Régimen arancelario y reglamentación

Régimen de comercio exterior.Tramitación de las importaciones

Filipinas es miembro de la OMC desde su creación en 1995.

El sistema arancelario filipino es el Philippine Standard Commodity Classification (PSCC). Su fuente es la Nomenclatura Arancelaria Armonizada de la ASEAN (AHTN), que a su vez está basada en el Sistema Armonizado (HS), en su versión de 2012. Mientras que en el Sistema Armonizado, también utilizado como base del TARIC europeo, la clasificación llega hasta los seis primeros dígitos, el AHTN define una clasificación arancelaria común que abarca los ocho primeros dígitos. Adicionalmente, los miembros de la ASEAN pueden ampliar la clasificación hasta los diez dígitos para conseguir una clasificación más precisa de sus productos.

a) Acreditación previa del importador

Desde el año 2001, existe un sistema de acreditación previa del importador, establecido por la ley RA (Republic Act) 9135, del mismo año. La regulación actual se especifica en la Customs Memorandum Order 04-2014. La solicitud de acreditación debe presentarse ante el Account Management Office (AMO), del Bureau of Customs (BOC), que sustituye al antiguo Interim Customs Accreditation and Registartion (iCARE).

La acreditación es válida por un año, y tiene un coste de 1.000 PHP (500 PHP en el caso de la renovación). Entre la documentación necesaria, (puede consultarse en su totalidad en  la web del DTI), destacan:

  • Permiso municipal (Mayor´s Permit and Barangay Clearance)
  • BIR Importer Clearance Certificate (BIC-ICC)
  • Community Tax Certificate
  • Número de identificación fiscal
  • Certificado de constitución del Securities and Exchange Commission

Tras la recepción de la solicitud de acreditación, un inspector comprobará la conformidad de la misma, y un evaluador recomendará o no la concesión de la acreditación. Este procedimiento no puede alargarse más de 15 días tras la recepción de la solicitud por parte del BOC. En el caso de la renovación, se entenderá concedida si tras 10 días de la cumplimentación de la documentación no hay ninguna comunicación sobre faltas en la misma.

El requisito de acreditación previa admite dos excepciones:

  • Agentes que realicen únicamente una importación al año
  • Actividades de importación especiales: las reguladas por la Special Economic Zone Act, RA 7916 de 1995, y las reguladas por la Bases Conversion Development Authority, RA 7227 de 1992.

b) Clasificación de productos: libres, reglamentados y prohibidos. Licencias de importación

Los fundamentos jurídicos principales de control y regulación de las importaciones son:

  • El Código de Aduanas y Aranceles de 1978, establecido por el Decreto Presidencial (PD) Nº 1964.
  • El Estatuto del Banco Central de Filipinas, contenido en la Ley de la República (RA) Nº 265, que fue modificada por el PD Nº 72.

No obstante, existe una regulación específica que clasifica las mercancías en 3 categorías, según el grado de restricción. Para ello, es necesaria la clasificación previa del producto según el Philippine Standard Commodity Classification Manual (PSCM). Dichas categorías son:

  • Productos de importación libre: No requieren la aprobación previa ni la conformidad de ningún organismo público. Todos los bienes no clasificados como prohibidos o reglamentados pertenecen a esta clasificación.
  • Productos reglamentados: Se exige la autorización o permiso de la agencia gubernamental apropiada o del Banco Central de Filipinas. La lista de productos y organismo responsable puede consultarse en la web del Department of Trade and Industry (DTI).
  • Productos prohibidos: son los productos cuya importación normalmente no está permitida de acuerdo con las leyes vigentes. No obstante, se pueden importar estos productos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de armas de fuego, se exige la aprobación de la Philippine National Police.

A continuación se detallan los productos reglamentados:

