Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Angola es un país que busca cambiar sus fuentes de ingresos, que se esfuerza en atraer inversión directa procedente del exterior. Su intención es reducir la dependencia del petróleo, por ello concede incentivos de diverso tipo.

A pesar de ello, el índice Doing Business 2020 sitúa al país en el puesto 177/190, debido a los problemas existentes a la hora de abrir un negocio y tener acceso a la electricidad, pago de impuestos, el comercio transfronterizo, el cumplimiento de contratos y la resolución de las insolvencias. El entorno empresarial a medio plazo sigue siendo desfavorable a pesar de los esfuerzos del gobierno de Angola para impulsar la anticorrupción, la competencia, la igualdad de trato y las condiciones de visa. 

El superávit comercial de Angola se redujo a $700 millones en el 2020, lo que supone el 2.9% del PIB. Estas cifras están en sintonía con el esfuerzo del ejecutivo por reemplazar las importaciones mediante el refuerzo y potenciamiento de la producción local de bienes y servicios. A pesar del difícil año sufrido como consecuencia de la COVID-19, que afectó negativamente no solo a la producción de crudo, sino también a los precios del petróleo, el país consiguió mantener una balanza comercial positiva.

Las exportaciones cayeron un 40% en comparación con los registros de 2019. Angola importa cerca del 80% de los productos derivados del petróleo que consume debido a su falta de capacidad de refinación. Debido a las COVID-19 el valor de las importaciones de combustibles disminuyó considerablemente e influyó en el saldo final de la balanza de pagos.

Los principales mercados de destino para las exportaciones de Angola son Singapur, Israel, Brasil, Sudáfrica, Francia, República Democrática del Congo, Bélgica, República del Congo, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, China y Hong Kong.

Los productos de exportación estratégicos de Angola son plátano, café, hortalizas y tubérculos, leguminosas y oleaginosas, miel, productos de la pesca (pescado, mariscos y crustáceos) y derivados (harina y aceite de pescado), bebidas alcohólicas y no alcohólicas, mineral de hierro, madera, ornamentales. Piedras, arenas naturales, cemento y otros materiales de construcción, sal yodada.

Para apoyar la sustitución de importaciones, el BNA comenzó a regular la concesión de crédito por parte de bancos comerciales a productores nacionales de 54 bienes considerados esenciales, a través del Programa de Apoyo al Crédito (PAC), que pone a disposición $2 mil millones. Las importaciones cayeron (-10%) de enero a octubre de 2019 a $1.339 mil millones debido a estas medidas, según el Gobierno de Angola.

Volver a índice de Marco jurídico

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

1.1.   APIEX - Agencia Nacional para a promoçao do Investimento e as Exportaçoes de Angola 

La APIEX es la institución administrativa, creada en 2015, encargada de promover la inversión privada en Angola y la angoleña en el exterior, dejando para los diversos ministerios la tramitación administrativa de los proyectos de inversión. Sustituye a la ANIP en parte de sus tareas. Intervenir en el análisis, negociación y seguimiento de los acuerdos de inversión bilaterales.

Las "Líneas maestras para la Política Nacional de Inversión Privada", aprobadas por Decreto Presidencial 181/15, de 30 de septiembre, definen los objetivos y las ventajas a la inversión privada, con el objetivo tanto de incentivar inversiones que sustituyan importaciones como de otros sectores que contribuyan al crecimiento y puedan incluso generar exportaciones.

1.2.   BDA – Banco de Desenvolvimento de Angola

 Fundado en julio de 2006, el BDA es una institución financiera pública creada con el objetivo de contribuir al desarrollo y crecimiento de la economía del país mediante el financiamiento de proyectos de inversión privada.

Los proyectos financiables deben encuadrarse en las cadenas productivas priorizadas por el gobierno en el “Programa de Desenvolvimento Económico e Social do Governo” y en la “Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Longo Prazo”.

Únicamente personas o colectivos de nacionalidad angoleña pueden acceder a financiación del BDA, por lo tanto, el inversor extranjero solo podrá beneficiarse de ella cuando tenga una participación minoritaria en una empresa de capital angoleño.

