa salarial, por su parte, el grupo del 10% con menores ingresos ostentó el 0,8% de la masa salarial en 2019, presentando estabilidad con respecto al año anterior.

Las personas que formaban parte del grupo del 1% de la población brasileña con mayores ingresos recibían de media 28.659 reales en el 2019 (6.498 euros) al año en 2019, mientras que en 2018 esa cantidad era de 27.744 reales (6.284 euros) al año en 2018 y en 2017 esa cantidad ascendió a 25.593 reales (5.797 euros). Ese valor es 33,7 veces mayor que el rendimiento medio del 50% de la población con menores ingresos, unos 850 reales (193 euros) en 2019, superior al dato de 2018 de 820 reales (134 euros).

El índice de Gini, publicado por el Banco Mundial, que mide la desigualdad en la distribución de la renta (siendo 0 igualdad y 1 desigualdad máxima) fue de 0,539 en 2018, frente al resultado de 0,533 mostrado den 2017, lo que continua una tendencia a la alza desde 2015, cuando el índice tocó el mínimo de 0,519. En el ranking mundial, Brasil ocupa el 9º puesto por orden de desigualdad, de entre la muestra de 189 países.

Por su parte, la Pnad Continua, publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), situó el Índice de Gini de Brasil para 2019 en 0,543, mejorando el resultado del 2018 cuando el índice se situó en 0,545, año en el que el aumento de la informalidad en el empleo (estimado en 35,4 millones de personas en 2018) provocó un aumento del índice con respecto al año 2017 en el que el índice se situó en 0,538. En el análisis por estados, el índice de Gini empeoró en 13 de los 27 estados en 2019, frente a 2018, año en el que empeoraron 18 de los 27 estados con respecto a 2017. El estado con la mayor desigualdad fue Sergipe, con un índice de 0,580. Mientras que la brecha más pequeña entre ricos y pobres se registró en Santa Catarina, con un resultado de 0,422.

En Brasil, el rendimiento medio mensual real per cápita fue de 2.166 reales (382 euros aproximadamente) en 2019. Las regiones con menor ingreso per cápita fueron las del Norte, con 1.601 reales (364 euros) y Nordeste, con 1.510 reales (343 euros), mientras que la de mayor ingreso per cápita fue la región del sudeste, con 2.645 reales (601 euros aproximadamente). El salario mínimo en 2018 fue de 954 reales, en 2019 de 998 reales, y se ha elevado en 2020 a 1.045 reales (174 euros).

Aún en 2018, el 13,7% de los domicilios brasileños recibían ayudas del Programa Bolsa Familia, una participación que permanece al mismo nivel de 2017  (13,7%). El ingreso medio mensual real per cápita de los domicilios que recibían esta ayuda era de 341 reales (unos 60 euros). El programa consiste en la transferencia de renta por parte del Gobierno Federal a las familias en situación de pobreza en Brasil. Su principal objetivo es garantizar el derecho a la alimentación y acceso a la educación y sanidad.

En la siguiente tabla se muestra el rendimiento medio mensual de las diferentes regiones del país en reales brasileños.         

Rendimiento medio mensual real en reales

Región

2017

2018

2019

Norte

1.587

1.711

1.601

Nordeste

1.475

1.465

1.510

Sudeste

2.551

2.662

2.645

Sur

2.459

2.485

2.499

Centro-Oeste

2.521

2.521

2.498

Brasil

2.185

2.247

2.244

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Enero de 2021.
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101709_informativo.pdf

Como puede observarse, la región Sudeste, formada por Minas Gerais, Espíritu Santo, Rio de Janeiro y São Paulo, obtuvo el mayor rendimiento medio en 2017, 2018 y 2019. Mientras que, en los tres años estudiados, la región Nordeste fue la que obtuvo un menor rendimiento, alcanzando los 1.510 reales en 2019, dato ligeramente superior al resultado de 2017, que fue de 1.475 reales y al resultado de 2018, que fue de 1.465 reales. .

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus el Instituto Brasileño de Geografía e Historia (IBGE) ha desarrollado la primera encuesta nacional de domicilios enfocada en conocer los efectos del COVID-19 sobre el trabajo y el impacto de las diferentes medidas del gobierno brasileño para reducir dichos efectos.

Desde su primera publicación semanal (del 3 al 9 de mayo de 2020), los datos muestran un incremento de la tasa de desocupación, pasando del 10,5% a principios de mayo de 2020, hasta un 14,3% obtenido en el tercer informe trimestral del año, lo que ha supuesto un incremento de 3,8 p.p. El número de personas en el periodo analizado que no buscaron trabajo por culpa de la pandemia de coronavirus pasó de 19,1 millones de personas a 17,7 millones de personas, lo que corroboraría los intentos de los gobiernos para reabrir la economía. En esta misma línea, y como consecuencia de la relajación de las medidas de distanciamiento social, el número de personas que perdieron su trabajo como consecuencia del coronavirus descendió desde los 19,8 millones de personas hasta los 15,2 millones de personas en septiembre, lo que ha supuesto un descenso en el periodo en 4,6 millones de personas, mientras que el número de personas que teletrabajan ha descendido según los datos de diciembre, desde el máximo de 8,9 millones de personas obtenido en abril, hasta los 7,9 millones de personas del mes de octubre.

En este contexto, se estima que en mayo de 2020 el rendimiento medio real descendió en 421 reales brasileños, pasando de 2.320 reales a 1.899 reales y que el número de personas que perdieron su trabajo sin remuneración como consecuencia de la pandemia de coronavirus fue de 9,7 millones de personas. Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe destacar que la ayuda de emergencia del gobierno brasileño para combatir el impacto de la pandemia de coronavirus en el conjunto de las familias brasileñas alcanzó al 38,7% de los hogares brasileños en mayo de 2020, con un importe medio de 847 reales. Esta ayuda fue ampliada en septiembre hasta final de año, aportando como ayuda de emergencia cuatro nuevas cuotas adicionales de 300 reales cada una, siendo menor la cuantía en comparación con las primeras ayudas.

De agosto a octubre de 2020 el rendimiento medio real estimado fue de 2.529 reales, presentando más estabilidad frente al trimestre de mayo a julio de 2020, y un crecimiento del 5,8% en relación al mismo trimestre del año anterior.

El IBGE actualizó en diciembre la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua Trimestral (PNAD) para el trimestre móvil de agosto a octubre del 2020, que refleja un aumento de la tasa de paro en 0,5 p.p. respecto al periodo móvil anterior, obteniendo una tasa de paro de 14.3%. La variación del trimestre móvil interanual fue de 2,7 p.p. (siendo 11,6% en el mismo trimestre del año anterior).

La población desocupada total aumentó en comparación al trimestre anterior, lo que supuso un incremento de 931.000 personas, resultando en 14,1 millones de personas desocupadas, y en la comparativa con el mismo periodo del año anterior, la variación fue más acentuada, formando un incremento total de 1,7 millones de personas.

La población ocupada aumentó en el último trimestre móvil (desde agosto hasta octubre) alcanzando la cifra de 84 millones de personas, y aumentando la cuota de ocupación hasta el 48%, superando en 0,9 p.p. el porcentaje del trimestre móvil inmediatamente anterior.

La tasa de subutilización de la fuerza de trabajo disminuyó 0,7 p.p. en tasa intertrimestral, alcanzando el 29,5%, y llegó a aumentar 5,7 p.p. en comparación con el mismo trimestre móvil del 2019 (23,8%). 

El número de personas desalentadas, 5,8 millones de personas, aumentó un 25% (4,7 millones de personas) respecto al tercer trimestre del 2019, aunque en tasa intertrimestral, se mantuvo constante. En cuanto al porcentaje, el 5,5% de la población se considera personas desalentadas manteniéndose constante con el trimestre inmediatamente anterior, y aumentando la proporción de la comparación interanual con el mismo periodo del 2019 en 1,2 p.p. (4,2%).

Un estudio reciente del Centro de Políticas Sociales de la Fundação Getulio Vargas (FGV Social), muestra que, hasta julio del 2020, 13,1 millones de brasileños habían dejado el grupo de personas con renta per cápita por debajo de la mitad del salario mínimo (522,5 reales), en gran parte, por medidas como la ayuda de emergencia. 

Esta ayuda de emergencia de 600 reales, pese a que ayudó a los más vulnerables a enfrentar las turbulencias, y ha sacado a buena parte de la población de la zona de pobreza en lo que llevamos de 2020, la situación empeorará en 2021; las estimaciones preliminares sugieren que se espera que al menos 10 millones de personas regresen a los niveles de ingresos más bajos el próximo año, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Algunas de las medidas del gobierno brasileño destinadas a mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus a corto y medio plazo sobre la pobreza y el empleo son de carácter social, como el adelanto de las pensiones pagaderas en agosto, la implantación de la ayuda de emergencia mencionada anteriormente, la anticipación de un salario mínimo por parte del sistema nacional de la seguridad social de todo trabajador afectado por enfermedad o la paralización de los cortes de suministro de electricidad y los desahucios como consecuencias de impagos hipotecarios. Otro tipo de medidas son de carácter laboral, como las destinadas a la preservación del empleo, entre las que destacan la reducción de salarios hasta un máximo del 70% o en su defecto de las horas hábiles de ciertos empleados, cuya remuneración será sustituida por una parte equitativa de los fondos del programa federal de ayuda al desempleo y la congelación y reajuste del salario de gran parte de los funcionarios públicos.

