Régimen arancelario y reglamentación

Régimen de comercio exterior.Tramitación de las importaciones

En Uruguay rige una política general de libertad de importaciones, con algunas excepciones. La política en materia de importaciones se ha caracterizado tradicionalmente por la no discriminación y ausencia de limitaciones cuantitativas, la no aplicación de cuotas ni restricciones no arancelarias, con la excepción de los mecanismos de protección a la producción nacional frente a prácticas de comercio consideradas desleales.

Una novedad del régimen de comercio exterior en Uruguay fue la creación y puesta en marcha de la ventanilla única de comercio exterior, con el objetivo de facilitar el comercio internacional y el transporte. Por medios electrónicos posibilita unificar la información y documentación en un sólo punto de entrada que cumple con todos los requisitos de la importación. También es válido para el régimen de las exportaciones y del tránsito.

a) Procedimiento aduanero

Las operaciones de importación están definidas en el Código Aduanero Uruguayo. Los procedimientos de importación se aplican de la misma forma a todas las fuentes y a todos los regímenes de importación, incluyendo admisión temporal e importaciones en zonas francas.

Las operaciones de introducción de mercancías deben gestionarse a través del Documento Único Aduanero -DUA (su coste de tramitación es el 0,2% del valor CIF de las mercancías importadas, con un máximo de US$ 50). En este ámbito, se incluye asimismo la denominada “Solicitud del Permiso de Importación”, cuyo coste puede variar entre US$ 12 y US$ 600 según el valor de la importación. Las gestiones administrativas deben realizarse ante la Dirección Nacional de Aduanas  exclusivamente a través de un Despachante de Aduana (Agente de Aduanas).

Todos los importadores (así como los exportadores y todos los demás operadores de negocios) deben inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. Además, rigen numerosas prescripciones de registro referentes a determinados productos, entre ellos: insecticidas, bactericidas y fungicidas de uso agrícola, equipos médicos, dispositivos terapéuticos, cristales oftálmicos, reactivos de diagnóstico, y bebidas. El registro de los medicamentos y demás productos afines, materias primas, medicamentos semielaborados y cosméticos de uso humano tiene validez por cinco años; los demás registros no tienen límite de tiempo. Mención especial merece la inexistencia de un Sistema Nacional de Regulación Alimentaria. Aunque existe un Reglamento Bromatológico Nacional, los alimentos deben registrarse en los Servicios de Regulación Alimentaria (Bromatología) de cada una de las Intendencias Municipales donde el producto desearía venderse, con la consiguiente multiplicación de trámites y el pago de las tasas correspondientes.

Hay tres canales de inspección: rojo, naranja y verde. En el caso del canal verde, las mercancías se entregan de inmediato sin ningún control de la documentación ni verificación del valor en aduana; en el del canal naranja las mercancías son objeto de control de la documentación (lo que incluye el análisis del valor en aduana); y en el caso del canal rojo las mercancías son objeto de control de la documentación e inspección física.

b) Valor en aduanas.

El valor en aduana se determina de conformidad con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/20-val.pdf). Existen disposiciones especiales para bienes de capital, informática y telecomunicaciones, así como para los soportes informáticos, para los cuales sólo se tiene en cuenta el valor del soporte informático (con exclusión de los datos o instrucciones).

c) Normas de origen.

Se distinguen las siguientes normas de origen preferenciales: el régimen general de normas de origen de ALADI, las normas de origen específicas de los Acuerdos de Alcance Parcial de ALADI, y el régimen de normas de origen de MERCOSUR. No existen normas de origen no preferenciales.

En el marco de la ALADI, en los acuerdos que no definen sus propias normas de origen se aplican las normas de origen generales de la ALADI (http://www.aladi.org).