 

Volver a índice de Marco jurídico

Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

 Nombre

ANIP - Agencia Nacional para o Investimento Privado

Base jurídica

Decreto nº 44/03, de 04 de Junio

Fundación

2003

Presidente de la ANIP

Maria Luisa Abrantes

Dirección

Rua Cerqueira Lukoki Nº. 25
Edifício do Ministério da Indústria, 9º andar
Luanda – Angola

Teléfono

+244 222 391 434 / 222 331 252

Fax

+244 222 393 381

Dirección web

http://www.anip.co.ao    

Correo electrónico

geral@anip.co.ao

 

Nombre

BDA - Banco de Desenvolvimento de Angola

Base jurídica

Decreto 37/06 de julio de 2006

Fundación

julio de 2006

Presidente del Consejo de Administración

Manuel da Costa

Dirección

Gaveto entre a Avenida 4 de Fevereiro, nº 113 e
Rua Robert Shields, nº 3
Luanda – Angola

Teléfono

+244 222 692 801/ 222 692 802

Fax

+244 222 396 901

Dirección web

www.bda.ao

Correo electrónico

bancobda@bda.ao

Volver a índice de Marco jurídico

Detalle del APPRI con España

 

2.2. DETALLE DE APPRI CON ESPAÑA

Se rubricó el texto en el año 2007, está aún pendiente de tramitación para su firma.

Volver a índice de Marco jurídico

Otros incentivos a la inversión

3.3.1. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

 

La Ley 30/11 crea un marco normativo propio para microempresas y PYMES. Las mismas se benefician de un proceso de simplificación de las prácticas administrativas así como de ciertos incentivos a la inversión y otras facilidades a conceder por el Estado dirigidos a las mismas.

El artículo 5 de la Ley 30/11 establece los criterios identificativos de las microempresas y PYMES: el número de trabajadores efectivos y el volumen de facturación bruta anual siendo este último criterio el que prevalece. Se clasifican en micros, pequeñas y medianas empresas de la siguiente forma:

  • Microempresas son aquellas con hasta 10 trabajadores y/o con una facturación brutal anual no superior al equivalente en kwanzas a 250.000 dólares americanos.

 

  • Pequeñas empresas son aquellas que empleen a más de 10 trabajadores y hasta 100 y/o con una facturación brutal anual superior al equivalente en kwanzas a 250.000 USD e inferior al equivalente en kwanzas a 3.000.000 dólares americanos.

 

  • Medianas empresas son aquellas que empleen a más de 100 trabajadores y hasta 200 y/o con una facturación brutal anual superior al equivalente en kwanzas a 3.000.000 USD e inferior al equivalente en kwanzas a 10.000.000 dólares americanos.

 

Debe destacarse que no son consideradas micros, pequeñas o medianas empresas las siguientes entidades de acuerdo al artículo 7 de la Ley 30/11:

  • Aquellas que sean participadas por el Estado excepto las participadas Universidades o Centros de Investigación siempre que estos no detenten más del 25% del capital social de la empresa.

 

  • Aquellas participadas por otra empresa que no sea micro, pequeña o mediana empresa.

 

  • Aquellas que sean filial o sucursal en Angola de una empresa con sede en el extranjero.

 

  • Aquellas que ejerzan su actividad en el sector financiero bancario o no bancario.

 

  • Aquellas que reunirían los requisitos para ser clasificadas como micro, pequeña o mediana empresas pero en las que su socio mayoritario detente participaciones en otras empresas que tengan una facturación bruta anual superior al equivalente en kwanzas a 10.000.000 dólares americanos.

 

Sólo las empresas constituidas bajo las formas societarias de sociedad en nombre colectivo y de sociedad por cuotas pueden ser consideradas como micro, pequeñas y medianas empresas (artículo 4 de la Ley 30/11 y artículo 1 del Reglamento de desarrollo de dicha Ley). Por tanto, las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada no pueden acogerse al régimen especial de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a los incentivos a la inversión y otras facilidades a conceder por el Estado a las micros, pequeñas y medianas empresas pueden destacarse las siguientes:

  • Exención del imposto do selo a las microempresas (artículo 28 de la Ley 30/11)

 

  • Reducción del imposto industrial durante los primeros 5 años en la Zona A (provincias de Cabinda, Zaire, Uíge, Bengo, Cuanza-Norte, Malanje, Cuando Cubango, Cunene y Namibe) durante 3 años en la Zona B (provincias de Cuanza-Sul, Huambo y Bié) y durante 2 años en las Zonas C (provincia de Benguela a excepción de los municipios de Lobito y de Benguela y la provincia de Huíla a excepción del municipio de Lubango) y D (provincia de Luanda y los municipios de Benguela, Lobito y Lubango). A las microempresas se les aplicará una tasa del imposto industrial del 2% independientemente de la Zona en la que operen y a las pequeñas y medianas empresas que operen en la Zona A se les aplicará una tasa del imposto industrial del 17.5%, a las que operen en la Zona B se les aplicará una tasa del imposto industrial del 22.75%, a las que operen en la Zona C se les aplicará una tasa del imposto industrial del 28% y a las que operen en la Zona D se les aplicará una tasa del imposto industrial del 31.5%.

