Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Las dos fuentes de derecho del sistema legal australiano son las leyes que nacen en el Parlamento y la common law, la jurisprudencia que emana de las decisiones de los jueces de los tribunales superiores. Se trata de un sistema basado en el modelo británico. Australia tiene un sistema de tribunales tanto a nivel federal como estatal. El sistema está encabezado por el Tribunal Superior (High Court) de Australia, el cual tiene competencia para tratar todos los asuntos constitucionales y constituye el órgano último de apelación. El Tribunal Federal de Australia (Federal Court), el denominado Federal Circuit Court y el Family Court representan los otros pilares del sistema federal. Los tribunales federales tienen competencia para decidir todos los asuntos relacionados con leyes federales, como la ley de sociedades, leyes de comercio y comercio interestatal, derechos de autor, marcas y patentes, competencia y derecho del consumidor, inmigración, insolvencia y bancarrota y derecho de familia. Por su parte, los sistemas de tribunales estatales tienen un Tribunal Supremo y tribunales menores (a nivel local) y su ámbito de competencia son las leyes estatales. En general, puede decirse que el sistema legal australiano genera un clima favorable a la iniciativa privada y a los negocios. Ello no quiere decir que no incluya numerosas obligaciones y requisitos que las empresas deben cumplir, siendo además la verificación de dicho cumplimiento estricta. Las normas son en general muy transparentes y claras, con poco margen para la interpretación particular.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

En Australia, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y territoriales ofrecen mecanismos de apoyo a los inversores que desean establecer y administrar un negocio en Australia. La modalidad de apoyo disponible varía según la localización, la industria y la naturaleza de la actividad. El Australian Trade and Investment Commission (Austrade) es el organismo a nivel federal responsable de la promoción, atracción y facilitación de la inversión extranjera directa productiva en Australia. En particular, Austrade apoya a las empresas extranjeras a establecerse y desarrollar sus negocios en el país. Se trata, por tanto, del primer punto de contacto nacional para todas las consultas de inversión y trabaja en coordinación con los gobiernos estatales y territoriales, proporcionando a los inversores extranjeros la información necesaria para invertir en Australia. Concretamente, Austrade coordina todas las consultas iniciales sobre inversiones, ofrece información sobre el entorno económico, comercial y regulatorio australiano, así como oportunidades de inversión, apoya la identificación de localizaciones y socios, y asesora sobre los programas gubernamentales y procedimientos a seguir. Además, cuenta con una red exterior de más de 50 oficinas, entre las que se encuentra la de Madrid. Por su parte, los estados y territorios también cuentan con su propias agencias y programas de apoyo a la inversión extranjera. Por último, el Foreign Investment Review Board es un órgano dependiente del Departamento del Tesoro australiano que analiza las propuestas de inversión extranjera y, además, asiste al Tesorero en su proceso de aprobación. 

 


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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

AUSTRADE

Australian Trade  & Investment Commission

OFICINA CENTRAL
Level 7, Tower 3, International Towers
Barangaroo
Sydney NSW 2000
Teléfono: 13 28 78 (desde Australia)
+61 2 9392 2000
Email: info@austrade.gov.au
Web: www.austrade.gov.au

Mr. Rob Donelly
Chief Operating Officer – Corporate Operations
Email: rob.donelly@austrade.gov.au

OFICINA EN MADRID
Austrade - Australian Embassy,
Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D Pl. 24
28046 Madrid
Teléfono: +34 91 427 3767
Email: Madrid@austrade.gov.au

Mrs. Elena Laburu
Investment Manager
Email: elena.laburu@austrade.gov.au

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

Business and Industry Development
(Chief Minister, Treasury and
Economic Development Directorate)

OFICINA EN CANBERRA
Canberra Nara Centre
1 Constitution Ave, Canberra City ACT 2601
Dirección Postal:
GPO box 158
Canberra ACT 2601
Teléfono: 13 22 81
+61 2 6207 5111 (Internacional)
Email: business.mailbox@act.gov.au
Web: www.cmtedd.act.gov.au

Mr Andrew Barr
Ministry for Trade, Industry and Investment
Email: BARR@act.gov.au

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

NEW SOUTH WALES

Investment Attraction - Treasury

OFICINA EN SIDNEY
Level 48 MLC Centre
19 Martin Place
Sydney NSW 2000
Dirección Postal:
GPO Box 5477
Sydney NSW 2001
Teléfono: +61 2 9338 6600
Email: Export@business.nsw.gov.au
Web: https://invest.nsw.gov.au 

Mr. Matthew Williams 
Executive Director - Investment Attraction

OFICINA EN LONDRES
Co-located with the Australian Trade Commission
Australia House
Strand London WC2B 4LA
United Kingdom
Web: https://invest.nsw.gov.au/contact-us/international

Ms Keirra Smith – NSW Trade & Investment Director, UK & Europe
Email: keirra.smith@austrade.gov.au 

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

QUEENSLAND

Investment Queensland

State Development, Infrastructure, Local Government and Planning

 

OFICINA EN BRISBANE
Level 17, 1 William Street
Brisbane QLD 4000
Dirección postal:
PO Box 15009
City East, Queensland 4002
Teléfono: 13 74 68 (desde Australia) +61 7 3452 7100
Email: info@dsdmip.qld.gov.au
Web: www.statedevelopment.qld.gov.au  


Mr Ross Buchanan
Global Investment Commissioner (International Investment Attraction Unit)
 

OFICINA EN LONDRES
Queensland Government Trade
and Investment Office
Australia Centre
Corner of Strand and Melbourne Place
London WC2B 4LG
United Kingdom
Web: https://www.tiq.qld.gov.au/connect/contact-us
Email: London@tiq.qld.gov.au

  

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

TASMANIA

Department of State Growth

OFICINAS CENTRALES EN LAUNCESTON
CH Smith Centre, 20 Charles Street Launceston Tasmania 7250
Teléfono: +61367772786
Web: www.stategrowth.tas.gov.au
Email: info@stategrowth.tas.gov.au

Peta Sudgen
Director Investment Attraction
Email: Peta.Sudgen@cg.tas.gov.au

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

SOUTH AUSTRALIA
Department for Trade and Investment

OFICINA EN ADELAIDA
Level 8, 250 Victoria Square/Tarnatanyangga,
Adelaide, SA 5000
Teléfono: +61 8 8303 2400
Web: https://invest.sa.gov.au/
Email: dti.reception@sa.gov.au

OFICINA EN LONDRES
Mr Bill Muirhead
Agent-General for South Australia - UK and Europe
Australia Centre,
Strand London WC2B 4LG
United Kingdom
Teléfono: +44 20 7520 9100
Web: https://invest.sa.gov.au/global_offices/united-kingdom-and-europe
Email: agent.general@south-aus.eu

