Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Las dos fuentes de derecho del sistema legal australiano son las leyes que nacen en el Parlamento y la common law, la jurisprudencia que emana de las decisiones de los jueces de los tribunales superiores. Se trata de un sistema basado en el modelo británico. Australia tiene un sistema de tribunales tanto a nivel federal como estatal. El sistema está encabezado por el Tribunal Superior (High Court) de Australia, el cual tiene competencia para tratar todos los asuntos constitucionales y constituye el órgano último de apelación. El Tribunal Federal de Australia (Federal Court), el denominado Federal Circuit Court y el Family Court representan los otros pilares del sistema federal. Los tribunales federales tienen competencia para decidir todos los asuntos relacionados con leyes federales, como la ley de sociedades, leyes de comercio y comercio interestatal, derechos de autor, marcas y patentes, competencia y derecho del consumidor, inmigración, insolvencia y bancarrota y derecho de familia. Por su parte, los sistemas de tribunales estatales tienen un Tribunal Supremo y tribunales menores (a nivel local) y su ámbito de competencia son las leyes estatales. En general, puede decirse que el sistema legal australiano genera un clima favorable a la iniciativa privada y a los negocios. Ello no quiere decir que no incluya numerosas obligaciones y requisitos que las empresas deben cumplir, siendo además la verificación de dicho cumplimiento estricta. Las normas son en general muy transparentes y claras, con poco margen para la interpretación particular.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

En Australia, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y territoriales ofrecen mecanismos de apoyo a los inversores que desean establecer y administrar un negocio en Australia. La modalidad de apoyo disponible varía según la localización, la industria y la naturaleza de la actividad. El Australian Trade and Investment Commission (Austrade) es el organismo a nivel federal responsable de la promoción, atracción y facilitación de la inversión extranjera directa productiva en Australia. En particular, Austrade apoya a las empresas extranjeras a establecerse y desarrollar sus negocios en el país. Se trata, por tanto, del primer punto de contacto nacional para todas las consultas de inversión y trabaja en coordinación con los gobiernos estatales y territoriales, proporcionando a los inversores extranjeros la información necesaria para invertir en Australia. Concretamente, Austrade coordina todas las consultas iniciales sobre inversiones, ofrece información sobre el entorno económico, comercial y regulatorio australiano, así como oportunidades de inversión, apoya la identificación de localizaciones y socios, y asesora sobre los programas gubernamentales y procedimientos a seguir. Además, cuenta con una red exterior de más de 50 oficinas, entre las que se encuentra la de Madrid. Por su parte, los estados y territorios también cuentan con su propias agencias y programas de apoyo a la inversión extranjera. Por último, el Foreign Investment Review Board es un órgano dependiente del Departamento del Tesoro australiano que analiza las propuestas de inversión extranjera y, además, asiste al Tesorero en su proceso de aprobación. 

 


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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

AUSTRADE

(Australian Trade  & Investment Commission)

OFICINA CENTRAL
Level 7, Tower 3, International Towers
Barangaroo
Sydney NSW 2000
Teléfono: 13 28 78 (desde Australia)
+61 2 9392 2000
Email: info@austrade.gov.au
Web: www.austrade.gov.au
Persona de contacto:
Mr. Rob Donelly
Executive Director – Tourism, Investment, Education
and Programs Group
Email: rob.donelly@austrade.gov.au

OFICINA EN MADRID
Austrade - Australian Embassy,
Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D Pl. 24
28046 Madrid
Teléfono: +34 91 427 3767
Email: Madrid@austrade.gov.au
Mrs. Elena Laburu
Investment Manager
Teléfono: +34 91 427 3767
Email: elena.laburu@austrade.gov.au

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

Business and Industry Development
(Chief Minister, Treasury and
Economic Development Directorate)

OFICINA EN CANBERRA
Canberra Nara Centre
1 Constitution Ave, Canberra City ACT 2601
Dirección Postal:
GPO box 158
Canberra ACT 2601
Teléfono: 13 22 81
+61 2 6207 5111 (Internacional)
Email: business.mailbox@act.gov.au
Web: www.cmtedd.act.gov.au

Mr Andrew Barr
Minister for Trade, Industry and Investment
Email: BARR@act.gov.au
Teléfono: +61 2 6205 0011 

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

NEW SOUTH WALES

Investment Attraction
Industry & Investment
NSW

OFICINA EN SIDNEY
Level 48 MLC Centre
19 Martin Place
Sydney NSW 2000
Dirección Postal:
GPO Box 5477
Sydney NSW 2001
Teléfono: +61 2 9338 6600
Email: Export@business.nsw.gov.au
Web: http://www.industry.nsw.gov.au/

Mr. Simon Hunter
Executive Director

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

QUEENSLAND
Investment Queensland
Department of State Development,
Infrastructure and Planning,
(DSDIP)

OFICINA EN BRISBANE
Level 17, 1 William Street
Brisbane QLD 4000
Dirección postal:
PO Box 15009
City East, Queensland 4002
Teléfono: 13 74 68 (desde Australia)+61 7 3452 7100
Email: info@dsdmip.qld.gov.au
Web: www.statedevelopment..qld.gov.au  
Mr Mark Tierney
Executive Director, Industry Development
Department of State Development, Infrastructure
and Planning, Investment Queensland.
 

OFICINA EN LONDRES
Queensland Government Trade
and Investment Office
Australia Centre
Corner of Strand and Melbourne Place
London WC2B 4LG
United Kingdom
Web: www.export.qld.gov.au 
Teléfono: +44 20 7420 8761
Email: London@tiq.qld.gov.au

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

QUEENSLAND
Brisbane Marketing
Oficina de Promoción de Brisbane

OFICINA EN BRISBANE
Level 8, Roy Harvey House. 157 Ann St.
Brisbane QLD 4000
Dirección postal:
PO Box 12260
Brisbane QLD 4003 
Teléfono: +61 7 3006 6200
Web: www.choosebrisbane.com.au/Invest
Mr. Steven Silvester
General Manager, Investment Attraction
Teléfono: + 61 7 3006 6239 
Email: ssilvester@brisbanemarketing.com.au

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

TASMANIA

Invest Tasmania
Dep. of Economic Development,
Tourism and the Arts

OFICINA EN LAUNCESTON
4 Salamanca Place, Hobart
TAS 7001
Teléfono: 1800 030 688

Web:
www.stategrowth.tas.gov.au
Email: info@stategrowth.tas.gov.au

Mark Bowles
General Manager, Business and Trade
Email: Mark.Bowles@stategrowth.tas.gov.au
Teléfono: +61 (03) 6165 5130
 

