Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

La Constitución Argentina brinda al extranjero un trato igualitario desde su Preámbulo, y reconoce a éste los mismos derechos que a los nacionales en su Artículo 20.

Además de la Constitución, el marco normativo de la inversión extranjera está constituido por la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, los numerosos Tratados Bilaterales de Inversión TBI y la adhesión al Convenio del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones). Argentina ha firmado 54 TBI con otros tantos países del mundo.

Argentina se adhirió en 1997 a los principios de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo OCDE en materia de inversiones extranjeras y es parte del Acuerdo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y Argentina, está en vigor desde 1992 e incluye el arbitraje ante el Ciadi como mecanismo para la resolución de controversias.

España y Argentina tenían un Convenio para evitar la Doble Imposición que entró en vigor en julio de 1994, y que fue denunciado el 29 de junio de 2012 por Argentina, dejando de tener efecto a partir del 1 de enero de 2013. El texto del nuevo Convenio, acordado en octubre de 2012, fue firmado el 11 de marzo de 2013 y, una vez aprobado por los Parlamentos de ambos países, entró en vigor el 23 de diciembre de 2013, si bien sus disposiciones fueron aplicadas con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

 Organismos nacionales

A) Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI)

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional es un organismo creado en 2016 y cuyos objetivos principales son:

- Atraer y agilizar las inversiones de calidad, especialmente en determinados sectores.

- Ayudar a compañías argentinas a expandir sus negocios.

- Promover la mejora del clima de negocios y los regímenes regulatorios.

- Elaborar información de mercado para los posibles inversores.

La Agencia se conforma como un punto único de contacto para las empresas para garantizar procesos simples y transparentes en todo el país. Así, a través de la división Invest Argentina, el organismo ayuda a los inversores en cada etapa (desde la evaluación del país y del proyecto hasta la promoción) para atraer inversiones de calidad que impulsen el desarrollo del país.

Igualmente, se encuentra a disposición de las empresas una Guía del Inversor, disponible en su página web, que contiene datos sobre el perfil de Argentina, la economía y los negocios en el país, los incentivos a la inversión, el marco jurídico, el sistema impositivo e información práctica general. Puede encontrarla en el siguiente enlace: 

http://www.inversionycomercio.org.ar/docs/pdf/Doing_Business_in_Argentina-2018.pdf.

B) Consejo Federal de Inversiones

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta sus acciones son el federalismo y el desarrollo regional. Opera como un organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un equipo multidisciplinar y experimentado, complementado con profesionales, técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas.

Este organismo realiza labores constantes de investigación, coordinación y asesoramiento dirigidas por un equipo multidisciplinar y experimentado junto con un equipo de profesionales técnicas y funcionarios de todas las regiones del país. Todos los años, importantes recursos de cooperación técnica y financiera, se canalizan a través de proyectos y programas que el Consejo promueve y acompaña, y en los que se encuentran involucrados diferentes actores tanto del sector público como del sector privado.

El CFI canaliza su actividad a través de las unidades de enlace provincial (UEPS). A continuación, se puede encontrar una lista detallada de los datos de contacto del CFI, tanto de su sede principal, como de las UEPS.

Para obtener más información, consulte www.cfired.org.ar.

 

 

 

 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)
ProvinciaContacto
Sede CentralSan Martín 871 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Telf.: +54 (11) 4317
700
Web: www.cfired.org.ar
Buenos AiresCalle 3 N° 683 entre 45 y 46 (1900) La Plata Telf.: +54 (0221) 424-3704 IP
304
Email: ccfi-bsas@cfired.org.ar
La PampaMansilla 1, esquina Avellaneda (6300) Santa Rosa Telf.: +54 (02954) 45-
3640 IP 308
Email: ccfi-lapampa@cfired.org.ar
CórdobaIndependencia 282 (5000) Córdoba Telf.: +54 (0351) 422-7131/426-5883
IP 307
Email: ccfi-cordoba@cfired.org.ar
Santa FeMendoza 2937 (3000) Santa Fe Telf.: +54 (0342) 456-4255 / 4267 IP 303
Email: ccfi-stafe@cfired.org.ar
Entre RíosSan Juan 26 (3100) Paraná Telf.: +54 (0343) 423-6132/431-2125 IP 302
Email: ccfierios@cfired.org.ar
ChacoMarcelo T. De Alvear 302 (3500) Resistencia Telf.: +54 (0362) 442-1916 IP
319
Email: ccfi-chaco@cfrired.org.ar
Corrientes25 de Mayo 1121 (3400) Corrientes Telf.: +54 (0379) 446-0829 / 0833 IP
318
Email: ccfi-ctes@cfired.org.ar
MisionesJunín 1039, esquina Bolívar (3300) Posadas Telf.: +54 (0376) 442-1782 IP
315
Email: ccfi-misiones@cfired.org.ar
FormosaRivadavia 404, esquina Maipú (3600) Formosa Telf.: +54 (0370) 443-0042
/ 0019 IP 317
Email: ccfi-formosa@cfired.org.ar
MendozaAv. España 1039 (5500) Mendoza Telf.: +54 (0261) 425-1951 / 1956 IP
324
Email: ccfi-mendoza@cfired.org.ar
San LuisNo forma parte del Consejo Federal Inversiones
San JuanGüemes 109 (Sur), esquina Laprida (5400) San Juan Telf.: +54 (0264)
421-7426 / 7353 IP 322
Email: ccfi-sjuan@cfired.org.ar
SaltaAv. Sarmiento 114 (4400) Salta Telf.: (0387) 432-1518 / 1520 IP 306
Email: ccfi-salta@cfired.org.ar
JujuySan Martín 1168, (4600) San Salvador de Jujuy Telf.: +54 (0388) 424-1326
/ 7 IP 305
Email: ccfi-jujuy@cfired.org.ar
TucumánRivadavia 163 (4000) San Miguel de Tucumán Telf.: +54 (0381) 421-
4958/430-6920 IP 316
Email: ccfi-tucuman@cfired.org.ar
La RiojaDalmacio Vélez Sarfield 203, (5300) La Rioja Telf.: +54 (0380) 446-2415 /
6 IP 320
Email: ccfi-larioja@cfired.org.ar
CatamarcaRivadavia 171 (4700) San Fdo. del Valle de Catamarca Telf.: +54 (0383)
445-0231 / 2 IP 313
Email: ccfi-catam@cfired.org.ar
Santiago delSarmiento 92, esq. Entre Ríos (4200) Santiago del Estero Telf.: 54 (0385)
Estero424-1328/ 1517 IP 312
 Email: ccfi-sgo@cfired.org.ar
Chubut28 de Julio 491, esq. A.P. Bell (9100) Trelew Telf.: +54 (0280) 442-8999 IP
314
Email: ccfi-chubut@cfired.org.ar
Río NegroBelgrano 471 (8500) Viedma Telf.: +54 (02920) 42-0834 / 3190 IP 321
Email: ccfi-rnegro@cfired.org.ar
NeuquénAlmirante Brown 175 (8300) Neuquén Telf.: +54 (0299) 443-4700 / 4724 IP
309
Email: ccfi-neuquen@cfired.org.ar
Santa CruzMons. Fagnano 302, Esq. Urquiza (9400) Río Gallegos Telf.: +54 (02966)
43-2954 IP 310
Email: ccfi-scruz@cfired.org.ar
Tierra delMaipú 301, esq. Gobernador Godoy (9410) Ushuaia Telf.: +54 (02901) 43-
Fuego0453 / 0456 IP 311
 Email: ccfi-tfuego@cfired.org.ar

 

C) Subsecretaría de Promoción Comercial y Desarrollo de Inversiones

La Subsecretaría de Promoción Comercial y Desarrollo de Inversiones, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, promueve la radicación de inversiones productivas en Argentina, apoya el proceso de internacionalización de las empresas nacionales e impulsa el incremento y la diversificación de las exportaciones argentinas para contribuir al desarrollo sostenible y a la competitividad de la economía local.

La variedad de servicios que ofrece, en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, a los inversores internacionales, abarca todo el proceso de radicación de inversiones: proporcionan información específica sobre sectores de negocios y localizaciones geográficas; identifican oportunidades de inversión y de innovación en sectores estratégicos; facilitan el proceso de inversión en todas las etapas del proyecto; establecen contactos y brindan asistencia para la concreción de asociaciones entre inversores internacionales y compañías locales.

Las actividades de captación de inversiones que se llevan a cabo se apoyan en una red de más de 140 representaciones argentinas que trabajan en todo el mundo para dar a conocer las oportunidades de inversión y de desarrollo de negocios que ofrece la República Argentina.

Este organismo cuenta con un área denominada “Atención al Inversor” que dispone de un equipo de profesionales que ofrecen asesoramiento personalizado y gratuito. La variedad de servicios que ofrecen abarca todo el proceso de radicación de inversiones. 

 Organismos provinciales 

A) Red Federal de Desarrollo de Inversiones

En el marco de su Plan Federal, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional ha creado la Red Federal de Agencias y Organismos de Inversión y Comercio Internacional con el objetivo de alcanzar la transformación productiva de las provincias y, por ende, mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Concretamente, la Red Federal de Agencias y Organismos de Inversiones y Comercio Internacional tiene como finalidad establecer canales, procesos y formatos de interacción entre la Nación y las provincias, para mejorar el clima de negocios y facilitar las inversiones y el comercio internacional en Argentina. Con este objetivo, se llevan a cabo acciones de cooperación en aspectos orientados a promocionar y apoyar la visita de inversores locales y extranjeros a las provincias, brindar mutua asistencia técnica, intercambiar información, documentación y publicaciones relacionadas con marcos normativos y regulatorios locales de interés para potenciales inversores nacionales y/o extranjeros, organizar capacitaciones en temas de la Red Federal, etc.

La Red ya cuenta con una rápida y creciente adhesión. A continuación se mencionan algunos de los organismos que ya han firmado convenios de cooperación.