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

VICTORIA
Invest Victoria
Department of Treasury and Finance

OFICINA EN MELBOURNE
Level 36, 121 Exhibition Street
Melbourne VIC 3000
Teléfono: +61 370059833
Web: www.invest.vic.gov.au

Mr. Craig Harrison
Executive Director - Investment

OFICINA EN FRANKFURT
Mainzer Landstrasse 49
D-60329 Frankfurt, Germany
Teléfono: +44 7384548526
 

OFICINA EN LONDRES
Victoria House, Melbourne Place
Strand, London WC2B 4LG, United Kingdom
Teléfono: +44 207 836 2656

Ms. Julia Mills
Investment Director

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

WESTERN AUSTRALIA
Western Australian
Department of  Jobs, Tourism, Science and Innovation

OFICINA EN PERTH
1 William Street Perth. WA 6000
Teléfono: +61 8 6277 3000
Email: jtsi@jtsi.wa.gov.au
Web: https://www.investandtrade.wa.gov.au

Mr. Rob Delane
Deputy Director General, International Education, Trade and Investment
 

OFICINA EN LONDRES
Government of Western Australia
5th Floor, Australian Centre
Corner of Strand and Melbourne Place
London, WC2B 4LG
Teléfono: +44 (0) 7240 2881
Web: www.wago.co.uk
Email: agent_general@wago.co.uk 

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

NORTHERN TERRITORY
Department of Industry, Tourism and Trade

OFICINA EN DARWIN
76 The Esplanade
Darwin City NT 0800
Teléfono: +61 1800 193 111
08 8999 5091
Email: investmentterritory@nt.gov.au
Web: https://www.industry.nt.gov.au

Mr. Michael Png
Northern Territory Business Development Director
Email: michael.png@austrade.gov.au 

 

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Detalle del APPRI con España

España y Australia no tienen firmado ningún Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).

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Otros incentivos a la inversión

El gobierno federal y los gobiernos de los distintos estados ponen a disposición de las empresas y los inversores distintos tipos de programas. En www.business.gov.au las empresas tienen a su disposición un completo buscador de ayudas. Asimismo, cabe destacar que en el caso de empresas que están planeando establecer un negocio innovador o realizar una inversión en un estado o territorio en Australia por encima de los 5 millones de AUD el gobierno australiano pone a disposición del inversor el visado de innovación e inversión (Business Innovation and Investment, subclass 188). Este visado tiene un coste de tramitación de 5.375 AUD. 

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Zonas francas y ZEE

En Australia hubo un precedente de Zona Económica Especial (ZEE) en 1985 cuando se estableció The Darwin Trade Development Zone con el objetivo de crear un centro manufacturero a las puertas de Asia. No obstante, debido al incumplimiento de las expectativas (después de 5 años de funcionamiento tan solo lo habían utilizado 4 empresas que daban empleo a 300 personas, las cuales se redujeron a 97 empleados posteriormente) la zona se cerró en 2003. Actualmente, no hay ninguna ZEE. En el Northern Territory se aplica un programa de apoyo a inversores y promotores que acometan proyectos en el territorio.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

De acuerdo con la Financial Management and Accountability Act (FMA Act) de 1997 y a la reglamentación pertinente, cada organismo oficial se encarga de llevar a cabo su propio proceso de contratación. Cada uno de los tres niveles de gobierno de Australia (Commonwealth, estados y territorios, y ámbito local) tiene su marco y sus políticas de contratación propias. A nivel federal, las licitaciones públicas se rigen por las Commonwealth Procurement Rules (CPRs) publicadas por el Ministerio de Finanzas australiano al amparo de la sección 105B(1) de la Public Governance, Performance and Accountability Act 2013. Estas directivas, que se enmarcan dentro del denominado Marco de Gestión de Recursos (Resource Management Framework), son obligatorias para las contrataciones del gobierno federal y sirven de guía para los estados que, como se ha indicado, tienen flexibilidad y capacidad normativas en el marco de los acuerdos internacionales suscritos por Australia. El 14 de diciembre de 2020 entró en vigor la última versión de las CPRs. Esta nueva versión incluye compromisos para la adopción de prácticas de contratación sostenibles, enfatiza la importancia de realizar los pagos en tiempo y forma a los proveedores –particularmente a las PYMES-, e incluye una anexo que contempla una serie de bienes y servicios cuyo proceso de contratación está exento de la aplicación de las reglas contenidas en la división nº 2 de las CPR y permite la contratación directa de empresas de tamaño mediano y pequeño para las adquisiciones de hasta 200,000 AUD.

Los principios que inspiran estas CPRs son: i) value for money; ii) competencia; iii) eficiencia, eficacia y ética; iv) transparencia y rendición de cuentas; y v) adecuada gestión de riesgos.

Por otro lado, los sistemas de licitación contemplados en la CPRs son básicamente dos:

  • Procedimiento abierto (open tender): publicación de invitación a presentar ofertas (open approach to market). 
  • Procedimiento restringido (limited tender): por invitación, en circunstancias excepcionales y/o cuando el proceso no cumple con los requisitos de procedimiento abierto. Se establecen unas condiciones específicas para estos casos.

Los umbrales de contratación recogidos en las CPRs son los siguientes (incluido GST):

  • para las entidades no corporativas de la Commonwealth, excepto para la contratación de servicios de construcción, el umbral de contratación es de 80.000 AUD
  • para determinadas entidades corporativas de la Commonwealth -distintas de las relacionadas con la adquisición de servicios de construcción- el umbral de adquisición es de 400.000 AUD
  • para las adquisiciones de servicios de construcción por parte de las entidades correspondientes, el umbral de adquisición es de $ 7,5 millones de AUD
     

En la nueva versión de las CPR sigue exigiéndose que el licitante demuestre que está en condiciones de cumplir con toda la normativa australiana, así como la obligación de valorar los beneficios para la economía australiana de todos los contratos de más de 4 millones de AUD (7,5 millones en el caso de los servicios de construcción).

El sistema de licitaciones públicas, Austender, constituye una excelente herramienta para acceder de forma transparente y competitiva a los concursos que se licitan en toda Australia. Austender publica de forma centralizada las oportunidades comerciales del gobierno australiano, así como planes anuales de adquisiciones y contratos adjudicados. Las agencias gubernamentales australianas también publican todos sus Approaches to Market (ATM) de forma abierta y gratuita en Austender, y cuenta con un sistema de notificaciones gratuito. Por su parte, cada estado y territorio del país cuenta con su propio portal de licitaciones públicas:

Cabe indicar que existen mecanismos para incentivar la participación de empresas australianas y neozelandesas, con un énfasis especial en las PYMES (empresas con menos de 200 empleados a tiempo completo). En concreto, existe un compromiso por el cual las entidades no corporativas del gobierno han de contratar al menos un 10% del total con PYMES locales. Además, el gobierno tiene el objetivo de que dichas entidades realicen adquisiciones procedentes de PYMES equivalentes al 35% de los contratos en términos de volumen, hasta un valor de 20 millones de AUD.

