Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Es muy importante revisar previamente el marco jurídico sectorial vigente en el momento antes de desarrollar algún tipo de negocio ya que las diferentes leyes relativas a aspectos impositivos, aduaneros o laborales pueden transformar un proyecto a priori factible en uno inviable.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

Es muy importante revisar previamente el marco jurídico sectorial vigente en el momento antes de desarrollar algún tipo de negocio ya que las diferentes leyes relativas a aspectos impositivos, aduaneros o laborales pueden transformar un proyecto a priori factible en uno inviable.

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

Es muy importante revisar previamente el marco jurídico sectorial vigente en el momento antes de desarrollar algún tipo de negocio ya que las diferentes leyes relativas a aspectos impositivos, aduaneros o laborales pueden transformar un proyecto a priori factible en uno inviable.

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Detalle del APPRI con España

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Otros incentivos a la inversión

Es muy importante revisar previamente el marco jurídico sectorial vigente en el momento antes de desarrollar algún tipo de negocio ya que las diferentes leyes relativas a aspectos impositivos, aduaneros o laborales pueden transformar un proyecto a priori factible en uno inviable.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Actualmente, la norma básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009 que deroga los decretos anteriores y las disposiciones contrarias a dicho decreto.

En dicha normativa se encuentra recogido disposiciones relativas a: subsistema de contratación de bienes y servicios, subsistema de manejo de bienes y subsistema de disposición de bienes.

SICOES (www.sicoes.gob.bo) es el Sistema de Información de Contrataciones Estatales, establecido y administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, el cual publica información relevante de los procesos de contratación de las entidades públicas, desde la difusión de las convocatorias públicas y pliegos de condiciones hasta el contrato y recepción, con objeto de brindar transparencia a los proceso de contratación del Estado.

En su página web (www.sicoes.gob.bo./normativa/indexnorm.htm) se puede encontrar la siguiente información:

1) Normas Básicas Sistema de Administración de Bienes y Servicios (D.S. 0181 de 28/06/2009).

2) Documentos base de Contratación (DBC) para la contratación de Bienes, Consultoría, Obras, Supervisión Técnica, Servicios Administrativos y Seguros.

Las Normas Básicas son un conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la Ley 1178 de 20 julio de 1990, la contratación, el manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades públicas, y tienen como objetivo constituir el marco conceptual del Sistema de Administración de Bienes y Servicios fundamentado en principios, definiciones y disposiciones básicas, obligatorias para las entidades públicas. 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Modalidad

Cuantía

Modalidad

Plazo

Contratación Menor

De Bs 1.- (UN 00/100 BOLIVIANO) a Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)

-

No sujeta a plazos

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo

Mayor a Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL UN 00/100 BOLIVIANOS) a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS)

-

Mayor a Bs 50.000 hasta Bs 200.000 mínimo 4 días
Más de Bs 200.000 a Bs 1.000.000 mínimo 8 días

Licitación Pública

Mayor a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN UN 00/100 BOLIVIANOS) en adelante

Nacional: Mayor a Bs 1.000.000 hasta Bs 70.000.000


Internacional: más de Bs 70.000.000

Nacional: mínimo 15 días

 


Internacional: mínimo 20 días

Contratación por Excepción

Sin límite de monto

-

-

Contratación por Emergencia

Sin límite de monto

-

-

Contratación Directa de Bienes y Servicios

Sin límite de monto

-

-

Fuente: D.S. 0181

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Régimen de inversiones

Tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado se debatió la importancia que se concede a la inversión en el modelo económico propuesto en la misma. Aunque el nuevo texto indica en su Artículo 308 que “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país” y al mismo tiempo otorga una mayor participación al Estado en el funcionamiento de la economía.

Las principales directrices económicas que contiene la CPE y afectan a la inversión extranjera en el país son los siguientes:

  • El Estado se atribuye el derecho y la obligación de conducir el proceso de planificación económica y social, ejerciendo la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. Además, se encargará de regular, conforme a lo establecido en la CPE, los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios.
  • El nuevo texto establece también que el Estado participará directamente en la economía mediante la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo. También determina que se considera imprescindible el control estatal de las actividades productivas y comerciales en caso de utilidad pública. En esta línea, el Art. 361 delega a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la realización de actividades de la cadena productiva de los hidrocarburos y su comercialización como la única facultada para esa tarea, pudiendo suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que realicen determinadas actividades de la cadena a cambio de retribución.
  • Se garantiza la propiedad privada, aunque las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo marco legal. Se respetarán la mayor parte de los derechos adquiridos previamente, salvo las concesiones de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares y azufreras donde el nuevo texto señala que quedarán sin efecto, quedando garantizados sólo los derechos de las cooperativas mineras.
  • El Art. 57 establece que se aplicará la expropiación y reversión para aquellos bienes que no cumplan su función social, pudiendo decidir el Estado las características de esa función social.
  • El Art. 320 obliga a los inversionistas extranjeros a renunciar a su derecho de acudir a centros internacionales de arbitraje lo que aumenta considerablemente el riesgo de inversiones en el país.
  • Por último, el Art. 351 señala que las personas naturales y jurídicas que establezcan contratos con el Estado relacionados con los recursos naturales estarán obligados a reinvertir sus utilidades en la propia actividad.

El Gobierno boliviano ha denunciado todos los Tratados Bilaterales de Inversión que vulneren la normativa vigente y los principios de la CPE. En el caso de España, el APPRI fue denunciado en enero de 2012. En abril de 2014 se promulgó la esperada Ley de Promoción de Inversiones, aunque queda pendiente el desarrollo reglamentario, fiscal y sectorial.

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Propiedad inmobiliaria

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado, toda persona tiene derecho a una vivienda digna, a la propiedad privada y al hábitat, y es obligación del Estado garantizar y universalizar el ejercicio pleno de los mismos.

La ley Nº 247 de 5 de junio de 2012 establece las condiciones de regularización de derecho propietario sobre bienes inmuebles destinados a vivienda.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

El 4 de abril de 2014 se promulgó una nueva Ley de Promoción de Inversiones, la Ley Nº 516, que establece el marco jurídico e institucional para la promoción de inversiones en Bolivia.

Uno de los principales inconvenientes de la ley para los inversores es que establece que cualquier controversia que pudiera surgir en esta materia, ha de ser resuelta en territorio boliviano y no en tribunales internacionales de arbitraje.

En relación a los incentivos a la inversión, con una temporalidad de 1 a 20 años dependiendo de la actividad económica y el tiempo de recuperación de la inversión, la presente ley establece los incentivos generales (aquellos de carácter temporal aprobados mediante norma expresa, cuya aplicación no podrá crear condiciones ventajosas a un inversionista o a un grupo de inversionistas frente a otros del mismo sector) y los incentivos específicos, de aplicación en aquellas inversiones consideradas como preferentes y cuyo alcance y temporalidad se establecerá por medio de norma expresa. No existe en la ley una relación que contemple en qué consisten exactamente estos incentivos sino que, para cada inversión, serán propuestos por los Ministerios cabeza de sector al Ministerio de Planificación y Desarrollo.

El 25 de junio de 2015 fue aprobada la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje con la finalidad de aumentar la seguridad jurídica de los inversionistas. En el Art. 4 establece que no podrá someterse a la Conciliación ni al Arbitraje, entre otros, los contratos administrativos (salvo lo dispuesto en la mencionada ley) y cualquier otra cuestión determinada por la Constitución Política del Estado o la Ley.

Otros aspectos importantes de la mencionada ley son los siguientes:

CONCILIACIÓN:

  • Se podrán someter a conciliación las controversias derivadas de relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales que puedan ser resueltas mediante la libre disposición de derechos y no contravengan el orden público ¬
  • La conciliación se llevará a cabo en el lugar acordado por las partes, y a falta de acuerdo, y en el siguiente orden, en el lugar donde se deba cumplir la obligación, en el domicilio del solicitante o en la residencia del obligado.
  • El acta de conciliación es vinculante desde su suscripción y su exigibilidad es inmediata desde ese momento.

ARBITRAJE:

  • El arbitraje se aplica sobre temas que no versen sobre prohibidos por la Constitución Política del Estado y la Ley ante la o el Árbitro Único o Tribunal Arbitral pudiendo ser un arbitraje institucional o arbitraje Ad Hoc.
  • El arbitraje nacional se llevará a cabo en Bolivia bajo la normativa local.
  • Si las partes acuerdan en la cláusula arbitral o convenio arbitral que el arbitraje tenga una sede distinta a la del Estado Plurinacional de Bolivia será considerado como arbitraje internacional sometido a la normativa que acuerden las partes siempre y cuando no vulneren la Constitución Política del Estado y la Ley
  • Las partes pueden determinar libremente un número impar de árbitros. A falta de acuerdo el número de árbitros será de tres, y la designación de los árbitros la llevará a cabo la Autoridad Nominadora acordada por las partes o designada por el Centro de Conciliación y Arbitraje. Si no hay acuerdo, y para los arbitrajes ad hoc, la Autoridad Nominadora será el juez competente.
  • Las resoluciones y el laudo arbitral se resuelven por mayoría de votos.
  • Cualquier laudo dictado fuera del Estado Plurinacional de Bolivia, se considerará laudo arbitral extranjero.
  • Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el Estado Plurinacional de Bolivia de conformidad a las normas sobre cooperación judicial internacional y los tratados sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en todo lo que no contradigan a la actual Ley de Inversiones.
  • Salvo acuerdo de partes y para el caso de existir más de un instrumento internacional aplicable se optará por el tratado o convención más favorable a la parte que solicite el reconocimiento ejecución del Laudo Arbitral.
  • En ausencia de cualquier tratado o convención los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el Estado Plurinacional de Bolivia de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley 708.
  • Se establece en el Art. 129 que el Arbitraje y Conciliación de Inversiones tendrá como sede el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo se podrá celebrar audiencias, producir prueba y realizar otras diligencias fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

El gobierno boliviano anunció su intención de revertir progresivamente las empresas que manejan los recursos naturales y económicos del país y que en su mayoría fueron privatizados en décadas anteriores. Desde 2006 han sido nacionalizadas 19 empresas de diferentes sectores, considerados como estratégicos por el gobierno.

 

 

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Representación y agencia

El contrato de agencia o representación de negocios está regulado por los Artículos 1248 y siguientes del Código de Comercio. Según éstos, por éste contrato se entiende que “un comerciante asume, en forma independiente y estable, el encargo de promover o explotar negocios en determinado ramo y dentro de una zona prefijada del país, como intermediario de otro empresario nacional o extranjero, con libertad para dedicarse a cualquier otra actividad comercial”. Este contrato deberá ser realizado siempre por escrito e inscribirse en el Registro de Comercio.

El contrato debe contener en todo caso, las facultades otorgadas al agente, su remuneración, el ramo de actividades a las que se dedica, el tiempo de duración de las mismas y la zona de actuación para la cual se le contrata. Toda referencia a dicho contrato se regula a través del código de comercio boliviano y mediante el Decreto Supremo Nº1639, del 10 de julio de 2013, la cual modifica el artículo 192 del Reglamento de la Ley General de Aduanas.

En el caso de las franquicias no existe en la actualidad una legislación específica en el país. Aunque deben cumplirse una serie de reglas establecidas. Una empresa extranjera que quiera abrir una franquicia en el mercado boliviano debe inscribir previamente el nombre de la empresa en el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual (SENAPI) y posteriormente, establecer un contrato con la franquicia estipulando los términos de mutuo acuerdo. En 2013 se fundó la Cámara Boliviana de Franquicias (Cafran) cuya misión es proteger y promover los intereses del sector franquicias en Bolivia y que desde 2014 viene organizando la Feria Expofranquicias (Última versión 6 al 17 de julio de 2015 en el Hotel Los Tajibos de Santa Cruz). Desde 2011 también se celebra la FIFBO (Feria Internacional de Franquicias de Bolivia) en Santa Cruz, siendo el último evento el 17 y 18 de abril de 2018.
 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

En Bolivia, este tipo de asociaciones se define como un contrato de riesgo compartido, todas las sociedades constituidas en el país, así como las entidades y corporaciones del Estado, incluyendo las empresas autárquicas y las personas individuales, ya sean nacionales o extranjeras, domiciliadas  o representadas en el país, pueden asociarse entre sí mediante contratos de riesgo compartido, debiendo constituir su domicilio legal en Bolivia y cumplir con los demás requisitos establecidos por las leyes nacionales.

El contrato de riesgo compartido debe inscribirse en el Registro de Comercio de Fundempresa aunque no constituye sociedad, ni establece personalidad jurídica ya que los derechos y/u obligaciones del riesgo compartido se rigen por lo acordado en el contrato. Las compañías extranjeras deben poder demostrar su personalidad jurídica en su país de origen.

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Tipos de sociedades

La actividad comercial está regida por el Código de Comercio vigente desde el año 1.977,  impuesto a través del Decreto Ley 14379, y regula todas las relaciones jurídicas generadas por la actividad comercial.Actualmente se está estudiando una reforma del Código de Comercio ya que el gobierno considera que el actual se encuentra obsoleto.

