Marco Político

Sistema de gobierno, partidos políticos y división de poderes

 El sistema político suizo es muy complejo.  A continuación, se describen sus características más notables:

1)    El Consejo Federal, poder ejecutivo, está constituido por un colectivo de siete consejeros. Cada uno de ellos es el máximo dirigente de su ministerio (Departamento federal). Los dirigentes del Consejo Federal son elegidos por el Parlamento.  El Consejo Federal es por lo tanto un consejo de ministros en el que todos tienen el mismo peso. 

2)    La Jefatura del Estado corresponde al Consejo Federal, en su conjunto. La Presidencia de la Confederación es asumida, anualmente y por rotación, por uno de los siete consejeros federales. El presidente continúa, al mismo tiempo, desempeñando su cargo al frente de su departamento.

3)    El poder legislativo corresponde a la Asamblea Federal, parlamento bicameral, formado por el Consejo Nacional (200 miembros, elegidos por sufragio directo como representantes de los ciudadanos) y el Consejo de Estados (46 miembros que representan a los cantones).

4)    El sistema de democracia directa permite celebrar frecuentemente referéndums: Una decisión política tomada por el Consejo Federal (plasmada en una ley o desarrollo reglamentario) puede ser objeto de referéndum si se reúnen un total de 50.000 firmas que así lo solicitan.  Asimismo, pueden promoverse referéndums cuyo propósito sea refrendar cambios constitucionales sumando 100 mil firmas. Ello garantiza una participación muy activa de la sociedad civil en la vida política.

5)   Las elecciones legislativas tienen lugar cada cuatro años.  El pasado 1 de enero de 2019 rotó la Presidencia de la Confederación al Consejero Federal,

Ueli Maurer, que ocupaba el puesto de vicepresidente de la Confederación en 2018, sucediendo al consejero y responsable del Departamento de Interior, Alain Berset.

 La coyuntura política en Suiza viene dominada por un intenso debate entre los defensores de un mayor proteccionismo y distanciamiento de la UE y aquellos que apuestan por la continuidad de unas relaciones estrechas con la UE y, en particular, por el cumplimiento de los tratados e incluso el fortalecimiento de los mismos.

 Los elevados sueldos del mercado suizo y la ausencia tradicional de desempleo han provocado un intenso flujo de entrada de mano de obra, especialmente intenso durante la pasada crisis económica internacional. Esta circunstancia, unida a los millares de trabajadores fronterizos y residentes en los países vecinos, ha favorecido el rebrote de corrientes nacionalistas – proteccionistas - populistas, que encontraron en las muy leves pero inusuales subidas de las tasas de paro durante la pasada crísis económica internacional, la excusa perfecta para solicitar la restauración de contingentes a la migración y la revisión de los acuerdos y relaciones preferenciales con la UE. En diciembre de 2016 concluyó en el parlamento Suizo la tramitación de la nueva Ley sobre migración, cuya redacción había venido dominando el debate político interno en Suiza desde el resultado, en 2014, del Referéndum en contra de la migración masiva. En ese Referéndum la población decidió por una exigua mayoría poner límites en la constitución a la inmigración extranjera en el país. Como consecuencia del cambio constitucional (Artículo 121.A), se exigía una nueva normativa de migración que limitara la misma, lo que en un principio iba en contra del Acuerdo de Libre Circulación de Personas (en adelante; ALCP), firmado con la UE. El cambio constitucional y la redacción de la nueva Ley supusieron, por ello, un frío revés en las relaciones Suiza-UE.

 La nueva Ley de migración resultante del proceso, denominada "Ley de preferencia light", es el fruto de un fuerte proceso de controversia interna, así como del convencimiento final del Parlamento suizo de las negativas consecuencias que para Suiza hubiera tenido el efectivo incumplimiento del ALCP, firmado con su principal socio comercial. La UE había dejado claro que cualquier contingente a la migración de trabajadores de la UE hubiera supuesto una nítida violación del ALCP y que, en virtud de la cláusula guillotina que contempla el mismo, ello hubiera provocado la suspensión del resto de acuerdos comerciales firmados entre Suiza y la UE. La UE es el principal socio comercial de Suiza y todo el sector empresarial es consciente de la relevancia y las ventajas económicas que para Suiza tiene mantener unas relaciones económicas fluidas con el bloque comunitario. Por el contrario, el partido conservador y corrientes nacionalistas – tradicionalistas han venido defendiendo la conveniencia, entre otras ideas, de denunciar el ALCP.