Por otro lado, en octubre de 2018, se aprobó la denominada Government Procurement (Judicial Review) Act con el propósito fundamental de adecuar la normativa interna a las obligaciones internacionales contraídas en el marco del Acuerdo de Compras Públicas de la OMC (GPA) -al que Australia se adhirió en mayo de 2019-, y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) -del que Australia es signataria-. La Government Procurement (Judicial Review) Act prevé la posibilidad de que se impugne un procedimiento de licitación lanzado por una agencia de la Commonwealth ante el Tribunal Federal australiano o la denominada Federal Circuit Court. La ley aprobada -aplicable a las contrataciones previstas en las divisiones 1 y 2 de las CPRs- tiene importantes consecuencias para las agencias de la Commonwealth en la medida en que sus procedimientos de licitación podrían verse paralizados si incumplen las mencionadas normas. Un proceso de contratación estará sujeto a las divisiones 1 y 2 de las CPRs si supera un determinado umbral y no se encuentra incluido en la lista de excepciones recogida en el apéndice A de las CPR. La ley prevé, asimismo, dos vías de subsanación en caso de incumplimiento de las normas CPR: medidas cautelares y compensatorias. La finalidad de la medida cautelar - que requiere previa presentación de una queja ante la agencia licitadora- es preservar el derecho de un proveedor a la hora de participar en un proceso de contratación pública. La segunda vía contempla la posibilidad de que se compense al licitador si sus intereses se ven o se han visto afectados por una propuesta de actuación o actuación realizada por una agencia que suponga una infracción de las CPR.

Aunque sean muy transparentes, los procesos de contratación pública se caracterizan, en general, por su larga duración (plazo medio de una licitación es de 17 meses), complejidad y coste (entre un 0,5% y un 2% del valor del contrato), así como su cierta incertidumbre respecto al calendario de proyectos. Es pues un mercado complicado para la mayoría de las PYMES extranjeras. Ahora bien, las grandes empresas españolas que han invertido en Australia participan activamente, directamente y/o a través de sus filiales, en numerosos concursos convocados tanto por el gobierno federal como por los diferentes estados. 

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Régimen de inversiones

El marco que regula la inversión extranjera en Australia está fundamentalmente integrado por la Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA), las recientemente aprobadas Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Amendment Act 2020 y Foreign Investment Reform (Protecting Australia's National Security) Act 2020, otra normativa relacionada, así como por la propia política gubernamental (Foreign Investment Policy). Aunque la competencia para regular la inversión extranjera recae sobre la Commonwealth, algunos estados han aprobado algunas medidas que regulan la inversión extranjera en determinados sectores como el inmobiliario o el juego. El organismo responsable de administrar la normativa, así como la política gubernamental en esta materia es el Foreign Investment Review Board (FIRB). Es un órgano dependiente del Departamento del Tesoro australiano que, además, asiste al Tesorero en el proceso de aprobación de una propuesta de inversión extranjera. Por otro lado, la agencia tributaria australiana, Australian Taxation Office (ATO), también posee algunas competencias en materia de inversiones extranjeras, entre las que se incluye el asesoramiento del impacto fiscal de las propuestas presentadas.

El régimen australiano de IED es, en principio, liberal, seguro y transparente; si bien, a finales de 2020, por motivos de seguridad nacional, se aprobaron una serie de reformas al marco que regula la IED. Estas modificaciones conllevan nuevas obligaciones y el escrutinio reforzado de todas aquellas operaciones que pueden afectar a la seguridad del país o a los intereses nacionales. Las reformas -plasmadas en las Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Amendment Act 2020 y Foreign Investment Reform (Protecting Australia's National Security) Act 2020- entraron en vigor el 1 de enero de 2021.En general, el marco normativo australiano contempla la notificación de propuestas de inversión -en función de una serie de factores- y la aprobación de determinadas operaciones a partir de unos umbrales monetarios específicos. La medida transitoria (adoptada con la aparición del COVID-19) por la que se establecía un umbral monetario de screening de todas las operaciones de inversión de 0 AUD ha quedado sin efecto a partir del 1 de enero de 2021. A partir de esta fecha, se han restablecido los umbrales monetarios anteriores al 29 de marzo de 2020 para una serie de acciones, si bien se sigue manteniendo el umbral de 0 AUD para la nueva categoría de “acciones por motivos de seguridad nacional”. Asimismo, existen algunas restricciones respecto a sectores como la banca, aviación civil, aeropuertos, astilleros, medios de comunicación y telecomunicaciones, así como la prohibición de determinadas inversiones en caso de que contravengan los intereses nacionales.

La normativa australiana en materia de inversión extranjera no solo define lo que considera como extranjero (foreign person) -en general, un individuo que no reside normalmente en Australia, una corporación en la que una persona jurídica no reside normalmente en Australia, o una corporación o un gobierno extranjero que posee un “interés sustancial”-, sino que además distingue entre una operación susceptible de notificación (notifiable action), operación de seguridad nacional susceptible de notificación (notifiable national security action) y una operación significativa (significant action). Si una inversión tiene carácter de operación susceptible de notificación y/u operación significativa dependerá de su naturaleza -en la mayoría de los casos, del porcentaje de adquisición, el valor de la inversión o si se trata de una entidad o negocio relevante- y deberá ser notificada. Según la normativa australiana, las operaciones susceptibles de notificación y que son, a su vez, significativas y las operaciones de seguridad nacional susceptibles de notificación han de contar con la aprobación previa del Tesorero. Su incumplimiento está penalizado. Por otro lado, la normativa anterior contempla una serie de excepciones en virtud de las cuales una inversión no tendría consideración de operación susceptible de notificación, operación significativa y/u operación de seguridad nacional susceptible de notificación y, por tanto, no requeriría de notificación al Tesorero. Tampoco existe la obligación de notificar una operación significativa, salvo que, como se ha indicado, ésta sea también una operación susceptible de notificación y/o una operación de seguridad nacional susceptible de notificación. En este último caso, sí que existe el riesgo de que éste bloquee, revierta o imponga condiciones si ésta se considera contraria al interés nacional y no ha sido notificada. Además, en el caso particular de inversor extranjero no gubernamental ha de solicitar la aprobación de una operación al FIRB si supera unos umbrales monetarios contemplados en la normativa que varían según la disponibilidad de acuerdos de libre comercio con otros países y la inflación anual. Como se ha indicado, la normativa australiana contempla algunos casos en los que no se requeriría una solicitud de aprobación, así como la posibilidad de obtener un “certificado de exención” que permitan varias operaciones futuras. Por último, hay que destacar que las inversiones realizadas por gobiernos extranjeros están sujetas a un mayor control dada la posibilidad de que surjan cuestiones de interés nacional -los umbrales no se les aplica y tienen que notificar y obtener la aprobación de la operación- y que inversiones en determinados sectores - telecomunicaciones, medios de comunicación, transporte y defensa- pueden estar sujetas a unos requisitos y condiciones más severas.