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

SOUTH AUSTRALIA
Department for Trade and Investment

OFICINA EN ADELAIDA
Level 9, The Conservatory, 131-139 Grenfell St,
Adelaide, SA 5000
Dirección postal:
GPO Box 320
Adelaide SA 5001
Teléfono: +61 8 8303 2400
Web: www.dti..sa.gov.au/investment
Email: dtireception@sa.gov.au
 

OFICINA EN LONDRES
Mr Bill Muirhead
Agent-General for South Australia
Australia Centre,
Strand London WC2B 4LG
United Kingdom
Teléfono: +44 20 7520 9100
Email: agent.general@south-aus.eu
Web: www.newsouthaustralia.com
Ms. Jan Gausden
PA to the Agent General
Email: Jan.Gausden@south-aus.eu
 

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

VICTORIA
Invest Victoria
Department of Innovation, Industry
and Regional Development
(DIIRD)

OFICINA EN MELBOURNE
Level 36, 121 Exhibition Street
Melbourne VIC 3000
Teléfono: +61 3 9651 8100
Web: www.invest.vic.gov.au
Mr. Craig Harrison
Executive Director
Teléfono: +61 3 9651 8100

OFICINA EN FRANKFURT
Mainzer Landstrasse 49
D-60329 Frankfurt, Alemania
Teléfono: +44 207 836 2656
 

OFICINA EN LONDRES
Victoria House, Melbourne Place
Strand, London WC2B 4LG, Reino Unido
Teléfono: +44 207 836 2656
Mr. Tim Dillon
Commissioner for Victoria to Europe 

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

WESTERN AUSTRALIA
Western Australian
Department of  Jobs, Tourism, Science and Innovation

OFICINA EN PERTH
Perth. WA 600
Teléfono: +61 8 6277 3000
Email: jtsi@jtsi.wa.gov.au
Web: www.dsd.wa.gov.au
Mr. Rob Delane
Deputy Director General, International Education, Trade and Investment
 

OFICINA EN LONDRES
Agent-General for WA
Government of Western Australia
5th Floor, Australian Centre
Corner of Strand and Melbourne Place
London, WC2B 4LG
Teléfono: +44 (0) 7240 2881
Web: www.wago.co.uk
Mr. Mike Deeks
Agent General, Europe
Email: Mike.deeks@wago.co.uk 

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

NORTHERN TERRITORY
Department of Trade, Business
and Innovation

OFICINA EN DARWIN
 

76 Esplanade
Darwin NT 0800
Dirección Postal:
GPO Box 3200
Darwin NT 0801
Teléfono: +61 1800 193 111
08 8999 5091
Email: NADO.nt@nt.gov.au
Web: www.business.nt.gov.au
Mr. Luke Bowen
General Manager
Northern Australia Development and Trade
 

 

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Detalle del APPRI con España

España y Australia no tienen firmado ningún Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).

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Otros incentivos a la inversión

El gobierno federal y los gobiernos de los distintos estados ponen a disposición de las empresas y los inversores distintos tipos de programas. En www.business.gov.au las empresas tienen a su disposición un completo buscador de ayudas. Asimismo, cabe destacar que en el caso de empresas que están planeando establecer un negocio innovador o realizar una inversión en un estado o territorio en Australia por encima de los 5 millones de AUD el gobierno australiano pone a disposición del inversor el visado de innovación e inversión (Business Innovation and Investment, subclass 188). Este visado tiene un coste de tramitación de 5.375 AUD. 

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Zonas francas y ZEE

En Australia hubo un precedente de Zona Económica Especial (ZEE) en 1985 cuando se estableció The Darwin Trade Development Zone con el objetivo de crear un centro manufacturero a las puertas de Asia. No obstante, debido al incumplimiento de las expectativas (después de 5 años de funcionamiento tan solo lo habían utilizado 4 empresas que daban empleo a 300 personas, las cuales se redujeron a 97 empleados posteriormente) la zona se cerró en 2003. Actualmente, no hay ninguna ZEE. En el Northern Territory se aplica un programa de apoyo a inversores y promotores que acometan proyectos en el territorio.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

De acuerdo con la Financial Management and Accountability Act (FMA Act) de 1997 y a la reglamentación pertinente, cada organismo oficial se encarga de llevar a cabo su propio proceso de contratación. Cada uno de los tres niveles de gobierno de Australia (Commonwealth, estados y territorios, y ámbito local) tiene su marco y sus políticas de contratación propias. A nivel de la federal, el marco normativo de contratación pública se basa fundamentalmente en las denominadas Directrices de Contratación de la Commonwealth (Commonwealth Procurement Rules, CPR) que son publicadas por el Departamento de Finanzas. Estas directivas son obligatorias para las contrataciones del gobierno federal y sirven de guía para los estados, que tienen flexibilidad y capacidad normativas en el marco de los acuerdos internacionales suscritos por Australia. La última versión entró en vigor en marzo de 2017, y ésta se modificó en enero de 2019 para adecuarse al nuevo marco legislativo y, por última, vez en abril de 2019.

Los principios que inspiran estas CPRs son: i) value for money; ii) competencia; iii) eficiencia, eficacia y ética; iv) transparencia y rendición de cuentas; y v) adecuada gestión de riesgos.

Por otro lado, las citadas CPR incluyen los umbrales de contratación siguientes (incluyen el IVA local, GST):

  • Departamento de Estado y Parlamento: 80.000 AUD, excepto para construcción.
  • Entidades federales de derecho público: 400.000 AUD, excepto para construcción.
  • Servicios de construcción: 7,5 millones de AUD.

En cuanto a los sistemas de licitación, se han reducido a dos en las últimas modificaciones:

  • Procedimiento abierto (open tender): publicación de invitación a presentar ofertas (open approach to market). 
  • Procedimiento restringido (limited tender): por invitación, en circunstancias excepcionales y/o cuando el proceso no cumple con los requisitos de procedimiento abierto. Se establecen unas condiciones específicas para estos casos.

La nueva versión de las CPR exige que el licitante demuestre que está en condiciones de cumplir con toda la normativa australiana, así como la obligación de valorar los beneficios para la economía australiana de todos los contratos de más de 4 millones de AUD (7,5 millones en el caso de los servicios de construcción).

