Marco Político

Sistema de gobierno, partidos políticos y división de poderes

El 7 de agosto de 2018 Iván Duque tomó posesión de su cargo como presidente de la República de Colombia. Desde su discurso de investidura, Duque ha mostrado tono constructivo y conciliador frente a la fractura social que ha vivido Colombia en las últimas elecciones, y su énfasis en mirar hacia delante y hacer frente a los retos de Colombia y no insistir en la crítica al predecesor. Ganó las elecciones presidenciales de 2018 con un 54% de los votos frente al 42% del partido Colombia Humana.

Los principales pilares del Centro Democrático, partido del actual presidente, son la legalidad, el emprendimiento, y la equidad, con ejes transversales en materia de infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación. Duque ha insistido en la austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos durante su mandato. Lo que ha enfatizado con las medidas de mejora de la competitividad e inversión como la Reforma Tributaria de 2019.

Duque, de 43 años, es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Colombia. Ha desempeñado varios puestos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2001 hasta 2013 y, anteriormente, fue consultor en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y asesor en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana. En la última legislatura fue senador por el Centro Democrático.

Duque ha formado un gobierno con el que ha pretendido mandar una señal de independencia, tanto de su predecesor Uribe como de otras fuerzas políticas. Los ministros son en su mayoría profesionales jóvenes, competentes y fundamentalmente tecnócratas procedentes principalmente del sector privado y sin afiliaciones a ningún partido.

Sin embargo, el gabinete de Duque ha mostrado cierta inestabilidad en los últimos meses. Así, en junio de 2020 renunció la Ministra de Energía, Maria Fernanda Suárez, dejando su cargo al que hasta entonces era el viceministro, Diego Mesa. Antes, en abril, renunció la Ministra de las TIC Sylvia Constaín, que fue reemplazada por Karen Abudinen, de su equipo de trabajo; y en la primera semana de febrero, el presidente anunció de una tacada el nombramiento de tres nuevos ministros: Ángel Custodio Cabrera como nuevo Ministro de Trabajo, Rodolfo Enrique Zea como Ministro de Agricultura, y Fernando Ruiz como Ministro de Salud. Una semana después, nombró a Alicia Arango Olmos como Ministra del Interior. A ellos se suma el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado el 11 de enero, a cargo de Mabel Gisela Torres. 

Además, a finales de 2019 también se realizaron modificaciones en el gabinete, de manera que Carlos Holmes Trujillo, que ocupaba la cartera de exteriores, pasó a encargarse del Ministerio de Defensa desde el 12 de noviembre, debido a la renuncia del ministro Botero tras una campaña en su contra por el bombardeo a un campamento de las FARC en el que se encontraban menores. Por su parte, el Ministerio de Relaciones exteriores quedó en manos de Claudia Blum Capurro. En septiembre, se encargó a Ernesto Lucena Barrero del Ministerio de Deporte, de nueva creación.

Los grandes retos del gobierno en esta legislatura son la superación de la crisis de coronavirus; la agitación social como demuestran los numerosos paros que se han producido en los últimos meses de 2019 y principios de 2020; una política industrial que favorezca la diversificación de la economía colombiana y una mejora de la competitividad.

En cuanto a su programa electoral, en materia económica destacan las siguientes propuestas:

-      Continuar las obras de infraestructura, destacando las concesiones 4G y 5G.

-     Propuesta de medidas en el sector de Smart Cities: Conectividad y acceso gratuito a banda ancha en espacios públicos; criterios de alumbrado público inteligente, empezando por capitales departamentales, con base en autogeneración (mini-celdas solares); integración a infraestructura convergente de redes fijas y móviles de Internet y manejo transparente de residuos, con enfoque de reducción, reutilización y reciclaje.

-      Convertir el turismo en el gran motor de desarrollo del país, hasta el punto de que “el turismo sea el nuevo petróleo de Colombia”. La meta del ejecutivo es que el sector turismo represente el 8% del PIB y que el país supere los 6 millones de turistas anuales para 2022. En 2019, el número de turistas fue 4,5 millones y el aporte al PIB 3,8%.

-      Apoyo decisivo al desarrollo de la denominada económica naranja, es decir, las industrias culturales y creativas.

-      Aboga por no negociar más Tratados de Libre Comercio, pero sí trabajar por obtener más rédito de los ya firmados. Prueba de ello es la actualización de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y Colombia durante el 2021 que refuerzan las buenas relaciones bilaterales entre los dos países.

Por otra parte, otros partidos importantes a resaltar son los que se comentan a continuación.