La ley otorga poderes al Tesorero para examinar las propuestas de inversión realizadas por extranjeros y aprobarlas previamente si se trata de algunas de las siguientes actividades, entre otras:

Inversores extranjeros no gubernamentales

  • Adquisiciones comerciales: las personas extranjeras deben obtener la aprobación antes de adquirir un interés sustancial (al menos el 20%) en una entidad australiana que se valore por encima del umbral monetario relevante -i.e 281 millones de AUD-. En virtud de los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) firmados por Australia con una serie de países, se aplica un umbral monetario más alto –de 1.216 millones de AUD- a los inversores que inviertan en negocios no sensibles.
  • Empresas de seguridad nacional: las personas extranjeras han de obtener la aprobación de la operación antes de adquirir un interés directo (al menos el 10%) en un negocio de seguridad nacional, o iniciar un negocio de seguridad nacional, independientemente del valor del negocio o del país del inversor.
  • Agronegocios: las personas extranjeras deben obtener la aprobación de las autoridades antes de adquirir un interés directo (al menos del 10%) en un agronegocio en el que el valor de la participación en ese negocio es superior al umbral monetario de 61 millones de AUD. Se aplican umbrales más elevados –de 1.216 millones de AUD- a Chile, Nueva Zelanda y EEUU en virtud de los ACL firmados con estos países.
  • Empresas de medios de comunicación: todas las personas extranjeras deben obtener la aprobación antes de adquirir una participación de al menos el 5% en un negocio de medios australiano, independientemente del valor de la inversión.

Adquisición de tierras australianas

  • Tierra agrícola: las personas extranjeras deben obtener la aprobación antes de adquirir un interés en tierras agrícolas australianas cuyo valor supera el umbral monetario de 15 millones de AUD (acumulativo). A los inversores procedentes de Chile, Nueva Zelanda y EEUU el umbral asciende a 1.216 millones de AUD.
  • Terreno residencial: todas las personas extranjeras deben obtener aprobación antes de adquirir una participación en terrenos residenciales, independientemente del valor del terreno. Los extranjeros generalmente pueden comprar terrenos baldíos para el desarrollo residencial o vivienda nueva con pocas restricciones. Por su parte, la aprobación para la vivienda de segunda mano se limita generalmente a los residentes temporales para su uso durante el periodo de residencia en el país.
  • Terrenos de seguridad nacional: todas las personas extranjeras deben obtener la aprobación de las autoridades australianas antes de adquirir un interés en tierras bajo la clasificación de seguridad nacional, independientemente del valor de la inversión o del país del inversor.

Inversores de gobiernos extranjeros

Además de los requisitos establecidos para los inversores no gubernamentales, los inversores gubernamentales han de solicitar la aprobación de las siguientes operaciones: i) adquisición una participación directa (al menos del 10%) en una entidad australiana o un negocio australiano, independientemente del valor; ii) inicio de un nuevo negocio; iii) adquisición de una participación en tierras australianas, independientemente del valor de la inversión; o iv) adquisición de una participación legal o equitativa en un inmueble, o una participación de al menos el 10% en los valores de una entidad minera, de producción o de exploración, independientemente del valor.

Por otro lado, existen restricciones a la inversión directa en los siguientes sectores:

  • Aeropuertos: según la Airports Act de 1996, la participación total para inversores extranjeros está limitada al 49%. En el caso de una adquisición conjunta de aeropuerto y aerolíneas, se establece un límite del 5% sobre las aerolíneas, independientemente de su nacionalidad. Para el caso de adquisiciones conjuntas de varios aeropuertos, se establece un límite del 15%. Los aeropuertos con esta restricción son los de Sídney (incluido el futuro aeropuerto de Sydney West), Melbourne, Brisbane y Perth.
  • Banca: la adquisición de bancos australianos se tendrá en consideración según cada caso, ya que la IED en este sector tiene que respetar el Banking Act de 1959, la Financial Sector (Shareholdings) Act de 1998 (FSSA), la política bancaria y cualquier requerimiento prudencial que pudiese existir. El gobierno permitirá la participación de nuevas instituciones financieras extranjeras en el mercado australiano siempre que cumplan con las disposiciones del Australian Prudential Regulation Authority (APRA).
  • Aviación Civil: está permitido poseer hasta el 100% de las acciones de una compañía australiana que opere en vuelos domésticos y hasta el 49% de una compañía que opere con vuelos internacionales, siempre que ambas operaciones no sean contrarias al interés nacional. En el caso particular de Qantas (compañía de bandera australiana), la propiedad conjunta de aerolíneas extranjeras está restringida al 35% y la participación individual extranjera hasta el 25%. Además, otros criterios de interés nacional afectan al caso de Qantas, tales como requisitos de nacionalidad de los miembros del consejo de administración y la localización operativa de la empresa.
  • Barcos: según la Shipping Registration Act 1981, para que un barco pueda ser registrado en Australia debe ser participado mayoritariamente por capital australiano salvo que se indique que será fletado por un operador australiano.
  • Medios de comunicación: para cualquier inversión de cartera en medios de comunicación de un 5% o más es necesaria una aprobación previa, así como para todas aquellas que no sean de cartera, independientemente de su tamaño.
  • Telecomunicaciones: el 51,8% de Telstra era participación del gobierno hasta noviembre de 2006, cuando el estado se quedó con el 17% de la compañía. Del capital privatizado, está permitida hasta un 35% de participación extranjera conjunta, y hasta un 5% puede ser de un mismo propietario.

Finalmente, las reformas al marco que regula la inversión extranjera y que entraron en vigor el pasado 1 de enero conllevan nuevas obligaciones que todo inversor que desee invertir en Australia ha de tener en cuenta dado que, como se viene adelantando, conceden al Tesorero australiano nuevos poderes para revisar las operaciones de inversión por motivos de seguridad nacional. Los elementos más significativos del marco regulatorio reformado se detallan a continuación:

  • A partir del 1 de enero de 2021, se requiere la aprobación de toda acción catalogada como notifiable national security action. Se considera tal el inicio de un negocio de seguridad nacional, la adquisición de un interés directo en un negocio de seguridad nacional o en una entidad que lleva a cabo un negocio de seguridad nacional y la adquisición de un interés en terrenos de seguridad nacional.
  • Se otorga al Tesorero un “poder de último recurso” que le permite dar órdenes de desinversión e imponer unilateralmente nuevas condiciones a una operación o bien modificar las existentes después de que se haya concedido la aprobación de dicha operación. En todo caso, para poder ejercer este poder, se han de cumplir una serie de requisitos previos.
  • Se concede al Tesorero un nuevo poder de llamada o call in power para revisar cualquier operación que se acepte o se proponga aceptar a partir del 1 de enero, no se haya notificado previamente al FIRB, se califique de "acción significativa" o "acción de seguridad nacional revisable" y que sea susceptible de plantear un problema de seguridad nacional.