Las normas de origen del MERCOSUR pueden ser generales o específicas (http://www.mercosur.int). De acuerdo con las normas generales, los productos tienen que haber sido obtenidos o elaborados con una integración intrazonal no menor al 60%. Rigen normas especiales para los productos químicos, de acero, de telecomunicaciones e informáticos, y los lácteos, papel, textiles y calzado.

Además del MERCOSUR, Uruguay mantiene otros acuerdos comerciales en el marco de la ALADI: acuerdos del MERCOSUR con Chile; Bolivia; México (únicamente para la industria del automóvil), Perú, Colombia y Ecuador; y el Tratado de Libre Comercio de Uruguay con México.

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Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

Uruguay pertenece a MERCOSUR, y por tanto, aún con ciertas excepciones, son de aplicación los aranceles correspondientes a la totalidad del bloque. En MERCOSUR aún se aplica el doble cobro de arancel externo común para exportaciones intrabloque de mercancías de terceros países, lo que limita la distribución regional.

Distinguimos dos regímenes específicos: zonas francas e importaciones temporales.

El régimen de zonas francas fue instaurado en 1934. En el Código Aduanero (Ley Nº 15.691 de 7 de diciembre de 1984), las zonas francas son definidas como enclaves aduaneros, por lo que no integran el territorio aduanero. Dada su importancia en Uruguay, se presenta un resumen de su normativa, sus principales características operativas y sus principales beneficios.

Marco Jurídico: Ley 15.921 de 17 de Diciembre de 1987 y su Decreto reglamentario, Dec. 454/988; Ley 17.292 de 25 de Enero de 2001; Ley 17.781 de 3 de Junio de 2004;. Decisiones 6/94 y 8/94 del Consejo Mercado Común (CMC) del MERCOSUR.

La administración, supervisión y control de las zonas francas están a cargo del Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del MEF (http://www.zfrancas.gub.uy). Las empresas interesadas en la administración de una zona franca deben presentar su solicitud ante el MEF, quien previo asesoramiento de la Comisión Honoraria Asesora, que se pronuncia respecto de la ubicación de la zona franca, y adjuntando los dictámenes del Área Zona Francas, eleva el expediente para resolución del Poder Ejecutivo.

Características operativas. Principales beneficios:

  • Posibilidad de desarrollar todo tipo de actividades: industriales, comerciales o de servicios.
  • Exención de todo tipo de tributo nacional, incluso de aquellos tributos en que por ley se requiere aprobación específica. A modo de excepción, no están eximidos del IRAE los dividendos o utilidades acreditados o pagados a personas físicas o jurídicas del exterior, cuando se encuentren gravados en el país de residencia y exista crédito fiscal en el mismo por el impuesto abonado en Uruguay.
  • El Estado garantiza por Ley el mantenimiento de todas las exenciones impositivas durante un plazo mínimo de 25 años.
  • No rigen los monopolios estatales (telefonía fija, seguros de trabajo, combustibles, etc.).
  • Exención de aportes al sistema de seguridad social para el personal extranjero, que puede representar hasta un 25% de la plantilla, ampliable mediante autorización, si se trata de mano de obra altamente cualificada.
  • Libertad financiera y cambiaria. Posibilidad de acceso a menores costes a los servicios de las instituciones financieras instaladas en las zonas francas.
  • Exenciones de gravámenes sobre la mercancía. Las mercancías introducidas a zonas francas, cualquiera que sea su origen, están exentas de todo tributo a la importación.
  • Los productos elaborados en zonas francas pueden salir en cualquier momento y están exentos de todo tributo sobre la exportación.
  • Las mercancías que proceden de territorio nacional no franco y son introducidas a zonas francas están sujetas a todas las normas vigentes aplicables a la exportación.
  • Las mercancías introducidas desde las zonas francas al territorio nacional no franco se consideran importaciones a todos los efectos.
  • Las zonas francas de Uruguay constituyen enclaves aduaneros. La Dirección Nacional de Aduanas no tiene competencia al interior de las mismas y su actividad se limita al control de la entrada y la salida de las mercancías. La administración, supervisión y control de las zonas francas están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Libre permanencia de la mercancía en depósitos, sin plazos máximos ni mínimos.

