Régimen arancelario y reglamentación

Régimen de comercio exterior.Tramitación de las importaciones

Procedimiento de Importación para Destino a Consumo: las personas físicas o jurídicas dedicadas a las actividades de importación requieren de una Licencia Comercial o Industrial, la cual es expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias. Las importaciones solamente pueden efectuarse a través de los puertos, aeropuertos y fronteras autorizados donde existen las oficinas de aduanas.

Los documentos requeridos para efectuar la importación de productos son los siguientes: declaración de importación, factura comercial, factura consular, conocimiento de embarque, guía aérea, lista de empaque, certificado de paz y salvo. El certificado de paz y salvo es un documento expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas que atestigua que el importador no debe impuestos al Gobierno Nacional.

Si al llegar el embarque faltan la factura comercial, la factura consular o el conocimiento de embarque, el importador puede obtener autorización para retirar el producto de la aduana, consignando un depósito de garantía, el cual es considerado como un pago provisional de los impuestos de importación. Este depósito de garantía incluye un recargo del 5% del valor por los documentos que faltan.

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Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

El Decreto Ley 1 de 2008 establece la siguiente clasificación de los regímenes aduaneros:

 

1. Regímenes aduaneros definitivos:

a. Importación.

b. Importación para el consumo.

c. Importación de mercancías con exoneración de tributos aduaneros.

d. Reimportación en el mismo estado.

e. Exportación.

f. Reexportación.

 

2. Regímenes aduaneros suspensivos:

a. Tránsito.

b. Depósito.

c. Trasbordo.

d. Admisión temporal para la reexportación en el mismo estado.

 

3. Regímenes aduaneros por operaciones industriales:

a. Reintegro.

b. Admisión temporal para el perfeccionamiento activo.

c. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo.

d. Reposición de inventario con franquicia arancelaria.

 

4. Regímenes aduaneros por excepción:

a. Régimen de viajero.

b. Menaje de casa.

c. Ferias con franquicia arancelaria.

d. Tráfico fronterizo.

e. Vehículos de turista.

f. Envíos de socorro.

g. Consumo a bordo o rancho.

 

5. Regímenes especiales:

a. Zonas francas.

b. Tiendas libres.

 

Nomenclatura Arancelaria.- La República de Panamá utiliza el Sistema Armonizado como nomenclatura arancelaria. La primera instancia en materia de clasificación arancelaria corresponde a la Autoridad Nacional de Aduanas.

Los aranceles o tipos impositivos con que están gravadas las mercancías presentan diferentes niveles:

- Las partidas arancelarias de importación prohibida, que se refieren a los productos de jugos y extractos de opio o marihuana para fines distintos del medicinal (13.03.01.02) y a los cohetes de pirotécnica (36.05.80.01).

- Las partidas arancelarias específicas como de importación restringida que se refieren a productos que requieren de una autorización especial por parte del organismo gubernamental correspondiente y comprenden los billetes de lotería extranjera, los vehículos blindados de combate, los barcos de guerra, los barcos de guerra destinados al desguace, las armas blancas distintas de las deportivas, las armas de guerra, las partes identificadas como de arma de guerra y los juegos con mecanismos para lugares públicos que premian con dinero o monedas.

- Tras la incorporación de Panamá a la OMC, los tipos de gravamen ad valorem que recoge el actual arancel panameño son cinco: 40%, 15%, 10%, 5% y 3%. El tipo más alto ha quedado para partidas sensibles que tendrán un desarme arancelario más lento (arroz, leche y derivados principalmente). En los tipos inferiores o iguales al 10% se engloba la gran mayoría de partidas, lo que viene a poner de manifiesto la significativa reducción arancelaria emprendida por Panamá en consonancia con los compromisos adquiridos internacionalmente.

- Toda mercancía que ingrese al país para su consumo es gravada con un 7% en concepto de impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) sobre el valor en aduana más el arancel que se hubiera aplicado. 

Valor Aduanero

La determinación del valor en aduana de la mercancía se regirá por las disposiciones del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y sus Anexos, que forman parte integrante de la Ley 23 de 1997; por los instrumentos del Comité Técnico, tales como opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, estudios y estudios de casos, que deben interpretarse y aplicarse conjuntamente con las disposiciones reglamentarias que desarrolle el presente Decreto Ley.

La determinación del valor en aduana debe basarse en criterios sencillos y equitativos, de conformidad con las prácticas comerciales, con base en datos objetivos y cuantificables.

Política de Exportaciones.- El Código Fiscal de Panamá establece que todos los productos nacionales pueden exportarse.

Trámites Necesarios para la Exportación.- Para realizar la exportación es necesario que el exportador comunique el propósito al Gobierno y presente a la Unidad Técnica de Trámites de Exportación del Viceministerio de Comercio Exterior los documentos necesarios para autorizar la exportación. Estos documentos son los siguientes: declaración de la exportación; factura comercial; certificado de origen; certificado fitosanitario para la exportación de productos agrícolas no procesados; permiso de exportación para productos vegetales y derivados; certificado de inspección de planta y producto, para los productos de origen animal; certificado veterinario de salud para la exportación de animales y subproductos; permiso zoosanitario para la exportación de animales y subproductos.

La exportación de otras mercancías también requerirá licencia cuando a juicio del Organo Ejecutivo sea necesario para controlar cualquier restricción de exportar o reexportar que se haya decretado.

Adicionalmente a los documentos necesarios para cualquier exportación, señalados en el punto anterior, la exportación de prendas de vestir a los Estados requiere de una licencia de exportación expedida por la Dirección General de Aduanas, de la anuencia o sello para exportar, estampado por el Ministerio de Comercio e Industrias y visado para la exportación por cada embarque, expedido por el Viceministerio de Comercio Exterior.

Reexportaciones.- Todas las mercaderías que hayan sido importadas a la República pueden ser reexportadas.

Incentivos Económicos e Institucionales.- Con el fin de incrementar el comercio exterior y fortalecer la balanza de pagos, así como fomentar la productividad, la generación de empleo y el desarrollo de la industria, se han ido aprobando un conjunto de leyes que ofrecen incentivos económicos e institucionales a los exportadores. Estos incentivos se contienen principalmente en las leyes siguientes:

-Ley 108 de 30 de diciembre de 1974.

-Ley 1 de 17 de marzo de 1986.

-Ley 2 de 20 de marzo de 1986 por la cual se establecen medidas e incentivos a favor de la producción y exportaciones agropecuarias.

-Ley 3 de 20 de marzo de 1986 por la cual se adopta un régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de la industria nacional y las exportaciones.

-Ley 9 de enero de 1989 sobre la pequeña y mediana empresa.

-Ley 32 de 2011 sobre zonas aduaneras.

-Ley nº 8 de 14 de junio de 1994 por la cual se promueven las actividades turísticas de la República de Panamá.

 

Zonas Libres Comerciales.- La Zona Libre de Colón (ZLC)

La Zona Libre de Colón fue creada mediante Decreto 18 de 17 de junio de 1948, con el propósito de explotar la posición geográfica de la República de Panamá en el fomento del comercio. Es una institución del Estado con personalidad jurídica propia y autonomía en su régimen interno, sujeta a la vigilancia e inspección del Organo Ejecutivo y de la Contraloría General de la República. Entre las principales características de la ZLC destacan las siguientes:

a)Toda persona natural o jurídica puede operar en la ZLC, sin necesidad de obtener licencia comercial ni tener un capital mínimo de inversión. Sólo requiere su registro a través de la autorización de operación que expide la Administración de la ZLC.

b) Todas las operaciones comerciales e industriales que se realicen en la ZLC están exentas de gravámenes fiscales, con excepción del impuesto sobre la renta.

c) Las mercaderías introducidas a la ZLC no pagan impuesto de introducción.