En el 2021 pese a que se ve con buenos ojos desde el gobierno y la sociedad la prorrogación de la ayuda, el techo de gasto presupuestario limita las probabilidades de aprobación de esta nueva prórroga, además del posible riesgo que provocaría esta ampliación aumentando la inflación en caso de hacerse efectiva.

 

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Sector primario

Brasil dispone de abundantes recursos naturales y su economía está relativamente diversificada. Es el tercer exportador mundial de productos agrícolas, liderando las exportaciones de café, soja, carne bovina y de pollo, maíz, zumo de naranja y azúcar.
Los cinco principales grupos en las exportaciones del agronegocio brasileño en 2020 fueron: soja (28.560 millones de dólares estadounidenses), seguido de otros azúcares de caña (7.378 millones de dólares), carne bovina, deshuesada y congelada (6.662 millones de dólares), maíz, excepto para siembra (5.786 millones de dólares), café (4.973 millones de dólares) y pollo (4.127 millones).
En 2021, durante los dos primeros meses del año, las exportaciones del sector agropecuario están siendo lideradas por la soja (1.155 millones de dólares), seguido de otros azúcares de caña (997 millones de dólares); café (879 millones de dólares); carne bovina, deshuesada y congelada (845 millones de dólares); maíz (639 millones de dólares) y pollo (617 millones).
Para ser un país terciarizado, Brasil cuenta con un sector primario relevante. En concreto, en 2020, el peso del sector agropecuario en la economía brasileña fue del 6,8% sobre el Valor Añadido Bruto (VAB). En 2019, el peso de este sector fue del 5,1% sobre el VAB, por lo que su peso ha aumentado 1,7 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. De hecho, durante la pandemia, ha sido el único sector económico que ha crecido el pasado ejercicio, de manera que acumuló una tasa de variación del 2% en el conjunto del año frente a 2019.
En concreto, este incremento se debe al aumento de la producción y de las ganancias en la agricultura, lo que contrarrestó los débiles resultados de las actividades ganaderas y pesqueras. Conforme a los datos obtenidos de la Encuesta Sistemática de Producción Agrícola realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (LSPA/IBGE), varios cultivos registraron un incremento de la producción en 2020, destacando la soja (7,1%) y el café (24,3%), que alcanzaron producciones récord en la serie histórica. Por otro lado, algunos cultivos mostraron una variación negativa en la producción anual estimada, como, por ejemplo, la naranja (-10,6%) y el tabaco (-8,4%).
La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) estima que, en 2021, el crecimiento del PIB agropecuario será de 2.1%. En concreto, se espera que el valor agregado de los cultivos crezca un 1,8% y el de la ganadería un 3,9%.
El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP), en el año 2020, fue de 896 mil millones de reales brasileños (157 mil millones de dólares, aproximadamente), un 17,% superior al obtenido en el mismo periodo de 2019 (766 mil millones de reales, o 134 mil millones de dólares). La cifra ha sido un récord desde que comenzó la serie histórica en 1989. Los cultivos subieron un 22,2%, con un valor de 597 mil millones de reales (104 mil millones de dólares), y la ganadería obtuvo un valor de 299 mil millones de reales (52 mil millones de dólares), un aumento del 7,9% con respecto al año anterior.
Brasil cuenta con el mayor volumen de ganado comercial del mundo y es el segundo mayor productor mundial de carne de vacuno, el tercero de carne de pollo y el primer exportador mundial de carne bovina y de pollo. Cuenta con 162 millones de hectáreas de pastos (área que tiende a expandirse, en muchas ocasiones, mediante la deforestación ilegal) y posee la segunda mayor cabaña de ganado vacuno del mundo, siendo responsable del 23,2% del rebaño mundial, con 232,5 millones de cabezas, una cifra mayor que el número de habitantes de Brasil. Este sector tiene algunos problemas, como la baja productividad (derivada del carácter extensivo de las explotaciones), la deforestación ilegal (con el fin de ampliar el área de pastos) y los exigentes controles de calidad de otros países.
Pese a contar con 7.491 kilómetros de litoral y el 12% del agua dulce del planeta, el sector pesquero en Brasil está poco desarrollado. Según la FAO, la pesca no crecerá tanto como la agricultura en los próximos años. No obstante, se prevé que la producción total de pescado de la región (acuicultura + capturas) registre 16,2 millones de toneladas en 2025, un 12,6% más que el nivel alcanzado en 2013-15.
A pesar de liderar las exportaciones mundiales de diversos productos y estar entre los mayores proveedores de otros, Brasil puede conquistar más espacios en el comercio de productos agroindustriales. El Ministerio de Agricultura ve grandes oportunidades para la expansión de las exportaciones del sector, incluso con el aumento de la pauta de productos exportados. En cuanto a los avances tecnológicos, a los cambios que ya introdujo en el sistema de cultivo y de gestión de la producción, responsables por el notable aumento de la productividad en los últimos años, hay que añadir otras, para desarrollar nuevas habilidades del agronegocio. En un mundo cubierto por un torrente de información para la agricultura, el gran desafío es captar datos importantes y producir tecnología con resultado. Coger e interpretar una inmensa variedad de datos y utilizar a su favor las nuevas y sofisticadas herramientas disponibles es parte de ese desafío.
Desde 1995, Brasil cuenta con varios programas de desarrollo del mundo rural, como el Plan Agrícola y Ganadero, también conocido como el Plan Safra e impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA). La agricultura familiar es un segmento importante para el desarrollo de Brasil. Son aproximadamente 4,4 millones de familias agricultoras, lo que representa el 84% de los establecimientos rurales brasileños y es responsable de la producción de más del 50% de los alimentos de la cesta básica brasileña, siendo un importante instrumento de control de la inflación.
El Plan Safra es un plan bianual, siendo que el Gobierno Federal aprobó en el mes de junio de 2020, el Plan Safra 2020-2021, que alcanza los 39,63 mil millones de euros, para apoyar la producción agrícola nacional. A partir de la aprobación del plan, se dio acceso a los productores rurales a los recursos de financiación en los bancos que operan con el crédito rural y las cooperativas de crédito. El Gobierno Federal puso a disposición, en 2020, unos 35.647 millones de reales para apoyar la producción agrícola nacional, un aumento del 6,1% respe la suma del bienio anterior. Se pretende que stos recursos garanticen la continuidad de la producción en el campo y el suministro de alimentos en el país durante y después de la crisis del coronavirus. A partir del 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, los productores podrán financiar la adquisición de Cuotas de Reserva Ambiental (CRA), una medida aprobada por el Consejo Monetario Nacional. La medida consiste en otorgar unos títulos equivalentes a áreas de cobertura natural que excedan la Reserva Legal (RL) de una propiedad y que podrán usarse para compensar el déficit de RL de otra área.
También en el mes de junio de 2020, el Ministerio Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), publicó el Plan de Inversiones para la Agricultura Sostenible. El Plan busca estimular el desarrollo de un mercado de “bonos verdes” para el sector agrícola y la incorporación de prácticas de tecnología sostenible en Brasil, con el objetivo de atraer inversores extranjeros para financiar la agricultura brasileña y fortalecer una imagen de sostenibilidad en el país. Los bonos verdes, o "green bonds", son títulos de deuda emitidos por empresas y productores y adquiridos por inversores. Estos fondos se utilizan para financiar proyectos y activos con un impacto ambiental y social positivo. Entre los inversores se incluyen entidades financieras y no financieras, fondos de inversión, inversores corporativos, las plataformas de inversión family offices y gestores de activos.
El documento se redactó tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Climate Bond Initiative (CBI), uno de los certificadores de bonos verdes más influyentes del mundo que creó un protocolo específico para la agropecuaria brasileña, y el MAPA, en noviembre del año pasado. En él se presenta un panorama actual del sector, las oportunidades de inversión en Brasil y demuestra cómo los bonos verdes pueden financiar la agricultura sostenible en el país. Para adaptarse a este nuevo mercado, los productores deberán adaptar su actividad a los parámetros de la etiqueta, lo que podrá generar un incremento de costes.
Además, la versión preliminar del Plan Estratégico 2020-2027 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) resume la misión, la visión de futuro, los valores y estrategias organizacionales del MAPA para el período, destacando: (i) Plan de Acción para el Nordeste – Agronordeste; (ii) Programa Nacional de Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en Cuencas Hidrográficas – Aguas de Agro; (iii) Programa de Modernización y Fortalecimiento de Defensa Agropecuaria; (iv) Promover la Ampliación de la Producción Forestal Sostenible; (v) Promoción de la Imagen de la Agropecuaria Brasileña en los Mercados Internacionales; (vi) Producir Brasil; (vii) Observatorio de Agropecuaria Brasileña; (viii) Vigilancia y Defensa Agropecuaria para Fronteras Internacionales; (ix) Innovación y Valor Agregado para el Medio Productor Rural; (x) Aguas del Gobierno para Fines de Acuicultura; (xi) Investigación, Desarrollo e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura Brasileña – Innova Embrapa; (xii) Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en la Amazonia Legal – Fortaf Amazonia Legal; (xiii) Programa de Autocontrol; (xiv) Residencia Agrícola Profesional (xv) Programa de Agro Gestión Integrada de Riesgos, Programa Agir; (xvi) Programa de Control de Tierras. La agricultura y la ganadería son consideradas, cada vez más, un sector estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta propensión exportadora, como por su importancia como empleador en áreas rurales.
 

