Información del mercado

El mercado (nivel de vida, rasgos de la demanda, centros económicos)

La economía venezolana cuenta con unos 28 millones de habitantes, pasó de ser en 1962 el tercer país de la región con la renta per cápita más elevada ha pasado a ser de los  países más pobres de América Latina debido principalmente a un colapso en su capacidad de producir bienes y servicios.  Siendo un país petrolero al contar con las mayores reservas comprobadas de crudo del mundo, ha estado directamente ligada a la de los precios del petróleo. Además, Venezuela cuenta con importantísimas reservas de gas (las octavas del mundo), abundantes recursos minerales (hierro, bauxita/alúmina, carbón, coltán, oro y diamantes), y una industria (materiales de construcción, acero o automoción) y una agricultura (maíz, soja, caña de azúcar, arroz, café, cacao, frutas y vegetales…) con cierto potencial pero prácticamente anuladas en muchos casos como consecuencia de la acción política y la marcada intervención estatal en todos los sectores considerados como estratégicos para la nación, desde el energético hasta la agricultura.

En 2021 el PIB de la economía venezolana se redujo por octavo año consecutivo, un 1%, lo que supone una contracción acumulada del 70% respecto al PIB de 2013. Por otra parte, desde noviembre de 2017 esta economía presenta tasas de inflación mensuales mayores al 50%, es decir padecía hiperinflación hasta finales de 2021. En 2019 se introdujeron modificaciones al sistema cambiario y el tipo de cambio oficial del bolívar respecto al dólar se depreció por sexto año consecutivo a tasas que superan el 200% anual. Además, las reservas internacionales registraron una caída por séptimo año seguido. Asimismo, 2021 representa el séptimo año sucesivo en que disminuyó la producción petrolera. Esto ha provocado que el sector público venezolano siga dependiendo de las transferencias de recursos provenientes del Banco Central. Para 2022, se prevé un crecimiento del PIB (6.9%), una inflación moderada, un cuantioso aumento de los agregados monetarios y una ligera depreciación de la moneda. En 2017 el Gobierno venezolano dio a conocer un proceso de reestructuración de la deuda externa, que permitió al Poder Ejecutivo alcanzar un acuerdo con su contraparte rusa para reestructurar la deuda, que ascendía a 3.500 millones de dólares. No obstante, las dificultades financieras de la República Bolivariana de Venezuela se han mantenido desde 2018, y diversas obligaciones del sector público entraron en una situación de cese de pagos (bonos emitidos por la Corporación Eléctrica Nacional o Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y bonos de la República) o han experimentado retrasos en ellos (deuda con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo).

Los llamados Bodegones, locales comerciales donde se expenden artículos importados, han surgido como respuesta a la escasez de productos alimenticios, de aseo personal, limpieza, etc. que no se consiguen fácilmente en los supermercados. Proliferando desde 2019 en principio en zonas del este de Caracas pero que en la actualidad se encuentran en todo el país.

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Canales de distribución. Estructura y marco legal de la distribución comercial

El marco legal para la distribución comercial se rige por las normas generales de los contratos de agencia y mandato regulados en el Código Civil y el Código Mercantil.

El sector del comercio tiene una participación en torno al 3,3% del PIB. 

El área metropolitana de Caracas constituye el principal foco de actividad económica del país concentrando a una quinta parte de la población. También es importante Maracaibo, la segunda ciudad del país y principal centro de la industria petrolera. La zona de Valencia, antaño el principal centro manufacturero del país, se ha deteriorado por razones de seguridad y por la falta de materias primas que no permiten a las industrias trabajar a plena capacidad.

A consecuencia de la imperfección de los canales de distribución y de la fuerte dependencia de las importaciones, el comercio venezolano opera con amplios márgenes de beneficio, resultando más rentable que la producción.