 

  • Creación de líneas de crédito bonificadas, políticas de leasing y otros mecanismos financieros (artículo 11.3, artículo 18 y artículo 22 de la Ley 30/11).

 

  • Participación y contratación exclusiva de microempresas en determinados concursos públicos (artículo 27 de la Ley 30/11).

 

  • El Estado y las demás entidades públicas deben destinar, como mínimo el 25% de su presupuesto, para la adquisición de bienes y servicios suministrados por las micro, pequeñas y medianas empresas (artículo  15.1 de la Ley 30/11).

 

  • Las empresas privadas de gran dimensión, en los contratos de prestación de bienes y servicios al Estado obtenidos por medio de concursos públicos, deben reservar como mínimo el 10% del valor de los contratos para las micro, pequeñas y medianas empresas a ser adjudicados en régimen de concurso público bajo la supervisión del adjudicatario (artículo 15.2 de la Ley 30/11).

 

  • En caso de empate en concursos públicos y de subcontratación, debe darse preferencia a las micro, pequeñas y medianas empresas (artículo 16.1 de la Ley 30/11). Por empate deben entenderse aquellas situaciones en las que las propuestas presentadas por las micro, pequeñas y medianas empresas sean iguales o hasta un 10% superiores a la propuesta mejor calificada de las empresas privadas de gran dimensión. (artículo 16.2 de la Ley 30/11).

 

  • Los pagos a efectuar por el Estado o cualquier entidad pública a las micro, pequeñas y medianas empresas por los bienes y servicios prestados deben ser realizados en el plazo máximo de 45 días desde la recepción de la factura (artículo 17.1 de la Ley 30/11). Si se superase este plazo, debe ser indemnizada la micro, pequeña y mediana empresa con el montante resultante de la aplicación del interés legal (artículo 17.2 de la Ley 30/11).

El Instituto Nacional de Apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas (INAPEM) requiere la siguiente documentación para la certificación de las mismas:

  • Formulario de certificación de micros, pequeñas y medianas empresas debidamente cumplimentado.

 

  • Firma de los términos de responsabilidad de micros, pequeñas y medianas empresas.

 

  • Copia de los estatutos sociales.

 

  • Copia del documento relativo al número de contribuyente.

 

  • Copia del Alvará comercial o del documento que verifique la petición del mismo (Alvará provisional).

 

  • Declaración de la empresa informando del número de trabajadores efectivos (conforme a la minuta del INAPEM).

 

  • Documento justificativo del pago del imposto sobre o rendimento do trabalho del mes anterior con la folha salarial para probar el número de colaboradores (el documento debe estar validado por la Dirección Nacional de Impuestos -aplicable sólo para empresas ya activas-).

 

  • Documento entregado a Finanzas para el pago del Imposto Industrial con datos del volumen de facturación del período anterior (copia del documento entregado debe estar debidamente firmado y sellado por Finanzas):

-Modelo 1 entregado por las empresas de categoría A y B.

-En los casos de empresas iniciando su actividad debe ser utilizado como referencia para la facturación la tabla de los lucros mínimos definido en el Decreto Ejecutivo nº 15/09.

 

  • Documento justificativo de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la entidad (aplicable sólo para empresas ya activas).

 

3.3.2. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPRESARIADO PRIVADO ANGOLEÑO (LEY 18/03)

 

A través de la Ley 18/03 se establecen reglas, principios y medidas de apoyo a las empresas privadas nacionales, por tanto, se trata de un mecanismo dirigido al emprendimiento angoleño.

Pueden beneficiarse de las formas de apoyo y promoción establecidas en la ley 18/03 las empresas consideradas como angoleñas. A estos efectos, entiéndese como empresa angoleña toda aquella entidad con sede en Angola en la que, al menos, el 51% del capital social sea propiedad de ciudadanos angoleños o empresas angoleñas exclusiva o conjuntamente. (Artículo 19 de la Ley 18/03).

