Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

-- En el P.I.B dominicano la composición por el lado de la oferta se detalla en la parte inicial del Informe Económico y Comercial de nuestra Oficina. (Se recuerda aquí que la presentación del Banco Central por rubros arroja porcentajes que no suman 100%, debido a su práctica de computar por separado la porción correspondiente a los impuestos respectivos).

Agricultura y Ganadería han venido perdiendo peso relativo (5,7% del P.I.B.), en tanto que la construcción (9,8%), y Minería han ganado puntos en las últimas décadas.

Dentro del Secundario juegan un papel destacado las 76 zonas francas y fronterizas especiales. Estos emplazamientos albergan 4.456 M$ en inversión acumulada, el 78% de ella de titularidad extranjera; emplean 170.000 personas y generan el 53% de las exportaciones de la nación.

En el epígrafe de los Servicios, la Hostelería (7,9%) y actividades relacionadas con el Turismo se han convertido en pilares del edificio económico. El crecimiento sostenido del nuevo número de visitantes, o las 85.000 habitaciones previstas para 2020, dan cuenta de la pujanza y perspectivas de este componente, que es también igualmente para la generación de divisas y de empleo.

-- Atendiendo al reparto del P.I.B. por destinos finales, la principal partida es el consumo privado (69,3%), el cual sextuplica al consumo público. La inversión en capital fijo es muy baja (21,8%) con la del Sector Público en apenas 3,2% del PIB. La exportación agrega 24,8% y la importación detrae -28,1% en la formación del total.

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Precios (minoristas y mayoristas)

La economía dominicana presenta un sistema de formación de precios relativamente libre, aunque subsiste la fijación pública en diversos bienes regulados tales como los combustibles, varios alimenticios, la electricidad, el agua, algunos tipos de transporte, entre otros. El Ministerio de Industria y Comercio es el competente para establecer y modificar estos renglones, algunos con periodicidad semanal.

Existen sin embargo áreas importantes sujetas a férreo control por parte de algunos grupos monopolísticos u oligopolios (azúcar, grasas alimenticias, productos largos de acero, intermediación financiera, cerveza y otros) los cuales en la práctica tienen el mercado reservado con una práctica exclusión de la competencia exterior, y que orientan los precios domésticos. Su poder es grande y el organismo Procompetencia, que se creó hace casi una década para combatir posiciones dominantes, no ha instruido un solo expediente sustancial desde entonces. Aunque comienzan a abordar al menos estudios -si no ya expedientes y sanciones- sobre grado de concentración y posición dominante.

La evolución del IPC viene condicionada en buena medida por la dependencia dominicana de las importaciones y por la preocupación del Banco Central por el cambio del peso (para contener el coste del servicio de la deuda, denominada en dólares en su mayoría), que le mueve a intervenciones continuas en el mercado. La franja objetivo del B.C. para el índice es 3% / 5%.

Al estar subvencionados varios componentes de la cesta de bienes y servicios, incluidos los combustibles, el índice oficial de precios no es plenamente representativo de la evolución. Actualmente, sin embargo, no nos hallamos ante una economía con problemas de inflación; menos aún en años donde la caída de precio de los crudos ha supuesto notable respiro.

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

Comenzando con la Red de Comunicaciones terrestres, República Dominicana dispone de 9.872 Km. de carretera convencional y otros 9.833 sin asfaltar. Se les añaden 600 Km. de vías de peaje entre las que destacan el tramo Santo Domingo-aeropuerto, la carretera de Santo Domingo a Samaná (1 carril por sentido), el corredor a Bávaro en el Este y las circunvalaciones de la capital y Santiago. Hay luego 8.600 Km de caminos vecinales, de los que solamente está pavimentada una pequeña porción. Las cuatro arterias principales absorben la mayoría del tráfico y se hallan en un estado de mantenimiento mediano. Algunas de las nuevas vías revisten la forma de concesión administrativa, aunque se han dado retrocesos y cambios de postura oficial rescindiendo contratos unilateralmente a los pocos años de explotación.

No existe red ferroviaria, salvo algunos tramos de vía estrecha que se utilizan para el transporte de la caña de azúcar. Hubo una línea de 1.067 mm entre Sánchez y la Vega que se abandonó el pasado siglo. En ocasiones, especialmente durante la última campaña electoral, se ha hablado de una posible línea entre la costa Noroeste y el puerto de Haina (junto a la capital). En 2009 se abrió en la capital una línea de Metropolitano con 14 Km, a la que siguió una segunda de 34 Km. Una pequeña extensión denominada 2A finalizó en 2019 y se prepara alargar la línea 1.