 En diciembre de 2017 se aprobó finalmente el desarrollo reglamentario de la Ley de migración aprobada un año antes. Tanto la nueva Ley como el desarrollo reglamentario de la misma prevén que, en aquellos sectores con especiales problemas de ocupación (con tasas de paro superiores a un umbral del 8%), las vacantes de puestos de trabajo tengan que ser informadas por las empresas a las agencias cantonales de empleo, teniendo el empleador que entrevistar, aunque no necesariamente contratar, a los candidatos propuestos por estas agencias para cubrir esos puestos.

 Ambos textos han sido valorados inicialmente de forma favorable por la UE, en un esfuerzo de pragmatismo de la Unión destinado a cerrar la crisis en las relaciones bilaterales abierta con el referéndum de 2014 y la posible denuncia posterior del ALCP. Con la aceptación pragmática de la propuesta suiza, la UE ha permitido que se pasara página, al menos transitoriamente, al tema de la migración, pudiendo avanzar así en la consecución de un nuevo hito: la negociación de un nuevo acuerdo marco institucional (en adelante AMI) con Suiza que permita, entre otros, reordenar el entramado de acuerdos bilaterales firmados, así como instrumentar un mecanismo único de solución de disputas.

 Aunque el cierre de la normativa sobre migración supuso un nuevo acercamiento entre

Suiza y la UE, lo que propició el relanzamiento de las negociaciones del AMI, lo cierto es que desde 2017 y hasta la actualidad se han constatado las dificultades para avanzar en esa negociación, discurriendo ésta, a trancas y barrancas y plagada de largos períodos caracterizados por la falta de progreso en la negociación.

 Finalmente, la UE fijó diciembre de 2018 como la fecha límite para la consecución de un acuerdo con Suiza, pues Bruselas quería tener este acuerdo cerrado antes de encarar el Brexit. Habida cuenta de las múltiples dificultades surgidas en la negociación el pasado mes de noviembre de 2018, la UE emplazó a Suiza a pronunciarse antes de finalizar el año sobre la última versión del texto negociado, pues a juicio de la UE era el único y el mejor acuerdo posible para Suiza.

 El texto mantuvo dividido al ejecutivo suizo y, a pesar de la presión que suponía retrasar una respuesta, el ejecutivo suizo decidió finalmente elevar el texto a un procedimiento de consulta interna en el país que se extenderá, al menos, los primeros 6 meses de 2019, dejando congelados el resto de posibles expedientes abiertos con la UE. Entre ellos, la equivalencia financiera definitiva[1] de los mercados suizos o el acceso de Suiza al mercado eléctrico de la UE.

 El pasado miércoles 16 de enero de 2019, se iniciaron en Suiza las consultas del AMI. El gobierno ha evitado posicionarse, aunque se han señalado las dificultades para la aprobación del texto, y se ha cambiado el procedimiento habitual de consulta con el fin de propiciar la interacción ente el gobierno y los demás agentes implicados.

 Con motivo de la negociación del acuerdo institucional, el debate político interno en Suiza se ha trasladado desde la migración a otro campo, más amplio, y que engloba a todas las relaciones Suiza-UE. Los grupos defensores de un mayor proteccionismo reclaman una mayor desconexión de la UE y mayor defensa de los intereses helvéticos, promoviendo la recogida de firmas para lanzar los próximos años un nuevo referéndum en contra explícitamente del ALCP.

 Al margen del desarrollo normativo de la migración y la negociación con la UE, existen otras cuestiones de interés político que Suiza está encarando. Entre ellas destaca la Ley que reforma el impuesto de sociedades, así como el sistema de pensiones (ambas rechazadas en sus versiones preliminares mediante referéndum a lo largo de 2017).

 El texto legal fue aprobado por el parlamento el pasado mes de septiembre, si bien ha habido una recolección suficiente de firmas durante los tres meses posteriores (55.000 firmas) que obligan a que dicha Ley tenga que ser sometida a referéndum, lo que probablemente ocurrirá el próximo mes de mayo de 2019.

 La reforma del impuesto de sociedades destaca por su trascendencia para que Suiza cumpla con los estándares internacionales en materia de fiscalidad. Ya el 12 de febrero de 2017 la población rechazó en referéndum una propuesta de reforma del impuesto de sociedades previa a la actual y con el mismo propósito: Alinear el impuesto en Suiza con los estándares internacionales en materia de imposición.

 El vigente impuesto de sociedades es el principal responsable de que Suiza siga actualmente posicionada en la lista gris de países con entidades colaborativas en materia fiscal con cuestiones pendientes de adaptar. Para abandonar esa lista Suiza estaba comprometida a tener la reforma aprobada a 31 de diciembre de 2018.

 Queda por ver, por tanto, qué ocurre en el nuevo referéndum y cual es la reacción de la UE y el resto de la OCDE al posible resultado.  