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Atención al Inversor

Como se menciona más arriba, el Centro de Atención al Inversor, creado en 2008 por la Subsecretaría de Inversiones, opera bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su principal objetivo es promover el crecimiento local mediante la inversión privada. Este centro brinda recomendaciones e información a personas y empresas interesadas en realizar negocios en la Ciudad, ayudando así a la instalación, desarrollo e implementación de nuevos proyectos de inversión. Para obtener más información, consulte: www.buenosaires.gob.ar/distritos/centro-de-atencion-al-inversor.

• Jujuy: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Esta organización contiene información sobre las distintas líneas de financiamiento, productores, leyes de inversiones y minería. Su finalidad es la de impulsar el desarrollo provincial y generar más empleo local a través de distintas apuestas de inversión. Para obtener más información, consulte http://produccion.jujuy.gob.ar/.

• Mendoza: Mendoza Invest y Fundación ProMendoza

Mendoza Invest brinda información a medida solicitada por el potencial inversor y lo acompaña desde la planificación y primera visita a Mendoza hasta la puesta en marcha del proyecto de inversión y su desarrollo. La agencia ofrece diversos servicios gratuitos en las diferentes etapas del proyecto. Para obtener más información, consulte: www.mendozainvest.com.

La Fundación ProMendoza opera desde 1996 para impulsar la internacionalización de Mendoza. El objetivo de la organización es promover su reconocimiento y presencia internacional a través del intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos conjuntos con otras agencias de internacionalización del mundo. Para obtener más información, consulte: http://www.promendoza.com/.

• Neuquén: Agencia para el Desarrollo y Promoción de Inversiones

Esta agencia busca el posicionamiento de la Provincia del Neuquén como destino atractivo para la inversión pública y privada, nacional y extranjera. Su objetivo fundamental es explorar el mercado de capitales, tanto nacional como internacional, para lograr el concurso de inversiones de riesgo en proyectos y emprendimientos acordes con las prioridades establecidas en la planificación del desarrollo de la provincia de Neuquén. Así, busca captar inversiones extranjeras con el fin de generar actividades de alto efecto multiplicador. Ofrece a aquellos interesados una guía de inversiones de la provincia y amplia información sobre los incentivos a la inversión. Para obtener más información, consulte: https://www.bnamericas.com/company-profile/es/agencia-de-promocion-y-desarrollo-de-inversiones-de-neuquen-sep-adi-nqn.

• San Juan: Agencia de Desarrollo de Inversiones

Ofrece asistencia a aquellos interesados en invertir en esta provincia. Los servicios más destacados son la financiación a sectores productivos, el apoyo al desarrollo de las capacidades competitivas de los sectores productivos, la gestión de inversiones productivas a la provincia y la cooperación entre distintos programas de crédito en el país. Para obtener más información, consulte: www.inversionessanjuan.gov.ar.

• Río Negro: CREAR Agencia de Desarrollo

Esta agencia provincial es un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro. Parte de su misión es promover la provincia como lugar de radicación de nuevos emprendimientos. Para obtener más información, consulte https://crear.rionegro.gov.ar/web/.

• Tierra de Fuego: Secretaría de Desarrollo e Inversiones

La Secretaría de Desarrollo e Inversiones de la Provincia ha presentado distintas iniciativas, entre las que destacan el Primer Foro de Inversiones y Negocios, un ámbito generado para que inversores y empresarios, nacionales e internacionales, junto a los ámbitos diplomáticos de distintos países, como refuerzo político, generen lazos estratégicos que se traduzcan en inversiones concretas en distintos sectores productivos de Tierra del Fuego. Para obtener más información, consulte https://sdi.tierradelfuego.gov.ar/.
 

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Alcance

Provincia

Organismo

Contacto

Nacional

--

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Tucumán 1 (C1049AAA)
Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 5199 2263

Paraguay 864 (C1057AAL)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4114 7700
www.inversionycomercio.org.ar

Nacional

--

Consejo Federal de Inversiones

San Martín 871
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 4317 0700
www.cfired.org.ar

Nacional

 

--

 

Subsecretaría de Promoción Comercial y Desarrollo de Inversiones

Esmeralda 1212 (C1007ABR)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
www.cancilleria.gob.ar
www.mrecic.gov.ar

Provincial

C.A.B.A.

Centro de Atención al Inversor (CAI)

Roque Sáenz Peña 832, 4º pl. (C1073AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 4131 5900 - Ext. 1602/04
invertir@buenosaires.gob.ar
www.invertir.buenosaires.gov.ar

Provincial

 

Buenos Aires

Subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación

Bartolomé Mitre 430, 3° pl.
(1036AAH)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 4342-9040/0980
inversiones@mp.gba.gov.ar
www.gba.gob.ar/relacionesinternacionales

Provincial

La Pampa

Subsecretaría de Industria, Comercio y PYMES de la Provincia de La Pampa

3º piso, Casa de Gobierno
(6300) Santa Rosa, La Pampa
+54 02954-421811
www.produccion.lapampa.gov.ar/

Provincial

Córdoba

Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba

Belgrano 347, 2° piso
(5000) Córdoba
+ 54 351 4342475/81
www.cba.gov.ar/

Provincial

Santa Fe

Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo

Bvd. Pellegrini 3100 Piso 1°
(3000) Santa Fe
+54 342 4505300
oaudagna@santafe.gov.ar
www.santafe.gov.ar/index.php/web/content

Provincial

Entre Ríos

Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos

Casa de Gobierno 1º Piso - Of. 76
(E3100INB) – Paraná – Entre Ríos
+54 0343 420-8433/ 8168
secretariaproduccion@entrerios.gov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/minpro/

Provincial

Chaco

Agencia de Inversión, Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, Representación y Promoción Provincial (AICER)

Marcelo T. de Alvear 145 edificio A piso 1°
Resistencia
+54 3722 448087 / 440887
www.chaco.gov.ar

Provincial

Corrientes

Instituto de Fomento Empresarial

Av. Vera s/n entre San Juan y La Rioja
Corrientes
+54 3783 476044
info@ife.gov.ar
www.ife.gov.ar

Provincial

Misiones

Subsecretaría de Industria, Economía, Geología y Minería

Ministerio del Agro y la Producción de la
Provincia de Misiones
San Martín 1.495
(3300) Posadas - Misiones
+54 3752 447536
www.agro.misiones.gov.ar

Provincial

Formosa

Agencia de Desarrollo Empresarial - ADE Formosa

Predio Ferial “Vuelta Fermosa”
Av. Costanera “Vuelta Fermosa” y Brandsen
Formosa
+54 3717 421448
info@adeformosa.org.ar
www.adeformosa.org.ar

Provincial

Mendoza

Mendoza Invest

Av. Peltier 351, 4º
(5500) Mendoza
+54-261-4493040
inversiones@mendoza.gov.ar
www.mendozainvest.com

Provincial

San Luis

Subprograma de Fomento a las Inversiones

Ayacucho 945, 5º piso
San Luis
+54 2652 451460
www.sanluis.gov.ar

Provincial

San Juan

Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones

25 de Mayo 577 (Este)
San Juan
+54 264 4272566 / 4391 / 4191
info@inversionessanjuan.gov.ar
www.inversionessanjuan.gov.ar

Provincial

Salta

Fundación ProSalta

Balcarce Nº 85, 2º Piso
Salta
+54 387 4370596/97
prosalta@prosalta.org.ar
www.prosalta.org.ar

Provincial

Jujuy

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Ascasubi 290 - Bº Chijra - 1º Piso –
San Salvador de Jujuy
+54 0388 4264014
direcciondeindustriajujuy@argentina.com.ar
www.mpyma.jujuy.gov.ar

Provincial

Tucumán

Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán

Maipú 41 – 8° Piso –
San Miguel de Tucumán
+ 54 0381 4975155
idep@idep.gov.ar
www.idep.gov.ar

Provincial

La Rioja

Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones Ministerio de Producción

Hipólito Irigoyen 141 – 1º Piso
La Rioja
+54 3822 453650
mdegaetano@larioja.gov.ar
www.larioja.gov.ar/

Provincial

La Rioja

Coordinación de Comercio Interior y Exterior. Casa de La Rioja en Buenos Aires

Av. Callao 745
La Rioja
+54 11 4813-3417/19
www.larioja.gov.ar/

Provincial

Catamarca

Subsecretaría de Promoción de las Inversiones Ministerio de Producción y Desarrollo

Sarmiento 589 – 4° Piso
(4700) San Fernando del Valle de Catamarca
+54 3833 437588
asesoria@produccioncatamarca.gov.ar
www.portal.catamarca.gob.ar

Provincial

Santiago del Estero

Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras

Casa de Gobierno Rivadavia Nº 351 2º Piso
4200 Santiago del Estero.
+54 385 450-5069/79
mprodsde@mproduccion.gov.ar
www.mproduccion.gob.ar

Provincial

Santiago del Estero

Dirección General de Industria y Comercio
 

Roca Nº 768
4200 Santiago del Estero
+54 385 422-4650
indycomsde@mproduccion.gov.ar
www.mproduccion.gob.ar/

Provincial

Chubut

Subsecretaría de Promoción de las Inversiones de la Provincia

Avenida 9 de Julio Nº 280
(9103) Rawson - Chubut
+54 02965 482603 al 607 www.chubutalmundo.gov.ar

Provincial

Río Negro

Agencia Provincial CREAR Río Negro

Buenos Aires y Saavedra - C.P. 8500
Viedma
+54 02920 42-8306 / 43-0925 / 43-1964
merezuma@crear.rionegro.gov.ar
www.crear.rionegro.gov.ar

Provincial

Neuquén

Subsecretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo

Rivadavia 42, 6º piso
Q8300HDB - Ciudad de Neuquén
+54 299 4424676/4481559
invertir@neuquen.gov.ar
www.copade.gob.ar/Inicio.aspx

Provincial

Neuquén

Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones

Santiago del Estero 436
Q8300AHJ - Ciudad de Neuquén
+54 299 4495147/49/76
info@adinqn.gov.ar
www.adinqn.gov.ar

Provincial

Santa Cruz

Subsecretaría de Producción y Comercio, Ministerio de la Producción
 

 Avellaneda 801
Río Gallegos
+54 2966 427466
rafael.gilmartin@gmail.com

Provincial

Tierra del Fuego

Secretaría de Promoción Económica y Fiscal
 

Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra
del Fuego
Avda. San Martín 450, Planta Baja - Casa de
Gobierno
Ushuaia
+54 2901-423440
coordinacionprogramastdf@gmail.com

 

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Detalle del APPRI con España

APPRI con España

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, en vigor desde 1992, es un tratado bilateral que contiene medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de España en Argentina y viceversa.

Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Así, ambos países reconocen ciertas obligaciones y garantías a las inversiones realizadas en ambos sentidos. Este acuerdo contempla, entre otros puntos, el tratamiento justo y equitativo según el derecho internacional, la protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias, el tratamiento de nación más favorecida, los mecanismos para resolver controversias que pudiesen surgir mediante el arbitraje internacional y las medidas de expropiación, nacionalización y otras de efectos similares y cómo han de aplicarse.

El acuerdo entró en vigor el 28 de septiembre de 1992, actualmente se renueva cada dos años y únicamente dejaría de entrar en vigor si fuese denunciado por uno de los dos Estados, previo aviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso. En caso de que esto sucediese, existe una cláusula de remanencia que obliga a que las disposiciones del acuerdo se continúen aplicando a las inversiones realizadas antes de la denuncia durante un periodo de diez años.

El APPRI completo puede consultarse en

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-25449

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Zonas francas y ZEE

Las zonas francas son espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero, ni gravadas con el pago de tributos (salvo las tasas retributivas de servicios que pudieran establecerse). El objetivo de estas zonas es fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales.

La ley que regula estas zonas es la 24.331. La norma se aprobó en 1994 y desde entonces fue modificada en cuatro ocasiones, pero sólo en uno de sus artículos: el 44°, que estipula el plazo de caducidad del derecho al establecimiento de zonas francas en cada provincia. Además, hay una Resolución General que estipula su funcionamiento, la Res. 270/98.

Se pueden desarrollar allí actividades de almacenamiento, comercialización e industrialización de mercaderías. Para fomentar esto último, darle valor agregado a las mercaderías, las industrias radicadas en estas áreas estarán exentas de impuestos nacionales que gravan los servicios básicos.

Existen 12 zonas francas operativas en Argentina. Próximamente entrarán en operación las Río Gallegos en Santa Cruz y Perico en Jujuy. Todas ellas están agrupadas en el Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas https://www.cfzonasfrancasarg.org/

• Zona Franca de La Plata
La base operativa de esta zona franca se encuentra  a 60 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 80 km del Aeropuerto de Ezeiza, además de tener acceso por vía fluvial. Es la única zona franca situada en el área de la ciudad de Buenos Aires y por ella pasa el 90% del comercio de zona franca en Argentina.Para obtener más información, consulte: www.bazflp.com.

• Zona Franca de Comodoro Rivadavia (Chubut)
Es, junto a la de Rio Gallegos, Zona Franca de la Patagonia Argentina con salida al Océano Atlántico mediante el puerto del Golfo San Jorge. Para obtener más información, consulte: www.zonafrancacr.com.ar.

• Zona Franca de Córdoba
La Zona Franca de Córdoba está ubicada en el centro del corredor bioceánico y del Mercosur. Se trata del cinturón industrial más importante del centro del país. Se encuentra a solo 17 km del centro de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad más poblada del país, y a 1500 m del Aeropuerto Internacional Tarrabella. Además, por uno de los costados circula el Ferrocarril General Belgrano que une el puerto de Buenos Aires con el norte argentino, Bolivia y Chile. Para obtener más información, consulte: www.zofracor.com.ar.

• Zona Franca de La Pampa
Es la única Zona Franca Productiva del país. Se encuentra situada en General Pico y cuenta con toda la infraestructura necesaria para desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios. Además, dado que la empresa gestora es Aeropuertos Argentina 2000 S.A., está integrada al Sistema Nacional de Aeropuertos. Para obtener más información, consulte: www.zflapampa.com.ar.

• Zona Franca de Mendoza
La zona Franca de Mendoza está ubicada en Lujan de Cuyo, a 25km de la ciudad de Mendoza, Posee conexiones con las importantes Rutas Nacionales Nº7, que une el Atlántico con el Pacífico, y Nº40, que une el país de norte a sur. Además, también tiene conexión directa con los principales puertos del Pacífico gracias a su cercanía con Chile. Para obtener más información, consulte: www.zonafranca.idits.org.ar.

• Zona Franca de Puerto Iguazú
La Zona Franca del Puerto de Iguazú tiene una superficie de 46 hectáreas en plena frontera con Brasil y Paraguay, lo que hace que tenga una ubicación clave para el movimiento comercial con el Mercosur. Además, cuenta con tres aeropuertos en la zona: Aeropuerto de Foz de Iguazú (Brasil), Aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) y Aeropuerto de Ciudad del Este (Paraguay). Para obtener más información, consulte: www.zfpi.com.

• Zona Franca de Salta
Esta zona está ubicada en el núcleo del Corredor Bioceánico, lo que permite la entrada y salida de productos a través del Puerto de Mejillones en Chile y de los puertos brasileños. Además, se encuentra cerca de las fronteras con Chile, Bolivia y Paraguay. Para obtener más información, consulte: www.zonafrancasalta.com.ar.

• Zona Franca de San Luis
Esta Zona Franca está situada en la Localidad de Justo Daract, sobre la Ruta Nacional Nº7, el principal eje este-oeste (corredor bioceánico), a solo 20 km de la Ruta Nacional Nº8, que une la zona central de Argentina con el sur de Brasil. Para obtener más información, consulte: www.cfzonasfrancasarg.org/zona-franca-san-luis/.

• Zona Franca de Tucurmán
Se trata de un recinto de 25 hectáreas a solo siete kilómetros de San Miguel de Tucumán y a tres kilómetros de la estación ferroviaria de transferencia de cargas en “El Pacará”. 

• Zona Franca Zona Sur
La Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales está situada al sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca. Es la única zona franca de Argentina que otorga la posibilidad de trasladar los beneficios del régimen franco en calidad de usuario directo a emprendimientos productivos, comerciales o de almacenamiento fuera de un área operativa. Más información: www.zfzonasur.com.ar.

• Zona Franca Rio Gallegos  www.zonafrancasantacruz.com

• Zona Franca Perico

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

El Gobierno de Mauricio Macri está estableciendo nuevas reglas en la contratación pública buscando facilitar y agilizar los procesos de selección de contratistas, propiciando, al mismo tiempo, un mayor nivel de concurrencia y transparencia en las licitaciones. El Ministerio de Modernización del Estado fue creado en gran medida para mejorar la transparencia en la gestión pública.

En esta línea, el 1 de octubre de 2016, entró en vigencia el Decreto N° 1030 que aprobó la nueva reglamentación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional dispuesto por el Decreto N° 1023/2001. Además, la Oficina Nacional de Contrataciones (la “ONC”), en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones, dictó normativa complementaria del Reglamento. En este sentido la ONC aprobó:

• el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62/16);
• un nuevo Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC Nº 63/16); y
• el Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el Sistema de Información de Proveedores –SIPRO– (Disposición ONC Nº 64/16).

Asimismo, la ONC habilitó el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR (Disposición ONC Nº 65/16).

Con excepción de la implementación del COMPR.AR, las normas mencionadas comenzaron a ser aplicadas a los procedimientos de selección de contratistas cuyas autorizaciones o convocatorias fueron efectuadas a partir del 1° de octubre de 2016. La implementación del COMPR.AR se realizará según el cronograma gradual que establezca la ONC oportunamente.

Tambièn mencionar la Resolución E 36/2017, de la Sindicatura General de la Nación, que aprueba el Régimen del Sistema de Precios Testigo.

Toda la normativa mencionada puede consultarse en www.infoleg.gob.ar.

Están incluidos en este marco legal: los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

Están excluidos, en cambio, los contratos de empleo público, las compras por caja chica, los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, así como los comprendidos en operaciones de crédito público y las contrataciones en el extranjero realizadas por unidades operativas de contrataciones radicadas en el exterior.

También están excluidos los contratos de obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias, enumerados en el artículo 4° inciso b) del Decreto Delegado N° 1.023/01 (que se rigen por lo dispuesto en el Decreto 1023/2001 y la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064), y los actos, operaciones y contratos sobre bienes inmuebles que celebre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que están regulados en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado, que la AABE aprobó mediante la Resolución 213/2018.

El régimen de contrataciones públicas es de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y sus modificaciones. En ese sentido, el Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional se aplica a la Administración Central, organismos descentralizados incluidas las universidades nacionales y las instituciones de seguridad social. Su ámbito de aplicación no alcanza, en cambio, a provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, ni a otros organismos que cuentan con un régimen específico, como el PAMI y la AFIP. También se encuentran excluidos empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios con participación estatal entidades financieras del sector público nacional, tales como Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Central. Las entidades no comprendidas, sin embargo, pueden voluntariamente aplicar el sistema y participar de su operatoria.

El acceso a la contratación con el Estado viene determinado por la habilitación para contratar (capacidad para obligarse, no estar incurso en causa de inhabilitación y estar inscrito en el SIPRO al momento de la evaluación de ofertas – no es necesaria la inscripción previa para la presentación de ofertas – art. 25 Decreto 1023 y art. 112 del Decreto 1030), por el objeto del contrato (obras y servicios sólo accesibles a empresas locales, salvo determinados casos) y por el procedimiento de selección elegido: subasta pública, licitación, concurso o contratación directa.

La regla general es aplicar la licitación o concurso público, utilizándose las demás alternativas sólo en los casos contemplados en la norma.