Productos reglamentados en Filipinas
Producto Documento requerido Regulación Agencia responsable
Frutas y verduras Certificado fitosanitario
Permiso de cuarentena
PD 1433
RA 7306
Bureau of Plant Industry
Plantas, sus derivados, y material de plantación
Aves y animales de pequeño tamaño
Organismos Genéticamente Modificados
Especies potencialmente peligrosas
Alimentos para animales Registro de producto
Permiso de cuarentena
RA 3720
RA 6675
RA 1556
Bureau of Animal Industry
Drogas veterinarias
Químicos para pesticidas Registro de producto PD 1144 Fertilizer and Pesticide Authority
Arroz Licencia PD 04
RA 8178
National Food Authority
Maíz
Cigarrillos Registro de producto EO 245 National Tobacco Administration
Cigarros puros
Tabaco
Azúcar (bruto y refinado) Licencia SO 12/2011 Sugar Regulatory Administration
Carne Permiso de cuarentena RA 9296 National Meat Inspection Service
Carbón y sus derivados Licencia DOE 95-08-008
DOE 95-001
National Coal Authority
Alimentos y bebidas Registro de producto RA 3720
EO 175
Food and Drug Administration
Productos farmacéuticos
Cosméticos
Deshechos peligrosos Licencia RA 6969 Environmental Management Bureau
Materiales reciclables
Ropa usada Certificado RA 4653 Department of Social Welfare and Development
Aparatos médicos Registro de producto RA 3720
EO 175
Bureau of Health Devices and Technology
Armas de fuego Licencia RA 7183
LOI 1264
Philippine National Police
Munición
Explosivos
Petardos
Productos pirotécnicos
Armas simuladas
Compuestos químicos para medicamentos Licencia RA 9135 Philippine Drug Enforcement Agency
Aparatos ópticos Licencia RA 9239 Optical Media Board
Vehículos Registro RA 4136 Land Transportation Office
Equipos de transmisión Registro EO 125A National Telecommunications Commission
Barcos Registro RA 7925
RA 3846
EO 125A
Maritime Industry Authority
Aviones Registro EO 125A Air Transportation Office
Motores de vehículos usados Licencia EO 156 Bureau of Import Services
Importaciones públicas Licencia LOI 1307
Donaciones Licencia EO 443
Neumáticos usados Licencia LOI 1086 Land Transportation Office
Vehículos con puesto conductor a la derecha Licencia RA 8506
Repuestos de vehículos Licencia CB Circular 1389
Detergentes industriales Licencia RA 8970 Bureau of Product Standards
Productos sujetos a homologación (ver punto 3) Licencia RA 4109
RA 7394
Sustancias radiactivas Licencia RA 2067
RA 5207
EO 128
Philippine Nuclear Research Institute
Bienes personales a declarar Declaración RA 8424 Bureau of Internal Revenue
Monedas y billetes por más de 10.000 USD Declaración RA 7653 Bangko Sentral
Metales preciosos Licencia RA 10365
Máquinas fotocopiadoras en color Licencia Circular 1389
Fuente: Trade Facilitation Division. Bureau of Import Services

Los productos prohibidos constan en la Sección 101 del Código de Aranceles:

Productos de importación prohibida en Filipinas
Dinamita, municiones y otros explosivos, armas de fuego y similares, excepto cuando sea autorizado
Artículos publicados o reproducidos que contienen asuntos de insurrección, rebelión, subversión o resistencia a las leyes del gobierno filipino.
Publicaciones, películas cinematográficas, fotografías, pinturas, dibujos etc. de un carácter obsceno e inmoral.
Artículos, instrumentos, drogas y sustancias para el aborto.
Máquinas para el juego y para la distribución de cigarrillos.
Billetes de lotería, anuncios, etc., excluyendo los autorizados por el gobierno.
Drogas narcóticas con marihuana, opio, cocaína, heroína, etc., y sus derivados.
Pipas para el opio y sus partes
Artículos de oro, plata y otros metales preciosos sin las marcas que definen la calidad del metal en el artículo.
Cualquier producto alimentario adulterado y/o desnaturalizado en violación de la Ley de Alimentación y Drogas.
Todos los artículos cuya importación esté prohibida por ley o por las reglas de implementación y regulaciones emitidos por los organismos competentes (modificado por el Decreto Presidencial nº 34)
Fuente: Departamento de Comercio e Industria

Antes de la presentación de los documentos necesarios para la importación de cualquier mercancía, el importador debe identificar el código de referencia del producto utilizando el PSCC. Para ello deberá presentar ante el Bureau of Customs (BOC) una declaración de entrada antes de 30 días desde que finalizó la descarga en puerto. De no respetarse este plazo improrrogable, se entenderá que se ha producido abandono de la mercancía, y esta será confiscada.

c) Despacho de aduanas y documentación necesaria

Filipinas utiliza un sistema integrado de gestión aduanera denominado Automated System for Customs Data (ASYCUDA, en su versión ++), que fue desarrollado en 1981 por la UNCTAD. Actualmente, es utilizado por 80 países, (Rumanía o Lituania en Europa, Bolivia o Venezuela en Sudamérica), para la gestión de las declaraciones en aduana, regímenes de tránsito y suspensión aduanera, así como para la elaboración de estadísticas. El sistema tiene en cuenta los códigos y estándares de ISO, de la Organización Mundial de Aduanas, y de la ONU.