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Propiedad inmobiliaria

Como norma general, los extranjeros que desean adquirir propiedades inmobiliarias residenciales en Australia pueden hacerlo como inversión y deben solicitar autorización previa al FIRB. Aquellos extranjeros que deseen adquirir bienes inmuebles de segunda mano lo pueden realizar bajo unas condiciones muy estrictas. La regulación del sector establece que en el caso de comprar bienes inmuebles para vivienda temporal ésta debe venderse al abandonar el país (salvo en el caso de que se adquiera la residencia australiana). A los activos no residenciales les es de aplicación la normativa de inversiones extranjeras (autorizaciones necesarias por encima de un umbral). 

https://firb.gov.au/real-estate/.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

El gobierno australiano concede incentivos a la inversión a proyectos estratégicos en circunstancias especiales y bien delimitadas. Los incentivos pueden consistir en subvenciones, rebajas fiscales o provisión de las infraestructuras de servicio necesarias. Además, se consideran para cada caso en particular, teniendo en cuenta el conjunto de criterios públicos de elegibilidad. Estos criterios suponen que la concesión de incentivos se supedite a proyectos que sean capaces de generar efectos positivos en términos de beneficios netos y de empleo, y que, en ausencia de dichos incentivos, se radicarían en el exterior. Algunos de los programas de ayudas a los que se pueden acoger los inversores extranjeros son:

Major Project Facilitation Program (MPFP): el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia gestiona este programa, cuyos objetivos finales son apoyar la inversión privada en proyectos productivos, respetuosos con el medioambiente y que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Los proyectos no están limitados únicamente al ámbito de las infraestructuras. El que un proyecto adquiera el estatus “MPF” no implica concesión de ayuda financiera, pero simplifica procedimientos y garantiza apoyo gubernamental al inversor en sus negociaciones con las agencias y administraciones públicas involucradas en el desarrollo del proyecto (incluyendo la identificación de otros programas de apoyo aplicables). Los proyectos elegibles para conseguir estatus “MPF” deben tener cierta importancia estratégica para el país -aportar un beneficio económico neto importante y adecuado a las necesidades de aquella región donde se realice o la inversión debe ser superior a 50 millones de AUD y contribuir significativamente al crecimiento económico, exportaciones, empleo y/o desarrollo de las infraestructuras de una determinada región-. Además, necesitan aprobación del gobierno australiano o participación de este mediante una aprobación medioambiental, concesiones relativas a derechos de importación o cuestiones de inmigración. En cualquier caso, la categoría de “MPF” se adjudica a proyectos viables técnica y comercialmente, solicitados por empresas que cuentan con la necesaria solvencia técnica y financiera para ejecutarlos.

Australian Government Tourism Major Project Facilitation Service (TMPF): una de las prioridades de la Estrategia Turismo 2020 es aumentar la inversión en el sector. Para ello, a través de Austrade y Tourism Australia, el gobierno australiano ha creado un servicio de ayuda para inversores locales y extranjeros en el sector turístico. El servicio facilita la obtención de las múltiples aprobaciones por parte de distintas agencias y de distintas jurisdicciones que normalmente se requieren en los proyectos de este sector. El proyecto debe cumplir los siguientes requisitos: i) valor de la inversión superior 50 millones de AUD (inferior bajo determinadas condiciones) y que contribuya significativamente al crecimiento de la economía, ii) crecimiento de las exportaciones, iii) creación de empleo, y iv) desarrollo de infraestructuras. Además, esté ha de ser de importancia estratégica para Tourism 2020 y contribuir a una serie de objetivos fijados, ser de interés nacional y tener previsiblemente un impacto significativo en el sector al introducir un nuevo producto que aumente la llegada de turistas y, finalmente, tener la aprobación del gobierno en las distintas áreas que la legislación establece. Asimismo, el pasado mes de marzo de 2021, el gobierno australiano anunció un paquete de apoyo de 1.200 millones de AUD para el sector del turismo y la aviación. El paquete de ayudas contempla: i) un nuevo programa de apoyo a la red de aviación turística para impulsar el turismo nacional en regiones que se han visto significativamente afectadas por la pérdida de turistas internacionales tras el cierre de fronteras exteriores en Australia; y ii) la ampliación de los programas actuales, incluido el programa de subvenciones para eventos comerciales, el programa de zoológicos y acuarios y el programa COVID-19 de apoyo a viajes.

Rebajas fiscales por I&D: existen incentivos a la inversión en I&D en Australia a través de deducciones fiscales. Industry Innovation and Science Australia (IISA) y la Asutralian Taxation Office (ATO) son los encargados de administrar el esquema de incentivos fiscales a la I&D, el primero mediante el registro de las actividades de I&D y el segundo a través de la aplicación de las normas de elegibilidad y costes. De acuerdo con este programa, las empresas elegibles que tienen una facturación inferior a los 20 millones de AUD perciben una deducción fiscal reembolsable. Este reembolso puede ser en efectivo si la empresa se encuentra en una posición de pérdida fiscal. El resto de empresas elegibles reciben una compensación fiscal de tipo no reembolsable con el fin reducir la deuda fiscal. Estas deducciones pueden solicitarlas aquellas empresas que desarrollen sus actividades bajo la normativa australiana y las que actúan bajo normativa extranjera pero son residentes en Australia a efectos fiscales. Asimismo, podrían beneficiarse de estas deducciones empresas que sean residentes y actúen bajo la normativa de países con quien Australia mantenga convenios de doble imposición. En el presupuesto de 2020-2021 se han ampliado los incentivos fiscales a la I&D. Éstos son aplicables a partir del 1 de julio de 2021.

Northern Australia Infrastructure Facility (NAIF): ): la NAIF es una agencia del gobierno de la Commonwealth cuyo objetivo es la concesión de préstamos –a largo plazo y a bajos tipos de interés- a proyectos de infraestructura en el Territorio del Norte. Desde su creación, la NAIF ha aprobado más de 2.100 millones de AUD en préstamos para proyectos. El mandato de la NAIF -que vencía en junio de 2021- se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2026.

Esquema TradexAusindustry gestiona este programa, cuyo objetivo final es mejorar la competitividad de la industria australiana en los mercados globales. Consiste en la exención del pago de derechos arancelarios e IVA de i) bienes importados que se re-exportarán y ii) bienes que serán usados como inputs productivos por la industria e incorporados a productos finales destinados a la exportación. La exportación del producto deberá realizarse dentro del año posterior a su importación, aunque se admite un plazo superior previa autorización de Ausindustry. Este programa mejora el cash flow de las empresas beneficiarias.