La distribución de alimentos está altamente intervenida por el Gobierno. Atendiendo a intereses de soberanía alimentaria, incrementando  por los episodios de desabastecimiento de ciertos productos, el Estado tomó la decisión de crear su propio sistema de distribución en el año 2003. Su intención es controlar toda la cadena de valor desde la producción a la venta última al cliente. A través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPel Ministerio para la Alimentación distribuye alimentos, bajo precio regulado, a los comités de distribución de alimentos, creados para su fin, en las propias comunidades abastecen y distribuyen los alimentos prioritarios a través de una modalidad de entrega de productos casa por casa. Además la empresa petrolera del país PDVSA apoya estas medidas con la Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL). Ambas redes están enfocadas hacia las capas de la sociedad con menor poder adquisitivo. Paralelamente a estas redes públicas toda la distribución de alimentos está controlada por el Sistema Integrado de Control Agroalimentario –SICA- dependiente del Ministerio de Alimentación que emite las guías obligatorias para todas las unidades de transporte de alimentos en el país.

En abril 2016 se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, bajo la coordinación del Estado por medio de la Misión Abastecimiento Soberano, GMAS. Se estableció que los CLAP conjuntamente con las cadenas públicas de comercialización, sean los encargados de la distribución de alimentos en un 70%, del 30% restante se encargan de la distribución las cadenas privadas. De acuerdo con cifras oficiales los CLAP atienden unos 2.000.000 de familias.

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Importancia económica del país en la región

La importancia política y económica de Venezuela le ha llevado a jugar un papel protagonista en los procesos de integración y desarrollo de la región de Latinoamérica y el Caribe.

En São Paulo, 5 de agosto de 2017, se decidió suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.

Los Estados Partes definirán medidas con vistas a minimizar los impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano.

La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.

El Acuerdo de Cooperación Energética regional Petrocaribe, suscrito en 2005, está  integrado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela; Bolivia y Ecuador participan en representación de ALBA. El Acuerdo marco se configura como una alternativa para sus miembros, fundamentalmente países en desarrollo, para procurarse un acceso seguro y confiable a las fuentes de energía suministradas prácticamente en su totalidad por Venezuela.

En el plano interno, los Acuerdos Petrocaribe son en ocasiones muy criticados por contemplar exportaciones de petróleo venezolano en condiciones muy concesionales: financiadas a largo plazo (hasta a 25 años), con 1 o 2 años de carencia, tipos de interés muy bajos (al 1%) y posibilidades de pago en especie.

La relevancia del objeto de los Acuerdos Petrocaribe y la reducida dimensión de muchos los países que los han suscrito hace que estos estén expuestos a importantes riesgos ante las dificultades económicas que atraviesa Venezuela y la hipotética posibilidad de que el gobierno de Caracas reduzca o elimine el apoyo financiero que reciben. Según algunos observadores los países más vulnerables podrían ser Cuba, Nicaragua y Jamaica y los menos  Bahamas, Guatemala y Honduras. Según estimaciones del FMI, las exportaciones venezolanas de petróleo en términos concesionales a países Petrocaribe suponen a Venezuela renunciar a ingresos por un importe equivalente al 2% de su PIB y para algunos países receptores como Belice, Cuba, Granada, Guyana, Haití y Nicaragua una financiación próxima al 3% de sus respectivos PIB.

 

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Perspectivas de desarrollo económico

 

Venezuela muestra una recuperación que, ratifica un cambio de tendencia positivo. Durante el primer trimestre de 2022 la economía venezolana ha mantenido la tendencia que estuvo perfilándose desde el segundo semestre de 2021, se ha desacelerado la contracción real del PIB y muestra señales de reversión, la inflación interanual se sitúa en tres cifras bajas, y la pandemia no ha causado mayores estragos sobre el debilitado sistema de salud como para que las autoridades restablezcan restricciones de movilidad.

La economía venezolana cerró 2020 con una contracción estimada de 30% del PIB. En 2021, según estimaciones de la Delegación de la UE, el PIB se ha contraído un -1% y se prevé que crecerá 6.9% en 2022 favorecida por un mayor consumo en dólares por las remesas y mayores precios del petróleo, mientras que los analistas locales estiman un crecimiento de 9.8%, el FMI la prevé un crecimiento de 1.5% en su último informe de perspectiva y la CEPAL estima un crecimiento de 5%. En resumen, las proyecciones comienzan a mostrar perspectivas mejores, la recuperación depende del grado de progreso en la liberalización del mercado, de las sanciones estadounidenses, las posibilidades de aumentar la producción de petróleo y de una mayor estabilidad política ante las negociaciones entre el gobierno y la oposición.

 

 

 

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