Marco Político

Sistema de gobierno, partidos políticos y división de poderes

El 7 de agosto de 2018 Iván Duque tomó posesión de su cargo como presidente de la República de Colombia. Desde su discurso de investidura, Duque ha mostrado tono constructivo y conciliador frente a la fractura social que ha vivido Colombia en las últimas elecciones, y su énfasis en mirar hacia delante y hacer frente a los retos de Colombia y no insistir en la crítica al predecesor. Ganó las elecciones presidenciales de 2018 con un 54% de los votos frente al 42% del partido Colombia Humana.

El Congreso de la República de Colombia, que es el órgano del poder legislativo y está constituido por el Senado (109 senadores) y la Cámara de Representantes (172 diputados), elegidos por sufragio directo cada 4 años, está conformado mayoritariamente por congresistas de derecha, representado por los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, partido Mira y Opción Ciudadana. En el centro y centro izquierda quedan el Partido Liberal, la Alianza por Colombia (Verdes, Polo Democrático), el Partido de la U y el partido de las FARC.

Los principales pilares del Centro Democrático, partido del actual presidente, son la legalidad, el emprendimiento, y la equidad, con ejes transversales en materia de infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación. Duque ha insistido en la austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos durante su mandato. Lo que ha enfatizado con las medidas de mejora de la competitividad e inversión como la reciente Reforma Tributaria.

Duque, de 43 años, es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Colombia. Ha desempeñado varios puestos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2001 hasta 2013 y, anteriormente, fue consultor en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y asesor en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana. En la última legislatura fue senador por el Centro Democrático.

Duque ha formado un gobierno con el que ha pretendido mandar una señal de independencia, tanto de su predecesor Uribe como de otras fuerzas políticas. Los ministros son en su mayoría profesionales jóvenes, competentes y fundamentalmente tecnócratas procedentes principalmente del sector privado y sin afiliaciones a ningún partido.

Sin embargo, el gabinete de Duque ha mostrado cierta inestabilidad en los últimos meses. Así, en junio de 2020 renunció la Ministra de Energía, Maria Fernanda Suárez, dejando su cargo al que hasta entonces era el viceministro, Diego Mesa. Antes, en abril, renunció la Ministra de las TIC Sylvia Constaín, que fue reemplazada por Karen Abudinen, de su equipo de trabajo; y en la primera semana de febrero, el presidente anunció de una tacada el nombramiento de tres nuevos ministros: Ángel Custodio Cabrera como nuevo Ministro de Trabajo, Rodolfo Enrique Zea como Ministro de Agricultura, y Fernando Ruiz como Ministro de Salud. Una semana después, nombró a Alicia Arango Olmos como Ministra del Interior. A ellos se suma el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado el 11 de enero, a cargo de Mabel Gisela Torres.

Además, a finales de 2019 también se realizaron modificaciones en el gabinete, de manera que Carlos Holmes Trujillo, que ocupaba la cartera de exteriores, pasó a encargarse del Ministerio de Defensa desde el 12 de noviembre, debido a la renuncia del ministro Botero tras una campaña en su contra por el bombardeo a un campamento de las FARC en el que se encontraban menores. Por su parte, el Ministerio de Relaciones exteriores quedó en manos de Claudia Blum Capurro. En septiembre, se encargó a Ernesto Lucena Barrero del Ministerio de Deporte, de nueva creación.

Los grandes retos del gobierno en esta legislatura son la superación de la crisis de coronavirus; la agitación social como demuestran los numerosos paros que se han producido en los últimos meses de 2019 y principios de 2020; una política industrial que favorezca la diversificación de la economía colombiana y una mejora de la competitividad.

En cuanto a su programa electoral, en materia económica destacan las siguientes propuestas:

- Continuar las obras de infraestructura, destacando las concesiones 4G y 5G.