Otros incentivos son:

  • Programa de visitas facilitadas por el gobierno en colaboración con las agencias de inversión más relevantes de cada estado o territorio y las asociaciones industriales. La División de Promoción de Inversiones del gobierno puede organizar visitas de identificación de la localización más favorable para establecerse en Australia.
  • Estudios de mercado. La División de Promoción de Inversiones del gobierno australiano facilita estudios de mercado y notas sectoriales, que contienen información específica y detallada sobre las posibilidades que ofrece el mercado australiano en un amplio rango de sectores industriales.
  • Otra información útil. Además de los incentivos presentados hasta este punto, los gobiernos estatales y otras agencias pueden en ocasiones facilitar ayudas a la inversión, materializadas de diversas formas. Para obtener más información al respecto, a continuación se detallan los vínculos a estos organismos o a otros que facilitan la información pertinente:     

Grantslink (https://www.business.gov.au/assistance): proporciona información sobre todo tipo de programas de subvenciones provistas por el gobierno australiano.

Business entry point (www.business.gov.au): se trata de una página para facilitar información útil a las empresas australianas e incluye un directorio de los gobiernos federales, estatales, territoriales y locales y las asociaciones empresariales.

Regional entry point (http://regional.gov.au/): el Ministerio de Infraestructuras y Desarrollo Regional facilita una fuente de información accesible con datos sobre los programas estatales y los servicios disponibles para empresas y negocios familiares en lugares rurales remotos.   

InnovationXchange (IXC) (https://innovationxchange.dfat.gov.au/ ): Es una organización sin ánimo de lucro, con una red de información global que proporciona una página Web interactiva que permite a compañías y socios recibir y actualizar información sobre el acceso a las fuentes de innovación.

Además de éstas páginas se pueden consultar los incentivos de los gobiernos regionales, ya que en general cada estado cuenta con un organismo específico que pretende incentivar las inversiones dentro de su territorio de competencia:

Australian Capital Territory (ACT): http://www.business.act.gov.au/

New South Wales: http://www.industry.nsw.gov.au/invest-in-nsw

Northern Territory: http://www.investnt.com.au/

Queensland: http://www.tiq.qld.gov.au/invest/

South Australia:  http://www.statedevelopment.sa.gov.au/investment

Tasmania:  http://cg.tas.gov.au/home/investment_attraction

Victoria:  http://www.invest.vic.gov.au/

Western Australia:  http://www.dsd.wa.gov.au/invest-in-wa

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Representación y agencia

El acuerdo de agencia se puede establecer con total libertad, por lo que únicamente es necesario fijar en el contrato todos los aspectos detallados de la relación. En cualquier caso y si hubiera alguna discrepancia sobre la verdadera naturaleza de la relación entre las partes (agencia vs revendedor o distribuidor) los tribunales analizarán la sustancia de dicha relación, independientemente de la forma concreta del contrato suscrito. El agente formaliza contratos en nombre del principal y no está obligado a desvelar al cliente final (principio de undisclosed principal) quién es el principal. Este último siempre tiene la posibilidad de desvelarlo por sí mismo y exigir al cliente final el cumplimiento del contrato que haya firmado con su agente.

 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

En Australia no existe una normativa específica que regule directamente las Joint Ventures (JV). En todo caso, existen dos tipos de JV en Australia:

Joint Ventures con identidad legal propia: la creación de una sociedad de JV supone un propósito común en que las empresas participantes actúan como socias. Se crea simultáneamente un acuerdo de cooperación entre las partes, y la sociedad que tendrá la propiedad y el control de la empresa, con el número de directores de cada parte que se acuerde. Si la JV es una entidad legalmente australiana, además de regirse por el acuerdo de las partes, como entidad jurídica independiente, estará sujeta a la Corporation Act. Esto aporta a la empresa un alto grado de certidumbre, uniformidad y homogeneidad, así como una estructura administrativa y de dirección conocidas. La responsabilidad de los participantes en la JV es limitada. Pueden acordar asumir un mayor riesgo del inicialmente impuesto por su condición de socios –por ejemplo, avalando los préstamos de la empresa-. Además, los directores nombrados por las empresas participantes, deben cuidar de sus obligaciones legales y actuar de forma que no comprometan a las empresas a las que representan en las deudas de la JV. Las obligaciones y beneficios de las empresas que forman la JV vendrán recogidos en su constitución. Cualquier beneficio que se distribuya en forma de dividendos será gravado fiscalmente como beneficio de la JV. Sin embargo, las pérdidas de la JV no podrán deducirse del beneficio de los participantes. Como empresa la JV tiene potestad para capitalizar los beneficios.

Joint Ventures sin personalidad jurídica: en este tipo de empresa, los socios acuerdan cooperar en relación a una inversión comercial, pero mantienen sus intereses y derechos completamente independientes. Como no hay estructura societaria, el contrato entre los socios habrá de contener todas las cláusulas que regulen la relación, las operaciones y las obligaciones mutuas. La JV en este caso no tiene ni personalidad ni capital propios. Este es el tipo de acuerdo más común en el sector minero y de materias primas. Uno de los principales atractivos de este tipo de sociedad reside en las ventajas fiscales potenciales. La sociedad como tal no recibe ingresos. Los ingresos que cada parte obtiene solo se materializan cuando la empresa vende su parte de la sociedad, si lo hace. Como los ingresos pasan directamente al capital de la empresa promotora, recibe el mismo trato que el resto de beneficios y pérdidas de la misma, pudiendo compensarse con aquellos. Del mismo modo, si uno de los participantes obtiene pérdidas de su participación, estas serán tratadas junto con el resto de flujos de la sociedad. Además cada socio puede considerar su inversión de manera independiente (en lo referente, por ejemplo, a depreciaciones) dependiendo de su situación. Esta estructura limita la responsabilidad de los socios. Los socios son propietarios de los activos que aportan en todo momento y con estos responden de las deudas de la sociedad. Es normal que las partes acuerden que ninguna pueda obligar o actuar como agentes de la empresa de manera independiente ni en nombre de otro de los socios ni en el de la JV, salvo casos específicamente acordados. Esto evita tener que definir las potestades de cada socio. Por otro lado, es muy común que la sociedad tenga un gerente propio, que con frecuencia se trata de una entidad, que actúa en nombre de los fundadores. El gerente puede tomar responsabilidades operativas, financieras y de marketing. Este rol ayuda a evitar duplicaciones e ineficiencias. Sin embargo, tales acuerdos deben estar cuidadosamente planificados y documentados para asegurar que no se constituye una sociedad independiente. Otra cuestión importante en este punto, es tener en cuenta que si el gerente firma con un tercero en nombre de todos los socios, éstos quedarían responsabilizados del total de las obligaciones de manera global, salvo que el contrato exponga expresamente lo contrario.

