Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

La Constitución Argentina brinda al extranjero un trato igualitario desde su Preámbulo, y reconoce a éste los mismos derechos que a los nacionales en su Artículo 20.

Además de la Constitución, el marco normativo de la inversión extranjera está constituido por la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, los numerosos Tratados Bilaterales de Inversión TBI y la adhesión al Convenio del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones). Argentina ha firmado 58 TBI con otros tantos países del mundo.

Argentina se adhirió en 1997 a los principios de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo OCDE en materia de inversiones extranjeras y es parte del Acuerdo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y Argentina, está en vigor desde 1992 e incluye el arbitraje ante el Ciadi como mecanismo para la resolución de controversias.

España y Argentina tenían un Convenio para evitar la Doble Imposición que entró en vigor en julio de 1994, y que fue denunciado el 29 de junio de 2012 por Argentina, dejando de tener efecto a partir del 1 de enero de 2013. El texto del nuevo Convenio, acordado en octubre de 2012, fue firmado el 11 de marzo de 2013 y, una vez aprobado por los Parlamentos de ambos países, entró en vigor el 23 de diciembre de 2013, si bien sus disposiciones fueron aplicadas con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.
 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

 ORGANISMOS NACIONALES

A) Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI)

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, creada en 2016, integra, a modo del ICEX, la responsabilidad de insertar a la Argentina en el centro de las inversiones de América Latina y desarrollar nuevos mercados para los productos argentinos. La Agencia está coordinada por un comité ejecutivo integrado por funcionarios de los ministerios de Producción y de Relaciones Exteriores y Culto.

El organismo ayuda a los inversores en cada etapa (desde la evaluación del país y del proyecto hasta la promoción) para atraer inversiones de calidad que impulsen el desarrollo del país.

En su web https://www.inversionycomercio.ar/ se encuentra a disposición de las empresas una Guía del Inversor, un Portal de Proyectos de Inversión Privada (www.investargentina.org.ar), un Informe Anual de Inversiones, una Guía completa de incentivos nacionales y provinciales a la inversión.

B) Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones

La Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, trabaja en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y es el nexo con la red de más de 140 representaciones argentinas que trabajan en todo el mundo para dar a conocer las oportunidades de inversión y de desarrollo de negocios que ofrece la República Argentina. https://www.cancilleria.gob.ar/es/ministerio-de-relaciones-exteriores-comercio-internacional-y-culto/secretaria-de-relaciones-economicas-internacionales/subsecretaria-de-promocion-del-comercio-e-inversiones

C) Consejo Federal de Inversiones

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta sus acciones son el federalismo y el desarrollo regional. Opera como un organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un equipo multidisciplinar y experimentado, complementado con profesionales, técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas.

El CFI canaliza su actividad a través de las unidades de enlace provincial (UEPS). A continuación, se puede encontrar una lista detallada de los datos de contacto del CFI, tanto de su sede principal, como de las UEPS. Para obtener más información, consulte https://cfi.org.ar/

 

 

ORGANISMOS PROVINCIALES 

A) Red Federal de Agencias y Organismos de Inversión y Comercio Internacional

La AAICI ha creado una Red Federal de Agencias y Organismos de Inversión y Comercio Internacional que tiene como finalidad establecer canales, procesos y formatos de interacción entre la Nación y las provincias, para mejorar el clima de negocios y facilitar las inversiones y el comercio internacional en Argentina. Con este objetivo, se llevan a cabo acciones de cooperación en aspectos orientados a promocionar y apoyar la visita de inversores locales y extranjeros a las provincias, brindar mutua asistencia técnica, intercambiar información, documentación y publicaciones relacionadas con marcos normativos y regulatorios locales de interés para potenciales inversores nacionales y/o extranjeros, organizar capacitaciones en temas de la Red Federal, etc.

La Red ya cuenta con una rápida y creciente adhesión. A continuación se mencionan algunos de los organismos que ya han firmado convenios de cooperación.

      Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Atención al Inversor

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con dos organismos principales para la captación de inversiones extranjeras.

Por un lado, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior. A través de la web ofrecen un asesoramiento personalizado en materia legal, impositiva y de mercado para que las empresas se puedan implantar en el ámbito local de la ciudad de Buenos Aires. Brindan también servicios de facilitación de inversiones a través de la red de contacto con los áreas del gobierno de la ciudad.

https://investba.buenosaires.gob.ar

Contacto: investba@buenosaires.gob.ar

 

Por otra parte, el Centro de Atención al Inversor que opera bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este centro brinda recomendaciones e información a personas y empresas interesadas en realizar negocios en la Ciudad, ayudando así a la instalación, desarrollo e implementación de nuevos proyectos de inversión.

https://www.buenosaires.gob.ar/distritos/centro-de-atencion-al-inversor

Contacto: invertir@buenosaires.gob.ar

      Mendoza: Mendoza Invest y Fundación ProMendoza

Mendoza Invest brinda información a medida solicitada por el potencial inversor y lo acompaña desde la planificación y primera visita a Mendoza hasta la puesta en marcha del proyecto de inversión y su desarrollo. La agencia ofrece diversos servicios gratuitos en las diferentes etapas del proyecto.

http://invest.mendoza.gov.ar/

La Fundación ProMendoza opera desde 1996 para impulsar la internacionalización de Mendoza. El objetivo de la organización es promover su reconocimiento y presencia internacional a través del intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos conjuntos con otras agencias de internacionalización del mundo. Para obtener más información, consulte

http://www.promendoza.com/.

Neuquén: Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI NQN)

Esta agencia busca el posicionamiento de la Provincia del Neuquén como destino atractivo para la inversión pública y privada, nacional y extranjera. Su objetivo fundamental es explorar el mercado de capitales, tanto nacional como internacional, para lograr el concurso de inversiones de riesgo en proyectos y emprendimientos acordes con las prioridades establecidas en la planificación del desarrollo de la provincia de Neuquén. http://www.web.adinqn.gov.ar/

San Juan: Agencia de Inversiones de San Juan

Desde la Agencia de Inversiones ofrecen servicios específicos para cada etapa del ciclo de inversión y soluciones a medida. Ofrecen además una Guía del inversor; Guía sobre negocios en alimentos y bebidas; y oportunidades de negocio en Minería.

https://www.inversionessanjuan.gov.ar/

• Santa Fe Global: Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional.

Órgano colegiado dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, que encuentra como fin principal la promoción del comercio internacional de la provincia. Dispone de una unidad de Monitoreo de Inversiones (UMI) que pretende dotar de manera actualizada de información a los potenciales inversores privados en la provincia. Dispone a su vez de un portafolios de inversiones, donde analiza varios sectores económicos de la provincia de Santa Fe de manera individualizada. Desde industria automotriz hasta distintos segmentos de la ganadería

 

http://www.santafeglobal.gob.ar/

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMOS NACIONALES DATOS DE CONTACTO
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI)
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto)
https://www.inversionycomercio.ar/

Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto)

 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/ministerio-de-relaciones-exteriores-comercio-internacional-y-culto/secretaria-de-relaciones-economicas-internacionales/subsecretaria-de-promocion-del-comercio-e-inversiones

Consejo Federal de Inversiones

 

https://cfi.org.ar/
ORGANISMOS PROVINCIALESDATOS DE CONTACTO


Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   - Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior

   - Centro de Atención al Inversor

https://investba.buenosaires.gob.ar

https://www.buenosaires.gob.ar/distritos/centro-de-atencion-al-inversor

Provincia de Mendoza

   - Mendoza Invest

   - Fundación ProMendoza


 http://invest.mendoza.gov.ar/

 http://www.promendoza.com/

Provincia de Neuquén.

    - Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI NQN)

http://www.web.adinqn.gov.ar/

Provincia de San Juan

   - Agencia de Inversiones de San Juan

https://www.inversionessanjuan.gov.ar/

Provincia de Santa Fé 

   - Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional

 

http://www.santafeglobal.gob.ar/
  

 

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Detalle del APPRI con España

APPRI con España

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, en vigor desde 1992, es un tratado bilateral que contiene medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de España en Argentina y viceversa.

Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Así, ambos países reconocen ciertas obligaciones y garantías a las inversiones realizadas en ambos sentidos. Este acuerdo contempla, entre otros puntos, el tratamiento justo y equitativo según el derecho internacional, la protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias, el tratamiento de nación más favorecida, los mecanismos para resolver controversias que pudiesen surgir mediante el arbitraje internacional y las medidas de expropiación, nacionalización y otras de efectos similares y cómo han de aplicarse.

El acuerdo entró en vigor el 28 de septiembre de 1992, actualmente se renueva cada dos años y únicamente dejaría de entrar en vigor si fuese denunciado por uno de los dos Estados, previo aviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso. En caso de que esto sucediese, existe una cláusula de remanencia que obliga a que las disposiciones del acuerdo se continúen aplicando a las inversiones realizadas antes de la denuncia durante un periodo de diez años.

