Información del mercado

El mercado (nivel de vida, rasgos de la demanda, centros económicos)

La economía venezolana cuenta con unos 31 millones de habitantes, pasó de ser en 1962 el tercer país de la región con la renta per cápita más elevada ha pasado a ser el 4º país más pobre de América Latina debido principalmente a un colapso en su capacidad de producir bienes y servicios.  Siendo un país petrolero al contar con las mayores reservas comprobadas de crudo del mundo, ha estado directamente ligada a la de los precios del petróleo. Además, Venezuela cuenta con importantísimas reservas de gas (las octavas del mundo), abundantes recursos minerales (hierro, bauxita/alúmina, carbón, coltán, oro y diamantes), y una industria (materiales de construcción, acero o automoción) y una agricultura (maíz, soja, caña de azúcar, arroz, café, cacao, frutas y vegetales…) con cierto potencial pero prácticamente anuladas en muchos casos como consecuencia de la acción política y la marcada intervención estatal en todos los sectores considerados como estratégicos para la nación, desde el energético hasta la agricultura.

En 2018 el PIB de la economía venezolana se redujo por quinto año consecutivo, un 15,0%, lo que supone una contracción acumulada del 44,3% respecto al PIB de 2013. Por otra parte, desde noviembre de 2017 esta economía presenta tasas de inflación mensuales mayores al 50%, y en lo que va del año la tasa mensual promedia el 127,9%. En el presente año se introdujeron modificaciones al sistema cambiario y el tipo de cambio oficial del bolívar respecto al dólar se depreció por quinto año consecutivo a tasas que superan el 200% anual. Además, las reservas internacionales registraron una caída por cuarto año seguido, y entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 el retroceso fue de un 9,1%. Asimismo, 2018 representa el cuarto año sucesivo en que disminuyó la producción petrolera, y la contracción acumulada entre enero de 2013 y octubre de 2018 supera el 50%. Esto ha provocado que, a pesar del aumento de precios de la canasta petrolera venezolana, durante 2017 y los primeros nueve meses de 2018 el sector público venezolano siga dependiendo de las transferencias de recursos provenientes del banco central. El mencionado aumento de los precios del crudo ha permitido que las exportaciones crezcan un 9,0%, lo que junto al descenso de las importaciones (26,0%) produjo un pequeño superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de acuerdo con estimaciones de la CEPAL. Para 2019, de mantenerse la severa restricción externa que enfrenta el país, se espera una nueva caída del PIB (- 10,0%), una inflación creciente, un cuantioso aumento de los agregados monetarios y una depreciación significativa de la moneda. En 2017 el Gobierno venezolano dio a conocer un proceso de reestructuración de la deuda externa, que permitió al Poder Ejecutivo alcanzar un acuerdo con su contraparte rusa para reestructurar la deuda, que ascendía a 3.500 millones de dólares. No obstante, las dificultades financieras de la República Bolivariana de Venezuela se han mantenido durante 2018, y diversas obligaciones del sector público entraron en una situación de cese de pagos (bonos emitidos por la Corporación Eléctrica Nacional o Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y bonos de la República) o han experimentado retrasos en ellos (deuda con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo).