El contrato de constitución o modificación de una sociedad, se otorgará por instrumento público, excepto el de asociación accidental o de cuentas en participación, que puede otorgarse en instrumento privado.

El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que disposiciones legales establezcan capitales mínimos para determinadas actividades comerciales.

Los tipos societarios permitidos por el Código de Comercio son los siguientes:

  • Sociedad Anónima
  •  Sociedad Anónima Mixta o de Economía Mixta
  • Sociedad de Responsabilidad Limitada
  • Sociedad Colectiva
  • Sociedad en Comandita Simple
  • Sociedad en Comandita por Acciones
  • Asociación Accidental o de cuentas en participación.
  • Empresa Unipersonal
  • Sociedad Constituida en el Extranjero - Sucursal de Sociedad Extranjera
  •  Sociedad Cooperativa – Se rige por una ley especial.

Subsidiariamente, se aplicarán a ellas las prescripciones de las sociedades de responsabilidad limitada, en cuanto no sean contrarias; pero si tuvieran como finalidad cualquier actividad comercial ajena a su objeto quedan sujetas, en lo pertinente, a las disposiciones del Código de Comercio.

Los tipos societarios más comunes adoptados por los inversionistas nacionales y/o extranjeros son las sociedades unipersonales, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades constituidas en el extranjero, las sociedades colectivas, las sociedades anónimas mixtas y las sociedades de comandita simple.

Para la constitución de una empresa en Bolivia se deben seguir los siguientes pasos:

1) Elección del tipo societario.

2) Verificación del nombre de la empresa. Para ello es necesario realizar el Control de Homonimia mediante el Formulario N° 0010 de solicitud de Control de Homonimia. El plazo de trámite de este formulario es de un día hábil, computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

3) Inscripción de la empresa en el Registro de Comercio de Bolivia. Para ello hay que atender a la forma legal seleccionada:

Inscripción de Comerciante individual o empresa unipersonal

Requisitos

1. Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el comerciante individual (propietario) o representante legal de la empresa.

2. Si el capital inicial es de Bs 27.736 o mayor, presentar el balance de apertura firmado por el comerciante individual (propietario) o el representante legal y el profesional que interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores. Si el capital inicial es menor a Bs. 27.736 los comerciantes no tienen la obligatoriedad de presentar el balance de apertura.

3. Cédula de identidad original del comerciante individual o propietario (únicamente para verificación) y fotocopia simple de la misma firmada por el titular. En caso de no presentar la cédula de identidad original, debe presentar fotocopia legalizada de la misma emitida por el Departamento de Identificación de la Policía Nacional.

Si el comerciante individual o propietario es extranjero debe presentar el documento original que acredite su radicación en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración SENAMIG.

4. En caso de tener representante legal, se debe adjuntar el Testimonio de Poder correspondiente en original o fotocopia legalizada, debiendo obviarse el requisito exigido en el punto 3.

El plazo de trámite es de un día hábil, computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

Inscripción de Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva o Sociedad en Comandita Simple

Requisitos

1. Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.

2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.

3. Testimonio de escritura pública de constitución social, en original o fotocopia legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo normativo.

4. Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación nacional que contenga las partes pertinentes referidas a:

a) Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial.

b) Trascripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art.127 del Código de Comercio.

c) Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. (Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la publicación)

5. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento del mismo. No se requiere la inclusión del acta de asamblea. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso, puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración SENAMIG.

El plazo del trámite son dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

Inscripción de Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad en Comandita por Acciones Constituidas por Acto Único

Requisitos

1. Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.

2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.

3. Testimonio de la escritura pública de constitución social, en original o fotocopia legalizada legible, con la inserción del acta de fundación de la sociedad que contenga la resolución de aprobación de estatutos y designación del directorio provisional. El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos en el Art.127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo normativo.

4. Estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o instrumentalizado por separado en un testimonio notarial.

5. Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación nacional que contenga las partes pertinentes referidas a:

a) Introducción notarial de la Escritura Pública en la que conste el Nº de Instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial.

b) Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art. 127 del Código de Comercio.

c) Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. (Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la publicación).

6. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible que contenga el acta de su nombramiento, para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento del mismo. Si el representante legal es extranjero, debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede también presentar Certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración SENAMIG.

7. Certificado de depósito bancario emitido por cualquier entidad financiera del país, que consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe estar a nombre de la sociedad en formación.