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Tipos de sociedades

En Australia existen cuatro tipos de entidades bajo las cuales se llevan a cabo relaciones comerciales:

Empresario individual (sole trader): el denominado sole trader es un empresario individual que realiza operaciones comerciales. Este individuo controla el negocio, los ingresos se consideran sus ingresos personales y, además, es responsable de todas las deudas contraídas en el desarrollo del mismo. El sole trader puede solicitar su número de registro denominado Australian Business Number (ABN) para todas las transacciones comerciales que realiza como tal. El sole trader utilizará su número de identificación fiscal (Tax File Number, TFN) a la hora de hacer la declaración de la renta y, en general, para las operaciones que haga con la agencia tributaria australiana. Los ingresos que el empresario individual obtenga de su empresa se suman a sus ingresos personales a la hora de hacer la declaración de la renta.

Sociedades Civiles Privadas (partnerships, incluyendo las de duración limitada): una sociedad es una asociación de individuos o empresas que llevan a cabo transacciones comerciales como asociados y reciben unos ingresos comunes. En Australia están prohibidas las sociedades civiles de más de 20 personas, a excepción de algunas sociedades profesionales. La sociedad civil se forma con el acuerdo de las partes y sus derechos y obligaciones se recogen en un acuerdo de partenariado. En general, en las sociedades la responsabilidad es ilimitada, cada socio es responsable de las deudas y pueden ser demandados a nivel personal. Se trata en todo caso de una estructura flexible y en la que no existe la obligación de hacer públicas las cuentas. Los asociados pueden solicitar su propio ABN para realizar sus transacciones comerciales. Asimismo, necesitan obtener su TFN para hacer la declaración de renta ya que cada asociado incluye los ingresos en su propia declaración según su participación en la sociedad.

Entidades fiduciarias (trust): un trust o entidad fiduciaria es una obligación de una persona denominado fideicomisario o trustee a mantener una propiedad en beneficio de otras (beneficiarios). Hay dos tipos de trust: i) discretionary trust y ii) unit trust. El trustee necesita poseer un ABN, además de un TFN, que utilizará para la declaración de la renta. Sin embargo, es el beneficiario el sujeto obligado a pagar impuestos. El beneficiario tiene que incluir su cuota de beneficio del trust en su declaración de renta personal.

Empresas (companies): la empresa es una entidad legal separada de sus accionistas. En Australia hay dos tipos de empresas: i) public companies y ii) proprietary (o private) companies, que a su vez se dividen en grandes y pequeñas empresas. La segunda ha de ser de responsabilidad limitada (limited by shares) o de responsabilidad ilimitada (unlimited by shares), mientras que la primera puede ser de responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada o limited by guarantee. Toda empresa que opera en Australia está sujeta al cumplimiento del Corporations Act de 2001. El organismo regulatorio encargado de su supervisión es el Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Éste lleva el registro de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras.

Para registrarse como una empresa australiana es necesario presentar una serie documentos ante el ASIC como estatutos (constitution), consentimiento escrito de las personas que ejercerán de directores, secretario y representante, así como de los accionistas, entre otros, y abonar las tasas correspondientes. La normativa australiana no establece requisitos de capital social mínimo o máximo; no obstante, una empresa ha de tener al menos un accionista. Por su parte, las empresas privadas no pueden obtener fondos a través de una emisión de acciones públicas.Una vez constituida y registrada la sociedad, este organismo emitirá un certificado de registro por el que se autoriza a la empresa a operar. Para obtener más detalle del procedimiento de constitución y registro de una sociedad, se puede consultar las páginas web www.business.gov.au  y www.asic.gov.au. Tras el registro de la sociedad se le asignará el Australian Company Number (ACN). Obtenido el ACN hay que obtener el ABN y el TFN. Ambos números se pueden solicitar de forma simultánea a través de la oficina del Australian Business Register (https://abr.gov.au/).

Por otro lado, en virtud del Corporations Act de 2001, una empresa extranjera que desee operar en Australia puede hacerlo registrándose como tal en la ASIC y operando a través de una filial -entidad separada de la empresa matriz y con responsabilidad limitada- o una sucursal -entidad no es separada de la empresa matriz; ésta es responsable de todas las deudas y obligaciones de la sucursal-. En Australia una empresa extranjera también tiene la posibilidad de abrir una oficina de representación. Para el registro como empresa extranjera, ésta ha de presentar el formulario de solicitud junto con copias compulsadas de los estatutos, certificado de registro, detalle de la oficina en Australia, la designación del agente local y abonar las tasas correspondientes. Toda empresa extranjera que opere en Australia debe cumplir la normativa establecida en los tres niveles de gobierno y, si ésta tiene actividad en varios estados y territorios, tendrá que ajustarse a las diferencias normativas de cada uno de ellos.

Finalmente, cabe indicar que el ABN es un número que identifica a la entidad cuando lleva a cabo actividades comerciales con otras entidades (por ejemplo, a la hora de facturar), incluyendo con la agencia tributaria de Australia (www.ato.gov.au ). El ABN está formado por 11 dígitos, de los que los 9 últimos corresponden al ACN. En el caso de sole traders, el ABN es utilizado en todos sus operaciones comerciales. En el caso de sociedades, el ABN hará referencia a la sociedad y se utilizará en las relaciones comerciales que como tal se realicen. El trust también tiene ABN, cuyo registro le corresponde al consejo de administración.

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Régimen de Franquicias

El régimen de franquicias: es una forma habitual de distribución en Australia. De hecho, Australia es el país con más franquicias per cápita del mundo. Actualmente, el sector de las franquicias está valorado en unos 154.400 millones de AUD* y emplea a más de medio millón de personas. Se calcula que existen más de 1.200 franquicias y más de 90.000 negocios franquiciados en el país, lo que equivaldría a casi el 4% de todos los negocios. Destacan las franquicias relacionadas con las ventas de vehículos (29,2%), la venta de combustible (27,4%), retail (11,8%) y los servicios de alojamiento y alimentación (8,8%). Las condiciones favorables del país generan confianza para la entrada de empresas extranjeras que deseen utilizar esta forma de negocio. Australia se encuentra en la sexta posición de países más atractivos según el International Franchise Attractiveness Index. A pesar de ello, aproximadamente el 90% de los sistemas de franquicias en Australia son australianos. El resto proviene principalmente de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido. Estados Unidos es el país extranjero con mayor número de establecimientos franquiciados en Australia, con tantas cadenas de franquicias como las de todos los demás países juntos. La Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) regula las franquicias a través de un código de conducta de obligado cumplimiento para las partes: https://www.accc.gov.au/business/industry-codes/franchising-code-of-conduct . La última revisión del código entró en vigor en enero de 2015. En todo caso, cabe indicar que la relación de poder entre franquiciador y franquiciado está muy descompensada, siendo el código más favorable para el franquiciador. Las franquicias de alimentación, en concreto, han estado en el punto de mira de la ACCC en los últimos años, debido a quejas de los franquiciados sobre la insuficiente información recibida por parte de los franquiciadores. Por esta razón, en 2019 la ACCC publicó un documento específico sobre buenas prácticas para dichas franquicias: https://www.accc.gov.au/publications/disclosure-practices-in-food-franchising. Se puede obtener más información sobre el sector a través del Franchising Council of Australia (http://www.franchise.org.au/).

