Régimen arancelario y reglamentación

Régimen de comercio exterior.Tramitación de las importaciones

En Uruguay rige una política general de libertad de importaciones. La política en materia de importaciones se ha caracterizado tradicionalmente por la no discriminación y ausencia de limitaciones cuantitativas, la no aplicación de cuotas ni restricciones no arancelarias, con la excepción de los mecanismos de protección a la producción nacional frente a prácticas de comercio consideradas desleales.

Sin embargo, los niveles de protección arancelaria son muy elevados, resultando en un nivel general de precios muy elevado en Uruguay (que importa casi la totalidad de su consumo no alimentario). El nuevo gobierno de Lacalle Pou tenía la intención de rebajar los niveles de precios, facilitando las importaciones, bajando costes de insumos productivos (i.e. la energía) y aumentando la competencia, aunque en el contexto actual no ha habido muchos avances. La entrada en vigor del Acuerdo UE-Mercosur, una vez ratificado, sin duda podrá ser de mucha ayuda en ese empeño, pero podría tardar varios años, teniendo en cuenta su actual rechazo por parte de varios países europeos por cuestiones medioambientales. Además, una vez ratificado en el Parlamento Europeo, debería serlo a su vez en los parlamentos nacionales de cada Estado Miembro, así como en el Parlamento de Uruguay.

La puesta en marcha de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) tiene el objetivo de facilitar el comercio internacional y el transporte. Se trata de un instrumento implantado desde 2005 y, a través de medios electrónicos, posibilita unificar la información y documentación en un sólo punto de entrada que cumple con todos los requisitos de la importación. También es válido para el régimen de las exportaciones y del tránsito. 

a) Procedimiento aduanero

Los procedimientos de importación se aplican de la misma forma a todas las fuentes y a todos los regímenes de importación, incluyendo admisión temporal e importaciones en zonas francas. Las operaciones de importación están definidas en el Código Aduanero Uruguayo.

Las operaciones de introducción de mercancías deben gestionarse a través del Documento Único Aduanero -DUA- (su coste de tramitación es el 0,2% del valor CIF de las mercancías importadas, con un máximo de US$ 50). Las gestiones administrativas deben realizarse ante la Dirección Nacional de Aduanas exclusivamente a través de un Despachante de Aduana (Agente de Aduanas), lo que incrementa los costes de la importación de partidas pequeñas.

Todos los importadores (así como los exportadores y todos los demás operadores de negocios) deben inscribirse en el Registro Único Tributario. Además, rigen numerosas prescripciones de registro referentes a determinados productos, entre ellos: insecticidas, bactericidas y fungicidas de uso agrícola, equipos médicos, dispositivos terapéuticos, cristales oftálmicos, reactivos de diagnóstico, y bebidas. El registro de los medicamentos y demás productos afines, materias primas, medicamentos semielaborados y cosméticos de uso humano tiene validez por cinco años; los demás registros no tienen límite de tiempo. Mención especial merece la inexistencia de un Sistema Nacional de Regulación Alimentaria. Aunque existe un Reglamento Bromatológico Nacional, los alimentos deben registrarse en los Servicios de Regulación Alimentaria (Bromatología) de cada una de las Intendencias Municipales donde el producto desearía venderse, con la consiguiente multiplicación de trámites y el pago de las tasas correspondientes.

Hay tres canales de inspección que se asignan aleatoriamente: rojo, naranja y verde. En el caso del canal verde, las mercancías se entregan de inmediato sin ningún control de la documentación ni verificación del valor en aduana; en el del canal naranja las mercancías son objeto de control de la documentación (lo que incluye el análisis del valor en aduana); y en el caso del canal rojo las mercancías son objeto de control de la documentación e inspección física. 

b) Valor en aduanas.

El valor en aduana se determina de conformidad con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC. Existen disposiciones especiales para bienes de capital, informática y telecomunicaciones, así como para los soportes informáticos, para los cuales sólo se tiene en cuenta el valor del soporte informático (con exclusión de los datos o instrucciones).

c) Normas de origen.

Existen diferentes normas de origen preferenciales, que son: el régimen general de normas de origen de ALADI, las normas de origen específicas de los Acuerdos de Alcance Parcial de ALADI, y el régimen de normas de origen de MERCOSUR. No existen normas de origen no preferenciales.