La Ley 18/03 provee diversos tipos de incentivos a conceder por el Estado y otros promotores públicos:

  • Incentivos fiscales (artículo 23 de la Ley 18/03).

 

  • Apoyos financieros (del artículo 24 al artículo 29 de la Ley 18/03).

 

  • Apoyo técnico (artículo 30 de la Ley 18/03).

 

  • Derechos privilegios y garantías patrimoniales especiales (artículo 31 y 32 de la Ley 18/03).

Volver a índice de Marco jurídico

Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

El día 23 de diciembre de 2020 se aprobó la nueva ley que regula los procedimientos de adjudicación y ejecución de contratos públicos en Angola. Se revocó la anterior ley nº9/16 y entró en vigor el día 22 de enero de 2021 la nueva normativa de aplicación para contratos comerciales derivados de financiación, contratos de concesión administrativa, de servicios públicos, concesiones de obras públicas y contratos cuya ejecución se realice a través de un asociación público-privada.

La principal novedad que incorpora esta ley es la creación de un nuevo proceso llamado Procedimientos Dinámico Electrónico, que permitirá adjudicaciones rápidas mediante previa inscripción de la empresa en el Portal de Contratación Pública. 

Como norma general, en los procesos de adjudicación prevalece una clara predisposición hacia empresas o asociaciones angolanas como potenciales adjudicatarias de los contratos públicos y subcontrataciones derivadas de los mismos.

Las empresas extranjeras podrán optar como candidatos a los procedimientos de contratación pública cuando se trate de:  

      i.        Un contrato de obras públicas con un valor igual o superior a AKZ 500.000.000,00;

     ii.        Un contrato de alquiler o compra de bienes o servicios por AKZ 182.000.000,00.

No obstante, en aquellos casos en donde la entidad pública contratante considere que no hay empresas locales capaces de cubrir las necesidades técnicas del contrato en cuestión, las empresas extranjeras podrán presentar sus propuestas sin necesidad de que el proyecto cumpla los anteriores requisitos económicos.

Como requisito para poder ser nombradas adjudicatarias de los contratos, las empresas deberán presentar la siguiente documentación en el idioma local:

      i.        Comprobante de la correcta regularización con la Seguridad Social en Angola;

     ii.        Comprobante de la correcta regularización de sus obligaciones fiscales con el Estado;

    iii.        Comprobante de habilitación profesional (Reconocidos por el Consulado de Angola en el país de origen).

Las principales áreas de interés en cuanto a contratación pública se refiere, quedan recogidas en los siguientes apartados de la ley:

      i.        TITULO V: Ejecución de contratos de obras públicas;

     ii.        TITULO VI: Ejecución de contratos de alquiler o compra de bienes y servicios;

    iii.        TITULO VII: Concesión de obras y servicios públicos.

Volver a índice de Marco jurídico

Régimen de inversiones

La inversión extranjera en Angola está regulada por la siguiente normativa:

  • Ley nº 10/18, de inversión privada del 26 de junio del 2018, que establece los principios y las bases generales de inversión privada en la República de Angola, fija los beneficios y las facilidades que el Estado Angoleño concede a las inversiones privadas y los criterios de acceso a los mismos, bien como establece los derechos, los deberes y las garantías de las inversiones privadas. Revoca la Ley nº14/15, de inversión privada del 11 de agosto. El objetivo de la nueva ley es incentivar el crecimiento y la diversificación de la economía;
  • En el marco de reforma del sistema de inversión privada, tras la disolución de la Agencia para Promoción de Inversión y Exportación de Angola (AIPEX), de la Unidad Técnica para la Inversión Privada (UTIP) y la Unidad Técnica de Apoyo al Inversor (UTAI) sus competencias fueron atribuidas a Agencia de Inversión Privada y Promoción de las Exportaciones (AIPEX), cuya función es promocionar y atraer proyectos de inversión, mejorar la imagen de Angola en el exterior, así como la de sus productos con el fin de incrementar las exportaciones del país. Cabe señalar la existencia de la Unidad Técnica de Apoyo a la Inversión Privada (UTAIP), que junto con el Gabinete del Ministro competente, se encarga de recibir, analizar y negociar los proyectos de inversión privada cuyo importe no sobrepase los 10 millones de dólares.