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Australia cuenta con un moderno y efectivo régimen de propiedad intelectual. Es miembro de los más importantes tratados internacionales en materia de propiedad intelectual como el acuerdo TRIPS o la convención de París. La agencia gubernamental dedicada a la protección intelectual se denomina IP Australia (www.ipaustralia.gov.au).

Patentes: una patente australiana da un derecho de uso exclusivo de producción, uso o venta de una invención en Australia. Las patentes cubren cualquier objeto, sustancia, método o proceso que es nuevo, innovador y útil (creaciones artísticas o procesos matemáticos sin una utilidad clara no pueden ser patentados). Las solicitudes de patentes se gestionan por parte de IP Australia, éstas son únicamente válidas en el país. Existen dos tipos de patentes: i) standard patent, da control sobre una invención por un período de 20 años, y ii) innovation patent, es una opción más rápida y barata que cubre un período de 8 años y está destinada a invenciones con una vida comercial más breve y que puede ser reemplazada por nuevas innovaciones.

Marcas: marcas pueden ser entre otros letras, palabras, números, frases, sonidos, olores, formas, logotipos o cualquier combinación de los anteriores. Como regla general, no se puede registrar como marca una palabra o grupo de palabras que describe directamente los bienes o servicios del negocio. En la legislación australiana una marca puede ser protegida aunque no esté registrada. Sin embargo, el registro muestra los derechos exclusivos de uso de manera más clara evitando costosos litigios. Las marcas se registran por períodos prorrogables de 10 años, pero si durante 3 años no ha habido un uso de la marca, puede admitirse la eliminación de la marca iniciada por cualquier interesado. La solicitud de una marca suele resolverse en alrededor de tres meses desde la solicitud; si bien, los derechos se retrotraen al momento de la solicitud da la misma. Australia es signataria del Protocolo de Madrid relativo a marcas internacionales.

Diseños: el registro de un diseño da derecho a usar, obtener una licencia o vender el diseño. Para su registro, un diseño debe ser nuevo y distintivo. El término "nuevo" es entendido por IP Australia como no conocido o usado públicamente en el pasado en Australia. Por el contrario, el término "distintivo" se refiere a que no se asemeja en apariencia a un diseño que ya es conocido públicamente. El registro de diseño sólo cubre la parte visual del producto, no su funcionamiento. El diseño se puede proteger por un período de 5 años y puede ser prorrogable una vez más por 5 años (periodo máximo 10 años). El diseño registrado solamente tiene validez en Australia.

Derechos de variedad de plantas: la propiedad de estos derechos confiere el uso comercial exclusivo de una variedad registrada. Estos derechos figuran regulados bajo el Plant Breeder's Rights Act 1994 e incluyen el derecho tanto a la producción como la venta de la variedad de planta registrada.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Australia ofrece múltiples ventajas a las empresas españolas que quieran instalarse, incluyendo:

Mercado de reducida dimensión y alejado de España, pero con gran potencial. Australia es un mercado de más de 25 millones de potenciales consumidores con gustos anglosajones y una elevada renta per cápita -por encima de la media de los países más desarrollados-.

Economía de mercado estable y dinámica, que ha crecido de forma continuada durante casi tres décadas. Aunque en 2020 el país entró técnicamente en recesión, la recuperación de la actividad económica ha sido rápida y organismo internacionales como el FMI y la OCDE prevén un rebote en 2021 del 4,5% (FMI, WEO abril de 2021, y OCDE, marzo de 2021).

Economía abierta e integrada en los mercados internacionales. La economía Australia exhibe un elevado grado de apertura e integración en los mercados globales fruto del compromiso con el multilateralismo, así como de la política de acuerdos comerciales articulada por los sucesivos gobiernos.

Situación geográfica privilegiada cerca de Asia, donde se concentrarán 2/3 del consumo y producción mundiales en 2050, habiendo firmado acuerdos de libre comercio con Tailandia, Japón, Singapur, Corea del Sur, China y Malasia, entre otros.

Marco jurídico estable y transparente y clima favorable a la inversión extranjera. En general, Australia mantiene un clima para la inversión extranjera transparente, liberal y seguro, que favorece su atracción -mantiene el 14º en el ranking mundial de Ease of Doing Business-. Además, hay sectores de interés para las empresas españolas en los que existen oportunidades de inversión muy interesantes. A título de ejemplo, cabe citar los 100.000 millones de AUD de gasto en infraestructuras contemplados en los Presupuestos Federales 2019 – 2020 (año fiscal de julio a junio), que se complementarán con las dotaciones previstas en los presupuestos de distintos estados.

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Barreras de entrada para inversores españoles

El marco que regula la inversión extranjera en Australia está fundamentalmente integrado por la Foreign Acquisitions and Takovers Act 1975 (FATA), las recientemente aprobadas Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Amendment Act 2020 y Foreign Investment Reform (Protecting Australia's National Security) Act 2020, otra normativa relacionada, así como por la propia política gubernamental (Foreign Investment Policy). Aunque la competencia para regular la inversión extranjera recae sobre la Commonwealth, algunos estados han aprobado algunas medidas que regulan la inversión extranjera en determinados sectores como el inmobiliario o el juego. El organismo responsable de administrar la normativa, así como la política gubernamental en esta materia, es el Foreign Investment Review Board (FIRB). Es un órgano dependiente del Departamento del Tesoro australiano que, además, asiste al Tesorero en el proceso de aprobación de una propuesta de inversión extranjera. El régimen australiano de IED es, en principio, liberal, seguro y transparente; aunque existen algunas restricciones respecto a sectores como la banca, aviación civil, aeropuertos, astilleros, medios de comunicación y telecomunicaciones. La ley otorga poderes al Ministro del Tesoro para examinar las propuestas de inversión realizadas por extranjeros y aprobarlas previamente si superan unos determinados umbrales. A finales de 2020, por motivos de seguridad nacional, se aprobaron una serie de reformas al marco que regula la IED. Estas modificaciones, recogidas en las mencionadas Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Amendment Act 2020 y Foreign Investment Reform (Protecting Australia's National Security) Act 2020 y que entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2021, conllevan nuevas obligaciones y el escrutinio reforzado de todas aquellas operaciones que pueden afectar a la seguridad del país o a los intereses nacionales.

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  • Movilidad Internacional
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