En el marco de la ALADI, en los acuerdos que no definen sus propias normas de origen se aplican las normas de origen generales de la ALADI.

Las normas de origen del MERCOSUR pueden ser generales o específicas. De acuerdo con las normas generales, los productos tienen que haber sido obtenidos o elaborados con una integración intrazonal no menor al 60%. Rigen normas especiales para los productos químicos, de acero, de telecomunicaciones e informáticos, y los lácteos, papel, textiles y calzado.  

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Aranceles y otros pagos en frontera. Regímenes económicos aduaneros

Podemos distinguir dos regímenes específicos: zonas francas e importaciones temporales.

Zonas francas.

Las zonas francas son definidas como enclaves aduaneros, por lo que no integran el territorio aduanero (Código Aduanero, Ley N.º 15.691 de 7 de diciembre de 1984). El régimen de zonas francas fue instaurado en 1934.

La administración, supervisión y control de las zonas francas están a cargo del Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del MEF. Las empresas interesadas en la administración de una zona franca deben presentar su solicitud ante el MEF, quien previo asesoramiento de la Comisión Honoraria Asesora, que se pronuncia respecto de la ubicación de la zona franca, y adjuntando los dictámenes del Área Zona Francas, eleva el expediente para resolución del Poder Ejecutivo.

El marco jurídico de las zonas francas está compuesto por: la Ley 15.921 de 17 de Diciembre de 1987 y sus Decretos reglamentarios 454/988 y 309/018; la Ley 17.292 de 25 de Enero de 2001; la Ley 17.781 de 3 de Junio de 2004; y las Decisiones 6/94 y 8/94 del Consejo Mercado Común (CMC) del MERCOSUR. 

Características operativas y principales beneficios: 

  • Posibilidad de desarrollar todo tipo de actividades: industriales, comerciales o de servicios.
  • Exención de todo tipo de tributo nacional, incluso de aquellos tributos en que por ley se requiere aprobación específica. A modo de excepción, no están eximidos del IRAE los dividendos o utilidades acreditados o pagados a personas físicas o jurídicas del exterior, cuando se encuentren gravados en el país de residencia y exista crédito fiscal en el mismo por el impuesto abonado en Uruguay.
  • El Estado garantiza por Ley el mantenimiento de todas las exenciones impositivas durante un plazo mínimo de 25 años.
  • No rigen los monopolios estatales (telefonía fija, seguros de trabajo, combustibles, etc.).
  • Exención de aportes al sistema de seguridad social para el personal extranjero, que puede representar hasta un 25% de la plantilla, ampliable mediante autorización, si se trata de mano de obra altamente cualificada.
  • Libertad financiera y cambiaria. Posibilidad de acceso a menores costes a los servicios de las instituciones financieras instaladas en las zonas francas.
  • Exenciones de gravámenes sobre la mercancía. Las mercancías introducidas a zonas francas, cualquiera que sea su origen, están exentas de todo tributo a la importación.
  • Los productos elaborados en zonas francas pueden salir en cualquier momento y están exentos de todo tributo sobre la exportación.
  • Las mercancías que proceden de territorio nacional no franco y son introducidas a zonas francas están sujetas a todas las normas vigentes aplicables a la exportación.
  • Las mercancías introducidas desde las zonas francas al territorio nacional no franco se consideran importaciones a todos los efectos.
  • Las zonas francas de Uruguay constituyen enclaves aduaneros. La Dirección Nacional de Aduanas no tiene competencia en el interior de las mismas y su actividad se limita al control de la entrada y salida de las mercancías. La administración, supervisión y control de las zonas francas está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Libre permanencia de la mercancía en depósitos, sin plazos máximos ni mínimos.

 

El régimen de origen vigente para los bienes producidos en zonas francas es el mismo que se aplica en todo el territorio del MERCOSUR (60% de valor agregado regional en el valor FOB). Sin embargo, cuando los bienes procedentes de Zona Franca tengan como destino final alguno de los países del MERCOSUR, si bien no pierden su origen, a efectos de la tributación recibirán el mismo tratamiento que los bienes de origen extra–MERCOSUR y, por lo tanto, abonarán el Arancel Externo Común (AEC) sobre el valor final del producto.