A efectos de las inspecciones aduaneras y de los almacenamientos de entradas, el tratamiento que reciben las mercancías depende del Automated Cost Operation System (ACOS), operativo en los principales puertos del país, (Manila, Cebú o Batangas). Distribuye las importaciones según unos criterios de selección objetivos (como país o tipo de producto), de forma que se determina la necesidad o no de realizar examen físico y/o documental de las importaciones.

  • Supergreen lane: liberación automática de las mercancías, solo disponible para los mayores 1.000 importadores con un historial de ausencia de violaciones y /o sanciones.
  • Green lane: las importaciones no pasan control físico ni documental y se pueden recoger aproximadamente a las 4 horas de su entrada.
  • Yellow lane: hay examen documental y la mercancía es retenida 24 horas.
  • Red lane: examen físico y documental, con un periodo de espera en aduana de 2-15 días.

En los casos de Red Lane y Yellow Lane, puede realizarse un examen del precio de la mercancía respecto a los márgenes históricos del producto. Si se juzga el precio como excesivamente bajo, puede exigirse un pago adicional en la aduana. El importador puede conseguir, no obstante, la liberación provisional de la mercancía sin pagar este derecho extra inmediatamente.  

La documentación necesaria para la importación y el despacho en las aduanas filipinas es:

· Factura comercial

· Conocimiento de embarque (marítimo o aéreo)

· Certificado de origen, cuando sea necesario

· Packing list

· Declaración de Entrada de Importaciones (Import Entry and Internal Revenue Declaration, IEIRD, BC Form 236), que incluye la Declaración de Valor de la mercancía (Supplemental Declaration on Valuation, SDV), firmada por el importador o el agente de aduanas (una vez firmada, el importador se hace responsable de cualquier problema legal con las mercancías).

La documentación suele presentarse a través de las Agencias Bancarias Autorizadas (Authorized Agent Banks, AAB) por el BC. Los aranceles e impuesto resultantes de la importación se pagan también a través de estos AAB.

Existe un Comité de Clasificación y Valoración (Valuation and Classification Review Committee, VCRC) en cada distrito aduanero. Entre sus funciones, destacan:

  • Decisiones sobre el método correcto de valoración de determinadas mercancías
  • Redirigir mercancías a distintos canales de liberación de ACOS
  • Gestionar las solicitudes de liberación provisional de la mercancía

El importador es el responsable de la veracidad de los documentos presentados ante el VCRC. Este puede apelar las decisiones del Comité ante el Comisionado de Aduanas del distrito.

El importador está obligado a guardar la documentación referida a sus operaciones por un periodo de tres años tras la liberación de la mercancía, durante el cual las autoridades se reservan el derecho a realizar una auditoría. El incumplimiento supone una multa de entre 100.000 y 200.000 PHP y/o cárcel de 2 a 6 años.

Se aceptan los medios de pago más usuales en el comercio internacional: créditos documentarios, documentos contra pago, documentos contra aceptación, o transferencia bancaria. Para transacciones pagadas a través de crédito documentario, es necesario depositar en el banco el coste estimado de los aranceles antes de la apertura del crédito.

Según el PD 1466, todos los organismos públicos tienen la obligación de utilizar buques mercantes o líneas aéreas de bandera filipina para exportar o importar, siempre y cuando se utilicen fondos presupuestarios estatales o fondos con garantía estatal. También lo está toda empresa privada que realice una operación con cargo a un préstamo o garantía emitido por el Gobierno. El Philippine Shipper´s Bureau (BSP, dependiente del DTI), puede emitir una exención en el caso de la no disponibilidad de medios de trasporte de bandera filipina en tiempo o precio razonables.

c) Valoración en aduanas

La valoración en aduanas tiene como base legal la RA 9135 de 2011, desarrollada por los reglamentos CAO 5-2001 sobre pasos administrativos y CMO 2-2002 sobre la posibilidad de auditar las mercancías con posterioridad a su entrada por un plazo de tres años. Existen varios métodos, que se utilizarán sucesivamente si no es viable aplicar el inmediatamente anterior:

  • Valor de transacción. Se utilizará siempre que sea posible. Este valor se define como “el precio real pagado o por pagar en la venta del producto para su exportación a Filipinas, debidamente ajustado para incluir otros costes en que incurra el comprador, pero que no están incluidos en el precio”. Esto incluye: las comisiones y gastos aduaneros (excluyendo comisiones de los importadores), costes de contenedores, y costes de embalaje, el valor de materiales, componentes, piezas y artículos incorporados en el producto importado. Los royalties que el comprador debe pagar directamente o indirectamente, como condición de la importación. El coste de transporte del producto importado desde el puerto de origen hasta el puerto de entrada en Filipinas. Los gastos de carga, descarga y manipulación. Y el coste del seguro de la mercancía.
  • Valor de transacción de bienes idénticos. Valor de transacción de bienes con iguales características físicas y calidad, vendidos para exportación a Filipinas en el mismo o aproximado periodo de tiempo.
  • Valor de transacción de bienes similares. Las características físicas y de calidad son similares.