El plazo de trámite son cinco días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

Inscripción de Sociedad Constituida en el Extranjero

Requisitos

1. Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal de la sociedad en Bolivia.

2. Balance de apertura debidamente firmado por el representante legal y el profesional que interviene, acompañando la solvencia profesional original respectiva otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.

3. Testimonio en original o fotocopia legalizada legible de la escritura pública de apertura de sucursal o representación permanente de sociedad comercial constituida en el extranjero, que contenga la minuta debidamente suscrita por el representante legal facultado al efecto y la protocolización previa orden judicial, del contrato constitutivo de la sociedad, sus modificaciones, estatutos y reglamentos que acrediten su existencia legal en el país de origen, así como la autorización legal o resolución del órgano administrativo competente de la sociedad para establecer sucursal o representación permanente en el país, estableciendo el capital asignado en moneda nacional, la designación del representante legal de la misma y fijar el domicilio en un lugar del territorio de la República.

4. Publicación in extenso en un periódico de circulación nacional, del testimonio de la escritura pública de apertura de sucursal o representación permanente de sociedad comercial y protocolización de los documentos remitidos del país de origen, de conformidad al Art. 132 del Código de Comercio. (Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la publicación).

5. Testimonio de poder del representante legal en original o fotocopia legalizada legible, para el caso en el que la escritura pública referida en el punto tres, no contenga las facultades del mismo. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la radicación en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso, puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración SENAMIG.

6. Certificado de depósito bancario emitido por cualquier Banco en nuestro país que acredite que el capital asignado en dinero para sus operaciones en Bolivia ha sido íntegramente depositado. La cuenta bancaria debe estar a nombre de la sucursal.

7. En cuanto a las sociedades extranjeras de tipo no previsto, éstas, deben adecuarse a lo establecido en el Art. 418 del Código de Comercio.

El plazo de trámite son cinco días hábiles, a computarse a partir del día siguiente hábil del ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

Inscripción de Sociedad Anónima Mixta (S.A.M.)

Requisitos

1. Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.

2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.

3. Testimonio de escritura pública de constitución en original o fotocopia legalizada legible, expedido por Notario de Gobierno, que debe contener:

a) Propuesta de formación de la sociedad.

b) Nº y fecha de decreto supremo que autorice la constitución, apruebe el proyecto de contrato de constitución, estatutos y la determinación del capital y porcentajes de participación de los sectores público y privado. (Adjuntar fotocopia simple).

c) Nº y fecha de Ley expresa que autorice el aporte estatal. (Adjuntar fotocopia simple).

d) Convenio suscrito entre el sector público y el sector privado, para la formación de la sociedad, conforme lo previsto en el Art. 428 num. 2) del Código de Comercio.

e) Acta de fundación con la aprobación de estatutos y la designación del directorio provisional de la sociedad.

4. Estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o instrumentalizado por separado en un testimonio notarial.

5. Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación nacional que contenga las partes pertinentes referidas a:

a) Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial.

b) Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art.127 del Código de Comercio.

c) Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. (Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la publicación)

6. Testimonio de poder del representante legal, en original o fotocopia legalizada legible, que contenga el acta de su nombramiento, para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento del mismo. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la radicación en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede también presentar Certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración SENAMIG.

7. Certificado de depósito bancario emitido por cualquier entidad financiera del país, que consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe estar a nombre de la sociedad en formación.

El plazo del trámite son cinco días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.  

 

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a la que corresponde la administración del régimen de Propiedad Intelectual en el marco de las leyes vigentes de carácter nacional e internacional, además del cumplimiento y protección de todos los derechos que otorga la Propiedad Intelectual.El decreto supremo Nº 25159 es el encargado de establecer su organización y funcionamiento.

La legislación sobre propiedad industrial está basada en las siguientes leyes:

  • Ley de Privilegios Industriales, de 12 de diciembre, de 1916.
  • Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957.
  • Ley Reglamentaria de Marcas, de 15 de enero, de 1918.
  • Decisión 486. Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, de 15 de septiembre, de 2000 (De aplicación preferente con respecto a la norma nacional).
  • Convenio de la Unión de Paris (CUP). Adhesión de Bolivia a través de la Ley Nº. 1482, de 6 de abril, de 1993.
  • Convenio para la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Adhesión de Bolivia a través de la Ley Noº 1438, de 12 de febrero, de 1993.
  • Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Ley No. 1637 de 5 de julio de 1995.
  • Decisión de la CAN No.391 (Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos)
  • Anuencia Previa D.S. 29004.
  • Convenio sobre la Diversidad Biológica de 13 de junio de 1992.