Admisión Temporal, Toma de stock y Draw back.

La Admisión Temporal es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercancías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional, con un fin determinado ajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro determinado plazo, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra. El régimen de Admisión Temporal es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen temporalmente para su reparación, mantenimiento o actualización.

La Toma de Stock da la posibilidad de reponer bienes importados en régimen general, por la importación de similares, libres de tributos y gravámenes, cuando los mismos se hayan utilizado como insumo para transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados en el país, con efectiva ocupación de mano de obra de productos exportados.

Por régimen Devolutivo ó Drawback se entiende la posibilidad de reclamar la restitución de tributos y gravámenes abonados por la importación en régimen general, con posterioridad a la exportación de las mercancías correspondientes, de todas aquellas mercancías que, por definición, puedan importarse en admisión temporal.

La importación de estos bienes por un plazo de hasta 18 meses normalmente es autorizada en pocos días y no puede ser denegada por las autoridades en base a la existencia de producción local de los mismos bienes. 

Los regímenes de Admisión Temporal, Toma de Stock y Draw Back están reglamentados por el Decreto 505/009 de 3 de noviembre de 2009 que reglamenta la Ley 18.184 de 27 de octubre de 2007 y son gestionados por el Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU). 

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Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

El Sistema Uruguayo de Acreditación, Normalización, Certificación, Calibración y Ensayo (SUANCCE; decreto 285/997) regula los estándares de calidad en el país. El sistema presenta en su primer nivel al Comité Nacional de Normalización y Acreditación y, en un segundo nivel, reconoce a un Organismo de Normalización, que redacta y publica las normas técnicas y dispone de acuerdos de colaboración y reconocimiento mutuo con AENOR, así como a un Organismo de Acreditación (Organismo Uruguayo de Acreditación –OUA-), responsable de la acreditación de laboratorios de calibración y ensayo de los organismos de certificación de sistemas de la calidad, productos, servicios y proceso, y de los auditores.

Con el objetivo de informar a los consumidores de las características más o menos saludables de los productos que consuman, un nuevo sistema de etiquetado de productos fue aprobado mediante decreto en agosto de 2018. Así, todos los alimentos que tengan un determinado porcentaje de sodio, azúcares, grasas o grasas saturadas incorporan una etiqueta que lo señala e indica su contenido. Las características de estas etiquetas y los niveles de las sustancias están recogidas en Decreto nº272/018 relativo al etiquetado de alimentos, del Ministerio de Salud Pública.  Si bien su entrada total en vigor estaba prevista para el 28 de junio de 2020, como consecuencia del impacto de la COVID-19 y justificándose en la priorización de otros asuntos de salud pública, su puesta en vigor se retrasó finalmente a febrero de 2021. También, se aprovechó la demora para cambiar criterios y hacer más laxos los requerimientos aplicables para el etiquetado.

El SUANCCE tiene el cometido de garantizar que las actividades de evaluación de la conformidad efectuadas por instituciones nacionales se remitan a las exigencias de las normas internacionales. Las normas técnicas que derivan del SUANCCE aún son de cumplimiento voluntario. No obstante, las empresas/productos deben cumplir con aquellas disposiciones vigentes o que se dicten en el futuro con carácter obligatorio, en los que se establezcan especificaciones técnicas, exigencias sanitarias, requisitos de calidad o adecuación a estándares internacionales.  

El Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) tiene competencia en la certificación de calidad obligatoria de diversos productos de exportación (alimentos, productos industrializados, etc.), en la habilitación de plantas elaboradoras de alimentos, así como en el análisis y certificación de calidad de alimentos importados.
 
También, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) orienta y coordina las acciones del Sistema Nacional de Calidad. Su Consejo Asesor está integrado tanto por el sector público (un representante de cada uno de los siguientes organismos: Ministerio de Economía y Finanzas; Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Congreso Nacional de Intendentes; Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública), como por el sector privado (un representante de cada una de las siguientes instituciones: Cámara de Industrias de Uruguay; LATU; UNIT y la Universidad Católica). INACAL es persona jurídica de derecho público no estatal, creado por el Artículo 175 de la Ley N.º 17.930, en diciembre de 2005.