d) Las ventas desde la ZLC al mercado interno de la República de Panamá deben pagar el impuesto de introducción que rige para el territorio fiscal.

e) Desde la ZLC se puede importar y reexportar todo tipo de mercadería de cualquier país a excepción de las prohibidas por las leyes panameñas mencionadas anteriormente, tales como materias explosivas o inflamables, armas en general y estupefacientes.

f) No existe restricción en la cantidad de bienes o artículos que pueden ser importados a la ZLC.

g) No existe ningún tipo de impuesto, gravamen o restricción a la inversión extranjera ni se requiere factura consular para la introducción de mercaderías a la ZLC.

h) La codificación arancelaria que utiliza la ZLC se fundamenta en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), y se utiliza solamente para realizar los registros estadísticos del movimiento comercial. 

 

Respecto a las zonas libres de Panamá, hasta 2011 estuvo en vigor la Ley 25 (30 de noviembre de 1992) de Zonas Procesadoras para la Exportación (ZPE). Su objetivo era atraer inversión extranjera hacia actividades que generaran e empleos por capital invertido. Desde 2011, la Ley 32 de Zonas Francas derogó aquella Ley 25 y pasó a regular todas las zonas francas de Panamá. Actualmente existen 18 zonas francas que agrupan alrededor de 190 empresas. 

El Gobierno de Panamá permite dos formas para poder operar en las zonas libres de impuestos: con licencia de promotor y/u operador de zona franca; con licencia de empresa establecida en Zona Franca. Los beneficios de operar en zonas libres vienen por tres vías: incentivos fiscales, laborales y migratorios.

En lo que respecta al aspecto fiscal, en primer lugar, las empresas pueden beneficiarse de la exoneración de impuestos y derechos de importación. En segundo lugar, en el caso de las empresas con licencia de promotor, estos están exonerados del pago de impuestos sobre la renta en el arrendamiento y subarrendamiento. En tercer lugar, las empresas dedicadas a la prestación de servicios estarán cien por cien (100%) exentas del Impuesto sobre la Renta por sus operaciones exteriores y por sus operaciones entre sí.

En el caso de beneficios laborales, existen beneficios a la contratación y a la remuneración extraordinaria de horas extra entre otros.

Finalmente, los incentivos migratorios se concretan en facilidades de visados / residencia para el perfil de inversor, permisos temporales para asesores y personal de confianza de inversor entre otros beneficios para diferentes perfiles de trabajadores. 

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Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

La importación de ciertos productos, dependiendo de su naturaleza, requiere autorización de varias instituciones gubernamentales, tales como:

a) Departamento de Farmacias, Drogas y Alimentos (Ministerio de Salud)

Cualquier empresa dedicada a la importación, venta y/o distribución de productos farmacéuticos en general, productos veterinarios, suplementos vitamínicos y alimenticios, cosméticos, productos de limpieza e higiene personal, debe solicitar una licencia de salud y registrar su producto en la DNFD. Desde principios de 1997, y con el ánimo de aligerar la tramitación de los expedientes que requiere el registro (entre 9 y 12 meses), el Ministerio de Salud reconoce el registro fitosanitario efectuado en origen por una serie de países entre los que se encuentra España. Sin embargo, el Laboratorio Oficial de la DNFD puede efectuar también sus propios análisis y controles.

b) Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Este ministerio, conjuntamente con el Viceministerio de Finanzas y la Contraloría General de la República, forman la Comisión Especial que tiene la responsabilidad de estudiar las políticas de importación de materias primas para las actividades agropecuarias. La comisión autoriza la importación de materia prima de origen agropecuario por recomendación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. La importación de productos lácteos, maíz, cebolla, alubias blancas, lentejas y frijoles pintos sólo se autoriza una vez consumida la producción nacional.

c) Instituto de Mercadeo Agropecuario (I.M.A.)

Adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tiene como función proteger al productor agropecuario para que los productos se vendan en los mercados locales a precios y en condiciones adecuadas. Para tales propósitos, este instituto establece cuotas de importación a ciertos productos agropecuarios durante determinados períodos del año, de acuerdo con la disponibilidad local de tales productos.

d) Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

El Viceministerio de Comercio Exterior dentro del MICI es el encargado de la promoción del comercio exterior y verifica las importaciones realizadas bajo los Tratados Bilaterales de Libre Comercio y Acuerdos de Alcance Parcial de modo que sean procesados y aprobados de acuerdo con los requisitos de los tratamientos especiales aplicables a cada uno de ellos.

Este Ministerio autoriza además las importaciones de las maquinarias, equipos, repuestos, materias primas, componentes y productos semiprocesados de las industrias que por medio de diferentes leyes de incentivos o contratos tengan derecho a la exoneración del pago de los impuestos de importación.

e) Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos está adscrita al MINSA y es la entidad pública encargada de autorizar las importación de alimentos cumpliendo con las normas que exige el país. Desde agosto de 2015, los importadores y distribuidores pueden efectuar el registro telemático de los productos que quieran comercializar. 

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Barreras comerciales a bienes y servicios españoles

Barreras al acceso del mercado porcino

 Tras la ratificación en 2013 del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Centroamérica (AdA), Centroamérica se comprometía a aceptar los productos tratados en las plantas procesadoras de carne europeos que estuviesen autorizados por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria. Sin embargo, Panamá fue el único país que decidió realizar inspecciones en el país de origen. Una vez se creó un formato estándar para que todos los países miembros de la UE listaran sus establecimientos interesados en exportar a Panamá, AUPSA (el órgano regulador de seguridad alimentaria en Panamá) acordó aceptarlo y actualizarlo semestralmente.

Gracias a gestiones realizadas ante las autoridades panameñas, se logró el compromiso verbal por parte de AUPSA de que a comienzos de 2018 se procederían a efectuar en nuestro país las correspondientes auditorias de inspección como paso previo a la autorización de establecimientos interesados para la exportación. Sin embargo, a mediados de 2019 todavía no se han iniciado las visitas por parte de AUPSA.

Por otro lado, cabe destacar que en octubre de 2015, AUPSA prohibió la importación y comercialización de 83 variedades de helado en Panamá, medida que afecta a España (1 variedad de la marca Clesa y 16 variedades de Crestas Las Galletas SA). Estos helados, aunque no son perjudiciales para la salud, contienen grasa vegetal, ingrediente que no está permitido en la composición de dichos alimentos según el Decreto Ejecutivo Nº 229 de 16 de julio de 1969, que hasta la fecha no se aplicaba.

Según el MAPAMA, el flujo de exportación de carne cruda afectado es potencialmente considerable. Se siguen presionando a AUPSA para que realice inspecciones, teniendo en cuenta que las explotaciones de porcino necesitan encontrar nuevos mercados. El principal exportador de carne a Panamá es EEUU en el mercado porcíno, avícola y de embutidos y el segundo en el mercado bovino. Al igual que sucede con la UE, está en vigor un TLC entre Centroamérica y EE.UU.

 

Barreras a las licitaciones públicas

En cuanto a las licitaciones públicas, en ocasiones incorporan en sus pliegos condiciones que no se corresponden con el contenido del AdA, en lo que a compras públicas se refiere. Por un lado, hay casos en los que se fijan plazos para las convocatorias inferiores a los estipulados por el AdA. Por otro lado, en ciertas ocasiones, las licitaciones públicas están siendo discriminatorias (generalmente en favor de la empresa local) en lo que a capacidad técnica se refiere puesto que exigen haber ejecutado anteriormente en Panamá proyectos similares a aquel que es objeto de la licitación. En ambos casos, el origen del problema reside en la Ley 22 de contratación pública de Panamá (sobre la que se fundamentan las licitaciones), cuyo contenido en estos asuntos difiere de lo fijado en el AdA.

El 14 de marzo de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial una reforma de esta ley, dónde se equipara a lo acordado en el AdA.
 

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