Información del mercado

El mercado (nivel de vida, rasgos de la demanda, centros económicos)

Puerto Rico cuenta con una economía muy desarrollada; su sistema financiero es complejo y moderno. El nivel de vida de su población es elevado, sobre todo si se compara con las economías de la zona, debido a las importantes transferencias que reciben sus ciudadanos de los Estados Unidos (ayudas federales que en el año 2018, a causa del huracán María están previstas en más de $15.000 millones) y al uso extendido del crédito en la vida diaria de la población. El PNB per capital alcanzo el año fiscal 2017 los 20.927 dólares.

El puertorriqueño es muy consumista y los niveles de gasto son muy elevados, siendo habitual las compras a crédito, por lo que el nivel de endeudamiento de la población es considerable. Los centros comerciales son parte fundamental de la vida social de la población.

El centro económico y financiero se encuentra situado en San Juan, cuya área metropolitana concentra cerca de un tercio de la población de la isla (integrando por los municipios de San Juan, Guaynabo, Bayamón y Carolina). El centro financiero de San Juan se ubica en Hato Rey, y es allí donde se encuentran la mayoría de las instituciones financieras. 

Puerto Rico es parte del sistema financiero de los EEUU. Está sometido a la disciplina de la Reserva Federal y forma parte del Sistema Federal de Seguros de Depósito. Puerto Rico cuenta con un sector financiero integrado por bancos locales y por instituciones financieras norteamericanas y españolas (Banco Santander). El Centro Internacional de Seguros inaugurado a finales del año 2005 es otra de las apuesta de Puerto Rico en el ámbito financiero.

Las instalaciones productivas de la importante industria química y farmacéutica se ubican en diversos puntos de la zona noroeste y noreste de la isla, y está conformada por multinacionales, principalmente estadounidenses. 

Volver a índice de Información del mercado

Canales de distribución. Estructura y marco legal de la distribución comercial

La ley Nº75 rige las relaciones y contratos de distribución en Puerto Rico. Se trata de una legislación muy proteccionista con el distribuidor/importador local por lo que conviene analizarla con detenimiento.

Incluso en el caso de que no exista contrato de distribución firmado por las partes se puede entender la existencia de un contrato de distribución tácito, con lo que, en caso de litigio será de aplicación la Ley 75 en la medida en que se hayan realizado los servicios que la Ley 75 entiende como distribución. A pesar de ello, las relaciones entre la empresa española y su importador se deben atener a lo recogido en las cláusulas particulares del contrato de distribución por lo que es importante dejar claro el alcance de la relación y cuales serán las causas que justifiquen la finalización de la vinculación comercial.

LEY Nº 75 SOBRE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN

El artículo 1 de esta Ley establece las definiciones de los agentes y las partes que se verán sujetas a las misma. En él se dan las siguientes definiciones:

(a)  Distribuidor: persona realmente interesada en un contrato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o representación de determinada mercancía o servicio.  

(b)  Contrato de distribución: relación establecida entre un distribuidor y un principal o concedente, mediante la cual, y respectivamente de la forma en que las partes denominen, caractericen o formalicen dicha relación, el primero se hace real y efectivamente cargo de la distribución de una mercancía, o de la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia, en el mercado de Puerto Rico.  

(c)  Principal o concedente: persona que otorga un contrato de distribución con un distribuidor.  

(d)  Justa causa: incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de distribución por parte del distribuidor, o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o distribución de la mercancía o servicios.

La Ley Nº 75 aprobada el 24 de junio de 1964 y sus posteriores enmiendas -Ley Nº 106 de 23 de junio de 1966 y Ley Nº 81 de 13 de julio de 1988- protegen la figura del distribuidor en Puerto Rico. En el espíritu de la ley subyace la idea de que entre fabricante (principal o concedente) y distribuidor existe un indudable desequilibrio en la fuerza negociadora de las partes y la ley sirve para «nivelar las condiciones de contratación de dos grupos económicamente dispares en fuerza»[1].  

La Ley 75 sobre Contratos de Distribución fue creada para evitar los perjuicios surgidos como consecuencia de la práctica seguida por algunos fabricantes de eliminar arbitrariamente a los distribuidores locales tan pronto éstos creaban en Puerto Rico un mercado favorable para los productos y servicios del principal, a pesar de que el distribuidor hubiese cumplido eficientemente con sus responsabilidades bajo el contrato. A esto se debe el carácter sumamente proteccionista, en favor del distribuidor, que impregna todo el texto legal.  

La definición que la ley ofrece de la figura del "distribuidor" es la siguiente: «Persona realmente interesada en un contrato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o representación de determinada mercancía o servicio». La amplitud y poca precisión con que la ley define al "distribuidor" fue el primero de los problemas que se plantearon. Esta imprecisión obligó a los tribunales a ir delimitando el significado de "distribuidor" con el transcurso del tiempo.  