El APPRI completo puede consultarse en

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-25449

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Zonas francas y ZEE

La ley que regula las zonas francas (Ley 24.331) establece que las mercaderías que ingresen o egresen a través de estas áreas estarán exentas de los tributos que gravaren su importación/exportación para consumo, salvo las tasas correspondientes a los servicios prestados y, a su vez, las industrias radicadas en estas áreas estarán exentas de impuestos nacionales que gravan los servicios básicos: telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y desagüe. El objetivo de estas zonas es fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales.

Existen 13 zonas francas operativas en Argentina. Todas ellas están agrupadas en el Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas

o    Zona Franca de La Plata La base operativa de esta zona franca se encuentra a 60 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 80 km del Aeropuerto de Ezeiza, además de tener acceso por vía fluvial. Es la única zona franca situada en el área de la ciudad de Buenos Aires y por ella pasa el 90% del comercio de zona franca en Argentina. www.bazflp.com.

o    Zona Franca de Comodoro Rivadavia (Chubut) Es, junto a la de Rio Gallegos, la zona franca con salida al Océano Atlántico mediante el puerto del Golfo San Jorge. http://www.zonafrancacr.com.ar/zona%20franca%20cr.htm

o    Zona Franca de Córdoba La Zona Franca de Córdoba está ubicada en el centro del corredor bioceánico y del Mercosur. Se trata del cinturón industrial más importante del centro del país. Se encuentra a solo 17 km del centro de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad más poblada del país, y a 1,5 km del Aeropuerto Internacional Tarrabella. Además, por uno de los costados circula el Ferrocarril General Belgrano que une el puerto de Buenos Aires con el norte argentino, Bolivia y Chile. www.zofracor.com.ar.

o    Zona Franca de La Pampa Es la única Zona Franca productiva del país. Se encuentra situada en General Pico y cuenta con toda la infraestructura necesaria para desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios. www.zflapampa.com.ar.

o    Zona Franca de Mendoza La zona Franca de Mendoza está ubicada en Lujan de Cuyo, a 25km de la ciudad de Mendoza, Posee conexiones con las importantes Rutas Nacionales Nº7, que une el Atlántico con el Pacífico, y Nº40, que une el país de norte a sur. Además, también tiene conexión directa con los principales puertos del Pacífico gracias a su cercanía con Chile. http://www.idits.org.ar/micro-zona-franca

o    Zona Franca de Iguazú La Zona Franca del Puerto de Iguazú tiene una superficie de 46 hectáreas en plena frontera con Brasil y Paraguay, lo que hace que tenga una ubicación clave para el movimiento comercial con el Mercosur. Además, cuenta con tres aeropuertos en la zona: Aeropuerto de Foz de Iguazú (Brasil), Aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) y Aeropuerto de Ciudad del Este (Paraguay). www.zfpi.com.

o    Zona Franca de Salta Esta zona está ubicada en el núcleo del Corredor Bioceánico, lo que permite la entrada y salida de productos a través del Puerto de Mejillones en Chile y de los puertos brasileños. Además, se encuentra cerca de las fronteras con Chile, Bolivia y Paraguay. www.zonafrancasalta.com.ar.

o    Zona Franca de San Luis Esta Zona Franca está situada en la Localidad de Justo Daract, sobre la Ruta Nacional Nº7, el principal eje este-oeste (corredor bioceánico), a solo 20 km de la Ruta Nacional Nº8, que une la zona central de Argentina con el sur de Brasil. https://sljustodaractzf.com/

o    Zona Franca Zona Sur La Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales está situada al sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca. Es la única zona franca de Argentina que otorga la posibilidad de trasladar los beneficios del régimen franco en calidad de usuario directo a emprendimientos productivos, comerciales o de almacenamiento fuera de un área operativa. Más información: www.zfzonasur.com.ar.

o    Zona Franca Perico La Zona France Perico, en la provincia de Jujuy, cuenta con una superficie de 50 hectáreas y es de carácter industrial, permite el ensamble de mercadería y productos de diversos orígenes y la comercialización con otras zonas francas. 

o    Zona Franca Río Gallegos Situada en Santa Cruz, es la más reciente de las zonas francas de Argentina. Ubicada en un predio de 14 hectáreas, posee acceso al puerto marítimo Punta Loyola, al aeropuerto y a la frontera con Chile. Es la primera zona franca con negocios minoristas del país. https://zonafrancasantacruz.com//

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

El anterior Gobierno de Mauricio Macri estableció nuevas reglas en la contratación pública buscando facilitar y agilizar los procesos de selección de contratistas, propiciando, al mismo tiempo, un mayor nivel de concurrencia y transparencia en las licitaciones. En esta línea, el 1 de octubre de 2016, entró en vigencia el Decreto N°1030 que aprobó la nueva reglamentación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional dispuesto por el Decreto N° 1023/2001. Además, la Oficina Nacional de Contrataciones (la “ONC”), en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones, dictó normativa complementaria del Reglamento. En este sentido la ONC aprobó:

• el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62/16);
• un nuevo Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC Nº 63/16);
• un nuevo Pliego Único de bases y Condiciones generales de Obra Pública (Disposición ONC Nº 22/19)
• el Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el Sistema de Información de Proveedores –SIPRO– (Disposición ONC Nº 64/16).
• el nuevo Reglamento del Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas ( Disposición ONC N° 16/2019)

Asimismo, la ONC habilitó el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR (Disposición ONC Nº 65/16 y Disposición ONC Nº 17/19) https://comprar.gob.ar
También se creó el Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y licencias, “CONTRAT.AR”, como medio para efectuar en forma electrónica todos los procedimientos de contratación y seguimiento de la ejecución de los mencionados contratos del Sector Público Nacional (Decreto 1336/16) https://contratar.gob.ar
Tambièn mencionar el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública (Decreto 691/16) y el Régimen del Sistema de Precios Testigo (Resolución E 36/2017 de la Sindicatura General de la Nación).
Toda la normativa mencionada puede consultarse en www.infoleg.gob.ar.

Están incluidos en este marco legal: los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y todos aquellos contratos no excluidos expresamente.
Están excluidos, en cambio, los contratos de empleo público, las compras por caja chica, los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, así como los comprendidos en operaciones de crédito público y las contrataciones en el extranjero realizadas por unidades operativas de contrataciones radicadas en el exterior.
También están excluidos los contratos de obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias, enumerados en el artículo 4° inciso b) del Decreto Delegado N° 1.023/01 (que se rigen por lo dispuesto en el Decreto 1023/2001 y la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064), y los actos, operaciones y contratos sobre bienes inmuebles que celebre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que están regulados en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado, que la AABE aprobó mediante la Resolución 213/2018.
También quedan fuera los Contratos de Consultoría de Obras Públicas que están regidos por la Ley de Servicios de Consultoría N° 22.460, y son aquellos que tengan un objeto directamente relacionado a la ejecución de una obra pública, es decir, aquellos servicios de consultoría referidos a los estudios, proyectos, controles y verificaciones de toda clase, necesarios para la planificación, proyecto, ejecución, mantenimiento y operación de una obra pública regida por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias.

El régimen de contrataciones públicas es de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y sus modificaciones. En ese sentido, el Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional se aplica a la Administración Central, organismos descentralizados incluidas las universidades nacionales y las instituciones de seguridad social. Su ámbito de aplicación no alcanza, en cambio, a provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, ni a otros organismos que cuentan con un régimen específico, como el PAMI y la AFIP. También se encuentran excluidos empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios con participación estatal, entidades financieras del sector público nacional, tales como Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Central. Las entidades no comprendidas, sin embargo, pueden voluntariamente aplicar el sistema y participar de su operatoria.

El acceso a la contratación con el Estado viene determinado por la habilitación para contratar (capacidad para obligarse y no estar incurso en causa de inhabilitación; al momento de la evaluación de ofertas se debe estar preinscrito en el SIPRO-Sistema de Información de Proveedores y si hay algún incumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, se puede subsanar en ese momento-Decreto 356/19), por el objeto del contrato (obras y servicios sólo accesibles a empresas locales, salvo determinados casos) y por el procedimiento de selección elegido: subasta pública, licitación, concurso o contratación directa. La regla general es aplicar la licitación o concurso público, utilizándose las demás alternativas sólo en los casos contemplados en la norma.