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Barreras comerciales a bienes y servicios españoles

Arancel Externo Común para bienes de consumo (puede llegar hasta el 20%)

La tasa consular (recargo aplicado a las importaciones de un 5% sobre su valor CIF), a pesar de las promesas de desaparición. Se supone que es por servicio pero se trata de un arancel encubierto.

Tasas de la Dirección Nacional de Aduanas: 0,2% sobre valor CIF con el límite máximo legal de 50 USD y la T.S.E. (Tasa de Servicio Extraordinario)

Anticipos del Impuesto al Valor Agregado en las importaciones: en las importaciones de bienes gravados con la tasa básica (22%) para el mercado interno se ha de anticipar un 10% de dicho impuesto y en las de bienes gravados con la tasa mínima (10%) un 3%,

Tasa de Inspección del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU): que inspecciona por ley todos los alimentos, bebidas… y cobra 1,5% del valor CIF de la mercancía. Es también un arancel encubierto.

Honorarios de los agentes de aduanas: variable, en función del volumen de importaciones de las empresas, pero oscila entre el 1% y hasta el 3% del valor CIF.

Requisitos sanitarios: A las importaciones de derivados del cerdo, aparte de los requisitos fitosanitarios excesivamente exigentes para productos procesados de corta maduración, se añade el problema de que Uruguay no admite la regionalización, por lo que una epidemia en un lugar de un país da lugar a medidas contra la totalidad de las importaciones.
Hay que ver cómo afecta el Acuerdo de la Unión Europea con Mercosur a estas barreras.

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Barreras no arancelarias. Contingentes y licencias de importación

La principal barrera comercial es el alto nivel del Arancel Externo Común vigente para bienes de consumo (20%) que, junto a un mercado pequeño y a una elevada complejidad aduanera y administrativa puede tener un importante efecto de disuasión del comercio (especialmente en alimentos por la complejidad de los registros bromatológicos). Una parte significativa de los pagos debe realizarse antes de desaduanar una mercancía, lo que aumenta la repercusión de los gastos arancelarios sobre el precio final de entrada. Por otro lado, las barreras no arancelarias no son un problema para el ingreso de las mercancías a Uruguay, aunque existen prácticas que sí pueden ser consideradas como barreras comerciales no arancelarias.

Una barrera comercial no arancelaria es la tasa consular (recargo aplicado a las importaciones de un 5% sobre precio CIF). A pesar de las reiteradas promesas de su desaparición, este gravamen aumentó del 3% al 5% en 2018. La razón de su imposición ha dejado de existir, pues se justificaba en el pago de los horarios extraordinarios que debían hacer los funcionarios de Aduanas, algo que ya no ocurre por la informatización de los procesos, quedando sólo la razón del aumento de los ingresos del Estado, lo que en una coyuntura de aumento del déficit público hace difícil prever su reducción, y aún más su desaparición. En 2018 se acordó reducir dicha tasa a las importaciones de Chile al 3% y equipararlas así al del resto de países del Mercosur.

En cuanto a las importaciones de derivados del cerdo, se da el problema de que Uruguay no admite la regionalización, por lo que una epidemia en un lugar de un país da lugar a medidas contra la totalidad de las importaciones del producto de ese país. A esto también se le añaden requisitos excesivos para la importación de productos procesados de corta maduración.

Existen otros obstáculos, pero que no inciden realmente en la exportación española, como por ejemplo:

 

  • Prohibición de importación de vinos en botellas de capacidad superior a 1 litro.
  • Exigencia de que todas las harinas importadas estén fortificadas.
  • Obligatoriedad de inspeccionar todas las importaciones de vino repercutiendo los costes de la inspección al importador. Esta práctica se decretó en octubre de 2012 y es llevada a cabo por el Instituto Nacional del Vino (INAVI). Esto provoca rechazos, retrasos en el despacho a plaza del producto y algún incremento del precio derivado del pago de los mencionados costes.

En materia de compras públicas, Uruguay no es signatario del Acuerdo de la OMC (ACP). La preferencia nacional se sitúa entre el 10 y el 20% aunque puede elevarse, en el caso de microempresas, incluso por encima del 40%.

 

 

 

 

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