Asimismo, existe legislación especial que concede determinados incentivos fiscales y aduaneros y otras facilidades a ciertas empresas (regímenes especiales): 

  • Ley nº 14/03 de 18 de julio. La “Ley de fomento del empresariado privado angoleño” establece medidas de apoyo a las empresas privadas nacionales;
  • Ley nº 30/11 de 13 de septiembre. La “Ley de micro, pequeñas y medianas empresas” establece las normas relativas a su trato diferenciado así como las condiciones para el acceso de las mismas a los incentivos y facilidades a conceder por el Estado;
  • Decreto Presidencial nº 40/12 de 13 de marzo. Regula el funcionamiento del "Balcão Único do Empreendedor" (BUE). Se trata de un nuevo servicio que concentra en un único lugar las delegaciones de los servicios administrativos públicos intervinientes en el proceso de constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas;
  • Decreto Presidencial nº 41/12 de 13 de marzo. Aprueba el Modelo de implementación del Programa de Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas;
  • Decreto Presidencial nº 42/12 de 13 de marzo. Crea el nuevo Programa de Apoyo al Pequeño Negocio (PROAPEN) destinado a las microempresas;
  • Decreto Presidencial nº 43/12 de 13 de marzo. Aprueba el Reglamento de la Ley 30/11 de 13 de septiembre sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.

Volver a índice de Marco jurídico

Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

La nueva Ley de Inversión Privada nº10/18 ha hecho una equiparación entre el inversor interno y externo, que se diferenciaban en parte en la norma de igual nombre anterior que databa de 2015. Se pueden destacar las siguientes clausulas: 

Ámbito: se aplica a inversiones privadas de cualquier valor, realizadas por inversores internos o externos. Salvo que sea de aplicación un régimen especial. 

Regímenes de inversión: Los proyectos de inversión se pueden encuadrar en dos regímenes: declaración previa o especial. En el régimen de declaración previa la solicitud de inversión se presenta en el órgano de la Administración Pública correspondiente, debiendo estar previamente constituidas las sociedades. Sin embargo, en este caso no es necesaria la presentación del Certificado de Registro de Inversión Privada en el acto de constitución. Por su parte, el régimen especial se aplica a las inversiones privadas realizadas en los sectores prioritarios y en las zonas de desarrollo previstos en la ley.

Los sectores prioritarios son los siguientes:

  • Educación, formación técnico-profesional, enseñanza superior, investigación científica e innovación;
  • Agricultura, alimentación y agroindustria;
  • Unidades y servicios sanitarios especializados;
  • Reforestación, transformación industrial de los recursos forestales y silvícolas;
  • Textiles, ropa y calzado;
  • Hoteles, turismo y ocio;
  • Construcción, obras públicas, telecomunicaciones y tecnologías de la información, infraestructuras aeroportuarias y ferroviarias;
  • Producción y distribución de energía eléctrica;
  • Saneamiento básico, recogida y tratamiento de residuos sólidos. 

Zonas de desarrollo: se definen nuevas zonas de desarrollo por territorios, denominadas zonas A, B, C y D. 

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Provincia de Luanda y municipios-sede de las provincias de Benguela, Huíla y el municipio de Lobito

Provincias de Bié, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Huambo, Namibe y el resto de municipios de Benguela y Huíla

Provincias de Cuando Cubango, Cunene, Luanda-Norte, Luanda-Sul, Malanje, Moxico, Uíge y Zaire.

Provincia de Cabinda

Beneficios e incentivos fiscales: los beneficios fiscales varían según el régimen de inversión y la zona de desarrollo del proyecto. 

En el régimen de declaración previa:

Impuesto de SISA: 50% de reducción en la tasa por la adquisición de inmuebles destinados a oficina y al establecimiento de la inversión. 

Impuesto industrial: reducción del 20% de las tasas de liquidación final y provisional por un periodo de dos años.

Impuesto sobre la aplicación de capitales: reducción del 25% de la tasa sobre la distribución de beneficios y dividendos por un periodo de dos años. 

Impuesto de Selo: 50% de reducción de la tasa por un periodo de dos años.

En el régimen especial:

Incentivos fiscales del régimen especial

Reducciones

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Provincia de Luanda y municipios de Benguela, Huíla y Lobito

Provincias de Bié, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Huambo, Namibe y resto de Benguela y Huíla

Provincias de Cuando Cubango, Cunene, Luanda-Norte, Luanda-Sul, Malanje, Moxico, Uíge y Zaire.