Los siguientes métodos pueden aplicarse de forma inversa por petición del importador:

  • Valor por deducción. La referencia es el precio de bienes idénticos o similares vendidos en el país, al que se le resta las comisiones del importador, el coste de transporte y seguro en Filipinas, y los aranceles y tasas pagados en razón de su importación.
  • Valor por agregación. Se calcula por la suma del coste de los materiales para la fabricación del bien, los márgenes de producción, y los costes de transporte y seguro hasta Filipinas.
  • Otros. Si no puede utilizarse ninguno de los anteriores métodos, se recurrirá a cualquier otro medio razonable que se base en datos disponibles en Filipinas. 

Si se retrasa la valoración de un artículo determinado, el importador puede solicitar su despacho después de presentar una fianza equivalente al valor de los aranceles e impuestos.

Todas las importaciones deben clasificarse en entradas formales e informales.

  • Informales: Todo artículo de carácter comercial cuya valoración no sobrepase los 2.000 PHP, así como efectos personales, son clasificados con esta entrada. No están exentos por ello del pago de aranceles y otras cargas.
  • Formales: Todas las mercancías con esta entrada deben estar cubiertas por un documento verificable que evidencie el pago de la transacción.

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Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

a) Aranceles

El arancel medio aplicado (de Nación Más Favorecida, NMF) ha roto con la tendencia de los últimos años y se ha reducido desde el 7,07% de 2009, al 6,2% de 2012.

Los productos más gravados son el azúcar de caña (65%), el arroz (50%) y el café (40%), lo que responde a la protección de los productores locales. La protección del maíz y el té se ha reducido notablemente desde 2009 (del 50% al 15% en el caso del maíz, y del 40% al 3% en el té). Es también el caso de las bebidas alcohólicas y el tabaco (de un promedio del 45% al 8%).

Otros productos que no se encuentran localmente, como maquinaria agrícola, metales o productos químicos, poseen en general aranceles muy reducidos, en torno al 1%-3%.

El organismo responsable de la recaudación de los aranceles es el Bureau of Internal Revenue (BIR), a través del control aduanero ejercido por el Bureau of Customs (BOC).

b) Acuerdos preferenciales

Filipinas forma parte de la Zona de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA) junto con Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Por ahora, solo se ha establecido un Arancel Común Preferencial Efectivo (CEPT) entre los países miembros. Se prevé su eliminación en 2015, con el establecimiento de la ASEAN Economic Community (AEC).

La ASEAN ha firmado ha firmado acuerdos con otros países, generalmente más desarrollados, por lo que este bloque suele tener un periodo de adaptación menos exigente:

  • Con Corea del Sur: AKFTA. El acuerdo ha sido ya implementado en su mayor parte.
  • Con Australia y Nueva Zelanda: AANZFTA. En 2020 el 100% de las exportaciones filipinas estarán libres de aranceles, y el 95% de los productos de la contraparte.
  • Con China: ACFTA. Cubre acuerdos sobre bienes, servicio e inversiones, pero hasta el momento solo ha sido liberalizado el comercio de gran parte de los bienes agrícolas.
  • Con India: AIFTA. En 2010 se alcanzó el acuerdo de libre comercio pero hasta 2012 no se ha dado luz verde a la inclusión de servicios e inversiones.
  • Con UE: AEUFTA. En 2011 se firmó un acuerdo de colaboración como base de las actuales negociaciones. Los sectores que podrían incluirse no están aún definidos.

Filipinas también ha firmado los siguientes acuerdos bilaterales:

  • Con Japón: JPEPA. Se trata de un Acuerdo de amplio espectro (compras públicas, competencia, etc).

c) Contingentes arancelarios

Las importaciones de maíz y azúcar, antes sujetas a contingentes arancelarios, han sido liberalizadas en los últimos años, si bien aún hay intervenciones de la National Food Authority (maíz) y de la Sugar Regulatory Administration (azúcar) para subsidiar los precios.