Los Puertos comerciales se limitan a Puerto Plata en el norte, tres junto a la capital (Haina, Caucedo y Santo Domingo) y,  en la costa sur, San Pedro de Macorís y Barahona. Hay terminales para cruceros en Samaná, La Romana y Sans Souci (junto a la capital) más otra cerca de Puerto Plata, que es propiedad de una naviera extranjera. El principal puerto de carga es Haina. Más moderno, y segundo en movimiento de mercancías, es el multimodal privado de Caucedo. Ambos se encuentran próximos a la capital y están especializados en contenedores. El pequeño puerto de Sans Souci combina carga y pasaje (ferry a Puerto Rico). En marzo 2019 el Presidente anunció una renovación en Manzanillo y un nuevo muelle en Puerto Plata para cruceros tras haberse adjudicado en 2018 su terminal de carga.

De los nueve aeropuertos internacionales existentes, el que más pasajeros recibe es Punta Cana (60% del tráfico total) debido a los vuelos charter. El de Las Américas, que sirve a la capital, va en segundo lugar (30% aprox.). Siguen luego Puerto Plata, Santiago, La Romana, Samaná y Barahona. Se anuncia la ampliación de otro aeropuerto en el sur oeste enfocado al desarrollo turístico que se proyecta para esta región.

Las Telecomunicaciones se comentan en el epígrafe del Sector Terciario de nuestro I.E.C. Su infraestructura ha aumentado en los últimos años, especialmente la telefonía móvil, pero el país sigue a falta de red de fibra óptica en la mayor parte del territorio y solo una pequeña porción de los usuarios accede a banda ancha. El grupo Altice proyecta tender 500 Km de fibra óptica e instalar antenas y más red 4GLTE y 3G, e inversión superior a 500 M$ hasta 2023.  En materia de televisión se está en pasar a señal digital, adoptando el sistema estadounidense. Hay 684.000 abonados a televisión de pago, dominando el panorama Claro (48%) seguida de Tricom (19%), Satelital Novavisión (7%) y Aster (6,7%).

En cuanto a la Energía, el país no produce hidrocarburos ni carbón, importando la totalidad de sus necesidades: 115.000 barriles diarios de refinados, más 30.000 de crudos para procesar en la refinería dominico-venezolana REFIDOMSA. Sus destinatarios principales son el parque de vehículos y las centrales eléctricas, algunas de las cuales se están convirtiendo a ciclo combinado de gas. El objetivo declarado es alcanzar un 25% de fuentes renovables en 2025, pero años de renuencia a firmar PPA's para eólica y solar frenó inversiones que acudían a los beneficios de la Ley N.57 de 2007, recortados luego en 2012. Desde 2018 toman impulso de las renovables, además de la conversión paulatina a gas de 900 Mw sumando 5 centrales.

La potencia eléctrica instalada ronda 3.700 Mw, aunque no más de 2.500 Mw brindan disponibilidad segura y a costo razonable que se ve superada durante los picos de demanda. Su propiedad se reparte entre 14 empresas generadoras, en su mayoría privadas, dominando el panorama EGE Haina y la americana AES. En 2019 están incorporando os controvertidas térmicas de carbón estatales nuevas con 720 MW. La producción anual ronda los 15.000 Gwh. La matriz de combustible de la gran generación se distribuye en: 35,3 diesel, 32,7% gas natural, 13,5% carbón, 14,6% hidroeléctrica, 2,8% eólica, 0,8% biomasa y 0,3% solar. Casi la mitad del fluido procede de centrales estatales o de capital mixto. La propiedad y administración de la red de transporte en alta es estatal (ETED); también lo es la distribución en media y baja, que está repartida geográficamente entre tres empresas (EDES). Su cobertura territorial es aceptable, pero hay núcleos importantes que se surten mediante sistemas autónomos de generación/distribución privados, como las grandes zonas turísticas de Bávaro, Punta Cana y Las Terrenas.

El sistema eléctrico ha sido y es fuente histórica de problemas debido a falta de suministro, cortes, pérdidas (32%, incluido el robo por conexiones ilícitas), elevados precios, y lastre anual para el Fisco por los subsidios a las generadoras. Debido a los frecuentes y largos cortes de fluido, buena parte de las industrias grandes dispone de generación propia y todo edificio de apartamentos, hoteles, comercios y viviendas tiene generadores diesel. Un Pacto Eléctrico para resolver el problema técnico financiero está sujeto a controversia desde hace años ante la presión del sector privado para que se privatice el sistema, a lo que se oponen el gobierno y sus reguladores: Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Superintendencia de Energía y Comisión Nacional de Energía. 

El país carece de red de distribución de gas, utilizándose las botellas para uso domiciliario. Propagas tiene una terminal portuaria en S. Pedro Macorís  con capacidad de 42 M de m3 de GNL que también alimenta por gaseoducto la térmica de Los Mina en la capital. Están en ampliación el muelle y dos depósitos para su actual capacidad en 600.000 barriles de propano.  Un proyecto privado de gaseoducto entre Puerto Caucedo y S. Pedro alimentará la Central Quisqueya 1 y dos más cuando se conviertan a ciclo combinado.