Provincia de Cabinda

Impuesto de SISA

Reducción del 50% en la adquisición de inmuebles para oficina y al establecimiento de la inversión

Reducción del 75% en la adquisición de inmuebles para oficina y al establecimiento de la inversión

Reducción del 85% en la adquisición de inmuebles para oficina y al establecimiento de la inversión

Reducción del 50% de la tasa atribuida a la zona C

Impuesto sobre inmuebles urbanos

-

Reducción del 50% para la propiedad de los inmuebles destinados a oficina y al establecimiento de la inversión por un período de 4 años

Reducción del 75% para la propiedad de los inmuebles destinados a oficina y al establecimiento de la inversión por un período de 8 años

Reducción del 50% de la tasa atribuida a la zona C por un período de 8 años

Impuesto industrial

Reducción del 20% en la tasa de liquidación final y provisional por un período de 2 años

Reducción del 60% en la tasa de liquidación final y provisional por un período de 4 años
Aumento de las tasas de amortizaciones y reintegraciones en un 50% por un periodo de 4 años

Reducción del 80% en la tasa de liquidación final y provisional por un período de 8 años
Aumento de las tasas de amortizaciones y reintegraciones en un 50% por un periodo de 8 años

Reducción del 50% de la tasa atribuida a la zona C
Aumento de las tasas de amortizaciones y reintegraciones en un 50% por un periodo de 8 años

Impuesto sobre capitales

Reducción del 25% en la tasa sobre distribución de beneficios y dividendos por un periodo de 2 años

Reducción del 60% en la tasa sobre distribución de beneficios y dividendos por un periodo de 4 años

Reducción del 80% en la tasa sobre distribución de beneficios y dividendos por un periodo de 8 años

Reducción del 50% de la tasa atribuida a la zona C sobre distribución de beneficios y dividendos por un periodo de 8 años

Régimen transitorio: no se aplica la nueva Ley a los proyectos de inversión aprobados con anterioridad a la entrada en vigor, 26 de junio de 2018. No obstante, los mismos pueden acogerse a la misma si se solicita expresamente. Los beneficios y otras facilidades concedidos al amparo de leyes anteriores se mantienen en vigor como fueron concedidos sin posibilidad de prórrogas. 

Las ventajas fiscales y aduaneras están limitadas en el tiempo y obedecen al régimen previsto en la Pauta Aduanera. Los beneficios de carácter financiero se resumen esencialmente en el acceso al crédito.

En cuanto a las facilidades dadas al inversor extranjero, la Ley de Inversiones Privadas prevé lo siguiente:

  • Actos de acceso simplificado y prioritario a los servicios de la administración pública para la obtención de licencias y permisos;
  • Registros de carácter jurídico, fiscal, de la seguridad social, de la propiedad intelectual, de bienes muebles, de bienes inmuebles y otros mediante procedimientos agilizados y simplificados;
  • En el marco del Régimen Especial, la sociedad vehículo de inversión está exenta del pago de tasas y cargos, incluidos los derechos de aduana, durante un período no superior a cinco años.

El Reglamento que desarrolla la Ley nº 10/18 de inversión privada, se aprobó el 30 de octubre 2018 mediante el Decreto Presidencial nº250/18.

Volver a índice de Marco jurídico

Representación y agencia

Oficinas de Representación

Se le aplican las disposiciones contenidas en el Decreto nº 7/90 de 24 de marzo.

Esta forma de establecimiento tiene por fin atraer negocios y supervisar los negocios que la empresa extranjera mantenga, siendo responsable de velar por los intereses de la misma en dicho país. No implica la creación de una sociedad.

Entre las principales características de estas formas de establecimiento, destacan:

  1. Las que impiden la práctica de cualesquiera actos mercantiles por cuenta propia en Angola, siendo posible tan solo arrendar o comprar una oficina necesaria para su instalación y funcionamiento;
  2. La incapacidad legal para actuar de forma autónoma o para poseer participaciones sociales en otras sociedades;
  3. La prohibición de recibir ingresos en moneda nacional o extranjera, a excepción de aquellos que se destinen exclusivamente al pago de los gastos de su propio funcionamiento. Para estos gastos, pueden importar las divisas necesarias, pero están obligadas a venderlas a una entidad de crédito autorizada a negociar con divisas. Asimismo, debe ser titular de una cuenta de depósito bancario en moneda local y puede moverla libremente.