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Sector secundario

La época de oro de la industria brasileña comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y se prolongó hasta las crisis petroleras de los años 70 (1973 y 1979). Precisamente, la crisis del petróleo marcó el inicio del deterioro económico del país en su historia económica reciente. Durante esa época de crecimiento, Brasil se transformó en un país industrial, con unas tasas de crecimiento de la industria por encima del crecimiento del PIB, gracias a la política de sustitución de importaciones. A partir del Plan Collor (plan de estabilización de la economía, de 1990) Brasil empezó a abrirse al exterior, lo que generó la desaparición de muchas empresas ineficientes que no se adaptaron a las exigencias de mayor competitividad que demanda un mercado abierto. Fue una época de profunda transformación a la que siguió el Plan Nacional de Desestatalización, por el que se privatizaron la mayoría de empresas estatales siderúrgicas, petroquímicas, y de telecomunicaciones, entre otras.
Según el «Índice de Competitividad Global» del World Economic Forum, Brasil se situaba, en 2019 como la 71ª, de 140, economía más competitiva. Dicha posición supone una mejora de 1 posición respecto al año anterior, 9 posiciones con el año 2017, 10 posiciones respecto a 2016 y 4 en comparación con 2015. Las principales fortalezas, según el World Economic Forum, son el tamaño de mercado, según el PIB y el porcentaje del total de las importaciones sobre el mismo, situándose en décima posición y la innovación, 40ª del mundo. Sin embargo, las debilidades más importantes son la escasa integración de las políticas públicas y la falta de coordinación entre el sector público y privado. Dichas debilidades comprometen el crecimiento económico y la generación de empleo y renta. Cabe destacar que el World Economic Forum ha elaborado un informe especial en 2020 en el que no se detalla el ranking de los países atendiendo al Índice de Competitividad Global debido a la crisis del COVID-19.
El peso del sector industrial sobre el VAB brasileño ha disminuido en los últimos años. En concreto, el porcentaje del VAB que representaba la industria brasileña fue del 20,4% en 2020, un punto porcentual menos que en 2019, cuando supuso el 21,4% del VAB. En cuanto al ritmo de crecimiento del sector, en el conjunto de 2020 se contrajo un 3,5%, frente a 2019, consecuencia del fuerte impacto de la crisis sobre el sector productivo brasileño. Sin embargo, en tasa intertrimestral, en el cuarto trimestre de 2020, el sector industrial ha vuelto a mostrar un crecimiento, si bien esta vez moderado, creciendo un 1,9% con respecto al tercer trimestre. En el tercer trimestre la industria creció un 15,4% frente a la caída del 13% del segundo trimestre y del 1% el primer trimestre. Así pues, según los datos sobre producción industrial nacional publicados por el IBGE (PIM-PF) en diciembre, la producción industrial nacional aumentó un 0,9% intermensual, encadenando ocho meses consecutivos de avances hasta acumular en el conjunto del año un crecimiento del 9,3%. Estos ocho meses de crecimiento (un 36,2% acumulado) habrían permitido revertir la pérdida acumulada de 28,9% del bimestre marzo-abril que recoge los peores momentos de la crisis. De las 26 categorías de producción, 17 mostraron signo positivo frente al mes anterior, destacando la metalurgia, con un aumento del 19% intermensual, y acumulando en el periodo de julio a diciembre un aumento del 58,6%; la fabricación de vehículos, remolques y carrocerías (6,5% intermensual) que ha conseguido en los últimos 8 meses (de mayo a diciembre) un aumento del 1.308,1%, o las industrias extractivas (3,7% intermensual), consiguiendo el primer mes de variación positiva intermensual, después de 3 meses consecutivos obteniendo variaciones negativas.
Entre 2007 y 2019, la industria de transformación brasileña se ha visto afectada negativamente, pasando su participación en la industria del 16,6% en 2007 al 11,1% en 2019.
Dentro de las grandes categorías económicas, los bienes de consumo duradero mostraron, en febrero de 2021, una tasa positiva del 2,4% intermensual, al igual que los bienes de capital, obteniendo ambos sectores un octavo mes consecutivo de crecimiento sostenido y acumulado en esos ocho meses crecimientos del 134,9% y 565,7% respectivamente. El sector productor de bienes intermedios también registró crecimiento en el mes de diciembre de 2020 (1,6%) frente a los resultados negativos de los dos meses precedentes (octubre -0,1% y noviembre -0,2%), mientras que el segmento de bienes de consumo semiduradero y no duradero descendió un 0,5% intermensual tras la mejoría de 1,2% obtenida en noviembre.
En lo que se refiere al cierre de 2020, el indicador de producción industrial muestra una reducción del 4,5%, con resultados negativos anuales en la totalidad de las 4 grandes categorías económicas, en 20 de las 26 ramas, y en 53 de los 79 grupos.
Entre las cuatro grandes categorías económicas, la mayor perjudicada respecto al conjunto del año 2019 fue la de bienes de consumo duradero, con una disminución del 19,8% muy afectada por el descenso en la fabricación de automóviles (-34,6%), seguida por la producción de bienes de capital, que disminuyó un 9,8% en el conjunto del año, categoría lastrada por el descenso en la producción de bienes de capital para los equipamientos de transporte (-22,7%). Los bienes de consumo semiduraderos y no duraderos también mostraron tasa negativa en el acumulado del año, con un -5,9% de descenso y, por último, la categoría de bienes intermedios acumuló un descenso de -1,1%.
El Sistema Nacional de Costes e Índices de la Construcción Civil (Sinapi), elaborado por el IBGE, muestra en su publicación de febrero un crecimiento durante el mes de enero del 2%, media décima por encima de la tasa del mes de diciembre, y obteniendo el mejor inicio del año de la serie, iniciada en 2013. El acumulado de los últimos doce meses hasta enero muestra un avance del 12,01%
Esta evolución se debería a una serie de factores, como la evolución del tipo de cambio, la competencia internacional y el denominado “coste Brasil”, que se refiere a los costes relacionados con temas como la excesiva burocracia, el complejo sistema tributario o la deficiencia en las infraestructuras, entre otros. A ellos se deben añadir factores que afectan a la productividad, como la baja capacidad de incorporar tecnología o la baja calidad en la formación.
Es fundamental renovar las estrategias y redoblar los esfuerzos para revertir el proceso de desindustrialización acelerada por la que pasa el país. No es posible imaginar que Brasil pueda volver a crecer y prosperar sin una elevación significativa de la productividad. Para alcanzar un nuevo nivel de productividad, la industria y el país necesitan trabajar en una amplia agenda para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que se presentan.
Por estas razones, el Gobierno de Jair Bolsonaro ha continuado con las directrices iniciadas por el Gobierno de Michel Temer, anunciando la adopción de una serie de reformas económicas, sociales y de atracción de inversiones y de estímulos de la economía, con el objetivo de generar confianza en los mercados y superar la situación actual. Entre estas medidas cabe destacar que el Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que ya ha adjudicado y realizado 172 proyectos en 4 años.
Debido a la situación de pandemia causada por Covid-19, el Ministerio de Economía ha puesto en marcha multitud de medidas que se resumen en la web del ministerio en la sección denominada Vamos Vencer: Medidas de Apoio ao Setor Produtivo. Las subsecciones en las que se dividen las medidas de apoyo son; (i) industria de medio y gran porte; (ii) industria de pequeño porte; (iii) comercio de medio y gran porte; (iv) comercio de pequeño porte; (v) servicios de medio y gran porte; (vi) servicios de pequeño porte.
En resumen, estas medidas han ascendido a la desburocratización de los trámites, para facilitar el flujo de bienes y servicios; medidas excepcionales y temporales para el mantenimiento de empleos y salud, durante la situación de pandemia; línea de crédito para pequeñas y medianas empresas con la garantía del Fondo de Garantía de Inversión (FGI); tarifa 0 en el Impuesto de Operaciones Financieras (IOF) en operaciones de crédito hasta julio de 2020; extensión del plazo para las exportaciones en el régimen de drawback; reducción temporal del Impuesto de Importación (II) para productos relacionados con la lucha contra Covid-19; eliminación de licencias en la importación de Secex, Inmetro y Anvisa para productos esenciales.
Industria Siderúrgica
El parque siderúrgico brasileño se encuentra representado por 15 empresas privadas en 10 estados brasileños, actualmente se compone de 31 plantas administradas por 12 grupos empresariales: Aço Verde do Brasil, Aperam, ArcelorMittal Brasil, CSN, CSP, Gerdau, SINOBRAS, SIMEC, Ternium, Usiminas, Vallourec & Mannesmann Tubes, Villares Metals e Votorantim.
La producción de acero bruto en 2020 fue de 30,9 millones de toneladas, lo que representa un decrecimiento del 4,9% en comparación a 2019. En cuanto a la producción de laminados disminuyó un 3,7% con respecto al 2019, los productos semiacabados listos para su venta cayeron un 11,6% y el hierro crudo un 6,7%.
En cuanto a las ventas en el mercado nacional, en 2020 fueron de 19,2 millones de toneladas, un 2,4% más que en 2019 (18,7 millones de toneladas). Las exportaciones, sin embargo, presentaron un descenso del 18%, siendo en 2020 10,1 millones y en 2019 12,3 millones. Por su parte, las importaciones, sumando un total de 1,975.655 toneladas, han aumentado un 9,3% en comparación con el año anterior.