- Propuesta de medidas en el sector de Smart Cities: Conectividad y acceso gratuito a banda ancha en espacios públicos; criterios de alumbrado público inteligente, empezando por capitales departamentales, con base en autogeneración (mini-celdas solares); integración a infraestructura convergente de redes fijas y móviles de Internet y manejo transparente de residuos, con enfoque de reducción, reutilización y reciclaje.

- Convertir el turismo en el gran motor de desarrollo del país, hasta el punto de que “el turismo sea el nuevo petróleo de Colombia”. La meta del ejecutivo es que el sector turismo represente el 8% del PIB y que el país supere los 6 millones de turistas anuales para 2022. En 2019, el número de turistas fue 4,5 millones y el aporte al PIB 3,8%.

- Apoyo decisivo al desarrollo de la denominada económica naranja, es decir, las industrias culturales y creativas.

- Aboga por no negociar más Tratados de Libre Comercio, pero sí trabajar por obtener más rédito de los ya firmados.
 

Por otra parte, otros partidos importantes a resaltar son los que se comentan a continuación.

Colombia Humana es un partido socialdemócrata y progresista que fue fundado en 2011 por Gustavo Petro, llego a la segunda ronda de las últimas elecciones.

Cambio Radical es un partido de origen liberal fundado en 1998. Ha sido parte de las últimas coaliciones de gobierno en las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En las elecciones de 2018, dobló el número de congresistas, lo que le convierte en un partido muy sólido.

En cuanto a los partidos de izquierda, en los últimos años han surgido nuevos como la Alianza Verde, Polo Democrático y Decentes, que se sitúan con un 20% del parlamento. Además, en las elecciones regionales de 2019 han demostrado capacidad de voto como con la elección de Claudia López de la Alianza Verde para la alcaldía de Bogotá.

Destacable es también que el partido de las FARC entró en el Congreso con 10 representantes asegurados por lo establecido en los Acuerdos de Paz.

Asimismo, conviene contextualizar la tradición política del país. Históricamente, los dos grandes partidos políticos de Colombia han sido: el Partido Liberal, y el Partido Conservador. El primero jugó un papel importante en la política en épocas pasadas, con el gobierno de César Gaviria (1990-94) y el de Ernesto Samper (1994-1998), es un partido socialdemócrata, miembro de la Internacional Socialista. Por otro lado, el Partido Conservador representaría una opción de centro derecha, aunque lo cierto, es que existen pocas diferencias ideológicas entre ambos partidos y durante muchos años se alternaban el poder en lo que se conoce como Frente Nacional. En la actualidad, estos dos partidos siguen existiendo, pero con menos importancia de la que tuvieron en años anteriores.

No obstante, con la irrupción en la escena política nacional de Álvaro Uribe en el 2002, de procedencia liberal, surgió el Partido de la U, como una opción de centroderecha con muchos puntos en común con los conservadores. Sin embargo, a raíz de las diferencias entre el último expresidente Juan Manuel Santos, y su antecesor, Álvaro Uribe, éste último decidió crear un nuevo partido político, el Centro Democrático, que participó por primera vez en las elecciones legislativas y presidenciales de 2014 y llegó al poder en el 2018 con Iván Duque.

División interna por los Acuerdos de Paz

Los Acuerdos de Paz de Colombia entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se firmaron el 24 de agosto de 2016 tras 5 años de intensas negociaciones.

No obstante, la cuestión ha generado una significativa división interna. Los acuerdos se sometieron a un Plebiscito como mecanismo de refrendación el 2 de octubre de 2016. El resultado fue una victoria muy justa del NO, con el 50,2% de los votos frente al 49,7% del Sí. Aun así, la abstención fue muy elevada, del 62,6%. Los defensores del NO argumentaban no estar en contra de la paz, pero sí del manejo del proceso de negociación ya que se concibe el apoyo recibido de la comunidad internacional como una presión adicional, además del rechazo a contenido de los acuerdos como por ejemplo al sistema de justicia especial, al margen de la ordinaria, para los guerrilleros y la participación de las FARC en la vida política.