Colombia Humana es un partido socialdemócrata y progresista que fue fundado en 2011 por Gustavo Petro, llego a la segunda ronda de las últimas elecciones.

Cambio Radical es un partido de origen liberal fundado en 1998. Ha sido parte de las últimas coaliciones de gobierno en las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En las elecciones de 2018, dobló el número de congresistas, lo que le convierte en un partido muy sólido.

En cuanto a los partidos de izquierda, en los últimos años han surgido nuevos como la Alianza Verde, Polo Democrático y Decentes, que se sitúan con un 20% del parlamento. Además, en las elecciones regionales de 2019 han demostrado capacidad de voto como con la elección de Claudia López de la Alianza Verde para la alcaldía de Bogotá.

Destacable es también que el partido de las FARC entró en el Congreso con 10 representantes asegurados por lo establecido en los Acuerdos de Paz.

Asimismo, conviene contextualizar la tradición política del país. Históricamente, los dos grandes partidos políticos de Colombia han sido: el Partido Liberal, y el Partido Conservador. El primero jugó un papel importante en la política en épocas pasadas, con el gobierno de César Gaviria (1990-94) y el de Ernesto Samper (1994-1998), es un partido socialdemócrata, miembro de la Internacional Socialista. Por otro lado, el Partido Conservador representaría una opción de centro derecha, aunque lo cierto, es que existen pocas diferencias ideológicas entre ambos partidos y durante muchos años se alternaban el poder en lo que se conoce como Frente Nacional. En la actualidad, estos dos partidos siguen existiendo, pero con menos importancia de la que tuvieron en años anteriores.

No obstante, con la irrupción en la escena política nacional de Álvaro Uribe en el 2002, de procedencia liberal, surgió el Partido de la U, como una opción de centroderecha con muchos puntos en común con los conservadores. Sin embargo, a raíz de las diferencias entre el último expresidente Juan Manuel Santos, y su antecesor, Álvaro Uribe, éste último decidió crear un nuevo partido político, el Centro Democrático, que participó por primera vez en las elecciones legislativas y presidenciales de 2014 y llegó al poder en el 2018 con Iván Duque.

División interna por los Acuerdos de Paz

Los Acuerdos de Paz de Colombia entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se firmaron el 24 de agosto de 2016 tras 5 años de intensas negociaciones.

No obstante, la cuestión ha generado una significativa división interna. Los acuerdos se sometieron a un Plebiscito como mecanismo de refrendación el 2 de octubre de 2016. El resultado fue una victoria muy justa del NO, con el 50,2% de los votos frente al 49,7% del Sí. Aun así, la abstención fue muy elevada, del 62,6%. Los defensores del NO argumentaban no estar en contra de la paz, pero sí del manejo del proceso de negociación ya que se concibe el apoyo recibido de la comunidad internacional como una presión adicional, además del rechazo a contenido de los acuerdos como por ejemplo al sistema de justicia especial, al margen de la ordinaria, para los guerrilleros y la participación de las FARC en la vida política.

Tras el resultado del referéndum, el Gobierno de Santos, introdujo una serie de modificaciones superficiales con la intención de dar cabida a algunas de las reivindicaciones de los partidarios del “NO”. Los acuerdos ligeramente modificados fueron refrendados esta segunda vez por el Congreso y entraron en vigor en enero de 2017.

Tras la investidura de Iván Duque, quién criticó duramente la campaña los Acuerdos y la gestión de su predecesor, se empezó a hablar de modificaciones. Sin embargo, el actual Gobierno es criticado por no avanzar en las medidas previstas por el Acuerdo. Por otra parte, el nuevo mandatario ha condicionado la reanudación de los diálogos con otras guerrillas al fin definitivo de todas sus actividades criminales y a la liberación de todos los secuestrados que tienen en su poder. El Ejecutivo volvería a sentarse a la mesa, si y solo si se cumplen estos requisitos. 

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Organización administrativa y territorial del Estado

En lo que respecta a la organización territorial de Colombia, conviene resaltar que la Constitución de 1991 establece un régimen descentralizado con 32 departamentos, 1.024 municipios, un distrito capital (Bogotá) y diferentes territorios indígenas.

Las tres ramas del poder, independientes entre sí son:

-      La rama ejecutiva está representada por el presidente de la República, figura que agrupa las funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y la primera autoridad administrativa. Es elegido por voto popular para un período de cuatro años y desde 2005 puede ser reelegido por un periodo adicional. Por otra parte, el gabinete de ministros es nombrado por el presidente de la República y se suele renovar algún ministerio a mitad de la legislatura. Los gobernadores son representantes del poder ejecutivo en los departamentos, mientras que los alcaldes son los jefes de la administración local y representantes legales del municipio. Ambos son elegidos por voto popular para un período de cuatro años.