La superficie agrícola regable se cifra en 340.000 Ha, el 85% de las cuales están cubiertas mediante canales y riego por inundación, siendo el resto captaciones mediante bombeo.

Hay en el territorio 21 grandes presas destinadas tanto a generación eléctrica como a regulación de cuencas y regadío, aunque las aportaciones fluviales son irregulares y las cuencas hidrográficas pequeñas. La capacidad de embalse se estima a 2.000 hectómetros cúbicos, que aumentará en 2020 al entrar en servicio Monte Grande. Un 83% de la población tiene acceso a suministro de agua limpia (no potable). La red de alcantarillado tiene cobertura ínfima: incluso en Santo Domingo y otras ciudades no recoge más del 4% de las aguas residuales que, en su mayoría, se vierten luego sin tratar. La depuradora y red del Ozama, en la capital y el emisario submarino de Puerto Plata, ambos construidos para firmas españolas, son los primeros esfuerzos significativos en este sentido les seguirán Boca Chica, Bávaro y quizá Sosúa-Cabarete.

República Dominicana dispone de buena infraestructura hotelera que se cifra en 80.000 habitaciones de alto estándar, emplazadas casi todas en  zonas de playa al este y al norte de la isla. Las complementan varios hoteles de ciudad en la capital, cuya dotación ha recibido impulso en años recientes.

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

En 2018 la población dominicana en edad de trabajar sumaba 7,4 millones de personas y la población ocupada 4,5 millones. De ésta, 4,08 M son dominicanos nativos y  0,42 M son extranjeros (haitianos en el 87%, con especial concentración en la construcción y la agricultura).  El sector privado da ocupación al 85,2%, dando el Sector Público ocupación al 15% restante. El 55% de los empleos son informales; es decir, sin cotizar a la Seguridad Social o que estan adscritos a entidades no registradas.

Rama de Actividad% de Ocupados
Agricultura y Ganadería12,3
Explotación de Minas y Canteras0,1
Industrias Manufactureras9,6
Electricidad, Gas y Agua0,9
Construcción6,5
Comercio al Mayor y Menor21,1
Hoteles, Bares y Restaurantes6,3
Transporte y Comunicaciones7,2
Intermediación Financiera y Seguros2,3
Administración Pública y Defensa5,3
Otros en Servicios28,2
Fuente: Banco Central

La "tasa de paro "ampliada" ofrecida por el Banco Central se sitúa en torno al 13,7%, mientras que la tasa oficial "estándar" de desempleo era 5,8% en enero de 2019. El Gobierno declara haber creado una media de 130.000 empleos anuales durante la presente legislatura, pero la mayor parte de los formales correspondieron al sector público.

La distribución del empleo por sectores denota el peso que la agricultura sigue teniendo como proveedor de empleos en la nación. 

El grueso del empleo lo ofrecen las mini-PYMES y las PYMES: aproximadamente 1,5 millones de empresas que, según el Mº de Industria, Comercio y PYMES, suman 2,2 millones de puestos. Dentro del ámbito industrial, 170.000 trabajan en empresas radicadas en las Zonas Francas y Especiales en 2018, cuya vocación es principalmente manufacturera y exportadora.

El nivel de preparación de la masa laboral es escaso y su productividad baja, obligando a las empresas a dedicar recursos y tiempo para formar a sus contratados. En sectores como la agricultura y la construcción domina la mano de obra de origen haitiano. El 17% de los niños varones ejercen algún tipo de trabajo.

Las remuneraciones son bajas: el 44% de los salarios formales del sector privado no llegan a 250 € mensuales, el 71% queda por debajo de 300 € y los salarios reales en 2018 se encontraban por debajo de su nivel de 10 años atrás. El Banco Central y Mº de Economía han venido reiterando la necesidad de elevarlos sustancialmente para asegurar la paz social, mejorar la distribución de la renta y estimular la demanda de consumo mientras los empresarios lo rechazaban con fuerza alegando como requisito previo una reclasificación de las empresas dentro de los distintos grupos. En julio  2019 el Comité de salarios ha acordado por fin una subida del 14% para el salario mínimo dejándolo entre 200 $ y 36 $, según categorías. Los empresarios se muestran insatisfechos con ello y siguen pendientes de lograr reclasificaciones de las empresas que las permitan acogerse a escalones inferiores del salario, aparte de su conocida pretensión de cambios en el Código de Trabajo en pos de eliminar la indemnización por cesantía.