En agosto de 2018 el Poder Ejecutivo venezolano hizo público el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, que consiste en un conjunto de medidas de política destinadas a estabilizar la inflación y retomar la senda de crecimiento de la economía. Algunas de las medidas contenidas en el programa son la reconversión monetaria (se introdujo el bolívar soberano, que equivale a 100.000 bolívares fuertes y sustituye a esta moneda), el aumento del precio de los servicios públicos (electricidad, transporte y telefonía) y el ajuste al alza del precio de la gasolina. Asimismo, se hicieron modificaciones al esquema cambiario, dentro de las que destacan la unificación del tipo de cambio oficial, el uso del petro1 como ancla cambiaria, la implementación de subastas para determinar el precio de la divisa y la modificación de la ley de ilícitos cambiarios a fin de permitir el uso de divisas convertibles, como dólares, euros, yuanes, yenes y petros. El Gobierno fijó la cotización del petro en 3.600 bolívares soberanos y el tipo de cambio en 60 bolívares soberanos por dólar. Otra de las medidas contenidas en este programa es la fijación del salario mínimo en 0,5 petros, o 1.800 bolívares soberanos, lo que equivale a un incremento del 43.273% respecto del salario mínimo al cierre de 2017. Con el objeto de paliar los efectos iniciales del ajuste del salario mínimo sobre los costos, el Gobierno propuso pagar las nóminas de la pequeña y media empresa durante 90 días. También manifestó su intención de alcanzar un déficit fiscal de cero, para lo cual se anunció un aumento del impuesto sobre el valor agregado (IVA) de 4 puntos porcentuales —con lo que la tasa llegaría al 16%—, así como un cambio en la periodicidad de la recaudación de este impuesto de quincenal a semanal. De igual forma, se estableció el pago de anticipos del impuesto sobre la renta equivalentes al 1% de las ventas diarias en el caso de los contribuyentes calificados como especiales, mientras que en el sector financiero y de seguros el pago será del 2%. Se introdujo un impuesto a las “grandes transacciones financieras”, cuyas tasas oscilan entre el 0% y el 2% para el universo de contribuyentes especiales, a excepción del sector industrial. En septiembre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó que China le había otorgado al país un préstamo por 5.000 millones de dólares, que sería empleado fundamentalmente para financiar el pago de las importaciones procedentes de ese país. En noviembre de 2018 el Poder Ejecutivo anunció el incremento del valor del petro a 9.000 bolívares soberanos, con lo que aumentó también el salario mínimo, un 150%, dado que este se mantuvo en 0,5 petros. A 100 días del lanzamiento del programa, la inflación presenta una aceleración, dado que la tasa mensual promedio fue de un 201,4% en el período de agosto a octubre de 2018, mientras que la tasa registrada en el lapso comprendido entre junio y julio fue del 126,7%. Este comportamiento de la inflación refleja, entre otras cosas, el deterioro de las cuentas fiscales por efecto de la caída en la factura petrolera y el consiguiente aumento del financiamiento monetario de la gestión fiscal. Del mismo modo, la inflación se ha acelerado a causa de la devaluación del tipo de cambio oficial y los aumentos del salario mínimo.

Los llamados Bodegones, locales comerciales donde se expenden articulos importados, han surgido como respuesta a la escasez de productos alimenticios, de aseo personal, limpieza, etc. que no se consiguen facilmente en los supermercados. Proliferando desde 2018 en principio en zonas del este de Caracas pero que en la actualidad se encuentran en todo el pais.

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Canales de distribución. Estructura y marco legal de la distribución comercial

Los contratos de distribución, agencia y franquicia no tienen una regulación específica por lo que se rigen por las normas generales de los contratos de agencia y mandato regulados en el Código Civil y el Código Mercantil.

El sector del comercio tiene una participación en torno al 3,3% del PIB al III T 2018. 

El área metropolitana de Caracas constituye el principal foco de actividad económica del país concentrando a una quinta parte de la población. También es importante Maracaibo, la segunda ciudad del país y principal centro de la industria petrolera. La zona de Valencia, antaño el principal centro manufacturero del país, se ha deteriorado por razones de seguridad y por la falta de materias primas que no permiten a las industrias trabajar a plena capacidad.

A consecuencia de la imperfección de los canales de distribución y de la fuerte dependencia de las importaciones, el comercio venezolano opera con amplios márgenes de beneficio, resultando más rentable que la producción. Desde la publicación de la Ley Orgánica de Precios Justos (2014) en la que los márgenes de ganancia máximos se establecen en el 30% dichos márgenes se han reducido sustancialmente y los comercios son objeto de inspecciones frecuentes con penas por incumplimiento muy fuertes.

La distribución de alimentos está altamente intervenida por el Gobierno. Atendiendo a intereses de soberanía alimentaria, incrementando  por los episodios de desabastecimiento de ciertos productos, el Estado tomó la decisión de crear su propio sistema de distribución en el año 2003. Su intención es controlar toda la cadena de valor desde la producción a la venta última al cliente. A través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPel Ministerio para la Alimentación distribuye alimentos, bajo precio regulado, a los comités de distribución de alimentos, creados para su fin, en las propias comunidades abastecen y distribuyen los alimentos prioritarios a través de una modalidad de entrega de productos casa por casa. Además la empresa petrolera del país PDVSA apoya estas medidas con la Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL). Ambas redes están enfocadas hacia las capas de la sociedad con menor poder adquisitivo. Paralelamente a estas redes públicas toda la distribución de alimentos está controlada por el Sistema Integrado de Control Agroalimentario –SICA- dependiente del Ministerio de Alimentación que emite las guías obligatorias para todas las unidades de transporte de alimentos en el país.