[1] A finales de diciembre de 2017, con vistas a la entrada de la normativa MIFID II, la UE concedió a Suiza la "equivalencia de sus mercados financieros", sólo de forma provisional, hasta el 31 de diciembre de 2018, condicionando la renovación definitiva de la equivalencia a que se firmara el AMI antes de que finalizara 2018. Sólo la importancia que Suiza concede a la equivalencia justifica la fuerte crítica inicial del ejecutivo suizo a esa decisión, así como la aparente voluntad de diálogo y negociación que Suiza mostró posteriormente. No habiendo sido posible alcanzar el AMI el pasado mes de diciembre la UE ha decido volver a prorrogar de forma transitoria, esta vez sólo 6 meses, dicha equivalencia, dejando constancia así que su renovación seguirá estando sujeta al resultado final de las negociaciones del AMI.

 

 

 

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Organización administrativa y territorial del Estado

La organización territorial del Estado es propia de una estructura federal: dividida en tres niveles políticos: federal, cantonal y municipal.
  1. El gobierno federal es responsable, de acuerdo con la Constitución suiza, de la política exterior y de seguridad, aduanas e impuestos especiales, el sistema monetario, la legislación y la defensa nacional
  2. Los Cantones: está dividido en 26 cantones. Hay cantones germano-hablantes, francófonos, de habla italiana, bilingües y multilingües. Nuenburg, Friburgo y el Valais, por ejemplo, son cantones bilingües: en ellos se habla alemán y francés. Hay cantones pequeños cuyos territorios coinciden con las demarcaciones jurisdiccionales de su capital, como las ciudades-cantón de Ginebra o Basilea-Ciudad, y hay cantones que son casi exclusivamente configurados por zonas rurales, como Uri. En el Cantón de Basilea-Ciudad, cuya superficie es de sólo unos 37 km2, vive casi tanta gente como en el Cantón de los Grisones (7.105 km2), en el que la población está repartida entre 150 valles. El Cantón de Zúrich tiene 1.373.068 habitantes, otros cantones), sin embargo, como el Cantón de Appenzell Rodas Interiores (15.688 habitantes ni siquiera llegan a llenar un estadio de fútbol con su población residente.  Hay cantones con un pasado largo y cantones recién fundados, como el Cantón del Jura, que alcanzó su autonomía cantonal en 1979, independizándose del Cantón de Berna. Las competencias de los gobiernos cantonales son muy amplias. La autonomía cantonal es tanta que cada cantón dispone de su propia constitución, de un gobierno autónomo, un parlamento y tribunales judiciales propios. Uno de los poderes más importantes es la autonomía fiscal: los cantones son soberanos en cuestiones fiscales y, además de eso, poseen su propia autoridad policial.
  3. Comunas: Los cantones están divididos en comunas o concejos, cada uno de ellos con un margen extenso de competencias «estatales». Actualmente, Suiza cuenta con  cerca de 2.900 concejos o comunas, de extensión geográfica  muy variable: entre 0,3 km2 y 282 km2. Los municipios suizos tienen –al igual que los cantones– sus propias autoridades elegidas. Los concejales municipales son los encargados de hacer cumplir las órdenes del gobierno cantonal o federal, pero al mismo tiempo poseen también amplias competencias propias. El margen de competencias es muy amplio: los concejos son responsables del control de habitantes dentro del territorio municipal, la seguridad vecinal, la escuela y la enseñanza pública, sanidad, el servicio de transportes y comunicaciones y la recaudación de los impuestos federales, cantonales y comunales.   

  

 

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La administración económica y su distribución de competencias

 Los asuntos económicos se reparten entre dos Departamentos Federales, equiparables a dos ministerios: el Departamento Federal para Economía, Formación e Investigación y el Departamento Federal de Finanzas.

Al frente del Departamento Federal para Economía, Formación e Investigación se encuentra, desde el 1 de enero de 2019, el Consejero Federal Guy Parmelin. Además, ocupó el cargo de Consejero de defensa, protección civil y deporte durante 2016, 2017 y 2018. El ministerio o departamento, se estructura en 6 órganos del mismo nivel aunque con dos diferentes denominaciones, dos Secretarías de Estado y cuatro Oficinas Federales:

- Secretaría de Estado de Economía, SECO: Se encarga de la política económica interior y exterior, integración económica, comercio exterior, cooperación al desarrollo económico, mercado de trabajo,    seguro de desempleo, seguridad en el trabajo, política regional y promoción económica. Al frente de la SECO está la Secretaria de Estado, Sra. Gabrielle Inneichen-Fleisch.
- Secretaría de Estado para Formación, Investigación e Innovación.
- Oficina Federal de Agricultura (coordina la política agrícola).
- Oficina Federal para el Abastecimiento Económico del País (encargada de la constitución de aprovisionamientos básicos utilizables en caso de escasez).
- Oficina Federal de la Vivienda (temas relacionados con la vivienda)

Dependientes del Departamento Federal para Economía, Formación e Investigación, se encuentran otros organismos entre los que destacan:

- La Oficina Federal del Consumo (encargada de defender a los consumidores).
- Instituto Federal de Estudios para la Formación Profesional.
- Comisión para la Tecnología y la Innovación.