La función principal de un distribuidor es la de crear un mercado favorable y ganar clientela en favor del principal. La conquista de clientela y mercado para el producto o servicio del fabricante obligan al distribuidor a realizar una serie de gestiones, entre las que podemos citar (como bien expone la jurisprudencia en Roberto, Inc. y Roberto Colón vs. Oxford Industries, Inc.) las siguientes: la publicidad, la coordinación y desarrollo del mercado, las entregas de las mercancías, realización de cobros, mantenimiento de inventario, y principalmente la promoción y la conclusión de contratos de venta.  

En la comercialización de un producto, pueden intervenir distintos intermediarios -comerciantes, mayoristas, minoristas, agentes distribuidores, concesionarios por franquicias, representantes de fábrica, etc.-, pero aunque todos pueden considerarse integrantes de la cadena de distribución, no todos ellos pueden denominarse distribuidores a los efectos de la Ley Nº 75. Para los propósitos de la Ley de Contratos de Distribución (Ley Nº 75) una persona que no asuma responsabilidad al gestionar las ventas y no invierta en promoción o inventario, no está real y efectivamente a cargo de la distribución del producto, por lo que no puede definirse como distribuidor. En todo caso, podrá tratarse de un representante de ventas a comisión u otra figura, pero no de un distribuidor.

Los representantes de ventas no están protegidos por la Ley 75 sino por la Ley 21 de 3 de mayo de 1990. Los representantes de ventas son intermediarios del comercio, que asumen gastos operativos de las ventas (v.g. oficina, automóvil, personal de oficina, teléfono, electricidad, gastos de viajes, materiales de oficina, etc.) pero no controlan ninguna de las variables comerciales para realizar el negocio del principal (v.g. precios, entregas, crédito, ajustes, términos de pago, comisiones, términos del contrato, devoluciones, cuotas, etc.). Así pues, los representantes de ventas forman parte de la cadena de distribución, pero no pueden definirse como distribuidores.

 Por otra parte, la exclusividad en la distribución de un producto o prestación de un servicio no es atributo indispensable en la figura del distribuidor, como tampoco lo es el que la actividad del mismo cubra todo o parte del territorio de Puerto Rico[2]. Los factores a considerar para determinar si estamos ante la figura de un distribuidor a los efectos de la Ley Nº 75 son los siguientes:  

  • Si realiza o no, activa promoción  y/o conclusión  de contratos.
  • Si ejerce control sobre los precios.
  • Si tiene discreción en cuanto a pactar los términos de las ventas.
  • Si tiene responsabilidad por la entrega y cobro de la mercancía y autoridad para conceder crédito.
  • Si lleva gestiones independientes o conjuntas de publicidad.
  • Si ha asumido el riesgo y responsabilidad en la gestión que realiza.
  • Si compra el producto.
  • Si posee instalaciones físicas y ofrece servicios relacionados con el producto a sus   clientes.

La jurisprudencia ha establecido que ninguno de estos factores es determinante ni tiene mayor peso que el resto. La ley define justa causa como el «incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de distribución por parte del distribuidor, o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o distribución de la mercancía o servicios». La relevancia de la justa causa es indudable dado que la ley expone que «ningún principal o concedente podrá dar por terminada dicha relación, o directa o indirectamente, realizar acto alguno en menoscabo de la relación establecida o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa».  

Queda por tanto patente que la justa causa se limita a actos atribuibles al distribuidor, salvo la situación en que el principal, de buena fe y existiendo un contrato indefinido en el tiempo, decide abandonar el mercado de Puerto Rico (tras no alcanzar acuerdo en precio y crédito con el distribuidor) sin intención alguna de apropiarse de la plusvalía o clientela ganada por el distribuidor.  

La ley dispone la imposición de una indemnización sustancial por daños, en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, para proteger el tiempo, dinero, energía e instalaciones en que ha invertido el distribuidor. La concesión de indemnizaciones se establece cuando el principal da por terminado el contrato de distribución no mediando causa justa, causando por ello daños al distribuidor. Las indemnizaciones cubren no sólo el daño emergente, sino también el lucro cesante. Por lo tanto, es de notable importancia establecer un contrato donde queden bien especificados los hechos que las partes consideran causa justa para dar por finalizado el mismo.  

