Régimen arancelario y reglamentación

Régimen de comercio exterior.Tramitación de las importaciones

Existe régimen de libertad comercial. Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de los EEUU y está sujeto a los mismos procedimientos de entrada, aranceles y medidas de protección comercial que los Estados Unidos. 

La aduana federal exigirá la presentación de una detallada factura comercial original en ingles, asimismo es necesario presentar un packing list o relación de contenido (o incluir esa detallada información en la factura), documento de transporte (conocimiento de embarque) y documento de entrada "Entry manifest" (Customs Form 7533). Para el pago de los arbitrios e impuestos indirectos locales ante la Hacienda puertorriqueña será necesaria también la presentación de una factura comercial original y del documento de transporte.

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Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de los EEUU, siendo la Aduana Federal de los EEUU la responsable de controla la entrada de mercancías a la isla.  

Con escasas excepciones las mercancías extranjeras pueden ser importadas libremente a Puerto Rico. El arancel que se aplica en Puerto Rico a las mercancías es el recogido en el “Harmonized Tariff Schedule of the United States” (HTSUS), su codificación coincide en sus seis primeros dígitos con la Nomenclatura Combinada Europea que es la utilizada para establecer el Arancel Aduanero Común. Para calcular el arancel correspondiente debe partir de esos primeros seis dígitos y lograr identificar la subpartida correspondiente a su producto de acuerdo a su definición. En función de las características del producto será posible establecer la subpartida del HTSUS en la que habrá que incluir el producto. La columna aplicable a España es la correspondiente a “General”.  

https://hts.usitc.gov/current

La valoración de las mercancías a la hora de establecer el arancel correspondiente se hace de acuerdo con el Valor en Aduana, que corresponde con el valor FOB (free on board). Con los costos de transporte y seguro no incluidos. Por ello en el caso de que en la factura se incluyan estos u otros costos deberá indicarse el tipo de Incoterm utilizado, a fin de que sea posible deducirlos.  

Las autoridades aduaneras de Estados Unidos aplican un 0,3464% en concepto de tasa de tramitación de mercancías (MPF), con un máximo de 485 dólares y un mínimo de 25 dólares, y una cuota de mantenimiento en puerto (HMF) del 0,125%, ambas calculadas sobre el valor “free on board” de los artículos importados.

Desde abril de 2011 la Autoridad de Puertos de Puerto Rico implanto un programa de seguridad que busca inspeccionar el 100% de la carga que llega al puerto de San Juan, estableciendo para sufragar los gastos de la inspección una tasa (Enhanced Security Surcharge) de 4 dólares por tonelada hasta un máximo de 69 dólares por contenedor; para toda carga que llega por vía marítima, independientemente de si es inspeccionada o no; la carga en bruto no tiene un limite máximo en el cobro de la tasa. En realidad los contenedores son inspeccionados por Hacienda que es la única agencia estatal autorizada a inspeccionar las mercancías que llegan a la isla.  

El IVU (Impuesto sobre la Venta y Uso) es un impuesto fijado sobre toda transacción de ventas al detal, uso, consumo o almacenamiento de cualquier producto tributable en Puerto Rico y sustituirá en la mayoría de los casos a los Arbitrios cobrados por Hacienda en aduanas (que siguen existiendo para el azúcar, combustibles, cemento, bebidas alcohólicas, tabaco y a los vehículos de motor). Desde el 1 de julio del 2015 el tipo general del IVU es del 11,5%.

El día 1 de agosto de 2014 se comenzó a cobrar en el puerto de entrada por parte de Hacienda la parte estatal del Impuesto de Ventas y Usos (IVU). Por ello se cobra en aduana la parte estatal del impuesto indirecto local, cuyo tipo es del 10,5%, y todo importador deberá abonarlo para poder disponer de la mercancía. 

Son de destacar por sus efectos sobre las exportaciones españolas las disposiciones fitosanitarias que afectan a las importaciones de frutas y hortalizas, así como las que se aplican a los productos cárnicos. Además de la Aduana Federal (Customs and Border Protection) otras agencias tanto federales como estatales pueden tener competencias sobre determinadas mercancías y exigir el cumplimiento de una reglamentación especifica.

A raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la seguridad y control en el acceso de mercancías se han hecho mucho más estrictos y esto ha tenido efectos como la Ley 2002 sobre Bioterrorismo, que requiere que se registre ante la FDA (Food and Drug Administration) toda empresa relacionada con la importación de alimentos (incluidos los fabricantes extranjeros) y notifique con antelación sus envíos. 

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Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

 

Además de las normas estatales puertorriqueñas existentes para determinados productos, todas las mercancías en Puerto Rico deben cumplir las normas establecidas por los organismos federales norteamericanos. En cuestiones técnicas y sanitarias se puede considerar que Puerto Rico es una extensión del mercado estadounidense.