Por su parte, los derechos de autor también son administrados por el SENAPI siendo la legislación por la que se rige:

  • Convención de Berna sobre Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886.
  • Convención de Roma sobre Protección a Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión de 26 de octubre de 1961.
  • Ley de Derecho de Autor Nº. 1322, de 13 de abril, de 1992.
  • Decreto Supremo Nº 23907, de 7 de diciembre, de 1994, Reglamento de la Ley de Derechos de Autor.
  • Decisión 351 Régimen Común Andino sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (De aplicación preferente con respecto a la norma nacional).
  • Decreto Supremo 24581, de 25 de abril, de 1997 que crea el Comité Interinstitucional de Protección y Defensa de la Propiedad Intelectual.
  • Decreto Supremo 24582, de 25 de abril, de 1997 Reglamento del Soporte Lógico o Software, que regula los programas de ordenador y de computación.
  • Reglamento sobre Depósito Legal Obligatorio D.S.16762

El SENAPI describe las diferentes modalidades de la propiedad industrial y derechos de autor, además de indicar los trámites para obtener la patente. Así mismo, en su página web (www.senapi.gob.bo) se puede tener acceso a los requisitos necesarios para el registro así como a los formularios de solicitud. En relación a las patentes no son patentables los principios y descubrimientos de carácter puramente científico.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a la que corresponde la administración del régimen de Propiedad Intelectual en el marco de las leyes vigentes de carácter nacional e internacional, además del cumplimiento y protección de todos los derechos que otorga la Propiedad Intelectual.El decreto supremo Nº 25159 es el encargado de establecer su organización y funcionamiento.

La legislación sobre propiedad industrial está basada en las siguientes leyes:

  • Ley de Privilegios Industriales, de 12 de diciembre, de 1916.
  • Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957.
  • Ley Reglamentaria de Marcas, de 15 de enero, de 1918.
  • Decisión 486. Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, de 15 de septiembre, de 2000 (De aplicación preferente con respecto a la norma nacional).
  • Convenio de la Unión de Paris (CUP). Adhesión de Bolivia a través de la Ley Nº. 1482, de 6 de abril, de 1993.
  • Convenio para la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Adhesión de Bolivia a través de la Ley Noº 1438, de 12 de febrero, de 1993.
  • Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Ley No. 1637 de 5 de julio de 1995.
  • Decisión de la CAN No.391 (Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos)
  • Anuencia Previa D.S. 29004.
  • Convenio sobre la Diversidad Biológica de 13 de junio de 1992.

Por su parte, los derechos de autor también son administrados por el SENAPI siendo la legislación por la que se rige:

  • Convención de Berna sobre Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886.
  • Convención de Roma sobre Protección a Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión de 26 de octubre de 1961.
  • Ley de Derecho de Autor Nº. 1322, de 13 de abril, de 1992.
  • Decreto Supremo Nº 23907, de 7 de diciembre, de 1994, Reglamento de la Ley de Derechos de Autor.
  • Decisión 351 Régimen Común Andino sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (De aplicación preferente con respecto a la norma nacional).
  • Decreto Supremo 24581, de 25 de abril, de 1997 que crea el Comité Interinstitucional de Protección y Defensa de la Propiedad Intelectual.
  • Decreto Supremo 24582, de 25 de abril, de 1997 Reglamento del Soporte Lógico o Software, que regula los programas de ordenador y de computación.
  • Reglamento sobre Depósito Legal Obligatorio D.S.16762

El SENAPI describe las diferentes modalidades de la propiedad industrial y derechos de autor, además de indicar los trámites para obtener la patente. Así mismo, en su página web (www.senapi.gob.bo) se puede tener acceso a los requisitos necesarios para el registro así como a los formularios de solicitud. En relación a las patentes no son patentables los principios y descubrimientos de carácter puramente científico.

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Barreras de entrada para inversores españoles

Para esta información remitimos al portal de Barreras al Comercio de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo:
http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx

Las principales barreras a la inversión derivan de la intervención del Estado en la vida económica del país que se reserva el derecho de conducir los sectores estratégicos (recursos naturales, servicios públicos, telecomunicaciones, energía, transporte, etc.).

Además, existe cierta inseguridad jurídica en el país, ya que el Poder Judicial se encuentra politizado y la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) obliga a los inversionistas extranjeros a renunciar a la resolución de controversias en centros de arbitraje internacionales.

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