El artículo 278b-1, sobre remedio provisional, establece que «en cualquier pleito en que esté envuelta, directa o indirectamente, la terminación de un contrato de distribución o cualquier acto en menoscabo de la relación establecida entre el principal o concedente y el distribuidor, el tribunal podrá conceder durante la pendencia del pleito, cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal (...) ordenando (...) continuar la relación establecida mediante contrato de distribución, y/o abstenerse de realizar acto u omisión alguna en menoscabo de la misma».  En definitiva, este artículo sigue la política seguida por la ley de propiciar la continuación de los contratos. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha dejado claro que la razonable estabilidad en las relaciones de distribución es vital para la economía general, interés público y bienestar general. Por esta razón, en cualquier momento del pleito, los tribunales podrán emitir el denominado interdicto (injunction) preliminar o pendente lite cuya finalidad no es otra que mantener el status quo.  

Se puede definir el contrato de distribución como un contrato de duración o tracto sucesivo, inspirado en el principio de confianza. El principal concluye el contrato en base a las cualidades profesionales y económicas del concesionario (distribuidor), sus conocimientos del mercado, su capacidad comercial y su crédito. No es sino un pacto intuitu personae. Las disposiciones de la ley son de carácter imperativo y por tanto, los derechos dispuestos por ley son irrenunciables. No cabe pues, la renuncia de derechos.  

En otro orden de cosas, las estipulaciones legales respecto al sometimiento de los contratos de distribución a las leyes del E.L.A. de Puerto Rico y la declaración de nulidad de cualquier disposición contractual en contrario, abría un interrogante acerca de las cláusulas de arbitraje. La misma ley expone que se considerará nula e inexistente toda estipulación que obligue a un distribuidor a dirimir, arbitrar o litigar fuera de Puerto Rico. Podemos sin embargo decir que las disposiciones sobre arbitraje de esta ley, ceden ante la ley federal que establece la validez y aplicación de los convenios de arbitraje. «En tanto en cuanto esta sección conflija con la aplicación de la Ley federal de Arbitraje, prevalecerá esta última» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

[1]Radamés Cobos Liccia y su esposa, etc. vs. Dejean Packing Co., Inc. (89 JTS 104)  

[2]En este sentido se expresa la jurisprudencia en J. Soler Motors vs. Kaiser Jeep International.

Volver a índice de Información del mercado

Importancia económica del país en la región

Puerto Rico es el país de la zona del Caribe con mayor PIB per cápita (30.907 USD el año fiscal 2017).

La isla cuenta con una de las economías más desarrolladas no solo de la Cuenca del Caribe sino de toda Latinoamérica, Puerto Rico se haya situado en la posición número 55 el año 2017 dentro de la clasificación del World Bank de países de acuerdo a su facilidad para hacer negocios (sólo por detrás de México, Colombia y Perú en Centro y Sudamérica). Los importantes fondos federales que recibe su población; la riqueza que crean las multinacionales establecidas (farmacéuticas principalmente) y su avanzado sistema financiero, con acceso generalizado al crédito, provocan unos niveles de consumo que no tienen parangón en el área.

Puerto Rico tiene también importancia estratégica por su ubicación en el centro del Caribe, convirtiéndose en un punto clave en el trafico comercial marítimo y aéreo entre EEUU y el resto de América.

El puerto de San Juan es uno de los principales puertos de cruceros del Caribe y actúa también como centro de suministros para buena parte de las Islas de las Antillas Menores.

Volver a índice de Información del mercado

Perspectivas de desarrollo económico

El año fiscal 2015 finalizó con un decrecimiento real del PIB del 0,6%, lo que supone que la economía puertorriqueña sigue en la fase de estancamiento y de crecimientos negativos que empezó en 2007, desde ese año únicamente el año 2012 tuvo un tasa de crecimiento positiva (0,5%). Las perspectivas económicas de la isla apuntan a que esta tendencia va a seguir o incluso empeorar habida cuenta de los recortes presupuestarios que se avecinan en el presupuesto fiscal 2015/2016. No se percibe ningún revulsivo del sector privado que compense la restricción presupuestaria a la que tiene que someterse el Gobierno, si bien el empleo se está comportando bien al reducirse la tasa de desempleo al 13,0% en 2015 (aunque también la tasa de participación no ha dejado de decrecer).

A medio plazo una vez las cuentas públicas logren estabilizarse y la inversión del sector privado empiece a despegar, se puede ser algo más optimista aunque previamente Puerto Rico tiene que superar el reto fiscal y ganar la credibilidad de los inversores. En ese sentido, el Gobierno actual está trabajando intensamente para seguir atrayendo inversión extranjera en sectores estratégicos (ej. biotecnología y sector aeroespacial) y además, en desarrollar otros sectores tradicionales que tienen un importante potencial (agricultura y turismo).

El PNB de Puerto Rico presento el año fiscal 2015 un descenso de 0.9%, comparado con el año fiscal 2014. En el año fiscal 2016 la Junta de Planificación espera que el PNB sufra una reducción de 1.2%.
 

 

Volver a índice de Información del mercado

  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex