Régimen arancelario y reglamentación

Régimen de comercio exterior.Tramitación de las importaciones

Para importar en Colombia se debe estar inscrito en la Cámara de Comercio y tener Registro Único Tributario (RUT), lo que constituye pertenecer al Régimen Común. De esta forma, se identifica, ubica y clasifica a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Por otra parte, con el Arancel de Aduanas se puede verificar si el producto está sujeto a inscripciones ante entidades como ICA, INVIMA o Ministerios y Superintendencias.

Los pagos que los residentes colombianos tienen que realizar para cancelar el valor de sus importaciones deben canalizarse a través de los intermediarios del mercado cambiario autorizados por el Artículo 7 Resolución Externa Nº1 mayo de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República (bancos comerciales, corporaciones financieras, Bancoldex, etc.). A tales efectos, ha de presentarse previamente al pago, la Declaración de Cambio Nº1 ante el intermediario de acuerdo con el tipo de operación.

Por otra parte, el Decreto 1165 de 2019 incluye el régimen de la regulación aduanera colombiana, el cual busca garantizar la seguridad de los usuarios, a la vez que facilitar los trámites y procedimientos. En este Decreto se establecen las diferentes modalidades de importación, entre las que se incluyen: importación ordinaria, importación temporal e importación por tráfico postal y envíos urgentes. 

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Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

En 1991 Colombia inició un proceso de apertura económica, ampliando al 98% del universo arancelario el régimen de libre importación, rebajando aranceles en un 50% e implantando una serie de normas y reglamentos con el fin de colocar a Colombia, desde el punto de vista económico, legal y técnico, al mismo nivel que los países desarrollados. Además, con la Ley 1879 de 2018, Colombia aprobó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC (Organización Mundial del Comercio)[1]. La participación del país en este acuerdo genera grandes compromisos para la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de importación.

Colombia tiene 17 acuerdos comerciales en vigor, entre los que destacan con Estados Unidos, la Unión Europea y Mercosur. Además, forma parte de la Comunidad Andina, unión aduanera formada por Ecuador, Perú y Bolivia.

En materia de aranceles, Colombia tiene diferentes tipos de tarifas que oscilan, de forma general, entre 0%, 5%, 10% y 15%. En algunos casos específicos, como, por ejemplo, productos agrícolas o vehículos, estas tarifas pueden ser mayores. Las siguientes consideraciones son elaboradas bajo la vigencia del Decreto 2685 de 1999.

 



 
 

 

 

 

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Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

Según se especifica en las Resoluciones 889 de 2003 y 004 de 2005 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los exportadores extranjeros de animales terrestres y acuáticos, sus productos, u otros de riesgo para la sanidad animal del país (peces y crustáceos, derivados cárnicos, lácteos y otros productos de origen animal), deben inscribirse ante esta entidad, elaborando dos formularios. Una vez que el ICA da el visto bueno, se debe solicitar el registro sanitario correspondiente al INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

Para el resto de los alimentos (conservas vegetales, etc.), medicamentos, cosméticos y otros productos, basta con el trámite del registro sanitario ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), además del registro de importación.

La mayoría de los productos del sector eléctrico están sujetos a una certificación obligatoria que además requiere una renovación. Las normas colombianas son equivalentes a las europeas al estar basadas en éstas. Sin embargo, el proceso de convalidación de certificados de productos expedidos en otro país es complejo y requiere la contratación de una entidad autorizada por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia). Además, los costes de obtener el certificado colombiano a través de estas entidades son elevados, aunque éstos varían según los productos y las instalaciones. Es por esto, que las PYMES españolas que vendan cantidades relativamente pequeñas podrán tener problemas de rentabilidad. Existen fundamentalmente dos Normas técnicas: RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público).