La adjudicación del contrato deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, según establece el art. 15 del Decreto 1023/2001 sobre los criterios de selección. Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

En materia de preferencias, la Ley 27437 promulgada 09.05.2018 (Decreto 427/2018) y publicada en el B.O. 10.05.2018, establece el Régimen de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores con objeto de otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional. La norma contó con el apoyo de todos los partidos políticos y fue aprobada por unanimidad en el Senado argentino.

El “compre nacional o argentino” ya existía antes amparado en varias normas de forma confusa y esta Ley viene a definir su alcance, derogando la normativa anterior referida a este tema, si bien no despeja del todo la confusión porque mantiene la vigencia de la ley 18.875 sobre el “Compre Nacional” de 1970 (vinculada a la contratación de servicios), en todo lo que no se oponga a esta norma.

Esta reforma del Compre Argentino supone:
- Ampliación de Sujetos Alcanzados y Coordinación interministerial de las compras para maximizar la participación de industria nacional con mecanismos de planeamiento de compras.
- Aumento de margen de preferencia para industria nacional: 8% (grandes) / 15% (MIPYMES). Posibilidad de bajar el margen al 5% con intervención de MINPROD, JGM y Organismo Contratante. Posibilidad de mejora de oferta para MIPYMES en rango de precio de 20% superior a la mejor oferta.
- Reserva de mercado para MIPYMES oferentes de bienes (<$1,3 MM) y obra pública (<$100 MM) de origen nacional.
- En competencia entre bienes no nacionales, se introduce un incentivo para que gane el que ofrezca mayor contenido nacional (margen del 1% hasta un máximo de 8% por cada 5 p.p. de integración nacional).
- Incorporación de flexibilidad en la definición de contenido nacional para aumentar la posibilidad de participación de la industria nacional en bienes complejos que implica un mayor impacto en el empleo: contenido importado máximo para considerar un bien nacional: Min 30% y Max 70%.
- Acuerdos de cooperación productiva en grandes adquisiciones con proveedores de bienes no producidos en Argentina – 20% del valor del contrato para subcontratación de PyMEs argentinas. Posibilidad de variarlo entre un Min 10 % y Max 30% con intervención de JGM en sectores estratégicos (Ej.: DEFENSA).
- Programa de Desarrollo de Proveedores para promover capacidades de la industria local.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción, en cuyo ámbito se ha creado al efecto la Subsecretaría de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores.

El Decreto (PEN) 800/18 | BO: 05/09/2018, en vigor el 06.09.2018, aprueba la Reglamentación de la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. En su articulado (art.37) aclara que la contratación de obras y servicios se rige por la Ley N° 18.875 (Compre nacional 1970), sin perjuicio de que los bienes que se adquieran en el cumplimiento de las contrataciones de tales obras y servicios sean alcanzados por la Ley N° 27.437 (Compre argentino 2018).

Éste es uno de los principales caballos de batalla de la negociación UE-Mercosur, que se espera superar en las negociaciones que se están desarrollando entre ambos bloques para que fructifique el acuerdo en 2018.

Argentina no es signatario del Acuerdo de Compras Públicas de la Organización Mundial del Comercio.

En el ámbito del Mercosur, en la XXV Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en Montevideo en diciembre 2003, se cerró uno de los acuerdos más postergados de las negociaciones dentro del bloque: el protocolo para compras gubernamentales. Con este tratado cualquier empresa podrá presentarse a licitaciones públicas en los otros países miembros sin que sufra discriminaciones o preferencias.

La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) propone las políticas y establece las normas, sistemas y procedimientos operativos que regirán la gestión de las contrataciones; difunde, capacita y asesora a las entidades que intervienen en el proceso; y elabora y organiza estadísticas e información sobre las contrataciones para que estén a disposición de los distintos participantes y de la ciudadanía en general. www.argentinacompra.gov.ar . La gestión de las licitaciones está a cargo de las unidades operativas de contratación de cada jurisdicción.

La Oficina Anticorrupción realiza estudios, elabora diagnósticos, interviene en algunos procedimientos de adquisiciones y propone políticas generales para mejorar la transparencia en los procesos de compras y contrataciones públicas. www.anticorrupcion.gov.ar.

También han sido aprobados la Ley 27328 y el Decreto Reglamentario 118/2017 de Contratos de Participación Público Privada (en su conjunto el “Régimen PPP”) con el objetivo de brindar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, principalmente en el sector de infraestructura, y dar una herramienta que permita una cooperación equilibrada y previsible entre el sector privado y el público, para financiar obras a largo plazo. La Reglamentación completa y detalla, entre otras:
• Constitución de fideicomisos
• Régimen de la ejecución del contrato
• Preservación de la ecuación económico-financiera del contrato
• Procedimientos de selección del contratista
• Financiamiento y cesión en garantía
• Contraprestación del contratista y sus mecanismos de revisión
• Mecanismos de solución de controversias (paneles técnicos y arbitraje)
• Normas anticorrupción

Además, el Gobierno tiene en cartera un proyecto de ley de transparencia y buenas prácticas en la obra pública. El proyecto original delineado por el subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Ricardo Delgado, plantea tres objetivos. El primero es dotar de mayor transparencia todos los actos que involucran “la vida de las obras”. Pretenden obligar a cada organismo competente a publicar en sus sitios web las licitaciones y los pliegos, que deberán ser gratuitos y de acceso anónimo. Cada paso de la licitación también deberá ser abierto y estar online: los oferentes, el volumen de sus ofertas, los pagos y los plazos y los avances de cada obra.
El segundo objetivo es evitar la cartelización. Para eso, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia realizará un monitoreo. El tercer eje pretende echar luz sobre el valor real de las obras. Para evitar sobreprecios, las licitaciones incluirían un presupuesto detallado. Si las obras superan el 20% de lo presupuestado, las autorizaciones deberán llevar la firma de las autoridades superiores a la instancia de licitación. "Cuando la oferta resulte sustancialmente superior o inferior al presupuesto oficial, será desestimada". Uno modo de evitar sobreprecios, pero también de eludir la posterior falta de fondos para terminar las obras.
El Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas -no autónomo y dependiente del Ministerio del Interior- será el único organismo que tendrá a su cargo la evaluación y calificación de los antecedentes de los constructores. El artículo 11 del borrador faculta al Ejecutivo para crear el Instituto Nacional de Buenas Prácticas para la Administración de Obras (INBPAO). El proyecto plantea casos de incompatibilidad entre funcionarios que hayan pertenecido a las empresas del sector durante los tres años previos a una licitación. No podrán formar parte de la comisiones de adjudicación.
A las mismas reglas deberán someterse las participaciones público-privadas (PPP), si bien el Gobierno estima que esta modalidad no superará el 20% de las obras.

Por último, señalar la promulgación de la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente desde el 01.03.2018, que atribuye responsabilidad penal a las personas jurídicas por algunos hechos de corrupción cometidos por sus dependientes y terceros vinculados con la empresa. A fin de eximir o reducir su responsabilidad, resulta esencial que la entidad se organice de manera tal que pueda prevenir o reducir sus riesgos. Así cobra relevancia el programa de integridad de la sociedad (enumerada en los arts. 22 y 23), cuya adecuada implementación resulta de importancia para la ley debido a las siguientes razones: exime de pena y responsabilidad administrativa (art. 9º); atenúa la graduación de la sanción penal (art. 8º); es una condición necesaria para acceder a un acuerdo de colaboración eficaz (art. 18); y es un requisito para ser proveedor del Estado Nacional para ciertas contrataciones (art. 24).
 

 

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Régimen de inversiones

 
La Constitución argentina brinda al extranjero un trato igualitario desde su Preámbulo y reconoce a éste los mismos derechos que a los nacionales en su Artículo 20. Además de la Constitución, el marco normativo de la inversión extranjera está constituido por la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, los numerosos Tratados Bilaterales de Inversión TBI y la adhesión al Convenio del Ciadi

La Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 (Decreto 1853/1993 que aprueba el Texto Ordenado) define el marco legal que rige para la inversión extranjera en el país, que no requiere aprobación previa alguna. La ley determina que los inversores extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes establecen para los inversores nacionales.

Según establece dicha ley, los inversores extranjeros tienen derecho a:
- Transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión.
- Utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organización previstas por la legislación nacional.
- Hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional.

La legislación precisa también las formas en las cuales se puede materializar la inversión extranjera:
- Moneda extranjera de libre convertibilidad.
- Bienes de capital, sus repuestos y accesorios.
- Utilidades o capital en moneda nacional pertenecientes a inversores extranjeros siempre que se encuentren legalmente en condiciones de ser transferidos al exterior.
- Capitalización de créditos externos en moneda extranjera de libre convertibilidad.
- Bienes inmateriales de acuerdo con la legislación específica.
- Otras formas de aporte que se contemplen en regímenes especiales o de promoción.

Asimismo, establece el tratamiento que se debe dispensar a los aportes transitorios y a la vinculación entre empresas controlantes y controladas

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
(http://www.inversionycomercio.org.ar/)
A principios de 2016 se crea la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional como un organismo descentralizado, coordinado por un comité ejecutivo integrado por funcionarios del Ministerio de Producción y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es responsable de:
- Atraer y facilitar inversión extranjera directa (IED) de calidad, especialmente en sectores estratégicos.
- Ayudar a las compañías argentinas a expandir sus negocios en el mundo.
- Promover la mejora del clima general de negocios y del marco regulatorio.
- Elaborar información de mercado precisa que agregue valor tanto para los inversores como para las empresas argentinas.

A imagen del ICEX, integran en una sola agencia las funciones de apoyo a la internacionalización de sus empresas junto con la de captación de inversión extranjera en el país.

• CIADI
El Ciadi es una institución del Grupo del Banco Mundial, creado para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Ser miembro del Ciadi (Argentina y España lo son) no implica el pase automático a su jurisdicción, sino que resulta necesario un consentimiento escrito que habilite la intervención de ese organismo. Dicho consentimiento está contenido en los TBI, en tanto en la mayoría de ellos incluye el arbitraje ante el Ciadi como mecanismo para la resolución de controversias.