En EE.UU. la normativa de homologación y certificación de productos no se encuentra centralizada sino repartida entre el Gobierno Federal, las autoridades estatales y municipales y un gran número de asociaciones del sector privado.

En referencia a productos agroalimentarios, los organismos federales más importantes son la Food & Drug Administration (FDA) del Departamento de Salud Federal que vela por la calidad de los productos comercializados (etiquetados correctos, residuos de pesticidas, aditivos, etc.) y el Animal & Plant Health Inspection Service (APHIS) del Departamento de Agricultura, que controla carnes y vegetales.

El 12 de junio de 2002 la Administración estadounidense publicó la Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo (Bioterrorism Act), que persigue incrementar la seguridad alimentaria nacional de Estados Unidos. A partir de la misma se exige el registro de los establecimientos que manufacturan alimentos previamente a la exportación a Estados Unidos (incluido Puerto Rico) y la notificación previa de los envíos.

La legislación sobre bioterrorismo es de aplicación en Puerto Rico, como lo es la necesidad de registrarse ante la FDA y de establecer un agente local. Los requisitos exigidos para actuar como agente o representante ante la FDA no son demasiados y en Puerto Rico en muchos casos tal función la ha adoptado el mismo importador o distribuidor de la mercancía.

Desde el año 2018 con la aplicación de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA), el marco normativo de la FDA ha experimentado cambios notables que afectan de forma particular a todas aquellas empresas que producen, procesan, envasan y/o almacenan productos alimentarios que serán consumidos en territorio estadounidense. Con la nueva normativa se da mayor importancia a los controles preventivos, que requieren que las instalaciones dentro de la cadena alimentaria, verifiquen que se estén controlando los riesgos y tomen medidas correctivas para evitar la contaminación de acuerdo a un plan específico de análisis de riesgos.

La normativa FSMA sobre los Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) para Importadores de Alimentos de Consumo Humano y Animales, requiere que los importadores tomen un papel activo a fin de verificar que los alimentos importados a los Estados Unidos se hayan producido de acuerdo a las normas estadounidenses.

Otros organismos federales significativos, son la Enviromental Protection Agency (EPA) que ordena el marco medioambiental (fertilizantes, aguas, insecticidas, residuos, etc.) y el National Institute of Standards and Technology (NIST) del Departamento de Comercio, para productos industriales, que se encarga de la acreditación de laboratorios privados y centralización de información sobre normalización a través del National Center for Standards and Certification Information (NCSCI).

En EE.UU. existe un gran número de entidades y asociaciones privadas que desarrollan normas de calidad voluntarias para un determinado sector (industrial standards) independientemente de que ya existan normas en el ámbito federal o estatal. Aunque estas normas son de carácter privado, y en principio voluntarias, en muchos casos acaban siendo de cumplimiento forzoso, en la medida en que los diferentes agentes del mercado así lo exijan como requisito previo a su comercialización y como garantía de calidad. Las principales pueden ser el American National Standards Institute (ANSI) y para la certificación de productos eléctricos, el Underwriters Laboratories, Inc (UL).

Desde febrero de 2016 el Departamento de Salud de Puerto Rico exige que cualquier producto natural (productos obtenidos de hierbas y plantas, incluidos suplementos nutricionales y aceites esenciales) que vaya a ser comercializado en Puerto Rico, se registre ante la División de Medicamentos y Farmacias.

En definitiva, Puerto Rico está básicamente sometido a las mismas normas de certificación y validación de productos que Estados Unidos.

 

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Barreras comerciales a bienes y servicios españoles

 Las competencias en asuntos de política exterior ya sean de naturaleza política, económica o comercial, corresponden al gobierno federal de Estados Unidos.

El acceso comercial a Puerto Rico plantea los mismos problemas que la exportación a los EEUU, es decir, principalmente barreras técnicas (estándares, etiquetado, requisitos fitosanitarios, etc). Principalmente se trata de problemas relacionados con la normativa sobre etiquetado y sanitaria, así como exigencias de homologación y certificación a determinados productos exigidos por la Industria. Esta problemática es idéntica a la que sufren los productos españoles para acceder al mercado estadounidense.

Altos costes del transporte entre EEUU y Puerto Rico debido a la Ley de Cabotaje, que obliga a que toda mercancía embarcada entre puertos de Estados Unidos (incluido Puerto Rico) debe ser transportada en barcos construidos en Estados Unidos, operados bajo bandera y con tripulación estadounidense, y que sean poseídos y operados por ciudadanos estadounidenses.