Algunos sindicatos, en especial el de transportistas, disponen de particular capacidad de convocatoria y coerción que se traduce en huelgas y bloqueos en defensa de peticiones cualitativas o en rechazo de normativa técnica de mejoras; como el control de neumáticos. También han efectuado huelgas duraderas los médicos y los maestros, logrando mejoras salariales en 2017 y 2018. No obstante, el clima laboral es tranquilo en general.

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PIB per capita y distribución de la renta

El índice de desarrollo humano (IDH ajustado con el factor de la desigualdad) coloca al país en el lugar 105 del mundo con un coeficiente de 0,71. En un tiempo en que la renta anual per cápita roza 8.000 $, uno de los problemas graves de República Dominicana es la pervivencia de un profundo desequilibrio en el reparto de renta y riqueza. El índice de GINI está en 0,46. El quintil más afortunado de la población acapara el 53,5% de la renta, mientras que el quintil menos favorecido apenas percibe el 5%. La desigualdad es también aguda desde el punto de vista geográfico: en provincias como Elías Piña, Pedernales, Bahoruco, Independencia y El Seibo el porcentaje de habitantes pobres llega al 75%, en contraste con 23% en la capital. Son provincias con menor índice de pobreza Monseñor Nouel, Santiago y La Vega (tasa promedio: 30%).

El PNUD señalaba que el crecimiento económico de los últimos años apenas se ha extendido entre las grandes capas de la población. Las estimaciones del Banco Mundial sobre población bajo el umbral de la pobreza superan el 30% (28,7% según el Gobierno en su definición de "pobreza monetaria") y un 45% de la población está en situación de vulnerabilidad, es decir de regreso a la pobreza en caso de un imprevisto, revelando la desigualdad una importante exclusión social. La CEPAL aducía a principios de 2019 que la situación de desigualdad había empeorado el último año.

Otros indicadores elocuentes en este terreno son: el 70% de los sueldos de cotizantes a la Seguridad Social no alcanzan 330 €; un 60% de los hogares ingresa menos de 350 € al mes (sensiblemente por debajo de la canasta básica) el 50% de las viviendas tienen techado de simple chapa corrugada; una elevada porción poblacional no tiene acceso a agua potable a domicilio; menos del 4% de las viviendas urbanas vierten a red de alcantarillado con tratamiento sanitario.

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Sector primario

La presentación de agregados macroeconómicos que confecciona el Banco Central y se muestra en el Cuadro 2, presenta las contribuciones de los principales sectores de la oferta con exclusión de los impuestos de cada uno, que agrega luego en un renglón ad-hoc.  Resultó así que los porcentajes resultantes son inferiores a los de las presentaciones estándar, y no suman 100%, lo cual conviene tener en cuenta al analizarlos.

Este sector del P.I.B., que en R. Dominicana excluye la minería, aporta el 5,7% del producto interno. La porción agrícola supone 3,9%  y va destinada esencialmente al mercado interno. Su importancia es mayor desde el punto de vista laboral, toda vez que agricultura y ganadería mantienen 397.000 puestos de trabajo. Además, la población rural vinculada al sector supone el 22% de la total del país.

Salvo quizá en la zona central (Constanza, El Cibao), las explotaciones adolecen de insuficiente capital y equipamiento. Se dan fuertes variaciones estacionales de precios coincidiendo con la recogida de los productos de consumo popular.

La superficie dedicada a actividades agropecuarias comprende 42,6 Mt (millones de tareas) cuyo 55% se destina a cultivos de forma permanente y 19 Mt a pastos. El manto vegetal es escaso y la tierra no es muy feraz, precisando fertilizantes y sistemas de riego para alcanzar una productividad razonable en hortalizas y frutas. Los cultivos, incluso en las mejores tierras, siguen apuntando a producciones tradicionales y los cereales tienen dedicadas más de 200.000 Ha. El arroz ocupa 2.000 Millones de tareas que produjeron 12.500 Mq (millones de quintales) durante 2017. El azúcar, que las estadísticas dominicanas incluyen entre las manufacturas, fue el principal producto de exportación hasta el último tercio del siglo XX y sigue generando 150 M$; además, la zafra provee numerosos puestos de trabajo. La producción azucarera ronda el medio millón de Tm.

El tomate, que se procesa localmente en parte, suma 5 Mq al año, la auyama 0,9 Mq y la yautía 0,7 Mq, durante el año 2017. Entre las frutas, que alcanzan 3 Mq/año, destacan el aguacate (1,2 millones de unidades) y la naranja dulce. Por su parte, la producción de tubérculos arroja un peso agregado de 7,2 Mq. (3,8 Mq en yuca), la de cebollas 1.2 Mq. son también de señalar la habichuela negra con 0,35 Mq y maíz, elementos populares en la dieta dominicana. Otros productos exportados son plátano (38,8 Mq producidos en 2017), cacao (1.5 Mq), ajíes (1 Mq. producidos), café (0,35 Mq) y tabaco 0,2 Mq), cuyas ventas conjuntas exceden 200 M$. Los dos primeros, en particular, dieron un formidable salto en sus envíos hacia Europa a raíz de la entrada en vigor del Acuerdo EPA con la U.E. La cosecha cafetera, en cambio, decayó a la mitad en cinco años.