La adjudicación del contrato deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, según establece el art. 15 del Decreto 1023/2001 sobre los criterios de selección. Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

En materia de preferencias, la Ley 27437 promulgada 09.05.2018 (Decreto 427/2018) y publicada en el B.O. 10.05.2018, establece el Régimen de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores con objeto de otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional. La norma contó con el apoyo de todos los partidos políticos y fue aprobada por unanimidad en el Senado argentino.
El “compre nacional o argentino” ya existía antes amparado en varias normas de forma confusa y esta Ley viene a definir su alcance, derogando la normativa anterior referida a este tema, si bien no despeja del todo la confusión porque mantiene la vigencia de la ley 18.875 sobre el “Compre Nacional” de 1970 (vinculada a la contratación de servicios), en todo lo que no se oponga a esta norma.
Esta reforma del Compre Argentino supone:
- Ampliación de Sujetos Alcanzados y Coordinación interministerial de las compras para maximizar la participación de industria nacional con mecanismos de planeamiento de compras.
- Aumento de margen de preferencia para industria nacional: 8% (grandes) / 15% (MIPYMES). Posibilidad de bajar el margen al 5% con intervención de MINPROD, JGM y Organismo Contratante. Posibilidad de mejora de oferta para MIPYMES en rango de precio de 20% superior a la mejor oferta.
- Reserva de mercado para MIPYMES oferentes de bienes (<$1,3 MM) y obra pública (<$100 MM) de origen nacional.
- En competencia entre bienes no nacionales, se introduce un incentivo para que gane el que ofrezca mayor contenido nacional (margen del 1% hasta un máximo de 8% por cada 5 p.p. de integración nacional).
- Incorporación de flexibilidad en la definición de contenido nacional para aumentar la posibilidad de participación de la industria nacional en bienes complejos que implica un mayor impacto en el empleo: contenido importado máximo para considerar un bien nacional: Min 30% y Max 70%.
- Acuerdos de cooperación productiva en grandes adquisiciones con proveedores de bienes no producidos en Argentina – 20% del valor del contrato para subcontratación de PyMEs argentinas. Posibilidad de variarlo entre un Min 10 % y Max 30% con intervención de JGM en sectores estratégicos (Ej.: DEFENSA).
- Programa de Desarrollo de Proveedores para promover capacidades de la industria local.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo.
El Decreto (PEN) 800/18 | BO: 05/09/2018, en vigor el 06.09.2018, aprueba la Reglamentación de la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. En su articulado (art.37) aclara que la contratación de obras y servicios se rige por la Ley N° 18.875 (Compre nacional 1970), sin perjuicio de que los bienes que se adquieran en el cumplimiento de las contrataciones de tales obras y servicios sean alcanzados por la Ley N° 27.437 (Compre argentino 2018).

El Acuerdo comercial entre la UE y Mercosur alcanzado el 29 de junio de 2019 contempla un capítulo referido a compras públicas que habrá que ver cómo se desarrolla, si bien, en principio, preserva el sistema argentino de compras públicas para sus PyMEs. Adicionalmente, no están incluidas en el acuerdo las compras públicas sub-nacionales (provincias, municipios, etc.), salvo que éstas decidan sumarse.
Argentina no es signatario del Acuerdo de Compras Públicas de la Organización Mundial del Comercio.

En el ámbito del Mercosur, en la XXV Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en Montevideo en diciembre 2003, se cerró uno de los acuerdos más postergados de las negociaciones dentro del bloque: el protocolo para compras gubernamentales. Con este tratado cualquier empresa podrá presentarse a licitaciones públicas en los otros países miembros sin que sufra discriminaciones o preferencias.

La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) propone las políticas y establece las normas, sistemas y procedimientos operativos que regirán la gestión de las contrataciones; difunde, capacita y asesora a las entidades que intervienen en el proceso; y elabora y organiza estadísticas e información sobre las contrataciones para que estén a disposición de los distintos participantes y de la ciudadanía en general. La gestión de las licitaciones está a cargo de las unidades operativas de contratación de cada jurisdicción.
Con el nuevo Gobierno de Alberto Fernández, la ONC ha quedado encuadrada dentro de la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinte de Ministros https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica. La web de la ONC es desde noviembre de 2019 www.comprar.gob.ar coincidiiendo con el sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR”. La web anterior www.argentinacompra.gob.ar quedará disponible únicamente para consulta de información histórica.
La Oficina Anticorrupción realiza estudios, elabora diagnósticos, interviene en algunos procedimientos de adquisiciones y propone políticas generales para mejorar la transparencia en los procesos de compras y contrataciones públicas www.argentina.gob.ar/anticorrupcion
También han sido aprobados la Ley 27328 y el Decreto Reglamentario 118/2017 de Contratos de Participación Público Privada (en su conjunto el “Régimen PPP”) con el objetivo de brindar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, principalmente en el sector de infraestructura, y dar una herramienta que permita una cooperación equilibrada y previsible entre el sector privado y el público, para financiar obras a largo plazo. Las diversas crisis que ha atravesado el país en 2018 y 2019 han desvirtuado este régimen.
Por último, señalar la promulgación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 27401) que entró en vigor el 01.03.2018, que establece la responsabilidad de las empresas nacionales y extranjeras frente a delitos de soborno y corrupción. Exige procedimientos internos de vigilancia y castiga la omisión de los mismos penalizando a las personas que actúen en nombre de la empresa. Las empresas que contraten con el Estado Nacional están obligadas a desarrollar un Programa de Integridad o Cumplimiento adecuado a los riesgos propios de su actividad y tamaño.
 

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Régimen de inversiones

La Constitución argentina brinda al extranjero un trato igualitario desde su Preámbulo y reconoce a éste los mismos derechos que a los nacionales en su Artículo 20. Además de la Constitución, el marco normativo de la inversión extranjera está constituido por la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, los numerosos Tratados Bilaterales de Inversión TBI y la adhesión al Convenio del Ciadi.

La Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 (Decreto 1853/1993 que aprueba el Texto Ordenado) define el marco legal que rige para la inversión extranjera en el país, que no requiere aprobación previa alguna. La ley determina que los inversores extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes establecen para los inversores nacionales.

·         CIADI
El Ciadi es una institución del Grupo del Banco Mundial, creado para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Ser miembro del Ciadi (Argentina y España lo son) no implica el pase automático a su jurisdicción, sino que resulta necesario un consentimiento escrito que habilite la intervención de ese organismo. Dicho consentimiento está contenido en los TBI, ya que en la mayoría de ellos se incluye el arbitraje ante el Ciadi como mecanismo para la resolución de controversias.

·         El Acuerdo de Asociación Estratégica entre la UE y Mercosur alcanzado el 29 de junio de 2019 favorecerá el marco de las inversiones en el país, dado que, más allá de los aspectos comerciales, incluye compromisos importantes en las regulaciones nacionales. El Acuerdo implica para Argentina un salto institucional en materia de reglas, confiabilidad y en reducción de incertidumbre que facilitará las inversiones. Además, durante el plazo de implementación, que se demorará años, será imprescindible mejorar las condiciones de competitividad de Argentina, lo que implicará medidas de transformación estructural como la reducción de la presión impositiva, la reforma de los convenios laborales, la disminución de la tasa de inflación y la reducción de las tasas de interés para la necesaria inversión.

El marco de las relaciones económicas con España lo determinan distintos acuerdos. Los más relevantes en el ámbito económico y comercial se recogen a continuación:

o    APPRI con España

Argentina ha firmado 54 TBI con otros tantos países del mundo. El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, en vigor desde 1992, es un tratado bilateral que contiene medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de España en Argentina y viceversa.

Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Así, ambos países reconocen ciertas obligaciones y garantías a las inversiones realizadas en ambos sentidos. Este acuerdo contempla, entre otros puntos, el tratamiento justo y equitativo según el derecho internacional, la protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias, el tratamiento de nación más favorecida, los mecanismos para resolver controversias que pudiesen surgir mediante el arbitraje internacional y las medidas de expropiación, nacionalización y otras de efectos similares y cómo han de aplicarse.

El acuerdo entró en vigor el 28 de septiembre de 1992, y únicamente perderá vigencia si fuese denunciado por uno de los dos Estados, previo aviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso. En caso de que esto sucediese, existe una cláusula de remanencia que obliga a que las disposiciones del acuerdo se continúen aplicando a las inversiones realizadas antes de la denuncia durante un periodo de diez años.
El APPRI completo puede consultarse en:
https://www.boe.es/eli/es/ai/1991/10/03/(1)

 

o    Convenio para evitar la doble imposición con España

España y Argentina tenían un Convenio para evitar la Doble Imposición que entró en vigor en julio de 1994, y que fue denunciado el 29 de junio de 2012 por Argentina, dejando de tener efecto a partir del 1 de enero de 2013. El texto del nuevo Convenio, acordado en octubre de 2012, fue firmado el 11 de marzo de 2013 y, una vez aprobado por los Parlamentos de ambos países, entró en vigor el 23 de diciembre de 2013, si bien sus disposiciones fueron aplicadas con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.
La modificación principal fue la supresión del apartado 4 del artículo 22, que disponía que el patrimonio constituido por acciones o participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad sólo podía someterse a imposición en el Estado Contratante del que su titular fuera residente. En el antiguo convenio, las acciones de sociedades argentinas propiedad de personas físicas o jurídicas radicadas en España, no quedaban sujetas a imposición en Argentina en el Impuesto sobre los Bienes Personales. El nuevo texto también incluye un Memorandum que salvaguarda la aplicación de las normas internas sobre prevención de la evasión fiscal, la transparencia fiscal internacional y la utilización abusiva de los beneficios del Convenio.


El Convenio tiene una gran trascendencia para las empresas y los ciudadanos argentinos y españoles porque abarca un conjunto muy amplio de hechos imponibles como las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, navegación marítima y aérea, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones o regalías, ganancias de capital, rentas por servicios personales independientes, remuneraciones por servicios personales dependientes, retribuciones de directores y consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, remuneraciones por funciones públicas, percepciones de profesores y estudiantes, otras rentas, y el patrimonio.