El consumo aparente nacional de productos siderúrgicos fue de 21 millones de toneladas en 2020, lo que representa un aumento del 1,2% en comparación con 2019 (20,9 millones de toneladas).
Industria Automovilística
Aunque General Motors y Ford contaban con plantas de ensamblaje en Brasil desde los años 20, la industria automovilística brasileña nació en 1956 con el gobierno de Juscelino Kubischek y su política industrial de “sustitución de importaciones”, también conocido como Plan de Metas. Fue entonces cuando grupos como VolskWagen, Mercedes Benz, Ford, General Motors, Scania, Willys o SIMCA comenzaron a establecerse en torno a Sao Paulo (el denominado «ABC paulista», que incluye los municipios de Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul). Posteriormente, se extendieron a otros estados (FIAT a Minas Gerais o Volvo a Paraná). En 1960, Brasil comenzó a exportar su producción a países vecinos, lo que produjo que se instalasen en Brasil nuevos fabricantes, como Chrysler, Farmann Ghia, Toyota, Ford tractors, Massey Ferguson, Valmet, etc. A finales de esa década, la industria de automoción se había convertido en una de las más importantes del país.
Actualmente, tras la reciente salida de Ford de Brasil, están presentes 30 fabricantes de vehículos con 64 fábricas en Brasil, que se diseminan por once estados, empleando a 1,3 millones de personas, directa e indirectamente.
De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), las ventas del sector del automóvil presentaron un descenso del 26,16% en 2020. Después de alcanzar el mejor resultado en 5 años, con un crecimiento del 8,7% en 2019, el sector de vehículos sufrió en 2020 la primera caída de las ventas en 4 años y el mayor descenso anual desde 2015 (26,55%). Esta cifra es el reflejo de la crisis ocasionada por el COVID-19 que ha sacudido fuertemente al sector automovilístico. La venta de autobuses fue la que mayores pérdidas sufrió, con un descenso del 33% con respecto al año anterior, seguida de la venta de automóviles, que sufrió un descenso del 28,57%. Con la reactivación de la actividad productiva, diciembre de 2020 registró el mayor número de ventas del año, con 194.679 vehículos vendidos y un incremento del 8,43% con respecto al mes anterior. En cuanto al 2021, se prevé un incremento gradual de las ventas, proyectando un aumento del 16% con respecto al 2020. Las previsiones se basan en las expectativas de crecimiento del PIB y en la reactivación de la economía.
2020 comenzó con una previsión de crecimiento en producción y venta de automóviles en Brasil, basadas en la expectativa del crecimiento del PIB Brasileño en este año. La pandemia del COVID19, sin embargo, va a afectar fuertemente a la economía global, impactando negativamente al PIB brasileño y a las previsiones de crecimiento de la industria. En este contexto, la producción automotriz cayó un 99% intermensual en abril y alcanzó el nivel mensual más bajo desde la aparición de la industria en 1957. Desde el comienzo de la serie histórica de la industria no hubo un mes con una producción tan baja como abril 2020, según las cifras publicadas por la Asociación Nacional de Fabricantes de vehículos de motor (Anfavea). Con casi todas las fábricas cerradas a lo largo del mes, solo se produjeron 1.847 vehículos, incluidos automóviles, vehículos comerciales ligeros, camiones y autobuses, una caída del 99% respecto al mes anterior y 99,4% sobre abril del año pasado. Además, se produjeron 1.752 máquinas autopropulsado, 59% menos que en marzo. El sector de maquinaria agrícola es considerado esencial por el gobierno federal incluso en un período de pandemia, ya que ayuda mantener el nivel de cosecha en el sector rural.
La fuerte caída en la producción fue acompañada por reveses igualmente dramáticos en ventas al mercado interno y exportaciones. La licencia de vehículos, de 55,700 unidades fueron 76% más bajas que en abril de 2019, el peor resultado en 20 años.
El segmento de camiones disminuyó 53,5% en el mismo período, y el segmento de maquinaria cayó 23,9%. Las exportaciones, por otro lado, cayeron un 79,3% para vehículos (el peor volumen desde Enero de 1997) y 62,1% para máquinas, en comparación con el mismo mes del año pasado.
Los inventarios al final del mes fueron de 237,000 unidades entre fábricas y concesionarios, suficientes para cuatro meses de ventas al ritmo lento actual, que explica la dificultad de reanudar la producción en todas las fábricas. El unico indicador positivo es el nivel de empleos directos en la industria, que se mantiene en un nivel superior de 125 mil en la suma de los 26 asociados de Anfavea.El sector del automóvil representa cerca del 22% del PIB Industrial del país, convirtiendo a Brasil en el octavo productor mundial de automóviles en 2019. Los puestos de cabeza del ranking los ocupan China, Estados Unidos y Japón.
Durante los años 2015 y 2016, los datos de la industria automovilística empeoraron en ambas ocasiones en relación con el año anterior como consecuencia, fundamentalmente, del descenso de la demanda interna debido a la crisis económica. Precisamente con la recuperación, las perspectivas del sector habían mejorado ligeramente de manera que, en 2018, la industria automotriz brasileña volvió a crecer después de cuatro años de caída, alcanzando en 2019 su mejor año. El crecimiento ha sido vinculado a dos importantes factores, las mejores condiciones de financiamiento y la reducción del 30% de impuestos sobre los coches importados. La producción de vehículos de motor, remolques y carrocerías, que creció mensualmente un 43,9% en julio de 2020, impulsada, en gran parte, por el continuo retorno a la producción tras la interrupción por la pandemia. El sector acumuló una expansión del 761,3% en tres meses consecutivos de crecimiento de la producción, pero aún se encuentra 32,9% por debajo del nivel de febrero pasado.
La importancia del sector para la actividad brasileña no es despreciable. De hecho, el Gobierno puso en marcha en enero de 2013 el Programa Inovar-Auto que, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, proporcionó incentivos fiscales para que la industria local invirtiera en innovación y tecnología. No obstante, el 13 de diciembre de 2018, el Órgano de Apelación de la OMC constató que los requisitos de habilitación como importador/distribuidor establecidos en el programa modificban desfavorablemente las condiciones de competencia para los productos importados en comparación con las de los productos nacionales similares, en contra de lo que establece el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y con el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC).
En paralelo, el Programa perdió su vigencia en diciembre de 2017, tal y como estaba previsto desde su creación (Ley 1275, de 17 de septiembre de 2012) de manera que, con el objetivo de prorrogar el impulso del sector,el 10 de diciembre de 2018 el presidente de Brasil sancionó la Ley Nº 13.755/2018, por la que se establecen requisitos obligatorios para la comercialización de automóviles en Brasil y se crea el Plan Rota 2030 - Mobilidade e Logistica. Con esta medida, se ha implantado un régimen tributario para componentes de automóviles no producidos en Brasil.
En el Plan Rota 2030 se encuentran los objetivos de eficiencia energética para los próximos cinco años, y el aumento de la seguridad en los vehículos para reducir las muertes por accidentes de tránsito. El plan ha establecido un calendario obligatorio para que los fabricantes equipen sus vehículos con dispositivos de seguridad para 2030.
En septiembre de 2019, el Ministerio de Economía presentó la creación de un fondo de financiación de mil millones de reales (unos 183 millones de euros) para investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en los próximos 5 años, dentro delplan. Con el nombre de Programas Prioritarios, este fondo financiará proyectos en las áreas de eficiencia energética, seguridad y conectividad, que benefician a toda la cadena automotriz, incluidos no solo los fabricantes de automóviles, sino también los fabricantes de autopartes, olvidados en el plan Inovar-Auto anterior.
Además, el Plan Rota 2030 contempla incentivos fiscales de aproximadamente 343 millones de euros en los próximos 5 años. Los principales incentivos a las empresas que se adhieran al programa son:
• Reducción del 10% del total de los gastos realizados en investigación y desarrollo en Brasil en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) y de la Contribución Social sobre el Beneficio Líquido (CSLL).
• En el caso de que la empresa realice inversiones en artículos considerados estratégicos, podrán tener una deducción adicional en el IRPJ y CSLL de hasta el 12,5%.
• Reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) aplicada sobre los vehículos híbridos flex en, al menos, tres puntos porcentuales en relación a los vehículos híbridos convencionales, de clase y categoría similares.
Por otra parte, la nueva legislación instituye el régimen tributario para la importación de piezas de automóviles, incluyendo neumáticos, sin producción en Brasil. Así, será concedida la exención del Impuesto de Importación (II) para las piezas sin producción nacional equivalente, siempre y cuando sean destinadas a la industria del automóvil.
Industrias Agroalimentaria y Textil
La industria agroalimentaria y la industria textil son las más antiguas del tejido industrial brasileño, esta última con más de 200 años de antigüedad.
La industria brasileña de alimentación y bebida registró un crecimiento del 612,8% en la facturación de 2020 con respecto al año anterior, alcanzando los 789,2 mil millones de reales (118,7mil millones de euros aproximadamente), sumando exportaciones y ventas del mercado interno, según datos de la Asociación Brasileña de la Industria Alimentaria (ABIA). Así, se trata de una industria que supuso el 10,6% del PIB nacional y los sectores que más destacaron por crecimiento fueron el azúcar (+22,6%); aceites vegetales (+3,9%) y las carnes (+1,9%).
En lo que respecta a las ventas reales, logró un aumento del 3,3% el año pasado, siendo que, en cuanto a la producción física (volumen de producción), la industria creció un 1,8% respecto a 2019. Este resultado se debe al aumento de las ventas al por menor, del 16,2% en 2020, y de las exportaciones, del 11,4%.Con respecto a la creación de empleo, incluso con el impacto de Covid-19 en el sector alimentario, que supuso un coste de producción adicional del 4,8% en 2020, la industria de alimentación y bebidas creó 20 mil nuevos empleos directos, un 1,2% más que en 2019. El sector es el que más puestos de trabajo genera en la industria manufacturera brasileña, con 1,68 millones de empleos directos.
La industria alimentaria procesa el 58% de toda la producción agrícola brasileña y convierte a Brasil en el segundo mayor exportador de alimentos procesados del mundo. El sector exportó en 2020 productos por valor de 38.200 millones de reales (unos 5.747 millones de euros) a más de 190 países, que representaron el 19,2% de las ventas totals. sin embargo, en el balance total del año se aprecia que las exportaciones se han reducido en un 2,3%, siendo el principal factor la reducción en la demanda de azúcar al país. Otro punto destacado ha sido el considerable aumento de las exportaciones del sector a China, debido principalmente al aumento de la demanda de carne de cerdo. De enero a abril de 2020, el flujo comercial brasileño totalizó 123,4 mil millones de dólares americanos, solo un 2% más bajo que el registrado en el mismo período de 2019, que fue de 126,2 mil millones. La variación se considera una de las más pequeñas entre las veinte economías más grandes del mundo, el llamado "G20". El saldo comercial publicado por el Ministerio de Economía apunta, sin embargo, a una fuerte caída en la venta de productos y materias primas brasileñas a varias regiones del planeta en los primeros cuatro meses: las exportaciones a América del Norte cayeron un 18,5%, a América del Sur cayeron 21,2%, para Centroamérica y el Caribe cayó 57,1%, para Medio Oriente cayó 29,9%, para África cayó 1,5% y para Europa, cayó 3,5%. En contraste, las exportaciones brasileñas a Asia aumentaron 15,5% en el mismo período en comparación con los primeros cuatro meses de 2019. En otras palabras, a pesar del efecto del coronavirus proyectado en la demanda mundial, las exportaciones brasileñas a China crecieron 11,3%. Este aumento se debe, principalmente, a las exportaciones de soja, que crecieron un 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el sector textil, el último balance realizado por la Asociación Brasileña de Industria Textil y Confección (Abit), proyectaba el cierre de 2019 con un decrecimiento del 2% en la producción. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2019 la producción textil fue de 2,05 millones de toneladas. En 2020, la producción textil del país acumuló un descenso de en torno al 8,8% en comparación a la producción del 2019, siendo la producción de 2020 de 1,87 millones. Sin embargo, Abit prevé que en 2021 la producción aumente en un 8,3% con respecto al 2020, alcanzando una cantidad de 2,03 millones de toneladas.
En comercio exterior, las exportaciones del sector disminuyeron en un 11,7% en 2020 con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones del sectorcayeron un 19,8%
Brasil puede considerarse la mayor cadena textil completa en Occidente ya que posee desde la plantación de algodón y producción de fibra hasta desfiles de moda, pasando por tejidos, procesamientos, ropa y una fuerte venta minorista. Existen 27 mil industrias del sector en Brasil, con un total de 1,5 millones de personas empleadas directamente, siendo el segundo que más emplea en la industria de transformación, por detrás del sector agroalimentario.
Las proyecciones para el año 2020, realizadas por la Abit antes de la crisis mundial generada por la pandemia del nuevo coronavirus eran de un crecimiento del 2,3% en la producción textil y un 3% en las ventas del mercado minorista interno. Se esperaba, además, un aumento del 4,1% en las exportaciones y un 2% en las importaciones. Estas proyecciones fueron realizadas antes del COVID-19, por lo que no reflejan los efectos de esta en el crecimiento industrial. Lo cierto es que según los datos de Abit del primer semestre de 2020, la industria textil y de la confección sufrió una reducción del 22%, en comparación con 2019. Las importaciones cayeron un 23,75% y las exportaciones, un 8,44% anual. En los primeros seis meses se perdieron 70,9 mil empleos, frente al saldo positivo de contratación de 12,39 mil trabajadores, en el mismo período del año pasado. Para final de 2020, se estima una caída cumulada del 19,5% en la producción y del 19% en las ventas internas, con la pérdida de 79 mil puestos de trabajo. Mientras que para 2021, la expectativa del sector textil y confección, aún con grandes incertidumbres, es una reanudación con perspectivas de que la producción crezca 8.1%, ventas, 6.8%, importaciones, 5.2%, y exportaciones, 6.25%.
Industria Minera
Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, siendo el primer exportador mundial de mineral de hierro y de niobio (utilizado en la industria electrónica), y uno de los mayores productores del mundo de estaño, bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre otros.
De acuerdo con los datos de la Compensación Financiera para la Exploración de Recursos Minerales (CFEM), en 2019 se detectaron más de 7.000 empresas mineras que operan en Brasil, sin tener en cuenta las empresas dedicadas a la prospección y exploración de minerales, no recogidas en este sumatorio. El número de minas en funcionamiento en Brasil fue de 18.040 unidades en 2019, de acuerdo con los datos publicados por la Agencia Nacional de Mineración (ANM).
Desde 1995, el sector ha sufrido una importante transformación fruto de una reforma constitucional que permitió la participación de empresas extranjeras, sector hasta entonces reservado a empresas brasileñas y que fue complementada con la privatización en mayo de 1997 de la empresa de minería pública Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), actualmente denominada VALE.
Como consecuencia de este proceso, se ha producido un importante crecimiento de la inversión en el sector, al tiempo que un número creciente de empresas extranjeras han puesto de manifiesto su interés en iniciar operaciones en Brasil, por su cuenta o con acuerdos con VALE. De cara al futuro, el sector tiene un potencial de desarrollo importante, a raíz de su potencial de exportación. Sin embargo, para que el sector desarrolle toda su capacidad, sería necesario que el entorno regulador estuviese más desarrollado y fuese más transparente.