APPRI con España
Argentina ha firmado 54 TBI con otros tantos países del mundo. El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, en vigor desde 1992, es un tratado bilateral que contiene medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de España en Argentina y viceversa.

Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Así, ambos países reconocen ciertas obligaciones y garantías a las inversiones realizadas en ambos sentidos. Este acuerdo contempla, entre otros puntos, el tratamiento justo y equitativo según el derecho internacional, la protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias, el tratamiento de nación más favorecida, los mecanismos para resolver controversias que pudiesen surgir mediante el arbitraje internacional y las medidas de expropiación, nacionalización y otras de efectos similares y cómo han de aplicarse.

El acuerdo entró en vigor el 28 de septiembre de 1992, y únicamente perdería vigencia si fuese denunciado por uno de los dos Estados, previo aviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso. En caso de que esto sucediese, existe una cláusula de remanencia que obliga a que las disposiciones del acuerdo se continúen aplicando a las inversiones realizadas antes de la denuncia durante un periodo de diez años.

El APPRI completo puede consultarse en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-25449.

• Convenio para evitar la doble imposición con España
España y Argentina tenían un Convenio para evitar la Doble Imposición que entró en vigor en julio de 1994, y que fue denunciado el 29 de junio de 2012 por Argentina, dejando de tener efecto a partir del 1 de enero de 2013. El texto del nuevo Convenio, acordado en octubre de 2012, fue firmado el 11 de marzo de 2013 y, una vez aprobado por los Parlamentos de ambos países, entró en vigor el 23 de diciembre de 2013, si bien sus disposiciones fueron aplicadas con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

La modificación principal es la supresión del apartado 4 del artículo 22, que disponía que el patrimonio constituido por acciones o participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad sólo podía someterse a imposición en el Estado Contratante del que su titular fuera residente. En el antiguo convenio, las acciones de sociedades argentinas propiedad de personas físicas o jurídicas radicadas en España, no quedaban sujetas a imposición en Argentina en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

El nuevo texto también incluye un Memorandum que salvaguarda la aplicación de las normas internas sobre prevención de la evasión fiscal, la transparencia fiscal internacional y la utilizació abusiva de los beneficios del Convenio.

El Convenio tiene una gran trascendencia para las empresas y los ciudadanos argentinos y españoles porque abarca un conjunto muy amplio de hechos imponibles como las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, navegación marítima y aérea, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones o regalías, ganancias de capital, rentas por servicios personales independientes, remuneraciones por servicios personales dependientes, retribuciones de directores y consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, remuneraciones por funciones públicas, percepciones de profesores y estudiantes, otras rentas, y el patrimonio.

El nuevo Convenio supone una mejora y actualización del anterior y facilita la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones, potenciando el intercambio de información de trascendencia tributaria entre ambos países.

El Convenio completo puede consultarse en la siguiente dirección:

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOEA-2014-373.pdf

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Propiedad inmobiliaria

No hay restricciones para la compra de inmuebles por extranjeros, salvo lo dispuesto por la Ley 26.737 de tierras: la ley establece que el porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras no puede superar el 15% en el territorio nacional. Los extranjeros de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% del total de tierras extranjerizadas. En superficie, un extranjero no puede adquirir más de 1000 hectáreas o su equivalencia en la zona agrícola núcleo [sudeste de Córdoba y Santa Fe y norte bonaerense]. El presidente Mauricio Macri modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales para facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país. Mediante el decreto 820/2016, el Gobierno nacional definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de "más del 51% del capital social de una persona jurídica" Esto cambia la norma que estaba vigente, en la que se definía como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)". Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial". El decreto indica que "dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales. Las provincias deben definir las "equivalencias", en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. En caso contrario, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales "fijará las equivalencias".

Para la adquisición por extranjeros de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior.

Sobre el precio del inmueble, deben tenerse en cuenta otros gastos de la operación: escribano (notario) y el Registro de la Propiedad; impuestos; comisión de la inmobiliaria (3-4%) y gastos bancarios

Fiscalidad

Personas físicas extranjeras

La escritura de compraventa está gravada con el Impuesto de Sellos (Provincial) con un tipo promedio del 2,5% del precio en escritura o Valuación Fiscal o Valor Inmobiliario de Referencia, lo que resulta mayor. En la ciudad de Buenos Aires es el 3,60% (en Provincia de Buenos Aires es el 2%): el comprador paga un 1,80% y el vendedor un 1,80%. En el caso de los residentes que adquieren vivienda única, tanto el comprador como el vendedor en la ciudad de Buenos Aires estarán exentos del impuesto hasta AR$ 975.000, abonando la carga fiscal sobre el excedente (en Provincia de Buenos Aires si la Valuación Fiscal es menor a AR$ 972.000, independientemente de cual sea el precio, no paga ni vendedor ni comprador). Si no es residente o es segunda vivienda, se tiene que pagar el impuesto.

La operación está gravada con el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) que paga el vendedor a un tipo del 1,5% del precio en escritura. Como en el caso de Sellos, no aplica para residentes si está vendiendo su vivienda y/o terreno para adquirir o construir -dentro del término de un año- una propiedad destinada a vivienda única (se requiere Certificado de no Retención de la AFIP, equivalente a la AEAT).

Una vez adquirida la condición de propietario, se paga:

- En la ciudad de Buenos Aires: Impuesto inmobiliario / ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) que cobra la Municipalidad (Ayuntamiento), anual o mensualmente y que depende de superficie, ubicación....(es un importe menor). En Provincia de Buenos Aires: Impuesto Territorial (ARBA) y Tasa municipal (alumbrado, barrido y limpieza)

- Impuesto sobre Bienes Personales (equivalente al Impuesto sobre el Patrimonio español). El tipo aplicable para no residentes es del 1,25%. Para residentes: exención hasta AR$ 305.000 y luego tipo variable según escala con un mínimo del 1,25%.

En caso de alquiler: retención impuesto a las ganancias (equivalente a IRPF): 21% (ganancia presunta: 60% sobre 35%) y el contrato está gravado con Impuesto a los sellos: tasa promedio 1%. Si es un alquiler comercial, el contrato de arrendamiento está sujeto a IVA (21%) para rentas superiores a AR$ 1.500 y al impuesto a los ingresos brutos (municipal): tasa promedio 3%. Régimen de información Registro de operaciones inmobiliarias: en caso de alquileres de más de AR$ 8.000 mensuales, se debe comunicar a la AFIP los detalles de la transacción, precio, información de la propiedad, etc.; se obtiene el certificado de registro que debe mostrarse al inquilino. Si no hay declaración fiscal de alquiler, en una futura venta la AFIP puede considerar una ganancia máxima presunta y será ella quien determine el tipo aplicable y la base de cálculo para ello.

En caso de una futura venta, además del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) y el Impuesto de Sellos, ya comentados, todas las operaciones pagan un 15% en concepto de Impuesto a las Ganancias (equivalente al IRPF) sobre la diferencia entre valor de compra y valor de venta.

Los residentes en el exterior deberán solicitar un "Certificado de Retención" a la AFIP. Luego, los agentes de retención (escribano) deberán retener el importe que surja del "Certificado de Retención". Dicho certificado deberá efectuarse con una antelación mínima de 20 días naturales a la escritura de compraventa. Cuando el valor de la propiedad sea igual o superior a AR$ 1.500.000, debe informarse a la AFIP el precio de venta y solicitar el Certificado de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) antes de la fecha de la escritura y si el valor de la propiedad o la Valuación Fiscal supera los AR$ 3.000.000 además el comprador tiene que justificar el origen del dinero con documentación respaldatoria.

Personas jurídicas extranjeras

Lo mismo pero:

- el tipo del Impuesto sobre Bienes Personales es del 2,5%.

- en caso de venta, la retención de Impuesto a las Ganancias (equivalente al Impuesto de Sociedades) es del 17,5% sobre el precio de venta (ganancia presunta 50% sobre 35%) o del 35% sobre la ganancia concreta (optativo); no aplica el ITI y sí impuesto a los sellos: tasa promedio 2,5%

Hay que tener en cuenta que respecto al Impuesto a las Ganancias (equivalente al Impuesto de Sociedades/IRPF español), la retención tiene un tipo reducido por aplicación del convenio para evitar doble imposición que rige entre España y Argentina. En la declaración de esa renta en España, se podrá reducir el importe retenido por el fisco argentino, acreditado mediante el correspondiente certificado de retención fiscal.

Más info en http://www.afip.gov.ar/inmuebles/

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Argentina cuenta con numerosos programas de incentivos diseñados para facilitar la inversión nacional y extranjera en el país: incentivos horizontales, incentivos sectoriales, incentivos a la localización, incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico, incentivos al empleo y programas de financiamiento de la inversión y de promoción de exportaciones, 

Entre os principales incentivos fiscales, destacan:

- Minería
Los incentivos se otorgan por explorar, preparar y extraer determinados minerales y consisten en estabilidad tributaria durante 30 años (excepto el IVA y las contribuciones a la seguridad social) y royalties limitados al 3% del valor del mineral extraído. Las  actividades mineras deben desarrollarse en las provincias incluidas en el programa.

- Instituciones de formación
Se otorgará un crédito fiscal, que puede usarse para abonar cualquier impuesto, por los gastos en los que incurran las empresas destinadas al apoyo de las instituciones de formación (mínimo de 0,8% y máximo de 8%).

- Bienes de capital y proyectos de infraestructura
Se ofrecen beneficios fiscales por inversiones en bienes de capital utilizados para actividades industriales (excepto vehículos y proyectos de ingeniería civil). Estos beneficios pueden ser una devolución del impuesto sobre sociedades o una depreciación acelerada en determinados activos.

- Proyectos de investigación y desarrollo
Se otorgará un crédito fiscal por los gastos admitidos en el programa relacionados con proyectos de investigación y desarrollo, que se puede compensar con el impuesto a las Ganancias, siempre que no supere el 50% del total del proyecto.