Actualmente, los productos sujetos a contingentes arancelarios son los siguientes:

Productos sujetos a contingentes arancelarios en Filipinas
Producto Arancel en contingente (%) Fuera de contingente (%)
Carne de cerdo 30 40
Carne de pavo 30 40
Café en grano 30 40
Café instantáneo 30 45
Fuente: Bureau of International Trade Relations y OMC

d) Importación temporal

La sección 105 del Código de Aduanas contiene todos los requisitos para que los productos importados temporalmente puedan beneficiarse de la exención total de aranceles. Entre estos artículos están:

  • Pescado capturado por buques filipinos.
  • Equipamiento para salvamento de buques o aviones.
  • Artículos reimportados en Filipinas tras ser reparados o reacondicionados.
  • Artículos importados para ser reparados o reacondicionados en Filipinas.
  • Artículos destinados exclusivamente para entretenimiento público, y aparatos que sirvan para proyectar o filmar películas.

e) Zonas Económicas Especiales

Entre las diversos tipos de ZEE que existen en Filipinas, las Zonas de Procesamiento de Exportaciones, (Export Processing Zone, EPZ), están dedicadas a la producción para la exportación, y disfrutan de la exención completa de aranceles e impuestos para la importación de materias primas y equipos necesarios para su producción. Existen 65 zonas de este tipo en Filipinas.

f) Medidas de defensa comercial

Existen restricciones cuantitativas para el arroz. La National Food Authority es el organismo gubernamental que controla las importaciones de arroz mediante el establecimiento de cuotas. Si bien la pertenencia a la OMC obliga al país a toda arancelización de la protección, Filipinas ha conseguido sucesivas prórrogas para adaptar esta regulación. Otros productos que han estado sujetos a cuotas, como el azúcar o el maíz, han sido ya arancelizados por completo, en virtud de la RA 8178.

El sistema que se sigue aplicando al arroz se basa en el Volumen Mínimo de Acceso (Minimum Access Volume, MAV), que es la cuota de importación anual. Los miembros en desarrollo de la OMC aplican generalmente un arancel inferior a las cantidades dentro del MAV, y uno superior a las cantidades en exceso. En el caso del arroz en Filipinas sería el 40% y el 50%, respectivamente. Sin embargo, en Filipinas no existe ese tramo de importación ilimitada fuera de cuota. En compensación a los países afectados, se asegura que una parte del MAV tenga un origen específico. Este mecanismo se denomina Country Specific Quota, (CSQ), y beneficia principalmente a Tailandia.

En los últimos años, Filipinas se ha comprometido a un MAV de 350.000 toneladas. En 2012, 163.000 toneladas pertenecieron al CSQ, y 187.000 toneladas a la cuota de origen libre. En 2014 también se importarán las mismas cantidades de MAV y CSQ.

Por último, se observa una disminución del déficit de este producto. Mientras en 2011 las importaciones ascendieron a 860.000 toneladas, en 2012 se redujeron hasta las 500.000 toneladas.

Las medidas de salvaguardia están reguladas por la RA 8800 de 2000. Se refiere al establecimiento de medidas de protección para la industria nacional ante el aumento significativo de importaciones de un producto que está creando o puede crear un perjuicio serio para esta.

La medida puede solicitarse por cualquier persona física o jurídica que represente a la industria nacional y que aporte documentación que evidencie el daño o su amenaza.

Tras una investigación preliminar por parte del Ministro del DTI de no más de 30 días, este puede ordenar medidas provisionales, en caso de una situación crítica, o trasladar sus recomendaciones a la Tariff Commission, que dispondrá de un máximo de 200 días para dar su recomendación al Ministro. Este puede refrendar o revocar la recomendación. Si se decide la adopción de medidas, estas pueden suponer la elevación o imposición de cualquier derecho sobre la importación, o una reducción de la cuota MAV o la imposición de esta, así como la creación de cualquier restricción cuantitativa.

El establecimiento de salvaguardias exige que el DTI determine primero el interés público de la medida, salvo en el caso de las medidas de salvaguardia especiales para productos agrícolas. En este caso, es suficiente con la elevación del volumen de las importaciones o la reducción de su precio, según unos niveles especificados en la RA 8800. El Ministro de Agricultura tiene la iniciativa.

Los importadores de los productos afectados están obligadas a depositar una fianza por el valor total de los aranceles a pagar, desde el mismo momento en que se aplique la medida, aunque ésta sea temporal.

La protección no puede establecerse durante más de cuatro años, siendo necesaria su revisión de forma anual.