El sistema de licitaciones públicas, Austender, constituye una excelente herramienta para acceder de forma transparente y competitiva a los concursos que se licitan en toda Australia. Austender publica de forma centralizada las oportunidades comerciales del gobierno australiano, así como planes anuales de adquisiciones y contratos adjudicados. Las agencias gubernamentales australianas también publican todos sus Approaches to Market (ATM) de forma abierta y gratuita en Austender, y cuenta con un sistema de notificaciones gratuito. Por su parte, cada estado y territorio del país cuenta con su propio portal de licitaciones públicas:

Cabe indicar que existen mecanismos para incentivar la participación de empresas australianas y neozelandesas, con un énfasis especial en las PYMES (empresas con menos de 200 empleados a tiempo completo). En concreto, existe un compromiso por el cual las entidades no corporativas del gobierno han de contratar al menos un 10% del total con PYMES locales. Además, el gobierno tiene el objetivo de que dichas entidades realicen adquisiciones procedentes de PYMES equivalentes al 35% de los contratos en términos de volumen, hasta un valor de 20 millones de AUD.

Por otro lado, en octubre de 2018, se aprobó la denominada Government Procurement (Judicial Review) Act con el propósito fundamental de adecuar la normativa interna a las obligaciones internacionales contraídas en el marco del Acuerdo de Compras Públicas de la OMC (GPA) -al que Australia se adhirió en mayo de 2019-, y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) -del que Australia es signataria-. La Government Procurement (Judicial Review) Act prevé la posibilidad de que se impugne un procedimiento de licitación lanzado por una agencia de la Commonwealth ante el Tribunal Federal australiano o la denominada Federal Circuit Court. La ley aprobada -aplicable a las contrataciones previstas en las divisiones 1 y 2 de las CPRs- tiene importantes consecuencias para las agencias de la Commonwealth en la medida en que sus procedimientos de licitación podrían verse paralizados si incumplen las mencionadas normas. Un proceso de contratación estará sujeto a las divisiones 1 y 2 de las CPRs si supera un determinado umbral y no se encuentra incluido en la lista de excepciones recogida en el apéndice A de las CPR. La ley prevé, asimismo, dos vías de subsanación en caso de incumplimiento de las normas CPR: medidas cautelares y compensatorias. La finalidad de la medida cautelar - que requiere previa presentación de una queja ante la agencia licitadora- es preservar el derecho de un proveedor a la hora de participar en un proceso de contratación pública. La segunda vía contempla la posibilidad de que se compense al licitador si sus intereses se ven o se han visto afectados por una propuesta de actuación o actuación realizada por una agencia que suponga una infracción de las CPR.

Aunque sean muy transparentes, los procesos de contratación pública se caracterizan, en general, por su larga duración (plazo medio de una licitación es de 17 meses), complejidad y coste (entre un 0,5% y un 2% del valor del contrato), así como su cierta incertidumbre respecto al calendario de proyectos. Es pues un mercado complicado para la mayoría de las PYMES extranjeras. Ahora bien, las grandes empresas españolas que han invertido en Australia participan activamente, directamente y/o a través de sus filiales, en numerosos concursos convocados tanto por el gobierno federal como por los diferentes estados. 

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Régimen de inversiones

(Es conveniente tener en cuenta que en la actual situación de pandemia del Covid-19, el marco que regula la inversión extranjera en Australia se ha visto temporalmente alterado. Por razones de seguridad nacional todas las propuestas de inversión extranjera han quedado supeditadas a estudio y aprobación del FIRB, independientemente de su naturaleza o cuantía. También se han visto alterados los plazos para la aprobación de las operaciones. En la actualidad el gobierno australiano está estudiando una reforma del marco de regulación de la inversión extranjera que sustituirá a las actuales medidas temporales).

Australia mantiene en general un clima favorable a la inversión extranjera. Su política es, en principio, transparente, liberal, segura y favorece su atracción. El marco que regula la inversión extranjera en Australia está fundamentalmente integrado por la Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA) y otra normativa relacionada, así como por la propia política gubernamental (Foreign Investment Policy). Aunque la competencia para regular la inversión extranjera recae sobre la Commonwealth, algunos estados han aprobado algunas medidas que regulan la inversión extranjera en determinados sectores como el inmobiliario o el juego. El organismo responsable de administrar la normativa, así como la política gubernamental en esta materia es el Foreign Investment Review Board (FIRB). Es un órgano dependiente del Departamento del Tesoro australiano que, además, asiste al Tesorero en el proceso de aprobación de una propuesta de inversión extranjera. Por otro lado, la agencia tributaria australiana, Australian Taxation Office (ATO), también posee algunas competencias en materia de inversiones extranjeras, entre las que se incluye el asesoramiento del impacto fiscal de las propuestas presentadas.

La normativa australiana en materia de inversión extranjera no solo define lo que considera como extranjero (foreign person) -en general, un individuo que no reside normalmente en Australia, una corporación en la que un individuo no reside normalmente en Australia, o una corporación o un gobierno extranjero que posee un “interés sustancial”-, sino que además distingue entre una operación susceptible de notificación (notifiable action) y una operación significativa (significant action). Si una inversión tiene carácter de operación susceptible de notificación y/o operación significativa dependerá de su naturaleza -en la mayoría de los casos, del porcentaje de adquisición, el valor de la inversión o si se trata de una entidad o negocio relevante-. Así, todo extranjero que desee invertir en una entidad, negocio o terreno en Australia ha de notificar la operación al Tesorero si ésta es susceptible de notificación -i.e cumple su definición-. Su incumplimiento está penalizado. Por otro lado, aunque no existe la obligación de notificar al Tesorero sobre una operación significativa (aunque no sea susceptible de notificación), sí que existe el riesgo de que éste bloquee, revierta o imponga condiciones si ésta se considera contraria al interés nacional y no ha sido notificada. Además, en el caso particular de inversor extranjero no gubernamental ha de solicitar la aprobación de una operación al FIRB si supera unos umbrales monetarios contemplados en la normativa que varían según la disponibilidad de acuerdos de libre comercio con otros países y la inflación anual. La normativa australiana contempla algunos casos en los que no se requeriría una solicitud de aprobación, así como la posibilidad de obtener un “certificado de exención” que permitan varias operaciones futuras. Por último, hay que destacar que las inversiones realizadas por gobiernos extranjeros están sujetas a un mayor control dada la posibilidad de que surjan cuestiones de interés nacional -los umbrales no se les aplica y tienen que notificar y obtener la aprobación de la operación- y que inversiones en determinados sectores - telecomunicaciones, medios de comunicación, transporte y defensa- pueden estar sujetas a unos requisitos y condiciones más severas.