El anterior Gobierno de Michel Temer inició una reforma del sector con la creación de la Agência Nacional de Mineração (ANM) en diciembre de 2017, con el objetivo de avanzar en la regulación del sector y mejorar la transparencia. Sin embargo, el actual presidente Jair Bolsonaro realizó declaraciones, en enero de 2019, acerca de la excesiva burocracia de las agencias reguladoras en Brasil reafirmando que su administración va a realizar una revisión de los dispositivos legales que actualmente regulan las actividades del sector privado.

En el año 2011, el Ministerio de Minas y Energía (MME) lanzó el Plan de Minería 2030, con el objetivo de guiar el sector minero brasileño durante los 20 años siguientes, abordando las diferentes etapas de geología, minería y transformación.
Dentro de las acciones del plan, estaba la puesta en marcha de una agencia nacional de minería (ANM), para de esta forma impulsar la situación de incertidumbre que vive el sector minero, a través de la remodelación del actual marco regulatorio.
El gran potencial del sector minero brasileño ha atraído importantes inversiones extranjeras, principalmente, grupos canadienses y, más recientemente, chinos. Actualmente, no existen restricciones a la explotación de yacimientos mineros nacionales por parte de empresas extranjeras.
El 25 de enero de 2019, la presa de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, operada por la estatal Vale sufrió una rotura con un resultado de 259 fallecidos y 11 desaparecidos. Como resultado del acontecimiento, se estima que Vale tendrá que pagar aproximadamente 452 millones de euros en indemnizaciones. De esta forma, en septiembre de 2019, la estatal Vale fue condenada, por primera vez, a pagar una indemnización de 2,6 millones de euros. Además, cuatro minas de la empresa han sido paralizadas por riesgo de ruptura, todas ellas en el estado de Minas Gerais.
A pesar de los impactos de la tragedia de Brumadinho, los ingresos del sector minero en Brasil crecieron un 39,2% en 2019 (de 110,2 mil millones de reales en 2018 a 153,4 mil millones) según los datos del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), una entidad que representa a las empresas más grandes del sector que operan en el país. En concreto, la participación del sector minero en el PIB de Brasil en 2019 fue de en torno al 4% (296.380 millones de reales).
La rotura de la presa, sin embargo, sí afectó a la producción de hierro, que se ha visto disminuida por la paralización de docenas de minas. A pesar de la caída en la producción, las empresas aumentaron su facturación debido a la variación del precio del mineral hierro, el valor promedio de la tonelada en 2018 en el mercado internacional fue de 69 dólares estadounidenses, pasando en 2019, aumentó a 93 dólares. El balance del Ibram también muestra que el aumento en el precio del mineral de hierro en el mercado internacional permitió que las exportaciones, incluso en un volumen inferior a 2018, fueran de mayor provecho en 2019, manteniendo a Brasil como segundo mayor exportador mundial de mineral de hierro.
El Ibram también presentó datos de exportación relacionados con otros minerales. Brasil registró un aumento del 27,73% en los valores obtenidos con las exportaciones de oro y del 18,92% con el manganeso. Por otro lado, el cobre tuvo una caída del 14,64%.