Por lo que respecta a las medidas antidumping, se rigen por la RA 8752 de 1999. Según ésta, cuando un producto importado a un precio menor a su valor normal supone un perjuicio o amenaza para la industria local, para su desarrollo, o su establecimiento, el Ministro del TDI o el de Agricultura, en el caso de productos agrícolas, pueden imponer medidas anti-dumping, tras la investigación de la Tariff Commission. El valor normal es el precio de venta para consumo en el mercado del país exportador, y en el mismo periodo de tiempo, de un producto de similares características, bajo prácticas comerciales estándar. Cuando no pueda establecerse el valor normal, se aplicará la normativa del Artículo VI del GATT.

La solicitud de imposición de derechos anti-dumping puede ser presentada por cualquier persona física o jurídica que presente documentación probatoria y que represente a los productores de al menos el 25% de la producción nacional del artículo. Se considerará que la petición es en nombre de la industria nacional si dicha persona está apoyada por los productores de al menos el 50% de la producción nacional. También puede ser iniciada por los ministros del DTI y Agricultura.

Si procede la apertura de investigación, el Ministro informa al país exportador así como a todas las partes interesadas, dando al exportador la posibilidad de presentar evidencia que refute la práctica de dumping.

El Ministro determinará, en un plazo de 30 días tras recibir la documentación, si hay dumping. En tal caso, pedirá a la Tariff Commission que inicie una investigación formal, al tiempo que ordena al Comisario de Aduanas que establezca temporalmente la obligatoriedad de una fianza igual al valor estimado del derecho anti-dumping, más los aranceles aplicables, sobre el producto investigado. El derecho provisional solo puede extenderse por cuatro meses, ampliable a seis.

La Tariff Commission debe terminar su investigación antes de 120 días, (aunque puede quedar suspendida si el exportador le hace llegar su decisión de elevar el precio, hasta un nivel aceptado por la parte perjudicada).

Si la TC informa positivamente sobre la práctica de dumping, el Ministro ordenará en un plazo de 10 días el establecimiento de derechos anti-dumping definitivos. Si es necesario, se pueden exigir retroactivamente a productos importados hasta 90 días antes de la solicitud que inició el proceso. Las partes interesadas pueden recurrir a la Corte de Apelaciones Fiscales (Court of Tax Appeals), en los 30 días siguientes a la decisión del Ministro. Los derechos definitivos no pueden prolongarse por más de 5 años desde su establecimiento o desde la última revisión de la TC.

Si el dictamen de la TC es negativo, el Ministro debe ordenar inmediatamente la devolución de la fianza generada por la imposición provisional de derechos.

Finalmente, los derechos compensatorios se rigen por la RA 8751 de 1999. Cuando un producto importado recibe cualquier tipo de subsidio por parte de entes públicos del país de origen o de exportación, y ello supone un perjuicio o amenaza para la industria local, para su desarrollo, o su establecimiento, el Ministro del TDI o el de Agricultura, en el caso de productos agrícolas, pueden imponer medidas compensatorias, tras la investigación de la Tariff Commission.

La ayuda pública susceptible de derecho puede ser cualquier apoyo financiero directo o indirecto, como la exención de impuestos, o la provisión de bienes o servicios, siempre con un carácter específico hacia un producto determinado, y concebida para mejorar artificialmente su competitividad.

La solicitud de imposición de derechos compensatorios puede ser presentada por cualquier persona física o jurídica que presente documentación probatoria y que represente a los productores de al menos el 25% de la producción nacional del artículo. Se considerará que la petición es en nombre de la industria nacional si dicha persona está apoyada por los productores de al menos el 50% de la producción nacional. También puede ser iniciada por los ministros del DTI y Agricultura.

Si procede la apertura de investigación, el Ministro informa al país exportador así como a todas las partes interesadas, dando al exportador la posibilidad de presentar evidencia que refute el uso de subsidios. El Ministro determinará, en un plazo de 20 días tras recibir la documentación, si hay una subvención del producto. En tal caso, pedirá a la Tariff Commission que inicie una investigación formal, al tiempo que ordena al Comisario de Aduanas que establezca temporalmente la obligatoriedad de una fianza igual al valor estimado de la subvención directa o indirecta que recibe el producto. El derecho provisional solo puede aplicarse durante un máximo de cuatro meses.

La Tariff Commission debe buscar un subsidio específico, y una relación causal con el perjuicio sobre la industria nacional. La investigación no puede prolongarse por más de 120 días, aunque puede quedar suspendida si el exportador hace llegar a la TC su decisión de elevar el precio, o el Gobierno del otro país elimina la subvención, y la propuesta es aceptada por la Comisión.