La ley otorga poderes al Tesorero para examinar las propuestas de inversión realizadas por extranjeros y aprobarlas previamente si se trata de las siguientes actividades:

La adquisición o aumento de la participación en acciones de una empresa australiana que representen un valor superior a 275 millones AUD (aproximadamente unos 165 millones de euros) por parte de inversores extranjeros no estadounidenses, o de 1.192 millones de AUD si se trata de un inversor que opere en el marco de un acuerdo de libre comercio, como por ejemplo inversores de los EEUU, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Japón. Estos inversores tienen un trato preferencial en virtud de los respectivos acuerdos de libre comercio firmados con Australia, salvo cuando se trate de sectores sensibles para el interés nacional o cuando el inversor sea una compañía controlada por el gobierno, en este caso el umbral se sitúa en 275 millones AUD.

La adquisición de empresas extranjeras con subsidiarias australianas o con activos en Australia cuando la operación represente más de 275 millones AUD. En el caso de que el inversor sea nacional de alguno de los estados anteriormente mencionados beneficiarios de un acuerdo de libre comercio, se aplica un umbral de 1.192 millones AUD salvo que se trate de sectores sensibles para el interés nacional, cuyo umbral es de 275 millones AUD. Los umbrales de ambas operaciones están indexados al deflactor IPC anual para tener en cuenta el efecto inflacionista.

La adquisición de propiedades inmobiliarias en general exige notificación previa del comprador al gobierno australiano, además, en algunos casos necesita autorización si se trata de: i) inmuebles no residenciales por valor superior a los 5 millones AUD listados como Patrimonio Nacional (para los inversores beneficiarios de un acuerdo de libre comercio como por ejemplo de los EEUU, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Japón el umbral es de 1.192 millones de AUD), ii) inmuebles no residenciales por valor superior a los 55 millones AUD (para los inversores anteriormente mencionados el umbral es de 1.192 millones de AUD), iii) tierra urbanizable y tierras agrícola, y iv) inmuebles de carácter residencial.

Por otro lado, existen restricciones a la inversión directa en los siguientes sectores:

  • Aeropuertos: según la Airports Act de 1996, la participación total para inversores extranjeros está limitada al 49%. En el caso de una adquisición conjunta de aeropuerto y aerolíneas, se establece un límite del 5% sobre las aerolíneas, independientemente de su nacionalidad. Para el caso de adquisiciones conjuntas de varios aeropuertos, se establece un límite del 15%. Los aeropuertos con esta restricción son los de Sídney (incluido el futuro aeropuerto de Sydney West), Melbourne, Brisbane y Perth.
  • Banca: la adquisición de bancos australianos se tendrá en consideración según cada caso, ya que la IED en este sector tiene que respetar el Banking Act de 1959, la Financial Sector (Shareholdings) Act de 1998 (FSSA), la política bancaria y cualquier requerimiento prudencial que pudiese existir. El gobierno permitirá la participación de nuevas instituciones financieras extranjeras en el mercado australiano siempre que cumplan con las disposiciones del Australian Prudential Regulation Authority (APRA).
  • Aviación Civil: está permitido poseer hasta el 100% de las acciones de una compañía australiana que opere en vuelos domésticos y hasta el 49% de una compañía que opere con vuelos internacionales, siempre que ambas operaciones no sean contrarias al interés nacional. En el caso particular de Qantas (compañía de bandera australiana), la propiedad conjunta de aerolíneas extranjeras está restringida al 35% y la participación individual extranjera hasta el 25%. Además, otros criterios de interés nacional afectan al caso de Qantas, tales como requisitos de nacionalidad de los miembros del consejo de administración y la localización operativa de la empresa.
  • Barcos: según la Shipping Registration Act 1981, para que un barco pueda ser registrado en Australia debe ser participado mayoritariamente por capital australiano salvo que se indique que será fletado por un operador australiano.
  • Medios de comunicación: para cualquier inversión de cartera en medios de comunicación de un 5% o más es necesaria una aprobación previa, así como para todas aquellas que no sean de cartera, independientemente de su tamaño.
  • Telecomunicaciones: el 51,8% de Telstra era participación del gobierno hasta noviembre de 2006, cuando el estado se quedó con el 17% de la compañía. Del capital privatizado, está permitida hasta un 35% de participación extranjera conjunta, y hasta un 5% puede ser de un mismo propietario.

Los presupuestos 2017/2018 recogieron algunas medidas que afectan a la IED:

  • Límite a la inversión extranjera en nuevos proyectos residenciales, de modo que no pueden venderse más del 50% de las propiedades de un proyecto a inversores extranjeros.
  • Gravamen a los extranjeros que sean dueños de propiedades residenciales vacías que no se pongan en alquiler durante al menos seis meses.
  • Racionalización del marco de inversión extranjera australiana. El gobierno trata de reducir los requisitos normativos en algunos casos, así como el esquema de cargas comerciales, en especial en los casos de inversiones consideradas de bajo riesgo para aumentar la eficiencia del sistema de inversión extranjera australiana.

Asimismo, en febrero de 2018 se hicieron públicas nuevas medidas para regular la inversión extranjera en la compra de tierras agrícolas y activos eléctricos:

  • Compra de tierras agrícolas: los inversores extranjeros deberán demostrar que la tierra agrícola que tratan de adquirir ha formado parte de un proceso público de venta y que se ha puesto a disposición de licitadores australianos durante al menos 30 días. Estas condiciones, que buscan asegurar la posibilidad de que los inversores australianos participen, se suman a las ya establecidas sobre el umbral de escrutinio de las compras extranjeras de 15 millones de AUD (unos 9,5 millones de euros) y sobre el establecimiento de un registro de tierra agrícola.
  • Compra de activos eléctricos: las infraestructuras de distribución y transmisión de electricidad, así como algunos activos de generación (considerados activos estratégicos) se analizarán caso por caso estableciendo condiciones más onerosas en nombre de la seguridad nacional. El enfoque va a permitir al gobierno administrar activamente el grado de concentración de la propiedad – así como el control de los inversores de un solo activo o dentro de un sector-. Se valorará cada situación considerando el nivel de concentración existente, la necesidad de diversificar la propiedad y la importancia crítica del activo.