El sector de distribución ha cambiado radicalmente en los últimos años, debido  a que se ha incrementado la insuficiencia de suministro en algunas partidas de alimentación (básicamente en unos 21 productos de la cesta básica que tienen precios regulados), productos de limpieza, higiene personal y  medicinas. El último índice de escasez publicado en abril de 2014 fue de 29%, actualmente se estima que el índice se sitúa alrededor del 58% en Caracas y en el interior del país oscila entre 70 y 90%.

Era habitual que los consumidores venezolanos se aprovisionaran en bodegas y abastos cercanos a sus residencias. Se consideraba que el consumidor venezolano era profundamente fiel a las marcas de alimentos, y acudía al supermercado semanalmente, sobre todo coincidiendo con el día de pago. Pero hoy en día tanto las capas de mayor poder adquisitivo como las de menor poder adquisitivo, que generalmente compraban sólo en la red PDVAL, ahora  visitan las cadenas privadas en busca de productos de primera necesidad. El consumidor no encuentra la diversidad de marcas para escoger su favorita, sino que por lo general encontrará una sola.

En abril 2016 se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, bajo la coordinación del Estado por medio de la Misión Abastecimiento Soberano, GMAS. Se estableció que los CLAP conjuntamente con las cadenas públicas de comercialización, sean los encargados de la distribución de alimentos en un 70%, del 30% restante se encargan de la distribución las cadenas privadas. De acuerdo con cifras oficiales los CLAP atienden unas 2.000.000 familias.

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Importancia económica del país en la región

La importancia política y económica de Venezuela le ha llevado a jugar un papel protagonista en los procesos de integración y desarrollo de la región de Latinoamérica y el Caribe.

En São Paulo, 5 de agosto de 2017, se decidió suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.

La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia.

2) Los Estados Partes definirán medidas con vistas a minimizar los impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano.

3) La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.

4) Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso iii) del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto se producirá con la incorporación que realicen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en los términos del inciso ii) de dicho artículo.

El Acuerdo de Cooperación Energética regional Petrocaribe, suscrito en 2005, está  integrado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela; Bolivia y Ecuador participan en representación de ALBA…El Acuerdo marco se configura como una alternativa para sus miembros, fundamentalmente países en desarrollo, para procurarse un acceso seguro y confiable a las fuentes de energía suministradas prácticamente en su totalidad por Venezuela.

En el plano interno, los Acuerdos Petrocaribe son en ocasiones muy criticados por contemplar exportaciones de petróleo venezolano del orden de 110.000 b/d en condiciones muy concesionales: financiadas a largo plazo (hasta a 25 años), con 1 o 2 años de carencia, tipos de interés muy bajos (al 1%) y posibilidades de pago en especie.

La relevancia del objeto de los Acuerdos Petrocaribe y la reducida dimensión de muchos los países que los han suscrito hace que estos estén expuestos a importantes riesgos ante las dificultades económicas que atraviesa Venezuela y la hipotética posibilidad de que el gobierno de Caracas reduzca o elimine el apoyo financiero que reciben. Según algunos observadores los países más vulnerables podrían ser Cuba, Nicaragua y Jamaica y los menos  Bahamas, Guatemala y Honduras. Según estimaciones del FMI, las exportaciones venezolanas de petróleo en términos concesionales a países Petrocaribe suponen a Venezuela renunciar a ingresos por un importe equivalente al 2% de su PIB y para algunos países receptores como Belice, Cuba, Granada, Guyana, Haití y Nicaragua una financiación próxima al 3% de sus respectivos PIB.

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Perspectivas de desarrollo económico

De acuerdo a las cifras presentadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe de julio 2019, prevé que la región crezca a un ritmo de 0,6% en 2019 y que repunte a 2,3% en 2020. América Latina enfrentará un año más de "crecimiento mediocre", en un escenario marcado por un dramático desplome de 35% del PIB de Venezuela y una revisión generalizada a la baja en la región.

Para los técnicos del FMI, la situación venezolana obedece fundamentalmente a la situación de retroceso en los precios del petróleo.  "Cada disminución de 10 dólares en los precios del petróleo acarrea un deterioro de la balanza comercial de Venezuela del orden de 3,5% del PIB, un impacto muchísimo mayor que para cualquier país de la región". El Fondo prevé una contracción de 35% para 2019, con lo cual la contracción acumulada desde 2013 superaría el 60%. Se espera asimismo que la hiperinflación continúe, en este aspecto, el FMI prevé que este indicador alcanzará un 10.000.000% al cierre de 2019.

 

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