Régimen arancelario y reglamentación

Régimen de comercio exterior.Tramitación de las importaciones

Para importar en Colombia se debe estar inscrito en la Cámara de Comercio y tener Registro Único Tributario (RUT), lo que constituye pertenecer al Régimen Común. De esta forma, se identifica, ubica y clasifica a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Por otra parte, con el Arancel de Aduanas se puede verificar si el producto está sujeto a inscripciones ante entidades como ICA, INVIMA o Ministerios y Superintendencias.

Los pagos que los residentes colombianos tienen que realizar para cancelar el valor de sus importaciones deben canalizarse a través de los intermediarios del mercado cambiario autorizados por el Artículo 7 Resolución Externa Nº1 mayo de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República (bancos comerciales, corporaciones financieras, Bancoldex, etc.). A tales efectos, ha de presentarse previamente al pago, la Declaración de Cambio Nº1 ante el intermediario de acuerdo con el tipo de operación.

 

Por otra parte, el Decreto 1165 de 2019 incluye el régimen de la regulación aduanera colombiana, el cual busca garantizar la seguridad de los usuarios, a la vez que facilitar los trámites y procedimientos. En este Decreto se establecen las diferentes modalidades de importación, entre las que se incluyen: importación ordinaria, importación temporal e importación por tráfico postal y envíos urgentes. 

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Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

En 1991 Colombia inició un proceso de apertura económica, ampliando al 98% del universo arancelario el régimen de libre importación, rebajando aranceles en un 50% e implantando una serie de normas y reglamentos con el fin de colocar a Colombia, desde el punto de vista económico, legal y técnico, al mismo nivel que los países desarrollados. Además, con la Ley 1879 de 2018, Colombia aprobó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC (Organización Mundial del Comercio)[1]. La participación del país en este acuerdo genera grandes compromisos para la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de importación.

Colombia tiene 17 acuerdos comerciales en vigor, entre los que destacan con Estados Unidos, la Unión Europea y Mercosur. Además, forma parte de la Comunidad Andina, unión aduanera formada por Ecuador, Perú y Bolivia.

En materia de aranceles, Colombia tiene diferentes tipos de tarifas que oscilan, de forma general, entre 0%, 5%, 10% y 15%. En algunos casos específicos, como, por ejemplo, productos agrícolas o vehículos, estas tarifas pueden ser mayores. Las siguientes consideraciones son elaboradas bajo la vigencia del Decreto 2685 de 1999.

 

 

 

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Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

Según se especifica en las Resoluciones 889 de 2003 y 004 de 2005 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los exportadores extranjeros de animales terrestres y acuáticos, sus productos, u otros de riesgo para la sanidad animal del país (peces y crustáceos, derivados cárnicos, lácteos y otros productos de origen animal), deben inscribirse ante esta entidad, elaborando dos formularios. Una vez que el ICA da el visto bueno, se debe solicitar el registro sanitario correspondiente al INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

Para el resto de los alimentos (conservas vegetales, etc.), medicamentos, cosméticos y otros productos, basta con el trámite del registro sanitario ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), además del registro de importación.

 

La mayoría de los productos del sector eléctrico están sujetos a una certificación obligatoria que además requiere una renovación. Las normas colombianas son equivalentes a las europeas al estar basadas en éstas. Sin embargo, el proceso de convalidación de certificados de productos expedidos en otro país es complejo y requiere la contratación de una entidad autorizada por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia). Además, los costes de obtener el certificado colombiano a través de estas entidades son elevados, aunque éstos varían según los productos y las instalaciones. Es por esto, que las PYMES españolas que vendan cantidades relativamente pequeñas podrán tener problemas de rentabilidad. Existen fundamentalmente dos Normas técnicas: RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público).

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Barreras comerciales a bienes y servicios españoles

Entre las principales barreras comerciales de Colombia para las empresas españolas se encuentran las siguientes:

- Certificación Equipos y Material Eléctrico: La mayoría de los productos del sector eléctrico están sujetos a una certificación obligatoria que además requiere una renovación. Las normas colombianas son equivalentes a las europeas al estar basadas en éstas. Sin embargo, el proceso de convalidación de certificados de productos expedidos en otro país es complejo y requiere la contratación de una entidad autorizada por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia). Además, los costes de obtener el certificado colombiano a través de estas entidades son elevados, aunque éstos varían según los productos y las instalaciones. Es por esto, que las PYMES españolas que vendan cantidades relativamente pequeñas podrán tener problemas de rentabilidad. Existen fundamentalmente dos Normas técnicas: RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público).