Desde la pasada década se viene desarrollando producción de hortalizas y verduras de calidad en invernaderos, así como de ciertas frutas entre las que destacan la piña y el banano orgánico. Sus destinos principales son la exportación y el suministro a las cadenas hoteleras, más el consumidor nacional con poder adquisitivo alto y medio. Buena porción de los invernaderos instalados son españoles.

En cuanto a ganadería y sector avícola, la carne de pollo destaca como primera fuente de proteína del dominicano de baja renta. Su cría cuenta con instalaciones relativamente modernas y buena distribución para su output de 207 M de unidades. La carne de vacuno (2 Mq) que -al igual que la de pollo- es muy dependiente de la importación de maíz, está protegida por medidas administrativas. Los cerdos sacrificados fueron 1.285 y las reses 728.000 en 2017. La producción anual de huevos se cifra en 1.865 millones de unidades y la de leche en 835 millones de litros.

Pesca y silvicultura son marginales, no llegando a 1,8% del PIB por no existir ramo profesional de pesca de altura, puertos pesqueros, flota, lonjas o industria procesadora significativo. Las capturas anuales apenas suman 9.000 Tm en pescado (17% de la demanda nacional), principalmente lutjánidos, más luego crustáceos y moluscos, principalmente langosta caribeña. Todo ello para un total de 9.400 pescadores y 4.220 pequeñas embarcaciones.

En la otra vertiente del sector primario, la minería aportó en 2018 el 1,7% del PIB y, algunos años se erige en el principal motor de crecimiento. Viene dominada por el oro, en manos dela canadiense Barrick Gold con su mina "La Rosario Dominicana" que reinició operación comercial en 2013 y ha producido 4M de onzas de oro y 12 M de plata en cuatro años; y por el ferro-níquel, de la también canadiense Falconbridge. La inversión extranjera así acumulada excede 5.000 M$ y el subsector es un pilar de los ingresos fiscales y de la balanza de pagos. Existen por otra parte explotaciones de alúmina/bauxita, algunas de las cuales se están cerrando al planearse futuros desarrollos turísticos en sus zonas. Las extracciones y cantería de mármol, gravas y arenas, han conocido amplio despliegue con la boyante de actividad constructiva en la presente década.

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Sector secundario

De nuevo excluyendo la porción impositiva, este sector excluida minería conforma el 23% del PIB nacional y emplea el 16,5% de la mano de obra, incluyendo la construcción.  Manufacturas, Electricidad y Agua contribuyen el 13,1% del PIB y 489.000 empleos, aunque solo el 71% de ellos tiene carácter formal. Cabe escindirlo en dos grandes grupos que se rigen por normativas muy distintas y que, en gran medida, son compartimentos estancos a efectos de sus respectivos mercados de destino. Se trata, por un lado, de las Zonas Francas y Zonas Especiales fronterizas y, por otro lado, la industria denominada “nacional”.

Las Zonas Francas y Especiales (a marzo 2019 son ya 74 repartidas por la geografía, muchas de ellas en el interior del territorio) albergan 686 empresas, en su mayoría foráneas, y dan empleo a 172.000 personas. Sus ventas exteriores componen el 57% de la exportación total dominicana. Se rigen por la Ley  8-90 que instituyó un Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Orientadas hacia la exportación, se concibieron años atrás como vector esencial de crecimiento. Empero, con la liquidación del Acuerdo Multifibra empezaron a reorientarse hacia otros bienes, si bien el textil retiene presencia sustancial (18% del total de ventas) aprovechando la cofabricación en Haití del cosido y acabados. Los productos médicos y farmacéuticos representan el 25%, los productos eléctricos 19%, tabaco y derivados 14%, calzado más componentes 6%, y joyería 8%.

El sector "Manufacturero Nacional” (es decir excluyendo las Z. F.), está compuesto por un reducido conjunto de firmas grandes y una multitud de pequeñas empresas. Según el Registro de Pro-industria en 2018, eran 914 compañías que emplean 113.000 personas, repartidas en 106 empresas grandes, 181 medianas, 307 pequeñas y 320 microempresas. El conjunto principal corresponde a alimentación y bebidas, con 387 fabricantes. En términos de valor de facturación dominan las bebidas alcohólicas y refrescantes.

La capacidad de producción de acero (productos largos a partir de lingote importado) se aproxima a 400.000 Tm anuales. La de cemento (5,4 M Tm) se destina en su 75% al mercado local, dominada por CEMEX que junto con otra de participación española (Cementos Santo Domingo) copa el 40% del mercado. Un importante rubro entre los materiales de construcción son las pinturas, donde dominan dos marcas: Popular y Tropical.