La producción mineral total de Brasil cayó un 17% (147 millones de toneladas) en los primeros tres meses de 2020 en comparación con el mismo período del año pasado, según el informe de Ibram. En el primer trimestre, las compañías mineras en Brasil produjeron 220 millones de toneladas, alcanzando un valor de producción de 36.000 millones de reales, con énfasis en el mineral de hierro (63%) y el oro (11%). Las exportaciones de mineral de hierro cayeron un 16,5%, a 70 millones de toneladas.
En cuanto al 2020, de acuerdo con los datos presentados por Ibram, el sector de los minerales presentó un incremento positivo en casi todos los indicadores en el tercer trimestre del año. En concreto, el desempeño de la industria apunta mejoras en indicadores como la atracción de nuevas inversiones, la exportación, la facturación, la recaudación de cánones e impuestos; la reducción de las importaciones y la generación de puestos de trabajo, entre otros. El saldo de la balanza comercial del sector en el tercer trimestre de 2020 fue positivo, con unas exportaciones superiores en un 45,5% a las importaciones. Además, las perspectivas de inversión en el sector de la minería para el período comprendido entre el 2020 y el 2024 han aumentado de 32,5 mil millones de reales (unos 5 mil millones de euros) a más de 37 mil millones de reales (unos 5,6 mil millones de euros).
En la 13ª reunión del Consejo del Programa de Asociación de Inversión (CPPI) mantenida el 10 de junio de 2020, calificó nuevas empresas para el programa de inversión del gobierno federal. En esta reunión, la política de apoyo a la licencia ambiental de proyectos de inversión para la producción de minerales estratégicos "Pro-Minerals Strategic" del Ministerio de Minas y Energía (MME) se unió al PPI. Según el MME, se creará un comité para llevar a cabo proyectos como el uranio y el fosfato en el noreste y el fosfato en la región norte, por ejemplo. Asimismo, en la 14ª reunión, celebrada el pasado 2 de diciembre, destaca la elaboración de proyectos de disponibilidad de zonas para la investigación y explotación minera, así como para la cesión de derechos mineros en los estados de Pará y Bahía.
Industria Energética
En 2020, el 83% de la matriz energética brasileña procedía de fuentes limpias y renovables. La principal fuente renovable de energía en Brasil es la hidroeléctrica (63,8%), seguida de la eólica (9,3%), el biogas (8,9%) y la energía solar (1,4%). Brasil se ha convertido así en el segundo país, a escala mundial, en términos de capacidad y generación de energía hidráulica y en el uso de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). Actualmente, las tres mayores hidroeléctricas del país son: la central de Itaipu en Paraná, con una capacidad de generación de 14.000MW, la central de Belo Monte Pará, en el rio Xingú, con una capacidad de 11.233 MW, y la central de São Luíz do Tapajós en Pará, con una capacidad de 8.381 MW. En los últimos años se ha dado también un importante impulso a la energía eólica aumentando la capacidad instalada año tras año. En 2015, la capacidad instalada de energía eólica aumentó un 46% en Brasil, y en 2019 se sitúa ya en 15,4GW repartidos en 619 parques eólicos. Para el año 2024, se espera que la capacidad instalada aumente hasta los 19,04 GW, considerando únicamente los contratos ya viabilizados en licitaciones, subvenciones del mercado libre publicadas y contratos firmados. El potencial de Brasil es suficiente como para que crezca hasta 30GW en apenas 10 años.
En este sector destaca la empresa española Neoenergía, la cual hizo público, en septiembre de 2019, la construcción del mayor complejo eólico de América Latina. El complejo Oitis estará localizado en los estados de Piauí y Bahía y tendrá una potencia de capacidad instalada de 566,5MW.
Por otra parte, la apertura del mercado petrolífero brasileño, propiciada por la Ley 9478/97, supuso un importante revulsivo para el sector, que registró desde ese año unos crecimientos continuados en el volumen de reservas probadas y en la producción, hasta alcanzar la autosuficiencia en 2006 (12.600 millones de barriles).
Fue al año siguiente cuando se produjo el descubrimiento de una importante bolsa de crudo en Tupi, en la cuenca de Santos, que llevó a suspender el proceso de licitación entonces en marcha (la octava ronda), para reformular el sector. En efecto, el descubrimiento a unos 200 kilómetros de la costa y hasta 6.000 metros de profundidad (bajo una espesa capa de sal) de unas reservas de crudo de en torno a 29.000 millones de barriles (volumen mayor a todas las reservas petrolíferas de Qatar) eliminaba, en opinión del gobierno, el riesgo de exploración, más allá de las dificultades técnicas de explotación. En consecuencia, fue promulgada la Ley 12.351/10, que establecía un sistema de producción compartida en el área de pre-sal, de forma que los bloques que fueran licitados contarían con una participación mínima por parte de Petrobras del 30%. En la actualidad el Gobierno ha eliminado esta exigencia, para tratar de atraer capital extranjero al sector, en un momento en el que está pasando una situación delicada, consecuencia de la investigación de Petrobras en el marco de la operación lava jato. De hecho, en el PPI lanzado por el Gobierno en septiembre de 2016 se incluyeron varios proyectos para la licitación de la explotación del pre-sal. Se estima que esta explotación del pre-sal exigirá una inversión superior a 600.000 millones de dólares y si el yacimiento del pre-sal fuera explotado debidamente, el país podría convertirse en el sexto productor mundial de petróleo en 2035.
El nuevo Decreto nº 9.862/2019 que altera el Decreto nº 9.128/2017, publicado el pasado junio de 2019 en el Diario Oficial da União (DOU), prorroga el régimen Repetro (Instrucción Normativa 1.415 de la Receita Federal do Brasil). Se trata de un régimen aduanero especial de exportación y de importación de bienes destinados a las actividades de búsqueda y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el cual suspende el cobro de impuestos sobre la importación de equipamientos para la exploración offshore, hasta el año 2040. Actualmente, las reglas en vigor son válidas hasta diciembre de 2020, un horizonte demasiado corto para el sector. El fin de este beneficio ponía en riesgo la viabilidad de la actividad de exploración de petróleo y gas, ya que la suspension de pago de tributos representan cerca del 50% del valor total de la inversión.
En 2019, la producción total de petróleo en Brasil superó, por primera vez, los 1000 millones de barriles llegando a 1.018, lo que supone un aumento del 7,78% en relación al volumen producido en 2018, 944,11 millones de barriles. En 2020, la producción aumentó un 5,5% con respecto al año anterior siendo que la producción media de petróleo alcanzó los 2,94 millones de barriles por día. Desde 2016, se ha producido un crecimiento continuado que llega al 17,1%.
Por su parte el gas natural también ha mejorado sus números, en 2019 tuvo una producción de 44.742 millones de metros cúbicos, lo que supuso un crecimiento del 9,46% en relación a los 40.857 millones registrados en 2018. En 2020, la producción de gas natural aumentó un 4,1% en relación al 2019 siendo que la producción media de gas natural alcanzó los 127 millones de metros cúbicos por día. Desde el 2016, se ha producido un crecimiento continuado de la producción que alcanza el 23,1%.
En mayo de 2020, el Operador Nacional del Sistema (ONS), la Cámara de Comercio de Energía Eléctrica (CCEE) y la Compañía de Investigación de Energía (EPE) se unieron para solicitar a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), una revisión extraordinaria de la carga para el período 2020 a 2024. La Agencia aceptó la solicitud considerando la pandemia de Covid-19 como un hecho relevante que debe dar lugar a la revisión del Plan Anual de Operación de Energía y la consiguiente actualización del pronóstico de carga previamente establecido. No obstante, todavía no se ha resuelto la petición.
El Gobierno de Jair Bolsonaro presentó, en julio de 2019, un programa de reestructuración del mercado del gas bajo el nombre de «Novo Mercado de Gás». El objetivo de este programa es promover un mercado de gas natural que favorezca la competencia, las inversiones nacionales e internacionales y la reducción de los precios de la energía. Además, busca la integración del sistema gas natural con el sistema eléctrico del país. Según las estimaciones del Gobierno de Brasil, con una implantación exitosa del programa, Brasil se convertirá, en 2030, en uno de los cinco mayores productores de gas natural del mundo.
Cabe señalar que, en 2013, el Gobierno brasileño realizó la primera licitación en el marco del pre-sal —el Campo de Libra— en la cuenca de Campos, considerado el mayor descubrimiento de petróleo en Brasil (se estima su pico de producción en 1,4 millones de barriles al día). La licitación se acogió al novedoso «régimen de producción compartida». Bajo este régimen, los consorcios —participados todos por Petrobras— debían abonar una prima por contrato de explotación e indicar el porcentaje mínimo de petróleo extraído que deseaban en propiedad, siendo el restante para la Unión (los pliegos obligaban a un mínimo de 41,65% del petróleo para la Unión).
Durante muchos años, Brasil no tuvo un mercado desarrollado para el gas natural. La situación comenzó a cambiar con la construcción del gaseoducto Brasil-Bolivia, y con la adopción de incentivos públicos para el uso de este combustible como, por ejemplo, el programa Gas Natural Vehicular (GNV). El sector se ha caracterizado por una serie de desequilibrios entre la oferta y la demanda. En efecto, la oferta de gas producido en Brasil ha ido creciendo sin que la demanda haya hecho lo propio (entre 1999 y 2008, la producción nacional creció un 50%). A esto, hay que añadir el contrato que obliga a Brasil a importar 20 millones de metros cúbicos de gas boliviano al día. Dicho contrato expiró el 31 de diciembre de 2019.
Las metas de reducción de emisiones de carbono, el hecho de que Brasil cuente con la séptima mayor reserva de uranio del mundo y que esté cerca de dominar el proceso de enriquecimiento del combustible son factores que contribuyen a que la energía nuclear se incluya en los planes energéticos brasileños. El primer paso se dio en 2010 con la reanudación de la construcción de la central de Angra 3. Tras la declaración nula de Eletronuclear del proceso de licitación del consorcio para el montaje de la electromecánica de la central, la finalización queda suspendida, con posibilidad de ser finalizada después del 2021. En mayo de 2019, la construcción de la central Angra 3 fue incluida en el Programa de Parcerias de Investimentos donde todavía se encuentra en la fase de estudios y que debe decidir el modelo de negocio de la central, para poder retomar las obras.
Dentro del Plan Nacional de Energía (PNE) 2050, que sustituye al PNE 2030, está incluida la construcción de 6 centrales nucleares.
Por su parte, la transmisión eléctrica es una de las tareas pendientes del país, ya que, debido a la gran extensión del territorio, los principales centros de consumo están a larga distancia de los principales locales de generación energética, sin que haya una buena conexión al Sistema Interligado Nacional (SIN). En 2021, según los últimos datos publicados por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), el Sistema Interligado Nacional (SIN) contaba con 145.600 kilómetros de líneas de transmisión (red básica).
Por último, destaca la continuación del Programa «Luz para todos». Este programa, que comenzó en 2004, se volvió a prorrogar para el periodo 2010-2014 y, el 27 de abril de 2018, fue publicado el Decreto n ° 9.357, prorrogando el Programa hasta el año 2022. De acuerdo con el último balance publicado, el programa ha beneficiado a 3,5 millones de familias, y en diciembre de 2019, las inversiones previstas superaban ya los 27.600 millones de reales (5.047 millones de euros, aproximadamente). Debido al aislamiento en el que vive una parte de la población brasileña, este programa ha destacado por instalar gran cantidad de placas solares fotovoltaicas para autoabastecer a esas poblaciones.
Similar a “Luz para todos”, el Gobierno Federal de Brasil ha lanzado, en febrero del año 2020, el Programa Más Luz para la Amazonía con el objetivo de llevar energía renovable, a través de paneles fotovoltaicos, a más de 70 mil familias. La instalación de energía eléctrica tiene como objetivo el desarrollo social y económico de las poblaciones que reside en regiones remotas de los estados que conforman la Amazonía Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins y Maranhão, y que aún no tienen acceso a este servicio público.