El nuevo Convenio supone una mejora y actualización del anterior y facilita la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones, potenciando el intercambio de información de trascendencia tributaria entre ambos países.

 

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Propiedad inmobiliaria

No hay restricciones para la compra de inmuebles por extranjeros, salvo lo dispuesto por la Ley 26.737 de Tierras Rurales: la ley establece que el porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras no puede superar el 15% en el territorio nacional. Los extranjeros de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% del total de tierras extranjerizadas. En superficie, un extranjero no puede adquirir más de 1000 hectáreas o su equivalencia en la zona agrícola núcleo [sudeste de Córdoba y Santa Fe y norte bonaerense]. El Gobierno anterior de Mauricio Macri modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales para facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país. Mediante el Decreto 820/2016 y la Disposición 7/2019, el Gobierno nacional definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de "más del 51% del capital social de una persona jurídica". Esto cambia la norma que estaba vigente, en la que se definía como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al 25%". Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial". El decreto indica que "dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales. Tampoco aquellas sobre las que se desarrollen proyectos de generación de energía eléctrica, a partir del uso de energías renovables, de conformidad con la declaración de interés nacional que determina el artículo 1° de la Ley N° 26.190 de Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables.
Las provincias deben definir las "equivalencias", en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. En caso contrario, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales "fijará las equivalencias".
Para la adquisición por extranjeros de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior.

Sobre el precio del inmueble, deben tenerse en cuenta otros gastos de la operación: escribano (notario) y el Registro de la Propiedad; impuestos; comisión de la inmobiliaria (3-4%) y gastos bancarios
Impuestos sobre la compraventa de inmuebles
Personas físicas extranjeras

La escritura de compraventa está gravada con el Impuesto de Sellos (provincial) con un tipo promedio del 2,5% del precio en escritura o Valuación Fiscal o Valor Inmobiliario de Referencia, lo que resulta mayor. En la ciudad de Buenos Aires es el 3,6% (en Provincia de Buenos Aires es el 2%): el comprador paga un 1,80% y el vendedor un 1,80%. En el caso de los residentes que adquieren vivienda única, tanto el comprador como el vendedor en la ciudad de Buenos Aires estarán exentos del impuesto hasta AR$ 2.000.000, abonando la carga fiscal sobre el excedente (en Provincia de Buenos Aires si la Valuación Fiscal es menor a AR$ 962.000, independientemente de cual sea el precio, no paga ni vendedor ni comprador). Si no es residente o es segunda vivienda, se tiene que pagar el impuesto.

La operación está gravada con el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) para aquellas viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2018 a un tipo del 1,5% del precio en escritura que paga el vendedor. Como en el caso de Sellos, no aplica para residentes si está vendiendo su vivienda y/o terreno para adquirir o construir -dentro del término de un año- una propiedad destinada a vivienda única (se requiere Certificado de no Retención de la AFIP, equivalente a la AEAT).
En caso de una futura venta, para los inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018, el vendedor debe pagar un 15% en concepto de Impuesto a las Ganancias (equivalente al IRPF) sobre la diferencia entre valor de compra y valor de venta, salvo que se trate de su vivienda familiar y de ocupación permanente.
Cuando el valor de la propiedad sea igual o superior a AR$ 1.500.000, debe informarse a la AFIP el precio de venta y solicitar el Certificado de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) antes de la fecha de la escritura y si el valor de la propiedad o la Valuación Fiscal supera los AR$ 3.000.000 además el comprador tiene que justificar el origen del dinero con documentación respaldatoria.
Como propietario, los impuestos que se pagan son:
- En la ciudad de Buenos Aires: Impuesto inmobiliario / ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) que cobra la Municipalidad (Ayuntamiento), anual o mensualmente y que depende de superficie, ubicación....(es un importe menor). En Provincia de Buenos Aires: Impuesto Territorial (ARBA) y Tasa municipal (alumbrado, barrido y limpieza)
- Impuesto sobre Bienes Personales (equivalente al Impuesto sobre el Patrimonio español). El tipo aplicable para no residentes es del 1,25%. Para residentes: exención hasta AR$ 1.050.000 y sobre el excedente 0,25%.
En caso de alquiler: retención impuesto a las ganancias (equivalente a IRPF): 21% (ganancia presunta: 60% sobre 35%) y el contrato está gravado con Impuesto a los sellos: tasa promedio 1%. Si es un alquiler comercial, el contrato de arrendamiento está sujeto a IVA (21%) para rentas superiores a AR$ 1.500 y al impuesto a los ingresos brutos (municipal): tasa promedio 3%. Régimen de información Registro de operaciones inmobiliarias: en caso de alquileres de más de AR$ 8.000 mensuales, se debe comunicar a la AFIP los detalles de la transacción, precio, información de la propiedad, etc.; se obtiene el certificado de registro que debe mostrarse al inquilino. Si no hay declaración fiscal de alquiler, en una futura venta la AFIP puede considerar una ganancia máxima presunta y será ella quien determine el tipo aplicable y la base de cálculo para ello.
Los residentes en el exterior deberán solicitar un "Certificado de Retención" a la AFIP. Luego, los agentes de retención (escribano) deberán retener el importe que surja del "Certificado de Retención". Dicho certificado deberá efectuarse con una antelación mínima de 20 días naturales a la escritura de compraventa.

Personas jurídicas extranjeras
Lo mismo que para personas físicas pero:
- el tipo del Impuesto sobre Bienes Personales es del 2,5%.
- en caso de venta, la retención de Impuesto a las Ganancias (equivalente al Impuesto de Sociedades) es del 17,5% sobre el precio de venta (ganancia presunta 50% sobre 35%) o del 35% sobre la ganancia concreta (optativo); no aplica el ITI y sí impuesto a los sellos: tasa promedio 2,5%.
Hay que tener en cuenta que respecto al Impuesto a las Ganancias (equivalente al Impuesto de Sociedades/IRPF español), la retención tiene un tipo reducido por aplicación del convenio para evitar doble imposición que rige entre España y Argentina. En la declaración de esa renta en España, se podrá reducir el importe retenido por el fisco argentino, acreditado mediante el correspondiente certificado de retención fiscal.
Más info en http://www.afip.gov.ar/inmuebles/
 

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) publica en su web https://www.inversionycomercio.ar/ una Guía completa de incentivos nacionales y provinciales a la inversión.

Argentina cuenta con distintos programas de incentivos diseñados para facilitar la inversión nacional y extranjera en el país: incentivos horizontales, incentivos sectoriales, incentivos a la localización, incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico, incentivos al empleo y programas de financiamiento de la inversión y de promoción de exportaciones.

Entre los principales incentivos fiscales destacan:

·         Minería
Los incentivos se otorgan por explorar, preparar y extraer determinados minerales y consisten en estabilidad fiscal durante 30 años a los impuestos nacionales (excepto el IVA y los aportes a la seguridad Social) y provinciales existentes en el momento de la presentación del estudio de factibilidad (Ley de Inversiones Mineras 24.196/93). Las actividades mineras deben desarrollarse en las provincias incluidas en el programa. La ley establece, además: 0% impuestos en las importaciones de bienes de capital (equipamiento y repuestos) para la operación minera; doble deducción del Impuesto a las Ganancias de los gastos de exploración y reintegro del IVA; esquema de amortización acelerada en 3 años y tope a las Regalías Provinciales del 3% sobre el valor del mineral extraído y transportado antes de su procesamiento. Enlace:
https://www.inversionycomercio.org.ar/sectores-de-inversion-mineria

 

·         Instituciones de formación

Existe un Crédito Fiscal (Ley N° 22.317) para financiar proyectos que vinculen la educación técnica con el empleo y el desarrollo tecnológico. Los proyectos tienen como objeto: mejorar las condiciones de empleabilidad para estudiantes y miembros de la comunidad mediante actividades conjuntas con instituciones del ámbito socio productivo y educativo – tecnológico. El crédito no puede exceder el 8% de la nómina anual para microempresas o pequeñas y medianas empresas (0,8% para las grandes). Se puede utilizar el crédito fiscal para el pago de impuestos federales (tales como el IVA o el impuesto a las ganancias).

El INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, tiene la atribución de administrar el Régimen de la Ley N° 22.317 del Crédito Fiscal, que en 2021 tiene un presupuesto asignado de 500 millones de pesos.

Enlace: http://www.inet.edu.ar/index.php/credito-fiscal/convocatoria-2021/

 

·         Proyectos de investigación y desarrollo

Las empresas argentinas pueden obtener “un certificado de crédito fiscal” de hasta el 10% o de AR$ 5 millones (el menor valor) para gastos específicos en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Dichos certificados se pueden computar para el pago de impuestos federales. El Poder Ejecutivo va a determinar el número de créditos que pueden ser otorgados dentro de este régimen.