Todas las solicitudes de aprobación de una inversión han de canalizarse a través de la página web del FIRB. En ésta se encuentra el formulario de solicitud, así como un listado con toda la información requerida para evaluar la operación. Una vez que se ha presentado la solicitud y abonado la tasa correspondiente, el Tesorero dispone de 30 días de plazo para adoptar una decisión y 10 días adicionales para su notificación. Este plazo se puede ampliar a 90 días si el Tesorero considera que necesitan más tiempo para valorar la propuesta. El Tesorero tiene la capacidad de prohibir una operación susceptible de notificación o significativa si es contraria al interés nacional. Para valorar si una operación es contraria al interés nacional, el Tesorero y el FIRB tienen en cuenta factores como la naturaleza de la inversión y del inversor, política gubernamental y marco legal, seguridad nacional, impacto sobre competencia y otros factores que afecten a la economía del país (national interest test). Asimismo, el Tesorero puede imponer condiciones a la aprobación de una operación de inversión con el fin de que ésta no sea contraria al interés nacional.

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Propiedad inmobiliaria

Como norma general, los extranjeros que desean adquirir propiedades inmobiliarias residenciales en Australia pueden hacerlo como inversión y deben solicitar autorización previa al FIRB. Aquellos extranjeros que deseen adquirir bienes inmuebles de segunda mano lo pueden realizar bajo unas condiciones muy estrictas. La regulación del sector establece que en el caso de comprar bienes inmuebles para vivienda temporal ésta debe venderse al abandonar el país (salvo en el caso de que se adquiera la residencia australiana). A los activos no residenciales les es de aplicación la normativa de inversiones extranjeras (autorizaciones necesarias por encima de un umbral). 

https://firb.gov.au/real-estate/.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

El gobierno australiano concede incentivos a la inversión a proyectos estratégicos en circunstancias especiales y bien delimitadas. Los incentivos pueden consistir en subvenciones, rebajas fiscales o provisión de las infraestructuras de servicio necesarias. Además, se consideran para cada caso en particular, teniendo en cuenta el conjunto de criterios públicos de elegibilidad. Estos criterios suponen que la concesión de incentivos se supedite a proyectos que sean capaces de generar efectos positivos en términos de beneficios netos y de empleo, y que, en ausencia de dichos incentivos, se radicarían en el exterior. Algunos de los programas de ayudas a los que se pueden acoger los inversores extranjeros son:

Major Project Facilitation Program (MPFP): el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia gestiona este programa, cuyos objetivos finales son apoyar la inversión privada en proyectos productivos, respetuosos con el medioambiente y que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Los proyectos no están limitados únicamente al ámbito de las infraestructuras. El que un proyecto adquiera el estatus “MPF” no implica concesión de ayuda financiera, pero simplifica procedimientos y garantiza apoyo gubernamental al inversor en sus negociaciones con las agencias y administraciones públicas involucradas en el desarrollo del proyecto (incluyendo la identificación de otros programas de apoyo aplicables). Los proyectos elegibles para conseguir estatus “MPF” deben tener cierta importancia estratégica para el país -aportar un beneficio económico neto importante y adecuado a las necesidades de aquella región donde se realice o la inversión debe ser superior a 50 millones de AUD y contribuir significativamente al crecimiento económico, exportaciones, empleo y/o desarrollo de las infraestructuras de una determinada región-. Además, necesitan aprobación del gobierno australiano o participación de este mediante una aprobación medioambiental, concesiones relativas a derechos de importación o cuestiones de inmigración. En cualquier caso, la categoría de “MPF” se adjudica a proyectos viables técnica y comercialmente, solicitados por empresas que cuentan con la necesaria solvencia técnica y financiera para ejecutarlos.

Australian Government Tourism Major Project Facilitation Service (TMPF): una de las prioridades de la Estrategia Turismo 2020 es aumentar la inversión en el sector. Para ello, a través de Austrade y Tourism Australia, el gobierno australiano ha creado un servicio de ayuda para inversores locales y extranjeros en el sector turístico. El servicio facilita la obtención de las múltiples aprobaciones por parte de distintas agencias y de distintas jurisdicciones que normalmente se requieren en los proyectos de este sector. El proyecto debe cumplir los siguientes requisitos: i) valor de la inversión superior 50 millones de AUD (inferior bajo determinadas condiciones) y que contribuya significativamente al crecimiento de la economía, ii) crecimiento de las exportaciones, iii) creación de empleo, y iv) desarrollo de infraestructuras. Además, esté ha de ser de importancia estratégica para Tourism 2020 y contribuir a una serie de objetivos fijados, ser de interés nacional y tener previsiblemente un impacto significativo en el sector al introducir un nuevo producto que aumente la llegada de turistas y, finalmente, tener la aprobación del gobierno en las distintas áreas que la legislación establece.

Rebajas fiscales por I+D: existen incentivos a la inversión en I+D en Australia a través de deducciones fiscales. Este programa lo coordinan conjuntamente AusIndustry, que depende del Departamento de Industria, Innovación y Ciencia, y la agencia tributaria australiana. Su objetivo es incentivar aquellos proyectos innovadores, que mejoren la productividad, competitividad y exportaciones de la industria australiana. Todas las empresas australianas que lo soliciten, especialmente PYMES, pueden ser objeto de las siguientes ventajas fiscales: i) deducción fiscal reembolsable del 43,5% de sus gastos en I+D (después de aplicar el tipo impositivo) para empresas elegibles con facturación anual inferior a 20 millones de AUD, y ii) una deducción fiscal no reembolsable del 38,5% de sus gastos en I+D (después de aplicar el tipo impositivo) para empresas elegibles con una facturación anual igual o superior a 20 millones AUD. Estas deducciones pueden solicitarlas aquellas empresas que desarrollen sus actividades bajo la normativa australiana, y las que actuando bajo normativa extranjera pero residente en Australia a efectos fiscales. 

Northern Australia Infrastructure Facility (NAIF): (co)financia grandes proyectos de infraestructuras en el norte de Australia mediante préstamos a largo plazo y bajo tipos de interés. http://www.naif.gov.au/

Esquema TradexAusindustry gestiona este programa, cuyo objetivo final es mejorar la competitividad de la industria australiana en los mercados globales. Consiste en la exención del pago de derechos arancelarios e IVA de i) bienes importados que se re-exportarán y ii) bienes que serán usados como inputs productivos por la industria e incorporados a productos finales destinados a la exportación. La exportación del producto deberá realizarse dentro del año posterior a su importación, aunque se admite un plazo superior previa autorización de Ausindustry. Este programa mejora el cash flow de las empresas beneficiarias.