- Industria del software
La ley proporciona ventajas fiscales a determinadas actividades de la industria del software, como la creación, el diseño, el desarrollo, y la implementación de sistemas. Estos beneficios fiscales estarán disponibles, en principio, hasta diciembre de 2019, e incluyen estabilidad fiscal durante 10 años, créditos fiscales equivalentes al 70% de las contribuciones a la seguridad social y un 60% de descuento en el impuesto a las Ganancias.

- Biocombustible
Las ventajas fiscales para este sector son las siguientes: amortización/depreciación acelerada de activos e inversiones, devolución rápida del IVA en determinados activos e inversiones, exención para dichos activos de los impuestos sobre la ganancia mínima presunta y exención de las tasas de hidroinfraestructuras, combustible, gas natural y gasoil.

- Biotecnología moderna
Se proporcionan ventajas fiscales a las empresas que realicen proyectos de investigación, desarrollo y producción a partir de la aplicación de la biotecnología moderna. Estas ventajas estarán en vigor durante 15 años e implican una depreciación acelerada de los activos fijos y equipos, una exención de la ganancia mínima presunta para dichos activos, devolución rápida del IVA de las compras de dichos activos y certificado de crédito equivalente al 50% de las contribuciones a la seguridad social.

- Energías renovables
El desarrollo de las energías renovables es prioritario para Argentina que se ha propuesto que su matriz energética cuente con un 20% de energía de fuente renovable en 2025. El régimen de promoción incluye la exención de aranceles a la importación de equipos, partes y repuestos; amortización acelerada; devolución anticipada de IVA; exención del Impuesto a las Ganancias Mínimas Presuntas; exención del Impuesto a los Dividendos ante la reinversión en infraestructura; deducción de la carga financiera en el Impuesto a las Ganancias; y Certificado Fiscal por el 20% de la integración nacional con un mínimo de un 30%. Para cada tecnología se ha fijado un cupo máximo a los beneficios fiscales, que para la eólica y la solar es de 960 mil y 720 mil USD/MW.


- MiPymes
Programa de asistencia y beneficios impositivos diseñados para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas: pago diferido del IVA a 90 días; el impuesto a los créditos y débitos bancarios que hubiese sido efectivamente ingresado podrá ser computado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias; el impuesto a la “Ganancia Mínima Presunta” no será aplicable a los ejercicios fiscales iniciados a partir del 01/01/2017 estableciéndose exclusión de oficio; precios especiales, financiamiento y/o crédito para las adquisiciones en servicios enfocados en tecnología; Régimen de Fomento de Inversiones (inversiones productivas entre el 01/07/2016 y el 31/12/2018 pueden computarse 10% de la inversión como pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias y convertir el IVA de las inversiones en un bono fiscal)

El nuevo gobierno de Mauricio Macri creó en febrero de 2016 una nueva Agencia Nacional de Promoción de Inversiones  y Comercio Internacional. Se trata de un organismo que asesora a los inversores extranjeros sobre todos estos incentivos. Además, coordinan una Red provincial de Agencias de promoción de inversiones. A imagen del ICEX, integran en una sola agencia las funciones de apoyo a la internacionalización de sus empresas junto con la de captación de inversión extranjera en el país. Más información en http://www.inversionycomercio.org.ar/

 

 

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Representación y agencia

El contrato de agencia no está regulado en una ley específica como en España ni existe tampoco un Colegio de Agentes Comerciales.

El contrato de agencia aparece regulado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2015)

El art. 1479 del CCCN define al contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada empresario de manera estable continua e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. A su vez el agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al empresario. El contrato debe instrumentarse por escrito. Las obligaciones del agente están establecidas en el art. 1483 CCCN y puntualiza que debe velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe, con la diligencia de un buen hombre de negocios en la conclusión de las operaciones pactadas, que debe cumplir con su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresario y trasmitir toda la información de la que disponga relativa a su gestión, que debe informar al empresario sin retraso de todos los negocios tratados y concluidos, y en particular lo relativo a la solvencia de terceros con que se proponen concluir operaciones, recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros y asentar en la contabilidad en forma independiente los actos u operaciones que el agente realice para cada uno de los empresarios que asista. El art. 1486 CCCN fija la comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos, estableciéndose que el derecho al cobro de las mismas será una vez concluida la operación durante la vigencia del contrato de agencia y siempre que el precio haya sido cobrado por el empresario (1487 CCCN). El CCCN en su art. 1492 establece un sucedáneo de la indemnización por despido, a través de la figura del preaviso que deberá ser de un mes por año de antigüedad y finalizar cuando culmine el mes calendario. También se establece una compensación por clientela (art. 1497 CCCN) cuando el contrato es por tiempo indeterminado, en la medida que la labor haya incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario.

El Nuevo Código Civil y Comercial reivindica el trabajo autónomo y por cuenta propia y avanza sobre muchos de los institutos del derecho del trabajo, comprometiendo estatutos especiales como el de viajantes de comercio.

Así, el art. 1251 del CCCN establece que existe un contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio a cambio de una retribución. A continuación el art. 1252 del CCCN aclara que los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral, como para enfatizar que los reglados por estas normas son servicios u obras brindados en forma autónoma e independiente. 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La utilización de joint ventures en Argentina se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años, ya que este tipo de alianzas estratégicas permite compartir costes y riesgos. Son más comunes en aquellos negocios en los que se requiere una gran inversión inicial. A menudo, empresas argentinas aportan el know-how y buscan un aliado extranjero que aporte el capital. En algún supuesto, la constitución de una joint venture es requisito imprescindible para que una empresa extranjera pueda operar. Por ejemplo, en materia de contratación pública de servicios de ingeniería y consultoría (artículo 8 del Decreto Nº 2.930/70, reglamentario de la Ley Nº 18.875)

Están contemplados como "contratos asociativos" en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). La ley 26.994 traslada al nuevo CCCN (arts.1442 a 1447) a los contratos asociativos que estaban en la Ley General de Sociedades (LGS) y en la ley 26.005. Entre las figuras contempladas en la norma están las “agrupaciones de colaboración”, “uniones transitorias” y “consorcios de cooperación”. Las características comunes son: tener por objeto la colaboración, la organización o la participación, tener “comunidad de fín” entre sus miembros, no reconocimiento de personalidad ni de naturaleza societaria, libertad de formas, plenos efectos entre las partes. Deben inscribirse en el Registro Público, aunque si no lo hacen, siguen teniendo efectos entre las partes. 


- AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN
Estos contratos crean una organización común entre varios sujetos, sean personas humanas o personas jurídicas, con la finalidad de “facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros, o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades (art. 1453). La Agrupación no puede perseguir fin de lucro ni dirigir las actividades de sus miembros debiendo recaer las “ventajas económicas” directamente en el patrimonio de los participantes (art. 1454). El objeto es reducir costos o maximizar beneficios para sus miembros. La Agrupación, según el art..1455 inc. L debe llevar los “libros habilitados a nombre de la agrupación” disponiendo que deben ser “los que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común” y debe confeccionar “estados de situación” de los que deriven beneficios o pérdidas (art.1460).


- UNIONES TRANSITORIAS
Es un contrato para el desarrollo o ejecución de “obras, servicios o suministros concretos” (art.1463) que constituye traspolación de la figura de la UTE del art. 377 de la LGS. Constituye la figura local del “joint venture” contractual con un objeto determinado. Se trata de un ente con actividad externa frente a terceros, donde los miembros realizan prestaciones y reciben un resultado que puede implicar beneficios o pérdidas diferenciadas para cada partícipe. El art. 1464 inc. L exige libros habilitados “a nombre” de la unión transitoria disponiendo que deben ser “los que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común”.


- CONSORCIO DE COOPERACIÓN
Es un contrato cuyo objeto es “una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados” (art.1471). No puede dirigir la actividad de sus miembros y los resultados que genera el consorcio se distribuyen entre ellos en la proporción correspondiente. A diferencia de la “Agrupación de colaboración” tiene fin de lucro y desarrolla actividad “externa” con resultados a repartir. Sus movimientos deben constar en “libros contables llevados con las formalidades establecidas por las leyes “ (art. 1475).

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Tipos de sociedades

La constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades comerciales están sustancialmente regulados por la Ley General de Sociedades y por el Código Civil y Comercial de la Nación

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm#3
Código Civil y Comercial de la Nación
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
Ley General de Sociedades

La ley 26.994 sanciona al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), deroga el viejo Código de Comercio argentino y reforma la Ley de Sociedades, la ley 19.550, que se denomina ahora “Ley General de Sociedades” (LGS), con vigencia a partir del 1 de agosto de 2015.

Conforme a la reforma de la LGS, las sociedades pueden agruparse en dos grandes categorías. En primer lugar, una categoría de sociedades “regulares” que son las inscritas en el Registro Público (de Comercio) y que están tipificadas por la ley: colectiva, comandita simple, capital e industria, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. En esta categoría también deben incluirse las sociedades “constituidas en el extranjero” de los arts. 118 y 123 de la ley (las personas jurídicas privadas constituidas en el extranjero se rigen por las normas de sociedades constituidas en el extranjero de la ley general de sociedades, dice el art. 150 in fine del CCCN), en la medida en que estén inscritas. Todas estas sociedades “regulares” están inscritas y tienen la obligación de llevar contabilidad.