 

·         Bienes de capital y proyectos de infraestructura

El régimen (Ley 26.360) otorga beneficios impositivos para la inversión en nuevos bienes de capital depreciables y móviles para su uso en actividades industriales, así como también para las obras de infraestructura. Quedan excluidos los vehículos y los proyectos de ingeniería civil. Los beneficios principales son algunos de los que se detallan a continuación:

1) la opción de obtener una devolución  temprana del IVA de los insumos atribuibles a los bienes de capital o al proyecto de infraestructura incluido en el proyecto de inversión o; 2) la aplicación de una depreciación acelerada de determinados bienes, sujetos a determinadas condiciones.

Los beneficios anteriores están disponibles de manera conjunta solo para proyectos de inversion destinados exclusivamente a la exportación.

Enlace: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=139355

 

·         Economía del Conocimiento

En octubre de 2020, se aprobó la nueva Ley de Economía del Conocimiento, que tiene como objetivo general la promoción de aquellas industrias relacionadas con las nuevas tecnologías. Dichas industrias se circunscriben dentro de la definición de “actividades promovidas” y son las siguientes:

a) software y servicios informáticos y digitales; b) producción y postproducción audiovisual;  c) biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neuro tecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis;  d) servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones;  e) servicios profesionales de exportación;  f) nanotecnología y nanociencia;  g) industria satelital y aeroespacial, tecnologías espaciales;  h) ingeniería para la industria nuclear;  i) fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios;  j) servicios de Investigación y Desarrollo.

La mayoría de incentivos que ofrece la ley son de tipo fiscal:

o    Estabilidad fiscal hasta el año 2029.

o    Bono de crédito fiscal del 70% de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social. Servirá para cancelar IVA y otros impuesto nacionales. Podría incluso servir para cancelar el impuesto de ganancias en determinados supuestos

o    Reducción del impuesto a las ganancias. Las micro y pequeñas empresas obtienen una reducción del 60%, pasando a cotizar al 12%, las medianas la obtienen de un 40%, y cotizan a un tipo del 18%, y finalmente a las grandes se les reduce un 20% y su cuota efectiva pasa a ser del 24%.

o    Por último, lo derechos de exportación pasan a tener una tasa del 0%, para las “actividades promovidas”.

Para poder acceder a los beneficios que recoge la ley es necesario inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Para ello habrá que acreditar que el 70% de la facturación de la compañía se refiere a una de las a “actividades promovidas” antes mencionadas.

·         Biocombustibles

La ley define como biocombustible al bioetanol, el biodiesel y el biogas que se produce con desechos agrícolas, agroindustriales y orgánicos que cumplen con las normas establecidas por la autoridad competente. Las ventajas fiscales para este sector son las siguientes: amortización/depreciación acelerada de activos e inversiones con efecto en el Impuesto a las ganancias, devolución rápida del IVA en determinados activos e inversiones, exención para dichos activos de los impuestos sobre la ganancia mínima presunta y exención en el pago de aranceles impositivos de infraestructura hidroeléctrica, combustibles líquidos, gas natural y del impuesto a la transferencia d gasoil para el bioetanol y el biodiesel.

 

·         Biotecnología

El programa otorga beneficios tributarios a quienes presenten proyectos de investigación, desarrollo o producción basados en el uso de biotecnología moderna. Los beneficios de este programa, que tendrán una vigencia de quince años, son los que se detallan a continuación: una depreciación acelerada con efecto en el impuesto a las ganancias de activos fijos, equipamiento y piezas; exención del impuesto a la ganancia mínima presunta para dichos activos; una devolución anticipada del IVA en las compras de dichos activos. Este crédito será utilizado para el pago de otros impuestos federales; un certificado de crédito del 50% de los aportes a la seguridad social abonados. Se pueden utilizar estos certificados como crédito para el pago de otros impuestos federales.

 

·         MiPymes

Programa de asistencia y beneficios impositivos diseñados para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas: pago diferido del IVA a 90 días; el impuesto a los créditos y débitos bancarios que hubiese sido efectivamente ingresado podrá ser computado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias; precios especiales, financiamiento y/o crédito para las adquisiciones en servicios enfocados en tecnología.

 

·         Petróleo y gas

Se incentiva el sector a través de beneficios y facilidades dentro del Régimen de Importación de Bienes Usados para la Industria Hidrocarburífera (Decreto 555/2019) y Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión (Resolución 256/2000). Enlace: https://www.inversionycomercio.org.ar/sectores-de-inversion-petroleo-y-gas

 

 

 

·         Forestal
Bonificación económica no reembolsable para costos de plantación y operaciones en actividades forestales-industriales o la exención de impuesto a los sellos, estabilidad fiscal por 30 años, reembolso anticipado de IVA y amortización acelerada para la industria forestal.

·         Energías renovables

El desarrollo de las energías renovables es prioritario para Argentina que se ha propuesto que su matriz energética cuente con un 20% de energía de fuente renovable en 2025. El régimen de promoción incluye la exención de aranceles a la importación de equipos, partes y repuestos; amortización acelerada; devolución anticipada de IVA; exención del Impuesto a las Ganancias Mínimas Presuntas; exención del Impuesto a los Dividendos ante la reinversión en infraestructura; deducción de la carga financiera en el Impuesto a las Ganancias; y Certificado Fiscal por el 20% de la integración nacional con un mínimo de un 30%. Para cada tecnología se ha fijado un cupo máximo a los beneficios fiscales, que para la eólica y la solar es de 960.000 y 720.000 USD/MW.

·         Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones-Nueva Línea de crédito FoGaBA-BICE
 A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 234/2021 (“DNU 234/21”), este nuevo régimen de fomento de inversiones liberaliza parcialmente el régimen cambiario a empresas que hayan realizado una gran inversión en Argentina desde el 7 de abril de 2021. Las empresas podrán acogerse a los beneficios de esta ley durante los próximos tres años. Debe tratarse de casos que inicien o amplíen proyectos en los siguientes sectores:

o    Industria forestal

o    Minería

o    Hidrocarburos

o    Industria Manufacturera

o    Agroindustrial

Se ha de presentar un Proyecto de Inversión para la Exportación, por valor no inferior a los 100 millones de dólares norteamericanos. Una vez autorizada la entrada en este régimen se establecerá la obligatoriedad de cumplir con los plazos del proyecto aprobado por la autoridad competente, el Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo. El mismo emitirá un Certificado de Inversión para Exportación.

o    Uno de los principales beneficios que plantea este régimen es el de la libre disponibilidad del 20% de las divisas obtenidas por exportaciones del proyecto para el pago de capital e intereses de pasivos con el exterior; el pago de dividendos; y la repatriación de inversiones directas. Todo ello sin autorización previa del BCRA.

o    Por otra parte, la empresa una vez obtenido el certificado de inversión, gozará de 15 años de estabilidad normativa de los términos que recoge esta ley para el régimen cambiario.

•          Tierra de Fuego

El programa para la promoción industrial dentro del marco de la Ley 19.640 establece que las actividades y operaciones que se efectúan dentro del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, o los activos existentes en dicho territorio, están exentos del pago de impuestos federales (en algunos impuestos en particular en ocasiones se aplican alícuotas reducidas). En lo que respecta a los aranceles aduaneros, los beneficios incluyen la exención o reducción de los impuestos que gravan las importaciones y las exportaciones de bienes muebles. Para solicitar dicha exención, las actividades deben realizarse dentro del territorio de Tierra del Fuego

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Representación y agencia

El contrato de agencia no está regulado en una ley específica como en España ni existe tampoco un Colegio de Agentes Comerciales.
El contrato de agencia aparece regulado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2015)
El art. 1479 del CCCN define al contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada empresario de manera estable continua e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. A su vez el agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al empresario. El contrato debe instrumentarse por escrito. Las obligaciones del agente están establecidas en el art. 1483 CCCN y puntualiza que debe velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe, con la diligencia de un buen hombre de negocios en la conclusión de las operaciones pactadas, que debe cumplir con su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresario y trasmitir toda la información de la que disponga relativa a su gestión, que debe informar al empresario sin retraso de todos los negocios tratados y concluidos, y en particular lo relativo a la solvencia de terceros con que se proponen concluir operaciones, recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros y asentar en la contabilidad en forma independiente los actos u operaciones que el agente realice para cada uno de los empresarios que asista. El art. 1486 CCCN fija la comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos, estableciéndose que el derecho al cobro de las mismas será una vez concluida la operación durante la vigencia del contrato de agencia y siempre que el precio haya sido cobrado por el empresario (1487 CCCN). El CCCN en su art. 1492 establece un sucedáneo de la indemnización por despido, a través de la figura del preaviso que deberá ser de un mes por año de antigüedad y finalizar cuando culmine el mes calendario. También se establece una compensación por clientela (art. 1497 CCCN) cuando el contrato es por tiempo indeterminado, en la medida que la labor haya incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario.
El Nuevo Código Civil y Comercial reivindica el trabajo autónomo y por cuenta propia y avanza sobre muchos de los institutos del derecho del trabajo, comprometiendo estatutos especiales como el de viajante de comercio. Así, el art. 1251 del CCCN establece que existe un contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio a cambio de una retribución. A continuación el art. 1252 del CCCN aclara que los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral, como para enfatizar que los reglados por estas normas son servicios u obras brindados en forma autónoma e independiente.
 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La utilización de joint ventures en Argentina se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años, ya que este tipo de alianzas estratégicas permite compartir costes y riesgos. Son más comunes en aquellos negocios en los que se requiere una gran inversión inicial. A menudo, empresas argentinas aportan el know-how y buscan un aliado extranjero que aporte el capital. En algún supuesto, la constitución de una joint venture es requisito imprescindible para que una empresa extranjera pueda operar. Por ejemplo, en materia de contratación pública de servicios de ingeniería y consultoría (artículo 8 del Decreto Nº 2.930/70, reglamentario de la Ley Nº 18.875)

Están contemplados como "contratos asociativos" en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). La ley 26.994 traslada al nuevo CCCN (arts.1442 a 1447) a los contratos asociativos que estaban en la Ley General de Sociedades (LGS) y en la ley 26.005. Entre las figuras contempladas en la norma están las “agrupaciones de colaboración”, “uniones transitorias” y “consorcios de cooperación”. Las características comunes son: tener por objeto la colaboración, la organización o la participación, tener “comunidad de fín” entre sus miembros, no reconocimiento de personalidad ni de naturaleza societaria, libertad de formas, plenos efectos entre las partes. Deben inscribirse en el Registro Público de Comercio, aunque si no lo hacen, siguen teniendo efectos entre las partes.

- AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN
Estos contratos crean una organización común entre varios sujetos, sean personas humanas o personas jurídicas, con la finalidad de “facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros, o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades (art. 1453). La Agrupación no puede perseguir fin de lucro ni dirigir las actividades de sus miembros debiendo recaer las “ventajas económicas” directamente en el patrimonio de los participantes (art. 1454). El objeto es reducir costos o maximizar beneficios para sus miembros. La Agrupación, según el art..1455 inc. L debe llevar los “libros habilitados a nombre de la agrupación” disponiendo que deben ser “los que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común” y debe confeccionar “estados de situación” de los que deriven beneficios o pérdidas (art.1460).

- UNIONES TRANSITORIAS
Es un contrato para el desarrollo o ejecución de “obras, servicios o suministros concretos” (art.1463) que constituye traspolación de la figura de la UTE del art. 377 de la LGS. Constituye la figura local del “joint venture” contractual con un objeto determinado. Se trata de un ente con actividad externa frente a terceros, donde los miembros realizan prestaciones y reciben un resultado que puede implicar beneficios o pérdidas diferenciadas para cada partícipe. El art. 1464 inc. L exige libros habilitados “a nombre” de la unión transitoria disponiendo que deben ser “los que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común”.


- CONSORCIO DE COOPERACIÓN
Es un contrato cuyo objeto es “una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados” (art.1471). No puede dirigir la actividad de sus miembros y los resultados que genera el consorcio se distribuyen entre ellos en la proporción correspondiente. A diferencia de la “Agrupación de colaboración” tiene fin de lucro y desarrolla actividad “externa” con resultados a repartir. Sus movimientos deben constar en “libros contables llevados con las formalidades establecidas por las leyes “ (art. 1475).
 

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Tipos de sociedades

La constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades comerciales están sustancialmente regulados por la Ley General de Sociedades y por el Código Civil y Comercial de la Nación

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm#3
Código Civil y Comercial de la Nación
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
Ley General de Sociedades

La ley 26.994 sanciona al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), deroga el viejo Código de Comercio argentino y reforma la Ley de Sociedades, la ley 19.550, que se denomina ahora “Ley General de Sociedades” (LGS), con vigencia a partir del 1 de agosto de 2015.

Conforme a la reforma de la LGS, las sociedades pueden agruparse en dos grandes categorías. En primer lugar, una categoría de sociedades “regulares” que son las inscritas en el Registro Público (de Comercio) y que están tipificadas por la ley: colectiva, comandita simple, capital e industria, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. En esta categoría también deben incluirse las sociedades “constituidas en el extranjero” de los arts. 118 y 123 de la ley (las personas jurídicas privadas constituidas en el extranjero se rigen por las normas de sociedades constituidas en el extranjero de la ley general de sociedades, dice el art. 150 in fine del CCCN), en la medida en que estén inscritas. Todas estas sociedades “regulares” están inscritas y tienen la obligación de llevar contabilidad.

Como segunda categoría, aparecen en el nuevo texto legal las sociedades “de la Sección IV del Capítulo I”, sección donde antes se ubicaban a las sociedades no constituidas regularmente. En esta categoría de sociedades, que se pueden denominar sociedades “informales”, se encuentran ahora ubicadas las siguientes: a) las sociedades atípicas, las que omitan requisitos esenciales, o tengan elementos incompatibles con el tipo; b) las sociedades de hecho o las sociedades típicas pero no inscriptas; y c) las sociedades civiles constituidas oportunamente, al haber desaparecido su regulación en el nuevo Código Civil y Comercial. Estas sociedades, a pesar de su informalidad, también son “personas jurídicas privadas” y, por ende, tienen la obligación de llevar libros. Ahora bien, en este caso, su falta de inscripción impedirá la rubricación de sus libros. Sin embargo, el tema podría subsanarse acudiendo, por extensión, a la regla de la rubricación “voluntaria” . O sea que sin inscribirse (aunque sí identificándose, como en el caso de los bienes registrables), estas sociedades podrían acudir a la contabilidad regular. Lo más importante es que la no inscripción no crea “irregularidad” sino que reconduce al régimen de las sociedades informales, con obligatoriedad entre otorgantes y oponibilidad a terceros que conozcan los estatutos.

Los tipos más comunes de sociedades "regulares" son las Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada y las sucursales de sociedades extranjeras.  

  Sociedad Anónima S.A. Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L
¿Cómo se divide el capital? Acciones Cuotas sociales
¿Cuántos socios? 1  o más. Sin límite máximo. Como mínimo 2 y no más de 50.
¿Qué formalidades son necesarias? Requiere escritura pública e inscripción en el Registro Público de Comercio No es necesaria escritura pública y puede instrumentarse en documento privado con firmas legitimadas (certificadas) notarialmente. Requiere inscripción en el Registro Público de Comercio
¿Qué responsabilidad patrimonial tiene cada uno de los socios? Limitada a la integración de las acciones suscritas Limitada a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran.
¿Qué nombre puede llevar la Sociedad? Nombre de fantasía o puede incluir el nombre de una o más personas físicas. Debe incluir la expresión "Sociedad Anónima", su abreviatura o la sigla SA. Nombre de fantasía o puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la expresión "Sociedad de Responsabilidad Limitada", su abreviatura o la sigla SRL.
¿Cuál es el capital mínimo y en qué momento hay que realizar aportes?

El capital mínimo es de $100.000 y tiene que ser razonable teniendo en cuenta las actividades que desarrollará la sociedad. Si se trata de aportes dinerarios, debe desembolsarse al menos el 25% en el momento de la celebración del contrato constitutivo y el 75% restante en el plazo de los dos años siguientes. Si se trata de aportes no dinerarios, debe hacerse en el momento de la celebración del contrato constitutivo. En la Sociedad Anónima Unipersonal el capital deberá ser integrado en su totalidad.

Opcionalmente, la acreditación del desembolso de los aportes dinerarios también se tendrá por satisfecha mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución de la sociedad, del escribano público, de que ante él los accionistas hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese mismo acto.

No se establece un capital mínimo, no obstante este tiene que ser razonable teniendo en cuenta las actividades que desarrollará la sociedad. Si se trata de aportes dinerarios, debe desembolsarse al menos el 25% en el momento de la celebración del contrato constitutivo y el 75% restante en el plazo de los dos años siguientes. Si se trata de aportes no dinerarios, debe hacerse en el momento de la celebración del contrato constitutivo.