Al frente del Departamento Federal de Finanzas, se encuentra Ueli Maurer, también presidente de la Confederación en 2019. Absorbe las competencias relativas a finanzas públicas (política fiscal y presupuestaria) y control de mercancías y personas en las fronteras. Así mismo, ofrece servicio al resto de la Administración Federal en materia de infraestructura, informática y personal. Este Ministerio abarca las siguientes instituciones:

- Secretariado General, incluyendo la Unidad de Estrategia Federal para TI.
- Secretaría de Estado de Finanzas Internacionales.
- Administración Federal de Finanzas.
- Administración Federal de Aduanas.
- Oficina Federal de Personal.
- Administración Federal de Contribuciones.
- Oficina Federal de Informática y Telecomunicaciones.
- Oficina Federal de construcción y logística.
-  Unidad de pilotaje informática de la Confederación.

 Así mismo, de este Departamento depende la FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority), que es la autoridad supervisora del mercado financiero. En marzo 2014, el Consejo Federal eligió    al británico Mark Branson como nuevo jefe de la Firma. Branson es el primer extranjero al frente de dicha institución.

El Banco Nacional Suizo es responsable de la política monetaria. El presidente actual, en el cargo desde el 2012, es el Sr. Thomas Jordan.

 

 

 

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Relaciones políticas internacionales

Suiza es miembro activo de numerosas instituciones internacionales y asociaciones regionales (ver anexo 11.3). Su tradicional neutralidad le ha permitido mantener un equidistancia en los principales conflictos y  relación política amigable con todos sus aliados, entre los que destaca el grupo de países del núcleo duro de la OCDE y más recientemente países emergentes como China.

Pertenece a la asociación comercial regional de la EFTA. En numerosas ocasiones ha renunciado a pertenecer a la UE, aunque tiene múltiples acuerdos bilaterales con la Unión Europea, su principal socio comercial. El referéndum de 2002 determinó su no pertenencia a la UE por última vez. 14 años más tarde, en julio de 2016, retiró su solicitud formal de adhesión.

ONU: Desde la adhesión de Suiza a la ONU en 2002, la Confederación forma parte de los países donantes más importantes y participa de forma activa en la toma de decisiones tanto de la ONU como de las demás organizaciones miembro. Suiza apoya activamente el proceso de reforma de Naciones Unidas y ha formulado propuestas propias en los temas siguientes: autorización de empleo de la fuerza, respeto del Derecho Internacional y del Estado de Derecho, mejora de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad y propuestas sobre una Comisión de Consolidación de la Paz, así como en la creación y puesta en marcha del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. Sobre este último tema, Suiza asumió un papel protagonista con la creación del denominado Grupo de Lausana, que se reunió por primera vez el 2 de mayo de 2005, y en el que participan estados miembros, ONGs y representantes del mundo académico.  Suiza ha mostrado su intención de entrar a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. La candidatura es para 2023-2024.

En el marco de la convención sobre el cambio climático, Suiza se comprometió a implementar una reforma institucional con el fin de movilizar recursos financieros para el nuevo Fondo Verde para el Clima (Green Clima Fund). De hecho, la Confederación desempeño un papel importante en la creación de dicho Fondo, al que en la primera capitalización aportó 90 millones de EUR, contribución que pagará hasta finales de 2017. En concreto, hasta finales de 2016 se han destinado 1400 millones de EUR a programas y proyectos.
En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan de acción para erradicar la pobreza en el mundo. A lo largo del 2016 se han sucedido las negociaciones entre los bancos multilaterales de desarrollo, para plantear diferentes estrategias. Suiza juega un papel fundamental en cuanto a la financiación de los proyectos, ya que ayuda a asegurar aspectos determinantes como la deuda sostenible. En las negociaciones más recientes, Suiza adoptó una posición de crítica constructiva enfocada en impulsar la eficiencia de la cooperación y en mejorar las condiciones del sector privado, el cual considera es el motor del desarrollo en países en desarrollo. 

 

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