La Oficina de Representación podrá tener un máximo de seis (6) trabajadores, de los cuales el 50% tendrán que ser angoleños. Su creación requiere la aprobación del BNA.

Volver a índice de Marco jurídico

Formación de "joint-ventures". Socios locales

El empresario foráneo que quiera establecer su negocio en Angola deberá escoger y constituir una de las formas de establecimiento permitidas por la Ley angoleña, que puede ser constituida individual o de forma conjunta con otros socios, ya sean angoleños o extranjeros, siendo las Sociedades mercantiles (véase el apartado anterior) el instrumento de establecimiento más utilizado.

Volver a índice de Marco jurídico

Tipos de sociedades

En Angola, el régimen jurídico aplicable a las sociedades mercantiles está definido por la Ley nº 1/04 de 13 de febrero — Ley de Sociedades Mercantiles.

Se tipifican cinco tipos de sociedades mercantiles en dicha Ley:

  • Sociedades por Cuotas (sociedad de responsabilidad limitada);
  • Sociedades Anónimas;
  • Sociedades Colectiva;
  • Sociedades Comanditarias Simples;
  • Sociedades Comanditarias por Acciones.

Entre los diversos tipos de sociedades mercantiles previstos por la ley angoleña, los más comunes son las Sociedades por Cuotas (sociedades de responsabilidad limitada) y las Sociedades Anónimas.

Sociedades por Cuotas o Limitadas

Deben tener al menos 2 socios y su capital social se fija libremente.

Los socios no responden ante los acreedores de la empresa, sino sólo ante ésta. Cada miembro es inmediatamente responsable del pago de su propia contribución y, subsidiariamente, de todas las contribuciones acordadas en la escritura de constitución.

La gestión y administración de la empresa se asigna a uno o varios directivos, que pueden ser o no accionistas.

Una de las desventajas de este tipo de empresa es la menor movilidad de las acciones. La transmisión de acciones (entre socios o a terceros) requiere normalmente la autorización de la sociedad y de los demás socios (que, por regla general, tienen derecho de preferencia) y sólo puede llevarse a cabo mediante una escritura pública de modificación de la escritura de constitución, seguida de la publicación en el Boletín Oficial y la actualización de los registros.

Sociedades Anónimas

El número mínimo de accionistas es 5 (excepto en los casos en que el Estado o las entidades públicas sean titulares de la mayoría del capital, en cuyo caso el número mínimo de accionistas es de 2) y el capital social mínimo correspondiente a 20.000,00 dólares estadounidenses incorporado en certificados de acciones, más o menos libres y fácilmente negociables. Todas las acciones deben tener el mismo valor nominal, siendo el valor mínimo el equivalente en kwanzas a 5,00 dólares.

La responsabilidad de los accionistas se limita al valor de las acciones que suscriben.

La gestión y administración de la empresa se confía a un Consejo de Administración, con un número impar de miembros, o a un Administrador Único. Por otro lado, hay que crear un órgano de control interno.

La transferencia de acciones no está sujeta a ninguna forma especial, dependiendo únicamente de si las acciones son al portador o nominativas. En el primer caso, la transmisión se realiza mediante la simple entrega de los títulos al comprador y, en el segundo, se efectúa mediante el endoso del respectivo título a favor del comprador y debe comunicarse a la sociedad para su inscripción en el correspondiente libro de acciones.

Se permite a los inversores extranjeros crear empresas 100% privadas, excepto en los sectores de los diamantes y del petróleo.

Sociedades Unipersonales

Aunque no es muy común, los inversores que lo deseen pueden constituir sociedades unipersonales, que se caracterizan por ser sociedades formadas por un solo accionista y cuyo capital social no puede ser inferior al equivalente en kwanzas a 1.000,00 dólares.