Opcionalmente, la acreditación del desembolso de los aportes dinerarios también se tendrá por satisfecha mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución de la sociedad, del escribano público, de que ante él los accionistas hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese mismo acto
¿cómo se justifican los aportes en especie? Con un inventario suscrito por contador público o abogado que ejerza la sindicatura y la firma de los socios fundadores. Deberá justificarse la valuación asignada por el valor de plaza, cuando se trate de bienes con valor corriente ó por informe pericial, en cuyo caso el perito deberá ser matriculado con título universitario habilitantes en la especialidad que corresponda a los bienes de que se trate. Con un inventario suscrito por contador público y la firma de los socios fundadores. Deberá justificarse el valor conforme a los antecedentes indicados en el contrato de constitución
¿Los socios garantizan sus aportes? Los Socios deben integrar la totalidad de los aportes dentro de los 2 años de comprometidos, producida su mora automáticamente se suspende el ejercicio de todos los derechos sociales inherentes a sus acciones. El Estatuto también podrá prever sanciones por la mora. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros por los casos de falta de integración o sobrevaluación de los aportes. Los terceros pueden hacer valer esta garantía en los casos de insuficiencia patrimonial por las obligaciones sociales o en caso de insolvencia o quiebra de la Sociedad.
¿Se puede ceder libremente las participaciones en la sociedad? La transmisión de las acciones es libre. El estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones pero no prohibirla. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria en el contrato, quien puede limitarla pero no prohibirla.
¿Quién debe ejercer la dirección y administración de la sociedad? El Directorio - Compuesto por uno o más directores designados por la asamblea de accionistas. La representación corresponde al Presidente del Directorio. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas el Registro Público de Comercio como requisito para la atribución de responsabilidades.  La Gerencia - Formada por uno o más gerentes, socios o no. Tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas en el contrato
¿Se necesita tener un órgano de vigilancia, síndico o Comisión Fiscalizadora? Es optativo, excepto para aquellas empresas que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos contemplados en el art. 299 de la LGS, las cuales están obligadas a poseer un órgano de fiscalización privado. Es optativo, excepto para aquellas Sociedades cuyo capital alcance el importe de $ 10.000.000.-
¿Qué responsabilidad tienen los Síndicos de de la Sociedad? Son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, el estatuto y el reglamento. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos u omisiones de estos, cuando el daño no se hubiera producido si hubiera actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo. Son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, el estatuto y el reglamento. También son responsables solidariamente con los gerentes por los hechos u omisiones de estos, cuando el daño no se hubiera producido si hubiera actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo.
¿Hay algún coste de registro? Las Sociedades Anónimas deben abonar una tasa anual de fiscalización percibida por la Inspección General de Justicia, que es la entidad a cargo del Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de supervisión de las sociedades argentinas. Dicha tasa se calcula tomando de base la cifra del capital social y, en su caso, el importe de la cuenta de ajuste de capital y es independiente al coste del arancel que debe abonarse a la Inspección General de Justicia por el inicio de cada trámite registral que se pretenda inscribir. Están exentas del pago de la tasa anual de fiscalización de la Inspección General de Justicia. No obstante, están sujetas al pago de una tasa de servicios de $ 30 por cada trámite que se presente a inscripción en IGJ (que se suma al coste del arancel que debe abonarse a la Inspección General de Justicia por el inicio de cada trámite registral que se pretenda inscribir).
¿Deben presentar los estados contables? Existe la obligación de presentar anualmente ante la Inspección General de Justicia los estados contables (cuentas anuales) junto con informe de sindicatura, cuando existe la misma. Además, informe de auditoría para aquellas sociedades cuyo capital social exceda los $ 10.000.000. No es obligatoria la presentación anual de estados contables ante la Inspección General de Justicia (salvo para las sociedades incluidas en el inciso 2 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades– sociedades con más de $ 10.000.000 de capital social–).

 

Con la reforma de la LGS aparece la figura de Sociedad Unipersonal (SU), que no estaba tipificada (bajo el código anterior, para constituir una sociedad comercial, se necesitaban, al menos, dos socios). Solo se admite que sean unipersonales las sociedades anónimas (art.1º), no puede ser único socio otra sociedad anónima unipersonal (art.1º), la denominación debe ser “sociedad anónima unipersonal, su abreviatura o la sigla “S.A.U.” (art. 164); la integración del aporte debe ser un 100% al momento de la constitución (art.187), están sujetas a fiscalización estatal permanente (art. 299 inc.7º), lo que implica que deban tener sindicatura plural (art.284, segundo párrafo, LGS) y directorio plural en forma obligatoria (art.255, segundo párrafo, LGS). Los directores pueden ser ad honorem, pero no los síndicos.
En la práctica, esta figura se va a utilizar fundamentalmente en dos casos: una empresa extranjera que podrá ser la única socia fundadora de una sociedad local (filial) sin verse sometida a los riesgos que derivarían de la necesidad de contar con otro socio local; y para las empresas nacionales de cierta envergadura les permite establecer unidades de negocios con patrimonios y personalidad jurídica diferenciada.
En caso de unipersonalidad sobrevenida, ya no va a ser causal de disolución en ningún tipo social (arts. 94 y 94 bis.) Si se trata de sociedad en comandita simple, por acciones o de capital e industria, al convertirse en unipersonal se transforman automáticamente en S.A. Unipersonal, si no deciden otra cosa en los tres meses (art. 94 bis). Nada se dice sobre qué pasa cuando una SRL o una Sociedad Colectiva, o incluso una S.A., que no sea una SAU, quedan con un único socio, tema que deberá ser despejado por la doctrina.

Las sociedades anónimas pueden ser socias de otras sociedades anónimas, de SRL y ser parte de contratos asociativos (art.30)
Se generaliza el instituto de la reactivación societaria. El art. 100 LGS permite que cualquier causal de disolución pueda ser removida bajo las siguientes condiciones: a) decisión del órgano de gobierno; b) eliminación de la causal disolutoria; c) viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad; d) no haberse cancelado la inscripción registral; e) dejando a salvo los derechos de terceros y las responsabilidades asumidas.
Si en los estatutos no hay previsiones especiales y lo consienten todos los que deben participar del acto, se admiten las asambleas a distancia (art. 158 a). 
 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)

La Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, publicada en el Boletín Oficial el 12 de abril de 2017 regula ciertas ventajas fiscales para emprendedores y para el financiamiento colectivo, e introduce un nuevo tipo societario: la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.),
El uso de la tecnología, la celeridad en el mundo de los negocios y la flexibilidad que una gran mayoría de los nuevos emprendimientos requieren, demandan estructuras legales ágiles para la concreción de los fines propuestos por los empresarios, emprendedores y comerciantes. Esta nueva sociedad constituye una herramienta legal de gran utilidad para las PyMEs y para el amplio sector emprendedor agropecuario argentino, buscando que estos puedan estar integrados en una economía formal desde el comienzo de sus actividades.
La norma brinda simplicidad y agilidad en la constitución, estructura y desarrollo del nuevo tipo social, un híbrido que combina diversos elementos de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. En opinión de Favier Dubois: “La S.A.S. es una institución que podemos calificar como “revolucionaria” en varios sentidos: a) “Privatiza” el derecho de las sociedades cerradas, al anteponer la voluntad de los socios sobre las normas de la ley 19.550 y sacarlas del área de la autoridad de contralor (art.33); b) “Desjudicializa”, al procurar la resolución de los conflictos fuera de los tribunales (art.57); c) “Digitaliza” al derecho societario al prever no sólo el uso de los TICS para la constitución, registros y comunicaciones, sino para la propia gestión societaria (art.44); y d) Es “expansiva”, en tanto la ley prevé que las sociedades preexistentes pueden ser transformadas en S.A.S. para aprovechar sus grandes ventajas (art.61), lo que ya ocurrió en otras latitudes.”
Una de las ventajas que hacen más aconsejable la adopción de este tipo social es la posibilidad de ser unipersonal y, con un capital social mínimo bajo, equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles (hoy serían $25.000), lo que vuelve a la Sociedad por Acciones Simplificada mucho más atractiva que la Sociedad Anónima Unipersonal donde se exige la suscripción de $100.00 de capital social mínimo.
Otra de las ventajas que ofrecen las S.A.S., si se utiliza el modelo tipo de Instrumento Constitutivo, que se encuentra en el Anexo A2 de la Resolución General 6/2017 de IGJ, es la posibilidad de realizar el trámite de constitución por internet, con un plazo previsto de 24 horas, en el cual también se podrá obtener el CUIT de la sociedad y la apertura de la cuenta bancaria.
La norma promueve la digitalización de las inscripciones societarias, así como las notificaciones por la misma vía, lo que acelerará significativamente todos los plazos de registración y modificaciones estatutarias, no habiendo en algunos supuestos necesidad de publicar edictos, permitiéndose la celebración de reuniones de socios a distancia mediante medios que permitan a los participantes comunicarse en forma simultánea (vía Skype), incorporando la utilización de registros contables digitales y del protocolo notarial electrónico para el otorgamiento de poderes, estatutos y modificaciones de los mismos, con firma digital del autorizante.
La principal desventaja que presenta la S.A.S. es la existencia de muchas lagunas legales y la posible situación de inseguridad jurídica que pueda llegar a darse en aspectos controvertidos entre las normas que supletoriamente las regulan. La ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, que regula a las S.A.S. no modifica la ley 19.550 sino que se trata de una ley independiente y específica que instituye un nuevo tipo societario por fuera de la Ley General de Sociedades.
De esto resulta que nos encontramos ante un sistema jurídico donde, como regla, deben aplicarse: en primer lugar la ley 27.349; en segundo lugar las previsiones del Estatuto, y en tercer lugar la ley 19.550; pero sólo en las disposiciones que “se concilien” con las características de las S.A.S.
 