-     La rama legislativa es la encargada de elaborar las leyes y ejercer el control político sobre el Gobierno y la Administración. Su órgano exclusivo es el Congreso, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Los congresistas son elegidos por voto popular por un período de cuatro años. En los departamentos existen las llamadas Asambleas Departamentales y en los municipios los Consejos Municipales.

-        La rama judicial es la encargada de administrar la justicia. Tres son los órganos que la encabezan: la Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal de la justicia ordinaria), la Corte Constitucional (que vela por el cumplimiento de la Constitución) y el Consejo de Estado (máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativo). El poder judicial tiene autonomía administrativa y presupuestaria, para lo cual se constituyó el Consejo Superior de la Judicatura, órgano compuesto por dos salas. La sala disciplinaria se ocupa de velar por la administración de la justicia y el desempeño profesional de los abogados. La sala administrativa está encargada de nombrar a los funcionarios de la rama judicial y del presupuesto.

Además de los tres poderes, existen los llamados órganos autónomos e independientes u organismos de control del Estado, que son el Ministerio Público (integrado por la Procuraduría General y el Defensor del Pueblo) y la Contraloría General de la República. Al Ministerio Público le corresponde la salvaguarda de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la función pública. La Contraloría General de la Nación tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de la administración.

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La administración económica y su distribución de competencias

Los dos principales actores en cuanto a políticas económicas del Gobierno son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Alberto Carrasquilla Barrera es el Ministro de Hacienda y Crédito Público. Entre otras muchas funciones, este Ministerio se encarga de dirigir la política macroeconómica y fiscal del país. 

Luis Alberto Rodríguez es el Director General del DNP, organismo técnico asesor del Gobierno Nacional que lidera y orienta la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Esta institución con rango de Ministerio se encarga de la programación y seguimiento de los recursos de inversión y los proyectos para el desarrollo económico, social y ambiental del país a través de un trabajo coordinado con las entidades del orden nacional y territorial.

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Relaciones políticas internacionales

La UE, Colombia y Perú concluyeron la negociación del Acuerdo Comercial Multipartito (ACM) en marzo de 2010, bajo presidencia española de la UE. Así, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la UE se firma en junio de 2012 y entra en vigor el 1 de agosto de 2013 con el objetivo de la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Además del plano comercial, el Acuerdo busca la consolidación de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, el aumento del empleo en condiciones decentes, el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Colombia forma parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) junto con Ecuador, Perú y Bolivia. En 2006 crearon una Zona Libre de Comercio, mantenimiento un Arancel Externo Común. En 2013 se lanzó el proceso de refundación de la institución, de esta forma, concentraron sus actividades en torno a determinadas prioridades como integración comercial, simplificación institucional, PYMES, interconexiones eléctricas y ciudadanía andina. La CAN ha avanzado en las negociaciones de acuerdos con otras zonas comerciales como el Acuerdo de Libre Comercio con MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela), el cual ha sido complementado con Acuerdos de Complementación Económica (ACE). En el caso de Colombia es el ACE nº 72 firmado en 2017 y entrada en vigor en los siguientes años hasta enero de 2019, según la firma de cada país miembro de MERCOSUR. De esta forma, los productos colombianos cuentan con acceso preferencial obteniendo, además, materias primas y bienes de capital más baratos de los países de MERCOSUR.

Colombia forma parte también junto con Chile, México y Perú de la Alianza del Pacífico (AdP), con la que se persigue una libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. El Acuerdo Marco de dicha Alianza se suscribió en junio de 2012 en Chile. En la actualidad tiene dos países candidatos a miembros (Costa Rica y Panamá) y 32 países observadores entre los que se encuentra España.

Otra institución interesante es el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), institución financiera que tiene como objetivo acudir en apoyo de las balanzas de los países miembros, otorgando créditos o garantizando préstamos de terceros, así como contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras.

Colombia también firmó un acuerdo en 1998 sobre comercio y cooperación económica y técnica con la Comunidad del Caribe (CARICOM) formada por quince países de la región. En 2008, CARICOM firmó con la UE el Acuerdo de Asociación Económica (EPA).

Adicionalmente, Colombia es parte de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otras. 

En cuanto a Instituciones Financieras Internacionales, se resume a continuación la relación de Colombia con las principales.

El Banco Mundial a través de la estrategia Marco de Alianza de País para los años fiscales 2016-2021, trabaja en Colombia en tres pilares estratégicos:

-          Promoción de un desarrollo territorial equilibrado.

-          Incremento de la movilidad e inclusión social a través de una mejor prestación de servicios.

-          Apoyo a la sostenibilidad fiscal y a la productividad.

Colombia es el octavo prestatario del Banco Mundial con su deuda de diez mil millones de dólares pendiente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El compromiso financiero en Colombia se centra específicamente en los sectores de agricultura/ganadería, competitividad, gestión del riesgo de desastres, apoyo al sector salud, medio ambiente, transporte público urbano, sostenibilidad fiscal, gobernanza, educación superior, energía, migración, catastro rural, transporte y agua y saneamiento. 

En cuanto a proyectos concretos financiados por el Grupo, en el año 2019 se aprobaron 70 millones de dólares para apoyar la Primera Línea de metro de Bogotá; 718,5 millones del BIRF y 31,5 millones de dólares del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF, por sus siglas en inglés) para proyectos de sostenibilidad fiscal, competitividad y migración, especialmente para la gestión de la migración desde Venezuela; y 100 millones de dólares para el proyecto Catastro Multipropósito por el que se busca fortalecer la seguridad en la tenencia de la tierra con un importante enfoque en las mujeres. En el año 2020, han sido aprobados 400 millones de dólares para un Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Territorial y 150 millones complementados con una donación de 37,6 millones del GCFF para el Mejoramiento en la Calidad de los Servicios de Salud y Eficiencia del Sistema de Colombia.

Por último, debido a la crisis del coronavirus, en marzo de 2020 el Banco desembolsó a Colombia un préstamo de 250 millones de dólares para aliviar las políticas de desarrollo que se están realizando desde el comienzo del Estado de Emergencia Nacional. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado la solicitud de Colombia en marzo de 2020 para la renovación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) de 11.000 millones de dólares debido a la crisis de COVID.

Esta línea está ideada para proteger contra choques externos a los países que tienen marcos de política muy sólidos y una trayectoria de buen desempeño económico. Debido a ello, los desembolsos no se escalonan ni están condicionados al cumplimiento de metas, como ocurre con los programas tradicionales respaldados por el FMI. Además, tienen la flexibilidad de una línea de crédito activable en cualquier momento. Por eso, las autoridades han confirmado que esta herramienta sigue teniendo carácter precautorio, por lo que no ha habido de momento ningún desembolso y consiste sólo en provisiones de liquidez que tendría el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estructura la estrategia del grupo con Colombia para los años 2019-2022 en tres pilares estratégicos:

-          Incrementar la productividad de la economía.

-          Mejorar la efectividad de la gestión pública.

-          Promover la movilidad social y consolidar la clase media.

Además, de manera transversal busca apoyar los desafíos relativos a inmigración; género, diversidad y discapacidad; cambio climático; economía digital; e integración económica. Esto se consigue a través de la financiación de proyectos con un portafolio activo de préstamos por valor de 2.045,29 millones de dólares. 

Entre los proyectos del BID en Colombia destaca su papel de liderazgo en la financiación del metro de Bogotá que además se estructuró con normativa y reglamentos del BID. Aun así, el criterio de adjudicación establecido por la empresa Metro de Bogotá ha sido elegir la oferta más bajo, lo que ha perjudicado a ofertas más completas en el aspecto técnico, como las españolas. Otro proyecto interesante en el que el BID participa es el programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas del Banco de Desarrollo Territorial, Findeter. Bajo este programa, se promueve un plan de desarrollo sostenible con visión de largo plazo en muchas ciudades colombianas. Por último, pronto empezará a ejecutarse el proyecto de modernización de la DIAN que, con ayuda de la financiación del BID, buscará que la entidad tributaria alcance estándares internacionales de organización, tecnología y recursos humanos.

Desde el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se apoyan proyectos de infraestructura que estén adecuados al cambio climático, iniciativas de competitividad, de movilidad urbana y de desarrollo social integral con el objetivo de asegurar adecuadas provisiones de bienes públicos y servicios sociales y fortalecer los sectores exportadores. 

Entre los años 2014 y 2018, CAF aprobó operaciones de préstamos e inversiones para Colombia por USD 8.972 millones, lo que equivalente al 15% del total aprobado en dicho período. Entre los proyectos activos en estos momentos se encuentran la cofinanciación de más de 176 km del programa de carreteras 4G en el departamento de Antioquia o el Programa de Agua Potable y Saneamiento para las zonas urbanas y rurales del distrito de Buenaventura. 

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