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Barreras comerciales a bienes y servicios españoles

Entre las principales barreras comerciales de Colombia para las empresas españolas se encuentran las siguientes:

-      Certificación Equipos y Material Eléctrico: La mayoría de los productos del sector eléctrico están sujetos a una certificación obligatoria que además requiere una renovación. Las normas colombianas son equivalentes a las europeas al estar basadas en éstas. Sin embargo, el proceso de convalidación de certificados de productos expedidos en otro país es complejo y requiere la contratación de una entidad autorizada por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia). Además, los costes de obtener el certificado colombiano a través de estas entidades son elevados, aunque éstos varían según los productos y las instalaciones. Es por esto, que las PYMES españolas que vendan cantidades relativamente pequeñas podrán tener problemas de rentabilidad. Existen fundamentalmente dos Normas técnicas: RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público).

-      Etiquetado de Cervezas: El Decreto 3071 de 1997 define el Sistema Único Nacional de Control de Transporte de Productos Gravados con el Impuesto al Consumo. Este decreto establece que ningún productor, importador, distribuidor y/o transportador podrán movilizar este tipo de mercancías entre departamentos o, entre éstos y el Distrito Capital de Bogotá, sin la autorización de la autoridad competente. Este documento se realiza mediante un certificado único nacional expedido por las autoridades departamentales y el Distrito Capital denominado “tornaguía”. Esto complica y aumenta los costes de las empresas pertenecientes a estos sectores.

Por otra parte, destacan las barreras en el acceso al mercado de compras públicas:

A.    Fin del tratamiento recíproco: Tras la entrada en vigor del TLC UE-Colombia en agosto de 2013, Colombia argumenta que otorga trato nacional a las empresas europeas ajustándose a lo dispuesto en el TLC y no en virtud del principio de reciprocidad, según el cual España reconoce a Colombia trato nacional. Esto significa muchas veces la imposibilidad de resultar adjudicatario. 

B.    Aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC): persiste el problema de interpretación TLC, por parte de las instituciones colombianas, en materia de contratación pública. En reiteradas ocasiones las empresas europeas se encuentran con prepliegos que explícitamente solicitan experiencia específica en Colombia, o no les otorgan el trato nacional al que tienen derecho en virtud del ALC, lo que requiere la emisión de observaciones y la introducción de adendas en los procesos licitatorios. Al mismo tiempo, y sin mucho margen de acción, las empresas comerciales e industriales del Estado colombiano, así como las entidades descentralizadas (gobernaciones, alcaldías o corporaciones autónomas regionales) y entidades de derecho privado no están incluidas en el TLC y, por tanto, no están obligadas, en sus licitaciones, a cumplir con lo estipulado en el TLC. Esto supone una pérdida de oportunidades comerciales para las empresas españolas. 

C.    Ley de Emprendimiento: Tras la aprobación de la nueva Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, también denominada Ley de Emprendimiento, que pretende fomentar la inclusión y participación de las Mipymes en los procesos de contratación pública, así como la empleabilidad y emprendimiento de población vulnerable, se está dando una circunstancia que discrimina a las empresas españolas a la hora de poder obtener la máxima puntuación en procesos de contratación pública. Si bien el buen espíritu de la ley es innegable, esta genera situaciones discriminatorias que afectan a las empresas españolas en términos de competitividad. En concreto, el precepto, en su artículo 35, incorpora una serie de criterios de desempate que favorecen a aquellas empresas que en sus estructuras plurales cuentan con población de diversos colectivos en situación de vulnerabilidad. Esto es relevante, ya que es práctica habitual que en procesos de contratación pública se otorgue la máxima puntuación a todos los proponentes y se aplicarán estos criterios para definir el ganador.

Las empresas europeas se ven obligadas a cumplir una serie de requisitos que, operativa y financieramente, no son viables, por implicar cambios de accionariado o contratación forzada de personal para un único proyecto. Adicionalmente, la dificultad para cumplir estos criterios por parte de empresas tanto extranjeras como nacionales constituye una vía para que, de manera instrumental, se creen compañías de reducido tamaño con el único objetivo de incorporarse a consorcios para llevarse ese puntaje adicional, dejando en segundo plano la calidad de la oferta técnica y trayectoria de otras empresas.

Es claro que al permitirse que las entidades estatales otorguen mayores puntajes a MIPYMES o poblaciones en situación de riesgo (mujeres cabeza de familia, víctimas de violencia familiar, reincorporados, etc.), se está dando un trato preferencial a dichos grupos, en detrimento de otros proponentes que no cumplan con esas condiciones y que, por este motivo, vean desmejoradas sus posibilidades de ganar procesos de compras públicas con ocasión de la expedición de la mencionada Ley.

D.   Reconocimiento de documentos apostillados: Muchas empresas españolas encuentran dificultades para que se acepten los certificados de experiencia debido a que muchas autoridades colombianas aceptan únicamente el apostille de la firma del funcionario, lo que exige contar con la identificación oportuna del funcionario firmante de la apostilla en origen. Además, Colombia no reconoce a los notarios españoles como funcionarios públicos españoles, y por tanto no da como válidos los certificados de experiencia apostillados por notarios.

E.    Convalidación de títulos: Las empresas españolas se ven obligadas a homologar los títulos de forma previa a la presentación de la oferta en los procesos licitatorios, lo que dificulta aportar personal extranjero cualificado que permita resultar adjudicatario de los contratos. Además, en algunos casos hay profesiones que en España se consideran equivalentes al grado de “Maestría”, y que no son reconocidas de esa forma en Colombia. 

F.    Ratios financieras: La distinta dimensión de las empresas europeas frente a las colombianas, así como el diferente modelo de negocio, generan indicadores muy distintos y, en general, las colombianas suelen tener indicadores de liquidez y de rentabilidad mayores e indicadores de endeudamiento inferiores. Las diversas entidades públicas colombianas muestran una gran arbitrariedad a la hora de exigir índices financieros. 

G.   Pliego tipo de contratación: La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) está impulsando la implantación de un pliego tipo de contratación aplicable a todas las licitaciones de infraestructura vial como medida de lucha contra la corrupción en la contratación pública. Sin embargo, si éste recoge las trabas anteriormente explicadas u otras, el efecto sería la ampliación de éstas.

En general, Duque se ha mostrado partidario de una solución consensuada a los conflictos con las empresas, evitando en lo posible acudir a arbitrajes internacionales. El gobierno de Duque, de hecho, ya ha tomado la iniciativa de contactar con las empresas españolas involucradas actualmente en contenciosos con la intención de reactivar las conversaciones que, en última instancia llevarían a una solución pactada de los problemas y evitaría el arbitraje.

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Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación

Históricamente, en Colombia las barreras no arancelarias han tenido un papel protagonista. Con la apertura comercial del Gobierno del presidente César Gaviria a inicios de los noventa, las medidas no arancelarias (salvaguardias, permisos sanitarios, normas técnicas, precios mínimos y de referencia, entre otros) empezaron a tomar importancia. Así, el porcentaje de productos importados sujetos a alguna medida no arancelaria pasó de representar el 27% en 1991 al 73% en 2014. En consecuencia, el arancel se ha reducido pero la protección comercial total ha aumentado.

Aun así, hay que destacar que, desde el año 2004, Colombia cuenta con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) cuya función es armonizar los requisitos, tramites y documentos exigidos por las entidades que intervienen en las operaciones de importación.

La SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) es la encargada del registro de marca, patentes, nuevas creaciones y otros signos distintivos que se pueden realizar tanto en línea (usuario SIPI) como en físico, esta última opción más costosa. También, como alternativa a registrar los productos en Colombia, se pueden realizar en Suiza con un registro mundial.  Para el registro sanitario tiene que haber un importador responsable ante el INVIMA y ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Aun así, se sugiere que el titular del registro sea la empresa española, ya que es la única que puede autorizar más importadores del mismo registro. 

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