Como segunda categoría, aparecen en el nuevo texto legal las sociedades “de la Sección IV del Capítulo I”, sección donde antes se ubicaban a las sociedades no constituidas regularmente. En esta categoría de sociedades, que se pueden denominar sociedades “informales”, se encuentran ahora ubicadas las siguientes: a) las sociedades atípicas, las que omitan requisitos esenciales, o tengan elementos incompatibles con el tipo; b) las sociedades de hecho o las sociedades típicas pero no inscriptas; y c) las sociedades civiles constituidas oportunamente, al haber desaparecido su regulación en el nuevo Código Civil y Comercial. Estas sociedades, a pesar de su informalidad, también son “personas jurídicas privadas” y, por ende, tienen la obligación de llevar libros. Ahora bien, en este caso, su falta de inscripción impedirá la rubricación de sus libros. Sin embargo, el tema podría subsanarse acudiendo, por extensión, a la regla de la rubricación “voluntaria” . O sea que sin inscribirse (aunque sí identificándose, como en el caso de los bienes registrables), estas sociedades podrían acudir a la contabilidad regular. Lo más importante es que la no inscripción no crea “irregularidad” sino que reconduce al régimen de las sociedades informales, con obligatoriedad entre otorgantes y oponibilidad a terceros que conozcan los estatutos.

Los tipos más comunes de sociedades "regulares" son las Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada y las sucursales de sociedades extranjeras.  

  Sociedad Anónima S.A. Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L
¿Cómo se divide el capital? Acciones Cuotas sociales
¿Cuántos socios? 1  o más. Sin límite máximo. Como mínimo 2 y no más de 50.
¿Qué formalidades son necesarias? Requiere escritura pública e inscripción en el Registro Público de Comercio No es necesaria escritura pública y puede instrumentarse en documento privado con firmas legitimadas (certificadas) notarialmente. Requiere inscripción en el Registro Público de Comercio
¿Qué responsabilidad patrimonial tiene cada uno de los socios? Limitada a la integración de las acciones suscritas Limitada a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran.
¿Qué nombre puede llevar la Sociedad? Nombre de fantasía o puede incluir el nombre de una o más personas físicas. Debe incluir la expresión "Sociedad Anónima", su abreviatura o la sigla SA. Nombre de fantasía o puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la expresión "Sociedad de Responsabilidad Limitada", su abreviatura o la sigla SRL.
¿Cuál es el capital mínimo y en qué momento hay que realizar aportes?

El capital mínimo es de $100.000 y tiene que ser razonable teniendo en cuenta las actividades que desarrollará la sociedad. Si se trata de aportes dinerarios, debe desembolsarse al menos el 25% en el momento de la celebración del contrato constitutivo y el 75% restante en el plazo de los dos años siguientes. Si se trata de aportes no dinerarios, debe hacerse en el momento de la celebración del contrato constitutivo. En la Sociedad Anónima Unipersonal el capital deberá ser integrado en su totalidad.

Opcionalmente, la acreditación del desembolso de los aportes dinerarios también se tendrá por satisfecha mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución de la sociedad, del escribano público, de que ante él los accionistas hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese mismo acto.

No se establece un capital mínimo, no obstante este tiene que ser razonable teniendo en cuenta las actividades que desarrollará la sociedad. Si se trata de aportes dinerarios, debe desembolsarse al menos el 25% en el momento de la celebración del contrato constitutivo y el 75% restante en el plazo de los dos años siguientes. Si se trata de aportes no dinerarios, debe hacerse en el momento de la celebración del contrato constitutivo.

Opcionalmente, la acreditación del desembolso de los aportes dinerarios también se tendrá por satisfecha mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución de la sociedad, del escribano público, de que ante él los accionistas hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese mismo acto
¿cómo se justifican los aportes en especie? Con un inventario suscrito por contador público o abogado que ejerza la sindicatura y la firma de los socios fundadores. Deberá justificarse la valuación asignada por el valor de plaza, cuando se trate de bienes con valor corriente ó por informe pericial, en cuyo caso el perito deberá ser matriculado con título universitario habilitantes en la especialidad que corresponda a los bienes de que se trate. Con un inventario suscrito por contador público y la firma de los socios fundadores. Deberá justificarse el valor conforme a los antecedentes indicados en el contrato de constitución
¿Los socios garantizan sus aportes? Los Socios deben integrar la totalidad de los aportes dentro de los 2 años de comprometidos, producida su mora automáticamente se suspende el ejercicio de todos los derechos sociales inherentes a sus acciones. El Estatuto también podrá prever sanciones por la mora. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros por los casos de falta de integración o sobrevaluación de los aportes. Los terceros pueden hacer valer esta garantía en los casos de insuficiencia patrimonial por las obligaciones sociales o en caso de insolvencia o quiebra de la Sociedad.
¿Se puede ceder libremente las participaciones en la sociedad? La transmisión de las acciones es libre. El estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones pero no prohibirla. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria en el contrato, quien puede limitarla pero no prohibirla.
¿Quién debe ejercer la dirección y administración de la sociedad? El Directorio - Compuesto por uno o más directores designados por la asamblea de accionistas. La representación corresponde al Presidente del Directorio. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas el Registro Público de Comercio como requisito para la atribución de responsabilidades.  La Gerencia - Formada por uno o más gerentes, socios o no. Tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas en el contrato
¿Se necesita tener un órgano de vigilancia, síndico o Comisión Fiscalizadora? Es optativo, excepto para aquellas empresas que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos contemplados en el art. 299 de la LGS, las cuales están obligadas a poseer un órgano de fiscalización privado. Es optativo, excepto para aquellas Sociedades cuyo capital alcance el importe de $ 10.000.000.-
¿Qué responsabilidad tienen los Síndicos de de la Sociedad? Son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, el estatuto y el reglamento. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos u omisiones de estos, cuando el daño no se hubiera producido si hubiera actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo. Son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, el estatuto y el reglamento. También son responsables solidariamente con los gerentes por los hechos u omisiones de estos, cuando el daño no se hubiera producido si hubiera actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo.
¿Hay algún coste de registro? Las Sociedades Anónimas deben abonar una tasa anual de fiscalización percibida por la Inspección General de Justicia, que es la entidad a cargo del Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de supervisión de las sociedades argentinas. Dicha tasa se calcula tomando de base la cifra del capital social y, en su caso, el importe de la cuenta de ajuste de capital y es independiente al coste del arancel que debe abonarse a la Inspección General de Justicia por el inicio de cada trámite registral que se pretenda inscribir. Están exentas del pago de la tasa anual de fiscalización de la Inspección General de Justicia. No obstante, están sujetas al pago de una tasa de servicios de $ 30 por cada trámite que se presente a inscripción en IGJ (que se suma al coste del arancel que debe abonarse a la Inspección General de Justicia por el inicio de cada trámite registral que se pretenda inscribir).
¿Deben presentar los estados contables? Existe la obligación de presentar anualmente ante la Inspección General de Justicia los estados contables (cuentas anuales) junto con informe de sindicatura, cuando existe la misma. Además, informe de auditoría para aquellas sociedades cuyo capital social exceda los $ 10.000.000. No es obligatoria la presentación anual de estados contables ante la Inspección General de Justicia (salvo para las sociedades incluidas en el inciso 2 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades– sociedades con más de $ 10.000.000 de capital social–).

 

Con la reforma de la LGS aparece la figura de Sociedad Unipersonal (SU), que no estaba tipificada (bajo el código anterior, para constituir una sociedad comercial, se necesitaban, al menos, dos socios). Solo se admite que sean unipersonales las sociedades anónimas (art.1º), no puede ser único socio otra sociedad anónima unipersonal (art.1º), la denominación debe ser “sociedad anónima unipersonal, su abreviatura o la sigla “S.A.U.” (art. 164); la integración del aporte debe ser un 100% al momento de la constitución (art.187), están sujetas a fiscalización estatal permanente (art. 299 inc.7º), lo que implica que deban tener sindicatura plural (art.284, segundo párrafo, LGS) y directorio plural en forma obligatoria (art.255, segundo párrafo, LGS). Los directores pueden ser ad honorem, pero no los síndicos.
En la práctica, esta figura se va a utilizar fundamentalmente en dos casos: una empresa extranjera que podrá ser la única socia fundadora de una sociedad local (filial) sin verse sometida a los riesgos que derivarían de la necesidad de contar con otro socio local; y para las empresas nacionales de cierta envergadura les permite establecer unidades de negocios con patrimonios y personalidad jurídica diferenciada.
En caso de unipersonalidad sobrevenida, ya no va a ser causal de disolución en ningún tipo social (arts. 94 y 94 bis.) Si se trata de sociedad en comandita simple, por acciones o de capital e industria, al convertirse en unipersonal se transforman automáticamente en S.A. Unipersonal, si no deciden otra cosa en los tres meses (art. 94 bis). Nada se dice sobre qué pasa cuando una SRL o una Sociedad Colectiva, o incluso una S.A., que no sea una SAU, quedan con un único socio, tema que deberá ser despejado por la doctrina.

Las sociedades anónimas pueden ser socias de otras sociedades anónimas, de SRL y ser parte de contratos asociativos (art.30)
Se generaliza el instituto de la reactivación societaria. El art. 100 LGS permite que cualquier causal de disolución pueda ser removida bajo las siguientes condiciones: a) decisión del órgano de gobierno; b) eliminación de la causal disolutoria; c) viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad; d) no haberse cancelado la inscripción registral; e) dejando a salvo los derechos de terceros y las responsabilidades asumidas.
Si en los estatutos no hay previsiones especiales y lo consienten todos los que deben participar del acto, se admiten las asambleas a distancia (art. 158 a). 
 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)

La Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, publicada en el Boletín Oficial el 12 de abril de 2017 regula ciertas ventajas fiscales para emprendedores y para el financiamiento colectivo, e introduce un nuevo tipo societario: la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.),
El uso de la tecnología, la celeridad en el mundo de los negocios y la flexibilidad que una gran mayoría de los nuevos emprendimientos requieren, demandan estructuras legales ágiles para la concreción de los fines propuestos por los empresarios, emprendedores y comerciantes. Esta nueva sociedad constituye una herramienta legal de gran utilidad para las PyMEs y para el amplio sector emprendedor agropecuario argentino, buscando que estos puedan estar integrados en una economía formal desde el comienzo de sus actividades.
La norma brinda simplicidad y agilidad en la constitución, estructura y desarrollo del nuevo tipo social, un híbrido que combina diversos elementos de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. En opinión de Favier Dubois: “La S.A.S. es una institución que podemos calificar como “revolucionaria” en varios sentidos: a) “Privatiza” el derecho de las sociedades cerradas, al anteponer la voluntad de los socios sobre las normas de la ley 19.550 y sacarlas del área de la autoridad de contralor (art.33); b) “Desjudicializa”, al procurar la resolución de los conflictos fuera de los tribunales (art.57); c) “Digitaliza” al derecho societario al prever no sólo el uso de los TICS para la constitución, registros y comunicaciones, sino para la propia gestión societaria (art.44); y d) Es “expansiva”, en tanto la ley prevé que las sociedades preexistentes pueden ser transformadas en S.A.S. para aprovechar sus grandes ventajas (art.61), lo que ya ocurrió en otras latitudes.”
Una de las ventajas que hacen más aconsejable la adopción de este tipo social es la posibilidad de ser unipersonal y, con un capital social mínimo bajo, equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente AR$20.000, lo que vuelve a la Sociedad por Acciones Simplificada mucho más atractiva que la Sociedad Anónima Unipersonal donde se exige la suscripción de $100.00 de capital social mínimo.
Otra de las ventajas que ofrecen las S.A.S., si se utiliza el modelo tipo de Instrumento Constitutivo, que se encuentra en el Anexo A2 de la Resolución General 6/2017 de IGJ, es la posibilidad de realizar el trámite de constitución por internet, con un plazo previsto de 24 horas, en el cual también se podrá obtener el CUIT de la sociedad y la apertura de la cuenta bancaria.
La norma promueve la digitalización de las inscripciones societarias, así como las notificaciones por la misma vía, lo que acelerará significativamente todos los plazos de registración y modificaciones estatutarias, no habiendo en algunos supuestos necesidad de publicar edictos, permitiéndose la celebración de reuniones de socios a distancia mediante medios que permitan a los participantes comunicarse en forma simultánea (vía Skype), incorporando la utilización de registros contables digitales y del protocolo notarial electrónico para el otorgamiento de poderes, estatutos y modificaciones de los mismos, con firma digital del autorizante.
La principal desventaja que presenta la S.A.S. es la existencia de muchas lagunas legales y la posible situación de inseguridad jurídica que pueda llegar a darse en aspectos controvertidos entre las normas que supletoriamente las regulan. La ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, que regula a las S.A.S. no modifica la ley 19.550 sino que se trata de una ley independiente y específica que instituye un nuevo tipo societario por fuera de la Ley General de Sociedades.
De esto resulta que nos encontramos ante un sistema jurídico donde, como regla, deben aplicarse: en primer lugar la ley 27.349; en segundo lugar las previsiones del Estatuto, y en tercer lugar la ley 19.550; pero sólo en las disposiciones que “se concilien” con las características de las S.A.S.
 

Sucursales de Sociedades Extranjeras

Como alternativa a la constitución de una filial o participación en una sociedad local, las sociedades extranjeras pueden realizar las actividades comprendidas en su objeto social a través de una sucursal o cualquier otra especie de representación permanente, para lo cual deben:
1) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país.
2) Fijar un domicilio en el país, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en el país;
3) Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará.
Si se tratare de una sucursal, se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales.
Debe llevar una contabilidad separada y su representante contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé la LGS

Trámites y costes

En el documento "Costes de Establecimiento en Argentina" disponible en la web de ICEX http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-habituales/informacion-de-mercados/simulador-costes-de-establecimiento/index.html, se detalla información sobre tramitación y costes de constitución de sociedades en el país.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Propiedad industrial

Marca

La Ley N° 22.362 establece que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva; y todo otro signo con tal capacidad.

No son registrables, entre otros: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación habitual del producto o servicio, o b) que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se dé a los productos; d) el color natural o intrínseco de los productos; e) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras; f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen la Nación, las provincias, municipalidades y organizaciones religiosas y sanitarias, así como las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; g) los nombres o marcas que induzcan a error; h) las frases publicitarias que carezcan de originalidad; e i) los nombres, seudónimos o retratos de una persona sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado.

La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. El término de duración de la marca registrada es de 10 años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad.

Denominación de origen

La Ley N° 25.380 otorga protección, sin límite de tiempo, a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen utilizadas para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados, los que deberán ser registrados.

Los derechos de los usuarios de la indicación geográfica y/o denominación de origen consisten en: a) derecho de uso de la indicación geográfica; b) derecho de uso de la denominación de origen para productos agrícolas y alimentarios, y del nombre que la identifica; y derecho exclusivo al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc. que hayan sido autorizadas por el organismo competente; c) control y garantía de calidad especificada en la denominación de origen registrada por autoridad competente.

Nombres geográficos argentinos

La Ley N° 25.163 establece un sistema para el reconocimiento, la protección y el registro de los nombres geográficos argentinos para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica.

Patentes

La denominada Ley de Patentes (Ley N° 24.481 aprobada por el Decreto 260/96), establece que la titularidad de un invento se acreditará con el otorgamiento de los siguientes títulos de propiedad industrial: a) patentes de invención; y b) certificados de modelo de utilidad.

Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. No son patentables las plantas; los animales; el material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos; ni las invenciones cuya explotación comercial atenten contra el orden público, la moral, la salud o la vida de personas y animales, o que deban impedirse para preservar los vegetales y el medio ambiente.

No se consideran invenciones, entre otros, los descubrimientos, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, así como toda materia viva y sustancia preexistente en la naturaleza.

La autoridad de aplicación de este régimen es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) quien, después de recibir una solicitud de patente, inicia una investigación de las patentes existentes, a fin de determinar la registrabilidad de la patente solicitada.

Pueden existir oposiciones dentro de los 30 días de publicada la solicitud.

La patente tiene una duración de 20 años desde la presentación de la solicitud, término que es improrrogable.

Toda nueva disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, si son nuevos y tienen aplicación industrial, están protegidos por un certificado de modelo de utilidad por un plazo de 10 años improrrogables, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente.

Protección de variedades vegetales nuevas

La protección a las variedades vegetales nuevas, a través de la concesión del título de “obtentor”, está consagrada en la Ley N° 24.376 (que aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones de Vegetales), así como en la Ley N° 20.247 y en el Decreto Reglamentario 2.183/91. La protección tiene una duración de 15 a 20 años, según la especie.

Protección a modelos y diseños industriales

Los Decretos 6.673/63 y 5.682/65 otorgan protección, mediante registro, a los modelos y diseños industriales, que son los aspectos incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental.

Esta protección, que dura cinco años desde la fecha de la presentación del registro, es prorrogable por dos períodos consecutivos de la misma duración a solicitud del titular.

No podrán gozar de los beneficios que otorga este régimen, aquellos modelos o diseños industriales que: a) hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito, y aquellos modelos o diseños industriales exhibidos en exposiciones o ferias realizadas en Argentina o en el exterior, a condición de que el respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses a partir de la inauguración de la exposición o feria; b) carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores; c) cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto; d) cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos; y e) sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas

La Ley N° 22.426 regula la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina.

Las operaciones de este tipo que se celebren entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, u otra filial de esta última, serán sometidas a la aprobación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La falta de aprobación no afectará la validez de los actos jurídicos correspondientes, pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor.

Drogas genéricas

La Ley N° 24.766 protege la información que se presente para la aprobación de nuevas entidades químicas a la autoridad sanitaria local contra todo uso comercial desleal, no pudiendo ser la misma divulgada. En la práctica, esta ley favorece la venta de drogas genéricas, en tanto permite que se ofrezcan productos “similares”. En este sentido, a través de la Ley N° 25.649, se promueve el uso de drogas genéricas estableciendo que los médicos están obligados a prescribir genéricos, pudiendo incluir en su indicación el nombre comercial.

Convenciones internacionales

Argentina adhiere a la Convención Interamericana de Washington (1946), a la Convención sobre Propiedad Intelectual de Ginebra (1952), a la Convención de Berna (1886) y a sus siguientes enmiendas incluyendo al Convenio Unión de París.

La Ley N° 26.229 aprobó el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo, Francia, el 24 de marzo de 1971. La Ley N° 26.230 aprobó el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 1957.

Propiedad intelectual

Derechos de autor

La Ley N° 11.723 protege el derecho de propiedad de las obras científicas, literarias y artísticas, entendiéndose por éstas a los escritos de toda naturaleza y extensión. Entre ellos se incluyen los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales y dramáticomusicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; los modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; y los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas.

El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y de exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.

La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. Para las películas, esta protección se extiende por cincuenta años desde el fallecimiento del último de los colaboradores (autor del argumento, productor y director de la película). En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, y se declarase vacante su herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el término de la ley. La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o personas jurídicas durará cincuenta años contados desde su publicación. No se considera violación del derecho de autor cuando las obras son usadas sin fines de lucro, con un objetivo educacional o de investigación. 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Las primeras medidas del nuevo Gobierno de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre de 2015, han ido encaminadas a eliminar restricciones en materia de control de cambios y a liberalizar los pagos al exterior y el movimiento de capitales y, más concretamente, la repatriación de dividendos y desinversiones, y los pagos por importaciones de bienes y servicios.  Además, se ha eliminado el llamado “encaje”,  la obligación de constituir un depósito no remunerado por un año de plazo por el 30% de la inversión.

Sin embargo, la inseguridad jurídica y la corrupción son dos aspectos históricos de la realidad argentina, que, no obstante la decisión del nuevo gobierno de combatirlas, atentan contra la decisión de inversión de cualquier empresario extranjero. Tiene particular importancia de cara a los inversores españoles la seguridad jurídica respecto a las tarifas de servicios públicos (Gas, Autopistas...) y la resolución de los conflictos existentes para animar más inversiones, aspectos en los que se está avanzando de manera muy positiva..

Por otro lado, Argentina es uno de los países del mundo con mayor presión tributaria y está considerado como uno de los más complejos para hacer negocios en cuanto al grado de dificultad para cumplir con trámites burocráticos y con el marco legal y regulatorio.

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