El tejido empresarial dominicano es privado en su casi totalidad. Varios sectores clave sufren elevada concentración, tanto desde el punto de vista del control del mercado como de la propiedad de los activos, que se traduce en déficit de competencia, presiones contra el acceso de bienes extranjeros, precios elevados menor variedad y calidad de la oferta. Entre las grandes entidades cabe citar Gerdau-Metaldom, monopolista de siderúrgicos largos desde su fusión en 2014; Mercasid, productora de  todas las grasas alimenticias; el grupo León Jimenes (Cervecería Nacional y principal procesador de tabaco); el Grupo Corripio (acero, pinturas, distribuciones múltiples de bienes de consumo) duradero y commodities; dos notables familias que detentan finanzas, generación eléctrica, complejos turísticos o emporios azucareros son: Vicini (Grupo INICIA) y el Grupo Fanjul, que controla Central Romana). Otros emporios dominantes en la exportación, son Brugal, BEICA (ron Barceló), Rizek o Roig (Cacao).

La Construcción aporta el 9,8% del PIB tras haber crecido a ritmos de dos dígitos merced a la edificación de escuelas, de viviendas sociales y de complejos hoteleros y residenciales, tanto de playa como urbanos, mientras que la obra pública tiene un peso secundario. Además, su contribución en términos de empleo (unos 300.000 puestos) es socialmente estabilizadora; en particular por lo que hace a la población flotante haitiana, que es la fuente esencial de su mano de obra. De nuevo dominan grupos familiares (Estrella, Bisonó, Mera) que, en el caso de gran obra pública, se asocian temporalmente con firmas extranjeras; en particular con las brasileñas Odebrecht y Andrade Gutierres que, durante décadas y hasta el salto de los escándalos de corrupción en 2017 se adjudicaron de manera sistemática carreteras, presas, arterias periurbanas y urbanas, o incluso centrales térmicas estatales, donde carecían de experiencia.

República Dominicana refina parte de los hidrocarburos que consume (30.000 barriles sobre 115.000). El complejo petroquímico pertenece a REFIDOMSA, entidad mixta con un 49% del Estado venezolano aunque se debate si nacionalizarla de nuevo. Procesa 8.000 barriles de diésel, fuel y gasolina a partes iguales, más unos 2.000 de LNG, y detenta privilegios de importación para refinados de combustibles líquidos. El 62% del combustible consumido en el país lo importan para AES, otros grandes generadores, Coastal, ESSO y privados menores.  La distribución la lideran TEXACO, TOTAL, Martí y PROPAGAS. Para gas natural licuado hay una terminal en el Puerto de Caucedo y su monopolista privado proyecta otra en San Pedro de Macorís más gaseoducto costero hacia la capital, para alimentar centrales térmicas de la zona que se reconvierten a GNL.

(En lo que respecta al Subsector Eléctrico, su reseña figura en el epígrafe dedicado a Infraestructuras).

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Sector terciario

El sector Servicios es el principal de la economía: en 2017 generó el 62% del PIB (siempre excluidos impuestos) proporcionando además el 70,8% del empleo. Dentro de él destaca la actividad de Comercio que el 21% del empleo total y  conforma el núcleo principal del millón y medio de empresas del país -en su inmensa mayoría MINIPYMES informales de tipo familiar o unipersonal-. Cabe señalar su actual proceso de transformación que, en la capital, se refleja en los seis grandes complejos comerciales de varios cientos de locales y miles de metros cuadrados y plazas de aparcamiento cada uno, dirigidos a marcas, franquicias y zonas de ocio, para la incipiente clase media y alta.

En el curso de los últimos 25 años el Turismo se ha erigido en pilar clave del modelo de desarrollo y la economía dominicanos: tanto bajo el punto de vista de la producción (16% del PIB incluyendo su impacto indirecto) y el empleo (330,000 puestos), como de generación de divisas por la doble vía de la inversión directa para erigir los complejos y del ingreso corriente aportado por los visitantes. Lo rige la Ley Orgánica N. 541-69, complementada por las de Fomento N. 158-01, los Decretos N. 1125-01 y N. 74-02, y la Ley 195-13 que enmienda la anterior. También la restauración está bastante desarrollada y disponiendo de buen nivel y amplia oferta aunque no barata. Estamos ante un país turístico por excelencia; al inicio de 2019 dispone de 80.000 habitaciones en la gama alta (con 18 cadenas hoteleras españolas detentando el 60% de la capacidad) y pretende llegar a 10 millones de visitantes en 2023. Los más de 6,5 M de 2018 (a los que se agregan 1,2 M de cruceristas), se reparten en 90% de extranjeros y 10% de dominicanos que viven en otros países. El turista foráneo tiene una estancia media de 8,3 noches y zonas de destino principales en Punta Cana-Bávaro, La Romana, Puerto Plata y Samaná. Por nacionalidades destacan los estadounidenses y canadienses, que allegan el 59% del contingente total. Siguen Alemania, Rusia, España y Francia. El gasto adicional al de estancia resulta escaso porque domina el sistema del “todo incluido” que induce al visitante a no salir del recinto durante sus vacaciones.

Las Telecomunicaciones, que en las estadísticas llegaron a representar un discutido 15% del PIB hace unos años, comprende 67 empresas. Ha evolucionado mucho, especialmente la telefonía móvil cuyo dinamismo ha llevado a disponer de 8,8 millones de líneas, casi una por habitante. A la altura de 2018 domina el prepago (6,7 millones), seguido de los fijos (2,2). Se ha introducido tecnología nueva y aumentado la competencia, pero el mercado adolece de fuerte concentración. La proveedora CLARO/Codetel -perteneciente a Telmex-  tiene el 78% de las 1,35 millones de líneas fijas (incluidas las de IP), seguida de Tricom (comprada en 2014 por el Grupo ALTICE) con el 20%. En móviles CLARO detenta el 51% seguida de Orange (Grupo ALTICE de nuevo, que la ha fusionado con Tricom en 2017) con 40%. En cuanto a Internet, cuyo precio está entre los más elevados del Caribe, los usuarios son ya 6,4 millones; de nuevo domina CLARO con 51%, seguida de Altice (mediante Tricom y Orange que cubre el 45%) y Wind Telecom. La fibra óptica y la red móvil 4 GLTE se hallan en proceso de extensión de su cobertura, todavía escasa. Hay 784.000 abonados a televisión de pago, dominando el panorama Claro (60%) seguida de Tricom-Altice (19%), Satelital Novavisión (7%) y Áster (6,7%). Gobierna el sector la Ley 153-98. El organismo regulador, INDOTEL, trata de perseguir los incumplimientos en el ofrecimiento de condiciones y de cobertura; adicionalmente reduce la indefensión de los usuarios ante problemas de facturación o de servicio. 

El Transporte de pasajeros y mercancías es otro subsector relevante del PIB (8,2%). Mientras que el aéreo internacional tiene alto estándar y elevado volumen de viajeros, el terrestre (limitado al de carretera al no existir ferrocarriles) apenas se encuentra estructurado y acusa graves deficiencias de calidad y conflictos para sus poderosos sindicatos.  Tanto a nivel nacional como urbano. El componente de cabotaje marítimo para mercancías es ínfimo y es frecuente que el mismo buque extranjero toque los dos puertos de la capital sucesivamente. El país tiene nueve aeropuertos internacionales, como se indica en el apartado de infraestructuras.

El Sistema Financiero está dominado por el bancario, subdividido a su vez en tres figuras: Bancos Múltiples (17), Asociaciones de Ahorro y Préstamos (18, que, entre otras cosas, no pueden ofrecer cuentas corrientes ni operar en divisas), Cooperativas Financieras y otras entidades. En enero 2019 el total de activos del sistema (1.780  millones de pesos tras crecer 7,8% en 2018) equivale al 46% del PIB y su cartera de préstamos sumaba 1.150 millones de pesos, con una buena porción de ellos concedidos al Estado y entes públicos. El subsector está altamente concentrado por cuanto los 17 bancos múltiples detentan casi el 90% de los activos totales. Éstos, a su vez, presentan una fuerte concentración en los tres mayores: el Banco de Reservas -de operativa comercial aunque su propietario es el Estado- tiene el 30% de los activos, el Banco Popular 22,2% y el BHD León 15,4%. En concesiones anuales de crédito domina el B. de Reservas, con el BHD León en segunda posición. El índice conjunto de solvencia es bueno: 18,2 % a febrero 2018.

En cuanto al Mercado de Valores se limita a transacciones de bonos (del Estado y del Banco Central, más algunas emisiones de empresas, principalmente eléctricas), que 22 "Puestos de Bolsa" colocan entre los ahorradores. El volumen de emisiones nuevas supera 500 M€ anuales y las transacciones en el mercado secundario 5.500 M€. La capitalización total del mercado supera el 25% del PIB. No existe todavía mercado de títulos de renta variable, aunque se detectan movimientos en pro de una nueva ley que propicie la negociación de acciones de empresas. Unas Superintendencias de Banca, de Valores y de Seguros tienen encomendada la supervisión de las entidades en sus respectivos ámbitos.