Otros incentivos son:

  • Programa de visitas facilitadas por el gobierno en colaboración con las agencias de inversión más relevantes de cada estado o territorio y las asociaciones industriales. La División de Promoción de Inversiones del gobierno puede organizar visitas de identificación de la localización más favorable para establecerse en Australia.
  • Estudios de mercado. La División de Promoción de Inversiones del gobierno australiano facilita estudios de mercado y notas sectoriales, que contienen información específica y detallada sobre las posibilidades que ofrece el mercado australiano en un amplio rango de sectores industriales.
  • Otra información útil. Además de los incentivos presentados hasta este punto, los gobiernos estatales y otras agencias pueden en ocasiones facilitar ayudas a la inversión, materializadas de diversas formas. Para obtener más información al respecto, a continuación se detallan los vínculos a estos organismos o a otros que facilitan la información pertinente:     

Grantslink (https://www.business.gov.au/assistance): proporciona información sobre todo tipo de programas de subvenciones provistas por el gobierno australiano.

Business entry point (www.business.gov.au): se trata de una página para facilitar información útil a las empresas australianas e incluye un directorio de los gobiernos federales, estatales, territoriales y locales y las asociaciones empresariales.

Regional entry point (http://regional.gov.au/): el Ministerio de Infraestructuras y Desarrollo Regional facilita una fuente de información accesible con datos sobre los programas estatales y los servicios disponibles para empresas y negocios familiares en lugares rurales remotos.   

InnovationXchange (IXC) (https://innovationxchange.dfat.gov.au/ ): Es una organización sin ánimo de lucro, con una red de información global que proporciona una página Web interactiva que permite a compañías y socios recibir y actualizar información sobre el acceso a las fuentes de innovación.

Además de éstas páginas se pueden consultar los incentivos de los gobiernos regionales, ya que en general cada estado cuenta con un organismo específico que pretende incentivar las inversiones dentro de su territorio de competencia:

Australian Capital Territory (ACT): http://www.business.act.gov.au/

New South Wales: http://www.industry.nsw.gov.au/invest-in-nsw

Northern Territory: http://www.investnt.com.au/

Queensland: http://www.tiq.qld.gov.au/invest/

South Australia:  http://www.statedevelopment.sa.gov.au/investment

Tasmania:  http://cg.tas.gov.au/home/investment_attraction

Victoria:  http://www.invest.vic.gov.au/

Western Australia:  http://www.dsd.wa.gov.au/invest-in-wa

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Representación y agencia

El acuerdo de agencia se puede establecer con total libertad, por lo que únicamente es necesario fijar en el contrato todos los aspectos detallados de la relación. En cualquier caso y si hubiera alguna discrepancia sobre la verdadera naturaleza de la relación entre las partes (agencia vs revendedor o distribuidor) los tribunales analizarán la sustancia de dicha relación, independientemente de la forma concreta del contrato suscrito. El agente formaliza contratos en nombre del principal y no está obligado a desvelar al cliente final (principio de undisclosed principal) quién es el principal. Este último siempre tiene la posibilidad de desvelarlo por sí mismo y exigir al cliente final el cumplimiento del contrato que haya firmado con su agente.

 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

En Australia no existe una normativa específica que regule directamente las Joint Ventures (JV). En todo caso, existen dos tipos de JV en Australia:

Joint Ventures con identidad legal propia: la creación de una sociedad de JV supone un propósito común en que las empresas participantes actúan como socias. Se crea simultáneamente un acuerdo de cooperación entre las partes, y la sociedad que tendrá la propiedad y el control de la empresa, con el número de directores de cada parte que se acuerde. Si la JV es una entidad legalmente australiana, además de regirse por el acuerdo de las partes, como entidad jurídica independiente, estará sujeta a la Corporation Act. Esto aporta a la empresa un alto grado de certidumbre, uniformidad y homogeneidad, así como una estructura administrativa y de dirección conocidas. La responsabilidad de los participantes en la JV es limitada. Pueden acordar asumir un mayor riesgo del inicialmente impuesto por su condición de socios –por ejemplo, avalando los préstamos de la empresa-. Además, los directores nombrados por las empresas participantes, deben cuidar de sus obligaciones legales y actuar de forma que no comprometan a las empresas a las que representan en las deudas de la JV. Las obligaciones y beneficios de las empresas que forman la JV vendrán recogidos en su constitución. Cualquier beneficio que se distribuya en forma de dividendos será gravado fiscalmente como beneficio de la JV. Sin embargo, las pérdidas de la JV no podrán deducirse del beneficio de los participantes. Como empresa la JV tiene potestad para capitalizar los beneficios.

Joint Ventures sin personalidad jurídica: en este tipo de empresa, los socios acuerdan cooperar en relación a una inversión comercial, pero mantienen sus intereses y derechos completamente independientes. Como no hay estructura societaria, el contrato entre los socios habrá de contener todas las cláusulas que regulen la relación, las operaciones y las obligaciones mutuas. La JV en este caso no tiene ni personalidad ni capital propios. Este es el tipo de acuerdo más común en el sector minero y de materias primas. Uno de los principales atractivos de este tipo de sociedad reside en las ventajas fiscales potenciales. La sociedad como tal no recibe ingresos. Los ingresos que cada parte obtiene solo se materializan cuando la empresa vende su parte de la sociedad, si lo hace. Como los ingresos pasan directamente al capital de la empresa promotora, recibe el mismo trato que el resto de beneficios y pérdidas de la misma, pudiendo compensarse con aquellos. Del mismo modo, si uno de los participantes obtiene pérdidas de su participación, estas serán tratadas junto con el resto de flujos de la sociedad. Además cada socio puede considerar su inversión de manera independiente (en lo referente, por ejemplo, a depreciaciones) dependiendo de su situación. Esta estructura limita la responsabilidad de los socios. Los socios son propietarios de los activos que aportan en todo momento y con estos responden de las deudas de la sociedad. Es normal que las partes acuerden que ninguna pueda obligar o actuar como agentes de la empresa de manera independiente ni en nombre de otro de los socios ni en el de la JV, salvo casos específicamente acordados. Esto evita tener que definir las potestades de cada socio. Por otro lado, es muy común que la sociedad tenga un gerente propio, que con frecuencia se trata de una entidad, que actúa en nombre de los fundadores. El gerente puede tomar responsabilidades operativas, financieras y de marketing. Este rol ayuda a evitar duplicaciones e ineficiencias. Sin embargo, tales acuerdos deben estar cuidadosamente planificados y documentados para asegurar que no se constituye una sociedad independiente. Otra cuestión importante en este punto, es tener en cuenta que si el gerente firma con un tercero en nombre de todos los socios, éstos quedarían responsabilizados del total de las obligaciones de manera global, salvo que el contrato exponga expresamente lo contrario.