Las sociedades unipersonales pueden adoptar la forma de sociedades unipersonales de responsabilidad limitada o de sociedades unipersonales de responsabilidad limitada con acciones. En las sociedades unipersonales, sólo el patrimonio de la sociedad responde ante los acreedores por las deudas de la misma, sin embargo, el socio único también puede responder subsidiariamente ante la sociedad hasta el límite del capital social. El socio único también puede responder de forma solidaria, subsidiaria o mancomunada con la sociedad por las deudas de ésta hasta una cantidad establecida en los estatutos. Sin embargo, las empresas tienen ciertas limitaciones, a saber (a) una persona física sólo puede ser socio de una única sociedad unipersonal; (b) una sociedad mercantil (limitada o anónima) no puede tener como socio único a una sociedad unipersonal; (c) las sociedades unipersonales no pueden constituir otras sociedades unipersonales, ni (d) pueden participar en otras sociedades mercantiles o civiles.

Sucursales

Una sucursal es una forma de representación directa de una empresa extranjera en Angola, con capacidad legal para realizar actos comerciales de cualquier naturaleza.

En general, las sucursales de empresas extranjeras son calificadas como entidades locales no autónomas de la empresa matriz, funcionando como una extensión local de ésta, a pesar de la autonomía que poseen.

Como principales características, destacan:

  • La no existencia de personalidad jurídica independiente de la empresa matriz, siendo esta la responsable de la actividad desarrollada y respondiendo de forma ilimitada por las obligaciones asumidas por esta última. Aun así, la sucursal pude ser llamada a juicio y responder ante la ley angoleña en determinadas circunstancias;
  • Las sucursales no tienen órganos de gobierno ni de representación propios y su gestión se confía a un apoderado cuyas facultades se derivan de un poder emitido por la empresa matriz.

En las sucursales no existen órganos sociales o de representación propios.

Procedimiento para Constitución de una Sociedad

  1. Obtención de un certificado de disponibilidad de la denominación social (certidão da firma): Ventanilla Única (Ficheiro Central de Denominações Sociais, Guichê Único da Empresa);
  2. Pago de la tasa de registro: Ventanilla Única (Guichê Único da Empresa);
  3. Obtención de los estatutos de la empresa: Ventanilla Única (Guichê Único da Empresa);
  4. Obtención del NIF de la empresa: Autoridades fiscales: Ventanilla Única (Guichê Único da Empresa);
  5. Registro ante notario de los documentos de la empresa: Ventanilla Única (Guichê Único da Empresa);
  6. Obtención del Permiso de Operaciones Comerciales: Ministerio de Comercio en la Ventanilla Única (Guichê Único da Empresa);
  7. Legalización del libro de actas de la empresa: Registro Mercantil;
  8. Inscripción de los trabajadores: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS, Instituto Nacional de Segurança Social).

Volver a índice de Marco jurídico

Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

El Instituto Angoleño de la Propiedad Industrial (IAPI) es el encargado de garantizar la ejecución de las políticas gubernamentales en materia de protección, promoción y estudio de la propiedad industrial. Asimismo, es Parte Contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, desde 2007.

La normativa angoleña sobre la Propiedad Intelectual e Industrial (Ley de Propiedad Industrial), incluye los siguientes apartados:

  • Las patentes;
  • Los modelos de utilidad;
  • Los modelos y diseños industriales;
  • Las marcas de fábrica, comercialización y servicios;
  • Los sellos o certificados de calidad;
  • El nombre y el logotipo o letrero de los establecimientos;
  • Las denominaciones de origen;
  • Perseguir la competencia desleal.

Marcas

Las marcas se pueden clasificar en industriales, comerciales y de servicios.

El registro de una marca tiene un periodo de validez de 10 años y puede renovarse por periodos consecutivos de 10 años, mediante el pago de una tasa, y hasta 4 meses después del vencimiento de su término. Además, puede solicitarse la revalidación del registro de la marca en el plazo de un año tras el vencimiento del plazo de validez y mediante el pago de las tasas correspondientes, en caso de que el solicitante demuestre la causa que le impidió presentar la solicitud de renovación dentro del plazo legal. 

Patentes

Las patentes de invención tienen un plazo de vigencia de 15 años, siempre que se observen los requisitos legales oportunos. Una vez finalizado dicho plazo, el objeto de la patente pasara a ser de dominio público.

La patente se puede transmitir, de forma total o parcial, durante todo su periodo de vigencia o por un periodo inferior, para su explotación general o solo en determinados lugares.

Volver a índice de Marco jurídico

Barreras de entrada para inversores españoles

La principal barrera a la entrada de la inversión es la inseguridad jurídica en Angola. Además, los costes de establecimientos son muy altos y frecuentemente aparecen sobrecostes de todo tipo.

 

 

Volver a índice de Marco jurídico

  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex