Marco Político

Sistema de gobierno, partidos políticos y división de poderes

La actual Constitución (1993) establece un régimen republicano, democrático y social, dotado de un gobierno unitario, representativo y descentralizado.

El Presidente es elegido por sufragio universal, por un período de cinco años, sin posibilidad de reelección en la siguiente convocatoria. Desde abril de 2018, Martín Vizcarra desempeña el cargo de Presidente de la República. El Presidente Vizcarra accedió a la presidencia como consecuencia de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski al puesto en el transcurso del período de mandato regular entre los años 2016 y 2021. El Señor Kuczynski había ganado en 2016 las elecciones presidenciales peruanas en la votación de segunda vuelta como candidato del partido Peruanos por el Kambio (PPK) (50,1% de los votos) frente a Keiko Fujimori  del partido Fuerza Popular (49,9% de los votos).

El actual Presidente del Consejo de Ministros (PCM, equivalente a Primer Ministro) es el Señor César Villanueva Arévalo. El poder ejecutivo se concentra en todo caso en la Presidencia de la República.

El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única. El Congreso se elige por un período de cinco años y está integrado por 130 congresistas.

La distribución por partidos es la siguiente:

Partido Político (tendencia) Número de Congresistas
Fuerza Popular (Keiko Fujimori) 73
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (Verónika Mendoza) 20
Peruanos por el Kambio (Pedro Pablo Kuczynski ) 18
Alianza para el Progreso (César Acuña) 9

Alianza Popular (alianza entre APRA y PPC)

APRA (5)

5
Acción Popular 5
Número total de Congresistas 130

La presidenta del Congreso es el Señor Luis Galarreta.

El Sistema Judicial está compuesto por una organización jerárquica de instituciones. Está encabezado por el presidente, Víctor Lucas Ticona Postigo y por la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia en todo el territorio. El segundo nivel jerárquico lo constituyen las Cortes Superiores, mientras que el tercer nivel lo forman los juzgados de Primera Instancia. El Ministerio Público (aproximadamente equivalente a la Fiscalía española) es un ente autónomo controlado por la Fiscalía de la Nación.

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Organización administrativa y territorial del Estado

Según la constitución, la República del Perú es un Estado unitario y descentralizado. En virtud de esta descentralización, cada poder del Estado peruano (exceptuando el legislativo) subdivide su territorio para ejercer sus funciones.

Además de los ministerios señalados anteriormente y de los distintos organismos autónomos, durante el mandato del Presidente Alejandro Toledo (2001 – 2006) se crearon gobiernos regionales en cada uno de las veinticinco regiones (incluyendo la provincia constitucional de El Callao) en las que está dividido administrativamente el país: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Tacna y Ucayali.

Así, el territorio peruano está subdividido en:

  • Regiones (25, incluyendo al Provincia Constitucional del Callao)
  • Provincias (195)
  • Distritos (1647)

Al frente de cada Gobierno Regional está el Gobernador Regional, que lidera el Consejo Regional. En el caso de las municipalidades provinciales y distritales, existe un Alcalde al frente del Concejo Municipal.

La Provincia de Lima cuenta con régimen especial por ser sede de la Ciudad Capital de la República, Lima, y no pertenece a ninguna región sino que se relaciona directamente con el Gobierno de la Nación. Es gobernada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Provincia Constitucional del Callao tiene status de gobierno regional, y es gobernado simultáneamente por el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Provincial del Callao (repartiéndose el poder según sus ámbitos competenciales).

Las próximas elecciones regionales y municipales están previstas para octubre 2018.

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La administración económica y su distribución de competencias

La Administración económica está integrada básicamente por los siguientes Ministerios:

Ministerio de Economía y Finanzas (Carlos Augusto Oliva Neyra)

Ministerio de la Producción (Raúl Pérez-Reyes Espejo)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Rogers Valencia Espinoza)

Ministerio de Energía y Minas (Francisco Ismodes Mezzano)

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Edmer Trujillo Mori)

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Javier Román Piqué del Pozo)

Ministerio del Ambiente (Fabiola Muñoz Dodero)

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Christian Rómulo Martín Sánchez Reyes)

Ministerio de Educación (Jaime Saavedra Chanduví)

Ministerio de Agricultura y Riego (Gustavo Eduardo Mostajo Ocola)

Las atribuciones competenciales son en general las habituales en ministerios con estas denominaciones, pudiéndose en todo caso reseñar algunas peculiaridades:

- El Ministerio de Economía y Finanzas es claramente un primus inter pares en el ámbito económico. El MEF tiene un gran poder sobre toda el área económica del Gobierno, particularmente en materia de inversiones. Son muy pocas las medidas con implicaciones económicas que se toman en Perú sin la anuencia del Ministerio.

- Las competencias de agua están repartidas entre los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento (provisión de agua potable y redes alcantarillado) y Agricultura y Riego (del que dependen no sólo los temas de riego, sino también la Autoridad Nacional del Agua, encargada de la preservación y buen uso de las disponibilidades hidráulicas del país)

- Las competencias en materia de I+D también están repartidas, correspondiendo la mayor parte a Educación (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y algunas de menor importancia al Ministerio de la Producción.

- Las competencias de supervisión de las concesiones estatales al sector privado en sectores sensibles (telecomunicaciones, transportes, energía y minas) están en manos de organismos independientes.

En cuanto a los gobiernos regionales, cuentan con una autonomía limitada, circunscrita en lo principal a las inversiones regionales (controlada ésta de manera muy cercana por el MEF). No tienen ingresos fiscales propios: todos sus ingresos son transferencias del MEF, ajustadas a su nivel estimado de gasto requerido; las regiones mineras se benefician además de una parte del impuesto sobre la renta (equivalente al IS español) que pagan las empresas mineras e hidrocarburíferas por su actividad en la región.

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