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Tipos de sociedades

En Australia existen cuatro tipos de entidades bajo las cuales se llevan a cabo relaciones comerciales:

Empresario individual (sole trader): el denominado sole trader es un empresario individual que realiza operaciones comerciales. Este individuo controla el negocio, los ingresos se consideran sus ingresos personales y, además, es responsable de todas las deudas contraídas en el desarrollo del mismo. El sole trader puede solicitar su número de registro denominado Australian Business Number (ABN) para todas las transacciones comerciales que realiza como tal. El sole trader utilizará su número de identificación fiscal (Tax File Number, TFN) a la hora de hacer la declaración de la renta y, en general, para las operaciones que haga con la agencia tributaria australiana. Los ingresos que el empresario individual obtenga de su empresa se suman a sus ingresos personales a la hora de hacer la declaración de la renta.

Sociedades Civiles Privadas (partnerships, incluyendo las de duración limitada): una sociedad es una asociación de individuos o empresas que llevan a cabo transacciones comerciales como asociados y reciben unos ingresos comunes. En Australia están prohibidas las sociedades civiles de más de 20 personas, a excepción de algunas sociedades profesionales. La sociedad civil se forma con el acuerdo de las partes y sus derechos y obligaciones se recogen en un acuerdo de partenariado. En general, en las sociedades la responsabilidad es ilimitada, cada socio es responsable de las deudas y pueden ser demandados a nivel personal. Se trata en todo caso de una estructura flexible y en la que no existe la obligación de hacer públicas las cuentas. Los asociados pueden solicitar su propio ABN para realizar sus transacciones comerciales. Asimismo, necesitan obtener su TFN para hacer la declaración de renta ya que cada asociado incluye los ingresos en su propia declaración según su participación en la sociedad.

Entidades fiduciarias (trust): un trust o entidad fiduciaria es una obligación de una persona denominado fideicomisario o trustee a mantener una propiedad en beneficio de otras (beneficiarios). Hay dos tipos de trust: i) discretionary trust y ii) unit trust. El trustee necesita poseer un ABN, además de un TFN, que utilizará para la declaración de la renta. Sin embargo, es el beneficiario el sujeto obligado a pagar impuestos. El beneficiario tiene que incluir su cuota de beneficio del trust en su declaración de renta personal.

Empresas (companies): la empresa es una entidad legal separada de sus accionistas. En Australia hay dos tipos de empresas: i) public companies y ii) proprietary (o private) companies, que a su vez se dividen en grandes y pequeñas empresas. La segunda ha de ser de responsabilidad limitada (limited by shares) o de responsabilidad ilimitada (unlimited by shares), mientras que la primera puede ser de responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada o limited by guarantee. Toda empresa que opera en Australia está sujeta al cumplimiento del Corporations Act de 2001. El organismo regulatorio encargado de su supervisión es el Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Éste lleva el registro de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras.

Para registrarse como una empresa australiana es necesario presentar una serie documentos ante el ASIC como estatutos (constitution), consentimiento escrito de las personas que ejercerán de directores, secretario y representante, así como de los accionistas, entre otros, y abonar las tasas correspondientes. La normativa australiana no establece requisitos de capital social mínimo o máximo; no obstante, una empresa ha de tener al menos un accionista. Por su parte, las empresas privadas no pueden obtener fondos a través de una emisión de acciones públicas.Una vez constituida y registrada la sociedad, este organismo emitirá un certificado de registro por el que se autoriza a la empresa a operar. Para obtener más detalle del procedimiento de constitución y registro de una sociedad, se puede consultar las páginas web www.business.gov.au  y www.asic.gov.au. Tras el registro de la sociedad se le asignará el Australian Company Number (ACN). Obtenido el ACN hay que obtener el ABN y el TFN. Ambos números se pueden solicitar de forma simultánea a través de la oficina del Australian Business Register (https://abr.gov.au/).

Por otro lado, en virtud del Corporations Act de 2001, una empresa extranjera que desee operar en Australia puede hacerlo registrándose como tal en la ASIC y operando a través de una filial -entidad separada de la empresa matriz y con responsabilidad limitada- o una sucursal -entidad no es separada de la empresa matriz; ésta es responsable de todas las deudas y obligaciones de la sucursal-. En Australia una empresa extranjera también tiene la posibilidad de abrir una oficina de representación. Para el registro como empresa extranjera, ésta ha de presentar el formulario de solicitud junto con copias compulsadas de los estatutos, certificado de registro, detalle de la oficina en Australia, la designación del agente local y abonar las tasas correspondientes. Toda empresa extranjera que opere en Australia debe cumplir la normativa establecida en los tres niveles de gobierno y, si ésta tiene actividad en varios estados y territorios, tendrá que ajustarse a las diferencias normativas de cada uno de ellos.

Finalmente, cabe indicar que el ABN es un número que identifica a la entidad cuando lleva a cabo actividades comerciales con otras entidades (por ejemplo, a la hora de facturar), incluyendo con la agencia tributaria de Australia (www.ato.gov.au ). El ABN está formado por 11 dígitos, de los que los 9 últimos corresponden al ACN. En el caso de sole traders, el ABN es utilizado en todos sus operaciones comerciales. En el caso de sociedades, el ABN hará referencia a la sociedad y se utilizará en las relaciones comerciales que como tal se realicen. El trust también tiene ABN, cuyo registro le corresponde al consejo de administración.

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Régimen de Franquicias

El régimen de franquicias: es una forma muy habitual de distribución en Australia. De hecho, Australia es el país con más franquicias per cápita del mundo. Actualmente, el sector de las franquicias está valorado en unos 181.800 millones de AUD y emplea a más de medio millón de personas. Se calcula que existen más de 1.300 franquicias y más de 80.000 negocios franquiciados en el país, lo que equivaldría alrededor del 4% de todos los negocios. Destacan las franquicias relacionadas con las ventas de vehículos (30%), la venta de combustible (23%) y los servicios de alojamiento y alimentación (11,5%). Las condiciones favorables del país generan confianza para la entrada de empresas extranjeras que deseen utilizar esta forma de negocio. Australia se encuentra en la sexta posición de países más atractivos según el International Franchise attractiveness Index. A pesar de ello, casi el 90% de los sistemas de franquicias en Australia son australianos. El resto proviene principalmente de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido. Estados Unidos es el país extranjero con mayor número de franquicias establecidas en Australia, con tantas cadenas de franquicias como las de todos los demás países juntos. La Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) regula las franquicias a través de un código de conducta de obligado cumplimiento para las partes: https://www.accc.gov.au/business/industry-codes/franchising-code-of-conduct . La última revisión del código entró en vigor en enero de 2015. Se puede obtener más información sobre el sector a través del Franchising Council of Australia (http://www.franchise.org.au/).