La “Ley de Productos Manufacturados de Puerto Rico”, ofrece una deducción en el pago de los impuestos societarios de las empresas que adquieran productos manufacturados en Puerto Rico para exportar. El crédito es por un 10% del valor de las compras y permitirá una reducción máxima del 25% en la carga contributiva; la ley extiende estos mismos incentivos a las empresas que adquieran productos puertorriqueños para uso y consumo local. Secciones 1040D y 1040E del Código de Rentas Internas de 2008.

La Ley Núm. 14 de 8 de enero de 2004, conocida como “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”, permite a las empresas y productos locales disfrutar de unos márgenes de preferencia (en el precio) respecto a los productos foráneos a la hora de participar en concursos de suministro para el Gobierno. Esta Ley provee márgenes de descuento preferencial, conocidos como parámetros de inversión, a los productos de empresas cualificadas para las compras que realiza el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de modo de que estas empresas puedan competir con ventaja dentro del mercado de suministros públicos.

Está en tramitación la Ley de preferencia para los contratistas o proveedores de construcción locales, que busca que en las subastas y licitaciones públicas se reserve un 15-20% de las contrataciones de adquisición y arrendamiento de bienes y servicios a los contratistas y proveedores locales.

La Ley 75 (Ley de Contratos de Distribución) que regula las relaciones entre el importador local y su proveedor en el extranjero es muy proteccionista, y las empresas exportadoras deben analizarla antes de entrar al mercado local.

Por la “Buy American Act”, las licitaciones dentro de Puerto Rico financiadas con fondos federales de los EEUU se ven sujetas a la necesidad de que los materiales empleados tengan procedencia estadounidense. No obstante existen algunas excepciones así como las limitaciones establecidas por el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC.

Otras barreras comerciales son:

  • Crédito fiscal por la compra de productos manufacturados y productos agrícolas puertorriqueños. Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011), en la sección 1051.09 (productos manufacturados).

  • Licencias de importación de bebidas alcohólicas. Es necesario contar con una licencia de importación (Licencia de Traficante Importador al por Mayor de bebidas alcohólicas) que concede el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011), en su sección 5022.01 recoge el coste de las licencias anuales.

  • Preferencia nacional en la contratación pública. La Ley Número 14 establece márgenes de descuento preferencial, conocidos como parámetros de inversión, a los productos de empresas locales para las compras que realiza el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de modo de que estas empresas puedan competir con ventaja dentro del mercado de compras del gobierno. Además, la Ley Nº42 de 21 de enero de 2018, establece la “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción” a fin de mejorar el porcentaje de reserva para empresas locales en caso de proyectos de construcción.  

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Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación

Existen barreras no arancelarias y numerosas normas y disposiciones de carácter técnico y sanitario para regular la entrada de productos agroalimentarios, farmacéuticos y cosméticos; así como aspectos relacionados con la seguridad de otro tipo de productos. Destacan las barreras no arancelarias consistentes especialmente en disposiciones fitosanitarias que afectan a las importaciones de productos hortofrutícolas y cárnicos.

Existen contingentes que limitan los productos extranjeros que acceden al mercado estadounidense bajo unas condiciones arancelarias preferenciales, como puede ser el caso de los quesos de vaca.

En algunos casos los productos de determinados países se someten a medidas antidumping, como ha ocurrido por ejemplo con las células fotovoltaicas de fabricación China. Como media de presión comercial EEUU ha recurrido recientemente a aranceles masivos sobre los productos de diversos países, particularmente México y China.

Por motivos de interés público, Estados Unidos aplica controles a las importaciones de gas natural. Las importaciones de productos básicos de las acerías están sujetas a licencias automáticas, con independencia de su origen. Según las autoridades estadounidenses, el requisito de licencias no limita la cantidad o el valor de las importaciones de acero sino que está concebido con fines estadísticos. Las licencias se expiden sin coste alguno para las personas que previamente se hayan registrado en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Desde comienzos del año 2018 la administración del Presidente Donald Trump ha comenzado a aplicar medidas antidumping y antisubvención a diversos productos procedentes de la Unión Europea que han tenido efectos sobre diversos productos españoles al acceder a través de Puerto Rico al territorio aduanero de los EEUU. La aceituna negra española esta sometida desde agosto de 2018 a un arancel del 34,75%, de igual manera desde el 1 de junio de 2018 y alegando motivos de seguridad nacional se ha impuesto un arancel del 25% al acero y del 10% al aluminio procedente de ciertos países, entre los que se incluye los integrantes de la Unión Europea.

Las restricciones cuantitativas y los controles para salvaguardar la salud de los consumidores o proteger la seguridad pública o el medio ambiente se aplican mediante prescripciones en materia de licencias no automáticas y abarcan: peces, animales silvestres, plantas, animales, productos de las plantas y los animales, estupefacientes, bebidas alcohólicas, tabaco, armas de fuego, explosivos, e instalaciones nucleares.

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