Industria Aeronáutica
La industria aeronáutica es uno de los sectores destacados de alta tecnología de la industria brasileña. Su balanza comercial es tradicionalmente superavitaria y actúa como difusora y propulsora del desarrollo industrial interno, innovación y estimulación de la mano de obra cualificada en Brasil. El segmento aeronáutico incluye una variada gama de productos como: aviones, helicópteros, sus partes estructurales, motores, piezas, equipamientos de radiocomunicación y navegación, sistemas y equipamientos de control de tráfico aéreo.
Desde los monomotores eléctricos hasta los aviones ligeros de carga para aplicaciones civiles y militares, la industria aeronáutica brasileña es muy activa, especialmente en la categoría de aviones deportivos ligeros (ALE), dedicados al ocio y la instrucción. La principal característica del sector es la existencia del gran fabricante nacional Embraer que acapara casi el 80% de la facturación. Es líder mundial del mercado de aviones de medio porte, donde compite con empresas como la canadiense Bombardier o la británica British Aerospace. El peso y volumen de esta empresa hace que sus decisiones y resultados influyan en el rumbo del sector.
 

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Sector terciario

Uno de los primeros elementos a destacar en Brasil en relación al sector servicios es que la producción estadística sobre este sector es escasa resultando difícil obtener datos actualizados. En 2020, el peso del sector servicios sobre el VAB fue del 72,8%, siete décimas menor que en 2019, cuando este sector representaba el 73,5% del VAB. En cuanto al ritmo de crecimiento del sector, cabe destacar una contracción del 4,5% en el conjunto del pasado ejercicio respecto a 2019, consecuencia del impacto que las medidas de aislamiento para hacer frente a la pandemia han tenido sobre este sector de actividad.

Desde un punto de vista histórico, el sector terciario brasileño experimentó a partir de la década de los setenta, una fuerte expansión, en gran parte debido al proceso de urbanización e industrialización del país. La tendencia de crecimiento del sector observada en los últimos años se vio truncada en 2015, como efecto de la crisis económica que ha sufrido el país entre 2015 y 2016, registrándose una caída del 2,7% a lo largo de dicho año que se repitió de nuevo en 2016. Cabe destacar que el sector servicios ha pasado de representar el 67,7% del PIB en 2011, hasta alcanzar casi el 75% en 2020. El crecimiento del sector ha traído un ligero aumento en el volumen de empleos. A pesar de todo, la existencia de un importante volumen de economía sumergida hace difícil el cálculo exacto de la verdadera dimensión del sector en Brasil. Asimismo, un rasgo que ha señalado al sector en los últimos años es su carácter fuertemente inflacionista.

En cuanto al turismo, éste representa todavía un volumen de negocio muy por debajo de lo que cabría esperar de un país con los atractivos que ofrece Brasil. La inseguridad ciudadana, la escasez de mano de obra especializada, la falta de conocimientos técnicos y la carencia de infraestructuras son factores que impiden el despegue del sector en Brasil. Según los datos más recientes del Ministerio de Turismo, el número de extranjeros que visitan Brasil se ha incrementado en un 14,6% en los últimos cuatro años. Con el reciente lanzamiento del Plan Nacional del Turismo 2018-2022, durante el desarrollo de la 51ª reunión del Consejo Nacional de Turismo, CNT, el Ministerio del Turismo de Brasil destaca como una de sus principales metas la creación de dos millones de empleos. La atracción de inversión y la mejora de negocios están previstos en este Plan Nacional, además de incluir asociaciones entre los ministerios de Economía y Turismo. Para alcanzar los objetivos propuestos en esta área, y facilitar las inversiones privadas, en febrero de 2020 el Consejo del Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) creó una política específica para el sector turístico.
Para impulsar el turismo, el Gobierno de Bolsonaro ha permitido desde junio de 2019, la entrada, sin visado, de turistas canadienses, australianos, japoneses y estadounidenses. Esto ha supuesto, según un estudio del grupo Amadeus, el incremento de las reservas para los primeros 10 meses de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, de un 105% desde Canadá, un 62% australianas, 41% de reservas de Japón y un aumento de 22% desde Estados Unidos. En octubre de 2019, el presidente Bolsonaro comunicó que esta medida se expandiría a China e India, propuesta que aún está en estudio y que se podría ver suspendida ante la epidemia del COVID-19.

Además, de la exención de visado, Brasil ha adoptado una serie de medidas para fomentar el sector turístico. Entre ellas, destaca la apertura total del sector de aerolíneas al capital extranjero con la Ley Nº 13.842/2019. De esta forma, Air Europa obtuvo la autorización de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) para realizar vuelos nacionales brasileños.

 
El gobierno brasileño publicó, el Decreto n° 10.349/20, que aprueba la inclusión de la política de atracción de inversiones privadas para el sector del turismo en la agenda del PPI. El objetivo es promover la elaboración de estudios destinados a la implementación de nuevos emprendimientos y al aprovechamiento turístico de activos culturales y naturales en el país por medio de asociaciones comerciales, con empresas locales, o extranjeras que busquen invertir en el sector turístico brasileño.

Según el estudio "Impacto Económico de Covid-19 y Propuestas para el Turismo Brasileño", elaborado por la Fundación Getulio Vargas (FGV), el Producto Interior Bruto (PIB) del sector turístico, caerá el 38,9% en 2020 en comparación con el año 2019 como consecuencia del impacto del COVID-19.

Recientemente se envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Nº 4396/20, que modifica la Ley General de Turismo y permitirá a los agricultores familiares y productores rurales que exploran el turismo como una actividad secundaria ser considerados proveedores de servicios turísticos, con registro simplificado en el Ministerio de Turismo.
El objetivo del proyecto es regularizar la situación de los empresarios rurales, pequeños o no, que complementan los ingresos de la propiedad con la exploración turística. La medida permitirá el acceso a medidas de emergencia para ayudar al sector turístico, implementadas como resultado de la pandemia, como la liberación de 5 mil millones de reales en financiación para tour operadores.

Por su parte, según datos de la Asociación Brasileña de las Empresas de Tecnología de Información y Comunicación (Brasscom), el sector de telecomunicaciones representaba el 6,8% del PIB de Brasil en 2020. En total, la industria de las telecomunicaciones produjo en 2020 494.700 millones de reales (unos 75.243 millones de euros) y empleaba a un total de 1,56 millones de personas en Brasil, habiendo creado 42.300 nuevos puestos de trabajo. El sector de las telecomunicaciones cerró septiembre de 2019 con 312 millones de accesos en el país, teniendo en cuenta los servicios de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha fija y televisión de pago, lo que supone una variación del 2,8% en relación a los 12 meses anteriores.