- Etiquetado de Cervezas: El Decreto 3071 de 1997 define el Sistema Único Nacional de Control de Transporte de Productos Gravados con el Impuesto al Consumo. Este decreto establece que ningún productor, importador, distribuidor y/o transportador podrán movilizar este tipo de mercancías entre departamentos o, entre éstos y el Distrito Capital de Bogotá, sin la autorización de la autoridad competente. Este documento se realiza mediante un certificado único nacional expedido por las autoridades departamentales y el Distrito Capital denominado “tornaguía”. Esto complica y aumenta los costes de las empresas pertenecientes a estos sectores.

Por otra parte, los contenciosos entre los dos países son los siguientes:

- Proceso de subasta de espectro radioeléctrico del 20 de diciembre de 2019 en el que se habilitó la participación de fondos privados con condiciones preferenciales. Uno de estos fondos, PARTNERS, resultó asignatario de 10 MHz de espectro en la banda de 2500 MHz en la segunda secuencia de la subasta. Sin embargo, por un error interno el fondo renunció a una parte de la oferta. La discusión radica en que a otros participantes como Telefónica le afectó a su dinámica estratégica y por ello a sus resultados. Por lo que se pide que el Ministerio TIC exija a PARTNERS el cumplimiento de su oferta.

- Electricaribe es la empresa de distribución de electricidad en la región de la costa colombiana, propiedad de Gas Natural Fenosa y que fue intervenida para liquidación por el gobierno colombiano el 14 de marzo de 2017. Finalmente, se dividió la empresa en dos y el Gobierno está intentando vender por trozos. Por todo ello, Gas Natural Fenosa solicitó el 22 de marzo de 2017 el inicio del procedimiento de arbitraje internacional ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). El 15 de junio de 2017, Gas Natural Fenosa demandó formalmente al Estado colombiano ante los tribunales de arbitraje internacional solicitando una indemnización por US$1.626 millones como compensación. Colombia contrademandó a la compañía por perjuicios al país generados por el mal servicio de energía de Electricaribe por US$500 millones. Se espera que en la segunda mitad del 2020 el tribunal dicte sentencia.

- Dificultad de las empresas españolas para acceder a contratación pública. En los últimos años, las empresas españolas se enfrentan a trabas crecientes para participar en las licitaciones públicas. Concretamente por cuatro problemas:

o Fin del tratamiento recíproco tras la entrada el vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la UE y Colombia.
o A pesar de que en noviembre de 2017 se redactó un nuevo anexo dedicado a compras públicas, según el cual los organismos descentralizados quedan efectivamente cubiertos por el TLC, estas entidades son reacias a la aplicación de este nuevo anexo. De esta forma, la "puntuación de la industria nacional" no se aplica a las empresas europeas, que pierden los beneficios de la aplicación del TLC.
o En muchas ocasiones no se está dando validez los documentos apostillados aportados por las empresas españolas por no contar con la identificación oportuna del funcionario firmante de la apostilla en origen.
o Se exigen ratios financieros inalcanzables para las empresas españolas en comparación con las colombianas por tener indicadores de endeudamiento superiores y de rentabilidad menores. Dichos índices no son indicativos de la capacidad del oferente para ejecutar un proyecto y lógicamente son más difíciles de cumplir para las empresas con mayores patrimonios y valores de activos, como es el caso de las españolas.

En general, Duque se ha mostrado partidario de una solución consensuada a los conflictos con las empresas, evitando en lo posible acudir a arbitrajes internacionales. El gobierno de Duque, de hecho, ya ha tomado la iniciativa de contactar con las empresas españolas involucradas actualmente en contenciosos con la intención de reactivar las conversaciones que, en última instancia llevarían a una solución pactada de los problemas y evitaría el arbitraje.
 

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Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación

Históricamente, en Colombia las barreras no arancelarias han tenido un papel protagonista. Con la apertura comercial del Gobierno del presidente César Gaviria a inicios de los noventa, las medidas no arancelarias (salvaguardias, permisos sanitarios, normas técnicas, precios mínimos y de referencia, entre otros) empezaron a tomar importancia. Así, el porcentaje de productos importados sujetos a alguna medida no arancelaria pasó de representar el 27% en 1991 al 73% en 2014%. En consecuencia, el arancel se ha reducido pero la protección comercial total ha aumentado.

Aun así, hay que destacar que, desde el año 2004, Colombia cuenta con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) cuya función es armonizar los requisitos, tramites y documentos exigidos por las entidades que intervienen en las operaciones de importación.

 

La SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) es la encargada del registro de marca, patentes, nuevas creaciones y otros signos distintivos que se pueden realizar tanto en línea (usuario SIPI) como en físico, esta última opción más costosa. También, como alternativa a registrar los productos en Colombia, se pueden realizar en Suiza con un registro mundial.  Para el registro sanitario tiene que haber un importador responsable ante el INVIMA y ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Aun así, se sugiere que el titular del registro sea la empresa española, ya que es la única que puede autorizar más importadores del mismo registro. 

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