El régimen de origen vigente para los bienes producidos en zonas francas es el mismo que se aplica en todo el territorio del MERCOSUR (60% de valor agregado regional en el valor FOB). Sin embargo, cuando los bienes procedentes de Zona Franca tengan como destino final alguno de los países del MERCOSUR, si bien no pierden su origen, a efectos de la tributación recibirán el mismo tratamiento que los bienes de origen extra – MERCOSUR y, por lo tanto, abonarán el Arancel Externo Común (AEC) sobre el valor final del producto.

  • Admisión temporal – Draw back.

Los regímenes de Admisión Temporal, Toma de Stock y Draw Back están reglamentados por el Decreto 505/009 de 3 de noviembre de 2009 que reglamenta la Ley 18.184 de 27 de octubre de 2007 y son gestionados por el Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU): www.latu.org.uy

La Admisión Temporal es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercancías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional, con un fin determinado ajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro determinado plazo, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra. El régimen de Admisión Temporal es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen temporalmente para su reparación, mantenimiento o actualización.

Se entiende por Toma de Stock la posibilidad de reponer bienes importados en régimen general, por la importación de similares, libres de tributos y gravámenes, cuando los mismos se hayan utilizado como insumo para transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados en el país, con efectiva ocupación de mano de obra de productos exportados.

Por régimen Devolutivo ó Drawback se entiende la posibilidad de reclamar la restitución de tributos y gravámenes abonados por la importación en régimen general, con posterioridad a la exportación de las mercancías correspondientes, de todas aquellas mercancías que, por definición, puedan importarse en admisión temporal.

La importación de estos bienes por un plazo de hasta 18 meses normalmente es autorizada en pocos días y no puede ser denegada por las autoridades en base a la existencia de producción local de los mismos bienes.

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Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

El Sistema Uruguayo de Acreditación, Normalización, Certificación, Calibración y Ensayo (SUANCCE; decreto 285/997) regula los estándares de calidad en el país. El sistema presenta en su primer nivel al Comité Nacional de Normalización y Acreditación y, en un segundo nivel, reconoce a un Organismo de Normalización (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas –UNIT, www.unit.org.uy;), que redacta y publica las normas técnicas y dispone de acuerdos de colaboración y reconocimiento mutuo con AENOR; así como a un Organismo de Acreditación (Organismo Uruguayo de Acreditación –OUA-), responsable de la acreditación de laboratorios de calibración y ensayo de los organismos de certificación de sistemas de la calidad, productos, servicios y proceso, y de los auditores.

El SUANCCE tiene el cometido de garantizar que las actividades de evaluación de la conformidad efectuadas por instituciones nacionales se remitan a las exigencias de las normas internacionales. Las normas técnicas que derivan del SUANCCE aún son de cumplimiento voluntario. No obstante, las empresas/productos deben cumplir con aquellas disposiciones vigentes o que se dicten en el futuro con carácter obligatorio, en los que se establezcan especificaciones técnicas, exigencias sanitarias, requisitos de calidad o adecuación a estándares internacionales.

Se destaca asimismo al Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU, http://www.latu.org.uy), que tiene competencia en la certificación de calidad obligatoria de diversos productos de exportación (alimentos, productos industrializados, etc), en la habilitación de plantas elaboradoras de alimentos así como en la certificación de calidad de alimentos importados.

Por último, cabría mencionar el Instituto Nacional de Calidad (INACAL – www.inacal.org.uy), persona jurídica de derecho público no estatal, creado por el Artículo 175 de la Ley Nº 17.930, en Diciembre de 2005, que orienta y coordina las acciones de un Sistema Nacional de Calidad. Su Consejo Asesor está integrado por el sector público (un representante de cada uno de los siguientes organismos: Ministerio de Economía y Finanzas; Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Congreso Nacional de Intendentes; Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública) y el sector privado (un representante de cada una de las siguientes instituciones: Cámara de Industrias de Uruguay; LATU; UNIT y la Universidad Católica).