Tras el resultado del referéndum, el Gobierno de Santos, introdujo una serie de modificaciones superficiales con la intención de dar cabida a algunas de las reivindicaciones de los partidarios del “NO”. Los acuerdos ligeramente modificados fueron refrendados esta segunda vez por el Congreso y entraron en vigor en enero de 2017.

Tras la investidura de Iván Duque, quién criticó duramente la campaña los Acuerdos y la gestión de su predecesor, se empezó a hablar de modificaciones. Sin embargo, el actual Gobierno es criticado por no avanzar en las medidas previstas por el Acuerdo. Por otra parte, el nuevo mandatario ha condicionado la reanudación de los diálogos con otras guerrillas al fin definitivo de todas sus actividades criminales y a la liberación de todos los secuestrados que tienen en su poder. El Ejecutivo volvería a sentarse a la mesa, si y solo si se cumplen estos requisitos.

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Organización administrativa y territorial del Estado

En lo que respecta a la organización territorial de Colombia conviene resaltar que la Constitución de 1991 por la que se rige su sistema democrático establece un régimen descentralizado con 32 departamentos, 1024 municipios, un distrito capital (Bogotá) y los territorios indígenas.

Existen tres ramas del poder público que son autónomas e independientes entre sí. La rama ejecutiva está representada por el Presidente de la República, figura que agrupa las funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y la primera autoridad administrativa. Es elegido por voto popular del pueblo colombiano para un período de cuatro años no renovable (hasta la reciente reforma del 2005). El gabinete de ministros es nombrado por el Presidente de la República.

Los Gobernadores son representantes del Poder Ejecutivo en los Departamentos y son elegidos por voto popular para un período de cuatro años. Los alcaldes son elegidos por voto popular para un período de cuatro años. En octubre del 2019 se celebraron las elecciones departamentales y municipales.

La rama legislativa es la encargada de elaborar las leyes y ejercer el control político sobre el Gobierno y la Administración. Su órgano exclusivo es el Congreso, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Los congresistas son elegidos por voto popular por un período de cuatro años. En los Departamentos existen las llamadas Asambleas Departamentales y en los Municipios los Consejos Municipales.

La rama judicial es la encargada de administrar justicia. Tres son los órganos que la encabezan: la Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal de la justicia ordinaria), la Corte Constitucional (que vela por el cumplimiento de la Constitución) y el Consejo de Estado (máximo tribunal de la jurisdicción contencioso - administrativa).

Tanto la justicia ordinaria como la contencioso - administrativa tienen una organización jerárquica según la jurisdicción y la competencia de cada uno de los jueces. El poder judicial tiene autonomía administrativa y presupuestaria, para lo cual se constituyó el Consejo Superior de la Judicatura, órgano compuesto por dos salas. La sala disciplinaria se ocupa de velar por la administración de justicia y el desempeño profesional de los abogados. La sala administrativa está encargada de nombrar a los funcionarios de la rama judicial y del presupuesto.

Además de los tres poderes, existen los llamados órganos autónomos e independientes, que son el Ministerio Público (integrado por la Procuraduría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales) y la Contraloría General de la República. Al Ministerio Público le corresponde la salvaguarda de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la función pública. La Contraloría General de la Nación tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de la administración.

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La administración económica y su distribución de competencias

Los dos principales actores en cuanto a políticas económicas del Gobierno son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Alberto Carrasquilla Barrera es el Ministro de Hacienda y Crédito Público. Entre otras muchas funciones, este Ministerio se encarga de dirigir la política macroeconómica y fiscal del país.

Luis Alberto Rodríguez es el Director General del DNP, organismo técnico asesor del Gobierno Nacional que lidera y orienta la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Esta institución con rango de Ministerio se encarga de la programación y seguimiento de los recursos de inversión y los proyectos para el desarrollo económico, social y ambiental del país a través de un trabajo coordinado con las entidades del orden nacional y territorial.

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