En febrero de 2021 la Agencia Nacional de las Telecomunicaciones (Anatel) aprobó el decreto para la subasta de bandas de radiofrecuencia para la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de 5G en Brasil. Las bandas que se ofertarán en este proceso de licitación son aquellas de 700 MHz, 2,3GHz, 3,5GHz y 26GHz. Estas serán -a su vez- ofertadas en 2 rondas (salvo la de 2,3GHz), otorgándose licencias nacionales y regionales para espectros que van desde los 20 MHz hasta los 400MHz –los más grandes nunca ofertados a nivel mundial-. La subasta del 5G ha sido incluida en el PPI y se espera poder llevarla a cabo en 2021.


Brasil cuenta con la mano de obra especializada en tecnologías de la información (TIC) más numerosa de Latinoamérica, si bien presenta un importante déficit en la industria de fabricación de componentes electrónicos, lo que se traduce en una elevada cuota de importación, que repercute en los precios de los fabricantes y montadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. En 2014 la empresa española Telefónica adquirió el mayor operador de banda ancha en Brasil, GVT, la filial brasileña del grupo francés Vivendi. De esta forma, Telefónica de Brasil consolida su posición de liderazgo como operador de comunicaciones integrado con sus sectores de móviles y de banda ancha. Según el Panorama Sectorial de Telecomunicaciones de Anatel, publicado en 2020, en el año 2019 la principal operadora de móvil en Brasil fue VIVO (grupo Telefónica) con el 32% de la cuota de mercado (73,8 millones de accesos en operación en 2019), seguida de Claro (56,5 millones y una cuota del 25%) y TIM (54,5 millones de accesos y una cuota del 24%). En cuanto a la cuota de mercado de la conocida como banda larga, que incluye accesos fijos a internet de 256 kbps o más, en 2019 destaca Claro Brasil con el 29% de cuota de mercado, seguida de VIVO con una cuota del 22% y Oi (17%).

Estas cifras han sido alcanzadas en gran medida por el Plan de Banda Ancha (PNBL) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, el cual se creó con el objetivo de alcanzar los 30 millones de accesos de banda ancha fija en 2014 y al 100% de los órganos de gobierno, incluyendo unidades de la Administración Federal, Estadual y Municipal, escuelas públicas, unidades de salud, bibliotecas públicas y órganos de seguridad pública. Este Plan fue suspendido, sin haber conseguido sus objetivos, en 2016, con el fin de la vigencia de los compromisos acordados con las operadoras de telecomunicaciones.


Por otra parte, también merece la pena destacar que desde agosto de 2011 se abrió el mercado de TV por cable a las operadoras de telefonía y se puso fin a las restricciones de capital extranjero en el sector, monopolizado hasta entonces por las compañías NET y Sky. Los cambios introducidos en las reglas de televisión por cable han permitido avanzar a la española Telefónica en el proceso de consolidación de las telecomunicaciones en Brasil, a pesar que los primeros puestos en cuanto a clientes los ocupan Claro (50% en septiembre de 2019), Sky (31%) y Oi (10%).

Los ingresos brutos de los principales operadores sumaron un total de 206.400 millones de reales en 2019, de los cuales el 86% se concentraba en los cuatro principales operadores del país: Vivo, Grupo Claro, Oi y Tim. El resto de los ingresos Brutos corresponden al suministro de sistemas de comunicación, hardware y software, sumando un total de 35.100 millones de reales. La banda ancha fue el único servicio que aumentó en 2,4 millones de nuevas líneas respecto al año anterior. En contraposición, las líneas fijas de telefonía disminuyeron en 3 millones, así como los teléfonos móviles, que disminuyeron en 2,6 millones. Finalmente, cabe destacar que la televisión de pago también disminuyó en 1,7 millones de accesos, reflejando el incremento de la banda ancha y la popularización de los servicios de streaming.

El 3 de octubre de 2019, se aprobó la Ley Nº 13.879/2019, la llamada nuevo modelo de telecomunicaciones, mediante la cual se permite la adaptación de la modalidad de servicio de telecomunicaciones de concesión para la modalidad de autorización. La nueva ley busca actualizar el marco regulatorio de las telecomunicaciones, redirigiendo su enfoque hacia la universalización del acceso a internet de banda ancha. La oportunidad de migrar los contratos de concesiones de telefonía fija a autorizaciones permite que los operadores de telefonía del país, actualmente concesionarios, tengan una mayor capacidad de invertir en infraestructuras de banda ancha. Bajo esta nueva forma de contratación, se permite a los titulares de las concesiones de servicios fijos trasladar sus licencias del régimen público al privado. Además, los titulares de las concesiones tendrán más flexibilidad a la hora de negociar gracias a los activos reversibles que pueden reinvertirse en infraestructura de banda ancha. Por otro lado, las licencias de veinte años, que con la anterior ley podían renovarse una sola vez, podrán ahora renovarse de forma continua. Finalmente, cabe destacar que esta nueva regulación permite la creación de un mercado secundario, autorizando a los operadores a comerciar con los derechos de uso, siempre bajo ciertas condiciones y sujeto a la aprobación de ANATEL. Según el presidente de Anatel, se busca promover un ambiente regulatorio seguro y moderno, favorable a la innovación y a la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

Brasscom, a través de su Grupo de trabajo temático sobre capacitación de talentos, desarrolló y publicó en junio de 2020 una Guía de Buenas Prácticas en el Entorno Digital, con información y consejos mediante el desarrollo de videoconferencias. Se ha actualizado un capítulo específico dentro de estas videoconferencias con recomendaciones a los docentes, para que puedan apoyar en la superación de los desafíos derivados de la educación digital.


En 2019, la exportación brasileña de servicios alcanzó los 30.534 millones de dólares, un 4% más que en 2018. Por mercados de destino, destacan Holanda (28,17%), EEUU (25,25%), Reino Unido (5,2%), Alemania (4,39%), Suiza (3,47%) e Irlanda (2,22%). España supuso el 1,12% de las exportaciones (cliente número 16). Por sectores, los más destacados fueron:

 

EXPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS 2019*

Servicios

Valor en millones de dólares americanos (USD)

 

2018

2019

% del total 2019

Var. 19/18

Servicios de gestión empresarial, consultoría y asesoramiento de gestión empresarial

2.113

7.735

25%

266%

Servicios de reaseguro y retrocesión

6.397

3.739

12%

-42%

Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos

898

2.007

7%

123%

Servicios auxiliares de los servicios financieros, excepto los relacionados con los seguros y las pensiones de jubilación

1.853

2.007

7%

8%

Servicios de ingeniería

550

1.158

4%

111%

Resto

17.446

13.888

45%

-20%

TOTAL

29.257

30.534

100%

4%

Fuente: Ministerio de Economía. Última actualización: 15/01/21.*Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios) 

 

IMPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS 2019*

Servicios

Valor en millones de dólares americanos (USD)

 

2018

2019

% del total 2019

Var. 19/18

Arrendamiento operativo o leasing de maquinaria y equipo, sin operador

14.504

10.894

23%

-25%

Servicios de transporte de carga por agua

4.683

4.481

10%

-4%

Fletamento por tiempo de buques de carga

 -

4.015

9%

-

Licencias de derechos de autor y derechos conexos

4.067

3.777

8%

-7%

Servicios de publicidad y asignación de espacio o tiempo para publicidad

1.514

2.491

5%

65%

Resto

19.357

20.846

45%

8%

TOTAL

44.125

46.504

100%

5%

Fuente: Ministerio de Economía. Última actualización: 15/01/21. *Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios)

En cuanto a las importaciones, en 2019 ascendieron a 46.504 millones de dólares, un 5% más que en 2018. Los principales proveedores son Estados Unidos (28,33%), Holanda (22,87%) y Reino Unido (7,73%). España es el séptimo proveedor de servicios (2,53%), subiendo dos puestos con respecto al año pasado.

La balanza de servicios de Brasil es permanentemente deficitaria. En 2019, el déficit de la cuenta de servicios ascendió a casi 15.979 millones de dólares. Los principales países exportadores e importadores de servicios para Brasil, en 2018 y 2019 fueron:

 

PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE SERVICIOS PARA BRASIL

EXPORTADORES A BRASIL

2018

2019

IMPORTADORES DESDE BRASIL

2018

2019

Estados Unidos

29%

28,33%

Holanda

4,77%

28,17%

Holanda

28,34%

22,87%

EEUU

29,80%

25,15%

Reino Unido

6,03%

7,73%

Reino Unido

3,76%

5,20%

Alemania

3,98%

4,51%

Alemania

4,17%

4,39%

Suiza

4,18%

4,23%

Suiza

4,14%

3,47%

Noruega

2,54%

2,59%

Irlanda

2,21%

2,22%

España

2,39%

2,53%

Colombia

16,61%

2,19%

Emiratos Árabes Unidos

0,34%

2,06%

China

1,22%

2,17%

Francia

2,42%

2,06%

Francia

182,00%

1,91%

Japón

2,39%

2,03%

Singapur

1,39%

1,77%

Fuente: Ministerio de Economía (SISCOSERV). Última actualización 15/01/2021. *Desagregado por NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios)

 

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