Sucursales de Sociedades Extranjeras

Como alternativa a la constitución de una filial o participación en una sociedad local, las sociedades extranjeras pueden realizar las actividades comprendidas en su objeto social a través de una sucursal o cualquier otra especie de representación permanente, para lo cual deben:
1) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país.
2) Fijar un domicilio en el país, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en el país;
3) Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará.
Si se tratare de una sucursal, se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales.
Debe llevar una contabilidad separada y su representante contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé la LGS

Trámites y costes

En el documento "Costes de Establecimiento en Argentina" disponible en la web de ICEX http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-habituales/informacion-de-mercados/simulador-costes-de-establecimiento/index.html, se detalla información sobre tramitación y costes de constitución de sociedades en el país.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Propiedad industrial
Marca
La Ley N° 22.362 establece que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva; y todo otro signo con tal capacidad.
No son registrables, entre otros: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación habitual del producto o servicio, o b) que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se dé a los productos; d) el color natural o intrínseco de los productos; e) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras; f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen la Nación, las provincias, municipalidades y organizaciones religiosas y sanitarias, así como las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; g) los nombres o marcas que induzcan a error; h) las frases publicitarias que carezcan de originalidad; e i) los nombres, seudónimos o retratos de una persona sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado.
La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. El término de duración de la marca registrada es de 10 años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad.

Denominación de origen
La Ley N° 25.380 otorga protección, sin límite de tiempo, a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen utilizadas para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados, los que deberán ser registrados.
Los derechos de los usuarios de la indicación geográfica y/o denominación de origen consisten en: a) derecho de uso de la indicación geográfica; b) derecho de uso de la denominación de origen para productos agrícolas y alimentarios, y del nombre que la identifica; y derecho exclusivo al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc. que hayan sido autorizadas por el organismo competente; c) control y garantía de calidad especificada en la denominación de origen registrada por autoridad competente.
Nombres geográficos argentinos
La Ley N° 25.163 establece un sistema para el reconocimiento, la protección y el registro de los nombres geográficos argentinos para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica.

Patentes
La denominada Ley de Patentes (Ley N° 24.481 aprobada por el Decreto 260/96), establece que la titularidad de un invento se acreditará con el otorgamiento de los siguientes títulos de propiedad industrial: a) patentes de invención; y b) certificados de modelo de utilidad.
Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. No son patentables las plantas; los animales; el material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos; ni las invenciones cuya explotación comercial atenten contra el orden público, la moral, la salud o la vida de personas y animales, o que deban impedirse para preservar los vegetales y el medio ambiente.
No se consideran invenciones, entre otros, los descubrimientos, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, así como toda materia viva y sustancia preexistente en la naturaleza.
La autoridad de aplicación de este régimen es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) quien, después de recibir una solicitud de patente, inicia una investigación de las patentes existentes, a fin de determinar la registrabilidad de la patente solicitada. Pueden existir oposiciones dentro de los 30 días de publicada la solicitud. La patente tiene una duración de 20 años desde la presentación de la solicitud, término que es improrrogable.
Toda nueva disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, si son nuevos y tienen aplicación industrial, están protegidos por un certificado de modelo de utilidad por un plazo de 10 años improrrogables, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente.
Drogas genéricas
La Ley N° 24.766 protege la información que se presente para la aprobación de nuevas entidades químicas a la autoridad sanitaria local contra todo uso comercial desleal, no pudiendo ser la misma divulgada. En la práctica, esta ley favorece la venta de drogas genéricas, en tanto permite que se ofrezcan productos “similares”. En este sentido, a través de la Ley N° 25.649, se promueve el uso de drogas genéricas estableciendo que los médicos están obligados a prescribir genéricos, pudiendo incluir en su indicación el nombre comercial.

Protección de variedades vegetales nuevas
La protección a las variedades vegetales nuevas, a través de la concesión del título de “obtentor”, está consagrada en la Ley N° 24.376 (que aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones de Vegetales), así como en la Ley N° 20.247 y en el Decreto Reglamentario 2.183/91. La protección tiene una duración de 15 a 20 años, según la especie.

Protección a modelos y diseños industriales
Los Decretos 6.673/63 y 5.682/65 otorgan protección, mediante registro, a los modelos y diseños industriales, que son los aspectos incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental.
Esta protección, que dura cinco años desde la fecha de la presentación del registro, es prorrogable por dos períodos consecutivos de la misma duración a solicitud del titular.
No podrán gozar de los beneficios que otorga este régimen, aquellos modelos o diseños industriales que: a) hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito, y aquellos modelos o diseños industriales exhibidos en exposiciones o ferias realizadas en Argentina o en el exterior, a condición de que el respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses a partir de la inauguración de la exposición o feria; b) carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores; c) cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto; d) cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos; y e) sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas
La Ley N° 22.426 regula la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina.
Las operaciones de este tipo que se celebren entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, u otra filial de esta última, serán sometidas a la aprobación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La falta de aprobación no afectará la validez de los actos jurídicos correspondientes, pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor.

Convenciones internacionales
Argentina adhiere a la Convención Interamericana de Washington (1946), a la Convención sobre Propiedad Intelectual de Ginebra (1952), a la Convención de Berna (1886) y a sus siguientes enmiendas incluyendo al Convenio Unión de París.
La Ley N° 26.229 aprobó el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo, Francia, el 24 de marzo de 1971. La Ley N° 26.230 aprobó el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 1957.

Propiedad intelectual
Derechos de autor

La Ley N° 11.723 protege el derecho de propiedad de las obras científicas, literarias y artísticas, entendiéndose por éstas a los escritos de toda naturaleza y extensión. Entre ellos se incluyen los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales y dramáticomusicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; los modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; y los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas.
El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y de exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.
La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. Para las películas, esta protección se extiende por cincuenta años desde el fallecimiento del último de los colaboradores (autor del argumento, productor y director de la película). En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, y se declarase vacante su herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el término de la ley. La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o personas jurídicas durará cincuenta años contados desde su publicación. No se considera violación del derecho de autor cuando las obras son usadas sin fines de lucro, con un objetivo educacional o de investigación.
 

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Existen ventajas competitivas para las empresas españolas que quieran radicarse en la Argentina, empezando por la proximidad cultural y facilidad idiomática. Pero además destacan:

Integración económica regional: Argentina es miembro del MERCOSUR, lo que implica acceso a un mercado de 288 millones de habitantes (70% de América del Sur) y un PIB conjunto de 2,9 billones de euros (82% de América del Sur). Los productos fabricados en Argentina están exentos de los aranceles (elevados en ciertos sectores) que aplica el MERCOSUR.

Acuerdos Bilaterales con España: Argentina y España tienen firmados un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) de 1.991 y un nuevo Convenio para Evitar la Doble Imposición que entró en vigor el 23.12.2013, con efecto retroactivo al 01.01.2013.

Los inversores extranjeros en Argentina gozan de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Argentina se adhirió en 1997 a los principios de la OCDE en materia de inversiones extranjeras; en relación con la solución de controversias, es miembro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Acuerdo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). El gobierno ha restablecido relaciones más estrechas con el FMI, y demás Instituciones Financieras Internacionales y ha manifestado su interés en integrarse en la OCDE.

Apoyo público a la inversión: A nivel central en febrero de 2016 se creó la nueva Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional –dependiente de los ministerios de Producción y Trabajo y Relaciones Exteriores- que coordina los esfuerzos públicos para captar y facilitar la radicación de inversiones en el país. Además, en cada Provincia existe un ente de desarrollo de inversiones, todos ellos relacionados dentro de la Red Federal de Desarrollo de Inversiones.

Existen incentivos y beneficios para los inversores: beneficios fiscales e impositivos para reducir la carga fiscal durante la fase de inversión; incentivos para la promoción de exportaciones; crédito fiscal para programas específicos de formación profesional y fondos para la investigación e innovación científica y tecnológica y beneficios fiscales para bienes de capital utilizados para actividades industriales. Dentro de la Ley de Promoción de Inversiones existen regímenes específicos para determinados sectores: biocombustibles, biotecnología, exploración y explotación de hidrocarburos, energías renovables, industria automotriz, industria del software, minería y silvicultura.

Personal cualificado: Argentina dispone de un mayor porcentaje de población con estudios superiores que en el resto de los países de América Latina.

Imagen positiva de España, así como un idioma común y cercanía cultural e histórica entre ambos países.

La Presencia de numerosas empresas españolas establecidas desde hace años y con posiciones de liderazgo, además de reforzar la imagen país, facilita el camino a nuevas empresas que quieren introducirse en el mercado.

 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Las primeras medidas del gobierno Macri en 2016 fueron encaminadas a eliminar restricciones en materia de control de cambios y a liberalizar los pagos al exterior y el movimiento de capitales, más concretamente la repatriación de dividendos y desinversiones, y los pagos por importaciones de bienes y servicios. Además, se eliminó el “encaje”, la obligación de constituir un depósito no remunerado por un año de plazo por el 30% de la inversión.

A raíz del recrudecimiento de la crisis en septiembre de 2019, el gobierno lanzó medidas de controles de movimientos de capitales, como autorizaciones para repatriar beneficios y dividendos y pesificación de flujos entrantes de divisas que dificultan las inversiones, por lo que las empresas volvieron a sufrir los mismos problemas que en la anterior etapa. Estas medidas han sido fortalecidas aún más con el gobierno Fernández.

Por otro lado, Argentina es uno de los países del mundo con mayor presión tributaria y está considerado como uno de los más complejos para hacer negocios en cuanto al grado de dificultad para cumplir con trámites burocráticos y con el marco legal y regulatorio. A lo que se añade una cierta precariedad en lo que a seguridad jurídica se refiere.

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