Los Fondos de Pensiones son gestionados por una decena de Administradoras (AFP). A enero 2019 reunen 1,86 millones de cotizantes (0,4 M en el sector público) para 3,7 millones de afiliados a la S.S.  y un cofre acumulado de 11.600 M$ procedentes de capitalización individual a partir de sueldos, el 80% de los cuales no supera 300 $ mensuales. El 49% de los activos están colocados en deuda estatal y el 30% en emisiones de empresas privadas. En cuanto a los Fondos de Inversión, 14 en la actualidad, gestionan un capital de apenas 150 M$. Las aseguradoras, por su parte, están lejos de revestir la importancia que tienen en otras economías, pero el número de clientes de pólizas crece de forma paulatina.

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Privatizaciones

El Estado dominicano llegó a ser dueño en la era de Trujillo de un conjunto de compañías que, por el reducido tamaño económico del país, hacían del Gobierno un empresario significativo. Incluía aquél complejos azucareros, explotaciones mineras, tierras, generación y distribución eléctrica y múltiples industrias incluidas alimentarias, transportes y promotoras inmobiliarias.  Con ellas se constituyeron varios entes como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), o el minero de La Rosario Dominicana.

Estos consorcios entraron en decadencia por mala gestión y mantenimiento,  falta de inversión y plantillas excesivas generándose cuantiosas deudas. Para la rehabilitación del conjunto se requería en los años 90 un monto anual de recursos próximo a la mitad de los ingresos estatales. En parte por imposibilidad física y en parte por arreglos políticos, en 1997 se promulgó la Ley 141/97 tendente a reformar y transformar la CDE, el CORDE, el CEA y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL).

En 2001, mediante Ley 124-01, se creó el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) con la misión de custodiar y administrar las acciones del Estado en las empresas afectadas por el proceso citado. Como fórmulas de privatización se definieron cuatro: capitalización con entrada de socios privados a título mixto, concesión, transferencia de acciones o venta de activos, siendo necesaria la aprobación del Congreso Nacional para las dos últimas. Pasaron así a privatizarse al 50%  o cederse bajo concesión buena parte de los ingenios azucareros y sus tierras de zafra, la generación eléctrica y su red de distribución, los Molinos del Ozama, La Tabacalera, Minas de Sal y Yeso y 19 hoteles. También fueron cedidos seis aeropuertos al consorcio  Aerodom por 30 años. De conformidad con su marco legal, los beneficios que el Estado obtenga de las empresas reformadas serán invertidos por el FONPER en programas y proyectos que promuevan el desarrollo.

Más tarde, sin embargo, se dieron algunas marchas atrás forzándose la recuperación estatal de la distribución eléctrica creándose las tres EDES que se reparten el país, el transporte en alta tensión (ETED), la Comisión Nacional de Energía, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), co-participaciones en generación térmica y eólica a través del FONPER (p. ej. es socio mayoritario de la principal generadora del país, EGE-Haina), o la incautación por el CEA de algunas explotaciones azucareras que había cedido bajo concesión. El CORDE se quedó solamente con terrenos que, como el CEA, ha ido liquidando de manera muy controvertida.

En algunas iniciativas para gestionar infraestructuras viales, residuos urbanos e incluso explotación azucarera promovidas por empresas extranjeras mediante concesiones, los inversionistas se vieron obligados a salir  de sus concesiones a los pocos años del funcionamiento, y se perciben tendencias similares para con otras cual pudiera ser la carretera a Samaná, la refinería nacional, REFIDOMSA (vendida en su 50% a Venezuela hace apenas ocho años y cuya renacionalización al 100% se propugna). En la principal mina de oro, el inversionista canadiense se vió forzado en 2012 a renegociar su contrato de concesión por estimar el Gobierno que disfrutaba de condiciones demasiado ventajosas.

Así las cosas, no quedan apenas entidades productivas por privatizar, o su atractivo resulta escaso (la última sesión fue La Tabacalera con una participación vendida a socios japoneses en 2015). En febrero 2017 se dispuso la disolución del propio CORDE con liquidación de sus activos restantes, principalmente tierras; también quedó suprimido el CREP (Consejo de Reforma de la Empresa Privada). De todas formas, se producen simultáneamente iniciativas nuevas de titularidad estatal. Tal es el caso de centrales térmicas, o algunas vías terrestres y autovías de nueva traza construidos directamente por el Estado que se embarca en su explotación comercial. Los principales activos que le restan al Estado son los eléctricos de generación y de distribución, y la intención es seguir gestionándolos directamente. Ahora bien, pudiera verse forzado a abrirlos a inversionistas por una doble razón : cubrir el déficit presupuestario -en 2019 se habla abiertamente de vender un 50% de las nuevas centrales a carbón de Punta Catalina cuyo enganche a la red se prevé para fines de año y por otra parte, razones políticas que promueven un “Pacto Eléctrico” (aunque propuesto ya por la legislatura 2020-2024) con ocasión del cual el empresariado desea hacerse con la generación y distribución.

 

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