Si la TC informa positivamente sobre la práctica de subsidio, el Ministro ordenará en un plazo de 10 días el establecimiento de derechos compensatorios definitivos. Si el derecho resulta inferior a la fianza anterior, el exceso debe ser devuelto inmediatamente al importador. Las partes implicadas pueden recurrir a la Corte de Apelaciones Fiscales (Court of Tax Appeals), en los 30 días siguientes a la decisión del Ministro. Los derechos definitivos no pueden prolongarse por más de 5 años desde su establecimiento o desde la última revisión de la TC.

Si el dictamen de la TC es negativo, el Ministro debe ordenar inmediatamente la devolución de la fianza generada por la imposición provisional de derechos.

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Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

Las bases legales son la RA 4109, o Philippine Standardization Law, y la RA 7394, o Consumer Act of the Philippines.

El Bureau of Products Standards (BPS) es el organismo dependiente del DTI encargado de las actividades relativas a la homologación, normalización, y certificación de productos en el mercado filipino. Su objetivo principal consiste en asegurar la calidad de los productos en el mercado filipino a través del desarrollo de normas técnicas, la realización de ensayos, y la certificación de productos, protegiendo así los intereses del consumidor.

El sistema de certificación del BPS se basa en la concesión de la marca Philippine National Standard (PNS) a aquellas empresas que cumplan con las normas nacionales e internacionales correspondientes. Suele basarse en las normas ISO, del que el BPS es miembro, si bien no todas son coincidentes (en muchos casos se orienta por normas específicas de otros países, especialmente Estados Unidos).

a) Homologación

El BPS publica la relación de productos sujetos a homologación, es decir, a certificación obligatoria del sistema PNS. Son materiales de construcción, material eléctrico y equipos electrónicos, productos químicos y productos de consumo. Por su parte, el Ministerio de Sanidad (Department of Health, DOH), se encarga de homologar juguetes, y aparatos y productos médicos.

Cada operación de importación de productos sujetos a homologación PNS debe tener el Certificado de Importación de Mercancía (Import Commodity Clearance, ICC). El ICC es emitido bien por el BPS, bien por la oficina provincial del DTI que corresponda. Únicamente en Metro Manila (National Capital Region, NCR), solo puede solicitarse al BPS. Dicho organismo puede realizar ensayos técnicos, mediante muestreos de las importaciones, para comprobar que la mercancía cumple con las homologaciones. El DTI puede ejercer dichas inspecciones aunque la mercancía importada haya obtenido un certificado de homologación emitido por un organismo extranjero.

b) Certificación

Los certificados, obligatorios o no, son extendidos por los Centros de Certificación (Conformity Assessment Bodies, CAB). Solo se reconocen oficialmente los certificados de los centros que estén acreditados ante el Philippine Accreditation Office (PAO), en el que desde 2009 delega el BPS el control de estos centros. El PAO publica en su web una lista con todos los centros acreditados, los productos sobre los que están autorizados a emitir certificados, y la fecha de expiración de su licencia.

A finales de 2006, el Ministerio de Agricultura estableció nuevas normas en lo referente a la acreditación de los productores extranjeros de carne de cerdo que exportan a Filipinas. Desde 2013, el Ministerio de Agricultura filipino permite que todo establecimiento cárnico español pueda seguir exportando productos frescos y derivados del porcino, siempre y cuando esté inscrito en la Lista Marco del MAGRAMA. Si no lo está, sus productos no podrán registrarse en Filipinas para ser importados.

Por tanto, el procedimiento de exportación de carne y productos cárnicos de porcino de España a Filipinas tiene estas fases: 1) Acreditación del establecimiento cárnico español, 2) Registro del producto/s que se quiere exportar por parte del importador filipino autorizado, 3) Obtención para cada envío por parte del importador del certificado sanitario para la importación (a modo de licencia), 4) Obtención para cada envío por parte del exportador del certificado sanitario para la exportación y 5) Envío y despacho en Aduanas.

c) Etiquetado

Según el Código Arancelario, (PD 1464), todos los productos importados deben tener una etiqueta en la que se indique claramente en inglés el nombre del producto, nombre y dirección del fabricante, número de unidades, y país de origen. Las mercancías que no cumplan con este requisito sólo pueden ser despachadas previo pago de un derecho de marcado por valor del 5% ad valorem.

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Barreras comerciales a bienes y servicios españoles

El nivel medio de los derechos arancelarios no es excesivamente alto, salvo para algunos productos agroalimentarios (entre el 40% y el 65%).

En ocasiones, las empresas exportadoras pueden encontrar dificultades para introducir el producto en el país derivadas de algunos obstáculos en los trámites aduaneros: requisitos documentales que cambian dependiendo del funcionario o del momento de presentación, lentitud en los trámites por una inspección exhaustiva o modificaciones de criterio injustificadas por parte de algunos funcionarios de aduanas bajo la evasiva de la preocupación del gobierno por la lucha contra el fraude.