 

 

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Australia cuenta con un moderno y efectivo régimen de propiedad intelectual. Es miembro de los más importantes tratados internacionales en materia de propiedad intelectual como el acuerdo TRIPS o la convención de París. La agencia gubernamental dedicada a la protección intelectual se denomina IP Australia (www.ipaustralia.gov.au).

Patentes: una patente australiana da un derecho de uso exclusivo de producción, uso o venta de una invención en Australia. Las patentes cubren cualquier objeto, sustancia, método o proceso que es nuevo, innovador y útil (creaciones artísticas o procesos matemáticos sin una utilidad clara no pueden ser patentados). Las solicitudes de patentes se gestionan por parte de IP Australia, éstas son únicamente válidas en el país. Existen dos tipos de patentes: i) standard patent, da control sobre una invención por un período de 20 años, y ii) innovation patent, es una opción más rápida y barata que cubre un período de 8 años y está destinada a invenciones con una vida comercial más breve y que puede ser reemplazada por nuevas innovaciones.

Marcas: marcas pueden ser entre otros letras, palabras, números, frases, sonidos, olores, formas, logotipos o cualquier combinación de los anteriores. Como regla general, no se puede registrar como marca una palabra o grupo de palabras que describe directamente los bienes o servicios del negocio. En la legislación australiana una marca puede ser protegida aunque no esté registrada. Sin embargo, el registro muestra los derechos exclusivos de uso de manera más clara evitando costosos litigios. Las marcas se registran por períodos prorrogables de 10 años, pero si durante 3 años no ha habido un uso de la marca, puede admitirse la eliminación de la marca iniciada por cualquier interesado. La solicitud de una marca suele resolverse en alrededor de tres meses desde la solicitud; si bien, los derechos se retrotraen al momento de la solicitud da la misma. Australia es signataria del Protocolo de Madrid relativo a marcas internacionales.

Diseños: el registro de un diseño da derecho a usar, obtener una licencia o vender el diseño. Para su registro, un diseño debe ser nuevo y distintivo. El término "nuevo" es entendido por IP Australia como no conocido o usado públicamente en el pasado en Australia. Por el contrario, el término "distintivo" se refiere a que no se asemeja en apariencia a un diseño que ya es conocido públicamente. El registro de diseño sólo cubre la parte visual del producto, no su funcionamiento. El diseño se puede proteger por un período de 5 años y puede ser prorrogable una vez más por 5 años (periodo máximo 10 años). El diseño registrado solamente tiene validez en Australia.

Derechos de variedad de plantas: la propiedad de estos derechos confiere el uso comercial exclusivo de una variedad registrada. Estos derechos figuran regulados bajo el Plant Breeder's Rights Act 1994 e incluyen el derecho tanto a la producción como la venta de la variedad de planta registrada.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Australia ofrece múltiples ventajas a las empresas españolas que quieran instalarse, incluyendo:

Mercado de reducida dimensión y alejado de España, pero con gran potencial. Australia es un mercado de más de 25 millones de potenciales consumidores con gustos anglosajones y una elevada renta per cápita -por encima de la media de los países más desarrollados-.

Economía de mercado estable, dinámica y que lleva creciendo 29 años de forma continuada. Aunque se prevé que el impacto de los shocks de oferta y demanda sobre la actividad económica en 2020 sea profundo, organismos internacionales como el FMI y la OCDE han mejorado sus previsiones para Australia para este y el próximo año. El FMI prevé una menor contracción de la actividad económica en 2020 (del 4,5%), mientras que la OCDE estima una caída del PIB del 5% en un escenario en el que no se produce un rebrote de los contagios. Para el 2021, el FMI proyecta un crecimiento del 4%, mientras que la OCDE del 4,1%. En todo caso, hay que tener en cuenta que hay una gran incertidumbre en torno a estos escenarios.

Economía abierta e integrada en los mercados internacionales. La economía Australia exhibe un elevado grado de apertura e integración en los mercados globales fruto del compromiso con el multilateralismo, así como de la política de acuerdos comerciales articulada por los sucesivos gobiernos.

Situación geográfica privilegiada cerca de Asia, donde se concentrarán 2/3 del consumo y producción mundiales en 2050, habiendo firmado acuerdos de libre comercio con Tailandia, Japón, Singapur, Corea del Sur, China y Malasia, entre otros.

Marco jurídico estable y transparente y clima favorable a la inversión extranjera. En general, Australia mantiene un clima para la inversión extranjera transparente, liberal y seguro, que favorece su atracción -mantiene el 14º en el ranking mundial de Ease of Doing Business-. Además, hay sectores de interés para las empresas españolas en los que existen oportunidades de inversión muy interesantes. A título de ejemplo, cabe citar los 100.000 millones de AUD de gasto en infraestructuras contemplados en los Presupuestos Federales 2019 – 2020 (año fiscal de julio a junio), que se complementarán con las dotaciones previstas en los presupuestos de distintos estados.

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Barreras de entrada para inversores españoles

La regulación de la inversión extranjera en Australia se recoge en la Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA) y la Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations 1989. La ley estipula la notificación de propuestas de adquisición o absorción, así como la prohibición de determinadas inversiones en caso de que contravengan los intereses nacionales. El organismo responsable de aprobar las propuestas de inversiones es el Foreign Investment Review Board (FIRB), dependiente del Tesoro (Treasury). El régimen australiano de IED es generalmente transparente y liberal, aunque existen algunas restricciones respecto a sectores como la banca, aviación civil, aeropuertos, astilleros, medios de comunicación y telecomunicaciones. La ley otorga poderes al Ministro del Tesoro para examinar las propuestas de inversión realizadas por extranjeros y aprobarlas previamente si superan unos determinados umbrales. El marco que regula la inversión extranjera en Australia se ha visto temporalmente alterado con motivo de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Por razones de seguridad nacional todas las propuestas de inversión extranjera han quedado supeditadas a estudio y aprobación del FIRB, independientemente de su naturaleza o cuantía. También se han visto alterados los plazos para la aprobación de las operaciones. En la actualidad el gobierno australiano está estudiando una reforma del marco de regulación de la inversión extranjera que sustituirá a las actuales medidas temporales.

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