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Barreras comerciales a bienes y servicios españoles

El alto nivel del Arancel Externo Común para bienes de consumo (20%), junto a un mercado pequeño y una elevada complejidad aduanera puede tener un importante efecto de disuasión del comercio (especialmente en alimentos, donde se añade los estrictos requisitos fitosanitarios y la complejidad de los registros bromatológicos). Parte significativa de los pagos se realiza antes de desaduanar, lo que aumenta la repercusión de los gastos en Aduana sobre el precio final de entrada.

Uruguay sigue manteniendo la tasa consular (recargo aplicado a las importaciones de un 5% sobre el precio CIF), a pesar de las promesas reiteradas de su desaparición. De hecho en este recargo se elevó en el año 2017 , pasando del 2% al 5% para los productos españoles y de aquellos países no pertenecientes al Mercosur que se han visto  gravados en un 3%  adicional  (para los países miembros del Mercosur esta tasa pasa a ser del 3%). Esta modificación fue aprobada en trámite parlamentario, y ha entrado en vigor el 1º de enero de 2018

A las importaciones de derivados del cerdo, aparte requisitos excesivamente exigentes para las de productos procesados de corta maduración, y adicionalmente existe el problema de que Uruguay no admite la regionalización, por lo que una epidemia en un lugar de un país da lugar a medidas contra la totalidad de las importaciones del producto de ese país. 
 

 

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Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación

En realidad, puede decirse que las barreras no arancelarias no son un problema para el ingreso de las mercancías a Uruguay, siendo la principal barrera comercial el alto nivel del Arancel Externo Común vigente para bienes de consumo (20%) que, junto a un mercado pequeño y a una elevada complejidad aduanera puede tener un importante efecto de disuasión del comercio (especialmente en alimentos por la complejidad de los registros bromatológicos). Una parte significativa de los pagos debe realizarse antes de desaduanar una mercancía, lo que aumenta la repercusión de los gastos arancelarios sobre el precio final de entrada. 

Existen, sin embargo, algunas prácticas que sí pueden ser consideradas como barreras comerciales no arancelarias.

Así, Uruguay sigue manteniendo la tasa consular (recargo aplicado a las importaciones de un 2% sobre precio CIF), a pesar de las promesas reiteradas de su desaparición.  La razón de su imposición realmente ha dejado de existir, pues se trataba de pagar los horarios extraordinarios que debían hacer los funcionarios de Aduanas, algo que ya no ocurre por la informatización de todos los procesos.

En cuanto a las importaciones de derivados del cerdo, aparte requisitos excesivos para la importación de productos procesados de corta maduración, se da el problema de que Uruguay no admite la regionalización, por lo que una epidemia en un lugar de un país da lugar a medidas contra la totalidad de las importaciones del producto de ese país.

Existen otros obstáculos, pero que no inciden realmente en la exportación española, como por ejemplo:

  • Prohibición de importación de vinos en botellas de capacidad superior a 1 litro.
  • Exigencia de que todas las harinas importadas estén fortificadas.
  • A fines de octubre de 2012 se publicó un Decreto declarando obligatoria la inspección por parte del Instituto Nacional del Vino (INAVI) de todas las importaciones de vino, con los costes de la inspección a cargo del importador. Ello implicará, si no rechazos, retrasos en el despacho a plaza del producto y algún incremento del precio derivado del pago de los mencionados costes.

En materia de compras públicas (Uruguay no es signatario del Acuerdo OMC), la preferencia nacional se sitúa entre el 10 y el 20% aunque puede elevarse, en el caso de microempresas, incluso por encima del 40%.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
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