Otro procedimiento que puede ser problemático es la obtención de certificados de importación. En ocasiones, se ha llegado a paralizar la emisión de estos documentos debido a las protestas de los productores locales y a la actitud proteccionista de la administración en ciertos sectores.

Asimismo, cabe mencionar la existencia de un régimen de licencias a la importación para determinados productos, principalmente relativos a aspectos de salud y seguridad.

Tal es el caso de la acreditación para exportar productos cárnicos a Filipinas. Desde 2002, España estaba acreditada como país (“acreditación de sistema”) para la exportación de carne de porcino y sus derivados. En 2006, un cambio legislativo obligó a que todos los países acreditados iniciaran un nuevo proceso de re-acreditación. Así, en 2008, España organizó un viaje de inspección pero el expediente de acreditación se extravió y nunca se llegó a tramitar, lo que también ocurrió con otros países europeos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de las instituciones españolas, se consiguió que España mantuviese su acreditación anterior para exportar cárnicos de porcino por un período de un año, desde agosto de 2013 a agosto de 2014.

El Departamento de Agricultura de Filipinas acordó con MAPAMA que sólo los establecimientos cárnicos registrados en la Lista Marco de MAPAMA podrían exportar a Filipinas. Esta lista fue derogada el 31 de diciembre de 2014 por el nuevo Real Decreto 993/2014, que establece los procedimientos y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación de carne. Se define que, a partir del 1 de marzo de 2016, es obligatorio disponer de un sistema de autocontrol específico para la exportación (SAE), certificado por un organismo independiente de control, para exportar productos cárnicos a Filipinas. Inicialmente, se había fijado un período transitorio para las empresas incluidas en la Lista Marco, que podrían seguir exportando hasta el 1 de julio de 2016, sin necesidad de SAE, y que se extendió tres meses más. Finalmente, en septiembre de 2016, MAPAMA publicó una nueva lista de establecimientos autorizados para exportar carne y derivados de porcino a Filipinas; este directorio incluye las empresas de la lista marco y las nuevas que se han incorporado de acuerdo al nuevo procedimiento.

En lo referente a otros tipos de carne, particularmente vacunoEspaña no cuenta con la acreditación para exportar sus productos a Filipinas. En 2010, se eliminó la prohibición de importar carne de bovino de España debido a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB); sin embargo, al no contar con la acreditación de exportador de carne de bovino a Filipinas no se puede introducir el producto en el país. MAPAMA cumplimentó y envió el necesario cuestionario veterinario a finales de 2017, dependiendo ahora del Departamento de Agricultura de Filipinas el envío de inspectores para acreditar los establecimientos. Existe una larga cola de espera para ello debido a la escasez de recursos tanto humanos como financieros. Desde la Oficina Comercial se está presionando para que España esté entre los primeros países a visitar. Incluso se ha propuesto en múltiples ocasiones reforzar tal pretensión mediante la organización de un viaje a España para el Secretario de Agricultura, quien se ha mostrado muy receptivo. Desde la Delegación de la UE se aboga por una acreditación comunitaria para éste y muchos otros productos.

La exigencia de acreditación se suma a otras barreras técnicas a la exportación de cárnicos como una normativa exigente en la manipulación de carne refrigerada y congelada así como el posible aumento en las tarifas de registro de productos, lo que está provocando las protestas de la UE y de Estados Unidos.

En marzo de 2016, se produjo una reclasificación arancelaria de la grasa de porcino, a través del Memorandum Order 2016-04-003 del 29 de marzo (Bureau of Customs). Como consecuencia, productos previamente incluidos en la partida 0209.10 (arancel del 5%) se consideran desde ahora carne de porcino, dentro de la partida 0203.29 (arancel del 40%). Esta cuestión, considerada incompatible con las normas de la OMC, se ha elevado al nivel de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio UE-Filipinas.

Existen diversos problemas asociados a la fiscalidad, como los problemas para recuperar saldos negativos de IVA o la no aplicación efectiva de tratados de doble imposición (se requiere autorización previa para aplicar un tipo reducido).

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Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación

No hay actualmente contingentes arancelarios en Filipinas.

Por el contrario, se exige una licencia de importación para diversos productos, como consta en el cuadro de productos reglamentados del epígrafe sobre Régimen de comercio exterior. Son arroz, maíz y azúcar, el carbón y sus derivados, munición y armas, componentes para medicamentos, aparatos ópticos, motores usados y repuestos de vehículos, así como fotocopiadoras en color y metales preciosos.

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